Lobo con piel de cordero

Adelanto electoral en Andalucía. Hay lobos que no aúllan, que se acercan con paso corto, sonrisa templada y una rebeca al hombro. Este, en lugar de colmillos, muestra hoyuelos; en vez de pelaje oscuro, luce lana recién planchada con aroma a colonia institucional. Te mira desde la tele y crees que va a ofrecerte una caña, pero en realidad te está vendiendo la privatización envuelta en papel de celofán. Es el arte del disimulo ejecutivo: un depredador sin despeinarse.

Aprendió que la ferocidad no se lleva bien con las encuestas, así que se vistió de vecino simpático, de amigo que habla bajito y promete equilibrio. Mientras tanto, reorganiza el corral: los corderos contentos con las migas, el lobo engordando con los contratos. Y cuando alguien le recuerda el zarpazo de antaño, sonríe: “No fui yo, fue aquel otro”.

Así es el nuevo lobo contemporáneo: no muerde, gestiona; no ruge, comunica. Pero si rascas un poco la lana, todavía late debajo su instinto: conservar el poder sin que nadie lo note, hacer pasar el cálculo por empatía y el pacto con los lobos por sentido común.

Moreno Bonilla es el ejemplo más pulido del lobo que aprendió a balar. En la política andaluza, donde el colmillo suele relucir, él decidió ponerse lana blanca y sonrisa de vecino. Ya no es el dirigente del PP, ahora es “Juanma”, el moderado de mirada limpia y verbo templado. En una época de estridencias, su gran triunfo ha sido convertir la gestión en simpatía y la estrategia en afecto.

Su disfraz personal funciona tan bien, que ni siquiera parece de derechas, aunque gobierne con los patrones clásicos de su partido: rebaja fiscal para unos pocos, sanidad pública en desguace lento, educación que se externaliza a golpe de concierto. Pero su tono amable desactiva cualquier reproche; la palabra “recorte” suena menos dura cuando la pronuncia alguien que reparte abrazos en ferias y lágrimas ante ataúdes y en Semana Santa.

Moreno Bonilla es un político que ha hecho del eufemismo su casa y del olvido su aliado. Hoy pocos recuerdan que fue él quien firmó el primer acuerdo con Vox, cuando aún se hablaba de “cordones sanitarios” y del peligro de normalizar a la ultraderecha. Hoy, ese pacto se relega al pie de página mientras Moreno Bonilla se presenta como garante de la estabilidad, el adulto de la sala, el gestor que no grita. Pero el fue el primero en acordar con la banda de Obiscal. 

Lo suyo no es el zarpazo, sino la caricia. Pero mientras acaricia, reordena el territorio político: la derecha se ensancha gracias a su tono pastoril, y el rebaño duerme tranquilo, convencido de que el lobo ha aprendido buenas maneras. Lo cierto es que no se las quitó nunca, solo aprendió a usarlas mejor.

En Andalucía, el poder ya no grita, sonríe. Y esa, quizá, sea la forma más peligrosa del rugido del lobo.

El gallo Donald y el gallinero del poder

Había una vez, en un luminoso corral junto al mar, un gallo altivo, con nombre de pato, llamado Donald. Cuando era pollito, todos se reían de él porque tenía la cresta de un naranja tan intenso que parecía una zanahoria encendida. “¡Míralo, parece que lleva una antorcha en la cabeza!”, gritaban los demás. Donald no decía nada, pero dentro de su pequeño corazón juró que algún día se vengaría de todos y dejarían de reírse… empezarían a temerle.

Con el paso del tiempo se hizo fuerte y su quiquiriquí marcaba el amanecer de todo el gallinero. Sin embargo, aquel recuerdo de las burlas seguía picándole como un grano infectado. Entonces apareció Benjamín, un pollo hablador que decía saber cómo hacer que todos obedecieran a Donald:

—Si no quieres que se burlen, manda tú. Haz que te teman,

le susurraba cada mañana. Prohíbeles el pienso, y si protestan, échalas del gallinero.

Donald lo escuchó. Pronto, las gallinas dejaron de cantar, los polluelos pasaban hambre y el aire del corral se llenó de miedo. Donde antes había risas, ahora solo se oían órdenes y cacareos de tristeza.

Hasta que un día, mientras el dueño del gallinero preparaba su cumpleaños, las gallinas descubrieron que juntas eran más fuertes que un gallo presumido. Se rebelaron y, para sorpresa de todos, señalaron al mismísimo Donald como el más gordo y soberbio del corral.

—Ese será el pollo asado de la fiesta.

dijeron 

Benjamín intentó defenderlo, pero el dueño, que no quería dejar al amigo solito, decidió que ambos irían al horno “para que siguieran juntos hasta el final”.

Cuando el fuego empezó a hacerse intenso, Donald comprendió, demasiado tarde, que el miedo no da respeto, y que quien vive vengándose acaba siendo víctima de su propio rencor.

Y a pesar de todo, el mundo no aprendió la moraleja: Que quien siembra odio para sentirse poderoso, termina ardiendo en su propio fuego. Los gallineros, como el mundo, solo prosperan cuando sus habitantes aprenden a compartir el grano y a escucharse antes de atacarse.

Tortura en nombre de la fe

Hay una crueldad silenciosa que no se ejerce con golpes, sino con recursos judiciales, y una obstinación ciega que se disfraza de "valores". Lo que la asociación Abogados Cristianos y el padre de una joven han perpetrado durante los últimos 20 meses no es una defensa de la vida, sino lisa y llanamente, una forma de tortura legal amparada en el cinismo.

El Tribunal de Estrasburgo ha dado el carpetazo definitivo: ya no hay más excusas, ni más cautelares, ni más trucos procesales. Pero el daño ya está hecho. Una mujer de 26 años con tetraplejia y un trastorno límite de la personalidad, ha tenido que ver cómo su derecho a una muerte digna, reconocido por médicos y juristas desde julio de 2025, se convertía en el campo de batalla de una cruzada ultra que no la ve a ella, sino a un símbolo.

Lo más sangriento de este caso es la figura del padre. Un hombre que desapareció de la vida de su hija, permitiendo que fuera tutelada por la Generalitat durante su minoría de edad, y que solo ha regresado del olvido para negarle su última voluntad. Resulta vomitivo que quien no estuvo para sostener su mano en la vida, pretenda ahora encadenarla a una cama en contra de su deseo expreso.

No es amor filial lo que mueve este motor, es el fundamentalismo. Un fundamentalismo que prefiere ver a una persona joven sufrir un "padecimiento físico y psicológico constante" antes que admitir que el individuo es el único soberano de su propio cuerpo.

Abogados Cristianos ha demostrado una vez más su maestría en el uso espurio de la justicia. Su estrategia no es ganar, saben que legalmente no tienen nada que hacer, sino retrasar. Su éxito no se mide en sentencias favorables, sino en meses de agonía añadidos al calendario de una persona que ya ha dicho "basta". Utilizar los tribunales para prolongar el dolor ajeno bajo el pretexto de la moralidad es sadismo institucional.

Mientras tanto, en la sección de comentarios de los diarios, aún resuena el eco de quienes dicen que la eutanasia es una "moda". Hablar de "moda" ante una mujer en silla de ruedas que suplica el cese de su tormento es de una indigencia moral aterradora. No es capitalismo, no es una tendencia: es compasión y autonomía.

La Generalitat ya no tiene sombras legales donde esconderse. Cada minuto que pase a partir de ahora sin que se cumpla la voluntad de la mujer será una negligencia administrativa. Pero más allá de la gestión pública, queda una lección amarga: en pleno 2026, todavía existen grupos capaces de secuestrar la libertad ajena usando la Biblia como escudo y el BOE como arma. A esta mujer le robaron su día en marzo de 2025. Esperemos que, tras el varapalo de Estrasburgo, la justicia empiece a ser, por fin, humana.

El agua que pasa de largo: voz de Castilla-La Mancha en el Día Mundial del Agua

Dicen que el agua es vida, y que donde hay agua, hay futuro. En Castilla-La Mancha lo sabemos bien, quizá porque llevamos demasiados años viendo cómo la vida pasa de largo, canalizada en tuberías, ríos  y un trasvase que atraviesan nuestra tierra sin quedarse. Somos una región con nombres que evocan al agua (Guadiana, Tajo, Júcar), pero que muchas veces la siente como un bien ausente, esquivo, casi prestado.

Cada 22 de marzo, al celebrarse el Día Mundial del Agua, nos acordamos de algo que, más que recurso, es un derecho. Y, sin embargo, aquí en el corazón de España, aún tenemos que reivindicar lo evidente: el agua debería servir primero para sostener nuestra tierra, nuestras familias y nuestros pueblos. No puede ser que mientras el trasvase lleva vida a otras zonas, nuestros agricultores sigan mirando al cielo esperando una lluvia que no siempre llega, ni una planificación justa que les permita regar y producir sin endeudarse.

La agricultura familiar, heredera de generaciones que aprendieron a trabajar el campo con esfuerzo y respeto, necesita agua no para hacer negocio, sino para mantener vivo el entorno rural. Sin agua no hay cultivos, sin cultivos no hay trabajo, y sin trabajo el pueblo se marchita. El abandono de los campos no es solo consecuencia de la sequía climática, también de una sequía política que ha relegado a Castilla-La Mancha a ser tierra de paso.

