La urgencia de desmercantilizar el derecho a la vivienda

El debate sobre la vivienda en España suele desviarse rápidamente hacia la empatía hacia el pequeño propietario que teme el impago o la regulación. Sin embargo, abordar el problema residencial desde la visión del rentista individual enmascara la verdadera raíz sociopolítica del conflicto: como se ha transformado estructuralmente lo que es un derecho fundamental, en un activo financiero que genera redito privado.

Es innegable que existe una distinción operativa entre un fondo de inversión multinacional y un particular que alquila una segunda residencia. No obstante, centrar el análisis en la desprotección del pequeño tenedor parece hacer olvidar que la función social de la propiedad reconocida en el marco constitucional debe prevalecer sobre la rentabilidad individual. Cuando el 70% del salario de un joven o la mayor parte de una pensión contributiva se destina a pagar un techo para habitar, no estamos ante un desajuste entre oferta y demanda, sino ante una transferencia de renta desde las clases trabajadoras y precarizadas hacia las rentistas.

Propuestas como los modelos de intermediación pública representan pasos interesantes, pero resultan insuficientes si el Estado asume todos los riesgos para que el sector privado conserve unas rentabilidades garantizadas. La verdadera estabilidad habitacional exige medidas estructurales y valientes. Vayan solo tres:

Garantía contractual y control de precios: Los contratos de larga duración o indefinidos junto a la limitación de precios no son arbitrariedades, sino la base mínima de certidumbre vital para evitar el desahucio silencioso que provocan las subidas abusivas al finalizar cada contrato.

Erradicación de la especulación y del alquiler turístico: La vivienda residencial no puede competir con la rentabilidad del turismo ni con la acumulación corporativa. La prohibición de la compra especulativa por parte de personas jurídicas y la reconversión del suelo turístico a residencial son prioridades urgentes.

Parque público blindado e inalienable: La creación de un gran parque público de alquiler que no pueda ser privatizado por futuros gobiernos es la única garantía a largo plazo para estructurar un mercado accesible y neutralizar la brecha habitacional generacional.

El Estado no puede limitarse a actuar como asegurador de los riesgos del arrendador. La vivienda es la infraestructura básica sobre la que se construye una sociedad, la autonomía juvenil y la dignidad en la vejez; desmercantilizarla es una condición indispensable para la cohesión social.

La violencia impune y el silencio de Defensa

Lo ocurrido hace apenas tres días en Ceuta que ha sido difundido en vídeos que documentan golpes y agresiones de miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes ya reducidos, representa un cruce de líneas rojas intolerable en un Estado de derecho. No es una cuestión sobre gestión migratoria o capacidad de recepción, sino que estamos ante la vulneración flagrante de derechos humanos fundamentales por parte de quienes ostentan el monopolio de la fuerza.

La militarización de la gestión fronteriza entraña un riesgo, atribuir funciones de control y orden público a efectivos militares sin la formación, la naturaleza policial ni el marco legal adecuado para el trato con civiles vulnerables genera inevitablemente espacios de opacidad y desproporción. Las personas interceptadas en la frontera son titulares de derechos, independientemente de su situación administrativa o del contexto de tensión que se viva en la zona. La fuerza pública no puede transformarse en un instrumento de castigo ni en un desahogo.

Casi tan grave como la violencia en sí es la postura inicial del Ministerio de Defensa. El perfil bajo, la ambigüedad en las explicaciones y el intento de aplazar responsabilidades al amparo del "contexto" o la tensión fronteriza terminan por legitimar un clima de impunidad. Un Ejecutivo progresista no puede ponerse de perfil cuando la violencia la ejercen agentes de su propia administración. La tibieza institucional no solo revictimiza a los agredidos, sino que alimenta el discurso de la extrema derecha, que normaliza la deshumanización de las personas migrantes.

Y que nadie se confunda. Si algún militar es agredido, que el agresor sea detenido, juzgado y expulsado. Pero eso no está reñido con exigir la apertura inmediata de investigaciones judiciales, la depuración de responsabilidades disciplinarias y penales, y la desmilitarización del control migratorio en Ceuta y Melilla no es una postura ideológica radical: es el mínimo ético y democrático exigible para evitar que la frontera sur de España siga convirtiéndose en una zona de excepción normativa.

La doble vara de medir del monopolio de la fuerza

La violencia institucional rara vez es neutra. Las diferentes imágenes que hemos visto de actuaciones policiales revelan un fenómeno estructural recurrente: el uso asimétrico y sesgado de la coerción que ejerce la policía según el signo ideológico de las protestas y de quienes sufren la agresión. 

Cuando el aparato represivo interviene ante colectivos pacificos que defienden derechos sociales, como la lucha contra un desahucio, la fuerza tiende a aplicarse de forma desproporcionada. En cambio, ante agresiones o intentos de linchamiento dirigidos hacia militantes progresistas, activistas u ONG, se evidencia una pasividad o condescendencia alarmante. Esta selectividad demuestra que las fuerzas de seguridad no actúan como meros árbitros neutrales, sino como las garantes de las dinámicas de poder dominantes. 

A esto se suma la deshumanización sistemática hacia las personas más vulnerables, como las personas migrantes. Las vejaciones relatadas en Ceuta y la falta de asunción de responsabilidades por parte de las instituciones gubernamentales y mandos militares, reflejan una impunidad profundamente arraigada. 

Cuando el monopolio de la violencia se ejerce deliberadamente a ciegas, hacia los abusos de la extrema derecha, y con contundencia contra los movimientos populares, la democracia se queda vacía de contenido real. 

El ministerio del interior y la dirección general de la policía deberían buscar una verdadera regeneración democrática para poner fin al sesgo ideológico en las fuerzas del orden y garantizar que la ley no sirva para la impunidad coercitiva. 

El capital les pesa más que el Evangelio

El drama del desahucio de Maricarmen de la que fue su casa durante más de siete décadas en Madrid, y la tragedia humanitaria en la frontera de Ceuta han sacado a la luz las vergüenzas de la jerarquía católica en España. 

Mientras los movimientos sociales, sindicatos de inquilinas, la Hermandad Obrera de Acción Católica , Cruz Roja y cristianos de base hacían frente a la violencia policial y la codicia de un fondo buitre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha optado por ser la “mudita” de esta lamentable situación. 

Su silencio no es fruto de la distracción, sino de su cálculo político, de su frialdad.  La Iglesia es una institución de matriz absolutista y dinámicas corporativas, y eso hace que su jerarquía acue con la lógica implacable de, antes que nada, preservar  sus privilegios materiales y políticos.

La hipocresía se ha convertido en parte de su estructura. No me dirán ustedes que no es profundamente contradictorio que, mientras el Vaticano califica de "crisis humanitaria" la situación en la frontera sur y apela de manera insistente a la defensa de los derechos sagrados a "tierra, techo y trabajo", los prelados españoles se muestren con un perfil plano y temeroso. Resulta sangrante ver cómo una institución que ejerce como una verdadera potencia en el mercado inmobiliario y que ha sido beneficiada por inercias históricas y marcos legales como el de las inmatriculaciones, hoy le da la espalda de forma metódica a la vulnerabilidad. 

Las excusas salidas de los pasillos eclesiásticos en los que aluden a un letargo por el viaje papal o a la prudencia ante un posible cambio de gobierno, revelan la verdadera naturaleza de su posicionamiento. No se trata de neutralidad ni de distancia evangélica; es mero oportunismo táctico. La cúpula episcopal prefiere evitar cualquier conflicto con las dinámicas del capital financiero y los fondos buitre, no solo porque comparte con la derecha socioeconómica la defensa  férrea  del modelo de propiedad privada especulativa (son un fondo buitre más), sino porque teme las represalias del bloque reaccionario si decide respaldar los mínimos éticos de la vivienda pública y el bienestar social. Además de interesados, cobardes.

El miedo de la jerarquía eclesiástica al señalamiento de la extrema derecha, que ya acusó a los sectores católicos comprometidos de confeccionar "un Evangelio a la imagen del PSOE" por el mero hecho de defender a una anciana desahuciada,  demuestra hasta qué punto los obispos han supeditado su función pastoral a las dinámicas de la lucha partidista. Prefieren mantener intacto su entramado institucional, sus exenciones fiscales y sus conciertos antes que incomodar a los sectores financieros que convierten los barrios en activos especulativos. 

Esta actitud contrasta drásticamente con la contundencia que la misma Conferencia Episcopal exhibe cuando se trata de movilizarse o presionar en cuestiones normativas de derechos civiles, feminismo o diversidad sexual. En esos frentes no dudan en alzar la voz; sin embargo, ante la expulsión violenta del hogar de personas vulnerables, la crueldad del mercado del suelo o la flagrante vulneración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, prefieren agachar la cabeza. 

La lección que nos deja este episodio es clara. Mientras las comunidades cristianas de base y las parroquias de barrio luchan codo a codo la comunidad, la alta jerarquía episcopal actúa como un actor político conservador dedicado a velar por sus propios intereses de clase. Sus solemnes risitas institucionales y sus ostentosas cruces en el pecho contrastan con el abandono de los más golpeados por la crisis de la vivienda. 

Una vez más, cuando hay que elegir entre la justicia social y el poder económico, la cúpula eclesiástica siempre elige el capital. 

MIENTE QUE ALGO QUEDA.

 El Abuelito mentía.

Vivas reconoce ahora que el Gobierno nunca le dijo que dejara de llamar por Ceuta y que era un “pesado”

24 septiembre 2026 - 16:58 h

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido este jueves en Madrid que nadie del Gobierno le conminó a que dejara de llamar a la Moncloa en los días previos ni posteriores a la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma, y que nadie le llamó “pesado” por insistir en sus comunicaciones. Tanto él mismo como los principales portavoces del PP han arremetido en las últimas semanas y de forma insistente contra el Ejecutivo por, supuestamente, despreciar las llamadas de Vivas.

Banalización del spray

Confundir la tribuna parlamentaria con un plató de televisión o una red social para agitar el miedo tiene consecuencias directas sobre la calidad democrática. Cuando una representante pública utiliza un artefacto categorizado formalmente como arma dentro del hemiciclo para hacer demagogia, no solo vulnera el marco normativo sobre seguridad e instituciones; demuestra también un profundo desprecio por el principio de que los problemas sociales se resuelven con políticas públicas e inversión social, no con efectismo ni sprays en la tribuna.

A la diputada del PP Ana Vázquez se le ha subido a la cabeza su participación en televisión y se creé que todo es un plató. Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en la administración pública, habiendo ejercido como coordinadora de la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía en la Escuela Nacional de Policía de Ávila (donde ha ejercido también labor docente y de gestión), además de haber sido alcaldesa del municipio orensano de Bande entre 2006 y 2007. Eso la obligaría a conocer la ley, pero ya está claro que todo les vale.

¿Qué dice la ley? Para que no te engañen, que las redes están mintiendo. El Reglamento de Armas (RD 137/1993, art. 5.1.f) clasifica los sprays de defensa dentro del régimen de las armas. Solo permite la tenencia y uso de aquellos que cuenten con homologación expresa del Ministerio de Sanidad y sean adquiridos en armerías autorizadas por mayores de edad. 

Introducir un objeto catalogado jurídicamente como arma en el Congreso contraviene los protocolos de seguridad de un edificio de alta protección y vulnera el orden del debate parlamentario.

Utilizar un artefacto regulado como arma en el hemiciclo para hacer demagogia antepone el efectismo a la resolución democrática de los problemas sociales mediante políticas públicas.

Felicidades a el Intermedio y a Andrea Ropero

 Felicidades a el Intermedio y a Andrea Ropero por el reportaje sobre el desahucio que acaban de emitir. ¿Dónde están esos grandes defensores de los españoles de PP y Vox? Ellos tumbaron el decreto de prórroga de los alquileres junto a Juns.

