Vacantes MIR: la calidad también se elige

“Cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región”

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

POLITICA DE TIERRA QUEMADA

El cuestionamiento de la neutralidad y la honorabilidad de diferentes estamentos del Estado es una de las estrategias de comunicación más visibles del Partido Popular en los últimos años. Esta táctica busca deslegitimar la acción del Ejecutivo argumentando que ha "colonizado" o "sometido" las instituciones públicas.

Más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestionadas en el caso de Begoña Gómez por el juez y por PP y Vox, o del cuerpo de funcionarios que tramita las políticas migratorias a quienes acusan de estar permitiendo migrantes que no reúnen los requisitos exigidos para que esa regularización se produzca, el PP ha puesto en duda de forma sistemática a muchos organismos e instituciones:, entre los cuales voy a señalar algunos.

Uno de los focos de crítica más duros y constantes ha sido la Fiscalía general del Estado. El PP cuestiona abiertamente la imparcialidad de los fiscales, acusando al Fiscal General del Estado de actuar como un "ministro de la oposición" o de seguir instrucciones directas del Palacio de la Moncloa. Se ha puesto en duda la legalidad y limpieza de los nombramientos internos, tildándolos de "purgas", y se ha acusado a la institución de utilizar su poder de forma partidista para proteger a los miembros del Gobierno en casos de presunta corrupción y desatender las denuncias que afectan al entorno del Ejecutivo.

El segundo caso es el del Tribunal Constitucional. A raíz de la mayoría de corte progresista en el tribunal de garantías y de resoluciones de gran calado político como el aval a la Ley de Amnistía o la revisión de las sentencias del caso de los ERE de Andalucía, el PP ha elevado la dureza de sus descalificaciones hacia este órgano, llegando a calificar al Tribunal Constitucional como un apéndice del Gobierno, asegurando que su presidente está "a las órdenes" de la Moncloa. Unas declaraciones que generaron una fuerte polémica institucional, las realizaron  destacados portavoces del PP que llegaron a referirse al propio tribunal de garantías como "el cáncer del Estado de derecho" (palabras por las que el partido posteriormente se disculpó parcialmente).

El tercer objetivo de desprestigio es el CIS, Centro de investigaciones Sociológicas. El PP mantiene una ofensiva total contra el funcionamiento del CIS, dirigido por José Félix Tezanos. Los populares acusan formalmente al organismo público de "falsear", "prefabricar" y "manipular" de manera deliberada los datos de las encuestas electorales y los barómetros de opinión pública para beneficiar los intereses del PSOE y perjudicar a la oposición. La desconfianza es tal que el partido ha promovido comisiones de investigación en el Senado e interpuesto querellas en los tribunales por presuntos delitos electorales y malversación de fondos públicos en la elaboración de sus estudios.

El Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado y tampoco ha quedado al margen. El PP acusa de forma recurrente a la presidencia de la Cámara Baja de haber perdido la neutralidad institucional que exige el cargo y de actuar de forma arbitraria. Se les afea "secuestrar" los tiempos parlamentarios, dilatar la tramitación de comisiones que no convienen al Gobierno, o flexibilizar el reglamento del Congreso para favorecer los debates y votaciones que benefician a la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Tampoco escapa a sus criticas TVE. Al igual que con el CIS, el PP sitúa a la corporación pública de radio y televisión bajo una sospecha constante de manipulación y falta de pluralidad. El partido denuncia regularmente los nombramientos de sus consejos de administración y direcciones informativas, tildando al ente público de "apéndice de la Moncloa" o "altavoz del sanchismo", cuestionando el trabajo diario de los profesionales de la información de la cadena.

Lo triste es que mientras que el PP defiende que estas duras críticas son legítimas y necesarias para denunciar lo que consideran un "deterioro democrático" e "institucional" provocado por el Gobierno, en realidad lo único que consiguen es  debilitar de forma peligrosa la credibilidad de las instituciones del Estado, dañando la confianza de los ciudadanos en los pilares del sistema democrático. Los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen.

No se puede sostener un discurso basado en la "regeneración democrática" si, para desgastar al rival, se está dispuesto a quemar los pilares del sistema. Cuando el PP siembra sospechas infundadas sobre la Policía, tilda al Tribunal Constitucional de apéndice del Gobierno, acusa a los funcionarios de prevaricar en la regularización de migrantes o califica de "secuestro" las decisiones del Congreso, está enviando un mensaje peligroso: que las instituciones españolas solo son limpias si el PP está en el poder.

Esta deriva del PP recuerda peligrosamente a las estrategias de la derecha populista norteamericana o latinoamericana: si la realidad judicial, de datos o parlamentaria no me da la razón, se ataca directamente al emisor. Es una política de tierra quemada donde el fin (desalojar Sánchez de la Moncloa) justifica cualquier medio, incluido el desprestigio de organismos técnicos e instituciones cuya credibilidad ha costado décadas consolidar.

Si un partido convence a sus votantes de que los árbitros del Estado están permanentemente comprados y corrompidos, ¿con qué autoridad moral y legitimidad social pretende gobernar el día de mañana a la otra mitad del país que hoy desprecia?

El censo de la infamia y el miedo a las urnas

La derecha española ha cruzado una nueva línea roja en su estrategia de desgaste institucional. Es una ofensiva coordinada, en la que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han decidido situar en la diana a la conocida como "Ley de Nietos", integrada en la Ley de Memoria Democrática. Bajo el paraguas de una supuesta acusación de "ingeniería electoral", el Partido Popular no solo resta mérito a un derecho histórico de reparación, sino que siembra la sospecha del fraude generalizado. Es la importación definitiva del manual más rancio del trumpismo: si las expectativas electorales flaquean, la culpa es del árbitro, de las reglas del juego o del propio censo.

Resulta de un cinismo abrumador que Feijóo califique de tramposo el incremento de votantes en el exterior. Alguien debería recordarle al que llaman líder de la oposición su dilatada etapa al frente de la Xunta de Galicia, donde la captación y el fomento del sufragio de la diáspora gallega no era "ingeniería", sino, según sus propias palabras de entonces, un acto de justicia identitaria. El voto emigrante solo se vuelve "sospechoso" ante los ojos de la derecha cuando intuyen que ya no pueden controlarlo ni pastorearlo de manera clientelar.

Sufren de una asimetría moral que no es nueva. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la nacionalización de los descendientes sefardíes expulsados en el siglo XVI, la medida se aplaudió como una restitución histórica incuestionable. Tampoco asusta en las filas populares el desembarco de fortunas venezolanas en el barrio de Salamanca de Madrid. El problema, al parecer, surge cuando quienes recuperan su derecho son los hijos, nietos y bisnietos del exilio republicano; aquellos a quienes la dictadura franquista no solo despojó de su patria, sino también de su identidad. Defender que estas personas habrían nacido y votado en España si no fuera por un golpe de Estado no es retórica partidista; es un principio básico de justicia de la Transición, esa que les parece tan modélica. 

Pero el inventario de conceptos que despliega el PP es todavía más peligroso cuando entra en el terreno de la xenofobia institucional. Al vincular los consulados atascados por la Ley de Nietos con el "efecto llamada" y el supuesto "colapso de los servicios públicos", Ayuso agita de manera irresponsable las tesis de la extrema derecha sobre el "gran reemplazo". Y no se queda ahí. Su advertencia explícita y mafiosa hacia el cuerpo diplomático ("cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal") es un intento flagrante de coaccionar a los empleados públicos a través del miedo a represalias judiciales.

Con esta pirueta discursiva, el PP busca tapar una propuesta verdaderamente preocupante: una reforma a la griega o a la italiana para otorgar una "propina de escaños" al ganador, un truco legal para forzar mayorías absolutas artificiales y diluir el pluralismo político de nuestro país.

El debate de fondo, el que verdaderamente le interesa a la ciencia política y al progresismo, es radicalmente opuesto al ruido artificial de Génova. Mientras la derecha se inventa conspiraciones sobre cómo el Gobierno "asigna provincias arbitrariamente" al voto exterior (algo técnicamente imposible porque la ley rige la adscripción familiar rígidamente), nuestro sistema sigue arrastrando una anomalía democrática flagrante. Hoy facilitamos, de manera justa, el voto a personas en Buenos Aires o México que jamás han pisado el país, mientras se lo negamos sistemáticamente en las elecciones generales a cientos de miles de migrantes que residen, consumen, trabajan y sostienen con sus impuestos nuestros servicios públicos desde hace décadas.