Pero la injusticia no termina ahí. En los últimos años, estamos viviendo otro fenómeno que preocupa: la privatización del agua destinada al consumo humano. El agua de beber, la que debería estar garantizada por ser un bien básico, empieza a convertirse en un producto más, con tarifas que castigan a quienes menos tienen y con una gestión que a menudo se aleja de la gente. El agua no puede ser un negocio; el agua es un derecho. Y ese derecho debe estar protegido por leyes, pero también por conciencia social.

Castilla-La Mancha no puede ni debe resignarse. Somos una tierra de secano, sí, pero también de ingenio, de lucha y de esperanza. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades, deberíamos levantar la voz para reclamar una gestión del agua que piense en la región como un todo, que entienda que sin recursos hídricos propios no hay desarrollo posible. El agua no solo riega los campos: riega las raíces de nuestra identidad.

En este Día Mundial del Agua, miremos nuestros ríos con respeto, pero también con exigencia. El agua que nos atraviesa no puede seguir siendo símbolo de pérdida, sino de justicia. Que se quede, que se reparta con equidad, que sirva para vida y no solo para consumo ajeno. Porque el futuro de Castilla-La Mancha, sus campos, sus pueblos y su gente, también depende de que el agua deje de ser un espejismo y se convierta por fin en herencia compartida.

El cinismo del "pequeño propietario": La vivienda como rehén

Hay formas de hacer política que consisten en envolverse en la bandera para tapar la cartera. De eso sabe mucho la derecha hispana. Y hasta la nacionalista, que primero es derecha y luego independentista. Así lo que acaba de perpetrar Junts con el decreto de vivienda en un ejercicio magistral de ese equilibrismo hipócrita. Bajo el disfraz de protectores de la "clase media", esa formación ha decidido pegarle un hachazo a la supervivencia de miles de inquilinos, demostrando que, cuando las luces de la épica nacionalista se apagan, lo que queda es la derecha rancia de toda la vida.

El argumento es tan viejo como tramposo: dicen que votan "no" para no "asfixiar al pequeño propietario". Es una narrativa diseñada para el sentimentalismo, que invoca la imagen de una abuela que vive de su única renta, cuando la realidad del mercado es una selva de fondos de inversión, multi propietarios y rentistas profesionales que se están forrando a costa de salarios estancados.

¿De qué asfixia nos están hablando? ¿De la del propietario que ve cómo el valor de su activo sube un 10% anual mientras duerme, o de la del joven que destina más de la mitad de su sueldo a pagar una habitación de ocho metros cuadrados? Defendiendo este modelo, Junts no protege a la clase media; protege el privilegio de quien desde hace tiempo tiene la sartén por el mango.

Resulta insultante que se nos hable por Junts de "asumir costes sociales" mientras su partido utiliza sus siete votos en Madrid como una moneda de cambio constante. Han decidido que la estabilidad de las familias catalanas es un daño colateral aceptable en su guerra particular contra el Gobierno de Sánchez y su desprecio visceral hacia Illa, al que llaman "mayordomo" mientras actúan como el botones de los intereses inmobiliarios, lo que es, cuanto menos, una broma de mal gusto.

Es una jugada maestra de cinismo: Junts votará a favor de bajar los impuestos de la luz y el gas, porque eso es popular y no toca los bolsillos de sus donantes, pero bloqueará la prórroga de los alquileres. Quieren el beneficio del titular amable y la tranquilidad del sector inmobiliario. Cómo se dice en estos lares, quieren soplar y sorber al mismo tiempo. Mientras se llenan la boca hablando de la "dignidad de Cataluña", lo que están haciendo es dejar a la intemperie a los ciudadanos a los que dice representar. Porque la dignidad de un país no se mide por cuántas veces le plantas cara a Madrid, sino por si eres capaz de garantizar que tu gente no sea expulsada de sus barrios por la codicia de un mercado sin control.

Junts ha vuelto a casa. Ha vuelto a ser la Convergència de los negocios, la de las moquetas y la defensa de la propiedad por encima de la vida. Han dejado claro que, para ellos, la vivienda no es un derecho, es un negocio; y el inquilino no es un ciudadano, es un gasto. Que no nos vendan más épica independentista, cuando lo que hay detrás de su "no" es egoísmo de clase, puro y duro.

HABLAR HOY DE EVANGELIZACIÓN, ES PATÉTICO

No ha dicho tanto, pero ha dado un paso hacia la verdad. El rey Felipe VI ha dado un paso valiente al reconocer “mucho abuso” en la conquista de México, un gesto que trasciende la mera corrección política y abre la puerta a una reconciliación genuina entre España y América Latina. Desde mi visión, este acto no solo valida evidencias históricas irrefutables como las matanzas documentadas por cronistas de la época y el colapso demográfico indígena (de 25 millones a 1 millón en un solo siglo), sino que subraya una lección clave, que asumir errores pasados fortalece lazos diplomáticos en un mundo hoy  interconectado.

Reconocer abusos no equivale a una autoflagelación ni a reescribir la historia con los ojos del presente, como critican los sectores conservadores en España. Al contrario, es un acto de madurez política que humaniza a las naciones y facilita la cooperación futura. Países como Alemania, que asumió el Holocausto, han construido relaciones sólidas con Israel y Europa sin perder orgullo nacional. En el caso de España y México, este gesto real podría impulsar acuerdos comerciales, culturales y migratorios, transformando un legado controvertido en un puente de prosperidad compartida. Negarlo, como hacen voces de Vox o el PP, solo perpetúa divisiones estériles y debilita la influencia global de España.

Esta dinámica histórica no es solo pasado, sino que resuena en tensiones contemporáneas. Así como la colonización española justificó la violencia con misiones “civilizadoras”, las acciones de Israel y EE. UU. en Gaza (bombardeos masivos y desplazamientos forzados ante Hamás) se amparan en narrativas de autodefensa que ignoran abusos documentados contra civiles palestinos. Del mismo modo, las sanciones de EE. UU. contra Venezuela y su presión sobre Cuba evocan tácticas coloniales de control económico, disfrazadas de promoción democrática y antes  denominadas “evangelización”, que asfixian poblaciones sin resolver las raíces profundas de esas situaciones. Asumir estos errores, como propone Felipe VI, podría desescalar : Israel ganaría legitimidad reconociendo excesos en Gaza; EE. UU., al levantar bloqueos en Venezuela y Cuba, fomentaría estabilidad en el hemisfério sur en lugar de confrontación.

En definitiva, la historia enseña que la humildad geopolítica no debilita, sino que empodera. España, al liderar con ejemplo, además de generar críticas internas que niegan los hechos históricos, podría inspirar a potencias actuales a priorizar la empatía sobre el orgullo, mejorando relaciones entre pueblos en un orden mundial hoy demasiado fracturado. Yo quiero esta España digna y respetuosa con el derecho internacional y respetada en el mundo, no la que quiere una derecha sometida a los caprichos de los tiranos, sin pensar en que no necesitamos enemigos externos, que ellos ya se bastan solos aun viviendo aquí.

Caudete y agua: cuando la “gestión indirecta” es una privatización encubierta

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio “indirecto” para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si “lo privado funciona mejor”, ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos 6 millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado 

Para vender este giro, el Ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “el agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría “privatizando” nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el Ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario. Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del “secreto comercial”; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas. 

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.

Castilla y León: democracia auténtica en un país vacío.

Qué tiempos aquellos en los que cambiar cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía era para la derecha “higiene democrática”, y ahora en Castilla y León, donde camino de 43 años del PP, eso se llama “democracia auténtica”.  No es solo un doble rasero retórico: es la normalización de una hegemonía conservadora construida sobre una comunidad que se vacía, que envejece y vota con resignación a los mismos de siempre.

Las elecciones de Castilla y León confirman al PP como primera fuerza, seguido de un PSOE que no se hunde, y mientras Vox se afianza, pero que no se dispara cómo esperaba. La suma es conocida: la derecha mantiene una mayoría holgada, pero el PP sigue dependiendo de Vox para gobernar, por mucho que Feijóo insista en que el voto ultra “fortalece al sanchismo” y que sus votantes son poco menos que ingenuos engañados.  Si alguien fortalece algo, los números dicen que el voto a Vox a quien fortalece es al PP, y el voto al PP mantiene en el poder al bloque PP–Vox.

La paradoja es que esta tendencia se consolida en la comunidad que mejor encarna la España vaciada: Castilla y León que cerró 2025 con 16.000 personas menos de saldo vegetativo, uno de los peores del país, y solo un leve crecimiento de población gracias a la llegada de extranjeros.  En comarcas como La Cabrera, Sanabria o Tierra de Campos, el mapa demográfico es el de un territorio que pierde jóvenes, acumula ancianos y se queda sin reemplazo generacional.  El votante típico de esas zonas acude a las urnas como a una romería, con fidelidad hacia la derecha, con poca esperanza de cambio y la certeza de seguir de que seguirá siendo secundario en la agenda real de poder. Pero lo hace.

