Page y el arte de nadar con flotador.

Desde que Ferraz y La Moncloa apretaron el botón del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, el reloj político español se ha acelerado de forma vertiginosa. Sin embargo, si uno repasa las hemerotecas regionales de estas últimas semanas en Castilla-La Mancha, da la sensación de que García-Page habita en una coordenada temporal completamente distinta. En lugar de cerrar filas ante la contienda que se avecina contra el avance de las derechas, decisiva para el que es su partido, el presidente autonómico ha vuelto a desplegar su manual de supervivencia: atrincherarse en el perfil institucional y marcar distancia con la campaña y la dirección nacional del PSOE.

En los últimos días hemos asistido a una letanía bien ensayada. Frases como "estoy a las órdenes de Castilla-La Mancha", llamados a "superar el cortoplacismo" o reflexiones ambiguas al afirmar que "las elecciones son como los melones" buscan proyectar la imagen de un gobernante moderado, centrado en la gestión y ajeno al «ruido de Madrid». A primera vista, y desde una óptica puramente electoralista, la maniobra parece irreprochable. Page defiende la hegemonía y la «mayoría absoluta» que ha consolidado en la región mediante el aislamiento de la marca autonómica respecto al desgaste federal.

Sin embargo, si analizamos esta actitud desde un compromiso ético de izquierdas, el diagnóstico resulta mucho más preocupante.

En primer lugar, la estrategia de hiperliderazgo autonómico a costa de la cohesión partidaria supone un ejercicio de insolidaridad política con el conjunto del bloque progresista. Mientras las fuerzas de izquierda y los sectores sociales libran una batalla decisiva para evitar un gobierno del bloque reaccionario en España, el distanciamiento explícito de Page debilita el mensaje. Al negarse a asumir como propia la agenda de avances sociales del Gobierno de coalición (en pensiones, salario mínimo, derechos laborales o políticas redistributivas), a lo que contribuye es a desmovilizar a la base militante y trabajadora de nuestra propia región.

En segundo lugar, la apelación recurrente de Page al "consenso", la "moderación" y a no votar "a la contra" disfraza de pragmatismo una renuncia ideológica profunda. La política no es un espacio aséptico de gestión tecnocrática; es el terreno en el que se confrontan modelos de sociedad. Cuando el discurso autonómico desplaza las tensiones redistributivas (como el problema de la vivienda, los servicios públicos castigados o la precariedad laboral) para sustituirlas por apelaciones de conciliación con sectores empresariales, el proyecto socialdemócrata se desdibuja hasta ser indistinguible del de centroderecha.

Finalmente, resulta evidente que la prioridad de Fuensalida no es servir de dique de contención ideológico contra la extrema derecha, sino asegurar la preservación del poder regional a cualquier precio. Al reservarse el derecho a no renunciar a sus "postulados" frente al partido, Page demuestra que concibe el capital político castellanomanchego como un bien particular y no como una pieza clave al servicio de una causa colectiva.

El 29 de noviembre no solo se mide el peso de las siglas en Madrid; se decide si el espacio de progreso es capaz de proyectar una alternativa sólida y valiente frente al empuje reaccionario. Seguir utilizando Castilla-La Mancha para una autodefensa personal ante la política nacional no solo erosiona la unidad de la izquierda, sino que deja desarmada a la propia ciudadanía ante las verdaderas batallas de este tiempo que nos ha tocado vivir.

¿Por qué la formación morada ha elegido la guerra total?

Existe una vieja máxima en la izquierda política que parece repetirse implacable como una maldición bíblica: el adversario se combate, pero al compañero que propone otra vía se le aborrece. Aun así, después de no alcanzar una confluencia en la izquierda, pensé que cada uno de esos dos bloques se dedicaría a centrar su discurso en sus propuestas programáticas, y se olvidaría del otro para centrarse en el enemigo común. 

Está claro que me equivocaba, porque quien observe hoy en las redes sociales el ecosistema de la izquierda transformadora en España asistirá a un espectáculo tan enconado como revelador. En el universo de las redes afines a Podemos, la virulencia no se dirige prioritariamente hacia la derecha o la extrema derecha, sino hacia los intentos de articulación de un Frente Amplio. No hay esa actitud en perfiles afines al Frente, salvo individualidades ¿Por qué tanta ira volcada contra los propios afines?

Comprender esta agresividad como un mero arrebato de soberbia o desesperación es errar el diagnóstico. Lo que presenciamos en las redes de los simpatizantes y militantes morados es una estrategia consciente de repliegue defensivo, movida por incentivos de supervivencia orgánica y la lógica de la polarización identitaria.Y explico porque lo veo así.