El miedo del Partido Popular es, en realidad, un miedo a la demografía y a la movilización. Al tensar la cuerda con acusaciones de pucherazo, al abusar de la vía judicial y al insultar la memoria de las víctimas de la dictadura, la derecha suele conseguir el efecto contrario al deseado: levantar del sofá al electorado progresista por pura autodefensa democrática. No es ingeniería electoral, señores del PP; es, sencillamente, que a ustedes les da pánico que la ciudadanía vote en libertad.

Continúen, continúen, genios. 

Aldama

Es una indecencia política que personajes como Aldama encuentren grietas en las instituciones públicas para lucrarse, evidenciando la necesidad de controles democráticos mucho más estrictos, leyes de transparencia reales y una fiscalización implacable del lobby privado.

Pero debe ser una decencia jurídica que su castigo emane de unos tribunales independientes, a través de una sentencia rigurosa y basada estrictamente en el Código Penal. La izquierda no debe buscar la venganza, sino la justicia y la regeneración democrática. 

La verdadera decencia del sistema se demuestra cuando el Estado de Derecho es capaz de extirpar la corrupción sin corromper sus propios principios garantistas.  

Filtraciones

 El debate sobre las filtraciones de sumarios y de informes policiales, como el reciente caso del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha llevado al juez  Calama a abrir una investigación, toca una de las fibras más sensibles de la calidad democrática. La garantía procesal y la defensa del Estado de derecho frente a los poderes fácticos, las filtraciones de secretos sumariales no son meras "anécdotas periodísticas", sino una patología grave del nuestro sistema judicial y de los medios.

El principio de presunción de inocencia es la mayor conquista de los ciudadanos frente al poder punitivo de las fuerzas de orden público del Estado y de los medios de comunicación y redes sociales. Cuando un informe policial no definitivo o un dato bajo secreto de sumario se filtra de manera selectiva a los medios, se activa de inmediato lo que se conoce como la "pena de telediario". Se genera una condena social instantánea, un linchamiento público sin posibilidad de contradicción ni defensa legal. Para cuando llega el juicio real (si es que llega a haberlo, pues muchas de estas causas terminan archivadas), la reputación de la persona ya ha sido destruida de forma irreversible. La justicia lenta no es justicia, pero la justicia mediática es, directamente, una ejecución civil.

Preocupa profundamente cómo facciones (porque son facciones) dentro del propio aparato del Estado (sean elementos de las fuerzas de seguridad o de la judicatura), utilizan recursos públicos y su acceso a información privilegiada para intervenir en la agenda política. La filtración de  datos personales o informes sesgados en momentos políticamente sensibles no busca la verdad ni la justicia, sino alterar tableros políticos, erosionar liderazgos e influir en la opinión pública de manera ilegítima. Estamos ante una forma de pervertir la separación de poderes: la policía y los juzgados deben investigar hechos bajo el imperio de la ley, no surtir de munición a los titulares de prensa para desgastar a adversarios políticos.

El secreto de sumario existe por dos razones: proteger el éxito de una investigación y garantizar que el investigado no sea juzgado en una plaza pública antes de poder defenderse ante un tribunal con todas las de la ley. Las filtraciones dinamitan ese equilibrio. Convierten el proceso judicial en un espectáculo de consumo masivo, donde el morbo y el sesgo partidista sustituyen a las pruebas empíricas y a un debate jurídico con rigor. El garantismo en un proceso penal es, por definición, una postura de izquierdas: es la protección del individuo, sea quien sea, frente a la arbitrariedad, el abuso de poder y los linchamientos de la masa espoleados por intereses mediáticos o  corporativos.

Por todo esto, la decisión del magistrado de abrir una pieza separada para investigar el origen de la filtración no es un asunto más, sino un paso necesario para delimitar responsabilidades dentro de las propias instituciones del Estado y frenar esta deriva en la que llevamos desde que la izquierda sacó del gobierno al PP con una moción de censura a Rajoy. Asistimos a un momento donde la lucha política se traslada de las urnas y los parlamentos a los tribunales y los platós de televisión, debilitando las bases de la convivencia democrática.

Los Rajoy, Tellado, Muñoz, Bendodo, junto con los  PJ Ramírez, I. Jiménez, AR y demás aves rapaces anidadas en muchos medios, han constituido una empresa especializada en construcción de patíbulos y cadalsos en plaza pública, y es penoso que solo un juez de entre miles, de un paso para tratar de evitarlo. Otra cosa será que lo consiga. 

Algunos se alegran asistiendo a esos linchamientos, olvidando el poema de Martin Niemöller: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada, porque yo no era comunista… 

La balanza

Dice la historia que la Justicia es ciega, y nos la muestran con una venda en los ojos para no mirar a quién juzga y una balanza en la mano para medir las verdades con milimétrica equidad. Pero en estos días y en esta tierra cansada, la venda o se ha caído, o lo que es peor, se la han puesto al revés, para que pueda mirar de reojo el carné de identidad del acusado. Los señores de las togas, en sus palacios de mármol y en sus silencios antiguos, han descubierto que les gusta jugar a alquimistas. No quieren transformar el plomo en oro; prefieren transformar las sospechas en sentencias y las certezas en olvidos. Dicen defender la ley, pero la ley se ha vuelto una cuerda que solo aprieta los cuellos que miran hacia la izquierda.

Hay un hombre en el palacio de gobierno y una jauría de perros con papeles y citaciones persiguiendo su sombra, rozando los talones de su familia, en un chantaje escrito con tinta de odio: o te vas, o te encerramos. Mientras tanto, el corruptor de turno, el que lleva en sus manos el botín y la boca llena para repartir confesiones a la carta, camina libre, premiado con el aire puro, porque sus mentiras sirven para alimentar el fuego de las hogueras de algunos. La memoria de los tribunales es asimétrica. Para unos, el peso implacable del martillo; para los otros, la benévola mirada del perdón anticipado. La justicia, que debiera estar en casa de todos, se ha mudado al barrio donde solo pueden vivir unos pocos.

El miedo y el asco recorren las calles, masticando la indignación de saber que los derechos conquistados a pulso pueden ser borrados de un plumazo judicial. Se huele en el aire que se acerca de nuevo un tiempo gris, como aquel de hace ochenta años, donde la información será delito y el retroceso será la norma. Murmuran en las esquinas que "El sistema está podrido". Algunas instituciones, otrora  fundamentales, se han convertido en el brazo armado de los que no necesitan presentarse a elecciones para mandar.

¿Qué nos queda entonces? Queda la gente, la memoria que no se rinde, el voto masivo contra los fantasmas del pasado, y los pies que dudan si salir a la calle, para no romper nada más que el silencio. Pero también para recordarles a los señores del poder que la democracia no pertenece a los tribunales. Es propiedad de los que tienen sus ojos abiertos y de quienes la defienden. Y ustedes de propiedades si entienden.

A cabalgar hasta enterrarlos en el mar. 

Cuando el "todo vale" sustituyó a los escrúpulos

Hubo un tiempo en que la política y la vida pública se regían por un código no escrito de mínimos exigibles. Un tiempo en el que la sospecha fundada de corrupción generaba ostracismo, la ordinariez institucional provocaba sonrojo y la mentira conllevaba un coste social. Hoy, ese tiempo ya es una reliquia  de la arqueología. Ven las pantallas televisivas o las redes sociales dan muestra a cada momento de lo que afirmo.

Nos hemos adentrado en una era de anestesia moral colectiva donde la verdad ya no es un valor, sino un estorbo, y donde el rival político no es un adversario que batir con argumentos, sino un enemigo a destruir por cualquier medio. Los ejemplos de esta deriva salpican la crónica diaria sin distinción de ámbitos.

Asistimos atónitos a la paradoja de ver a personajes vinculados a tramas de corrupción, como Víctor de Aldama, condenados o severamente señalados por la justicia, pasearse por platós de televisión o discotecas siendo jaleados como héroes contraculturales o ídolos de masas, permitiendo que el relato del "pícaro" o el "rebelde" o  el “malote” sepulte la gravedad del saqueo de fondos públicos. 

