Rendidos a la ultraderecha

En Aragón, las urnas han hablado, y lo que dicen no es ninguna novedad sino una repetición: el Partido Popular sigue persiguiendo la sombra que proyecta Vox. Allí donde creía encontrar un atajo hacia el poder, lo que hay es un barranco ideológico del que ya no saben cómo salir.

Feijóo insiste en colocarse cada mañana el disfraz de la moderación, pero se le notan los pliegues del traje. Intenta hablar con aires de estadista, pero no puede evitar que le tiemble el pulso cada vez que la ultraderecha le marca el paso. No lidera: reacciona. No propone: imita. Y en esa imitación sin convicción, el PP ha terminado por convertirse en caricatura de sí mismo, una copia borrosa del original que hoy lo alimenta.

Porque sí, el original es Vox. Más tosco, más ruidoso, más brutal, pero también más auténtico en su brutalidad. Y el votante, que detecta sin dificultad el olor del miedo, prefiere la versión sin filtros. El PP creía que podía domesticar al monstruo; lo que no vio venir es que el monstruo acabaría enseñándole los trucos con los que montar su deplorable espectáculo.

El discurso del PP se ha ido estrechando hasta alcanzar esa línea donde ya no se distingue la defensa de la patria de la nostalgia del franquismo. Se confunden los patriotismos con los miedos, y los aplausos suenan igual para el negacionismo climático que para el insulto al diferente o al que no piensa cómo ellos. En ese ruido, lo que antes nos escandalizaba ahora apenas provoca un bostezo.

Mientras tanto, Ayuso ensaya su propio libreto, ese torrente verbal donde cabe todo: la impunidad, la burla, la desmemoria, y la falta de respeto. Feijóo la observa con la sonrisa tensa del que intuye que su moderación no da clics, que la barbarie que Ayuso vende bien empaquetada se vende mejor. Lo triste no es que la derecha copie a la ultraderecha; lo preocupante es que lo haga sin darse cuenta de que no solo copia las formas sino el fondo, copia también su alma.

Nos hemos acostumbrado a algo que antes era impensable. Negar la violencia machista se ha convertido en argumento de tertulia, y hablar de “invasiones migratorias” ya no sonroja a nadie. La política española, se ha convertido en un parque temático del odio, donde cada vez tiene menos espacio la verdad y mucho más el espectáculo.

Y así seguimos en este domingo después de San Valentín, como en una versión interminable de esa película que ya hemos visto demasiadas veces: los de siempre pretendiendo ser otros, mientras el paisaje se llena de banderas, los gritos sustituyen a las razones y las urnas, cada cierto tiempo, nos devuelven la misma pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a ceder en decencia?, ¿cuánto en memoria o en humanidad con tal de que los nuestros ganen?

En ese espejo deformante que es la política, el PP cree que se fortalece cuando en realidad se desdibuja. Cada vez que copia el manual del odio, pierde una página de su propio relato; y cada vez que intenta moderarse, su socio ultra le recuerda quién manda de verdad. No hay estrategia más suicida que alimentar a la bestia pensando que después obedecerá.

El resultado no puede ser más claro: una derecha que se parece peligrosamente a la extrema derecha, una extrema derecha que gana terreno sin gastar energía, y una sociedad que se acostumbra al ruido, a la caricatura y al miedo como instrumentos de poder. La rendición del PP no es ideológica, es moral.

MANIFESTACIÓN DE MÉDICOS

Los profesionales de la salud vuelven a salir a la calle este sábado para protestar en contra de la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio. En la pelea por el nuevo Estatuto Marco todos dicen defender la sanidad pública, pero el gran ausente sigue siendo el paciente. 

La escena está ocupada por siglas: CESM, SMA, AMYTS, Metges de Catalunya, SME y O’MEGA frente a UGT, CCOO, CSIF y SATSE-FSES. Unos reclaman un Estatuto propio del médico y denuncian un texto “contra el médico”; otros presumen de haber mejorado “más de un 70%” el Estatuto vigente para el conjunto del personal.

Lo que se discute, en realidad, es el reparto de poder dentro del sistema: clasificación profesional, grados de carrera, guardias de 24 horas, incompatibilidades, movilidad forzosa, capacidad de influencia sobre el Ministerio. Todo en clave interna, de corporación frente a sindicatos generalistas. El paciente queda reducido a paisaje: no se habla de qué significa esta reforma para las listas de espera, para la continuidad asistencial o para el consultorio de un pueblo que encadena sustitutos.