Es ahí donde la comparación con Andalucía es especialmente hiriente: lo que allí era “turno higiénico democrático” tras décadas de socialismo, aquí es una simple continuidad virtuosa, aunque el paisaje social sea un experimento a cielo abierto de desertización humana.  Nadie entre los conservadores plantea que quizá la verdadera higiene democrática sería preguntar por qué una comunidad que se desangra en nacimientos, empleo y servicios públicos sigue votando a quienes han pilotado ese proceso durante décadas.

En el otro lado del tablero, las elecciones dejan un mensaje durísimo para la izquierda a la izquierda del PSOE. En esa izquierda no se consigue que los partidos territoriales sean la alternativa. Tampoco que por separado tengan nada que decir.  Las candidaturas ligadas a IU-Sumar y Podemos desaparecen de las Cortes, repitiendo el patrón de otras autonómicas: es la segunda vez que el espacio morado se queda fuera de un parlamento autonómico, aquí perdiendo del orden de 53.000 votos respecto a 2022.  No hablamos de una anécdota, sino del cierre de un ciclo: el que se abrió en 2014 prometiendo romper el bipartidismo y hoy se traduce en irrelevancia institucional en buena parte de la España interior. Para que en los pueblos les voten, esos partidos necesitan estar pegados al territorio. Espero que se haga autocrítica, es indispensable.

Y aquí es donde la despoblación deja de ser un “tema social” para convertirse en un dato estructural de la política. En un territorio envejecido, con miles de pueblos por debajo de los cien habitantes, el voto tiende a concentrarse en marcas conocidas, en redes clientelares y siglas percibidas como “serias”.  PP y PSOE se benefician de esa inercia, Vox ocupa el hueco del malestar cultural y los regionalismos (UPL, XAV, Soria ¡Ya!) intentan capitalizar agravios concretos, pero la izquierda alternativa llega tarde, mal y sin tejido local.

La despoblación castiga especialmente a quien no tiene organización local: cada pueblo que pierde vecinos pierde también interventores, concejales, cuadros medios, votantes militantes.  En la práctica, un municipio que se queda con veinte mayores y dos familias jóvenes es un terreno casi imposible para partidos que solo existen en Twitter o en las grandes ciudades; y Castilla y León, más que ninguna otra, es una comunidad de pueblos, no de ciudades. 

El resultado es un mapa político que parece estable, pero que está sostenido sobre un suelo que demográficamente se está rompiendo.  El PP presume de estabilidad mientras gobierna un territorio que se vacía año a año; el PSOE celebra acercarse al PP mientras asume que su flanco izquierdo se evapora; Vox consolida su papel de socio obligatorio; y la izquierda a la izquierda del PSOE mira desde fuera cómo se cierra la ventana de oportunidad abierta hace una década.

Perder 53.000 votos es un palo, hablaran para justificarlo de “voto útil”.  Pero palo es, y lo es precisamente en una comunidad donde cada voto progresista en la España vaciada pesa el doble: porque sostiene un escaño y porque sostiene la idea de que esos territorios no están condenados a elegir siempre entre continuidad conservadora o ultraderecha.  Quizá la higiene democrática que falta hoy en Castilla y León no es cambiar de siglas en el gobierno, sino asumir que no hay democracia auténtica posible en un país que se queda, literalmente, sin gente.

el enésimo acto de suicidio político de Sánchez

Lo que algunos nos presentaron como el enésimo acto de suicidio político de Sánchez, les ha durado en pie lo que tarda un gráfico del Brent en ponerse rojo. Los mismos medios que horas antes le empujaban al borde del abismo han descubierto de pronto que cerrar el estrecho de Ormuz no es un juego de tertulianos, sino una bomba de relojería para la economía europea y asiática, y han virado sin remedio teniendo que tragarse sus palabras. 

Lo que no acaban de admitir y afirmar públicamente es que en esa coreografía, quien sí se ha quedado solo es el PP, aferrado a su propaganda como a un flotador que se está deshinchando, recitando el argumentario de siempre mientras el escenario ha cambiado no solo de acto sino hasta de la obra que en el se representa. Mientras todos hablan de seguridad energética, de cadenas de suministro, de reservas estratégicas… el partido de Feijóo sigue instalado en el “Sánchez es el problema”, como si la factura del gas y la prima de riesgo fueran asuntos secundarios frente al deber patriótico de machacar al Gobierno por lo civil o lo criminal.

Y ahí aparece Giorgia Meloni, convertida en un inesperado espejo en una galería de deformantes. Cuando la oposición italiana le reprocha sus decisiones, ella responde, casi con una carcajada: “No entiendo por qué la izquierda de nuestro país elogia a España cuando está haciendo exactamente las mismas cosas que Italia”. Es decir: Madrid y Roma firman lo mismo, asumen lo mismo y se alinean en lo esencial, mientras en España se sigue vendiendo la novela de un Sánchez aislado, radical y fuera de Europa.

Admítanlo señores votantes de las derechas hispanas, la escena roza lo grotesco: la ultraderecha italiana reivindicando que España va en su misma línea, y el PP retratado como una rareza continental, empeñado en contar a los suyos que el presidente vive en una esquina del tablero cuando quien permanece acurrucado en la esquina es el propio Feijóo. 

Que no se lo cuenten al pobre Alberto, desde luego: bastante tiene ya con sostener el relato mientras la realidad, tozuda y poco colaboradora, le desmiente en directo cada día.

“Guerra en Irán: la derecha española a su servicio y contra nuestra soberanía”

Hace frio esta mañana en Albacete. Cielo gris y algo de viento. Leo los digitales. Se empeñan en hablar del asunto transmitiendo que la guerra de Irán es algo lejano, una cuestión de geopolítica y “orden internacional”. Pero notos se muestran preocupados porque se nota en la cartera y en la manguera de la gasolinera. Pero piden que nos coloquemos del lado de nuestros “aliados”. Aliado” es quien se une a otro para lograr un objetivo común o defender intereses compartidos. Pero ¿debemos unirnos incluso si el objetivo es erróneo?

Pensemos. Cada dólar que sube el barril de petróleo es una transferencia silenciosa de riqueza desde Europa hacia los países productores, incluida la potencia que ha decidido incendiar el avispero. Mientras nosotros ponemos las colas en las estaciones de servicio y ellos cobran la factura. Esa sangría encarece el transporte, alimenta la inflación y agrava el desequilibrio comercial europeo, mientras nuestras economías quedan atrapadas en una montaña rusa de precios que no controlamos. ¿Ese es el objetivo de nuestros aliados? Porque si es ese, yo no quiero estos aliados.

El asunto de fondo es el petróleo. Hoy el petróleo no es solo una mercancía, porque lo han convertido en una relación de poder. Nadie puede negar hoy el hecho de que mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, que en nuestro país no tenemos, cada crisis en Oriente Medio se convierte en un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La guerra no son solo bombas y misiles, la guerra de Irán también se libra en el recibo de la luz, en la cesta de la compra y en el margen de maniobra de los gobiernos europeos. O reducimos esa dependencia del petróleo, o aceptamos que nuestra política económica se decida entre oleoductos y en el cierre de un estrecho.

Frente a eso, lo positivo es que España demuestra que la transición energética no es un capricho de ecologista, sino la política de Estado más sensata que se puede plantear. Cerca del 60% de nuestra electricidad procede ya de fuentes renovables y el precio mayorista es en torno a un 32% más bajo que la media europea. Menos petróleo significará menos dependencia exterior, menos vulnerabilidad ante guerras como la que ahora vivimos y más soberanía para decidir nuestro modelo económico. Las energías limpias no solo ayudan a proteger el clima, sino que refuerzan nuestra independencia y nuestra capacidad de resistir los vaivenes del mercado de los combustibles fósiles.

Ante este escenario, la postura de la derecha española es mucho más que un error: es una autentica irresponsabilidad patriótica. PP y Vox se envuelven en la bandera mientras defienden políticas energéticas alineadas con el trumpismo, que solo benefician a las grandes petroleras y a Estados Unidos, y nos mantienen encadenados al mismo modelo que nos hace rehenes de sus conflictos. Proponer, una vez más, rebajas generalizadas de impuestos a los combustibles puede resultar hoy lo más popular, pero es una medida regresiva que solo subvenciona la dependencia energética y que retrasa la única salida que hoy es racional: consumir menos petróleo y acelerar las renovables.

Para colmo, todo esto nos lo aliñan con una frivolización constante del conflicto y de sus efectos. Las redes hierven de memes sobre llenar el depósito y colas en las gasolineras, mientras la derecha banaliza la agenda verde y ridiculiza cualquier intento serio de transición. Es una mezcla de sarcasmo y negacionismo climático que no es nada inocente: responde a los discursos conservadores, muchos de ellos generosamente financiados por las industrias más contaminantes.

La pregunta, entonces, es sencilla: ¿a qué país sirve esta derecha nuestra que, en plena guerra del petróleo, se opone a reforzar nuestras renovables y a reducir nuestra dependencia exterior? Parece que a sus votantes les cuesta entender que defender un modelo que transfiere riqueza y poder hacia los productores de petróleo, mientras se sabotea la única vía para ganar soberanía energética, no es patriotismo. Es, precisamente, todo lo contrario.

