También el Supremo

Y hoy no solo ha sido la jueza de la Dana quien ha puesto en su sitio a la UCO por su informe. También lo ha hecho el Supremo con los que quieren responsabilizar al gobierno para salvar a Mazón.

Indignante y profundamente irresponsable fue la actitud de quienes, en plena tragedia causada por la DANA en Valencia, han tratado de convertir el dolor de las víctimas en un arma partidista, presentando querellas y denuncias huecas contra el gobierno del Estado sin un solo fundamento jurídico. Hoy, el Tribunal Supremo lo ha dejado claro: los hechos por los que se acusaba al presidente y a varios ministros “no son constitutivos de delito”, y las acciones judiciales presentadas carecen de la más mínima concreción, basándose en imputaciones abstractas y carentes de relación causal con posibles delitos.

 Por muchas manos limpias que tengan y que quieran hacerse oír, es especialmente grave que se pretenda utilizar el derecho penal para castigar decisiones políticas con las que no se está de acuerdo, distorsionando la naturaleza de la justicia y enturbiando el debate democrático. En esto el PP parece que quiere doctorarse. 

Deberían enterarse de una puñetera vez que no todo lo que se considera un fallo o una gestión deficiente puede convertirse, por arte de magia, en delito. El Supremo lo explica de manera rotunda: la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal. Pretender lo contrario es, simplemente, una falacia y un desprecio absoluto por el Estado de derecho.

Estas denuncias, además de malgastar recursos judiciales y de distraer la atención pública, exponen una alarmante falta de rigor y una tendencia a la politización tóxica de la justicia. Empañan el dolor real de una tragedia con 228  muertos y daños incalculables, desviando el foco de las verdaderas soluciones que requieren las víctimas para tratar de sacar rédito político. Todo ello, sin ninguna prueba concreta, sin hechos realmente imputables, sólo furia, ruido y oportunismo.

La justicia española, por fortuna, ha actuado con firmeza y ha desenmascarado la inconsistencia y el carácter puramente mediático y disruptivo de estas querellas. Queda demostrado que instrumentalizar los tribunales para atacar adversarios políticos sin pruebas, valiéndose de la tragedia ajena, es un acto profundamente despreciable, indigno de una democracia madura y respetuosa del dolor ciudadano.