Los pobres en la España de 2026 chocarán sobre todo contra los muros de vivienda, empleo precario, protección social insuficiente y brechas educativas y territoriales, más que contra una única crisis puntual. Son muros estructurales que fragmentan nuestra sociedad y hacen que la pobreza se vuelva más crónica y hereditaria.
La vivienda se ha convertido en el principal motor de la exclusión social, expulsando de una vida digna a cerca de uno de cada cuatro hogares. El alquiler se ha vuelto una trampa que provoca que alrededor del 45% de quienes viven de alquiler estén en riesgo de pobreza o exclusión, y en varias CCAA se destina el 40% o más del salario a pagar la casa, muy por encima del umbral razonable que no debería ser superior del 30%.
Aunque el paro se reduce en las previsiones oficiales, lo cierto es que tener hoy empleo ya no garantiza una vida digna, porque, según las estadísticas, una de cada diez personas que trabajan está en exclusión social. La combinación de salarios bajos, temporalidad y malas condiciones genera un efecto de nivelación a la baja del salario medio, que erosiona la capacidad adquisitiva incluso de trabajos cualificados.
España sigue entre los países de la UE con mayor tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión (alrededor de una cuarta parte de la población, más de 12 millones de personas). Nuestras cifras macroeconómicas son magnificas, pero la distribución de la riqueza es cada vez más escandalosa. La pobreza se vuelve más crónica y hereditaria, porque el origen familiar y la posición de clase pesan cada vez más, y se estrecha la franja de una mal llamada clase media que servía de colchón social.
El nivel educativo mínimo que protege frente a la exclusión se está desplazando y la ESO ya no basta y ahora el “cortafuegos” está en Bachillerato o FP; quien no pasa de la ESO multiplica por 2,7 su riesgo de exclusión severa. La infancia y adolescencia concentran un riesgo altísimo, puesto que en torno a un tercio de las niñas, niños y adolescentes vive en riesgo de pobreza, lo que anticipa reproducción intergeneracional de la desigualdad.
El Gobierno incorpora por primera vez metas de reducción de pobreza y desigualdad a su cuadro económico (Gini, brecha entre ricos y pobres, tasa de riesgo de pobreza), pero los avances previstos son modestos: se proyecta reducir la tasa de riesgo de pobreza apenas medio punto en varios años. Mientras tanto, el sistema de ayudas (IMV, rentas autonómicas, políticas de vivienda) llega tarde, de manera fragmentada y con trámites complejos, lo que mantiene un muro burocrático que muchas personas pobres no pueden saltar.
Contra esa realidad, en nuestro país se asoma la posibilidad de un cambio de gobierno a una coalición derecha-ultraderecha. La realidad, es que viendo sus propuestas programáticas, que no son muchas, pero si coincidentes, un gobierno de derecha y ultraderecha puede agravar todos los muros antes descritos porque su propuesta es actuar justo sobre los cuatro pilares que hoy amortiguan, aunque mal, la pobreza: vivienda, empleo, protección social y servicios públicos. Al tensionar esos pilares en nombre de la “austeridad” o del “mercado”, convierte una pobreza ya crónica en una pobreza más masiva y violenta.
Es previsible un giro hacia una política de vivienda centrada en incentivos fiscales a la propiedad y desregulación del alquiler, frenando límites de precios o regulaciones de zonas tensionadas. Eso reforzará el carácter de “trampa” del alquiler: si hoy ya cerca del 45% de inquilinos está en riesgo de pobreza, una subida adicional de precios sin contrapesos públicos hunde a más hogares por encima del 40% de su renta dedicada a la vivienda.
Las derechas suelen apostar por “flexibilizar” el mercado laboral: facilitar despido, frenar subidas del SMI y debilitar la negociación colectiva, lo que presiona a la baja salarios ya erosionados. En un país donde una de cada diez personas ocupadas está en exclusión, desandar reformas laborales protectoras convierte al trabajador pobre en figura estructural, no excepción.
Un gobierno de derechas siempre este tiende a recortar o endurecer el acceso a prestaciones como el IMV y las rentas autonómicas, reforzando la lógica de “filtros” y sospecha sobre los pobres. Si ya ahora el sistema de ayudas llega tarde, fragmentado y con trámites complejos, una agenda de “racionalización del gasto” puede reforzar ese muro burocrático hasta volverlo infranqueable para más familias.
En sanidad y educación se profundizará la externalización y el modelo dual: quien puede pagarse seguros y colegios privados, quien no puede se queda en un sistema más saturado y con menos recursos. Dado que el “cortafuegos” frente a la exclusión ya no está en la ESO sino en Bachillerato o FP, recortar becas, FP pública y apoyos educativos dispara el riesgo de exclusión severa de quienes no logren cruzar ese umbral.
Pero no se quedará ahí, porque la ultraderecha, además, introduce un relato que culpabiliza a pobres, migrantes o perceptores de ayudas, y refuerza políticas punitivas en lugar de redistributivas. En una sociedad donde la pobreza ya es más hereditaria y se contrae la clase media, ese relato puede consolidar una mayoría social que vea la exclusión como “culpa individual” y no como fracaso colectivo, bloqueando reformas estructurales de redistribución y derechos.
Moraleja: si dejamos que la pobreza se explique como un fallo individual y aceptamos que la vivienda, el empleo y la protección social sean solo negocio, un gobierno de derecha y ultraderecha no será una anécdota política, sino el ladrillo final en un muro que nos separa como sociedad y condena a generaciones enteras a heredar la exclusión como si fuera un destino. Ante esta realidad los jóvenes deberían pensarse mucho su voto, en lugar de dejarse arrastrar por campanas de gloria.
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