El recauddor Sánchez

El PP ha denunciado estos días, por voz del genial gallego y la nueva sabionda de la derecha sra. Muñoz, que “la mitad de lo que pagamos en combustible son impuestos que Sánchez recauda”. La frase suena potente, pedagógica, incluso indignante. Pero oculta un pequeño secreto contable: que buena parte de esa supuesta recaudación “de Sánchez” termina en las arcas de las comunidades autónomas, once de las cuales están gobernadas por el propio PP. Para que todos lo entendamos: Sánchez cobra, pero los populares gastan. El combustible, al parecer, no solo mueve coches: también impulsa la máquina del cinismo político, cuando los impuestos se convierten en munición electoral. Lo relevante no es quién recauda, sino a quién conviene culpar.

Si uno aplicara la misma lógica con rigor, tendríamos a Feijóo acusando a Ayuso, Moreno Bonilla o Guardiola de ser cómplices activos en el saqueo al automovilista medio. Pero claro, la verdad y la coherencia tributaria no da rendimiento en votos. Mucho más rentable es presentar al Gobierno central como un recaudador que se dedica a vaciar bolsillos mientras las autonomías populares, por arte de magia, quedan libres de toda responsabilidad presupuestaria.

 En realidad, el PP no nos plantea un debate fiscal, esto es un número de ilusionismo político: convertir impuestos compartidos en armas partidistas. El problema al PP depende de que el público no mire demasiado de cerca y se de cuenta de que le mienten.

¿Tiene futuro Europa?

Muchos tertulianos lo ponen en duda, pero la respuesta honesta, sin arrimar el ascua a la sardina del medio del tertuliano de turno, debe ser más matizada: Europa puede tener futuro, pero hoy no está garantizado. Depende de cómo sepamos gestionar una década llena de problemas a la vez: guerras, problemas sociales, económicos, ecológicos y políticos.

Entramos en 2026 con una economía que crece poco, una población que envejece y muchos países muy endeudados. Al mismo tiempo, tenemos que cambiar nuestro modelo hacia energías más limpias y más tecnología. La política tampoco ayuda: los parlamentos están muy fragmentados y crecen partidos ultraderechistas y populistas que hacen más difícil llegar a acuerdos. La guerra de Ucrania y la tensión entre grandes potencias han obligado a la Unión Europea a dejar de ser ingenua. Europa se ve obligada a pensar en su propia defensa, en su seguridad y en no depender tanto de otros en energía, tecnología o materias primas. Ucrania se ha convertido en una prueba más clara de hasta dónde llega la palabra dada por Europa.

Los riesgos son serios. Si se refuerza una alianza de gobiernos poco comprometidos con la democracia dentro de la UE, pueden bloquear decisiones clave como ampliaciones, apoyo a Ucrania, Pacto Verde o una mayor coordinación económica. Al mismo tiempo, muchos jóvenes viven con frustración por los salarios, la vivienda y la falta de oportunidades, y en muchos territorios hay un sentimiento de abandono. Ese caldo de cultivo alimenta el voto contra “Bruselas”.

Sin embargo, Europa no parte de cero. Sigue siendo un enorme mercado, con reglas comunes y una gran capacidad para fijar normas que influyen en todo el mundo: en clima, datos, inteligencia artificial o sostenibilidad. La transición verde y una nueva industria menos contaminante pueden ser una oportunidad para crear empleo, atraer talento y ganar autonomía energética.

La verdadera pregunta no debe ser solo si Europa tiene futuro, sino qué Europa queremos y podemos construir con las limitaciones actuales. El proyecto europeo será viable si al menos un grupo de países se toma en serio avanzar en defensa, seguridad económica y protección del estado del bienestar, incluso aunque otros se queden atrás. El futuro de Europa no está escrito: depende, en buena medida, de lo que hagamos en esta década.

Porque, al fin y al cabo, Europa solo tendrá futuro si los europeos somos capaces de creer en ella y de trabajar juntos para construirla: a grandes males, grandes remedios.

¿habrán llegado bien?

El lector sigue creyendo que compra periódicos, cuando en realidad compra, a plazos, la narrativa que otros han encargado. Por eso conviene recordar el viejo aviso de: antes de saber qué dice la prensa, procure saber quién paga la tinta… y, si puedes, pregúntate también por qué te sale tan barato creerla.

En ocasiones me pongo melancólico por toda la gente que he mandado a la mierda, y me pregunto ¿habrán llegado bien?

NO SE ME HA OLVIDADO QUE HOY ES 11 M

Aznar es el raro caso de político que, veinte años después de Irak, no solo no se arrepiente, sino que presume de la foto de las Azores como si fuera un máster en geopolítica. Mientras Bush y Blair han reconocido errores, él sigue instalado en el “no cambio ni una coma”, como si las armas de destrucción masiva hubieran aparecido en una mudanza y nadie nos lo hubiera contado.

La soberbia no es que se equivocara: es convertir el error en medalla, exigir respeto por una decisión que nos dejó muertos, mentiras y un país incendiado… pero eso sí, con lo que considera “prestigio internacional”. Ahora, con la guerra de Irán, vuelve el viejo reflejo: España “debería estar con sus aliados”. Traducción: que otros pongan los muertos y nosotros la obediencia atlántica, otra vez y sin preguntas incómodas.

La España del “No a la guerra” aprendió la lección en 2003. Aznar, no. Por eso su altivez ya no es solo un rasgo de carácter: es una amenaza recurrente, un eco de las Azores que siempre vuelve cuando huele a guerra.

El 11M como fango político

La verdad incómoda no es la que nos quiere vender Mayor Oreja, sino la incapacidad del PP para romper con dos décadas de sospechas insinuadas, silencios cómplices y guerras ajenas.

Veintidós años después de la matanza de Atocha, Jaime Mayor Oreja (un ultra en muchos aspectos) decide presentar su libro el mismo día en que las víctimas recuerdan a sus muertos. No es una casualidad editorial sino un gesto político calculado, que vuelve a colocar el atentado en el terreno de la sospecha: “el 11M se hizo para cambiar la dirección política de España”. Lo repite como quien enuncia una teoría matemática o científica, sin aportar una sola prueba de lo que afirma, envolviendo la insinuación en la coartada moral de una “verdad incómoda”. Es el viejo truco del conspiracionismo de los que se creen elegantes: no se niega la autoría yihadista fijada por los tribunales, pero se sugiere una mano invisible que habría orientado el crimen hacia un resultado político concreto.

En esa escena, lo más elocuente no son las palabras de Mayor Oreja, sino el silencio a su lado. José María Aznar y Isabel Díaz Ayuso escuchan sin despeinarse, prestan su presencia como aval simbólico y, a cambio, se ahorran el coste de pronunciarse. Es el mismo Aznar del trio de las Azores que en 2003 garantizaba en televisión que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva, que invertir la carga de la prueba era una injusticia y que estaba diciendo la verdad. Dos décadas más tarde, con Irak devastado y sin rastro de aquellas armas, la única verdad incómoda es la suya, que se empeñó en diseñar una política exterior que nos colocó en primera línea de riesgo y una gestión informativa del 11M que intentó mantener vivo el fantasma de ETA hasta que los hechos lo hicieron imposible.

Ayuso, desde Nueva York, completa el cuadro con un calco casi literal del discurso de entonces: “no conozco a nadie que quiera una guerra, no nos gusta a nadie y nos duele a todos”. A Aznar también le dolía, pero justificaba que “está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales”. Hoy el escenario geopolítico es otro, el enemigo se llama Irán y no Saddam Hussein, pero la música es idéntica: todos desean la paz, nadie quiere la guerra, y sin embargo el alineamiento automático con “el presidente yanqui de turno” sigue siendo la brújula moral de su partido. Lo inquietante no es la coherencia, sino su incapacidad para aprender algo después de dos guerras y un atentado devastador.

El relato que propone Mayor Oreja invierte la carga de la responsabilidad. La “manipulación extrema de los hechos” ya no sería la del Gobierno que se aferró a ETA contra la evidencia, sino la de una oposición y unos medios que habrían forzado una lectura “islamista” para castigar la foto de las Azores. Convertir en sospechosa la explicación que coincide con varias sentencias firmes es una manera muy eficaz de blanquear los errores propios y de mantener abierta, hasta el fin de los tiempos, una cuenta pendiente con la realidad. La consecuencia es que el 11M deja de ser una tragedia con responsables penales identificados para volver a ser un mito disponible, manipulable, utilizable, maleable a conveniencia.

En el fondo, lo que estos señoros escenifican en ese acto no es el coraje de quien cuenta “su” verdad, sino la resistencia de una parte del PP a enfrentarse a la suya. La de un Gobierno que se equivocó de guerra, que se equivocó en la gestión de un atentado y que, veinte años después, prefiere sugerir sombras antes que admitir que no todo fue una conjura ajena. Las víctimas del 11M no necesitan teorías conspirativas que les expliquen por qué murieron; necesitan que la política deje de utilizar su memoria como campo de batalla simbólico. 