Ayuso dice que Madrid es la casa de todos. Eso sí, si puedes pagársela a un fondo buitre.

Hoy es Mari Carmen pero mañana puede ser cualquiera. Ahora vas y los votas.

Capitalismo especulador y crueldad institucional: el desahucio de Maricarmen

Hoy Madrid ha amanecido con una escena que retrata la degradación ética e institucional de nuestro sistema político y económico. Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50 %, ha sido expulsada por la fuerza policial de la vivienda del distrito de Retiro en la que ha residido durante los últimos 71 años. Siete décadas de vida y memoria barridas por el rodillo del capital inmobiliario y por la indolencia cómplice de algunas administraciones públicas. 

El mecanismo de esta atrocidad es tan claro como perverso: un fondo de inversión, Urbagestión, pretendía imponerle un incremento del alquiler del 275 %, elevando la renta de 500 a 2.650 euros mensuales. Una cifra inasumible para cualquier pensionista y diseñada deliberadamente para forzar su expulsión. Ante el rechazo empresarial a cualquier aplazamiento o negociación, el brazo ejecutor del poder judicial  ha actuado con la máxima contundencia contra los activistas y vecinos que intentaban ejercer la solidaridad comunitaria. 

Este drama humano no ocurre en el vacío. Es el resultado directo de decisiones políticas bien concretas. En el plano estatal, la responsabilidad recae en una derecha bloqueadora que, de la mano del PP y Vox, votó en contra de la prórroga de los decretos de protección social frente a los desahucios. Al tumbar estas salvaguardas que impedían dejar en la calle a personas en situación de vulnerabilidad extrema, las fuerzas conservadoras y de extrema derecha dieron luz verde a los fondos buitre para ejecutar su botín.

Sin embargo, el marco local resulta aún más sangrante. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino, capitaneados por Ayuso y Almeida, han convertido a la región en un laboratorio de ultraliberalismo inmobiliario. En lugar de desarrollar un parque público de vivienda o aplicar las medidas de contención de rentas, ambas instituciones han optado por la inacción deliberada y la complicidad con el gran tenedor. Su modelo de «libertad» es, en la práctica, la impunidad del mercado para arrancar a una anciana en silla de ruedas de su hogar.

El desahucio de Maricarmen demuestra que cuando la vivienda se gestiona como un activo de especulación rápida en lugar de como un derecho constitucional, la democracia se vacía de contenido para dejar paso al salvajismo capitalista.

Las calles antes que esperar las urnas

La salud de una democracia se mide por la lealtad procesal ante las derrotas  y no por la fortaleza de sus victorias. Lo que hoy atestiguamos con la alianza entre el PP y Vox, es que, tras el desgaste de la Ley de Amnistía, están utilizando la crisis de Ceuta como su nueva trinchera. En un caso y en otro se trasciende lo que es la mera oposición legítima: esto es una enmienda a la totalidad de las reglas del juego democrático y del resultado de las urnas. 

El sábado acudirán de la mano a una concentración en Madrid que plantea un ultimátum para que Sánchez convoque elecciones antes del 15 de noviembre. El anuncio apoyado por PP y secundado por sectores ultras de lanzar un "ultimátum" que exija la convocatoria de elecciones, bajo la amenaza explícita de "paralizar el país" constituye un chantaje político inédito hasta ahora en nuestro país. Hablar de la "voluntad del pueblo soberano" para arrogarse una representatividad que no lograron en las urnas es una apropiación patrimonialista del Estado. 

La derecha parlamentaria no actúa como leal oposición, sino como un actor de insurrección de baja intensidad que dinamita los procedimientos institucionales cuando estos no responden a sus intereses de poder. 

Aún más grave es la deslegitimación sistemática del sistema democrático: sembrar dudas infundadas sobre la validez del censo electoral e instrumentalizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad son tácticas harto conocidas del populismo derechista global para erosionar la confianza ciudadana.

Cuando la derecha asume el lema de "o elecciones o el caos", demuestra que no cree en la soberanía popular, sino en su propio derecho natural a gobernar. La presión social y la movilización son herramientas legítimas de la ciudadanía, pero utilizarlas para violentar los plazos constitucionales y forzar la caída de un Gobierno legítimo roza la subversión de la institucionalidad democrática. 

La frontera y la trampa del miedo

Hay un hilo invisible y extraordinariamente resistente que une el populismo, la irresponsabilidad política y la deshumanización de los migrantes. Lo estamos comprobando en Ceuta. Cuando la dirección de la derecha se desplaza a la frontera norteafricana, el objetivo raras veces es comprender la complejidad de un país atravesado por la desigualdad global; la meta casi siempre es encontrar un plató donde aparecer más fotogénicos para alimentar el discurso del miedo.

La rueda de prensa de ayer entre Feijóo, el presidente ceutí y el líder del PP europeo, Weber fue un espectáculo de contradicciones. No es solo un simple tropiezo ni una anécdota para guardar en la hemeroteca, sino el síntoma de una profunda brecha entre la realidad jurídica y material de los territorios y el afán electoralista de una derecha arrastrada por la ultraderecha. 

El fenómeno de la migración no se aborda desde la histeria ni desde el belicismo; es un proceso humano condicionado por la brecha Norte-Sur, el cambio climático y la inestabilidad geopolítica que vivimos desde la llegada del señor de cabello color zanahoria a la Casa Blanca. Sin embargo, al prometer devoluciones automáticas «de mayores y menores, sin importar su condición», la derecha conservadora no solo abraza la deshumanización, sino que desafía abiertamente el Estado de Derecho, el principio de no devolución y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo trágico es que ni siquiera sus propios barones locales pueden sostener la mentira: fue el propio Vivas quien tuvo que recordar, frente a los micrófonos, que la legislación y los tratados internacionales impiden las expulsiones masivas a la carta.

Esta política de titular fácil, buscando inflamar el discurso, donde las manifestaciones de miles se transforman mágicamente en «millones» y donde se prometen medidas que el Gobierno central ya ha ejecutado, busca convertir a Ceuta en el epicentro de un desgaste partidista permanente. Pero jugar con fuego en una frontera internacional sensible no va a salir gratis.

Promover o deslizar escenarios límite, llegando al extremo de coquetear discursivamente con la idea de una «situación de guerra» o de conflicto bélico e inmimente en la frontera con Marruecos, no es una mera provocación política. Para la sociedad ceutí, un marco de esta naturaleza supondría una condena absoluta y su devastación. Es fácil de entender lo que afirmo:

-Ceuta es una ciudad diversa, cuya riqueza y estabilidad descansan sobre su multiculturalidad social, pero eso hace su política más delicada. Declarar o normalizar una lógica de guerra fronteriza dinamitaría esa cohesión interna, alimentaría la estigmatización del vecino, la islamofobia y la fractura social entre sus propios habitantes.

-Muchos empresarios en apoyo a Ceuta, pero parecen no preocuparse de que la economía de la ciudad es sumamente vulnerable y dependiente del comercio, los servicios y las instituciones. Convertir la frontera en una zona de guerra jurídica o militar ahuyentaría la inversión, paralizaría el turismo, asfixiaría el comercio local y transformaría a Ceuta en una ciudad militarizada e inviable en términos económicos.

-Introducir la lógica bélica implica subordinar las garantías constitucionales a la seguridad del Estado. Para los ceutíes, esto significaría vivir bajo un régimen de excepcionalidad, con restricciones a la movilidad, mayor control social y la degradación sistemática de los derechos civiles.

-Y por último, reducir la relación con el vecino a un frente de batalla aislaría a la ciudad no solo de su entorno geográfico inmediato, sino también de las dinámicas de cooperación euromediterráneas, convirtiendo a sus vecinos en rehenes de una tensión diplomática perpetua.

Ojala esto lo piensen quienes viven en Ceuta, una ciudad que no necesita tropas de propaganda ni fuego verbal que fantasee con trincheras. Lo que Ceuta y sus ciudadanos exigen es solidaridad interterritorial, inversiones estructurales, un modelo de cooperación leal con la Unión Europea y una política migratoria basada en la legalidad internacional, los derechos humanos y la justicia social. 

Todo lo demás es convertir la angustia de un pueblo en combustible para la crispación, pensando solo en el desgaste de un gobierno que no ha gestionado bien la avalancha de personas, pero que, por mucho que la derecha se empeñe, no la ha propiciado, sino que es la victima política de ella.

La retórica que enciende la mecha de la violencia en Ceuta

En las últimas semanas, los acontecimientos en Ceuta han alcanzado un punto de inflexión que exige algo más que la retórica habitual de condena por parte de las instituciones. La agresión sufrida por una diputada del Parlamento de esa ciudad, cuyo vehículo fue atacado con piedras y huevos al ser confundido en medio de un clima de violencia desatado, no es un hecho aislado ni un desafortunado error, sino que se . de la manifestación concreta de un tipo de terrorismo.

Ese terrorismo, no requiere de una orden explícita de ataque desde alguien al mando, sino que funciona a través de la acumulación de un lenguaje beligerante, criminalizador y deshumanizador proyectado desde los políticos y sus altavoces mediáticos. Cuando desde las instituciones y el poder se construyen relatos como «invasión», «olla a presión» o ciudades «al límite», se está provocando violencia social. No se indica quién debe tomar la piedra o lanzarla, pero ideológicamente se señala el objetivo y al «enemigo». La agresión física es simplemente la inevitable consecuencia de ese caldo de cultivo.

Lo ocurrido en Ceuta demuestra cómo la instrumentalización de los fenómenos migratorios y de la diversidad cultural fractura la convivencia democrática. Durante un periodo prolongado, la extrema derecha y los sectores conservadores han utilizado el pánico como herramienta de movilización electoral. Esta estrategia de señalamiento, que comenzó contra las personas migrantes y los colectivos musulmanes, ya se ha extendido de manera natural a periodistas, a voces disidentes y representantes políticos opuestos. El fascismo y la violencia difusa nunca se detienen en el primer señalado; por su propia lógica expansiva, terminan engullendo a todo aquel que no se pliegue al discurso de quienes impulsan esa dinámica. 

Ante este panorama, las tímidas apelaciones a la «paz social» o a la «no violencia» por parte del Gobierno autonómico de Vivas resultan estériles e hipócritas. No es posible apagar un incendio con agua mientras en la otra mano se tiene la lata de gasolina. Las condenas en abstracto a la violencia carecen de validez política si no van acompañadas de una enmienda a la totalidad del discurso del odio que las alimenta. Un gobierno que se pretende democrático tiene la obligación de desactivar la crispación, no de capitalizarla mediáticamente en favor de titulares nacionales o calculados intereses partidistas.

Ceuta, y con ella toda España, se encuentra en una encrucijada donde ya no solo se debate la gestión de una crisis migratoria o fronteriza, sino el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Permitir que la sospecha, la deshumanización y el señalamiento al diferente se instauren como algo normal y cotidiano equivale a dar por bueno que se puedan degradar nuestros derechos fundamentales. Si la izquierda y las fuerzas democráticas no construyen un cortafuegos firme basado en la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el rigor de la ley, la violencia de hoy, aún una excepción, se convertirá en la norma del mañana.

Ceuta no necesita más retórica del miedo ni liderazgos que alimenten el conflicto. Requiere, con carácter de urgencia, una política pública orientada a la convivencia, la justicia social y el fin absoluto del señalamiento sistemático de sus propios vecinos y visitantes.

La crisis humanitaria convertida en negocio y partidismo

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha dejado de ser un problema de capacidad asistencial para convertirse en un ejercicio de cinismo político. La actuación del Gobierno de la Ciudad Autónoma encarna gran y sangrante paradoja: la exigencia permanente de auxilio al Estado mientras perpetúa el colapso como estrategia de desgaste y beneficio propio.

