Lobo con piel de cordero

Adelanto electoral en Andalucía. Hay lobos que no aúllan, que se acercan con paso corto, sonrisa templada y una rebeca al hombro. Este, en lugar de colmillos, muestra hoyuelos; en vez de pelaje oscuro, luce lana recién planchada con aroma a colonia institucional. Te mira desde la tele y crees que va a ofrecerte una caña, pero en realidad te está vendiendo la privatización envuelta en papel de celofán. Es el arte del disimulo ejecutivo: un depredador sin despeinarse.

Aprendió que la ferocidad no se lleva bien con las encuestas, así que se vistió de vecino simpático, de amigo que habla bajito y promete equilibrio. Mientras tanto, reorganiza el corral: los corderos contentos con las migas, el lobo engordando con los contratos. Y cuando alguien le recuerda el zarpazo de antaño, sonríe: “No fui yo, fue aquel otro”.

Así es el nuevo lobo contemporáneo: no muerde, gestiona; no ruge, comunica. Pero si rascas un poco la lana, todavía late debajo su instinto: conservar el poder sin que nadie lo note, hacer pasar el cálculo por empatía y el pacto con los lobos por sentido común.

Moreno Bonilla es el ejemplo más pulido del lobo que aprendió a balar. En la política andaluza, donde el colmillo suele relucir, él decidió ponerse lana blanca y sonrisa de vecino. Ya no es el dirigente del PP, ahora es “Juanma”, el moderado de mirada limpia y verbo templado. En una época de estridencias, su gran triunfo ha sido convertir la gestión en simpatía y la estrategia en afecto.

Su disfraz personal funciona tan bien, que ni siquiera parece de derechas, aunque gobierne con los patrones clásicos de su partido: rebaja fiscal para unos pocos, sanidad pública en desguace lento, educación que se externaliza a golpe de concierto. Pero su tono amable desactiva cualquier reproche; la palabra “recorte” suena menos dura cuando la pronuncia alguien que reparte abrazos en ferias y lágrimas ante ataúdes y en Semana Santa.

Moreno Bonilla es un político que ha hecho del eufemismo su casa y del olvido su aliado. Hoy pocos recuerdan que fue él quien firmó el primer acuerdo con Vox, cuando aún se hablaba de “cordones sanitarios” y del peligro de normalizar a la ultraderecha. Hoy, ese pacto se relega al pie de página mientras Moreno Bonilla se presenta como garante de la estabilidad, el adulto de la sala, el gestor que no grita. Pero el fue el primero en acordar con la banda de Obiscal. 

Lo suyo no es el zarpazo, sino la caricia. Pero mientras acaricia, reordena el territorio político: la derecha se ensancha gracias a su tono pastoril, y el rebaño duerme tranquilo, convencido de que el lobo ha aprendido buenas maneras. Lo cierto es que no se las quitó nunca, solo aprendió a usarlas mejor.

En Andalucía, el poder ya no grita, sonríe. Y esa, quizá, sea la forma más peligrosa del rugido del lobo.

El gallo Donald y el gallinero del poder

Había una vez, en un luminoso corral junto al mar, un gallo altivo, con nombre de pato, llamado Donald. Cuando era pollito, todos se reían de él porque tenía la cresta de un naranja tan intenso que parecía una zanahoria encendida. “¡Míralo, parece que lleva una antorcha en la cabeza!”, gritaban los demás. Donald no decía nada, pero dentro de su pequeño corazón juró que algún día se vengaría de todos y dejarían de reírse… empezarían a temerle.

Con el paso del tiempo se hizo fuerte y su quiquiriquí marcaba el amanecer de todo el gallinero. Sin embargo, aquel recuerdo de las burlas seguía picándole como un grano infectado. Entonces apareció Benjamín, un pollo hablador que decía saber cómo hacer que todos obedecieran a Donald:

—Si no quieres que se burlen, manda tú. Haz que te teman,

le susurraba cada mañana. Prohíbeles el pienso, y si protestan, échalas del gallinero.

Donald lo escuchó. Pronto, las gallinas dejaron de cantar, los polluelos pasaban hambre y el aire del corral se llenó de miedo. Donde antes había risas, ahora solo se oían órdenes y cacareos de tristeza.

