Privatizan el medio rural vendiendo montes públicos

Solo si los ciudadanos pensamos sobre cualquier asunto que nos afecte, seremos capaces de cambiar lo aparentemente inevitable. Los recortes están afectando a todas las políticas, pero de una forma muy importante a las partes de esas políticas que están destinadas a los ciudadanos y a los territorios rurales. Si la sanidad, la educación o los servicios sociales sufren la tijera del gobierno, en el medio rural el recorte es sinónimo de desaparición de los servicios y con ellos de más despoblamiento rural. A los ciudadanos rurales nos toca ponernos a pensar.

Desde la Conferencia de Cork existía un acuerdo unánime de que el modelo de desarrollo rural a implantar debería estar inspirado en los principios de cohesión, equidad, subsidiariedad, solidaridad, sostenibilidad, y en el resto de premisas recogidas en el decálogo de Cork. En cualquier caso, aplicar la  metodología de proyecta, realiza, evalúa y modifica parece lo más acertado en la implementación de este modelo, y ni en España, y mucho menos en Castilla La Mancha, esto se está teniendo en cuenta.

El medio urbano y el medio rural, no pueden concebirse como mundos enfrentados, sino como necesariamente complementarios, porque cada uno de ellos posee los elementos para lo que llamamos “calidad de vida” de los que carece el otro. Pero se parte de dos realidad es completamente diferentes, porque a la discriminación que ya suponen la propia ruralidad se añade el poco peso político contabilizado en número de votos que representa electoralmente el medio rural, y que si el despoblamiento continúa avanzando cada vez será menor.

 

Si la UE desea que sus políticas de desarrollo rural resulten eficaces, debería animar al trabajo en red y apoyar la aparición y posterior viabilidad de una multitud de redes de solidaridad, intercambio cultural, y con capacidad para compartir conocimientos y experiencias. Paralelamente, otras capacidades deberían ser confiadas a las sociedades locales y regionales (publico-privadas) para que fuesen ellas quienes aportasen las soluciones a los problemas dentro de y entre los territorios. Debería propiciarse el trabajo en red, porque sería la única manera de poder dar a estas sociedades los recursos para participar activamente en iniciativas regionales, nacionales y transnacionales que puedan servir de acicate para que el medio rural continúe vivo.

Y desde luego las Organizaciones Profesionales Agrarias y algunas ONG¨s deben tener un papel fundamental en esas redes. Pero la cuestión a plantear no es el papel de estas organizaciones sino si las Administraciones están dispuestas a asumir, que ese otorgamiento de capacidad de decisión a las sociedades rurales, no es una pérdida de poder político, sino parte de un proceso de profundización de la democracia.

Al menos en Castilla La Mancha, no parece que el gobierno regional piense en dar ninguna capacidad de decisión a quienes viven en el medio rural. Hemos visto cerrar escuelas rurales y puntos de urgencia sin tan siquiera preguntar a los vecinos afectados, ni alguna legislación, y siempre lo hacen escudándose en criterios “técnicos”. Ahora nos sorprenden con la venta de los Montes Públicos del patrimonio regional a propietarios privados pese a que la LEY 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, dice que los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

El gobierno regional debería saber, que para la puesta en práctica de cualquier proyecto de futuro en el medio rural, se ha demostrado imprescindible que la población afectada comparta su contenido. Ni fue compartido el cierre de las escuelas, ni el de puntos de urgencia, ni lo es ahora la venta de este patrimonio público. Para todo esto vale la justificación de siempre, la herencia recibida, y la búsqueda de un ahorro importante. Pero realmente lo único que hacen es no gastar energías en la defensa de los derechos colectivos, que es la primera obligación de cualquier gobernante.

Si entendemos que la innovación es básica en cualquier planteamiento de desarrollo rural, este innova más bien poco, y por lo tanto no puede calificarse de proyecto de desarrollo, sino contra el desarrollo colectivo, porque al privatizar lo público solo desarrolla el patrimonio del adquirente y no el colectivo.

