En la práctica, el uso de recursos públicos puede materializarse no solo a través de gastos directos, sino también mediante la utilización de la infraestructura, tiempo de trabajo y canales oficiales para favorecer la imagen o defensa de un particular. Este ha sido el argumento del juez Peinado para tratar de imputar a Bolaños y por el que ha imputado a una asesora de la Moncloa. Sin embargo, parece que no tiene ninguna importancia que bajo la dirección del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, se defienda públicamente a la pareja de la presidenta regional. Si esto no son indicios sobre la presunta utilización de recursos públicos para ello, es que no hay más ciego que el que no quiere ver.
Por pasos:
- Miguel Ángel Rodríguez, en calidad de jefe de gabinete de Ayuso está utilizando canales oficiales de comunicación de la Comunidad de Madrid, difundiendo mensajes a determinados medios para defender la situación fiscal del novio, afirmando que Hacienda le devolvería 552.000 euros, dando así cobertura formal desde la administración autonómica a un asunto estrictamente privado.
- El uso del aparato comunicativo de la Comunidad de Madrid, financiado con fondos públicos, para difundir una versión favorable sobre la situación judicial y fiscal de la pareja de la presidenta va más allá de la comunicación de asuntos gubernamentales estrictos. Esta práctica es una implicación de la Comunidad en la defensa de intereses particulares ligados a su presidenta.
- Portavoces y dirigentes autonómicos han respaldado públicamente, y bajo la estructura oficial de la Comunidad, la versión de Ayuso y de su entorno, insistiendo en que las acusaciones obedecen a una “cacería política” y presentando argumentos a favor del novio como parte del discurso institucional; no meramente desde un prisma político-partidista, sino recurriendo para ellos a recursos de la administración regional.
- Cuando recursos comunicativos o jurídicos financiados por la Comunidad se emplean para informar o responder sobre asuntos personales de miembros del gobierno, especialmente de personas ajenas a la administración (como la pareja de la presidenta), esto puede calificarse como instrumentalización de recursos públicos para defensa privada.
- El hecho de que la defensa y difusión de información sobre la pareja de la presidenta haya desplazado temas de interés general y haya sido gestionada por el entorno más próximo a Ayuso en la estructura pública refuerza la idea de que se ha empleado la agenda y medios de la Comunidad en beneficio personal y no exclusivamente en el marco de sus funciones públicas.
¿Hay algún juez Peinado por ahí? O ¿es que el carnet del PP de patente de corso? Mal vamos si hay diferentes varas de medir. La judicatura debería avergonzarse.
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