Lo verdaderamente indecente no es que haya una verdad incómoda, sino que, a estas alturas, algunos sigan chapoteando en el fango, cómo disfrutan haciendo los cerdos, por puro interés partidista. Mejor me marcho a caminar que es mucho más sano y no me provoca nauseas.

Que se pare el mundo que me quiero bajar

La inestabilidad política y la inseguridad han entrado en nuestras casas sin que casi nos enterásemos. Ha bastado con que alguien mencionara “Irán” en voz alta.  Desde entonces, las noticias se suceden como ráfagas de ametralladora: un millar de objetivos bombardeados, misiles en el Golfo, el petróleo rozando cifras que recuerdan otros desastres, y el presidente de Estados Unidos levantando el tono como quien juega a la ruleta rusa con la economía mundial.  En los rótulos de los informativos  hablan de escenarios, de “ventanas de oportunidad”, de “efecto dominó”, pero en los pasillos de los supermercados lo que se escucha son otras palabras: hipoteca, gasolina, incertidumbre.

En España, mientras tanto, la derecha ha decidido que esta guerra le sirve como espejo y como arma.  El Gobierno repite que “no queremos guerra”, que España no está ni quiere estar en ella, evocando el viejo fantasma de Irak como aviso y como vacuna, pero el PP y Vox responden con un alineamiento reflejo con Trump y Netanyahu, como si la prudencia diplomática fuera una forma de traición.  Cada declaración del Ejecutivo se convierte en una acusación: o estás con “las democracias liberales” o estás del lado de los ayatolás, de Hamás, de los hutíes, de todo lo que resulte útil para pintar un enemigo interno. Cuanto cinismo con el ciudadano, por poner el voto delante del bienestar.

Así, consiguen que la inestabilidad deje de ser geopolítica y se transforme en algo doméstico, en ruido calculado, en siembra de sospechas, en un patriotismo de plató con banderita en la pulsera, en un amor a España que se practica mejor cuanto peor duerme la gente.  La inseguridad ya no es solo miedo a una guerra lejana, sino la sensación de que, aunque las bombas caen lejos, la polarización nos cae aquí mismo, en nuestro Parlamento, sobre los acuerdos europeos, sobre el derecho internacional, sobre las próximas elecciones. 

Afuera silban los misiles; dentro, la derecha sopla sobre las rescoldos y las brasas convencida de que, si todo arde un poco más, el humo acabará dibujando su bandera. Que se pare el mundo que me quiero bajar.

Feijóo ante un mundo sin reglas: la derecha española se pliega al trumpismo europeo

Mientras Trump dinamita la legalidad internacional y Von der Leyen arrastra a la UE hacia unas relaciones entre países sin reglas, Feijóo ha elegido alinearse con ellos. El PP renuncia a defender los intereses y la soberanía jurídica de España para presentarse como socio dócil del nuevo poder atlantista, incluso cuando eso implica aceptar amenazas, aranceles y violaciones del derecho internacional contra su propio país.

Feijóo ha encontrado por fin su lugar en la historia del PP. No como el moderado que prometía recomponer los puentes del centroderecha, sino como el dirigente que ha arrodillado a su partido ante un Trump que dinamita la legalidad internacional mientras Von der Leyen le sostiene la mecha. El PP, que podía haber sido freno conservador europeo a esa deriva autoritaria y unilateral, ha optado por ser su sucursal peninsular, dispuesto a sacrificar principios, reputación exterior e incluso intereses económicos de España con tal de alinearse con el nuevo mundo sin reglas diseñado desde Washington y Bruselas.

El cinismo de Feijóo es doble. En España se envuelve en la bandera, se presenta como garante de la “seriedad” institucional y acusa al Gobierno de romper consensos y “debilitar la posición de España en el mundo”. En Europa, en cambio, respalda sin matices a la presidenta de la Comisión que ha certificado de facto la defunción del sistema internacional basado en reglas, fundamento de la acción exterior de la UE. El mismo dirigente que denuncia la supuesta irresponsabilidad del Ejecutivo guarda silencio cuando Trump amenaza con aranceles o adopta medidas unilaterales que golpean a sectores estratégicos de la economía española. No es incoherencia, es una jerarquía de lealtades, primero el bloque ideológico, muy después el país.

La derecha española siempre ha tenido en su historia una relación complicada con el derecho internacional, pero esto es un salto cualitativo. La presidenta de la Comisión quiere arrastrar a Europa a un mundo sin reglas, al estilo de Trump y Putin, donde el reparto de zonas de influencia sustituye a la legalidad, el secuestro de mandatarios y los bombardeos sin mandato de la ONU se normalizan como herramientas políticas y el multilateralismo se queda en retórica. Frente a este desplazamiento, España, Francia e Italia han defendido la legalidad internacional y se han posicionado contra la guerra con Irán; sin embargo, el PP no hace suya esa defensa y se sitúa más cerca de la lógica de poder que del respeto a los tratados.

Feijóo llegó a la dirección del PP vendiéndose como gestor prudente, heredero de una tradición gallega de sensatez. La práctica es una mezcla de cobardía y oportunismo. Cobardía, porque renuncia a formular una posición soberana de país cuando Trump señala a España como objetivo económico o político, y prefiere usar esa amenaza como munición contra el Gobierno. Oportunismo, porque intuye que el viento sopla hacia un orden de bloques duros y concluye que lo rentable es ponerse del lado del matón antes que defender un sistema de normas que exige coherencia, límites y, a veces, decir “no” al aliado poderoso.

Feijóo podría haber elegido otro papel para sí mismo y para su partido. Podría haber sido el líder conservador que, desde el respeto a la tradición atlantista, marcara líneas rojas claras: ni aranceles a España, ni ataques a la ONU, ni bombardeos sin mandato, vengan de quien vengan. Podría haber recordado a Von der Leyen que el poder de la UE reside en su capacidad para obligar a los grandes a respetar las reglas, no en su empeño por imitarlos en el desprecio a la ley cuando conviene. Podría haber reclamado para España un lugar propio y digno en la defensa de un orden internacional que tanto costó construir tras la barbarie del siglo XX.

Ha elegido lo contrario. Ha optado por ser la voz dócil de un proyecto que rebaja a España de sujeto a objeto en la escena internacional y que convierte a la derecha española en comparsa entusiasta de un mundo sin reglas donde países como el nuestro solo pueden aspirar a adaptarse a las decisiones ajenas. Cuando dentro de unos años alguien tenga que explicar cómo Europa pasó de defender el derecho internacional a celebrar al dirigente que se lo saltaba, será difícil omitir el nombre de Feijóo entre los responsables políticos que, pudiendo haber dicho “hasta aquí”, prefirieron mirar hacia otro lado.

Relaciones pintorescas

Desayuno y antes de salir a caminar bajo la lluvia, algunos textos de la prensa digital con sus claros posicionamientos a las ordenes de sus amos, hacen pensar. 

Donald Trump tiene una concepción de las relaciones internacionales, cómo poco pintoresca.  Es un líder que no busca aliados en pie de igualdad, sino países subordinados a sus intereses. No quiere aliados, quiere vasallos. Tiene una visión autoritaria y unilateral del poder, en la que las alianzas tradicionales con Europa o la OTAN se transforman en relaciones de dependencia política y económica. Incluso socios históricos y estratégicos no se libran de su actitud hostil o displicente, lo que refleja una ruptura con el multilateralismo clásico de la política exterior estadounidense. 

Y luego está el colega que se ha echado. Netanyahu el único “aliado” real de Trump, un dirigente que encarna, la impunidad y la brutalidad bélica. Asistimos a  la afinidad entre líderes con estilos autoritarios y desprecio por el derecho internacional. Y estos señores son los responsables de que el mundo pueda saltar por los aires.

Llueve y nieva en Albacete. Al final, entre el café, la lluvia y la nieve, queda una certeza incómoda: no estamos ante una mala racha de la historia, sino ante un proyecto consciente de degradación democrática que avanza mientras muchos miran hacia otro lado. Y quizá por eso conviene recordar, antes de que sea demasiado tarde, que ninguna nevada blanquea la responsabilidad de quienes hoy aplauden a estos aprendices de señor feudal, porque también ellos quedarán escritos, con nombres y apellidos, en la página de los que eligieron el miedo y el dinero frente a la dignidad humana.

ofensiva de Alemania, Von der Leyen y el resto de derechas europeas contra el ‘no a la guerra’ de Sánchez no es solo un ataque político: es una amenaza directa contra nuestro derecho a no morir en sus guerras y a no empobrecernos para financiar su negocio armamentístico. La diferencia es brutal: a ellos les llenan los bolsillos por empujar a Europa al rearme y la escalada, mientras a nosotros solo nos reservan el papel de carne de cañón y pagadores de la factura.

La guerra de Irán: por qué la desescalada es la única opción racional para la mayoría

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una tragedia humanitaria ni un nuevo episodio de inestabilidad en Oriente Próximo, sino, sobre todo, un gigantesco shock económico que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿para quién se hace la política de seguridad en el siglo XXI? ¿Para los ciudadanos o para una minoría que se enriquece con cada escalada?