Hasta que un día, mientras el dueño del gallinero preparaba su cumpleaños, las gallinas descubrieron que juntas eran más fuertes que un gallo presumido. Se rebelaron y, para sorpresa de todos, señalaron al mismísimo Donald como el más gordo y soberbio del corral.

—Ese será el pollo asado de la fiesta.

dijeron 

Benjamín intentó defenderlo, pero el dueño, que no quería dejar al amigo solito, decidió que ambos irían al horno “para que siguieran juntos hasta el final”.

Cuando el fuego empezó a hacerse intenso, Donald comprendió, demasiado tarde, que el miedo no da respeto, y que quien vive vengándose acaba siendo víctima de su propio rencor.

Y a pesar de todo, el mundo no aprendió la moraleja: Que quien siembra odio para sentirse poderoso, termina ardiendo en su propio fuego. Los gallineros, como el mundo, solo prosperan cuando sus habitantes aprenden a compartir el grano y a escucharse antes de atacarse.

Tortura en nombre de la fe

Hay una crueldad silenciosa que no se ejerce con golpes, sino con recursos judiciales, y una obstinación ciega que se disfraza de "valores". Lo que la asociación Abogados Cristianos y el padre de una joven han perpetrado durante los últimos 20 meses no es una defensa de la vida, sino lisa y llanamente, una forma de tortura legal amparada en el cinismo.

El Tribunal de Estrasburgo ha dado el carpetazo definitivo: ya no hay más excusas, ni más cautelares, ni más trucos procesales. Pero el daño ya está hecho. Una mujer de 26 años con tetraplejia y un trastorno límite de la personalidad, ha tenido que ver cómo su derecho a una muerte digna, reconocido por médicos y juristas desde julio de 2025, se convertía en el campo de batalla de una cruzada ultra que no la ve a ella, sino a un símbolo.

Lo más sangriento de este caso es la figura del padre. Un hombre que desapareció de la vida de su hija, permitiendo que fuera tutelada por la Generalitat durante su minoría de edad, y que solo ha regresado del olvido para negarle su última voluntad. Resulta vomitivo que quien no estuvo para sostener su mano en la vida, pretenda ahora encadenarla a una cama en contra de su deseo expreso.

No es amor filial lo que mueve este motor, es el fundamentalismo. Un fundamentalismo que prefiere ver a una persona joven sufrir un "padecimiento físico y psicológico constante" antes que admitir que el individuo es el único soberano de su propio cuerpo.

Abogados Cristianos ha demostrado una vez más su maestría en el uso espurio de la justicia. Su estrategia no es ganar, saben que legalmente no tienen nada que hacer, sino retrasar. Su éxito no se mide en sentencias favorables, sino en meses de agonía añadidos al calendario de una persona que ya ha dicho "basta". Utilizar los tribunales para prolongar el dolor ajeno bajo el pretexto de la moralidad es sadismo institucional.

Mientras tanto, en la sección de comentarios de los diarios, aún resuena el eco de quienes dicen que la eutanasia es una "moda". Hablar de "moda" ante una mujer en silla de ruedas que suplica el cese de su tormento es de una indigencia moral aterradora. No es capitalismo, no es una tendencia: es compasión y autonomía.

La Generalitat ya no tiene sombras legales donde esconderse. Cada minuto que pase a partir de ahora sin que se cumpla la voluntad de la mujer será una negligencia administrativa. Pero más allá de la gestión pública, queda una lección amarga: en pleno 2026, todavía existen grupos capaces de secuestrar la libertad ajena usando la Biblia como escudo y el BOE como arma. A esta mujer le robaron su día en marzo de 2025. Esperemos que, tras el varapalo de Estrasburgo, la justicia empiece a ser, por fin, humana.

El agua que pasa de largo: voz de Castilla-La Mancha en el Día Mundial del Agua

Dicen que el agua es vida, y que donde hay agua, hay futuro. En Castilla-La Mancha lo sabemos bien, quizá porque llevamos demasiados años viendo cómo la vida pasa de largo, canalizada en tuberías, ríos  y un trasvase que atraviesan nuestra tierra sin quedarse. Somos una región con nombres que evocan al agua (Guadiana, Tajo, Júcar), pero que muchas veces la siente como un bien ausente, esquivo, casi prestado.

