Solo
si los ciudadanos pensamos sobre cualquier asunto que nos afecte, seremos
capaces de cambiar lo aparentemente inevitable. Los recortes están afectando a
todas las políticas, pero de una forma
muy importante a las partes de esas políticas que están destinadas a los
ciudadanos y a los territorios rurales. Si la sanidad, la educación o los
servicios sociales sufren la tijera del gobierno, en el medio rural el recorte es sinónimo de desaparición de los
servicios y con ellos de más despoblamiento rural. A los ciudadanos rurales nos
toca ponernos a pensar.
Desde la Conferencia de
Cork existía un acuerdo unánime de que el modelo de desarrollo rural a
implantar debería estar inspirado en los principios de cohesión, equidad,
subsidiariedad, solidaridad, sostenibilidad, y en el resto de premisas
recogidas en el decálogo de Cork.
En cualquier caso, aplicar la metodología
de proyecta, realiza, evalúa y modifica
parece lo más acertado en la implementación de este modelo, y ni en España, y mucho menos en Castilla La
Mancha, esto se está teniendo en cuenta.
El medio urbano y el
medio rural, no pueden concebirse como mundos enfrentados, sino como
necesariamente complementarios,
porque cada uno de ellos posee los elementos para lo que llamamos “calidad de
vida” de los que carece el otro. Pero se
parte de dos realidad es completamente diferentes, porque a la discriminación
que ya suponen la propia ruralidad se añade el poco peso político contabilizado
en número de votos que representa electoralmente el medio rural, y que si el
despoblamiento continúa avanzando cada vez será menor.
Si la UE desea que sus políticas
de desarrollo rural resulten eficaces, debería animar al trabajo en red y
apoyar la aparición y posterior viabilidad de una multitud de redes de
solidaridad, intercambio cultural, y con capacidad para compartir conocimientos
y experiencias.
Paralelamente, otras capacidades deberían ser confiadas a las sociedades
locales y regionales (publico-privadas) para que fuesen ellas quienes aportasen
las soluciones a los problemas dentro de y entre los territorios. Debería propiciarse el trabajo en red, porque sería
la única manera de poder dar a estas sociedades los recursos para participar
activamente en iniciativas regionales, nacionales y transnacionales que puedan
servir de acicate para que el medio rural continúe vivo.
Y
desde luego las Organizaciones
Profesionales Agrarias y algunas ONG¨s deben tener un papel fundamental en
esas redes. Pero la cuestión a plantear no es el papel de estas organizaciones sino si las Administraciones están
dispuestas a asumir, que ese otorgamiento de capacidad de decisión a las
sociedades rurales, no es una pérdida
de poder político, sino parte de un proceso de profundización de la democracia.
Al
menos en Castilla La Mancha, no parece
que el gobierno regional piense en dar ninguna capacidad de decisión a quienes
viven en el medio rural. Hemos visto cerrar
escuelas rurales y puntos de urgencia sin tan siquiera preguntar a los
vecinos afectados, ni alguna legislación, y siempre lo hacen escudándose en
criterios “técnicos”. Ahora nos
sorprenden con la venta de los Montes Públicos del patrimonio regional a propietarios privados pese a que la LEY
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, dice que los montes del dominio
público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
El
gobierno regional debería saber, que para la
puesta en práctica de cualquier proyecto de futuro en el medio rural, se ha
demostrado imprescindible que la población afectada comparta su contenido. Ni
fue compartido el cierre de las escuelas, ni el de puntos de urgencia, ni lo es
ahora la venta de este patrimonio público. Para todo esto vale la
justificación de siempre, la herencia recibida, y la búsqueda de un ahorro
importante. Pero realmente lo único que hacen es no gastar energías en la defensa de los derechos colectivos, que es la
primera obligación de cualquier gobernante.
Si
entendemos que la innovación es básica
en cualquier planteamiento de desarrollo rural, este innova más bien poco,
y por lo tanto no puede calificarse de proyecto de desarrollo, sino contra el
desarrollo colectivo, porque al privatizar
lo público solo desarrolla el patrimonio del adquirente y no el colectivo.
Aunque
hoy día no hay tanto que innovar y cada
vez resulta más importante “saber copiar bien”, desde luego en países de gobiernos neoliberales, no
se practican este tipo de actuaciones de desprenderse del patrimonio natural público.
Más bien al contrario se adquiere cada
vez más, y por tanto tampoco copiamos bien.
Pero
no puede extrañarnos esta venta, puesto que nuestra presidenta está innovando en derecho laboral, y por lo tanto
seguro que será capaz de innovar en derecho ambiental. Lo cierto es que si
continuamos con un gobierno como el actual, habrá que empezar a hablar de la privatización de la ruralidad, y
tendremos cada día más cerca un modelo de medio rural donde para pasear por el
campo sea necesario abonar una entrada, naturalmente a propietarios
privados. Y si son amigos, pues mejor.