En primer lugar, opera un conflicto ineludible por la hegemonía.Podemos no nació para ser una pieza más en el tablero político; nació para ser la fuerza rectora de la impugnación del régimen. Para la militancia que resiste en el núcleo morado, la construcción de plataformas de confluencia o Frentes Amplios no representa una evolución lógica o incluyente, sino una operación de asimilación destinada a limar el perfil ideológico de la izquierda y someterla al marco de la gobernabilidad responsable con el PSOE. En la psicología del activismo de trinchera, la "izquierda de gestión" no es un aliado pragmático, sino el actor que viene a desmantelar la memoria histórica del cambio.

En segundo lugar, hay un factor mediático e incentivos organizativos. El ecosistema comunicativo construido alrededor del espacio morado necesita tensionar continuamente a su audiencia. En la economía de la atención digital, la cohesión interna no se logra con llamamientos al consenso, sino con la delimitación clara del enemigo interno. Señalar la "traición" o el "blanqueamiento" de quienes buscan pactos amplios funciona como el combustible idóneo para movilizar a la base más politizada, sostener proyectos mediáticos propios y evitar que la militancia les flaquee.

La pregunta clave para mí, sin embargo, no es solo por qué lo hacen, sino qué van a lograr con esta contienda. Y es aquí donde creo que su estrategia tropieza con la aritmética y la sociología. A corto plazo, la estrategia de este cerco digital a Frente Amplio les dará sus frutos. Podemos logra blindar su núcleo duro, preservar su marca de las inercia institucional y asegurar que sus portavoces sigan teniendo una voz nítida y diferenciada. Es evidente que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león; un reducto ideológicamente puro antes que un vagón secundario en un artefacto electoral ajeno, como alguno de sus militantes define a Frente Amplio. 

Creo que los costes a largo plazo son devastadores para el conjunto del espacio progresista. Su primer efecto es el agotamiento social. La mayoría de los votantes progresistas no vive la política desde la pureza orgánico-teórica, sino desde la utilidad cotidiana. La espiral incesante de ataques y reproches cruzados en redes sociales no produce transferencias masivas de votos entre partidos, sino una profunda desilusión que se traduce en abstención.

El segundo efecto negativo es el castigo implacable del sistema electoral. La Ley D'Hondt en las circunscripciones provinciales no perdona la soberbia de la fragmentación. Ir divididos destruye la representación institucional del espacio a la izquierda de la socialdemocracia tradicional, dilapidando miles de votos que terminan en la papelera del reparto de escaños.

En definitiva, las redes de Podemos están librando una batalla cultural por el relato de quién encarna la "verdadera izquierda" y sobre quien es responsable de que la confluencia no se haya producido, ellos nunca lo son. Respetable. Pero al hacerlo, aunque lograrán mantener intacto un bastión identitario y un ecosistema de resistencia, sin embargo, no pueden negar que el precio de esa pureza corre el riesgo de ser la irrelevancia táctica y la desmovilización de la única masa social capaz de hacer posibles las transformaciones reales. 

Se puede ganar la hegemonía del relato en las redes e incluso en la opinión publica, sí, pero a costa de perder el país. Lleven razón unos u otros, el enemigo ni es Frente Amplio ni es Podemos, sino una derecha al que este debate contribuye a su llegada porque donde mejor pesca es en río revuelto.

La sombra de pucherazo que proclama la derecha

La política española asiste a la consolidación de un fenómeno tan inquietante como peligroso para la convivencia democrática: la siembra sistemática de dudas sobre el sistema electoral. Asistimos a una estrategia calculada de deslegitimación institucional bajo la sombra de la llamada Ley de Nietos (mecanismo amparado por la Ley de Memoria Democrática) y la insistente estigmatización del voto por correo.

Cuando el lider de la oposición agita el fantasma de «2,4 millones de nuevos votantes fabricados» por el Gobierno en el exterior, no estamos solo ante una discrepancia contable ni ante un lapsus en el debate parlamentario. Estamos ante una manipulación consciente de las magnitudes del censo. Esos 2,4 millones representan la totalidad del CERA (el censo histórico acumulado durante décadas de la emigración española), no el grupo de personas que han adquirido la nacionalidad mediante la legislación reciente, y que realmente, afectados por las disputas judiciales en torno a la instrucción de la ley, no superan los 163.000 ciudadanos.