Al presidente ceutí los menores le importan, más o menos, en función de cuál sea su destino. Si es enviarlos a la península, como PP y Vox se oponen frontalmente, y es el Gobierno central quien le ofrece hacerlo, a Vivas le da un ataque de responsabilidad porque su Administración es quien tiene la tutela de estos menores. Sin embargo, esa cautela, desaparece si se habla de devolverlos a Marruecos. 

Esa debe ser la causa por la que Ceuta ignora desde el 28 de agosto, una propuesta del Gobierno para acoger a 500 menores en la Península a través del Ministerio de Juventud e Infancia. Esta propuesta la remitió a la consejería competente de la ciudad autónoma en un documento en el que se detallan las plazas disponibles en una entidad social de la península, el protocolo a seguir para los traslados y el coste del operativo, que sería sufragado por la Administración central. Veinte días después, el equipo de Vivas aún no ha dado una respuesta al Ministerio.

La protección de los menores no acompañados no es un favor ni una concesión; es un mandato constitucional y un deber ético ineludible. Sin embargo, la administración ceutí ha preferido convertir su responsabilidad en una trinchera ideológica. Mientras su red de acogida la declara desbordada y el Ejecutivo local muestra un victimismo gloriosos ante los medios, la realidad material muestra que es el Gobierno de España quien sostiene económicamente el dispositivo, despliega los medios logísticos y asume la carga operativa real de la emergencia. Ceuta retiene las competencias de protección a la infancia para gestionar la foto y el discurso, pero externaliza las responsabilidades materiales hacia la administración central en cuanto surge la tensión.

La contradicción resulta aún más flagrante cuando se examinan los presupuestos. La emergencia humanitaria ha generado una inyección constante de fondos para hacerle frente y de subvenciones estatales. Lejos de traducirse en una red pública sólida y transparente de atención a la infancia, asistimos a su mercantilización: contratos de emergencia, derivaciones opacas y una gestión donde la privatización de servicios convierte los recursos públicos en una vía de extracción de rentas para entramados locales. Se socializa el coste y el sufrimiento de los menores mientras se privatiza la rentabilidad económica.

Pero el mayor bloqueo a una solución definitiva no está en la falta de espacio, sino en el cálculo partidista. Resulta insostenible que el Gobierno de Ceuta señale al Estado mientras su propia formación política en la Península frena de manera sistemática cualquier reforma legislativa vinculante, como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que garantice el reparto obligatorio y solidario de menores entre todas las comunidades autónomas. Preferir el caos en la frontera para desgastar al Ejecutivo central antes que respaldar una solución estructural y solidaria es una irresponsabilidad política mayúscula.

Ceuta no puede seguir funcionando como un enclave donde se exige solidaridad para recibir fondos, pero se fomenta el bloqueo institucional para evitar soluciones duraderas. Mantener a cientos de niños y adolescentes en condiciones de hacinamiento para alimentar un relato de abandono es una flagrante dejación de funciones. 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que todos los españoles podamos  superar el chantaje competencial? ¿Se va a fiscalizar cada euro destinado a la infancia? ¿Qué necesitan los votantes del PP para asumir que la dignidad de los derechos humanos no se negocia desde el partidismo?

Cuando la toga encarcela la solución

Lo que estamos presenciando en Ceuta ya no es un mero desacuerdo institucional ni un ajuste de discrepancias administrativas. Es la escenificación cruda y sin tapujos de un golpe de estado blando ejecutado desde los despachos judiciales. La decisión de la Audiencia Nacional de frenar de forma cautelarísima el uso de las instalaciones portuarias habilitadas por el Ministerio de Transportes para dar cobijo digno a cientos de seres humanos atrapados en las calles no responde a la estricta legalidad, sino a la estrategia del estancamiento: asfixiar la gestión del Gobierno legítimo a costa de la dignidad de los más vulnerables.

El entramado está perfectamente articulado. Por un lado, una derecha reaccionaria encarnada en el PP de Vivas y la extrema derecha de Vox, empeñada en cronificar el caos urbano y la tensión social en la ciudad autónoma para rentabilizar electoralmente el miedo y la xenofobia. Por otro, una judicatura esclerótica, auténtica «Toga Nostra» heredera de la inercia franquista, que no duda en convertirse en un poder legislativo de facto, extralimitándose en sus funciones para paralizar cualquier respuesta del ejecutivo, sea pragmática o solidaria. Cuando los jueces dictan la política migratoria y los sindicatos policiales politizados actúan como arietes de la oposición, la división de poderes deja de ser un contrapeso democrático para convertirse en un secuestro institucional.

A esta pinza político-judicial se le suma el cinismo de no ofrecer ni una sola alternativa. Se impide al Gobierno acoger, se bloquea la derivación coordinada entre Comunidades Autónomas y se castiga a la población de Ceuta a convivir con el desamparo estructural. El objetivo no es resolver la crisis humanitaria; el objetivo es que la crisis acabe contaminando al Ejecutivo.

Ante este sabotaje continuado, la respuesta de los progresistas y de la ciudadanía democrática no puede seguir siendo el repliegue pusilánime ni la apelación a un juego limpio que la derecha rompió hace tiempo. Es hora de dar la batalla del relato, exigir una reforma profunda del acceso a la carrera judicial para erradicar el corporativismo y hacer lo que está haciendo la derecha, tomar la calle. Frente al golpismo de toga y despacho, la única respuesta sólida es más democracia, más soberanía popular y una defensa irrenunciable de los derechos humanos.

Cuando la decencia se condiciona a las urnas

Somos muchos/as los que nos parece que los insultos y la falta de respeto verbal en nuestros políticos no solo debería estar desterrada de la práctica cotidiana, sino que a quien hace de ello un instrumento de su forma de actuar se le debería sancionar e incluso aparcar, aunque solo fuera temporalmente por su formación política. La realidad es que desde que el grupo gallego llegó al Madrid de la frutera, todas las soeces del vocabulario parecen tener cabida. Y sí, en la izquierda también se practica, pero no hay comparación al ser los Hernando, Tellado, y el moderadísimo Feijoo, incomparables.

Las declaraciones de Sémper prometiendo que con la llegada de Feijóo a la Moncloa «se desterrará el insulto y la mala educación» de la política española es la prueba del 9 de un vicio de origen profundamente revelador. El anuncio resulta fascinante como ejercicio de responsabilidad democrática. Es sencillamente una muestra de cinismo. Esta falacia descansa sobre dos pilares que desmontan cualquier intento de proyectar una imagen de centralidad moderada.

En primer lugar, Sémper presenta la regeneración del debate público no como una exigencia ética inmediata e innegociable para su propia formación, sino como una transacción electoral. El mensaje dirigido a la ciudadanía es tan transparente como chirriante: la cortesía parlamentaria y el fin del enconamiento son una "recompensa" que solo se concederá a los españoles si votan en la dirección correcta. Condicionar el cese de la crispación al asalto al poder, equivale a reconocer que el tono de confrontación desmedida no es una patología indeseada del sistema, sino una táctica utilizada deliberadamente desde la oposición para desgastar las instituciones hasta que consigan el objetivo político.

En segundo lugar, la proclama ignora la práctica diaria del PP en las Cortes, los parlamentos autonómicos y los medios de comunicación. Resulta metodológicamente imposible sostener en su discurso la bandera de la regeneración mientras se convive en perfecta sintonía con perfiles públicos y portavoces parlamentarios cuyo capital político se basa, de manera sistemática, en la descalificación personal, la hipérbole moral y la deslegitimación del adversario.

El objetivo es proyectar un perfil de gestión técnico, moderado y preparado para gobernar, mientras mantiene movilizado al electorado más radicalizado mediante el ataque continuo. Semper apela al entendimiento, la corrección institucional y la concordia, mientras descalifica a personas, hace acusaciones desproporcionadas y deslegitima al rival.

Desde una perspectiva de análisis esta estrategia responde al conocido doble juego de la derecha institucional contemporánea: utilizar a figuras de perfil moderado y amable como cortina de humo mediática, mientras la maquinaria del partido ejerce una labor de erosión de trazo grueso. 

Pretender que el clima político cambiará por arte de magia al cruzar la puerta de Presidencia no solo es irreal, sino que le quita responsabilidad al que contribuye activamente al deterioro del espacio público. El señor Sempér debería saber que la decencia institucional no se promete a futuro bajo la condición de estar en el poder; se demuestra en el presente desde la oposición. 

El derecho al voto a examen

La reciente decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente, la efectividad electoral de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) relativas a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, hoy  denominada «ley de nietos», ha situado de lleno en el debate el equilibrio entre la garantía del sufragio activo (art. 23 CE) y la seguridad del censo electoral.

Este choque de legitimidades plantea cuestiones de hondo calado. Sin embargo, en el espacio de la discusión pública la controversia se percibe con absoluta gravedad desde  el control judicial, la seguridad jurídica y el trasfondo sociopolítico.

En la Constitución de 1978, la ciudadanía española conlleva indisolublemente el pleno ejercicio de los derechos políticos. La suspensión cautelar del derecho al voto para ciudadanos que ostentan la nacionalidad genera una anomalía muy compleja de justificar, y se corre el riesgo de que, mediante decisiones cautelares, crear una categoría de «españoles a medias» o de atentar contra la igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta sus cautelares en la prevención de un supuesto riesgo en la limpieza del censo ante la masiva incorporación de nuevos ciudadanos. Sin embargo, restringir preventivamente la eficacia de un derecho fundamental por “el riesgo de alteración electoral” inflige una lesión real, inmediata e irreparable en el derecho de quienes no podrán ejercer el voto durante el tiempo que dure la suspensión.

La decisión del TS impone exigencias probatorias desproporcionadas. Requerir décadas después una acreditación fehaciente del exilio político para cada descendiente choca frontalmente con la realidad histórica del franquismo: una represión sin formas, económica o implícita que pocas veces dejó rastro en registros oficiales o carnés de filiación. La instrucción reglamentaria de 2022 buscaba, precisamente, evitar la indefensión provocada por la falta de archivos formales. Obligar a probar caso por caso supone imponer una prueba imposible a los herederos de las víctimas de la dictadura.

Esto ha provocado una profunda desconfianza institucional de los ciudadanos provocada por esta resolución. El Tribunal Supremo se percibe como un controlador  al actuar como un contrapoder político, y la imagen de una Junta Electoral Central aceptando esa decisión para evitar el choque institucional, se traducen en desasosiego y en el temor a que la lucha por el poder  también instrumentalice las togas y las normas electorales.

El dilema va más allá de la filiación partidista al asentar el precedente de que la atribución plena del derecho a voto puede subordinarse a sospechas de alguien sobre su orientación ideológica o su impacto cuantitativo en los bloques parlamentarios. Por mucho que no se quiera ver , esto a la democracia la debilita.

Revertir cuanto antes esta incertidumbre es una exigencia no solo técnica, sino democrática. Un Estado de Derecho no puede permitirse que la sospecha sobre el censo prevalezca sobre los derechos fundamentales en vigor. La respuesta no puede ser la exclusión cautelar, sino la máxima participación garantizada mediante mecanismos ordinarios de verificación no con la aportación de pruebas imposibles para muchos.

Democracia y justicia: cuando la toga intenta someter al voto

«Respeto a la justicia, pero respeto a la democracia». Esta frase, pronunciada con frecuencia en los platós y tribunas políticas, sintetiza la tensión central de nuestro tiempo: el choque de legitimidades entre la soberanía popular y el poder judicial. Sin embargo, no estamos ante una simple pugna sobre la división de poderes, sino ante un campo de batalla de clase y de poder real.