Aunque los sindicatos médicos convocantes no estén orgánicamente ligados a partidos, su cultura corporativa y su discurso los sitúan cerca de posiciones de derecha y en confrontación habitual con gobiernos del PSOE. Reclaman la dimisión de la ministra y usan marcos retóricos que encajan con la crítica conservadora al peso de UGT y CCOO en la negociación pública. En cambio, UGT y CCOO mantienen una histórica afinidad con gobiernos de izquierdas, y SATSE y CSIF se suman ahora como socios necesarios del pacto que el Ministerio necesita para sacar adelante la reforma. 

El resultado es un eje político claro: un bloque firmante alineado con la estrategia del Gobierno y un bloque médico convocante más próximo al discurso de la oposición, que presenta el Estatuto como ideológicamente sesgado y exige la caída de la ministra. En el fondo, hoy no se está dirimiendo sólo un articulado técnico, sino qué modelo de poder profesional habrá en la sanidad pública: Si prevalece el acuerdo Ministerio–UGT–CCOO–CSIF–SATSE, el médico queda como un colectivo fuerte, pero integrado en un marco común del SNS, con mejoras graduales negociables territorio a territorio; Si los sindicatos médicos consiguen hacer descarrilar el Estatuto o forzar un texto muy distinto, estaríamos ante una recentralización simbólica del poder médico mediante un estatuto propio, con impacto en jornada, guardias, carrera y, en la práctica, en la gobernanza de los servicios de salud. La polarización lo inunda todo.

Suceda una cosa u otra, el resultado es un Estatuto planteado como acuerdo entre quienes trabajan en la sanidad y quienes la gobiernan, pero no necesariamente entre quienes la necesitan. Mientras el conflicto se mida sólo en términos de agravios profesionales y equilibrios sindicales, la sanidad pública seguirá discutiendo sobre sí misma sin hacerse la única pregunta que importa: qué cambia para el ciudadano que cruza la puerta de un centro de salud o de un hospital.

No me van a encontrar ahí.

De la catástrofe al desorden político. A la derecha les vale.

En este país hemos desarrollado la rara habilidad de que, mientras el clima se desmorona a nuestro alrededor, siempre encontramos tiempo para discutir si el responsable es un complot de burócratas europeos, un alcalde con mala suerte o ese vecino sospechosamente aficionado al reciclaje. Pero la realidad es menos pintoresca: las catástrofes climáticas no solo arrasan casas y cosechas; también se llevan por delante la poca confianza que queda en las instituciones, dejando el terreno abonado para que la extrema derecha plante su chiringuito ideológico.

El guion siempre es el mismo y solo cambia el paisaje: una ola de calor que convierte el monte en yesca, una inundación que sube por las calles, una sequía que deja los campos con aspecto apocalíptico. Sea cual sea el fenómeno, cada episodio suma pobreza, conflicto local y tensiones entre barrios, pueblos o sectores económicos, como si el clima hubiera decidido sacar a la superficie todas las grietas que no queríamos ver.

En teoría, ahí debería entrar el Estado o las comunidades autónomas, esos personajes siempre citados y raramente vistos, con sus planes de emergencia, ayudas y técnicos. En la práctica, todos llegan tarde, mal o por partes, como si la situación los desbordase, y solo pueden prometer que “tomarán nota”; mientras la gente sigue sacando barro de sus casas o contemplando lo que queda de sus cultivos o ganados, germina algo más que la humedad o la ceniza: la sensación de abandono, el agravio comparativo y la convicción de que las instituciones están para las fotos, pero no para dar respuesta a sus problemas.

El clima no vota, pero ayuda a escribir el discurso. Los estudios sobre terrorismo y extremismo señalan que cuando se deterioran los medios de vida (agricultura, pesca, ganadería) y se recrudece la lucha por los recursos, se abre la puerta a la radicalización; no es que el clima “cause” extremismo, sino que intensifica riesgos ya presentes: desigualdad, abandono territorial, injusticias antiguas que nadie se molestó en reparar. En esa lógica, el cambio climático actúa como un acelerante arrojado sobre un incendio político que ya existía, aunque lo llamáramos “malestar”.

En ese ambiente rebosante de frustración, alguien tiene que aparecer para ofrecer certezas, señalar culpables y dar soluciones rápidas. Rara vez es un sociólogo, un ingeniero hidráulico o un experto en medio ambiente; suele ser un tertuliano de sobremesa que, micrófono en mano, explica que todo esto no tiene nada que ver con modelos económicos, planificación territorial o decisiones políticas acumuladas, sino con una confabulación de ecologistas, burócratas y extranjeros.

