lunes, 2 de febrero de 2026

ASÍ HE VISTO LA COMPARECENCIA DE FEIJOO SOBRE LA DANA


Cuando esta mañana Feijóo acudió a la comisión de la DANA, el Congreso ya parecía estar cansado, como si de una oficina de reclamaciones se tratase. Lo digo porque todos sabíamos que nadie saldría de allí con lo que venía a buscar. El espectáculo estaba escrito desde hacía semanas y la única incógnita era el número de veces que el compareciente pronunciaría la expresión “emergencia nacional”.

Feijóo apareció con expresión de solvencia ofendida de un director general cuando los pillan amañando la contabilidad.  Estaba más molesto por tener que dar explicaciones, que preocupado por los doscientos treinta muertos que habían justificado su presencia. Era como si la tragedia solo fuera un inoportuno contratiempo en la agenda de un líder destinado a cosas más importantes y  elevadas.  Se sentó, respiró con profesionalidad de actor y empezó a desgranar el relato que ya traía ensayado de ante la jueza, cómo quien recita una lección que no se cree, pero le ha dado el resultado que buscaba: hacer ruido para no tener que dar cuentas de nada. 

El genio gallego ha explicado que la DANA no era una simple catástrofe regional, sino una “emergencia nacional” de manual, en ese tono doctoral de los políticos cuando sospechan que la realidad no les acompaña.  Según su reconstrucción, el verdadero fallo no residía en la Generalitat, ni en el Consell de Mazón, ni mucho menos en el partido que gobernaba la Comunitat, sino en “el Estado”, que lo mismo le sirve para justificar un recorte que para esquivar una responsabilidad.  La Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET según Feijoo son los villanos de la función, unos señores que tenían la capacidad de arruinar la gestión de cualquier gobierno.

Y no se olvidó del ventilador al afirmar que ninguna administración estuvo a la altura, en un alarde de generosidad abstracta, pero olvidando que algunas fallaron más que otras. Por supuesto que, para él, eran siempre las mismas.  La frase, pronunciada con solemnidad, tenía la ventaja de parecer autocrítica, pero sin rozar en ningún momento al compareciente.  En resumen, un brochazo de culpa universal, seguido de una minuciosa relación de errores siempre ajenos.

Ahí fue cuando apareció Mazón (no en persona), y  Feijóo lo presentó como “el único que asumió responsabilidades”, un mártir que, por el noble gesto de renunciar a medias, quedaba milagrosamente “reconciliado con los hechos”.  La dimisión parcial la elevó a la categoría de sacrificio heroico, mientras sugería, con la técnica impecable de un contorsionista moral, que el verdadero pecado residía en la resistencia de Sánchez a dimitir por todo, incluida la DANA, la gota fría y las marejadas del Cantábrico.

La operación del PP era para la galería: se entregaba una pieza autonómica menor, se blindaba al líder nacional y se apuntaba con el dedo acusador al adversario de turno.  El resto solo eran detalles administrativos, tan prescindibles como las 240 víctimas, que sólo aparecían en forma de cifra redonda cuando era conveniente.  Cuando algún diputado se empeñaba en recordar que la gestión de la emergencia era esencialmente autonómica, Feijóo respondía con una mezcla de fastidio y condescendencia con la gestión mazonica.

Feijoo ha mentido varias veces en la comisión cómo al afirmar: que la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio información al Cecopi; que falló la información para tomar las decisiones en el momento oportuno; que el Gobierno fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante; se han dejado caducar las obras del barranco del Poyo, cuando el estudio de impacto ambiental caducó con Rajoy; que el Gobierno no se puso al mando del operativo cuando debería saber que solo se puede poner al mando de una emergencia cuando se declara una emergencia de situación 3. Pero sigue empeñado en su falso relato.

Pero para mí, espectador, lo más llamativo no ha sido el contenido, sino el contraste con aquel Feijoo que, al llegar a la presidencia del PP, proclamó que venía a “hacer política con mayúsculas”.  Entonces hablaba de moderación, de institucionalidad, de seriedad frente a la crispación, como si se supiera de memoria los artículos del Código Civil.  En aquel discurso inicial pronunciaba menos sus tres compromisos: asumir responsabilidades propias, reconocer errores de los gobiernos amigos y no usar el dolor ajeno como munición de campaña. La comparecencia de la DANA se encargó de tachar los tres.  Ni rastro de autocrítica real, ni un atisbo de incomodidad al describir la actuación del Consell de Mazón, ni un momento de pausa para admitir que quizá la Generalitat, con sus competencias y sus presupuestos recortados a mayor gloria de la bajada de impuestos, podría haber hecho algo más que mirar al cielo.  