La democracia es la única herramienta que poseen las mayorías sociales y la clase trabajadora para disputar la hegemonía a los poderes fácticos. El voto es el gran igualador al otorgar el mismo peso al trabajador precario que al gran empresario. La justicia, en cambio, no está en una torre de marfil aséptica ni goza de una neutralidad divina. Los poderes judiciales han sido, históricamente, una de las estructuras más conservadoras del Estado, moldeadas por dinámicas de extracción de clase y endogamia corporativa.

En las últimas décadas, hemos asistido a una peligrosa deriva: la judicialización de la política o lawfare. Cuando la derecha pierde las elecciones y no logra la mayoría en las urnas, recurre a sectores afines de la judicatura para frenar avances sociales, perseguir el conflicto político o maniatar a gobiernos legítimos. Bajo una supuesta «defensa de la ley», se dinamitan decisiones respaldadas por la soberanía popular, como acabamos de ver con la llamada Ley de Nietos.

La ley no es un dogma inmutable esculpido en piedra; es el resultado cambiante de la correlación de fuerzas políticas y sociales. Respetar la justicia es fundamental para evitar la arbitrariedad, sí, pero la justicia debe emanar de la Constitución y del marco que el pueblo se ha dado democráticamente, no de la interpretación reaccionaria de unos pocos.

Cuando los tribunales pretenden gobernar o corregir la voluntad de las urnas, la frase deja de ser un matiz retórico para convertirse en un aviso de socorro: si la toga se impone sobre el voto, la democracia deja de pertenecer a las mayorías para volver a manos de las élites. 

De legítima trinchera a responsabilidad pública: Un análisis sobre la huelga médica

Los sindicatos médicos convocan  huelga indefinida en todo el país a partir del 28 de octubre para reclamar a Sanidad un estatuto marco propio.

Como médico de familia que ha pasado algunas décadas en las trincheras de la Atención Primaria y a la vez conocedor de las mesas de gestión sanitaria, observo la convocatoria de huelga médica con un sentimiento tan ambivalente como doloroso. Entiendo el agotamiento de mis compañeros y reconozco la urgencia de sus mejoras. Sin embargo, analizando el trasfondo de este conflicto desde el rigor de la administración pública, resulta evidente que la motivación, la estrategia y el destinatario de esta protesta están profundamente errados.

El conflicto actual no se reduce a una disputa entre la ministra y el colectivo médico. Pretender reducirlo a un choque personalista invisibiliza un hecho institucional irrefutable: el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco con los cuatro principales sindicatos generalistas, los cuales ostentan la representación de cerca del 90% de la fuerza laboral del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El rechazo a este consenso por parte de las organizaciones exclusivamente médicas responde a una visión corporativista. Exigir un "estatuto propio" para el colectivo médico ignora que la sanidad pública funciona como un engranaje multidisciplinar. Del mismo modo que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) integra bajo un mismo paraguas jurídico desde Abogados del Estado hasta Auxiliares Administrativos, el marco laboral de la sanidad debe dar cobijo de forma armónica a todas sus categorías profesionales, asignando a cada grupo la retribución y responsabilidad que le corresponde. Pretender romper esa unidad negociadora fomenta una fractura peligrosa y crea médicos de "primera y de segunda" en la relación con el resto de los trabajadores sanitarios. 

Una de las mayores incoherencias de esta movilización es la confusión deliberada sobre el reparto de competencias. Las mayores reivindicaciones de la profesión médica (aumento de las cuantías de las guardias, retribución del complemento específico, estabilización del empleo y reducción efectiva de las cargas asistenciales diarios) son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. 

Exigir al Ministerio de Sanidad decisiones presupuestarias y organizativas que atañen a los servicios regionales de salud no solo es jurídicamente inviable, sino políticamente tramposo. La actualización del Estatuto Marco a nivel estatal se encarga de definir la legislación básica, establecer los criterios de selección y fijar límites a la jornada asistencial, como la tan ansiada erradicación de las guardias de 24 horas. Sin embargo, la bajada a la arena presupuestaria para hacer realidad las 35 horas o actualizar los complementos específicos debe exigirse en las mesas sectoriales autonómicas. Es allí donde paradójicamente se están promoviendo privatizaciones y externalizaciones mientras se esquiva la responsabilidad ejecutiva. 

En el plano retributivo, la demanda sobre la cotización económica de las guardias revela un profundo desconocimiento de la normativa de la Seguridad Social. La base máxima mensual fija un techo (situado en 5.101 €) sobre el cual ningún trabajador, sea cual sea su profesión, puede cotizar monetariamente más. Dado que la masa salarial del médico sobrepasa habitualmente esta base, resulta técnicamente imposible incrementar la aportación económica por el concepto de atención continuada. 

Donde sí existe una reivindicación plenamente legítima y justa, y que debe recoger el marco normativo, es en el cómputo del tiempo efectivo trabajado durante esas guardias a efectos de acelerar el cómputo de años para la jubilación. 

Asimismo, exigir la implantación de la jornada de 35 horas en el sector público para compaginarla sin trabas con la actividad en la sanidad privada resulta deontológica y administrativamente inasumible. La exclusividad y la dedicación al sistema público no son un castigo, sino la garantía fundamental del sostenimiento de la equidad asistencial. 

Por si esos aspectos aún no se consideran suficientes para valorar la decisión en la práctica, desde la perspectiva de los usuarios, esta huelga corre el riesgo de percibirse con desconcierto y frustración al verse como las víctimas colaterales de un conflicto mal dirigido. Aunque la ciudadanía comprende el agotamiento del colectivo médico, puede resultarle difícil asimilar una protesta convocada bajo un tono corporativista que fragmenta al equipo de salud multidisciplinar, haciendo que parezca la búsqueda de un régimen de privilegios exclusivo frente a otros profesionales del sistema. Además, al exigirse en el Ministerio de Sanidad demandas presupuestarias y organizativas (como la carga asistencial o el pago de guardias) que son competencia directa de los gobiernos autonómicos, la huelga genera una confusión que la población puede interpretar como una estrategia políticamente tramposa, desviando la exigencia de soluciones reales de los verdaderos responsables regionales.

Atender el malestar médico es imprescindible para garantizar el futuro de nuestro modelo asistencial, pero la respuesta no puede pasar por el chantaje ni por atajos corporativistas que dinamiten la cohesión del sistema. Actualizar un Estatuto Marco tras más de tres décadas de parálisis es un paso valiente y necesario que debe celebrarse y consolidarse. 

Compañeros médicos: redirijamos el esfuerzo. Abandonemos la quimera de un régimen privilegiado e inconexo y exijamos a nuestras respectivas Comunidades Autónomas la gestión presupuestaria de calidad que nuestros centros de salud y hospitales necesitan urgentemente.

La deriva de Page a submarino político.

El papel de García-Page dentro del PSOE ha rebasado con creces los límites de la legítima discrepancia y del matiz territorial. Sus recientes declaraciones, en las que llega a equiparar la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta con la "gran mentira" institucional del 11-M, lo admita o no, son un punto de inflexión. No se trata de un ejercicio de democracia interna ni de una voz crítica constructiva; es una operación de desgaste calculada que asume y legitima los marcos discursivos de la derecha más radical.

Comparar la compleja gestión de un pico migratorio con la manipulación de Estado orquestada por el Ejecutivo de Aznar en marzo de 2004 supone una frivolidad histórica inaceptable para cualquier votante de izquierdas. Aznar instrumentalizó las instituciones y los medios públicos para engañarnos deliberadamente a la ciudadanía en la antesala de unas elecciones generales. Equiparar ese episodio a la publicación y desclasificación de informes sobre la crisis de Ceuta por parte de la Moncloa no es un exceso verbal sino una cesión ideológica directa más al argumentario de los partidos conservadores.

García-Page ha optado por un pragmatismo electoral de corto recorrido que busca blindar su feudo en Castilla-La Mancha intentando mimetizarse con la oposición. Bajo la excusa de contener el avance de las derechas, el presidente castellanomanchego normaliza términos como "invasión" y suministra periódicamente los titulares que la extrema derecha necesita para dinamitar la cohesión del bloque progresista. Es la lógica del "tonto útil" elevada a política de Estado: pescar en el caladero sociológico del conservadurismo mientras se utiliza la siglas del PSOE como plataforma y escudo.

Desde un análisis comprometido con la necesaria transformación social, la posición de Page es insostenible. La cultura política de la izquierda exige el debate de ideas, pero repudia el asedio sistemático contra los avances del propio espacio institucional. Si García-Page considera que el proyecto de la mayoría plurinacional y progresista es una "dinámica esquizofrénica", la lealtad política más elemental le exigiría dar un paso al lado, entregar el acta y confrontar su modelo en las urnas sin la protección de la organización que cuestiona. 

Mantenerse en la poltrona regional mientras se actúa como quinta columna del adversario no es valentía autonómica: es, simplemente, la labor de un submarino político al servicio de derecha y ultraderecha. Si en el espacio a la izquierda del PSOE se configura una candidatura seria y con un programa de gobierno que recoja las necesidades sentidas de ese electoral, se dará cuenta de que, aunque la derecha lo crea, en política no todo vale.

Las togas contra el voto y la inercia en la cúpula judicial

Cada inicio de Año Judicial se escenifica con una liturgia impecable en las formas. Pero también cargada de intencionalidad política en el fondo. Detrás de la solemnidad institucional y los rituales de apelar a la «mesura» y la «independencia», las intervenciones de la cúpula judicial en el Tribunal Supremo siempre acaban por trazar una linea clara: la defensa de un corporativismo que auto asumen como guardianes de la esencia del Estado frente a las mayorías democráticas de la soberanía popular.

El primer elemento de este discurso siempre es el blindaje corporativo mediante la deslegitimación por sistema de cualquier crítica. Presentar la actividad de los tribunales como una práctica aséptica y desprovista de sesgo no solo es una simplificación jurídica; es una operación de encubrimiento político. La alta magistratura en España no surge de un vacío sociológico, sino que tiene su origen en un reclutamiento histórico, en cómo es la estructura de acceso a la carrera judicial y en la inercia corporativa. Estos tres elementos han configurado un estamento con una marcada adscripción conservadora. Negar la existencia de tensiones ideológicas en las decisiones de la cúpula judicial bajo el manto de una "falsa neutralidad" es la forma más clara de sustraer al estamento judicial de la fiscalización pública.

En segundo lugar, se debe destacar la asimetría moral con la que se articula el llamamiento a la «prudencia». Mientras se exige al poder legislativo y al ejecutivo una contención casi contemplativa en sus declaraciones, el activismo judicial no encuentra ningún límite equivalente. Cuando el Poder Judicial utiliza su capacidad de interpretación normativa para condicionar o frenar el desarrollo de leyes tramitadas en el Congreso, no está ejerciendo un mero control de legalidad: está operando como un actor político con derecho de veto no electo.

Por último, esta escenografía pone de manifiesto la pugna entre dos formas de legitimidad: la legitimidad del formalismo procedimental de las togas frente a la legitimidad democrática nacida de las urnas. La realidad es que esa retórica de la estabilidad institucional busca desactivar la capacidad de transformación social de la política, y desplaza el eje de la soberanía del Parlamento al salón de plenos del Supremo.

No se trata de descalificar la función jurisdiccional, sino de desmitificarla. La independencia judicial es imprescindible para el Estado de derecho, pero no puede convertirse en un salvoconducto para el inmovilismo ni en un refugio aristocrático exento del escrutinio democrático. 

Un país democrático no requiere magistrados infalibles ni intocables, sino instituciones transparentes y dispuestas a someter su papel en el aparato de Estado al debate social.