Cada 22 de marzo, al celebrarse el Día Mundial del Agua, nos acordamos de algo que, más que recurso, es un derecho. Y, sin embargo, aquí en el corazón de España, aún tenemos que reivindicar lo evidente: el agua debería servir primero para sostener nuestra tierra, nuestras familias y nuestros pueblos. No puede ser que mientras el trasvase lleva vida a otras zonas, nuestros agricultores sigan mirando al cielo esperando una lluvia que no siempre llega, ni una planificación justa que les permita regar y producir sin endeudarse.

La agricultura familiar, heredera de generaciones que aprendieron a trabajar el campo con esfuerzo y respeto, necesita agua no para hacer negocio, sino para mantener vivo el entorno rural. Sin agua no hay cultivos, sin cultivos no hay trabajo, y sin trabajo el pueblo se marchita. El abandono de los campos no es solo consecuencia de la sequía climática, también de una sequía política que ha relegado a Castilla-La Mancha a ser tierra de paso.

Pero la injusticia no termina ahí. En los últimos años, estamos viviendo otro fenómeno que preocupa: la privatización del agua destinada al consumo humano. El agua de beber, la que debería estar garantizada por ser un bien básico, empieza a convertirse en un producto más, con tarifas que castigan a quienes menos tienen y con una gestión que a menudo se aleja de la gente. El agua no puede ser un negocio; el agua es un derecho. Y ese derecho debe estar protegido por leyes, pero también por conciencia social.

Castilla-La Mancha no puede ni debe resignarse. Somos una tierra de secano, sí, pero también de ingenio, de lucha y de esperanza. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades, deberíamos levantar la voz para reclamar una gestión del agua que piense en la región como un todo, que entienda que sin recursos hídricos propios no hay desarrollo posible. El agua no solo riega los campos: riega las raíces de nuestra identidad.

En este Día Mundial del Agua, miremos nuestros ríos con respeto, pero también con exigencia. El agua que nos atraviesa no puede seguir siendo símbolo de pérdida, sino de justicia. Que se quede, que se reparta con equidad, que sirva para vida y no solo para consumo ajeno. Porque el futuro de Castilla-La Mancha, sus campos, sus pueblos y su gente, también depende de que el agua deje de ser un espejismo y se convierta por fin en herencia compartida.

El cinismo del "pequeño propietario": La vivienda como rehén

Hay formas de hacer política que consisten en envolverse en la bandera para tapar la cartera. De eso sabe mucho la derecha hispana. Y hasta la nacionalista, que primero es derecha y luego independentista. Así lo que acaba de perpetrar Junts con el decreto de vivienda en un ejercicio magistral de ese equilibrismo hipócrita. Bajo el disfraz de protectores de la "clase media", esa formación ha decidido pegarle un hachazo a la supervivencia de miles de inquilinos, demostrando que, cuando las luces de la épica nacionalista se apagan, lo que queda es la derecha rancia de toda la vida.

El argumento es tan viejo como tramposo: dicen que votan "no" para no "asfixiar al pequeño propietario". Es una narrativa diseñada para el sentimentalismo, que invoca la imagen de una abuela que vive de su única renta, cuando la realidad del mercado es una selva de fondos de inversión, multi propietarios y rentistas profesionales que se están forrando a costa de salarios estancados.

¿De qué asfixia nos están hablando? ¿De la del propietario que ve cómo el valor de su activo sube un 10% anual mientras duerme, o de la del joven que destina más de la mitad de su sueldo a pagar una habitación de ocho metros cuadrados? Defendiendo este modelo, Junts no protege a la clase media; protege el privilegio de quien desde hace tiempo tiene la sartén por el mango.

Resulta insultante que se nos hable por Junts de "asumir costes sociales" mientras su partido utiliza sus siete votos en Madrid como una moneda de cambio constante. Han decidido que la estabilidad de las familias catalanas es un daño colateral aceptable en su guerra particular contra el Gobierno de Sánchez y su desprecio visceral hacia Illa, al que llaman "mayordomo" mientras actúan como el botones de los intereses inmobiliarios, lo que es, cuanto menos, una broma de mal gusto.

