El asunto de las residencias madrileñas puede calificarse cómo la investigación que todos esperan, menos quienes deben impulsarla. Por ello, mientras seguimos midiendo el paso del tiempo desde aquel 2020 que sacudió los cimientos de nuestras residencias, familiares y colectivos no han dejado de reclamar lo que la lógica llama “evidente”: una investigación seria, rigurosa y honesta sobre miles de muertes cuya sombra aún se proyecta sobre el presente.
Más de 400 querellas han sido presentadas pese a que muchas lograron el dudoso honor de ser archivadas con una celeridad admirable, a veces incluso antes de que las familias pudieran ser escuchadas. Hay que reconocerlo, si existiera un premio a la eficacia judicial por cerrar casos incómodos, este país sería firme candidato.
No se trata de uno, sino de una variedad de delitos, que está siendo convenientemente ignorada. Las denuncias apuntan a delitos graves: homicidio imprudente, denegación de auxilio, prevaricación omisiva, y esa perla jurídica de la “denegación sanitaria por motivos discriminatorios”. ¿No merecería esto una macro causa que unifique criterios y arroje luz sobre lo ocurrido? ¿O acaso la opacidad es el nuevo estándar en nuestra gestión pública de tragedias? El artículo 511 del Código Penal parece, en este contexto, una recomendación literaria más que un marco legal que se deba aplicar.
Todo eso hace de la transparencia una gran desconocida, porque sorprendentemente, la defensa de los investigados ha manifestado que no pudo consultar todos los expedientes. Quién hubiera imaginado que hasta ellos esperaban transparencia en el proceso. Así, lagunas y desapariciones documentales permiten que la confusión reine, como si la justicia funcionara mejor bajo la niebla que bajo la luz del escrutinio público.
Estamos asistiendo a juegos de jurisdicción y al mérito de apartarse, hasta la decisión de la jueza de Leganés de inhibirse en favor de un juzgado central —un gesto que muchos considerarán heroico en estos tiempos— ha permitido abrir la puerta, con sumo cuidado, a una eventual macro investigación. Otros jueces observan atentos, calculando si les conviene apartarse también. Es el nuevo deporte nacional: pasar el balón judicial tras la tragedia, por si alguien, en algún momento, decide agarrarlo y correr hacia la meta de la verdad.
No se trata solo de justicia legal, sino de reparación moral y reconocimiento. Muchos familiares sienten que ni siquiera han sido escuchados, mucho menos reparados. Se pide resarcimiento, se suplica reconocimiento, pero se reciben portazos y excusas. La demanda social, por lo visto, sigue esperando una ventanilla abierta y una administración con ganas de escuchar. La memoria colectiva, mientras tanto, aprende a sobrevivir a la indiferencia institucional.
Estas familias no buscan solo justicia, sino garantías de no repetición. Paradójicamente, el “esfuerzo” institucional por diluir responsabilidades y archivar rápido ha sido tan ejemplar que podría inspirar protocolos internacionales, sobre cómo no investigar una tragedia. Así, mientras unos aplauden la eficacia para esquivar el fondo, otros seguimos esperando que la próxima investigación sea, al menos, digna de llamarse así.
Es urgente una investigación profunda y real, tanto cómo criticable resulta la actitud hasta ahora adoptada por las autoridades.
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