Más allá de los datos, el fondo de la cuestión es muy grave: una parte sustancial de esos 163.000 nuevos españoles no solo obtuvo su condición conforme al marco legal y administrativo más riguroso, sino que ya ejercieron legalmente su derecho al voto en las elecciones generales de 2023 y en los comicios autonómicos posteriores. Pretender revisar o poner bajo la lupa la legitimidad de votos ya depositados y contabilizados vulnera de forma directa el principio básico de seguridad jurídica y amenaza con eliminar derechos políticos consolidados a miles de españoles. 

Resulta especialmente paradójico que esta cruzada provenga de las filas del Partido Popular. Quienes hoy denuncian «ingeniería censal» promovieron en el pasado, concretamente desde Galicia) la facilitación del sufragio de los emigrantes. La contradicción es evidente: cuando el voto exterior se percibía como un feudo sociológico conservador, su ampliación constituía un «acto de justicia histórica»; cuando la adquisición de la nacionalidad se vincula a la memoria del exilio y a la reparación democrática, pasa a etiquetarse como «pucherazo».

Esta táctica, sumada a la recurrente puesta en duda de la transparencia de Correos y de la Junta Electoral Central, busca construir un relato de “prevención”. Es anticiparnos antes del 29N la narrativa de la «elección robada»: si el resultado electoral favorece a la mayoría progresista, la victoria queda manchada por la sospecha; si favorece a la derecha, el sistema recuperará milagrosamente su pulcro funcionamiento.

El sistema electoral español es uno de los más garantistas y seguros del entorno europeo. Garantizar la salud democrática de nuestro país exige no ceder ni un milímetro ante el marco de las sospechas infundadas. Frente al ruido y las cifras abultadas, a las fuerzas progresistas nos corresponde una doble tarea: hacer pedagogía firme en defensa de nuestras instituciones y defender la memoria y la plena ciudadanía de quienes jamás debieron perder su vínculo con España.

Anatomía de un beso de Estado: Cuando amar es delito de alta traición.

Hay que reconocer que la derecha española tiene un talento casi poético para la histeria. Llevaban meses preparando la soga que colocarle al cuello, deshojando sumarios, incluso salivando ante la perspectiva de un presidente abatido. Veían  un Sánchez arrastrándose en soledad por los pasillos de La Moncloa. Ya tenían el marco perfecto y deseado: una esposa acusada, al hermano condenado, el derrumbe institucional. Y de repente, en mitad de un pabellón abarrotado de gente, Sánchez va y le da un beso a su mujer. Menudo atentado al Estado de derecho. Qué escándalo, dios mío. ¡Un político utilizando la puesta en escena en un mitin! Dónde vamos a llegar. 

Menos mal que tenemos a Feijóo y a Abascal para recordarnos cómo es el amor puro, abnegado y sin asesores de imagen. Es fascinante ver cómo a la derecha se le llena la boca con la «familia tradicional» hasta que la familia es la del rival; en ese preciso instante, la cónyuge deja de ser una persona para convertirse en una prueba de convicción y el afecto conyugal pasa a ser delito de alta traición al decoro patrio. La reacción en Génova y en los cuarteles generales de Vox no se ha hecho esperar, y ha sido digna de un sainete de tercera categoría. 

Y no ha sido solo en los cuarteles de los insignes dueños de la patria.  Inmediatamente, su nómina habitual de analistas de la autenticidad, sus expertos en lenguaje no verbal y sus fariseos de guardia, han salido en tromba a certificar lo obvio: el beso era falso. Puro diseño, algo fabricado en los laboratorios de Iván Redondo o de quienquiera que mueva hoy los hilos de la tramoya sanchista. Menudo drama para nuestra querida patria. 

Es de vergüenza su reacción. El problema real de este beso no es su grado de sinceridad (materia que solo debería importarles a los involucrados o, como mucho, a las revistas del corazón), sino el devastador efecto táctico que ha tenido. Con dos labios y tres segundos de abrazo, Sánchez cometió el mayor acto de provocación imaginable: arrebatarles el cadáver que ya llevaban al cementerio. En el guion redactado por la derecha judicial y mediática, a Begoña le tenían asignado el papel de fantasma incómodo, de sospechosa en la sombra, de losa sobre las espaldas del Partido. Que ahora la mujer aparezca sonriente, aclamada por las bases y besada por el líder no solo rompe el decorado previsto; les deja con la querella en la mano y cara de tontos.