Para intentar dar una respuesta hay que colocarse frente al mapa. El estrecho de Ormuz, hoy convertido en epicentro del conflicto, es mucho más que una franja de mar en el Golfo Pérsico, puesto que por ahí transita en torno al 20% del petróleo mundial y una parte clave del comercio de gas y productos químicos indispensables para la industria y la agricultura de todo el planeta. Cerrar, restringir o simplemente amenazar ese paso, estamos viendo que equivale a poner la pistola en la sien de la economía mundial.

En cuestión de días, el barril de crudo ha saltado muy por encima de los tres dígitos y los mercados ya están descontando escenarios que van desde la recesión global hasta una nueva ola de inflación. Cada dólar en que se incrementa el precio del barril se traduce en carburantes más caros, en recibos de calefacción más difíciles de pagar, en alimentos que suben de precio porque los fertilizantes y su transporte se encarecen. Para el ciudadano medio europeo, latinoamericano o asiático, la guerra en Irán se ha convertido en un impuesto a pagar sin rechistar sobre la vida cotidiana.

Y, sin embargo, la respuesta dominante de las potencias no está siendo apostar por la desescalada en el conflicto, sino por todo lo contrario: refuerzo del escudo nuclear, despliegue de portaaviones y fragatas, envío de tropas para “garantizar la libertad de navegación”, militarización del Mediterráneo oriental y del propio estrecho de Ormuz. Todo ello nos lo presentan como un sacrificio inevitable para defender nuestra seguridad y estabilizar los precios. Si uno mira los datos con calma, el argumento se desmorona por sí solo.

Un negocio redondo para unos pocos

Cada escalón más en la tensión militar se traduce en más volatilidad y en nuevos repuntes de los precios de la energía. Los seguros marítimos se han disparado, las navieras no van a perder un euro y repercuten el coste en sus tarifas, los gobiernos anuncian compras extraordinarias de armamento y de gas “alternativo” a precios más altos. El resultado es el de siempre en estos casos, un círculo vicioso: la guerra que supuestamente se hace para abaratar la energía es, en realidad, el principal motor del encarecimiento de la energía. ¿Por qué, entonces, insistir en esa vía? Porque la guerra, además de un desastre social, es un modelo de negocio. 

Los sectores que ganan con el conflicto están muy bien identificados: Las grandes petroleras y los grandes compradores y vendedores de activos financieros para ganar dinero con las subidas y bajadas de precio de las materias primas, que ven cómo sus márgenes crecen con cada subida del precio del crudo y del gas; las empresas de armamento y tecnología militar, para las que cada misil lanzado, cada escudo antimisiles desplegado y cada barco enviado a la zona es un contrato más pagado con dinero público; los fondos de inversión que aprovechan la volatilidad para especular con futuros de energía y con acciones de sectores “refugio” como son defensa y combustibles fósiles.

Mientras las bolsas globales sufren, las acciones de gigantes de la defensa y de algunas petroleras se comportan como auténticos ganadores de la guerra. Y mientras los gobiernos advierten a sus ciudadanos del “esfuerzo que todos debemos hacer”, esos mismos gobiernos sellan contratos de miles de millones que consolidan la posición de estos oligopolios durante décadas.

Pero siempre que un lado gana, hay un lado perdedor, y aquí la lista también está igual de clara: los hogares que ven cómo su salario no les llega a fin de mes, las pymes que no pueden soportar el incremento de costes energéticos, los estados que desvían recursos de la sanidad, la educación o la transición ecológica para sostener el gasto militar. Es una transferencia de renta desde la mayoría social hacia una minoría perfectamente localizada.

La irracionalidad económica de la escalada

Desde una óptica estrictamente económica y sin adjetivos políticos, la escalada es una estrategia difícilmente justificable. El cierre total o parcial de Ormuz, aunque sea durante unas pocas semanas, tiene un impacto en todo el sistema económico: encarece la energía, aumenta la inflación, obliga a los bancos centrales a endurecer sus condiciones financieras y es un estrangulamiento para  las inversiones productivas. El riesgo de todo esto induzca a una recesión no es una hipótesis teórica, sino un escenario que ya están manejando los principales organismos internacionales.

Algunos ya argumentan que no hacer nada también tiene un coste, o que dejar a Irán “controlar” el estrecho es una cesión inaceptable, lo que puede ser una opinión compartida. Pero ese razonamiento parte del falso dilema entre la humillación y la guerra total. Hay un espacio amplio para la política y la diplomacia que hoy se está despreciando deliberadamente. La receta militar no resuelve el problema de fondo, muy al contrario, lo agrava. La destrucción de infraestructuras, los ataques cruzados a petroleros, el riesgo de extensión a otros escenarios (del Mediterráneo oriental al mar Rojo, y no está tan lejano nuestro  Levante) introduce nuevas fuentes de inestabilidad. A corto plazo, va a generar beneficios extraordinarios para quienes venden armas o energía cara; a medio y largo plazo, dejará una deuda pública elevada, el capital físico (conjunto de bienes materiales y duraderos que se usan para producir otros bienes y servicios) destruido y nuestras sociedades más vulnerables.

La desescalada como política económica de sentido común

Frente a este escenario, hablar de desescalada no es un gesto de ingenuidad pacifista, sino una opción de racionalidad económica básica. Preguntémonos ¿Qué implicaría, en la práctica? En primer lugar, un alto el fuego inmediato y el fin de los bombardeos masivos, acompañado de compromisos verificables por parte de Irán de no bloquear el estrecho y de no atacar el tráfico comercial. En segundo lugar, un marco multilateral, bajo paraguas de Naciones Unidas y de los actores regionales, para garantizar la seguridad de la navegación en Ormuz: no como protectorado de una sola potencia, sino como un bien público global gestionado con reglas claras.

En paralelo, resulta indispensable retomar un marco de negociación nuclear y de seguridad regional que reduzca los incentivos de Teherán a utilizar el “arma del estrecho de Ormuz” como palanca política. Es posible y deseable: ya existió un acuerdo, el JCPOA (el pacto que limitaba el programa nuclear iraní, sometido a inspecciones internacionales, a cambio de aliviar la asfixia económica de las sanciones), que fue dinamitado políticamente, no por fracasos técnicos. Reconstruir ese espacio exigiría renuncias de todas las partes, pero el dividendo económico que supondría para la ciudadanía global sería inmenso.

Por último, aprovechemos un problema para mejorar. La crisis actual debería servir de catalizador para acelerar la transición energética, sobre todo en Europa. Cada euro invertido en reducir la dependencia de los hidrocarburos del Golfo es un euro invertido en soberanía económica y en resiliencia social. Seguir atados a las circunstancias geopolíticas que rodean un puñado de pasos o zonas estrechas clave para el transporte mundial, defendidos a golpe de fragata y misil, esa si es una verdadera utopía irresponsable.

Una lección incómoda

Para ir terminando este análisis. La guerra en Irán nos está dando una lección muy  incómoda, la de como la arquitectura actual de la seguridad internacional está diseñada para proteger la seguridad de las élites (sus rutas, sus beneficios, su capacidad de decisión) más que para la seguridad material de la mayoría. Cuando los líderes hablan de “defender nuestros intereses”, se refieren a los suyos, y pocas veces a la capacidad de los hogares para pagar la luz o llenar la nevera. Apostar por la desescalada no significa negar la complejidad del conflicto ni idealizar a ninguno de los actores implicados. Significa asumir que la verdadera línea divisoria no pasa entre países “amigos” y “enemigos”, sino entre quienes ganan dinero con cada escalada y quienes pagan la factura con su nivel de vida.

Si algo ha demostrado la historia reciente, es que los conflictos en torno a la energía siempre acaban socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Romper ese patrón exige cambiar las prioridades: menos geopolítica de “agallas o  testosterona”, más política económica pensada para quienes no nos sentamos en los consejos de administración, ni tenemos un teléfono rojo en la mesa.

La desescalada es, hoy lunes nueve de marzo de 2026 estas, mucho más que una opción moralmente deseable. Es la única salida económicamente sensata para las mayorías de todos los países del planeta.

El médico que no sabía quién manda

El señor Feijóo ha decidido escribirnos a los sanitarios. Qué detalle. Años gobernando comunidades y ahora se acuerda de nosotros, como quien manda un mensaje de cumpleaños a su primo al que lleva una década sin llamar.

En su carta nos cuenta que la sanidad está mal (gracias por avisarnos) y que la culpa la tiene el Gobierno central. Él, que gobierna en once comunidades autónomas con competencias sanitarias plenas, debe de pensar que el concepto de  “autonomía” es el de una palabra decorativa, o quizá un pecado.

Resulta enternecedor cómo olvida que son sus gobiernos los que deciden plantillas, presupuestos y conciertos con clínicas privadas. O cómo se le escapa que mientras pide más dinero para la sanidad, baja los impuestos, ese truco tan nuestro de cerrar el grifo y luego quejarse de que no sale agua.

Y todavía más enternecedor es ver cómo habla de fortalecer la sanidad pública después de trece años presidiendo Galicia, donde las protestas por los recortes aún resuenan en los pasillos de los centros de salud gallegos. La nostalgia de sus propias políticas debe de ser fuerte.