En lugar de eso, la “emergencia nacional” se convirtió en una expresión solemne para envolver el desastre en el celofán patriótico de la derecha y repartir la culpa en cómodos plazos entre Madrid, las confederaciones, los meteorólogos y, si se tercia, el cambio climático. Bajo la capa de retórica institucional, la lógica era bastante más de a pie: proteger al bloque territorial del PP.  La frase “Mazón actuó con la información que tenía” es el salvoconducto moral para el máximo responsable, mientras que con el “falló la información del Estado” juega su comodín acusador.  Comprensión y exculpación para el aliado autonómico; exigencia máxima y reproche implacable para el adversario estatal.

Al terminar, Feijóo se levantó con la misma arrogancia con que había entrado, convencido de haber demostrado, una vez más, su talante de hombre de Estado incomprendido y el país siguió contando muertos y reparando casas. En alguna carpeta, ya amarillenta, tendrá guardado aquel lema de “política con mayúsculas”, ese que trajo para adornar sus discursos.

EN FAMILIA

En las comidas de Navidad de la familia Gómez Gómez se habla, y mucho, de sanidad. Marciano Gómez Gómez es el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y un experimentado empresario del sector. Su hermano, Juan David Gómez Gómez, es gerente de la conocida Clínica Benidorm, recientemente incorporada a Ribera Salud por 120 millones de euros, y su pareja, Sonia Hernández, es desde 2021 directora financiera de Ribera Salud, a su vez concesionaria del hospital público privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillente).
Sonia Hernández es la persona que negocia con la Generalitat Valenciana las liquidaciones de la concesión privatizada, justo frente al departamento que dirige su cuñado, Marciano Gómez.
Una relación que, a tenor de la cercanía familiar, podría hacer presumir algún tipo de incompatibilidad. Pero no, debe ser casualidad.

La guerra que perdimos en la paz


Hay cosas que uno lee y le hacen pensar cuantas cosas se pueden decir para disfrazar algo. Dicen que, en España, a la guerra civil la perdimos todos. Y hasta esa errata suena a programa político, porque aquí, donde se entierra tan bien a las personas, se cultiva mejor el rencor que la memoria sino el rencor, y esa siembra da una cosecha que nunca se acaba.

En la situación en que tenemos el patio patrio, organizar unas jornadas para hablar de la guerra y de sus ecos, es añadir al ambiente esa historia que sigue oliendo a cunetas, pero también a naftalina en los despachos. Por muy encuentro académico que lo definiese, por muchas palabras educadas y domesticadas que dijese, este país que presume de libertad no tardó un minuto en abalanzarse sobre un escritor por ejercerla diciendo “no voy”. Davis Uclés, eligió no sentarse en la mesa. Le han llamado de todo los guardianes de la pureza, soldados ideológicos que confunden discrepar con traicionar y ser crítico con realizar un acto de herejía.

Hay quien ve la historia desde el otro lado, y respondió con rabia en nombre de las víctimas y de la historia. Hablar de que “la guerra la perdimos todos” suena a truco de prestidigitador, a poner una frase brillante en el cartel, pero a la vez letal para la memoria. Solo los vencedores tuvieron desfiles, misas, placas y dictadura, porque los vencidos lo que tuvieron fueron fosas, silencio y miedo. Poner todo en un mismo saco es como decir que el verdugo y la víctima comparten una mala experiencia. La equidistancia es un maquillaje que sale barato, porque no cura las heridas, solo las disimula para que no se noten en la foto. 

No es solo la guerra lo que se discute, es el modo en que hablamos de ella. Unos invocan la libertad de expresión como un salvoconducto pero olvidan que las palabras también hieren cuando con ellas se blanquea la injusticia. Otros enarbolan la memoria como escudo y olvidan que recordar no significa prohibir que el otro hable, sino escuchar para responder mejor. El resultado es un debate de sordos donde cada cual grita para su propia hinchada y nadie se toma el trabajo de entender al rival, ni siquiera para rebatirlo con precisión.

Mientras que la plaza pública se llena de espectadores. Algunos celebran entre risas la retirada de un humorista cansado, Héctor de Miguel, como si cada cansancio no fuera también una derrota del espacio común donde aún se podía dudar, exagerar y equivocarse sin que ardiera el cielo. Aplauden la renuncia como quien aplaude un gol en propia puerta, sin saber que el partido lo pierden ellos. El humor y la comedia se retiran, mientras el odio anuncia una nueva temporada.

Vivimos ahogados en la exuberancia de la miseria. Hay tanto desprecio circulando que cada polémica es un escaparate donde se expone lo peor de cada uno, el insulto fácil, la sospecha continuada, el ajuste de cuentas hasta con desconocidos. La guerra terminó hace décadas, pero el negocio del odio es hoy una tienda abierta 24 horas.

