martes, 29 de julio de 2025

YA ESTÁ IMPUTADO EL FISCAL GENERAL, ¡VIVA EL NOVIO DE ESPAÑA!

Lo comentaba en mi anterior post que iban a imputar al fiscal general para evitar que la opinión pública siguiera fijándose en las maniobras de Montoro, ministro del PP.
Ya se ha procedido a emitir su informe favorable al procesamiento, por parte de la Sala del Supremo por mayoría.
Leyendo bastantes comentarios al respecto de este asunto, os resumo los argumentos más débiles del informe del Tribunal Supremo favorable a la imputación y juicio del fiscal general del Estado que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
• Varios juristas y analistas han señalado que los indicios de delito presentados son extraordinariamente débiles. El Supremo parece confundir dos tipos de información: la información reservada sobre la investigación penal y la relativa a negociaciones entre fiscales y abogados. Mientras la primera requiere un alto grado de confidencialidad, la segunda no debería considerarse secreta en la misma medida, siendo en muchos casos deseable una mayor transparencia en las negociaciones previas al proceso penal. Esto cuestiona la tipicidad penal de la conducta imputada en cuanto a revelación de secretos.
• Un magistrado emérito del propio Supremo ha criticado que la instrucción se ha basado en un enfoque unidireccional, centrado únicamente en la hipótesis de imputación, sin explorar vías alternativas o exculpatorias. Se señala asimismo la falta de justificación para la adopción de medidas de gran impacto institucional, como el registro de despachos de fiscales, decisiones consideradas excesivas y poco fundamentadas a la luz de la gravedad del asunto.
• El auto del Supremo reconoce que resulta difícil deslindar el perjuicio efectivo causado al derecho de defensa o a la presunción de inocencia del particular involucrado como consecuencia de la publicación de la nota informativa. Pese a ello, se admite de forma indiciaria la existencia de daño sin concretar con rigor en qué consiste dicho perjuicio y cómo excedería el interés público de aclarar informaciones tergiversadas previamente difundidas en medios de comunicación.
• El caso parte de una querella de acción popular, lo cual es visto en parte de la doctrina como una anomalía del sistema penal español, susceptible de instrumentalizaciones políticas. Se cuestiona que casos tan graves y con evidente carga institucional puedan abrirse tan solo por iniciativa popular, sin una acción clara del Ministerio Fiscal, lo que pone en entredicho el rigor y el control democrático del proceso.
• Tanto la Fiscalía como reconocidos juristas han alertado sobre la falta de garantías procesales y constitucionales en la instrucción, destacando la influencia del contexto mediático y el riesgo de juicios paralelos que afectan tanto a la imparcialidad del proceso como a la presunción de inocencia del investigado.
Estos puntos son los más cuestionados por juristas y analistas, y evidencia debilidades jurídicas, de fondo y forma, del informe del Supremo que avala la imputación y enjuiciamiento del fiscal general del Estado.
Las consecuencias de esta decisión no solo afectan al fiscal general, sino que esto va a contribuir a una mayor indignación y polarización social por si hay poca aún. Cada vez es más difícil no pensar en un plan progresivo del PP para controlar el sistema judicial: primero contra la fiscalía general, luego contra la esposa del presidente del Gobierno, y más adelante conseguir absolver a Alberto Quirón y Montoro y los suyos.
Si esto sucede, quedará probado que estamos ante jueces de juguete, algunos incluso corruptos, pero sobre todo estaremos asistiendo a la degradación de las instituciones por intereses partidistas. ¿Se puede creer en la independencia judicial? ¿Existe una politización de la justicia, ya sea por injerencias del Gobierno o por la consolidación del control de magistrados conservadores en puestos clave? ¿Existe una impunidad promovida desde el propio poder judicial?
Las respuestas os corresponden a cada uno de nosotros, pero no se puede negar que se percibe frustración ante decisiones que aparentan favorecer a individuos afines al poder político conservador, y eso parece confirmar una supuesta cadena de control institucional, sin imparcialidad y con un papel claro dentro de una estrategia política más amplia.
El gobierno parece ser progresista, pero somos muchos los ciudadanos que nos sentimos traicionados por decisiones como la supuesta cesión de la presidencia de la sala penal del Tribunal Supremo a la derecha, porque es una claudicación o una estrategia débil por parte del Gobierno.

Y luego está la opinión del juez del Supremo que ha emitido un voto particular, Andrés Palomo, que ha criticado duramente la decisión de su compañero Ángel Hurtado de mantener la acusación contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo relacionado con el caso de la pareja de Ayuso.
Palomo, en su voto particular, defiende que debía haberse archivado la causa contra García Ortiz, igual que se hizo con la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, porque no existen pruebas suficientes para incriminarlo. Considera que la información ya era conocida por varias personas, incluyendo periodistas y colaboradores cercanos a Ayuso, antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo. De hecho, destaca que, según testigos y periodistas, la filtración ocurrió previamente, y que el propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió parte de esta información antes que la Fiscalía. Critica también que Hurtado haya ignorado testimonios y pruebas de descargo que señalaban esta falta de implicación directa del fiscal general.
El juez discrepante recrimina además que la investigación de la Guardia Civil se centrara solo en los fiscales sin considerar que numerosas personas habían accedido al correo y que los medios ya publicaban fragmentos del mismo. Finalmente, Palomo critica que se sospeche del fiscal por borrar mensajes de su móvil, recordando que su cargo no implica una mayor exigencia que la de cualquier otro investigado y que es la acusación quien debe probar su culpabilidad.
En resumen, Palomo sostiene que la causa contra el fiscal general carece de fundamentos sólidos y que no existen pruebas directas que lo vinculen con la filtración, por lo que debía haberse archivado.
Después de todo esto, que dimita el Fiscal General a mi modo de ver sería un error imperdonable.

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