Pero no seamos injustos. Feijóo tiene razón en algo: la sanidad necesita atención urgente. Sobrecarga, precariedad, privatización, listas de espera… Un cuadro grave. Y como buen médico en campaña, ya ha recetado su tratamiento: una carta, con mucha firma y poca autocrítica.

Si de verdad quisiera curar el sistema, bastaría con mirar los presupuestos de sus gobiernos. Aunque claro, eso implicaría reconocer quién tiene el bisturí en la mano. Y en política, el primer paso para no arreglar nada es fingir que el enfermo no lo tengo yo, lo tiene otro.

Que tiemble el Estado.

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles: no porque la furia sea novedad, sino porque al fin se ve. La rabia siempre estuvo allí, debajo de los manteles planchados, detrás de las ventanas cerradas, en los huesos rotos que los partes médicos llamaban “accidente doméstico”. Lo que tiembla hoy no es la tierra: es el silencio que se agrieta.

A cada minuto, de cada semana, un reloj invisible marca el rapto de una amiga, el apagón de una hermana. Los informativos cuentan muertos como quien cuenta monedas, pero no dicen los nombres, no dicen las risas, no dicen los sueños que quedaron colgados en una percha, junto al vestido que no alcanzó a usarse. Hay cuerpos destrozados que el sistema administra como trámite, numerados en carpetas, archivados en metálicas gavetas sin sol. Hay madres que aprendieron geografía siguiendo fosas, que miden el país en kilómetros de búsqueda y litros de lágrimas. Los desaparecidos no desaparecen: los esconde el Estado, se los traga la costumbre.

En las avenidas, hoy las mujeres caminan juntas. Reforma ya no es solo una calle: es una garganta larguísima hecha de pancartas, consignas y pasos. Madrid suena a tambor y a consigna adolescente, Albacete se levanta con voces bajo la lluvia, España cava con las manos de las madres que ya no creen en promesas ni en peritajes. El mapa se dibuja desde abajo: un país de madres que escarban la tierra como si arrancaran raíces de la impunidad. Cada ciudad es una herida abierta; cada marcha, una costura imperfecta que intenta cerrarla. Cantamos sin miedo, dicen.

Pero el miedo no se va: se sienta en el borde de la cama, fuma a escondidas en el baño, mira el reloj cuando tarda una hija en volver. Lo que se rompe no es el miedo, sino su mandato. Ahora el miedo ya no ordena callar, ahora el miedo marcha también, temblando entre las piernas, pero marchando, agarrado del brazo de la rabia y de la ternura. En las plazas, el miedo aprende a cantar: “Nos queremos vivas”, y en ese coro se descubre menos solo. “Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo”, repite una chica con las manos manchadas de pintura morada.

La acusarán de violenta, de histérica, de loca, como si no fuera violencia el expediente extraviado, la denuncia archivada, la patrulla que nunca llega.

Se rompen vidrios que nunca protegieron a nadie, se incendian puertas que nunca se abrieron para escuchar. La ciudad, acostumbrada a la obediencia, se asusta de sus hijas cuando ven que ya no bajan la mirada. La escoba de la historia barrerá los vidrios; a las asesinadas no las devuelve nadie.

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

Trump, guerra y mentiras: así convierte el PP en un mitin de odio su acto del 8M

El PP ha celebrado un acto en el Congreso con motivo del 8M. No fue un acto feminista, sino una operación de propaganda cuidadosamente empaquetada. No se convocó para hablar ni de brecha salarial, ni de violencias, ni de cuidados o de derechos concretos de las mujeres, sino para legitimar una guerra sin mandato internacional, rehabilitar a Trump y utilizar el sufrimiento de las mujeres iraníes como munición política contra el Gobierno de España. Lo que debería haber sido una jornada institucional de consenso mínimo se transformó en un mitin en el que se acusó al presidente de estar “del lado de los asesinos” por negarse a ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La operación es tan transparente que ofende. El PP se apropia de la causa iraní y la encarna en la figura de Masih Alinejad para presentar el “no a la guerra” como complicidad con los verdugos. Álvarez de Toledo habla de “apaciguamiento” y “cobardía”, mientras Alinejad eleva a categoría de “liderazgo” los ataques ordenados por Donald Trump, como si la única forma de apoyar a las mujeres iraníes fuera aplaudir los bombardeos. En ese marco no hay espacio ni para el derecho internacional, ni para las sanciones, ni para la presión diplomática sostenida o para el apoyo real a la sociedad civil iraní. Solo queda la vieja lógica de: o estás con los misiles, o estás con los ayatolás.

Frente a esa caricatura moral, la posición del Gobierno español se intenta presentar como un capricho ideológico, cuando en realidad descansa sobre una línea roja jurídica y política: esa guerra no está amparada ni por la Carta de Naciones Unidas ni por los acuerdos que regulan el uso de Rota y Morón. Después de Irak 2003, negarse a poner territorio, logística y bases al servicio de una ofensiva sin cobertura legal no es cobardía, es la mínima coherencia con la lección aprendida a sangre y fuego. Se le puede reprochar al Ejecutivo falta de ambición diplomática, falta de apoyo más visible a las disidencias iraníes, pero convertir esa negativa en “estar al lado de los asesinos” es propaganda en estado puro.

El segundo eje del acto es aún más inquietante, porque es el secuestro del propio feminismo. Feijóo y los suyos se declaran portavoces del “feminismo de verdad” frente al supuesto “feminismo de salón” de los lazos morados y de las movilizaciones del 8M en España. Para apuntalar ese relato, contraponen las mujeres colgadas de grúas en Teherán a las mujeres que aquí llenan las calles para denunciar violencia machista, precariedad y brecha salarial, como si estas últimas fueran privilegiadas caprichosas que juegan a la revolución simbólica mientras otras se juegan la vida. El mensaje implícito es brutal: solo son feministas auténticas aquellas cuya tragedia sirve para justificar la agenda militar de Occidente; las demás son solo decorado.

La hipocresía alcanza niveles de caricatura cuando el referente de ese “feminismo de verdad” resulta ser Donald Trump. No se trata de un aliado incómodo en un tablero hoy complejo, sino de un dirigente que ha restaurado políticas antiabortistas entre las más restrictivas, ha retirado fondos a organizaciones de salud reproductiva y ha impulsado una ofensiva global contra el derecho al aborto que golpea sobre todo a las mujeres pobres, migrantes y racializadas. Presentar ese historial como compatible con la defensa de las mujeres iraníes no es un simple error de juicio: implica vaciar el feminismo de todo contenido material. Ya no hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de autonomía económica, de libertad y seguridad; hablamos solo de una etiqueta utilizable cuando toca golpear a la izquierda.

En paralelo, el PP mantiene y reivindica pactos con una extrema derecha que niega la violencia de género, demoniza la educación sexual, se opone a la igualdad LGTBI y ha convertido la “ideología de género” en su gran enemigo cultural. En nombre de un supuesto “borrado de las mujeres”, se ataca la ley trans y se alimenta una guerra interna dentro del propio feminismo, mientras se abrazan sin pudor actores internacionales que sueñan con devolver a las mujeres al hogar, al silencio y a la tutela religiosa. El doble rasero es tan evidente que solo puede sostenerse con ruido mediático y moralina patriótica.

Lo que vimos en la Sala Constitucional del Congreso no fue un homenaje al coraje de las mujeres de Irán, sino un episodio más de la guerra cultural de una derecha que ha decidido que todo puede ser un instrumento: los cuerpos, las guerras, los derechos humanos y también el 8 de marzo. El mensaje de fondo es sencillo y peligroso: solo es feminismo el que bendice la agenda militar de Washington, solo es paz la que se impone a golpes, solo es patriotismo el que se arrodilla ante Trump y llama traidor a quien se atreve a decirle no. 

Frente a esa impostura de la derecha, defender el “no a la guerra” y un feminismo que mire a Teherán sin dejar de mirar a Madrid, no es tibieza ni ingenuidad, es higiene democrática.

Para que quede claro clarinete.

La crisis de la guerra no golpea a todos por igual. Lo pasan peor los hogares con menos ingresos, las viviendas mal aisladas que necesitan más calefacción o aire acondicionado, quienes dependen del coche a diario y las familias con hipoteca variable.  La aguantan mejor quienes tienen más renta, casas eficientes y deuda controlada o a tipo fijo. Mientras tanto, algunas grandes empresas energéticas pueden ver crecer sus beneficios gracias a estos mismos precios altos.

Ante este panorama, la política pública no puede limitarse a observar cómo suben los termómetros del mercado. Hace falta proteger a los más vulnerables con ayudas específicas, evitar cortes a quienes no pueden pagar, impulsar de verdad la rehabilitación energética de viviendas y reforzar el transporte público allí donde el coche es hoy casi obligatorio. No se trata solo de explicar que la guerra en Irán afecta a nuestros bolsillos, sino de decidir cuánta protección queremos ofrecer a los hogares frente a una inestabilidad que, por desgracia, volverá a repetirse.

Y no son responsabilidad de nuestro gobierno estas subidas, sino de quien ha iniciado esta guerra y de quienes aquí le apoyan. Lo que sí es responsabilidad de  nuestro gobierno es poner en marcha ese escudo de protección social a quienes más lo necesitan. 

