Ejes y medidas

El presidente del gobierno, anunció en el Congreso un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas clave, elaborado junto a la OCDE y consensuado con otros grupos parlamentarios. Esta intervención se produce tras el escándalo de corrupción que afecta a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y en un contexto de presión política y crisis interna en el PSOE.

Los principales puntos de la intervención son, que Sánchez admitió que llegó a plantearse la dimisión tras conocer el caso Cerdán, asumiendo su error de confianza en Ábalos y Cerdán; que decidió seguir al frente del Gobierno por tres motivos: su integridad personal ("soy un político limpio"), la necesidad de recuperar la confianza de sus socios parlamentarios y la importancia del proyecto político que representa, que considera aún inconcluso.

 El plan que ha propuesto se articula en cinco grandes ejes y 15 medidas, que buscan situar a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción.

Ejes y medidas destacadas

1. Prevención y fortalecimiento de controles: Creación de una Agencia de Integridad Pública independiente para coordinar la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas; Extensión del modelo de control de los fondos europeos Next Generation a toda la administración; Uso de inteligencia artificial en la contratación pública para detectar fraudes y patrones anómalos; 

Exigencia de sistemas de compliance a empresas que contraten con la administración y pactos de integridad en contratos públicos; Controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos; Auditorías externas obligatorias a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros; mayor transparencia en donaciones y financiación privada.

2. Protección a denunciantes: Garantías plenas de confidencialidad y protección legal para quienes denuncien corrupción; Exigencia de canales internos de denuncia en empresas y administraciones públicas.

3. Refuerzo del sistema judicial: Creación de secciones especializadas en delitos contra la administración pública con jueces expertos; Procedimientos sumarios y preferentes para causas que involucren a cargos públicos; Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal.

4. Sanciones y persecución a corruptos y corruptores: Endurecimiento de penas y duplicación de los plazos de prescripción para delitos contra la administración pública; Aumento de multas a empresas corruptoras, calculadas sobre sus ingresos anuales; Creación de listas negras que impidan a empresas condenadas contratar con la administración; Sanciones más duras a partidos que mantengan a condenados por corrupción en sus estructuras.

5. Recuperación de bienes robados: Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; Introducción del decomiso administrativo/preventivo para incautar bienes vinculados a delitos sin necesidad de condena penal previa.

Sánchez defendió la necesidad de agotar la legislatura pese a la crisis interna y la presión de la oposición. El plan busca restaurar la confianza ciudadana y la credibilidad institucional, enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a la corrupción.

A modo de primera lectura, diría que la intervención de Sánchez combina autocrítica, firmeza y una batería de reformas para prevenir, perseguir y reparar la corrupción en España, con especial énfasis en la transparencia, la protección a denunciantes y el endurecimiento de las sanciones. Si es suficiente es el tiempo el que nos lo dirá. Con el actual sistema, acabar totalmente con la corrupción, es como pretender quitar la paella a los valencianos, la sardana a los catalanes, la muñeira a los gallegos, o el flamenco a los andaluces. Parece que lamentablemente, es un mal cultural enquistado sobre el poder de turno, no sobre un partido, y las medidas aun acertadas, serán insuficientes mientras no se toque fuertemente el bolsillo a los corruptos, que es lo único que en este sistema se entiende.