En paralelo, la crispación salta de las instituciones al césped: la celebración de un éxito deportivo, como el ascenso del CE Sabadell, se convierte desde un balcón municipal en un foro para que un deportista profesional instigue al insulto grueso ("hijo de puta") hacia el presidente del Gobierno, jaleado por la masa. El respeto institucional ha sido devorado por el hooliganismo.

Al mismo tiempo, los portavoces de la oposición y de partidos rivales no dudan en emitir sentencias condenatorias definitivas basándose únicamente en informes preliminares de la UCO, obviando la presunción de inocencia cuando el investigado viste la camiseta contraria. Si el investigado es "de los nuestros", es una víctima de una persecución política; si es "de los otros", el informe policial es una verdad jurídica incuestionable.

La doble vara de medir se ha blindado en los cuartos de guerra de los partidos. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso convive con el escándalo de su pareja, investigado y procesado por fraude fiscal, residiendo en un piso presuntamente costeado con esos fondos, mientras una parte considerable de su electorado premia su agresividad política con aplausos y mayorías. 

La hemeroteca reciente es un cementerio de coherencia. No hay que viajar muy atrás para recordar cómo la filtración de audios del excomisario Villarejo, que evidenciaban la fabricación de pruebas falsas contra rivales políticos por parte de las cloacas del Estado, fue minimizada por media España mientras la otra media ponía el grito en el cielo. Para la oposición todo lo que haga el gobierno, incluso incrementar los fondos para la dependencia, lo tilda de traición a la patria.

El diagnóstico de esta sintomatología es claro: la polarización extrema ha vaciado de contenido los principios. La verdad ya no importa; lo único que importa es el impacto del relato. Si un dato beneficia a mi bloque, se sacraliza; si lo perjudica, se califica de fake news o conspiración. Hemos asumido que el fin justifica los medios y que el castigo penal o administrativo es secundario si el "nuestro" consigue lo que pretenda, si es bueno o malo para la mayoría de los ciudadanos, no importa en absoluto.  

La conclusión de este escenario es tan desoladora como evidente. Vivimos en un país donde la masa social e institucional ya no tiene escrúpulos de nada. Cuando la ética se subordina a la ideología, la sociedad civil renuncia a su papel de juez crítico y se convierte en mero cómplice. 

Al perdonar la amoralidad de los nuestros para evitar el triunfo del rival, no estamos salvando un modelo de país: estamos cavando la fosa de su calidad democrática. Sufrimos anestesia moral.

Buenas noches.

Luces y sombras en la salud renal de Castilla-La Mancha, vista desde Atención Primaria

“Hay un dato que pienso debería encender las alarmas. En todo el año 2025, Castilla-La Mancha registró exactamente cero trasplantes de donante vivo. Que no se esté explotando esta vía en Toledo o Albacete es un déficit asistencial, también cultural, que con urgencia se debería intentar corregir”

Vaya por delante que todos los datos, tasas estadísticas e indicadores clínicos analizados proceden del informe oficial de evaluación titulado 'Actividad de donación y trasplante renal. España 2025', elaborado y editado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Aunque ya retirado, mientras he ejercido como médico de familia en un centro de salud de Castilla-La Mancha, me ha interesado el seguimiento de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) algo que ha formado parte de mi rutina diaria. Ver su lucha diaria, el desgaste personal continuo que les suponen las sesiones de hemodiálisis y la eterna espera de esa llamada telefónica que les devuelva la vida, ha sido constante en los años de ejercicio profesional. Por ello, la lectura y análisis del último informe de la ONT no es un simple ejercicio estadístico para mí, sino una radiografía de la esperanza de vida de esos pacientes.

El documento deja una sensación agridulce, un escenario de luces y sombras que merece una reflexión colectiva. Por un lado, debemos sentirnos muy orgullosos de la robustez de nuestro sistema de donación. Nuestra región ha alcanzado un volumen absoluto de 97 trasplantes renales en el año 2025. Los equipos del Hospital Universitario de Toledo (con 50 intervenciones) y del Hospital General Universitario de Albacete (con 47) operan a pleno rendimiento, recuperando con firmeza el terreno perdido durante los difíciles años de la pandemia.

Si algo destaca en el informe de la ONT es la existencia de una tremenda generosidad en los castellanomanchegos. En 2025 se generaron 89 donantes totales, lo que se tradujo en la extracción de 151 riñones. Lo verdaderamente llamativo es nuestra balanza de intercambio: implantamos 104 riñones de donantes fallecidos, de los cuales 74 se quedaron en la región y 30 fueron enviados a otras Comunidades Autónomas, principalmente a Madrid. A cambio, recibimos 23. Es decir, Castilla-La Mancha es una región netamente exportadora y solidaria, que nutre la red nacional y salva vidas más allá de nuestra autonomía.

Si hay algún enemigo terrible de la medicina ese es la complacencia, y cuando traducimos las cifras absolutas a tasas por millón de población (pmp), que es donde se realiza el verdadero ajuste de estas estadísticas, la realidad nos exige que seamos críticos.

España se mueve en una media de 40,5 trasplantes de donante fallecido pmp, un dato encomiable. Sin embargo, Castilla-La Mancha, se queda bastante por debajo, registrando aproximadamente 23,1 pmp en muerte encefálica y 22,6 pmp en asistolia controlada, siempre según los datos de ese informe.

¿Significa esto que el paciente castellanomanchego está desamparado? Rotundamente no. El propio informe también revela el dato de que cuando la ONT analiza la tasa según la comunidad de residencia del receptor, nuestras cifras se elevan notablemente (rozando los 30 pmp por modalidad). Esto demuestra que la red de cohesión nacional funciona y que muchos de nuestros vecinos en la región son trasplantados con éxito en hospitales de la vecina Comunidad de Madrid al pertenecer a nuestra misma Zona Centro de coordinación. Aunque como médico que ha ejercido en esta tierra, no puedo evitar exponer mi deseo de una mayor autonomía y capacidad quirúrgica intrarregional, evitando los siempre complejos e incómodos desplazamientos para los pacientes crónicos y sus familias.

Pero hay un dato que pienso debería encender las alarmas, es el 'cero' que aparece, y causa dolor mirarlo, en las tablas estadísticas del Ministerio, es el de la actividad de Donante Vivo. En todo el año 2025, Castilla-La Mancha registró exactamente cero trasplantes de donante vivo. Una cruda realidad que solo compartimos en todo el territorio nacional con la CA de La Rioja. Mientras en Cataluña se realizan 174 trasplantes de vivo y en Madrid 81, nuestra región permanece completamente desconectada de esta modalidad, aunque en Albacete existe autorización desde 2017, solo se han realizado 3 trasplantes de vivo.

El trasplante de donante vivo ofrece una supervivencia significativamente mayor del injerto, permite programar la cirugía antes de que el paciente requiera diálisis, puesto que nos anticipamos al trasplante anticipado, y reduce drásticamente las listas de espera. Que no se esté explotando esta vía en Toledo o Albacete es un déficit asistencial, también cultural, que con urgencia se debería intentar corregir.

La solución a este agravio comparativo no está solo en quirófanos de alta complejidad; empieza en nuestras consultas de Atención Primaria. Necesitamos formación específica para los facultativos de familia, campañas institucionales agresivas y la creación de unidades de referencia de donante vivo accesibles y proactivas que informen a los familiares de los enfermos en fases tempranas de la insuficiencia renal.

Tenemos los donantes, tenemos la infraestructura hospitalaria de primer nivel en Toledo y Albacete, y sobre todo, tenemos una sociedad de una generosidad desbordante. Nos falta un impulso institucional y una mayor ambición clínica para que Castilla-La Mancha no solo sea una excelente tierra de extracción de órganos, sino un referente integral de vanguardia en el implante y en el trasplante de vivo.

Por la salud de nuestros pacientes, creo que no podemos conformarnos con menos.

Controversias

La acumulación de resoluciones controvertidas, los desequilibrios aparentes en las horquillas penales y la gestión de las responsabilidades civiles (devolución de lo robado) son elementos que, al coincidir en el tiempo, erosionan la legitimidad percibida del poder judicial. Para que la premisa de que "la justicia es igual para todos" sea creíble, el sistema no solo debe ser limpio en sus procedimientos, sino también coherente y transparente en sus resultados, evitando dar margen a la interpretación de que existen criterios de conveniencia o varas de medir asimétricas.