El pirómano de las Azores vuelve a prender la mecha

Hay figuras políticas que envejecen con cierta dignidad institucional, Y luego está Aznar. En una de sus intervenciones públicas, ayer el expresidente volvió a demostrar su oportunismo destructivo: utilizar una crisis humanitaria y de seguridad nacional en Ceuta, no para empujar en favor de la estabilidad, sino para echar más gasolina al fuego del debate diplomático. Estamos ante un ajuste de cuentas.

Aznar ha vinculado directamente el drama migratorio en la frontera sur con la ruptura de relaciones del Gobierno español con el Ejecutivo genocida de Netanyahu. Según su tesis, señalar el exterminio en Gaza como lo que es, un genocidio respaldado por organismos internacionales y la conciencia jurídica global, constituye "antisemitismo puro y duro" y nos prive del amparo de un "aliado estratégico".

El discurso de Aznar no solo es éticamente impresentable, sino geopolíticamente suicida. Presentar al régimen de Netanyahu como la "línea de defensa de Occidente" mientras se justifica la masacre de decenas de miles de civiles en Palestina demuestra un marco ideológico sumiso ante el más fuerte. Pretender que España deba blanquear crímenes de guerra a cambio de un supuesto y dudoso colchón de seguridad exterior invalida cualquier idea de soberanía en base al respeto a los Derechos Humanos.

Lo que resulta escandaloso es que por un lado se exija una solución a la situación de Ceuta y por otra se use esta crisis como ariete de desgaste interno. Un estadista de verdad, buscaría consensos de Estado ante episodios de vulnerabilidad fronteriza; un pirómano instrumentaliza el sufrimiento en la frontera para validar la agenda de la extrema derecha internacional y chantajear moralmente al que (parece que a su pesar) es su país.

Aznar no busca soluciones para Ceuta ni para la política exterior española. Busca perpetuar esa doctrina atlantista radical que ya nos arrastró en el pasado a escenarios nefastos. España no necesita pedir perdón por situarse en el lado correcto de la historia ni por condenar barbaries, por mucho que a la vieja guardia de la derecha le incomode la dignidad internacional.

El espejismo de la excelencia según PISA y la trampa neoliberal del PP

Cada vez que la OCDE hace públicos los resultados del informe PISA, el PP escenifica su contorsionismo político, que es digno de estudio. Cuando ocupan la Moncloa, las deficiencias del sistema son una «urgencia nacional» que les sirve para recortar la inversión pública y justificar leyes punitivas y segregadoras como fue la LOMCE. Sin embargo, cuando están en la oposición, el mismo informe pasa a ser la prueba irrefutable de que la educación pública se desploma por culpa de una supuesta «falta de esfuerzo» de la izquierda.

Esta doble vara de medir revela una visión sesgada y mercantilista del hecho educativo. La trampa del PP con el informe PISA no reside únicamente en su cinismo coyuntural, sino en las premisas ideológicas sobre las que construye su relato:

Uno. El PP presume sistemáticamente de los buenos resultados de comunidades como Castilla y León o la Comunidad de Madrid. Lo que ocultan es que el modelo madrileño, hipermercantilizado, segrega al alumnado por rentas a través de la sobre financiación de la educación concertada y la segregación temprana. PISA no está midiendo solo la calidad académica; está, además, retratando la desigualdad socioeconómica que el propio PP fomenta desde las instituciones regionales.

Dos. Para la derecha, la educación no es un derecho emancipador ni una herramienta de cohesión social, sino una cadena de montaje orientada a abastecer las demandas del mercado laboral. Por eso añoran las reválidas y la memoria punitiva. Atacar la LOMLOE tachándola de «permisiva» es la excusa perfecta para ocultar que los verdaderos problemas de la escuela pública son las aulas superpobladas, la precariedad docente y la falta de inversión en inclusión.

Tres. Resulta paradójico que un partido conservador apele al estándar de un organismo económico internacional para dictar qué es «buena educación». Se adopta una lógica estandarizada que ignora el contexto de vulnerabilidad de miles de familias, para luego culpar al eslabón más débil: el alumnado y el profesorado de la escuela pública.

El informe PISA jamás debería ser un martillo con el que golpear al adversario político ni una coartada para desmantelar lo común. Mientras el PP siga utilizando la educación como un campo de batalla ideológico para promover la privatización y el elitismo. 

Feijoo se olvida de que no habrá excelencia en los datos de la OCDE mientras se continúe segregando en las aulas, pero la solución no es su objetivo en nada, cuando el único objetivo es el poder.

El refugio de la complejidad para engañar a los de a pie

Vivimos instalados en la urgencia del exabrupto y el eslogan para consumir en tres segundos. Frente a la tentación omnipresente del reduccionismo, no es momento de validar trincheras, sino de hacer un análisis mucho más exigente dada  la complejidad.

Los delicados equilibrios fronterizos entre España y Marruecos no permiten creer que la geopolítica es un partido de fútbol donde solo vale que gane tu equipo. Los ataques retóricos de Moscú a Berlín no son anécdotas diplomáticas, sino maniobras calculadas para erosionar la arquitectura institucional de una Unión Europea que a menudo se olvida de su fragilidad.

Ante crisis recurrentes como la presión migratoria en Ceuta, la tentación es el análisis  cortoplacista: la sobreactuación del gobierno de turno o el populismo reactivo de la oposición. Una democracia madura no puede gestionar sus fronteras ni sus alianzas estratégicas a golpes de titular, ceder al marco de la polarización es la forma más rápida de desarmar al Estado.

Estamos ante un incómodo espejo para ambos lados del tablero. La política exterior y la estabilidad democrática exigen rigor, perspectiva histórica y una dosis de frialdad analítica que la trinchera partidista es incapaz de ofrecer. Nos movemos solo en un debate público empobrecido por el ruido, ver su complejidad no es solo una postura de analista, sino un acto de resistencia democrática.

Vivas, de ‘barón sensato’ a peón de Génova

Lo dije en este muro ya hace semanas: Vivas no es trigo limpio por mucho que así nos lo presenten. Hubo unas semanas en las que Vivas pasaba por ser la moderación personificada dentro del Partido Popular. Un líder autonómico atrapado en la complejidad de una frontera, pero capaz de tender puentes con el Estado cuando la urgencia migratoria asfixiaba a Ceuta. Era poner sentido institucional por encima de las trincheras de partido. Pero hoy la hemeroteca contempla con melancolía solo un buen recuerdo, arruinado por el cálculo político.

Ante la última escalada del dilema migratorio, el Vivas que reclamaba soluciones de Estado y diálogo ha dado paso a mostrarse entregado a la disciplina de Génova 13. La foto es implacable y hoy, en lugar de colaborar para agilizar los recursos estatales y garantizar una acogida digna e infraestructuras operativas en la ciudad autónoma, la prioridad institucional se ha dedicado al bloqueo contencioso y la trinchera parlamentaria. Su negativa a facilitar la logística en espacios del puerto local para aliviar la presión de los inmigrantes en las calles ceutíes es un ejemplo flagrante de cómo la gestión pública queda supeditada al objetivo del desgaste del gobierno. 

El espectáculo es tan transparente como desgarrador. Cuando las decisiones de un presidente autonómico se mimetizan punto por punto con el argumentario nacional de Feijóo, la autonomía institucional ya no existe. La tragedia en la frontera exige política pública con mayúsculas, coordinación entre administraciones y solidaridad interterritorial; sin embargo, la presidencia de la ciudad está solo a las ordenes y consignas que se redactan en Madrid.

Vivas ha decidido pasar de interlocutor de Estado a ser la avanzada de la confrontación partidista, y sacrifica la lealtad institucional e hiperventila la situación junto a la dirección nacional del PP, aunque ello signifique ahondar el colapso de la ciudad que gobierna. La hemeroteca no perdona, y el juicio sobre quién prefirió ser peón de partido antes que representante institucional de su ciudad.

La España en la que sobramos muchos

A juzgar por las barbaridades que se escuchan en la  retórica política de ciertas corrientes de la derecha y la extrema derecha, la idea de la "españolidad" queda reducida a un molde cada vez más estrecho. La cuestión de fondo, más allá del episodio o de la bandera que se enarbole en cada momento, es qué proyecto de país se defiende cuando la definición de ciudadano "de verdad" exige dejar fuera a millones de personas.

Si se atiende al discurso excluyente, la lista de los que no encajan resulta infinita. Se cuestiona la legitimidad de las lenguas cooficiales —catalán, euskera, gallego— tildándolas de simples "dialectos" o elementos de división, e ignorando la riqueza constitucional y regional que define al país. La diversidad étnica, la inmigración y los ciudadanos de confesión musulmana, incluso cuando son nativos de plazas históricas como Ceuta, quedan colocados bajo el foco de la sospecha, cuestionando su pertenencia a la comunidad nacional. La libertad religiosa, la diversidad afectivo-sexual y las identidades trans son señaladas como desviaciones de un modelo tradicional único.

Pero no se queda ahí la relación de quienes les estorbamos, sino que figuras emblemáticas de nuestra historia y de las artes como Blas Infante, García Lorca y otros más contemporáneos como Almudena Grandes o Almodóvar, son ninguneadas o catalogadas como enemigas del relato oficial.

Han abierto un debate político que gira a menudo sobre si la pertenencia a una nación requiere la adhesión a un dogma estricto o si, por el contrario, la fortaleza de un país reside en su capacidad para integrar a personas con antecedentes, identidades y visiones del mundo diversas. 

Frente a su propuesta de una patria pequeña e inflexible donde siempre parece sobrar alguien, se sitúa la que yo creo, una España plural, diversa y democrática en la que quepan todos. La desinformación y la falta de formación son los mayores enemigos de la convivencia.

La soberanía real en la frontera sur

 La soberanía real en la frontera sur no se garantiza levantando muros más altos ni desplegando al Ejército, sino mediante cooperación al desarrollo internacional, vías legales y seguras, y una diplomacia multilateral fuerte. 

La oposición promueve una ilusión de «fuerza» sin querer darse cuenta que eso en la práctica deja a España rehén del chantaje fronterizo y vulnera el Derecho Internacional de Asilo.

La derecha no busca resolver el problema estructural de Ceuta; necesita mantener la frontera en crisis permanente para sostener su relato de alarma nacional, como durante años ha mantenido viva a ETA como instrumento para el mismo fin.

El informe del CENIF: de la prueba al titular preelectoral

El patrón empieza a resultar demasiado evidente como para calificarlo como una mera casualidad. Ya lo vimos cuando una jueza devolvió un dossier sobre la DANA a la Guardia Civil exigiendo que eliminaran opiniones y trajeran hechos probados. Lo vimos en la causa contra el Fiscal General o contra David Sánchez, las meras sospechas y las interpretaciones interesadas se elevaron rápidamente a la categoría de verdades judiciales incontrovertibles. Esto era habitual en la transición, eras culpable antes de llegar al juzgado, pero han pasado demasiados años para que continuemos como entonces.

El último episodio de esta deriva de lso informes policiales es el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre los sucesos de Ceuta: 49 páginas elaboradas para la Audiencia Nacional donde la prueba material brilla por su ausencia y las conjeturas sostienen todo el construible con un poquito de imaginación. 

El CENIF ni es una unidad investigadora ni tiene despliegue en Marruecos. Carece de pinchazos telefónicos, identidades o evidencias directas de la supuesta «dirección estratégica» que atribuye a Rabat. En su lugar, el informe recurre a la especulación pura y dura: califica de «agentes dinamizadores» a cualquiera de complexión fuerte que lleve zapatillas y móvil. Y no se queda ahí, sino que interpreta la viralización de un bulo como una compleja operación militar obviando la dinámica social, y llega a definir la llegada secuencial de jóvenes y familias como el uso táctico de «escudos humanos». Todo ello aderezado con un constante uso de verbos en condicional que delatan la falta de certezas.

