En uno de los episodios más inquietantes de la política reciente en España, la gestión del caso de la financiación irregular del Partido Popular (PP) revela dinámicas que podrían asemejarse a las de una auténtica banda mafiosa incrustada en las instituciones. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió de manera anticipada y por vías informales un escrito clave elaborado por la Fiscalía Anticorrupción sobre la denominada "caja B" del PP, incluso antes de que este llegara al juez Pablo Ruz y a las partes judiciales.
Cinco semanas antes de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaran las acusaciones—que finalmente dejaron fuera al PP del delito fiscal bajo la discutible teoría de que el dinero negro no paga impuestos—la Agencia Tributaria, dominada por colaboradores cercanos a Montoro, apoyó esa exoneración con informes favorables. Estas actuaciones, según la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, podrían haber constituido un delito de obstrucción a la justicia al revelar información secreta, acción regulada en el artículo 466 del Código Penal.
El caso adquiere tintes aún más oscuros cuando se conoce que Antonio Romeral, el fiscal que redactó el escrito filtrado en 2015, llegó a ser el número dos en la Fiscalía Anticorrupción y quien supervisa la actuación de la fiscal del caso Montoro, demostrando una preocupante continuidad y control interno. La fiscal Cerdá se enfrentó a la mayoría de sus colegas al intentar abrir nuevas vías de investigación: solo cuatro la apoyaron frente a dieciocho que votaron por cerrar filas y bloquear avances.
Correos incautados demuestran que Montoro monitorizó detenidamente el trabajo de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en este asunto, a pesar de que debían dar cuentas únicamente al juez instructor. Todo ello condujo a un enfrentamiento institucional entre la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, por un lado, y el propio juez y las acusaciones populares por otro, ante la sospecha evidente de parcialidad para proteger al PP.
Finalmente, el partido fue condenado únicamente como responsable civil subsidiario, una sanción menor frente a la gravedad de los hechos examinados. A pesar de los intentos del PSOE por que el Tribunal Supremo revisara esta exoneración fiscal, su recurso no fue admitido por cuestiones de forma, perpetuando la impresión de impunidad.
Los hechos expuestos apuntan a que el PP no solo se benefició del poder institucional sino que utilizó todos los resortes del Estado para proteger a sus propios miembros, en una estrategia coordinada, opaca y con claros rasgos de estructura mafiosa, más preocupada por la autoprotección y el silencio que por el cumplimiento de la ley.
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