Solo hay una conclusión posible, la justicia no es igual para todos. ¿Hay algo que desacredite más a nuestro poder judicial que eso? Señores de la judicatura, HAGANSELO MIRAR o cuelguen las togas y dejen a quien esté dispuesto a hacer que ese principio sea real en nuestro sistema judicial 

La sobreactuación judicial erosiona la credibilidad de la justicia.

Como era de esperar, y quien se sorprendiese es que no sabe de qué va esto, ayer asistimos a la traca final del fiestón de un juez pasado de vueltas. Ya antes de que llegaran los invitados, le pidió una pena mayor que por matar a alguien, al día siguiente. Le imputa dos delitos más, luego rectifica y dice que se ha equivocado, y cinco días después decide retirar el pasaporte no vaya a ser que la investigada se fugue. Todo para el regocijo de los Feijo, Tellado, Bendodo y el resto de los buitres del clan, popular que no esperan a la sentencia porque tienen prisa por llegar a misa a cumplir con las recomendaciones del Papa. No es raro que en el fin de fiestas alguien cometa excesos por ir puesto de más.

Esta mañana no se si voy a columpiarme con esta opinión, aunque me gustaría estar profetizando. Desde mi perspectiva de análisis social, el acoso judicial y mediático contra el entorno del presidente del Gobierno no puede percibirse como una fiscalización legítima del poder, sino como un verdadero acoso y derribo, un caso paradigmático de lo que es una guerra jurídica, el lawfare como ahora le llaman. 

La clave de porque afirmo esto es que, al carecer el auto de una base delictiva sólida y constatable, la instrucción se ha convertido en una causa general de carácter puramente político. Estamos asistiendo a una función de un circo jurídico, con la aquiescencia de quien desde las más altas instancias de la judicatura debería hacer cortado de raíz este bochornoso espectáculo. Existe el desgaste político del gobierno ciertamente, que es lo que los impulsores buscaban. Pero también, y sobre todo, hay un desprestigio tan evidente del poder judicial ante los ciudadanos, que debería abochornar, aunque no lo haga al CGPJ, a la parte de esa judicatura que está formada por profesionales decentes, que la hay aunque nos cueste creerlo.

Este auto puede convertirse en el punto de inflexión que puede activar un efecto de bumerán. Para que eso ocurra, se necesita solo que las propias instituciones del sistema (empezando por la Audiencia Provincial) se vean obligadas a corregir, revertir o enmendar las decisiones del juez instructor debido a sus evidentes excesos y falta de rigor profesional, lo que va a suceder más pronto que tarde.

Para la opinión pública, especialmente la de corte progresista y moderada, esta rectificación no se debe quedar en un puro tecnicismo; porque será la demostración palpable de que se ha producido un atropello. Cuando eso suceda, que repito sucederá, la ciudadanía percibirá que los tribunales se están utilizando por algunos, no para impartir justicia, sino como una herramienta no democrática para subvertir el resultado de las urnas y tumbar a un Gobierno legítimo. Si eso sucede, el relato de la victimización de la derecha se desmorona.

Si nos ponemos a pensar en las consecuencias de esa rectificación, está muy claro que acumulación de excesos judiciales puede generar una reacción en cadena que opere en beneficio del Ejecutivo y de la coalición de Gobierno. La forma de materializarse puede ser a través de tres mecanismos principales que aquí expongo.

El primero es que, si uno de los mayores riesgos para un gobierno de izquierdas a mitad de legislatura es la desafección, el desencanto o la desmovilización de sus votantes ante el desgaste de la gestión diaria, la percepción de una agresión externa injusta y desproporcionada, y más si se ve como procedente de otro poder del Estado, actúa como un potente catalizador. El votante de izquierdas debe reaccionar ante lo que se interpreta como un "fraude de proporciones gigantescas" contra la propia Democracia, y la indignación acabara sustituyendo a la actual apatía. La base electoral se debe unificar bajo una causa común: la defensa de la institucionalidad democrática frente a los sectores reaccionarios. Lo que la oposición diseñó para desgastar al gobierno, puede acabar blindando el suelo electoral de la izquierda.

El segundo mecanismo es que, cuando la oposición política y los medios afines (algunos dirigidos por personajes partidistas que deberían mirarse al espejo antes de abrir la boca), exigen elecciones anticipadas basándose en esta "tormenta perfecta" montada a base de investigaciones que luego muestran fragilidad jurídica, provocan el efecto contrario. En esta situación, para el Ejecutivo, resistir deja de ser una mera opción de supervivencia política y se convierte en un imperativo democrático. Bajo esta lógica, ceder o convocar elecciones ante la presión de una campaña orquestada supondría convalidar los métodos no democráticos de asalto al poder que esgrimen. La consigna de "agotar la legislatura hasta el mismísimo final" va a adquirir una legitimidad renovada. El Gobierno se debe sentir respaldado para aguantar el pulso, y debe argumentar que la estabilidad institucional es la única respuesta posible frente a este chantaje judicial.

Y el tercero es, que estas campañas de alta intensidad, basadas en el escándalo constante, sufren de rendimientos decrecientes. Si la oposición fía toda su estrategia política a que los tribunales destruyan al adversario y esos tribunales terminan enmendándose a sí mismos o archivando las causas, la estrategia se queda vacía de contenido. Al estirar la cuerda en exceso, la derecha política está corriendo el riesgo de quedar expuesta ante los sectores moderados, como una fuerza incapaz de ofrecer un proyecto de país alternativo, más allá del uso espurio de algunos miembros del aparato judicial. 

Si eso se produce estaremos ante el bumerán que regresa golpeando la credibilidad de quienes apostaron todo a la vía de la judicialización de la política. Aunque la gran tragedia de esta estrategia corto placista de la derecha, es el daño colateral que sufre el propio sistema judicial español, cuya neutralidad está quedando gravemente cuestionada ante los ciudadanos. En términos de estricta táctica política, la "tormenta perfecta" ha sembrado las condiciones para su propio fracaso. Al cruzar la línea que separa la fiscalización que legitima la oposición, al ensañamiento y el atropello, los promotores de esta ofensiva están entregando al gobierno y a sus socios una discurso verdaderamente imbatible: la defensa de la democracia misma.

Alguien ha podido pasarse de frenada en su intento por derribar al gobierno. El efecto bumerán puede estar ya en marcha, y transformar este asedio judicial al ejecutivo, en el combustible necesario para cohesionar a la izquierda, justificar la resistencia del bloque de investidura y estirar la legislatura hasta sus últimas consecuencias.

Me gustaría no equivocarme, porque confío en que la mentira tiene sus patas muy cortas.

Buenos días.

Fórmulas vacías y voluntarismo procesal

Que me corrija cualquier experto en derecho porque yo no lo soy. Pero tengo claro que el derecho procesal penal no admite voluntarismos ni hipótesis, y la última resolución del Juez Peinado adolece de un vicio fundamental: sustituye el rigor de los indicios por una redacción generalista y en parte abstracta. Eso no es una simple discrepancia, sino que estamos ante una quiebra técnica de las garantías exigibles para cualquier ciudadano.

Un auto de instrucción no es el borrador de una sospecha; es un acto de poder que debe determinar, de forma precisa, qué hechos se imputan, a quién y mediante qué indicios verosímiles. Operar con fórmulas amplias y con una total ausencia de concreción supone un método insostenible. 

Como ya le advirtió la Audiencia Provincial de Madrid al corregir sus excesos, comete la falta de una no determinación de los indicios sólida. Todo esto convierte la resolución en sumamente vulnerable, y se expone a una revocación o nulidad en apelación.

No menos llamativo, por no decir escandaloso, resulta su empeño en desviar la causa hacia el jurado popular. Me parece que para eso se precisa una argumentación suficiente y aquí parece importada por injustificada e insuficientemente individualizada. 

Todo apunta a una maniobra de arquitectura procesal instrumentalizada, diseñada para forzar un resultado predeterminado en lugar de buscar la verdad. 