Por eso se puede ver en redes y tertulias que la derecha está rabiosa. Porque no sabe qué hacer ante la política del afecto. Los partidos de la oposición manejan con maestría la indignación, el rencor, el agravio territorial, la ira preventiva. Son su hábitat natural. Pero ante una exhibición impúdica de alegría o de resistencia emocional, la maquinaria se les colapsa y solo atinan a escupir sarcasmo barato y bilis. Les resulta insoportable que, tras toneladas de portadas, filtraciones y comisiones de investigación, el resultado provisional sea un estallido de júbilo de sus militantes ante ese beso.

Así que hoy nos toca asistir al peritaje sentimental. Vemos a respetables tertulianos medir la presión del abrazo en newtons (unidad de fuerza) y analizar el ángulo del beso para demostrar que Sánchez no quiere a su esposa, sino a su sillón. Que sigan. Que sigan fiscalizando los besos mientras en La Moncloa toman nota. Al fin y al cabo, no hay nada que desespere más a un inquisidor que ver a la bruja bailando en la hoguera. Supongo que mientras Alberto y Santi  se cabrean, el "perro" habrá dicho: “Begoña, dame un beso y que vomite la derecha”. 

No son más ridículos porque no se entrenan.

¡Basta de sectarismo!

Me interesa muy poco quién ha fracasado o tenido la culpa, quién hizo qué y cuándo. La aritmética electoral es cruel y no perdona a los soberbios. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco: mucha gente ha renunciado a cualquier protagonismo en beneficio de la unidad, y hay que señalar con el dedo a quien no lo ha hecho, dinamitando todos los puentes. 

Dividir las candidaturas en provincias pequeñas no es una "estrategia plural", es un suicidio asistido. Es mandar miles de votos directamente a la papelera de reciclaje y servirle en bandeja de plata la victoria a la alianza del PP y Vox. Mientras la derecha cierra filas de forma férrea y pragmática cuando huelen el poder, las izquierdas alternativas prefieren quemar la casa común con tal de que el vecino no se quede con el mejor cuarto.

¿De verdad nos piden entusiasmo? La ciudadanía de izquierdas no está desencantada: está cabreada, agotada y profundamente asqueada de ver cómo la soberbia de unos pocos amenaza con tirar por la borda años de luchas sociales. Han logrado lo que parecía imposible: que ir a votar a la izquierda se convierta en un ejercicio doloroso, casi de penitencia, donde la única motivación que nos queda es tragarnos la rabia, y votar al "menos malo" para evitar la catástrofe.

La abstención no es un castigo a los partidos: es un castigo para nosotros mismos. Si la gente se queda en casa el día de las elecciones amargada, las consecuencias las pagaremos la clase trabajadora con más recortes, más privatizaciones y el desmonte sistemático de nuestros derechos. Menos épica de balcón, menos narcisismo táctico y más bajar a la tierra. 

A la política no se viene a salvar la marca ni a garantizar el puesto de salida en una lista electoral; se viene a defender a las mayorías sociales. Y si quienes dicen representarnos son incapaces de entender algo tan básico, que se echen a un lado antes de que la historia y las urnas los borren del mapa definitivamente.

El botín de las pensiones: la trampa de privatizarlas

Detrás del discurso agorero sobre la «insostenibilidad» del sistema de pensiones no hay rigor técnico, sino codicia. La propuesta de la extrema derecha de avanzar hacia la privatización no es que estén planteando un ajuste contable: es un atraco planificado al mayor fondo de riqueza pública de las clases trabajadoras para servírselo en bandeja a la banca y a las aseguradoras.

El modelo público de reparto descansa sobre un principio sagrado: la solidaridad intergeneracional. Sustituirlo por cuentas individuales de capitalización supone cambiar un derecho conquistado por una apuesta en la ruleta rusa de la bolsa. Si el mercado cae o la inflación sube, el jubilado se arruina; mientras tanto, el sector financiero se atiborra a comisiones aseguradas, pase lo que pase.

Además, los defensores del «sálvese quien pueda» ocultan la trampa del coste de transición. Si las cotizaciones de los jóvenes van a fondos privados, ¿quién paga a los pensionistas de hoy? El Estado tendría que endeudarse salvajemente o destrozar la sanidad y la educación pública, condenando a la juventud a una doble extracción: pagar la factura del pasado mientras intenta arañar un ahorro privado con sueldos de miseria. Ver a jóvenes apoyando a Vox y no pensando en lo que implica su propuesta en pensiones para ellos, solo invita a pensar en su ceguera ideológica. 