Trump: el precio de aplaudir al pirómano

Nos hemos acostumbrado a vivir en una paradoja. De un lado, protestamos por la gasolina, el gas natural y la electricidad, pero al mismo tiempo, de otro, una parte nada desdeñable de la opinión pública ve normal respaldar a quien ha convertido la energía y el comercio en armas políticas de presión global. Nos indignan las facturas, pero no parece indignarnos igual la vulneración del derecho internacional que alimenta esa inestabilidad que luego pagamos en la gasolinera y en el recibo de la luz.

Porque la guerra no es un fenómeno abstracto que ocurre “allí lejos”; pasa también por el surtidor y por el contador eléctrico. El encarecimiento de la energía no es una maldición bíblica caída del cielo, sino la consecuencia de decisiones políticas muy concretas: sanciones, bloqueos, reordenación de mercados, dependencia de determinados proveedores y, ahora, amenazas comerciales que se utilizan como palanca en negociaciones geopolíticas. Quien apoya a líderes que hacen de la guerra una herramienta y del comercio un castigo no puede luego sorprenderse cuando los costes de esa estrategia llegan a su bolsillo.

La figura de Trump es paradigmática. No solo por su desprecio explícito al multilateralismo y a las instituciones internacionales, sino por su disposición a usar aranceles y cierres comerciales, impulsivos y calculados a la vez, siempre buscando titulares y réditos internos a costa de terceros países. Cuando Trump amenaza con un cierre comercial o con aranceles desproporcionados a productos españoles, no está teniendo un arrebato temperamental, está utilizando deliberadamente nuestra dependencia exportadora como medio de presión. El mensaje es claro: o aceptáis mi juego, o castigo a vuestros agricultores, a vuestra industria, a vuestros trabajadores.

Lo sorprendente es la ligereza con la que parte de la conversación pública en España compra el marco que se le ofrece desde determinados medios: “Nos va a subir el aceite de oliva”, “el vino se va a poner por las nubes”, “el consumidor español será el gran perjudicado”. Siempre es igual, se construye así un relato de miedo inmediato al precio del supermercado, mientras se borra deliberadamente la pregunta de fondo: ¿quién ha provocado esta situación y con qué visión del mundo? Se nos invita a fijarnos en la etiqueta del precio, pero no en la firma que hay detrás de las políticas que lo encarecen. 

Lo irónico es que, desde un punto de vista básico de la economía, el discurso mediático no se sostiene. Si se restringen gravemente las exportaciones de aceite y vino a Estados Unidos, lo lógico sería que parte de ese producto quedara disponible en el mercado interno o tuviera que buscar otros destinos. Mayor oferta aquí suele significar menos alza sobre los precios y no más. Otra cosa es que entren en juego otros factores como los costes de producción, malas cosechas, desviar exportaciones a otros países, y lo más habitual, estrategias de los grandes grupos comercializadores. La idea de que “menos exportación es igual a subida del precio en el súper” es, como mínimo, discutible.

¿Por qué, entonces, se insiste tanto en ese relato? Porque es mucho más eficaz generar un miedo inmediato y concreto “mañana pagas más por la botella” que explicar la complejidad de las cadenas de valor globales, las tensiones geopolíticas y la fragilidad de un modelo de economía de mercado que ha entregado sectores enteros a la volatilidad de los mercados internacionales. El alarmismo selectivo es una herramienta política, porque sirve para desviar la culpa, para construir enemigos cómodos (la “Unión Europea blanda”, el “gobierno que no planta cara”, los “ecologistas que encarecen la energía”) mientras esos que crean las alarmas blanquean al actor que ha desencadenado la tensión arancelaria.

Mientras tanto, en la conversación política se produce un malabarismo que daría risa si no fuese tan trágico: se alienta el apoyo a Trump y a sus clones europeos en nombre de la “defensa de Occidente”, y al mismo tiempo que se denuncia que “nos castigan” con aranceles o que “la guerra nos sale cara”. Es como votar al pirómano y, cuando empieza a arder tu casa, echar la culpa a los bomberos por el precio del agua. No faltan tertulianos que, en la misma frase, ensalzan el “puño de hierro” frente a Irán y se quejan del coste del gas, sin conectar ambos hechos. Se ha naturalizado la esquizofrenia económica, y una mucho peor, la moral.

Conviene decirlo claro: no es neutral apoyar a quien dinamita el derecho internacional, desprecia a los aliados cuando le conviene y utiliza la interdependencia económica como arma de chantaje. No es un juego que se agota en el espectáculo televisivo porque tiene consecuencias. Cada bombardeo, cada sanción, cada amenaza arancelaria acaba reflejándose en el precio de los fertilizantes, del gasóleo agrícola, del transporte y, al final, en lo que pagamos por un litro de aceite o una botella de vino. Pretender que se puede separar el “espectáculo” de la política real es infantilizar a los electores.

¿Hay alarmismo injustificado? Claro que sí, pero es un alarmismo selectivo. Se exagera el impacto inmediato sobre el consumidor para generar miedo, mientras se minimiza la gravedad de apoyar a un líder que vulnera todas las normas del derecho internacional y desprecia cualquier lógica de cooperación. Sobredimensionan el posible encarecimiento del supermercado y se silencia el deterioro estructural de nuestro modelo de desarrollo rural y energético. Se nos dice: “lo importante es que hoy pagues un poco menos”, omitiendo que el camino elegido nos lleva a pagar mucho más, en dinero, en derechos y en autonomía.

El gesto más subversivo hoy es recordar la relación causa-efecto: si apoyas a quien convierte la guerra y el comercio en armas, asumirás sus consecuencias en tu vida cotidiana. Si quieres energía estable y un campo que viva de su trabajo en condiciones dignas, el camino no pasa por aplaudir a quien está dispuesto a sacrificar todo eso en su estrategia electoral. La coherencia, en estos tiempos, es revolucionaria, y lo coherente hoy es la postura de nuestro gobierno.

Patriotismo de saldo y guerras ajenas

Hay días en los que una nación se asoma al abismo de la Historia, y otros en los que le basta con asomarse a una rueda de prensa en Madrid. En los primeros se deciden guerras, alianzas y tratados; en los segundos, se reparten consignas y ocurrencias, aderezadas con algún adjetivo que haría enrojecer a un profesor de bachillerato. Cuando el patriotismo se reduce a obediencia comercial, el amor a la patria se parece sospechosamente al cariño que se profesa a una tarjeta de crédito.

El presidente del Gobierno ha tenido la descortesía de recordar algo elemental: bombardear países no suele traer nada bueno y el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos. Y, por si fuera poco, ha añadido que España no está obligada a prestar sus bases militares cada vez que a Donald Trump se le antoja una guerra como quien se antoja un postre. Ante semejante despropósito de autonomía, ciertos despachos de la Puerta del Sol han activado el protocolo habitual: el problema nunca es la guerra, siempre es Sánchez.

Según la derecha patriótica de guardia, el “señor del ‘no a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro’ va a arruinar a España”. El lector desprevenido podría imaginar que el presidente ha decidido bombardear Teruel o sitiar Cuenca, pero lo único que ha hecho es negarse a que España sea cómplice “de algo malo para el mundo” y plantar cara a las amenazas de represalias comerciales. Ha elegido el incómodo papel de aliado díscolo frente al mucho más cómodo rol de vasallo dócil, y eso, para quienes han convertido la palabra “patria” en un complemento multiusos, es imperdonable.

La paradoja es que muchos de quienes hoy denuncian la “guerra entre españoles” llevan años viviendo políticamente de cultivar un conflicto civil permanente, una guerra fría castiza en la que, de lunes a viernes, se insulta a medio país y, los domingos, se llevan flores a la bandera. Mientras tanto, el muro que de verdad cuenta es bastante sencillo: de un lado, el derecho internacional y el “no a la guerra”; del otro, la obediencia a Trump presentada como sentido de Estado.

Porque, parece que, sin pretenderlo, la crisis abierta por las amenazas de Trump a España ha roto el monopolio de la bandera por parte de la derecha y ha abierto a la izquierda la opción de un patriotismo ligado a la paz y a la legalidad internacional. La posición del Gobierno español de no ceder las bases de Rota y Morón para una intervención en Irán, exigir respeto a los tratados y oponerse a la guerra, es coherente con la línea europea de las últimas décadas y más sensata que seguir a Washington en otra aventura bélica en Oriente Medio.

PP y Vox actuan como satélites del movimiento MAGA, priorizando el alineamiento con Trump y luego, si sobra, ya pensaran en España, y todo por odio a Sánchez antes que por amor a la propia España. La contradicción de quienes decían llorar por la legalidad internacional y ahora reprochan al Gobierno que arriesgue la relación con Estados Unidos precisamente por defender esos principios jurídicos.

Frente al patriotismo casposo de la derecha, la izquierda plantea un patriotismo plural, democrático y empático, compatible con el “no a la guerra” y con la igualdad soberana entre Estados. Aviso a navegantes: Canadá, demostró que la equidistancia entre Trump y su propio país, le costó las elecciones a un candidato  ¿podría ocurrir eso en España? Puede que lo de hoy en la derecha sea nerviosismo.