Si a esto le añadimos unas medidas cautelares personales que carecen de proporcionalidad y además vulneran de paso el principio de confianza en la institución. Esta opinión se basa en una insuficiencia de motivos graves para adoptarse y son de una discordancia total entre los hechos descritos y su calificación jurídica. 

El verdadero problema no es solo lo qué ha decidido este instructor, sino una incapacidad técnica para fundamentarlo con todas las garantías que un proceso tan grave requiere. Está operando con navaja porque no encuentra bisturí.

Por cierto ¿dónde está el informe favorable de la fiscalía al procesamiento? Si esto no es un juicio político que venga el Consejo General del Poder Judicial y lo vea. 

 ¿Existe el CGPJ o solo se le supone? Da igual si existe o no, el daño que quería causar ya está hecho.

El coste invisible de la inercia en diálisis: tras los números hay vidas

Cuando un centro de diálisis mantiene de forma sistemática a sus pacientes alejados de la lista de espera, se produce un “efecto embudo” de consecuencias fatales

El trasplante renal no es un logro más dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública; es, por definición, la mejor alternativa terapéutica para un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. No solo devuelve una calidad de vida que la máquina de diálisis arrebata de forma sistemática tres días a la semana, sino que ofrece una expectativa de vida notablemente superior. Por eso, analizar la situación actual del acceso al trasplante en Castilla-La Mancha no es solo un ejercicio de fiscalización estadística; es una llamada de atención deontológica sobre cómo estamos gestionando las expectativas de supervivencia de nuestros pacientes.

No es fácil analizar los datos del reciente informe que me facilitó ADERHE, pero revelan una realidad, como poco, incómoda. El Pliego de Prescripciones Técnicas del SESCAM (disponible para los centros de diálisis concertados) establece con meridiana claridad que, como mínimo, el 10% de los pacientes en diálisis deben estar incluidos en la lista de espera de trasplante. Es un suelo, un estándar de calidad asistencial mínimo. Sin embargo, la realidad nos muestra que, en 2023 en los datos que figuran en el informe remitido a ADERHE correspondientes al centro concertado que atiende a la mayoría de los pacientes en hemodiálisis de la provincia de Albacete, esa tasa se situó en un 8,6%, en 2024 cayó dramáticamente al 4,74%, y en 2025 apenas alcanzó el 7,2%. Ciudades de referencia como Albacete (7,75%) y Toledo (6,15%) se encuentran atrapadas en esta misma dinámica de mínimos insuficientes.

¿Qué lectura debe hacerse de esto? Cuando un centro de diálisis mantiene de forma sistemática a sus pacientes alejados de la lista de espera, se produce un “efecto embudo” de consecuencias fatales. Si no se busca activamente al candidato, si se posterga la derivación, si la burocracia o la falta de proactividad cronifican al paciente en el sillón de diálisis, la consecuencia directa en los informes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es demoledora: Castilla-La Mancha se ha consolidado como el farolillo rojo nacional en tasa estimada de lista de espera estimada por millón de población (pmp, 79,9 en 2024 frente a una media nacional de 172,7) y como una de las comunidades que menos trasplanta (45,8 pmp en 2025).

La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos

Mantener a un paciente en diálisis cuando es apto para un trasplante, es clínicamente indefendible. La diálisis sustituye la función renal, pero no frena el deterioro cardiovascular crónico ni las complicaciones asociadas a largo plazo. Cada mes “extra” que un paciente pasa conectado a un monitor por una mala identificación o por el retraso en su inclusión en la lista de espera, es un mes de desgaste orgánico acumulado que restará éxito al futuro trasplante. La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos. El paciente confía ciegamente en el criterio del especialista que le atiende día a día; pero si no se inicia el engranaje, el paciente se vuelve invisible para el sistema de trasplantes.

La gestión sanitaria de los conciertos públicos debe entender que los indicadores de calidad asistencial (como ese esquivo 10%) no son meros requisitos administrativos para justificar un pago o evitar una penalización económica. Son barreras de seguridad clínica. Cuando las tasas de inclusión caen a la mitad del mínimo exigido, el sistema está fallando en su labor más elemental: dar a cada paciente la oportunidad de curarse.

Y por si aún no es suficiente argumento para revisar el modelo, basta con leer las publicaciones sobre la “Estrategia en Enfermedad Renal Crónica del Sistema Nacional de Salud” y los artículos de revisión en la revista Nefrología que analizan el impacto de la sostenibilidad del sistema, porque en la inmensa mayoría de ellos se concluye de forma sistemática, que para fomentar el trasplante anticipado y las técnicas domiciliarias (más baratas y con mejor calidad de vida), es imprescindible que el hospital público retenga la gestión y la educación del paciente, limitando la derivación prematura al concierto.

Pero ese es un debate más largo y farragoso en estos tiempos.

Si se quiere profundizar en este aspecto, entre las diferencias de trasplante renal entre hospital público o privado, es recomendable la lectura de un artículo especializado, titulado “Influencia de la concertación de la hemodiálisis sobre las modalidades de tratamiento sustitutivo renal” publicado por investigadores del área de gestión nefrológica y economía de la salud, en el que concluyen que, estadísticamente, en aquellas comunidades autónomas o áreas de salud con mayores tasas de concertación privada de la hemodiálisis, existe un freno indirecto al desarrollo de las técnicas domiciliarias (diálisis peritoneal) y un retraso en la inclusión de pacientes en la lista de espera de trasplante. Desconozco si en Albacete quien realiza la inclusión en la lista de trasplantes, si el servicio de Nefrología del Hospital o el del centro de diálisis concertado, pero los bajos porcentajes de inclusión hacen pensar en la segunda opción.

De lo que parece no haber duda es que resulta urgente una fiscalización rigurosa por parte de las comisiones de seguimiento del SESCAM. No podemos permitirnos el lujo de ser la comunidad a la cola de España en una disciplina donde nuestro país es líder mundial. Detrás de ese déficit del 40% respecto a la media nacional en lista de espera no hay solo un incumplimiento de contrato; hay cientos de ciudadanos castellanomanchegos encadenados a una máquina que, si se hicieran las cosas bien, podrían estar recuperando su vida.

¿Criterios técnicos o decisiones de despacho? la hemodiálisis en Hellín

“Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias”

Como profesional que ha dedicado tiempo al cuidado y tratamiento de los pacientes rurales, algunos de ellos con enfermedad renal crónica, la publicación del reciente informe técnico sobre el estado de la hemodiálisis en nuestra región me obliga a continuar comentando sobre este asunto.

Tras meses de demandas legítimas por parte de los afectados y de la propia asociación ADERHE, los datos definitivos no solo les dan la razón a sus demandas, sino que desvelan una realidad asistencial profundamente preocupante y una alarmante desconexión entre las promesas políticas y la praxis médica real. El informe facilitado recientemente a ADERHE y elaborado por la empresa adjudicataria expone una serie de conclusiones que, analizadas con rigor clínico, pueden resultar alarmantes. Creo que lo más grave de este documento es la confirmación oficial de la existencia de datos subóptimos respecto a la inclusión de pacientes en la lista de espera para trasplante renal.

La inclusión en esa lista de espera de trasplante no es un mero trámite burocrático; es la vía hacia la supervivencia cualitativa, la alternativa terapéutica más eficiente, digna y humana frente a la servidumbre que supone depender de la máquina de diálisis. Los datos que refleja ese informen se pueden calificar como “subóptimos”, porque el mínimo exigible a los centros de diálisis es un 10% en lista de espera de trasplante, y en centros de Albacete no llega al 8% y en Toledo no llega al 7%. Estas cifras, aunque parezcan pequeñas, cambia por completo la vida de estas personas que siguen atadas a una máquina 2 o 3 días por semana. En términos llanos, esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano.

Esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano

Esta situación es suficiente para justificar de manera inmediata que ADERHE exija explicaciones formales tanto a la Coordinación Regional de Trasplantes como a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Defender los derechos de los pacientes implica exigir total transparencia sobre por qué los enfermos no están siendo registrados con la celeridad que los protocolos nacionales exigen.

