El caso del chalé de Rascafría evidencia una más de las contradicciones e hipérboles de Ayuso: mientras ataca la utilización de residencias estatales por altos cargos del Gobierno, ella misma y su familia disfrutan de un inmueble público, justificando que su uso es “permitido y austero”.
Esta situación es un caso claro de doble vara de medir, y reaviva el debate sobre la ejemplaridad, la transparencia y la gestión ética de los bienes públicos.
¿Se llevó también al novio?
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