Es una jugada maestra de cinismo: Junts votará a favor de bajar los impuestos de la luz y el gas, porque eso es popular y no toca los bolsillos de sus donantes, pero bloqueará la prórroga de los alquileres. Quieren el beneficio del titular amable y la tranquilidad del sector inmobiliario. Cómo se dice en estos lares, quieren soplar y sorber al mismo tiempo. Mientras se llenan la boca hablando de la "dignidad de Cataluña", lo que están haciendo es dejar a la intemperie a los ciudadanos a los que dice representar. Porque la dignidad de un país no se mide por cuántas veces le plantas cara a Madrid, sino por si eres capaz de garantizar que tu gente no sea expulsada de sus barrios por la codicia de un mercado sin control.

Junts ha vuelto a casa. Ha vuelto a ser la Convergència de los negocios, la de las moquetas y la defensa de la propiedad por encima de la vida. Han dejado claro que, para ellos, la vivienda no es un derecho, es un negocio; y el inquilino no es un ciudadano, es un gasto. Que no nos vendan más épica independentista, cuando lo que hay detrás de su "no" es egoísmo de clase, puro y duro.

HABLAR HOY DE EVANGELIZACIÓN, ES PATÉTICO

No ha dicho tanto, pero ha dado un paso hacia la verdad. El rey Felipe VI ha dado un paso valiente al reconocer “mucho abuso” en la conquista de México, un gesto que trasciende la mera corrección política y abre la puerta a una reconciliación genuina entre España y América Latina. Desde mi visión, este acto no solo valida evidencias históricas irrefutables como las matanzas documentadas por cronistas de la época y el colapso demográfico indígena (de 25 millones a 1 millón en un solo siglo), sino que subraya una lección clave, que asumir errores pasados fortalece lazos diplomáticos en un mundo hoy  interconectado.

Reconocer abusos no equivale a una autoflagelación ni a reescribir la historia con los ojos del presente, como critican los sectores conservadores en España. Al contrario, es un acto de madurez política que humaniza a las naciones y facilita la cooperación futura. Países como Alemania, que asumió el Holocausto, han construido relaciones sólidas con Israel y Europa sin perder orgullo nacional. En el caso de España y México, este gesto real podría impulsar acuerdos comerciales, culturales y migratorios, transformando un legado controvertido en un puente de prosperidad compartida. Negarlo, como hacen voces de Vox o el PP, solo perpetúa divisiones estériles y debilita la influencia global de España.

Esta dinámica histórica no es solo pasado, sino que resuena en tensiones contemporáneas. Así como la colonización española justificó la violencia con misiones “civilizadoras”, las acciones de Israel y EE. UU. en Gaza (bombardeos masivos y desplazamientos forzados ante Hamás) se amparan en narrativas de autodefensa que ignoran abusos documentados contra civiles palestinos. Del mismo modo, las sanciones de EE. UU. contra Venezuela y su presión sobre Cuba evocan tácticas coloniales de control económico, disfrazadas de promoción democrática y antes  denominadas “evangelización”, que asfixian poblaciones sin resolver las raíces profundas de esas situaciones. Asumir estos errores, como propone Felipe VI, podría desescalar : Israel ganaría legitimidad reconociendo excesos en Gaza; EE. UU., al levantar bloqueos en Venezuela y Cuba, fomentaría estabilidad en el hemisfério sur en lugar de confrontación.

En definitiva, la historia enseña que la humildad geopolítica no debilita, sino que empodera. España, al liderar con ejemplo, además de generar críticas internas que niegan los hechos históricos, podría inspirar a potencias actuales a priorizar la empatía sobre el orgullo, mejorando relaciones entre pueblos en un orden mundial hoy demasiado fracturado. Yo quiero esta España digna y respetuosa con el derecho internacional y respetada en el mundo, no la que quiere una derecha sometida a los caprichos de los tiranos, sin pensar en que no necesitamos enemigos externos, que ellos ya se bastan solos aun viviendo aquí.

Caudete y agua: cuando la “gestión indirecta” es una privatización encubierta

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio “indirecto” para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si “lo privado funciona mejor”, ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos 6 millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado 

Para vender este giro, el Ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “el agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría “privatizando” nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el Ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario. Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del “secreto comercial”; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas. 

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.