Este modelo no es neutral, sino despiadado con la mayoría. Para las rentas bajas y precarias, la privatización significa miseria en la vejez. Sin los mecanismos redistributivos del sistema público, la precariedad laboral se convierte en una condena perpetua. Para las mujeres, acentúa de manera salvaje la brecha de género, penalizando de por vida las interrupciones laborales ligadas a los cuidados.

El objetivo político es tan evidente como perverso: desmantelar la conciencia colectiva e individualizar el riesgo. Convertir al ciudadano en un accionista angustiado para que, si su pensión es indigna, culpe a su mala suerte bursátil y no a un sistema injusto. Las pensiones no son un producto financiero ni un nicho de negocio: son el salario diferido de una vida de trabajo. 

No se trata de sostener el sistema recortando derechos, sino de financiarlo auditando al gran capital, subiendo los salarios y persiguiendo el fraude. Vender la vejez al mercado no es modernizar el Estado; es desarmarlo.

La izquierda: fragmentación, táctica y la responsabilidad para el votante

Volvemos a tropezar con la misma piedra de la división. La izquierda posee un talento quirúrgico para convertir la suma en resta. El reciente y frustrado intento de configurar un espacio unitario total que integrase a la práctica totalidad de las fuerzas progresistas, federalistas y ecologistas bajo una misma hoja de ruta ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, se ha logrado un hito de gran calado al aglutinar a más de una decena de siglas de ámbito estatal y territorial (como Sumar, IU, Más Madrid, los Comunes, Compromís o CHA) y cerrar un pacto estratégico con el PSOE para presentar listas únicas al Senado que frene la mayoría absoluta del PP. Por otro lado, la exclusión final de Podemos y su estrategia de concurrencia separada, o integrada en formaciones soberanistas como ERC en Cataluña, abre un escenario de extrema complejidad para el electorado progresista. 

Desde una izquierda que quiere ser transformadora, no podemos mirar hacia otro lado ante este panorama. Nos encontramos ante un fracaso colectivo en la gestión de la pluralidad que trasciende las meras siglas y golpea directamente la línea de flotación de la ilusión militante.

Para el votante de izquierdas, este desenlace genera una disonancia emocional insoportable. Por un lado, la consolidación del bloque del Frente Amplio y su alianza táctica para la Cámara Alta demuestran madurez institucional y la comprensión de que, frente a la amenaza reaccionaria, la coordinación es una obligación democrática. Sin embargo, ver que los aparatos políticos son incapaces de tejer acuerdos en los grandes centros urbanos, allí donde precisamente se ventilan los escaños decisivos, devuelve a la ciudadanía la peor pesadilla de las facturas orgánicas y los vetos cruzados. 

Cualquier votante de izquierdas no busca una uniformidad ideológica estricta; entiende y valora la diversidad de sensibilidades que componen el espacio progresista. Lo que no comprende, ni tolera, es que se antepongan los intereses de partido o las tácticas de supervivencia orgánica a las urgencias sociales de la clase trabajadora. Eso es lo que ha sucedido. La ruptura no es solo un problema estético o discursivo; es una amenaza material en escaños. En un sistema electoral como el español, caracterizado por circunscripciones donde la ley D'Hondt castiga severamente la fragmentación, ir separados en plazas clave como Madrid o Barcelona no es un ejercicio de audacia, sino un riesgo suicida.

Los precedentes están ahí: en 2023, la horquilla de votos que decidió el último escaño en provincias decisivas se midió por un puñado papeletas. Fragmentar el voto a la izquierda del PSOE en los grandes núcleos urbanos equivale a regalar diputados a la derecha por la vía de los restos. La división penaliza el rendimiento electoral y debilita la capacidad de influencia real en las instituciones.

Ante este tablero, el peso de la responsabilidad recae, una vez más, sobre los hombros del elector. A falta de la altura de miras que las direcciones políticas no han sabido demostrar en su totalidad, los votantes se verán impelidos a ejercer un ejercicio de pragmatismo defensivo. Muchos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre no desde la euforia movilizadora, sino desde la trinchera del voto útil y la conciencia de lo que está en juego. 

Ocurra lo que tenga que pasar el 29 N, la izquierda necesita con urgencia una profunda catarsis tras este proceso. Es imperativo superar el narcisismo de las pequeñas diferencias y entender que la hegemonía no se conquista desde la atalaya de la pureza sectaria, sino desde la capacidad de seducir a la mayoría social. Hasta que los partidos a la izquierda del socialismo institucional comprendan que la unidad no es un lema de campaña, sino una condición de supervivencia política, el votante seguirá cargando sobre sus espaldas el peso de enmendar los errores de sus dirigentes.