Estamos ante una muestra clara de cómo ciertos sectores de las cloacas policiales y judiciales han sustituido el rigor probatorio por el ensayo político. No se busca instruir un caso con garantías, sino fabricar un dossier cargado de valoraciones implícitas que sirva de palanca mediática en momentos clave. 

Y luego está como se conoce el informe. Filtrado oportunamente en la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno y coincidiendo con las movilizaciones de la derecha. El informe del CENIF no busca la verdad jurídica, sino alimentar la idea conspiranoica y ofrecer munición de desgaste al gobierno. 

Cuando la policía deja de aportar pruebas para pasar a redactar guiones de ficción, la calidad democrática y la separación de poderes quedan gravemente comprometidas.

HIPOCRESÍA IDEOLÓGICA

¿Qué es un inmigrante? Está claro, alguien que cruza nuestra frontera. ¿Para qué? Hoy solo para invadirnos. Está clarísimo que es así, si se escucha a la derecha política, a sus medios como se ve en Antena 3, Telecinco, o si se escucha la COPE.

Debo estar equivocado, porque siempre pensé que inmigrantes son los que recogen ajos y cebollas en la Mancha, recogiendo fresas en Huelva, cultivando hortalizas en los invernaderos almerienses, sirviendo las cañitas que tanto gustan a Ayuso en los bares de Madrid, en los andamios de todas las obras en construcción, empujando las sillas de ruedas de nuestros mayores, limpiando escaleras de edificios, como médicos en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, etc, etc. Todos son ya una amenaza, no trabajadores, olvidándonos que miles de migrantes sostienen nuestra agricultura con jornadas interminables, salarios precarios y chabolas sin luz ni agua. 

Parece que el motivo es que la inmigración solo nos interesa como asunto político cuando sirven para generar miedo, y entonces ya asumimos que no tienen derechos, que se les puede explotar y que no son iguales a nosotros. No son personas, sino munición para la política interna.

Los medios informativos han convertido Ceuta en un plató de televisión, donde los pobres son invasores y nosotros somos los amenazados. Pasa en muchos países, pero aquí representa una crisis nacional.

¿Dónde está escondida la responsabilidad empresarial hoy en silencio? ¿No dicen que no encuentran mano de obra? No es una frontera física sino cultural.

Sin embargo, no nos preocupan los demás extranjeros, que vienen y viven entre nosotros. Y no nos engañemos, tampoco hablan español, al revés, los bares tienen sus carteles en sus idiomas; no cambian sus horarios, sino que cambiamos los nuestros para que coman a sus horas de costumbre; tienen sus propios bares y sus propias fiestas. Pero a estos no les exigimos integración, ni nos alarman sus peleas en nuestras calles en estado de embriaguez. De esto saben mucho en una Mallorca, ocupada por alemanes; un Benidorm anglosajón; o unas Canarias nórdicas. No los busquéis en los informativos del desayuno que no los encontraréis.

¿No evidencia esto que es falso lo que nos cuentan los medios? Pero eso no alimenta el miedo, que es lo que interesa a esos medios. Si esto no es ideología política, díganme que lo es. 

Ceuta causa alarma, los otros lugares no. Por eso hoy es una ciudad espectáculo.

La responsabilidad de Estado frente al ruido: Geopolítica y prudencia

Vivimos momentos de alta tensión diplomática y de chantaje en las fronteras. Es entonces cuando la política exterior exige tener la cabeza fría y no las vísceras del objetivo electoral. 

¿Y si lo correcto en esta situación de crisis de Ceuta es la postura de prudencia y no ir al choque adoptada por Sánchez?  ¿y si la actitud ante la implicación de la gendarmería marroquí no responde a  debilidad, sino a responsabilidad de Estado? 

Estos defensores de las ciudades autónomas, incluso con las armas si es necesario, no deben ser conscientes de que en la geopolítica moderna responder a las agresiones con sobreactuaciones, con las tripas y más temperamento que cabeza, es, precisamente, entregarle al adversario la victoria que busca.

Seamos prácticos al analizar. La prioridad absoluta de un gobierno responsable debe ser la protección de los intereses colectivos y la seguridad de sus ciudadanos. La frontera sur de España y de la UE presenta una asimetría estructural evidente. Caer en la provocación de Rabat y romper canales de comunicación significaría desactivar de inmediato la cooperación en materias cruciales como el control de flujos migratorios, la lucha antiterrorista en el Sahel y las relaciones comerciales que sostienen miles de empleos. ¿Alguien duda de que esto es así? Asumir la impopularidad a corto plazo para evitar un mal mayor solo lo hace alguien con capacidad de liderazgo.

Frente a la contención pragmática del Ejecutivo, asistimos al espectáculo bochornoso de una derecha e hiperderecha desatadas que desde el día siguiente al nombramiento de Sánchez como presidente. La actitud del PP y de Vox en este conflicto es una muestra evidente y manifiesta de irresponsabilidad patriótica y miopía geopolítica. 

Feijóo y Abascal son incapaces de formular una visión de Estado, porque prefieren instrumentalizar una crisis fronteriza delicada con tal de arañar un puñado de votos, actuando como auténticos caballos de Troya de los intereses de Rabat en España. Con su histrionismo verbal y sus acusaciones infundadas, exigen medidas que dinamitarían la seguridad nacional, desprotegerían Ceuta y provocarían una crisis humanitaria de proporciones impredecibles. Repito la pregunta de antes ¿Alguien duda de que esto es así?

Resulta profundamente despreciable ver cómo la derecha española se disfraza de patriotismo de charanga y pandereta mientras vende la estabilidad, el bienestar y la seguridad de su propio país a cambio de los titulares en los medios afines. No te dejes engañar. Lo suyo no es firmeza; es desfachatez y una irresponsabilidad y una traición soterrada a los verdaderos intereses de España.

Es una reflexión y puede ser erronea pero, ¿y si no lo es 

EL INFORME QUE INFORMA DE LO QUE NO INFORMA

Hay un conjunto de acontecimientos que no puede analizarse como una mera suma de «coincidencias» sin ninguna relación. Al contrario, se ajusta a un patrón claro de  lawfare (guerra judicial) y operaciones de guerra de la información para el desgaste del Gobierno.

El aparato judicial y los estamentos policiales en España conservan inercias ideológicas que se alinean con los intereses de las élites conservadoras, y hay hechos que así lo acreditan:

-La trayectoria política de una magistrada no desaparece al vestir la toga. Que la jueza haya ocupado cargos políticos bajo las siglas del PP sitúa su actuación en una duda respecto a la neutralidad institucional. La judicatura no es un árbitro idílico e imparcial, sino un espacio de disputa de poder.

-Encargar informes a perfiles vinculados a las «cloacas del Estado» o a la policía patriótica evidencia la pervivencia de fuerzas paraestatales. Este tipo de informes no buscan el esclarecimiento técnico de los hechos, sino la construcción de relatos procesales utilizables políticamente.

-Emitir un informe a posteriori permite ajustar la narración de los hechos a una hipótesis incriminatoria previa, invirtiendo la lógica del proceso penal garantista, donde las pruebas dirigen la investigación, y no la política la que busca el indicio.

-El hecho de que el informe no atribuya categóricamente la responsabilidad a Marruecos, pero «tampoco la descarte», es una maniobra clásica en la construcción de sospechas judiciales, porque en lugar de aplicar el principio de presunción de inocencia (in dubio pro reo), la ambigüedad deliberada deja la puerta abierta para que el brazo mediático y político alimente la conspiración sin necesidad de aportar pruebas concluyentes. Por otro lado, esta indeterminación permite prolongar las diligencias, solicitar nuevas diligencias e ir pescando elementos que puedan desgastar al Ejecutivo de forma continuada en el tiempo.

Analíticamente lo más relevante es la sincronización entre la estrategia judicial y el discurso del líder de la oposición. Cuando la oposición es capaz de trazar el recorrido procesal con antelación, se evidencia la existencia como se conectan  gabinetes de partido, terminales mediáticas y sectores del aparato judicial. La denuncia ya no sigue al delito, sino que el discurso político crea el marco para que el juez instruya.

Afirmar, que el Rey de Marruecos chantajea al presidente, sin aportar evidencias, responde a una estrategia de deslegitimación del rival político y busca un doble propósito: primero, desacreditar la política exterior del Gobierno y segundo, desplazar la discusión sobre las contradicciones estructurales de la política migratoria y de fronteras hacia un terreno de especulación sobre traiciones personales o vulnerabilidades individuales.

La concatenación de estos hechos demuestra cómo la derecha política, al perder el Poder Ejecutivo en las urnas, recurre a resortes no electos del Estado (sectores del Poder Judicial y de los Cuerpos de Seguridad) para suplir la falta de mayorías parlamentarias.

No estamos ante una cadena de casualidades, sino ante un dispositivo de desgaste institucional. Un informe ambiguo encargado a un perfil cuestionable permite armar el relato político, que a su vez se amplifica en los medios de comunicación para deslegitimar la acción del Gobierno y forzar su acorralamiento judicial. Ver menos

La patria como fetiche y el dolor de la frontera

Existe una brecha insalvable entre el cálculo de las élites en Madrid y el impacto real que sus discursos provocan en las calles de Ceuta. Cuando el PP está en la oposición, la frontera sur deja de ser un espacio geopolítico complejo para convertirse en un plató de televisión. La diplomacia se reduce a "firmeza", la negociación a "traición" y la crisis migratoria a un "chantaje" ante el que el Ejecutivo supuestamente se arrodilla. En la oposición, el PP apela sin pudor a los compromisos con el pueblo saharaui, ondea la bandera de la soberanía en Ceuta y Melilla y exige un puño de hierro que jamás ellos aplican. Es la patria entendida como un altavoz de mitin electoral.

Sin embargo, la hemeroteca es implacable y el BOE no entiende de hipérboles. Cuando la derecha está en la Moncloa, la retórica incendiaria se evapora. El "chantajista" pasa a ser un "socio estratégico indispensable", los contenciosos fronterizos se gestionan con discreción de Estado y la llamada realpolitik sustituye al exabrupto. Aznar tras Perejil o Rajoy durante sus mandatos supieron perfectamente que la estabilidad de España depende de la cooperación policial, antiterrorista y comercial con Rabat. Gobernando, el PP hace exactamente lo que la responsabilidad de Estado exige; en la oposición, criminaliza a la izquierda por hacer lo mismo. Para la derecha, la patria solo es un recurso táctico que se infla para el titular de prensa y se deshace cual azucarillo en cuanto se ocupa el sillón del Consejo de ministros.

Esta instrumentalización necesita combustible. Ahí entra en juego la maquinaria de la derecha mediática, que no dudó en utilizar la concesión de los indultos como la coartada perfecta para declarar una suerte de "alerta nacional". La medida de gracia, presentada por el aparato mediático de conservadores y extrema derecha no como un instrumento político de desinflamación, sino como una "infamia" y una "traición vendida a los enemigos de la patria", sirvió para calentar la calle y deslegitimar al Gobierno de coalición. En ese sistema hiperventilado, cualquier desplazamiento institucional, ya fuera a Barcelona o a la mismísima Ceuta en plena crisis diplomática, deja de ser una visita de Estado para transformarse en un escenario de linchamiento, con el presidente recibido entre insultos y comitivas acosadas bajo el paraguas mediático que justificaba la bronca en nombre de la "dignidad nacional".

Esta estrategia de acoso y derribo no solo es deshonesta, sino profundamente irresponsable. Convertir la política exterior y las decisiones de Estado en un campo de batalla partidista no debilita a Marruecos ni refuerza la posición de España: solo fractura la cohesión interna y degrada las instituciones. Pero lo más alarmante es el coste humano de esta tensión. ¿Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor? Nos lo planteamos a menudo, pero lo vivido en Ceuta nos va a afectar durante los próximos años. 