Uno de los puntos más controvertidos del actual escenario radica en la cronología de las decisiones políticas. En febrero de 2026, el consejero de Sanidad compareció ante los medios de comunicación en Televisión Hellín afirmando que la centralización del servicio en Albacete respondía estrictamente a criterios de “seguridad del paciente”, argumentando la falta de evidencia científica para sostener unidades de menos de 50 o 60 pacientes y la escasez de personal (aludiendo a la presencia de una única nefróloga en la localidad). El consejero tildó las demandas sociales de “ruido” y llamó a “poner cordura”.

Sin embargo, la realidad de las fechas oficiales desmonta ese relato de prudencia técnica. Se ha constatado que la convocatoria para la reunión del grupo de trabajo sobre el Documento Marco de Hemodiálisis de Castilla-La Mancha se fijó para el 27 de febrero de 2026. Esto desvela dos cuestiones demoledoras: primera, que desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026 el grupo de trabajo estuvo completamente paralizado e inactivo, ignorando durante año y medio el mandato de las Cortes regionales; y segunda, que cuando el consejero se apoyó en “criterios técnicos” a principios de febrero, debía referirse a los de su formación como especialista en medicina, pero no a los del comité de expertos de Nefrología porque ni siquiera se había reunido.

Todo invita a pensar que se utilizó el argumento técnico de manera preventiva para justificar una decisión política de centralización de costes, hurtando así de facto el debate sobre el asunto. Ambas fechas confirman punto por punto lo que ADERHE venía denunciando públicamente en el otoño de 2025. Nadie en la comunidad médica osaría comprometer la seguridad de un paciente renal. Es indiscutible que una unidad de hemodiálisis requiere el soporte de especialistas con experiencia y un respaldo científico sólido. Pero esgrimir de forma taxativa que una unidad con menos de 50 pacientes es clínicamente inviable o inherentemente peligrosa, es una verdad a medias que puede rozar la desinformación. Existen modelos de unidades de diálisis periféricas o de proximidad, perfectamente seguras y eficientes en la geografía nacional, siempre que estas cuenten con la dotación presupuestaria, la infraestructura técnica y los canales de interconsulta adecuados.

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su “propia seguridad”, mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial. Los criterios técnicos de cualquier especialidad médica moderna, y la Nefrología es una de las más avanzadas en esa materia al regirse estrictamente por protocolos y criterios con evidencia científica, deben servir para buscar soluciones y acercar el tratamiento al paciente, y nunca como un parapeto administrativo para disimular el ahorro presupuestario.

Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias. El propio consejero afirmó públicamente que, si los estudios y los profesionales técnicos indicaran la viabilidad de la unidad, la inversión económica o la obra no serían un obstáculo para llevarla a cabo. Llegados a este punto, esa promesa debería cumplirse de inmediato de forma transparente. El grupo de trabajo recién convocado debe evaluar la situación sociosanitaria de Hellín sin apriorismos políticos ni presiones centralizadoras orientadas a cuestiones presupuestarias. La decisión política debe ser posterior.

Creo que ADERHE debe mantenerse firme y beligerante en sus reivindicaciones. No pueden permitir que los datos de inclusión en lista de espera de trasplantes sigan siendo deficientes en los informes de las adjudicatarias, ni que se justifique la inacción institucional mediante la parálisis selectiva de los órganos de evaluación técnica. La salud renal y la calidad de vida de los ciudadanos de Hellín se defienden dotando de recursos humanos a la periferia y garantizando la equidad en el acceso a la salud.

Los pacientes deben contar con el respaldo suficiente de los profesionales de Nefrología, de las sociedades científicas regionales y nacionales, de no ser así estarán afrontando en solitario una lucha desigual frente a las Administraciones. Es momento de que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para garantizar una atención sanitaria equitativa, cercana y acorde a las necesidades reales de estos pacientes.

Crónica de una vocación en la encrucijada: El médico rural como dique de contención

“El código postal nunca puede determinar los servicios de salud; garantizar la asistencia sanitaria rural es una cuestión de justicia social y dignidad democrática.”

Mantener al mismo médico de familia más de 15 años reduce la mortalidad un 25%. La longitudinalidad es eficiencia y seguridad clínica demostrada. 

El eco del humanista Hernán Urbina Joiro resuena con una vigencia incómoda en nuestros días: “Multiplica, multiplica tu experticia, médico cabal... persiste, persiste que aún dicen que la gratitud existe”. En el ejercicio diario de la medicina rural, la persistencia no es una opción, sino un mandato ético ante el desánimo. Sin embargo, la realidad nos sitúa hoy en una encrucijada histórica: aquel "médico del pueblo", figura todoterreno que articuló la modernización demográfica y garantizó la equidad en salud, se percibe actualmente como una especie en extinción. 

No estamos ante un asunto superfluo. Los municipios rurales representan el 84% de la superficie nacional y albergan al 15,9% de la población española. Sostener la asistencia sanitaria en estas zonas no es solo proveer un servicio; es la columna vertebral que mantiene la cohesión del país y defiende la dignidad democrática de nuestros pueblos. El código postal jamás debería determinar el derecho a la salud. 

A menudo se confunde la medicina rural con el paisaje. Pero la realidad es que representa la Atención Primaria llevada a su máxima expresión exigente: es intrínsecamente longitudinal, integral y comunitaria. Exige saber acompañar en los miedos y en los silencios, y permite algo que la masificación urbana destruye: un diagnóstico que se construye a lo largo de los años, no en minutos, porque el consultorio conoce el barrio, el campo y las casas. 

Como pilares fundamentales, la integralidad —atender las esferas biológica, psicológica y social en un único acto clínico— y la longitudinalidad son indispensables. Mantener a un mismo médico de familia durante más de 15 años no es un capricho nostálgico; la evidencia clínica demuestra que reduce la mortalidad en un 25%, disminuye las hospitalizaciones agudas en un 28% y cae el uso de urgencias en un 30%. La continuidad asistencial salva vidas y ahorra recursos. 

A pesar de esta evidencia, la transición histórica del aislamiento a las redes conectadas no ha resuelto los problemas estructurales. La España vaciada —y de forma muy particular los territorios insulares más vulnerables como las zonas interiores de Tenerife, La Gomera o El Hierro— sufre una herida abierta provocada por la escasez de profesionales, el envejecimiento de las plantillas y el desgaste. En Canarias, donde 2.870 médicos de familia asumen la atención total, el relevo es mayoritariamente femenino (entre el 55% y el 60%), un dique de contención que sostiene el sistema a base de vocación. 

La raíz del problema, sin embargo, es presupuestaria. Mientras las sociedades científicas y los expertos internacionales exigen de forma unánime destinar el 25% del gasto sanitario a la Atención Primaria, la inversión real se mantiene estancada por debajo del 15%. Esta política de austeridad e improvisación obliga a los profesionales a compensar las carencias con creatividad clínica. Pero seamos claros: la creatividad no puede seguir siendo un modelo de financiación. 

La desatención institucional ha creado "desiertos médicos" críticos. Hay facultativos rurales que recorren más de 50 kilómetros diarios, siendo la única figura sanitaria en pequeños municipios, a menudo con cero euros en compensación efectiva por sus desplazamientos. La suma de distancias, aislamiento y falta de incentivos erosiona irremediablemente la profesión. 

Para revertir esta deriva, el sistema debe cambiar de paradigma. No necesitamos más documentos que hablen de "coordinación"; urge una integración real. Esto implica el diseño de equipos únicos (médico de familia, enfermería y especialistas hospitalarios con objetivos comunes), flujos de información ágiles que eliminen demoras administrativas o la duplicidad de pruebas, y el despliegue de una telemedicina útil. La tecnología no debe sustituir la presencialidad, sino eliminar incertidumbres y acercar el hospital al consultorio local. 

La prueba de estrés definitiva de nuestro modelo la sufren a diario los pacientes crónicos y frágiles, pluripatológicos, como aquellos con diabetes tipo 2. Cuando los niveles asistenciales no están integrados, la información dispersa multiplica el riesgo clínico, provocando duplicidades, polifarmacia evitable y errores diagnósticos. El paciente acaba viviendo el sistema de salud como una sucesión interminable de esperas, papeles y traslados, en lugar de percibirlo como un espacio de cuidados continuos. 

A la Medicina de Familia hay que venir aprendidos y, como se suele decir de forma llana en el entorno rural, "llorados". Hay que tener la coraza emocional templada para sostener vínculos largos y duelos compartidos. Nuestra misión en el territorio no es únicamente tratar la patología biológica, sino transformar los propios condicionantes sociales y políticos locales que determinan la salud comunitaria. 

