El informe de la Guardia Civil sobre la gestión de la DANA merece una crítica contundente y fundamentada a la luz de la providencia judicial conocida hoy.
La jueza habla de hechos constatados:
Extralimitación y falta de rigor profesional: La jueza acusa a la Guardia Civil de ir mucho más allá de su mandato al redactar un informe que no sólo no se limitó a la cronología solicitada, sino que entró a valorar, sin competencia ni fundamento jurídico, supuestas negligencias y omisiones de organismos como la CHJ y Aemet. Ese análisis —según recuerda tajantemente el auto— es una función exclusivamente jurisdiccional , no policial.
Desconocimiento u omisión de pruebas ya incorporadas: El informe ignora deliberadamente numerosas pruebas objetivas recabadas en la causa, incluyendo los 24 avisos enviados por la CHJ al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la activación documentada de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo. Esta omisión revistó máxima gravedad en un contexto donde la información técnica estaba accesible y validada judicialmente.
Base fáctica errónea y teoría desacreditada: La magistrada califica el informe de “erróneo” en sus consideraciones al sostener una tesis —la del apagón informativo— que estaba ya descartada judicialmente y ampliamente superada gracias a testimonios y documentación aportada por Aemet, CHJ y numerosos testigos, quienes atestiguaron la existencia y suficiencia de los avisos.
Informe incompleto y parcial: El documento policial apenas referencia comunicaciones relevantes entre Aemet y los servicios de emergencia (112), omite los numerosos avisos previos detectados por los medios y la cancelación de clases universitarias ante la evidencia del riesgo meteorológico. Además, ignora casi 200 avisos pluviométricos constatados por la CHJ conforme a los protocolos vigentes.
Intrusión en competencias judiciales y daño al proceso: La Guardia Civil incurre en una suerte de “investigación paralela” que, según la jueza, carece de todo respaldo y sólo sirve para perturbar las diligencias, desplazando el foco de las cuestiones realmente probadas y ya resultados por la Audiencia Provincial de Valencia.
En definitiva, el informe no sólo es insatisfactorio desde el punto de vista técnico y legal, sino que constituye un grave precedente institucional al cuestionar el rigor de la investigación penal y menospreciar la exhaustiva labor de recopilación probatoria realizada en sede judicial. Su elaboración, marcada por omisiones selectivas y valoraciones para las que no tiene competencia, afecta a la credibilidad y la imparcialidad exigibles a la Policía Judicial en un Estado de Derecho.
La gravedad y la unanimidad de la crítica judicial no dejan espacio a equívocos: la actuación de la Guardia Civil en este procedimiento es, a la luz de la resolución de la jueza, un ejemplo palmario de lo que no puede permitirse en una investigación de alta sensibilidad institucional.
Parece lógico que nos preguntemos ¿pero de qué van?
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