Más allá del debate político institucional, la verdadera tragedia es cómo esta agitación está transformando la convivencia social. Y no solo en esa ciudad. Corremos el grave peligro de una polarización extrema en nuestro día a día. Aquella división del "nosotros y vosotros" de hace muchas décadas reaparece ahora a "cara perro", con mensajes que calan y dañan profundamente. No podemos pasar por alto la denuncia de muchos chavales ceutíes y sus familias, enfrentados a la angustiosa sensación de que un sector de su propia sociedad pretende hacerles sentir extranjeros en su propia tierra. Es la violencia explícita que se vive al salir a manifestarse en defensa de Ceuta y escuchar al de al lado gritar "fuera de aquí todos los moros", o cuando se sugiere llevar identificadores para no ser confundidos con un inmigrante, asumiendo la barbarie implícita de que a un inmigrante sí se le puede estigmatizar impunemente. 

La patria no se defiende rompiendo la convivencia de tus propios ciudadanos ni convirtiendo el patriotismo en un pretexto para el racismo; se defiende garantizando derechos y cohesión social frente a quienes pretenden dinamitarla. Y hoy unos conscientemente y otros engañados han ido a defender la españolidad de una ciudad algo que nadie ha puesto en duda.  Menos mal que era en defensa de Ceuta y no contra el gobierno.

El lawfare policial

La filtración sobre el presunto informe policial ocultado al Ministerio del Interior por el director general de la Policía respecto a la crisis migratoria en Ceuta vuelve a poner sobre la mesa la verdadera naturaleza del poder en el Estado español. 

Contemplar este episodio no causa sorpresa, indigna. Es la constatación de que la  ldenominada «guerra sucia», un lawfare de efectos demoledores, sigue a pleno rendimiento en las cloacas institucionales.

Conviene desgranar si no se trata de un artefacto mediático. La procedencia de la información, diarios afines a la derecha mediática más beligerante, exige guardar una lógica prudencia. No sería la primera ni la última vez que asistimos a la fabricación de un relato a medida para inflar la agenda de la oposición en momentos clave de la legislatura. Sin embargo, el fondo de la cuestión apunta a algo endémico, puesto que, si el informe existe y fue deliberadamente retenido por mandos policiales, no estamos ante una negligencia administrativa, sino ante un boicot político en toda regla ejecutado desde dentro de la propia estructura policial para erosionar al Gobierno . La máxima del «quien pueda hacer que haga» adquiere aquí una dimensión  escalofriante.

Pero denunciar las maniobras de la derecha represiva e insidiosa no debe servir para la autocomplacencia. La posición en la que queda Marlaska es insostenible. Que un ministro del Interior se vea obligado a redactar una carta al director general de la Policía preguntando «qué hay de cierto en lo publicado por un medio digital proyecta un espectáculo de debilidad desconcertante. Denota una falta de control sobre su propio departamento que alarma y, a la vez, consolida la idea de que la democratización de los aparatos del Estado sigue siendo la gran  asignatura pendiente de la Transición. Un ministro que no manda en su ministerio y al que sus propios subordinados puentean o ignoran deja de ser un activo político para convertirse en un lastre. Su cese se convierte en una necesidad de higiene democrática. Ni que decir tiene la del director general de la Policía.

Este episodio nos devuelve al complejo escenario de Ceuta, donde la desesperación humana se instrumentaliza sin escrúpulos. Reducir la crisis a un simple flujo de miseria o, por el contrario, a una impecable maniobra geopolítica de Rabat es caer en el reduccionismo. La pobreza y la falta de horizontes son el combustible real que empuja a miles de personas, pero es innegable que la dictadura marroquí utiliza esa desesperación como elemento de chantaje y presión hacia España y Europa.

El Gobierno no puede seguir acorralado entre la trampa que le está  tendiendo la derecha mediático-policial y la pasividad de sus propios ministros. Si la izquierda quiere seguir gobernando no solo con el boletín oficial, debe acometer sin complejos la depuración de los sectores golpistas en las fuerzas de seguridad y asumir una política exterior firme que no permita a los ciudadanos confundir el pragmatismo con la sumisión.

Buen miércoles tengan ustedes

CONVOCADOS COMO EXTRAS AL RODAJE DE LA PELICULA “APOYO A CEUTA”

Buenas noches. 

Yo no participaré mañana en las concentraciones de apoyo a Ceuta. Y no porque no apoye al pueblo ceutí (entre el que tengo familia) o porque no considere que la situación que sufre debe tener una solución lo más urgente posible. 

No acudiré porque existen argumentos políticos y sociológicos que son clave para que cualquier persona con dos dedos de frente puede catalogar la convocatoria como una estrategia de "montaje de erosión" dirigida contra el Gobierno. Y expongo los motivos que veo para ello.

Las movilizaciones impulsadas bajo el lema de "apartidistas" o "nace del pueblo" han sido rápidamente capitalizadas por PP y Vox, y plataformas afines a esos partidos. Bajo una fachada de apoyo técnico o patriótico a una ciudad autónoma, se esconde la legitimación de una agenda partidista. Sumarse a una manifestación sin un manifiesto social claro implica validar un marco que utiliza a Ceuta como munición para debilitar la legitimidad del Ejecutivo en materia de fronteras y política exterior.

La derecha parlamentaria utiliza este tipo de convocatorias para desplazar el foco de la gestión autonómica hacia una enmienda a la totalidad de la política del Gobierno. A la ciudadanía ceutí se la apoya con inversión pública, refuerzo del Estado del bienestar, cohesión social e integración socioeconómica. Sin embargo, la convocatoria está orientada a capitalizar el descontento y cuestionar el control fronterizo y diplomático del Gobierno, convirtiendo el «apoyo a Ceuta» en un eslogan sin contenido socioeconómico y solo cargado de descalificación institucional.

Participar en concentraciones impulsadas o secundadas activamente por formaciones conservadoras y de extrema derecha legitima un discurso de alineamiento con posturas de soberanismo excluyente o militarización fronteriza. Para cualquier progresista, la solidaridad regional se expresa mediante los canales institucionales, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa de los derechos humanos en las fronteras, no alimentando movilizaciones en las calle cuya única y verdadera finalidad es erosionar la gobernabilidad del Estado y tensar nuestra política exterior.

Que estas formaciones apelen al "sentido de Estado" o la "unidad nacional" en movilizaciones en la calle, solo buscan neutralizar la crítica desde la izquierda, forzándola a elegir entre sumarse a una agenda ajena o ser acusada de "abandonar" a una región española. No creo que se deba ceder ante la presión mediática. 

La no asistencia mañana no significa falta de compromiso con los ceutíes, sino una negativa a servir de extra en el rodaje de una película montada por la derecha y la ultraderecha destinada EXCLUSIVAMENTE a deslegitimar al Gobierno.

Que no me esperen. 

Entre la ética y el colapso

Si la izquierda renuncia a la eficacia material y a garantizar los derechos humanos en el territorio, queda reducida a un gesto moral. El análisis de la crisis en Ceuta expone, con claridad que duele, la profunda contradicción en la que habita el actual Gobierno: un discurso progresista impecable en las formas, pero estrangulado por la ineficiencia administrativa, la pleitesía geopolítica y una falta de estrategia alarmante.

No se trata de exigir milagros en la llamada geopolítica de la noche a la mañana. Tampoco de ignorar la complejidad técnica de los flujos migratorios. Pero resulta inaceptable que un gobierno que habla de milagro macroeconómico sea incapaz de desplegar, desde el primer minuto, toda la capacidad logística que a una potencia europea del siglo XXI le es exigible. La ausencia de un mando único desde el primer instante, la falta de campamentos dignos, la improvisación en el triaje sanitario y el abandono de miles de personas a su suerte en el espacio público no son fallos de comunicación: son un fracaso material de la gestión pública. Tratar de ignorarlo es hacerse trampas al solitario.

Para la izquierda, la gestión del territorio y de los servicios públicos es el único termómetro de su compromiso social. Acudir a Marruecos con carantoñas diplomáticas que no merece y concesiones millonarias, mientras la realidad cotidiana en Ceuta desborda la dignidad humana más elemental, no es "realismo político" sino sumisión a un régimen autoritario que utiliza a las personas como moneda de cambio.

Ahora bien, esta crítica rotunda al Gobierno no debe confundirse con la equiparación o la equidistancia. La alternativa parlamentaria del PP y Vox representa la indigencia moral y la muerte de la política de Estado. Frente a las deficiencias del Ejecutivo, el PP de Feijóo habita en la vacuidad estratégica, sumiso a la deriva deshumanizadora de Vox. La retórica de la extrema derecha no busca solucionar la crisis, sino abonar el odio racista y desmantelar el pacto constitucional de derechos mínimos. 

Pero que la oposición sea un vacío de propuestas de solución y un catecismo de la doctrina reaccionaria, o que el escenario internacional esté cada vez más cerca del fascismo no exime al Gobierno de sus deberes materiales. Al contrario: frente a esa confluencia de intereses, la única respuesta legítima es un Estado eficaz, solidario y decidido. La solidaridad no se predica en la rueda de prensa del Consejo de ministros; se demuestra financiando, organizando y protegiendo. Pero ya, que ayer ya es tarde.

Patriota solo es quien defiende el Estado de Derecho

Llevamos demasiado tiempo asistiendo a cómo la extrema derecha pretende monopolizar el concepto de "españolidad", reduciéndolo a una cuestión de banderas, consignas excluyentes y chovinismo de fachada. Frente a estos patriotas de pacotilla, la izquierda debe ser tajante: la verdadera soberanía y la única legítima reside en la aplicación rigurosa del Estado de Derecho. Ser español no es enarbolar un trapo; es garantizar que nadie, absolutamente nadie, esté por encima ni por debajo de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

Cuando trasladamos esta premisa una realidad tan complejas como Ceuta, la coherencia ha de ser innegociable. Defender el Estado de Derecho no es un menú a la carta. Implica exigir que la legislación en materia de extranjería e infancia se cumpla estrictamente (los menores no pueden ser devueltos de forma sumaria o indiscriminada sin una evaluación individualizada y formal de su situación) y además, implica asumir la máxima de que la ley es igual para todos. Quienes agreden a la autoridad, cometen actos violentos o queman bienes ajenos deben responder ante la justicia, al margen de su origen o estatus. La justicia es la base de cualquier pacto social democrático; la discrecionalidad o la arbitrariedad son el principio del autoritarismo.

Sin embargo, presenciamos con frecuencia alarmante, cómo ciertos sectores no reclaman justicia, sino impunidad selectiva:  que la ley sea severa para el extranjero o el vulnerable, y que haga la vista gorda para quienes violan el orden democrático desde sus trincheras privilegiadas. Ese sesgo no solo erosiona la convivencia, sino que sustituye las garantías procesales por el linchamiento de parte.

La degradación moral alcanza su cénit cuando se impiden tareas de asistencia humanitaria básica. Detener el reparto de alimentos de Cruz Roja o acosar a quienes prestan auxilio vital a personas vulnerables no solo representa una infracción legal, sino que es un acto de profunda bajeza moral y falta de humanidad. La deshumanización del otro jamás puede normalizarse bajo la bandera del miedo o la ignorancia, aunque algunos se empeñen en hacerlo.

Quien atenta contra la vida, el bienestar básico y los derechos de cualquier ser humano vulnera la base sobre la que se asienta una sociedad civilizada. Frente a las pasiones desbocadas, la xenofobia o los vigilantes callejeros, debemos reivindicar la legalidad democrática como única herramienta defensiva más potente para los vulnerables y el único marco de convivencia posible.

“Cuanto peor, mejor”, “Que se hunda España que ya la levantaremos nosotros”.