En el fondo, las jornadas son lo de menos, porque no nos engañemos, da igual si se celebran o se suspenden, si se corrigen los errores o no. Lo importante es ver en los medios cómo hemos convertido el acto en un examen de pureza, la no asistencia en deserción, cualquier matización en una herejía. Y así, mientras discutimos si la guerra la perdimos todos, perdemos los pocos lugares donde todavía era posible conversar sin acabar sacando la navaja.

La pregunta no es quién perdió la guerra, sino quién está perdiendo la paz. Porque la paz es la presencia de palabras que no buscan matar. Y en este país que entierra tan bien, seguimos excavando cada día nuevas fosas para enterrar las dudas, la complejidad y la frágil posibilidad de escucharnos sin tener que destruirnos.


Insultan al presidente del gobierno


Señora Navarro Cañete, cuando una representante pública del Partido Popular insulta al presidente del Gobierno en un acto democrático, no hiere solo a una persona, sino a la propia dignidad institucional que usted juró respetar. El insulto es el refugio de quien carece de razones y la negación más explícita de la política como servicio público.

Quien se sienta en una corporación municipal tiene la obligación de dar ejemplo de respeto, no de agitar el odio que tantos años nos costó desterrar de la vida pública. No hay discrepancia ideológica que justifique la grosería ni la agresión verbal. La crítica política debe sostenerse en argumentos, no en exabruptos.

Por eso, su comportamiento exige algo más que disculpas: necesita una reflexión profunda del Partido Popular sobre qué valores está transmitiendo cuando ampara o silencia este tipo de actos. Porque, como en la vida, no todo vale en política

Residencias, liderazgo y propaganda: presumir con nuestros mayores

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.



AYUSO LA GRAN GOBERNANTE


Si se revisa el informe de la asociacion de directoras y gerentes de servicios sociales los datos que en el auguran sobre Madrid son los siguientes Dependencia: datos a 31 de diciembre de 2025

 • 258.167 personas en lista de espera de dependencia (limbo + pendientes de valoración).

 • 109.260 personas esperando ser valoradas (pendientes de resolución de grado).

 • 148.907 personas con derecho reconocido pero sin prestación ni servicio efectivo (limbo de la dependencia).

 • 32.704 personas fallecieron en 2025 estando en lista de espera (unas 90 al día, una cada 15 minutos).

 • El informe subraya que sigue sin haber datos completos sobre revisiones y solicitudes sin grabar, lo que infravalora la magnitud real de la espera.

Ejemplo ilustrativo: una persona mayor dependiente puede pasar casi un año desde que solicita la valoración hasta que recibe efectivamente ayuda a domicilio o plaza residencial, si llega a recibirla.

Pero no es solo Ayuso, Índice DEC 2025 “Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales” servicios sociales de las CCAA)

 • Cerca de 20 millones de personas (42% de la población) viven en CCAA con servicios sociales calificados como «débiles o irrelevantes» según el Índice DEC.


QUE NO TE DEN GATO POR LIEBRE


En España se calcula que entre unas 390.000 y 500.000 personas viven en situación administrativa irregular, muchas de ellas ya trabajando en agricultura, construcción, hostelería y cuidados, pero en negro y sin derechos.

Mientras no tienen papeles, es más fácil pagarles por debajo de convenio, no darles de alta en la Seguridad Social y amenazarles con despidos o denuncias si reclaman algo. Sindicatos y ONG llevan años denunciando que esta vulnerabilidad no es un “fallo del sistema” sino una característica buscada por quienes se benefician de esa economía sumergida.

La derecha y, sobre todo, la extrema derecha justifican su rechazo a la regularización con el “efecto llamada”, el miedo a que haya más llegadas, o el supuesto coste para el Estado, pero rara vez hablan del corte de suministro de mano de obra explotable que eso supondría. Dirigentes de la ultraderecha han sido señalados explícitamente por aprovechar trabajo de personas migrantes en el campo y en el hogar, al tiempo que se oponen a que esas mismas personas tengan derechos plenos; por ese doble rasero se puede afirmar que “prefieren esclavos, es más barato”.

La regularización desenmascara el conflicto de intereses que hay detrás del discurso “humanitario” o “de orden” de la derecha, porque no se trata solo de fronteras o identidad nacional, sino del mantenimiento de un modelo productivo que necesita personas sin papeles para seguir siendo rentable.�

Aprobar la regularización deja de ser una cuestión de compasión y pasa a ser una disputa centrada en qué tipo de mercado laboral y de sociedad queremos.

ASÍ HE VISTO LA COMPARECENCIA DE FEIJOO SOBRE LA DANA

Cuando esta mañana Feijóo acudió a la comisión de la DANA, el Congreso ya parecía estar cansado, como si de una oficina de reclamaciones se ...