Un plan ambicioso con polémica en su gestación que nace con sombra de dudas sobre el procedimiento y el interés público ¿por qué? Pues porque el Plan Regional de Biometano 2024-2030 de Castilla-La Mancha llega rodeado de controversia. Su objetivo de transformar residuos agroganaderos en energía renovable, alineando la región con políticas de descarbonización y economía circular, podría convertir a esta comunidad autónoma en referente nacional. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan y su tramitación han levantado serias críticas y generado dudas legítimas sobre la transparencia y la ética administrativa con que se ha gestado.
Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la adjudicación directa, sin concurso público, de la redacción del plan y del estudio ambiental a una empresa con intereses directos en el sector del biometano. El coste del contrato, 30.000 euros repartidos en dos partes iguales, recae sobre una firma cuyo presidente es también líder de la Asociación Española de Biogás, representante clara de los intereses económicos del sector. Este solapamiento de roles y la ausencia de competencia pública naturalizan el conflicto de intereses y siembran dudas fundadas sobre la imparcialidad y objetividad del plan, alimentando el malestar de colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas.
Falta de transparencia y competencia en la adjudicación, más un redactor del plan y estudio ambiental con intereses en el propio negocio evaluado, y un marco normativo al dictado de actores privilegiados, son tres motivos suficientes para que el plan nazca ya cuestionado. El rechazo social es palpable. La ‘Plataforma Ciudadana Stop Biometano Stop Planta de Residuos Médicos Peligrosos’ de Socuéllamos, algunos ayuntamientos y colectivos ecologistas han manifestado ya una clara oposición. La inquietud no sólo reside en lo procedimental sino también en la dimensión real del proyecto: se planea implantar cerca de cien plantas en toda la región para tratar 15 millones de toneladas de residuos, con trámites urgentes al haber sido declarados proyectos prioritarios.
Son varios los riesgos y aspectos negativos del Plan como son la concentración de plantas* y el consiguiente riesgo de sobreexplotación del territorio rural y efectos ambientales acumulativos; el tratamiento de grandes volúmenes de residuos con los problemas asociados a la gestión de purines, subproductos ganaderos y agrícolas. Aunque el plan promete mejoras, un mal manejo podría agravar la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de las zonas donde se ubiquen. Y tampoco parece correcta la escasa interlocución con ayuntamientos afectados y organizaciones ciudadanas independientes.
Los supuestos beneficios ¿son suficientes ante los posibles riesgos? Depende de muchos aspectos que es lógico que se planteen dudas sobre ello. El gobierno regional defiende el plan argumentando su potencial para reducir el uso de gas natural fósil y la emisión de gases de efecto invernadero, estimando un ahorro superior a medio millón de toneladas de CO2. También promete combatir la contaminación hídrica por nitratos y crear empleo rural mediante la valorización de residuos orgánicos, alineándose con la economía circular y las metas de transición energética. La valorización de residuos reduciría, además, la presión sobre vertederos. Señala con aspectos positivos del Plan
El aprovechamiento de residuos para energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sustitución de combustibles fósiles, así como la mitigación de contaminación hídrica y generación de empleo rural.
Puede ser un paso adelante, pero ¿a qué precio? Mientras no se aclaren muchos otros aspectos colaterales al proyecto, la ambición del Plan Regional de Biometano de Castilla-La Mancha se verá empañada por la opacidad del proceso, la ausencia de garantías de imparcialidad y la falta de una consulta pública real. A pesar de los supuestos beneficios ambientales y económicos, los posibles impactos negativos y el procedimiento poco transparente justifican plenamente la preocupación social y la severa crítica hacia un proyecto que, en su forma actual, se percibe menos como un avance colectivo y más como una oportunidad de negocio para actores ya privilegiados.
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