Viendo los informativos de la noche. Creo que hay mucha responsabilidad del discurso racista de Vox en la violencia en Murcia. Durante los últimos días, la localidad de Torre Pacheco (Murcia) está siendo escenario de graves disturbios y enfrentamientos con un marcado componente racista. Todo parece parte de una estrategia que se inicia con la propuesta de expulsar a ocho millones de migrantes, y hoy vamos por el capítulo Torre Pacheco, sin saber cuál será el próximo. Los incidentes se desencadenaron tras la agresión a un vecino, presuntamente por jóvenes de origen magrebí, lo que fue seguido por noches de violencia y “cacerías” organizadas contra personas migrantes. Indignante que cuatro días después sigamos viendo convocatoria de ultras y policía que se limita a contemplar cómo gente violenta destroza un pueblo.
Líderes de Vox, como José Ángel Antelo (presidente regional), han vinculado reiteradamente inmigración y delincuencia, difundiendo mensajes que estigmatizan a la población migrante y promueven la idea de que la inseguridad es consecuencia directa de la inmigración ilegal. En actos públicos recientes, Antelo llegó a afirmar: “No queremos gente así en nuestro país. Los vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno” y “Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar”. Estas declaraciones han sido acompañadas de bulos y mensajes en redes sociales que han amplificado el clima de hostilidad hacia la comunidad migrante, especialmente la de origen magrebí.
El PSOE y Podemos han denunciado ante la Fiscalía al líder regional de Vox por un presunto delito de odio, argumentando que sus palabras atentan contra la seguridad y los derechos humanos de miles de personas. Diversos actores políticos y sociales, incluyendo Sumar, IU y activistas antirracistas, acusan a Vox de “alentar” y ser “detonante” de los ataques racistas, señalando que la normalización de los discursos de odio ha sido el caldo de cultivo para la violencia actual. La delegada del Gobierno en Murcia y el ministro del Interior han vinculado directamente los disturbios con los “llamamientos xenófobos” y han destacado la inexistencia de una relación real entre inmigración y delincuencia, desmontando la narrativa promovida por Vox. El PP si le ha comprado el relato y vincula migración con violencia y delincuencia.
Los disturbios han sido descritos como “cacerías” contra la población migrante, con varios heridos y detenidos. Grupos ultras, alentados por mensajes difundidos en redes y por líderes políticos, han viajado desde otras zonas para participar en los ataques. La población migrante vive con temor y restricciones, mientras que los vecinos denuncian la llegada de agitadores externos y la instrumentalización política del conflicto. Las autoridades han iniciado investigaciones para identificar a los responsables de incitación al odio y la violencia, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas.
Activistas antirracistas, sostienen que “la violencia racista no parará mientras Vox siga teniendo legitimidad para presentarse a elecciones”, subrayando la responsabilidad directa del partido en la gestación y normalización del odio. Analistas y medios coinciden en que el discurso racista de Vox ha sido un factor clave para “prender” los disturbios y que existe una estrategia deliberada para polarizar y dividir con fines electorales.
El caso de Torre Pacheco ilustra cómo la normalización del odio y la estigmatización de colectivos vulnerables pueden traducirse en violencia real y amenazar la convivencia democrática. Más allá de la necesidad económica de la migración, este asunto se debe abordar desde una perspectiva ética y moral, con argumentos sólidos que van desde el derecho a la movilidad humana y a la justicia global. Toda persona, independientemente de su origen, tiene derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad. Estos derechos no se pierden al cruzar fronteras y deben ser protegidos por los Estados y la comunidad internacional. El derecho a buscar asilo y la protección contra la devolución a lugares de peligro (principio de no devolución) son pilares éticos reconocidos en el derecho internacional. La ética de la solidaridad exige que los países más favorecidos ayuden a quienes se ven forzados a migrar, especialmente cuando las causas de la migración están ligadas a desigualdades históricas o impactos globales como el cambio climático.
La integración debe basarse en el respeto mutuo y la promoción de la convivencia, no en la asimilación forzada ni en la exclusión. La defensa ética y moral de la migración se fundamenta en la dignidad humana, los derechos universales, la justicia global, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Estas razones trascienden los argumentos económicos y apelan a los valores fundamentales que sostienen sociedades justas y democráticas.
La situación de violencia racista y tensión social que se vive en Torre Pacheco requiere un enfoque integral y urgente que combine acciones legales, sociales, educativas y políticas para erradicar las causas y evitar su repetición. Estas medidas deben ir desde el incremento de la presencia y vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, control y regulación del anonimato en redes sociales, un rechazo y una condena clara del discurso racista, impulsar políticas públicas que fomenten la convivencia intercultural, programas educativos contra el racismo y la xenofobia, apoyo a las víctimas y a la comunidad afectada garantizando la protección y seguridad en esta situación de vulnerabilidad por la violencia o el miedo. Solo una combinación de estas y otras muchas medidas, aplicadas con firmeza y coherencia, pueden restaurar la convivencia y proteger los derechos y la dignidad de todas las personas.
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