Aunque hoy día no hay tanto que innovar y cada vez resulta más importante “saber copiar bien”, desde luego en países de gobiernos neoliberales, no se practican este tipo de actuaciones de desprenderse del patrimonio natural público. Más bien al contrario se adquiere cada vez más, y por tanto tampoco copiamos bien.

Pero no puede extrañarnos esta venta, puesto que nuestra presidenta está innovando en derecho laboral, y por lo tanto seguro que será capaz de innovar en derecho ambiental. Lo cierto es que si continuamos con un gobierno como el actual, habrá que empezar a hablar de la privatización de la ruralidad, y tendremos cada día más cerca un modelo de medio rural donde para pasear por el campo sea necesario abonar una entrada, naturalmente a propietarios privados. Y si son amigos, pues mejor. 

El escaso valor que da el gobierno a quienes viven en los pueblos

Esta mañana, como cada miércoles alterno, he pasado la consulta en una pequeña aldea dependiente del centro de salud donde ejerzo la medicina de familia. En los últimos años nunca son más de diez los pacientes que atiendo en esa consulta, porque en la aldea ya solo viven entre diez y catorce personas, dependiendo esa oscilación de si sus hijos han decidido o no, que el invierno en Albacete es menos crudo para ellos. Es una población muy envejecida, que como dice uno de ellos sonriendo, acostumbra a morirse tarde.

Cuando iba a escribir sobre el debate del estado de la nación, he pensado que erra mejor hacerlo sobre algo más importante: la gente de ese estado o nación. En esa aldea hace treinta y tres años, yo he llegado a ver más de cincuenta personas habitándola de manera permanente, y no he podido evitar una reflexión sobre cómo ha ido perdiendo población de forma progresiva y acelerada. Es el fenómeno del despoblamiento rural, al que le podemos señalar dos clases de causas, una directa y otra indirecta.

La primera es la salida de población hacia las ciudades. Al gran movimiento migratorio de los años cincuenta y sesenta, donde muchos ciudadanos se vieron obligados a emigrar en busca de empleo, se ha ido añadiendo una pérdida progresiva de habitantes, en gran medida propiciada por la búsqueda de una mejor calidad de vida en otras zonas, fundamentalmente ante la escasez de empleo y la falta de servicios públicos en el medio rural. La mejora de estas condiciones en las últimas décadas y la falta de empleo en las ciudades, ha amortiguado esta salida, pero sin llegar a detenerla.

La causa indirecta, y seguramente la más importante, es la salida de la juventud rural, generalmente para su formación, pero sin retorno a las poblaciones de origen una vez completados los ciclos formativos. Esto no solo ha traído consigo el envejecimiento de la población que ha permanecido en las zonas rurales, sino también una nula reposición, que afecta a dos generaciones de ciudadanos, hoy residentes en las ciudades.

Lo rural siempre se identificó exclusivamente con lo agropecuario, aunque una segunda función, no reconocida, siempre fue la de aportar mano de obra barata y carente de especialización a otros sectores de la economía, fundamentalmente a la construcción y a la industria.

Ahora a comienzos del siglo XXI, los recortes también llegan a estos lugares, y vemos como desaparecen las escuelas rurales en nuestra región, y se cierran los puntos de atención permanente de urgencias médicas. Es la puntilla que nunca se pensó que alguien osara dar al medio rural. Estos recortes justificados por la crisis, vuelven a convertir a los ciudadanos de los pueblos en ciudadanos de segunda, y a los de pequeñas aldeas como la citada en ciudadanos de categoría regional, ni tan siquiera preferente.

Hoy la imagen de diez personas muy mayores esperando a que les tomen la tensión, o les ausculten por una tos invernal, me ha hecho pensar que los habitantes rurales solo valen cada cuatro años, ni más ni menos, que el voto que periódicamente hace que en un despacho se acuerden de su existencia.