En esos entes mitológicos llamados «Estados de derecho», la presunción de inocencia es un pilar sagrado e inquebrantable. En España eso solo es una enternecedora teoría, porque la praxis nos demuestra a diario que dicho pilar tiene la asombrosa propiedad de la hiperelásticidad y está lleno de comodidades cuando acoge a las élites conservadoras, pero es implacable, rígido y afilado cuando se trata de la izquierda. El fascinante revuelo en torno al denominado «caso Zapatero» es tan solo el último espectáculo de esta ya cansina función.
Para comprender el nivel de sofisticación alcanzado, basta con ver cómo se aplican los dogmas. Resulta que José María Aznar se dejó un pequeño matiz en el tintero cuando convocó al combate contra la izquierda por tierra, mar y aire. Lo que en realidad quería decir era: «El que pueda hacer que haga, y será bien recibido en el reino de Iker Jiménez». Porque, ¡para qué perder el tiempo con un juicio cuando ya tenemos la sentencia redactada por el tribunal de la tertulia mediática! Zapatero ya está condenado. Faltaría más. Ya lo he dicho antes, en este entrañable país, la presunción de inocencia es una delicatesen reservada exclusivamente para la frutera y sus familiares; la izquierda, en cambio, debe demostrar no solo que es impoluta, sino que sus antepasados del Neolítico tampoco cometieron faltas administrativas. La más mínima sospecha basta para un dictamen condenatorio.
Por supuesto, si Zapatero es culpable, que lo pague, faltaría más. Pero no deja de ser enternecedor observar esta sistemática doble vara de medir. Mientras sobre la más mínima sombra progresista se edifican catedrales judiciales y macrocausas de máxima audiencia, los escándalos que salpican al núcleo duro de la derecha duermen plácidamente en el limbo del olvido institucional y mediático. Y aquí seguimos los ingenuos, lanzando la pregunta al aire: «¿Y de M. Rajoy aún no se sabe nada?». La investigación científica avanza rápido, pero el misterio del señor "M." sigue desafiando a la física moderna.
El trasfondo procesal de esta causa contra el expresidente es una auténtica obra de arte del equilibrismo. Basado no en la vulgar y aburrida solidez de las pruebas, sino en el noble arte de la filtración por goteo y el desgaste político, el sumario arranca con unos cimientos de plastilina. Las propias investigaciones, en un alarde de sinceridad, «no saben si se convirtió en alguna gestión directa y admiten que no tienen una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate». Pero ¿a quién le importan los hechos cuando el juicio paralelo ya ha dictado sentencia firme?
Seguimos sin noticias del auto enviado a Estados Unidos sobre si hubo o no intervención de un juez en el clonado del teléfono. Si no la hubo, mucha gente de derecha y ultraderecha y muchos periodistas se habrán quedado colgados de la brocha, aunque no importa ya, puesto que el verdadero objetivo, la vivisección de Zapatero, se habrá cumplido y ya asistimos a la entronización de las filtraciones judiciales.
Si te molestas en buscar el significado del concepto “rigor jurídico” comprobarás que este caso roza el absurdo. Sin pruebas de tráfico de influencias, uno se ve obligado a preguntar candorosamente: Me puede explicar alguien, por favor, ¿dónde exactamente estaría el delito en que Zapatero hubiera asesorado a una empresa para que otra consiguiera una ayuda pública y cobrado por ello si no se demuestra que haya ejercido influencia sobre ningún cargo público? Por lo que ha salido hasta ahora, parece que se le acusa de hacer el trabajo por el que le contrataron y pagaron.
Por ese mismo concepto, es de suponer, que todos los porteros de inmuebles en Madrid y otras ciudades, a los que se les promete que cobrarán una comisión por informar a las inmobiliarias de fallecimiento de propietarios, o de casas en venta, también deberían ser procesados si la casa se vende. ¡Qué aberración, cobrar por trabajar! Si existiera algún descuido fiscal, la solución parece obvia para cualquier mortal: Una cosa está clara, si Zapatero o los porteros eludieron impuestos que los paguen. Esto sería cuestión de la Agencia Tributaria, que es en realidad a quien compete, por defraudación. No por mediación.
Pero claro, la política de altos vuelos exige un teatro más majestuoso que el de un expediente en Hacienda. La ingeniería procesal y los pactos de despacho se han convertido en la herramienta estrella para desestabilizar al Gobierno de coalición. El sublime mensaje del Tribunal Supremo eximiendo de la cárcel a Aldama, premiando con ternura la figura del corruptor, ha sido recibido con aplausos por el resto de implicados. Tras el vergonzoso espectáculo ofrecido por Aldama y su aún más estrambótica condena, el guion estaba escrito: ofrecer la cabeza de Zapatero a cambio de la salvación, favoreciendo, de paso, la estrategia de acoso y derribo al gobierno por parte del PP. Que el mapa político esté repleto de oportunistas no es novedad; lo fascinante es con qué soltura se ejecuta la maniobra.
Y como en toda buena comedia de enredo, no podía faltar el entramado empresarial y judicial. Por un lado, tenemos a los astutos intermediarios: los tales julios que aparecen como unos delincuentes de libro. ¿Por qué untó la empresa al supuesto intermediario y este a su vez, supuestamente, a Zapatero? Todo esto huele a una aldamanada que acabará con Zapatero en el trullo gracias a "sus amigos venezolanos.
Pero, por otro lado, brilla la inmaculada equidistancia de la propia judicatura. Teniendo en cuenta que está en medio el exjuez García Castellón, amigo íntimo del presidente de Plus Ultra y que utiliza la sede de la compañía como su despacho, a cualquier mente malpensada le daría por inquirir: ¿Han solicitado los teléfonos móviles y correos del exjuez García Castellón para investigar su labor de mediación con PLUS ULTRA? ¿No deberían solicitarle todas sus comunicaciones de los últimos años por estar implicado en el caso? Ya sé que solo es una ocurrencia mía, eso de investigar a los investigadores, suena a película ...
En conclusión, este edificante «caso Zapatero» regala a la izquierda dos lecciones magistrales. La primera, un sabio y milenario principio de prudencia política: Quien con empresarios se acuesta, imputado se levanta. La segunda, una constatación de la salud de nuestras instituciones: cuando los poderes mediáticos y las togas sincronizan sus agendas, la presunción de inocencia deja de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio VIP de la derecha, aplicable solo a la frutera y a sus familiares.
Ah, por cierto, para que no se nos olvide entre tanto ruido: ¿de M. Rajoy aún no sabemos nada?