Salvar la medicina rural requiere reconocimiento, visibilidad y una decidida apuesta presupuestaria y estratégica. Debemos recordar la esencia misma de nuestra práctica: al final del día, nuestra labor fundamental no es solo salvar vidas en situaciones críticas, sino, por encima de todo, dar años a la vida y vida a los años de quienes habitan nuestra geografía. 

Buen domingo.

La ley no puede depender de quién protesta

Lo que estamos viendo en las calles de España no es una suma de episodios aislados, sino un patrón inquietante que apunta directamente al corazón del sistema democrático. La actuación policial reciente en Bilbao contra miembros de la flotilla por Gaza, así como la respuesta en Valencia contra una manifestante pacifica durante la manifestación en defensa de la educación pública, contrastan de forma demasiado evidente con la actitud mostrada ante protestas frente a Ferraz o en las inmediaciones de La Moncloa. Y ese contraste no es aceptable en un Estado de derecho.

En Bilbao, las imágenes hablan por sí solas: intervenciones duras, tensión elevada y una sensación de desproporción que no puede despacharse con explicaciones genéricas. En Valencia, el guion se repite: presión policial significativa ante una movilización que, en esencia, apelaba a un derecho básico como es la defensa de lo público, y una agresión a una manifestante que no estaba violentando nada. En ambos casos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue clara: contundencia.

Sin embargo, cuando las protestas se sitúan frente a centros de poder político concretos y con un signo ideológico distinto, la respuesta cambia de manera llamativa. En Ferraz o en el entorno de La Moncloa, la actuación policial ha sido, en términos generales, mucho más contenida, casi de colegas con los manifestantes, incluso en situaciones de alta tensión. No se trata de percepciones aisladas, sino de una evidencia acumulada que alimenta una pregunta incómoda: ¿se está aplicando la ley de orden público con criterios políticos?

Un Estado de derecho no puede permitirse esa sombra de duda. La legitimidad de las instituciones no se sostiene únicamente en la legalidad de sus actos, sino en su apariencia de imparcialidad. Cuando esa imparcialidad se quiebra, o peor aún, cuando parece selectiva, el daño es profundo y duradero.

Este no es un reproche menor ni coyuntural. Es una advertencia seria. Si la gestión del orden público se percibe como dependiente del contenido o la dirección de la protesta, se abre la puerta a una degradación peligrosa de las garantías democráticas. Hoy son unas manifestaciones; mañana puede ser cualquier otra expresión de disenso.

Por eso, la responsabilidad política es ineludible. El Ministerio del Interior no puede limitarse a justificar operativos concretos sin abordar el problema de fondo: la coherencia. O se actúa con los mismos criterios en todos los casos, o se estará enviando el mensaje de que la ley no es igual para todos.

Y en una democracia madura, ese mensaje no es solo inaceptable: es profundamente corrosivo. Porque cuando los ciudadanos empiezan a creer que sus derechos dependen de a quién incomodan, lo que se resiente no es solo la confianza en la policía, sino en el propio sistema.

Buena tarde. 

Enfermedad renal crónica: el peligro de mirar para otro lado ante una enfermedad silenciosa

“Existe una contradicción muy preocupante en cómo se gestiona nuestra sanidad. Mientras los responsables políticos se pierden en debates sobre logística, se está gestando una tormenta perfecta en el silencio de las consultas de los médicos de cabecera”

Cuando las instituciones fallan o las respuestas tardan en llegar, la sociedad civil es la única que sostiene el fuerte. Lo comprobé de primera mano en mi reciente encuentro con ADERHE, una reunión nacida de la necesidad de entender la compleja odisea que rodea a los enfermos renales asociados en ella. Escuchar sus demandas y su lucha incansable me llevó a tomar una decisión inevitable: implicarme de lleno. A partir de hoy, asumo el compromiso de colaborar con ellos para intentar poner luz en este túnel de incertidumbre. Me sumo a su causa porque la búsqueda de una solución y el apoyo mutuo no son opcionales; son el único camino hacia adelante.

De ese encuentro nace esta reflexión. Existe una contradicción muy preocupante en cómo se gestiona nuestra sanidad. Mientras los responsables políticos se pierden en debates sobre logística, como si es mejor centralizar o repartir las máquinas de diálisis, se está gestando una tormenta perfecta en el silencio de las consultas de los médicos de cabecera. Los datos analizados en Hellín dejan al descubierto una realidad alarmante: hay un abismo enorme entre la seguridad que la administración dice tener en los papeles y el peligro real que corren los ciudadanos en la calle.

Es un hecho demostrado por la ciencia que la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a casi el 15% de los adultos en España, según estudios como el EPIRCE de la Sociedad Española de Nefrología. Sin embargo, los papeles oficiales de comunidades como Castilla-La Mancha dicen que solo la padece el 1,4% de la población. Que los registros oficiales marquen un porcentaje tan bajo no es un éxito médico del que presumir; es la prueba clarísima de un fracaso a la hora de detectar el problema. Significa, básicamente, que la enfermedad no se busca y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas.

Esta patología es la 'enfermedad silenciosa' por excelencia. Los riñones son órganos asombrosos y tienen una capacidad de resistencia enorme. Esto hace que puedan perder hasta el 70% o 80% de su fuerza para funcionar sin que la persona sienta el más mínimo dolor, náuseas o hinchazón. Los síntomas claros y graves aparecen solo cuando el daño ya no tiene vuelta atrás y el paciente está al límite, con el cuerpo intoxicado por los desechos que los riñones ya no pueden limpiar (lo que los médicos llamamos uremia).

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario

El Filtrado Glomerular (eFG), que consiste en medir una sustancia en la sangre (la creatinina) para saber a qué velocidad están filtrando y limpiando los riñones.

El cociente albúmina/creatinina (ACR), una prueba en una muestra de orina para comprobar si los riñones están 'dejando escapar' proteínas, lo que indica que sus filtros están dañados.

No hacer este seguimiento básico condena a miles de personas a vivir sin saber que están enfermas, provocando consecuencias que destrozan su salud:

Medicinas mal calculadas y daños por tratamientos (iatrogenia). Muchos medicamentos de uso diario (como los antiinflamatorios comunes tipo el ibuprofeno, ciertos antibióticos o pastillas para el azúcar) tienen que ajustarse al milímetro según lo limpios que estén los riñones. Recetar a ciegas a alguien que tiene los riñones tocados sin saberlo multiplica el riesgo de intoxicación y puede provocar un fallo renal súbito y grave.

Más ingresos en el hospital y peligro de infartos. El riñón y el corazón funcionan como un equipo inseparable (lo que en medicina llamamos síndrome cardiorrenal). Si uno falla, el otro sufre. Una persona con una enfermedad de riñón no detectada tiene hasta cinco veces más probabilidades de morir por un problema del corazón o terminar ingresada antes incluso de llegar a necesitar diálisis.

Empeoramiento acelerado hacia la fase final de la enfermedad. Si no se frena a tiempo el desgaste del riñón usando las defensas químicas adecuadas (como los medicamentos protectores del riñón clásicos —IECA o ARA-II— o los más modernos —iSGLT2—), las pocas partes del riñón que aún quedan sanas se ven obligadas a trabajar el doble. Esto acelera la aparición de cicatrices irreversibles en el órgano (esclerosis glomerular).

Un aumento descontrolado de pacientes que necesitan diálisis. Si no frenamos la enfermedad en sus etapas iniciales, empujamos inevitablemente al paciente a depender de una máquina para vivir. Es una tremenda ironía que la administración califique de 'inviable' mantener servicios locales de diálisis mientras, por otro lado, fabrica sin saberlo una masa enorme de futuros enfermos graves por no invertir en prevención. Además, cuando la enfermedad se descubre tarde, el paciente suele entrar en diálisis por urgencias y de malas maneras (colocando un tubo o catéter directo a una vena central), lo que duplica las complicaciones y aumenta un 40% el riesgo de fallecer durante el primer año.