Querámoslo o no, la crisis en la frontera de Ceuta ha dejado al descubierto muchas de las grietas que existen en nuestra democracia y de la política exterior de la Unión Europea, aunque por interés partidista se quiera dar la imagen a los ciudadanos de que es algo que depende solo de un país. Pero lo más sangrante es ver cómo el cálculo electoral de unos y la opacidad de otros, amenazan con vaciar de contenido los derechos humanos y la cohesión social. 

Si en algo puede afirmarse que existe consenso es en el hecho de que el Gobierno llega tarde a Ceuta. ¿Por qué? porque se encuentra atrapado en la contradicción actual de la socialdemocracia europea. El PSOE asume el Pacto de Migración y Asilo de la UE a través del que busca la contención fronteriza a través de los acuerdos con Marruecos. Pero asumir ese pacto  le ha provocado un giro, y eso le ha obligado a que el enfoque haya virado hacia el pragmatismo, a lo útil,  ("migración circular" según necesidades del mercado laboral) pero eso implica alejarse del marco ético y de derechos humanos que siempre ha defendido. Para muestra un botón, y vemos en ese partido posiciones como las de García-Page que compiten con la derecha adoptando un tono punitivo para fidelizar sectores moderados. Ese discurso  invalida el posicionamiento de la izquierda y regala la hegemonía a la extrema derecha sin ninguna consecuencia para quien así actúa. 

Un segundo aspecto es la ausencia hasta ahora de explicaciones públicas transparentes de Pedro Sánchez a dar, al menos hasta ahora. Detrás de ese dejar pasar el tiempo parece buscar, evitar fricciones diplomáticas con Rabat y a la vez no aumentar el desgaste interno en el bloque de investidura. Puede ser razonable no entrar al choque, sin embargo, el silencio oficial le quita a la ciudadanía la posibilidad de percibir un debate democrático, sino que está dejando ese espacio libre, y un vacío que se deja en política, otro lo rellena, y el relato de una invasión ha sido colonizado por el pensamiento más reaccionario con toda la derecha mediática y las redes  incendiando la situación. Ayer ya vimos violencia contra migrantes sin ninguna respuesta de las Fuerzas de seguridad. Si se detiene a quienes apedrean a un vehículo militar, pero quemar chabolas y chamizos y agredir a los más vulnerables, o hacer que miembros de ONG tengan que dejar sus tareas humanitarias  por las agresiones, si parece estar permitido. 

Si nos parece bien  recibir fondos europeos, deberíamos saber que eso, entre otras cosas, implica que la política migratoria no la marcamos nosotros, sino la misma UE que da esos fondos. La frontera sur de Europa está demostrando en Ceuta el error y la debilidad estructural de la UE al delegar el control fronterizo a un vecino autoritario. Eso permite a Marruecos instrumentalizar la presión migratoria como un activo en su negociación con la UE, de la que obtiene concesiones a cambio de actuar como dique de contención. Parecemos no darnos cuenta, o no nos la queremos dar, que subordinar la política exterior de la UE al apaciguamiento de Rabat ata las manos de Madrid. Si existe alguna posibilidad de romper esa situación, lo único que nuestro país puede hacer es intentar convencer, incluso por la vía judicial , que sea indispensable condicionar cualquier ayuda europea a Rabat, a que el país alauita respete  los derechos humanos y que la UE abandone la complacencia geopolítica. ¿Estamos en condiciones de exigirlo? Da igual el signo político que tenga un gobierno, si las condiciones de esa política las marca la UE. 

Y mientras unos hacen de bomberos, otros llevan años actuando como incendiarios. Frente a la crisis que nos afecta a todos, las fuerzas de derecha y ultraderecha priorizan el derribo del Gobierno sobre cualquier solución real. La irrupción de figuras que deberían considerarse momificadas como Aznar, ayer en Ceuta, solo pretenden instrumentalizar la tensión y agitar el caldo de cultivo del odio para reclamar elecciones. Los ceutíes ven con buenos ojos que todos los apoyemos y eso debería no estar en duda por su parte. Pero si el apoyo que entienden es que se convoquen movilizaciones desde la FEMP o consideren que es un apoyo que la derecha promueva desplazamientos ultras a Ceuta, creo que se equivocan, porque eso solo contribuye a romper la lealtad institucional y la gobernabilidad. 

Los genios de Génova 13, deberían ser conscientes de que esta agitación no favorece al PP, sino que solo alimenta a Vox., aunque eso no parece importar a los de Feijoo, que piensan que con Vox suman para llegar al gobierno, olvidando que no es lo mismo negociar con un Vox muy respaldado que con uno con menos apoyos, aunque como hemos visto en Extremadura, Valencia, Aragón o Andalucía, no tienen ningún problema en asumir los postulados de la ultraderecha como propios. Todo le vale a Feijoo si con ello posa su culo en la Moncloa. 

Pero creo que hay un posicionamiento antidemocrático, anti solidario, y  legalmente sangrante. Chirría demandar soluciones, mientras a la vez se niega el uso de polideportivos o terrenos de una hípica para intentar solventar lo más inmediato. Pero eso no es nada al lado de lo que es oponerse al reparto obligatorio de menores no acompañados en las CCAA. La derecha está cronificando el colapso de Ceuta, no para ayudar a los ceutíes sino con el único objetivo de exhibir que el Estado y su gobierno es incapaz.  Su solución es solo una: expulsión de todos, menores incluidos, aunque sea ilegal. Hagan una cuenta simple: si se traen los casi dos mil menores a la península, quedarían libres dos mil plazas para ocupar temporalmente por adultos que disminuirían y mucho la presión en las calles ceutíes, pero no se quiere es que eso ocurra, porque cuanto más tiempo se perpetúe la  situación, el relato de la derecha gana gracias al miedo y la violencia. El migrante es su nueva ETA.

Ese personaje triste llamado Feijoo , prioriza la guerra de marcos de las CCAA gobernadas por su partido, frente al cumplimiento de las obligaciones de acogida y con ello convierte a la infancia vulnerable en su mejor herramienta de desgaste político al gobierno, sin importarle en absoluto como se erosiona gravemente el Estado social. Pero ya sabemos que “cuanto peor, mejor” y “que se hunda España que ya la levantaremos”. Y si en el levantamiento hacemos negocio: miel sobre hojuelas.

El amargo cierre de la Nefrología en Hellín

“La ciudadanía y los profesionales merecen una explicación clara sobre qué criterios de gestión justifican el fin de una unidad médica que salvaba vidas cerca de casa”

A cualquier profesional sanitario o paciente del área de Hellín, la carta publicada por la nefróloga Dra. Piqueras le genera una mezcla entre indignación y resignación. Su testimonio expone la discrepancia abismal entre las necesidades clínicas reales de la población rural y las decisiones de los despachos de gestión.

No son anécdotas. Son datos. La enfermedad renal crónica es silenciosa, y un seguimiento especializado previene que el paciente llegue a diálisis a ciegas, donde la mortalidad alcanza un desgarrador 51% si no ha habido control previo. En 2024, la unidad atendió a 577 pacientes y ahorró más de 34.000 kilómetros en desplazamientos a Albacete, evitando que enfermos crónicos y de edad avanzada pierdan jornadas enteras en desplazamientos. Los usuarios evaluaron el servicio con un 4,83 sobre 5. A esos datos se debe añadir que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en noviembre de 2024 una resolución unánime para reconocer la unidad de nefrología en la cartera de servicios.

A pesar de estos indicadores de éxito, la realidad asistencial ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado.

Lo que ha ocurrido en Hellín es un ejemplo de la perversa inercia burocrática del sistema: se fomenta la innovación mediante concursos de humanización y titulares políticos, pero luego se abandona la consolidación de las plazas en las plantillas orgánicas. Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario.

Precisamente hoy, cuando la Comisión Europea reconoce en la tramitación de la petición PETI, (sigla de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Committee on Petitions), que tiene las siguientes funciones de atender a los ciudadanos, evaluar desigualdades y vulneraciones, emitir dictámenes e interpelar a las instituciones), que las desigualdades de atención en áreas rurales son un fallo estructural que debe corregir el sistema español, nos encontramos como respuesta del SESCAM es desmantelar un servicio que ya funcionaba en lugar de consolidarlo y potenciarlo. El lugar donde vive el paciente continúa dictando, lamentablemente, la calidad de vida y su supervivencia.

La ciudadanía y los profesionales merecen una explicación clara sobre qué criterios de gestión justifican el fin de una unidad médica que salvaba vidas cerca de casa. Pero, sobre todo, la Asociación de enfermos renales de Hellín (ADERHE), haría muy mal callando y no reclamando un derecho que no solo le corresponde como pacientes, sino que sus Cortes Regionales le otorgaron unánimemente.

El orden no justifica la verdadera cara del fascismo

Es un error clásico de parte de la política institucional asumir que el malestar social es un fenómeno abstracto que se disuelve con propaganda o promesas de estabilidad gracias a la militarización. Es perfectamente comprensible estar hasta las narices de la gestión fronteriza que se ha hecho en Ceuta, y de la opacidad con la que los Estados administran sus márgenes geopolíticos y del abandono sistemático de los territorios periféricos por parte de las élites de la capital madrileña. La rabia, el cansancio y la sensación de inseguridad son legítimos cuando nacen del desamparo de las instituciones.

Pero llamemos a las cosas por su nombre: la cacería humana que hoy hemos visto en la playa de El Trampolín no es una protesta ciudadana, es fascismo en su estado más primario y desmembrado. Lo que hemos presenciado no tiene nada que ver con el debate sobre el modelo migratorio, el control de fronteras o la crítica al Gobierno de turno, sino la instrumentalización del miedo para dar rienda suelta al odio identitario. 

Quienes salen a la calle a buscar al más débil de la cadena social para agredirlo ,no buscan soluciones ni exigen justicia; buscan un chivo expiatorio sobre el que descargar la frustración social. La tensión en Ceuta no ha creado a estos agresores, solo les ha servido de coartada perfecta para dar rienda suelta a su odio. Llevaban tiempo esperando una excusa para legitimarse y pasar de la retórica tóxica a la violencia física.

La violencia fascista nunca es un hecho aislado, sino el síntoma de una fractura social a la que unos pocos alimentan deliberadamente. Es el resultado de sustituir la solidaridad de clase por el enfrentamiento entre el penúltimo y el último. Mientras las dinámicas socioeconómicas precarizan la vida diaria de los vecinos, los discursos de extrema derecha dirigen el foco hacia el migrante, desviando la responsabilidad del capital y de las instituciones.

Frente a esto, la tibieza no es una opción neutral, es complicidad implícita. La pregunta que flota en el ambiente es obligada: ¿dónde está la condena tajante y sin paliativos de Juan Jesús Vivas y de las autoridades locales? En momentos donde la cohesión social se tambalea, los silencios calculados, el ponerse de perfil o el uso de eufemismos institucionalizan la barbarie. La condena a la cacería fascista no puede depender de cálculos electorales.

Defender Ceuta hoy implica defender la convivencia, señalar la violencia racista por lo que es y no permitir que el fascismo utilice las heridas de la ciudad para imponer la ley del terror en las calles.

Parece que los españoles ya lo tenemos todo muy claro. Basta mirar cualquier situación o circunstancia, no solo en Ceuta sino.  en cualquier Comunidad, para comprobar que todo pasa por la misma solución: mayor dotación de fuerzas de Seguridad. Puede ser el momento de quitar las Universidades de Medicina, Educación y casi todas,  y convertirlas en escuelas de Policía y Guardia Civil. 

Así que debemos empezar a asumir que nos moriremos de un simple resfriado, pero que lo haremos  mucho más seguros. Manda güevos el país que estamos creando y dejando de herencia a las nuevas generaciones.