La paradoja de todo esto es que no hace falta inventar nada nuevo. Países como Canadá o regiones españolas como la Comunidad Valenciana y Baleares han demostrado que invertir en prevención sale muy a cuenta. Utilizan sistemas informáticos inteligentes en el historial clínico del paciente que avisan automáticamente al médico cuando los valores del riñón empiezan a empeorar. Esto permite que el médico de cabecera envíe al paciente de forma rápida y organizada al nefrólogo.

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación. Por eso resulta desolador ver cómo proyectos técnicos que ya estaban aprobados, firmados y con dinero asegurado desde fuera se quedan guardados en un cajón por la pereza de la administración o la falta de diálogo de los directores de los hospitales.

Seguir discutiendo únicamente sobre dónde se ponen las máquinas de diálisis es un error de bulto. Es como preocuparse por las lanchas salvavidas cuando el barco se está hundiendo por un agujero en el casco que nadie quiere tapar. Proteger la salud de la gente exige sacar a la luz esta enfermedad oculta. Es hora de que los gestores sanitarios dejen de conformarse con estadísticas falsas y miren la realidad de frente: descubrir el problema hoy es salvar vidas mañana.

Concentración de la Riqueza

Según un informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF):

• Crecimiento exponencial: El 1% más rico de España pasó de concentrar el 24% de la riqueza nacional en 2017 al 30% en 2023 (un aumento de 6 puntos en solo seis años).

• Efecto autorreforzante: El capital genera rendimientos (intereses, dividendos) que se reinvierten, haciendo que la riqueza crezca de forma exponencial para quienes ya la poseen.

• Vulnerabilidad social: Desde la crisis de 2008, el 50% de la población con menos recursos ha perdido la mitad de su riqueza neta, reduciendo su resiliencia económica.

Los expertos y organizaciones como Oxfam Intermón denuncian que el sistema actual es ineficiente para gravar los grandes patrimonios:

• El Impuesto de Patrimonio tiene "techo de cristal y pies de barro": las exenciones y el margen que tienen las comunidades autónomas para aplicar deducciones hacen que se escape el 98% del patrimonio imponible, lo que supone una pérdida de unos 8.800 millones de euros anuales.

• Los ultrarricos no necesitan recurrir a paraísos fiscales; simplemente aprovechan las ventajas legales y los "agujeros" diseñados dentro del propio sistema, el cual está pensado para gravar las rentas del trabajo y no los grandes capitales.

Vamos, lo que plantean hacer PP y Vox

¿Patriotas de hojalata? El PP y la complicidad de Trump.

La política europea acaba de recibir un impacto en la línea de flotación, y las réplicas se están sintiendo desde Madrid hasta París, pasando por Roma y Berlín. Lo que los medios internacionales (con el semanario italiano L’Espresso a la vanguardia, pero también el diario L'Humanité señala que Pedro Sánchez se ha convertido en el objetivo prioritario de una derecha «revanchista» dispuesta a utilizar acusaciones sin pruebas, montajes manipulados у campañas de desinformación contra el presidente del Gobierno español), como el «expediente Zapatero» no es un simple caso judicial doméstico sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra; es la confirmación de que la Administración de Donald Trump ha inaugurado una nueva y agresiva era de guerra híbrida en suelo europeo. Una era donde los dosieres de inteligencia y la presión judicial sustituyen a la diplomacia tradicional.

La caída en desgracia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cercado por una investigación judicial con el apoyo explícito del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), opera como el ariete perfecto. El objetivo real no es el pasado, sino el presente: erosionar por asociación al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. España cometió el "pecado" de desafiar abiertamente las directrices de Washington al negarse a ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense contra Irán, además de mantener una postura sumamente crítica hacia las acciones de Israel. En la lógica de la Casa Blanca, la disidencia se paga cara, y el desaire diplomático de Sánchez al no recibir aún al nuevo embajador, Benjamín León Jr., parece haber sido la gota que colmó el vaso.

Si el todopoderoso DHS de EE. UU. puede colaborar oficialmente con la policía local para desenterrar o propulsar causas judiciales que dinamiten la estabilidad de un Ejecutivo europeo, la soberanía de la Unión Europea pasa a ser una ficción. No es de extrañar que el nerviosismo cunda en las cancillerías aliadas. Líderes como el canciller alemán Merz, el francés Emmanuel Macron o incluso la italiana Giorgia Meloni, quien ya marcó distancias con Trump durante la crisis de Irán, miran hoy a España con las barbas puestas a remojar. Saben perfectamente que las agencias estadounidenses (CIA, FBI, DHS) custodian secretos e información sensible de medio continente. Con Trump, las fronteras entre la inteligencia, la geopolítica y el activismo judicial se han vuelto peligrosamente difusas.

Frente a este ataque coordinado, el PSOE ha cerrado filas de manera interna exigiendo unidad y defendiendo el honor de Zapatero. Es una reacción lógica de supervivencia política, pero que se queda corta ante la magnitud del desafío. Esto ya no va de siglas, va de soberanía nacional y europea. La Unión Europea se enfrenta a un espejo incómodo. Si permite que los dosieres de Washington quiten y pongan gobiernos a su antojo mediante filtraciones interesadas y guerras judiciales, la UE dejará de ser un actor global para convertirse, definitivamente, en el patio trasero de la Casa Blanca. La tormenta ha empezado en Madrid, pero el cielo está negro sobre toda Europa.

En Génova 13 parecen haber olvidado que la soberanía nacional de un país se defiende siempre, sin importar las siglas de quien ocupe el palacio de la Moncloa. Olvidar este principio básico de la democracia no solo es una irresponsabilidad flagrante, sino un acto de preocupante sumisión. La revelación de que el entorno de Donald Trump está utilizando el llamado "expediente Zapatero" como ariete para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez ha destapado una de las maniobras de injerencia extranjera más agresivas de la historia reciente de la Unión Europea. Lo verdaderamente desolador, sin embargo, es ver cómo la derecha española se presta entusiasmada a hacerle el trabajo sucio a una potencia extranjera.

El modus operandi de la Casa Blanca de Trump roza el matonismo geopolítico. Como represalia por la legítima y valiente negativa de España a ceder las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán, y por no alinearse ciegamente con sus directrices en Oriente Medio, Washington ha decidido declarar la guerra híbrida al Ejecutivo de coalición. Utilizando a agencias como la CIA, el FBI y el DHS para filtrar expedientes e intervenir en investigaciones judiciales, Trump busca enviar un mensaje mafioso a toda la Unión Europea: el líder que ose desafiar sus intereses será desestabilizado desde dentro.

Trump ha convertido la inteligencia y la justicia en armas de extorsión política. Frente a este ataque intolerable a nuestra soberanía, la respuesta de la oposición debería haber sido unánime en su condena. Pero el Partido Popular ha preferido los votos a la dignidad nacional.

Resulta bochornoso observar la prisa con la que los líderes del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, e Isabel Díaz Ayuso han acudido a rendir pleitesía al nuevo embajador estadounidense, Benjamín León Jr., mientras este se queja públicamente de no haber sido recibido por el presidente del Gobierno. En lugar de cerrar filas con el Estado frente a una intromisión extranjera de manual, el PP y Vox actúan como los altavoces de los dosieres de Washington, utilizando de forma carroñera filtraciones interesadas para erosionar al Ejecutivo socialista por pura táctica partidista. Aplaudir que una potencia extranjera interfiera en el sistema judicial español para forzar un cambio de ciclo político no es hacer oposición; es ser cómplice de un ataque a la autonomía de las instituciones del propio país.

Si el PP legitima que Trump quite y ponga gobiernos en Europa mediante el chantaje y la guerra judicial, está abriendo una caja de Pandora irreversible. Hoy el objetivo es Sánchez por no doblegarse ante el Pentágono, pero mañana el afectado podría ser cualquiera que no cumpla los caprichos del inquilino de la Casa Blanca. Europa no puede permitirse ser el patio trasero de un autócrata en Washington, y España no se merece una oposición tan miope y dispuesta a arrodillarse ante el acoso extranjero con tal de arañar un puñado de votos. El PP debería limitarse a dejar que los jueces actúen, si es que confían en la justicia como dicen, en lugar de pasarse las 24 horas de cada día desde hace casi ocho años pidiendo elecciones y actuando convencidos de que todo vale para llegar al poder. Hasta alguien que vulnera sistemáticamente el derecho internacional les vale para alcanzar su fin.