Es ahí donde la extrema derecha despliega su mejor talento, que no es la gestión ni la propuesta, sino la reorganización del conflicto político en formato “nosotros contra ellos”: “nosotros”, los de aquí de toda la vida, los que levantan el país a base de madrugones y pagar facturas, frente a “ellos”, los migrantes, las élites urbanas y los demás sospechosos habituales.

DONDE LAS DAN LAS TOMAN. De victoria en victoria hasta la derrota final

En Castilla y León el escenario en que Vox roza o consuma el sorpasso al PP no sería un accidente, sino la consecuencia lógica de una cadena de errores estratégicos cometidos por Feijóo y por el aparato del PP en su relación con la extrema derecha.  Es la historia de un partido que creyó que podía usar a su socio menor como escudo y ha acabado convertido en rehén.

Su primer error fue comprar el marco equivocado: aceptar que la batalla principal no era por el centro, sino por el mando del bloque de derechas, y lanzarse a esa pelea jugando con las reglas de Vox.  Vox no necesita ganar para mandar; le basta con que el PP asuma sus marcos culturales y se desplace dentro de ellos, debatiendo en los términos que le marca la extrema derecha.  Si el PP convierte a Vox en referencia ideológica y se reserva para el supuesto “turno de gestión”, el mensaje al votante es nítido: el original es Vox, el PP es la copia descafeinada que llega después a firmar los papeles.

Segundo error, la oscilación permanente entre tratar a Vox como socio inevitable y presentarlo como socio incómodo, sin una línea reconocible más allá del cálculo del día.  El PP endurece el discurso donde cree que le conviene y simultáneamente mantiene una ambigüedad nacional que suena a dar tumbos: un día explora gobernar con Vox, al siguiente coquetea con la abstención del PSOE como tabla de salvación.  Lo que en Génova llaman flexibilidad, fuera se traduce en debilidad, en la imagen de un partido que no sabe qué hacer con su socio ni con su propio espacio.  Y en una competición por la hegemonía dentro de la derecha, la duda se paga: el votante que quiere mano dura premia al que marca la línea roja, no al que titubea.

Cómo tercer error está la apuesta por “normalizar” a Vox bajo la promesa ingenua de que así se le domestica.  Los pactos autonómicos y la dependencia creciente en múltiples territorios han consolidado a Vox como actor estructural de la derecha, con legitimidad para exigir entrada en gobiernos y cumplimiento programático como si fuera socio fundador del bloque.  Los análisis coinciden en un dato inquietante para el PP: uno de cada tres de sus votantes ya ve a Vox como segunda opción, síntoma de que la barrera de excepcionalidad se ha roto y ambos partidos se perciben como partes de un mismo ecosistema, con diferencias de grado, no de naturaleza.  Cuando el PP deja de presentarse como dique y se convierte en plataforma de acceso al poder de Vox, el mensaje implícito es sencillo y demoledor: si no hay riesgo en votar a la extrema derecha porque siempre habrá un PP que la meta en el gobierno, el incentivo para contenerse desaparece.

El cuarto error ha sido utilizar los territorios como laboratorio táctico sin calcular el coste estratégico.  Vox ha convertido la aritmética en una palanca de presión y, en Extremadura, ha llevado su “no rotundo” hasta la víspera de la investidura, obligando al PP a negociar bajo la sombra de una repetición electoral y exhibiendo en público la dependencia de María Guardiola.  En Castilla y León, la salida de Vox del gobierno tampoco ha debilitado a la extrema derecha; al contrario, los sondeos señalan una fuerte subida de Vox, mientras el PP conserva la primera posición, sí, pero con más necesidad que nunca de volver a pactar con ellos.  Los supuestos “ensayos generales” no están desgastando a Vox, sino al PP: los ultras se permiten romper, tensar, amenazar con nuevas elecciones y, al mismo tiempo, presentarse como guardianes de la coherencia ideológica, mientras el PP queda encajonado entre el cálculo electoral y la humillación política.

Y quinto error, que no tiene por qué ser el último, confundir poder institucional con hegemonía. El PP puede acumular gobiernos y perder al mismo tiempo la batalla cultural y estratégica frente a Vox, porque cada nuevo pacto incrementa su dependencia y la capacidad de los de Abascal para fijar las condiciones de la negociación.  En Castilla y León, incluso sin que llegue a consumarse el sorpasso, los escenarios que se abren son de “empate técnico”, “liderazgo disputado” y “riesgo de repetición electoral” dentro del bloque de derechas, un paisaje en el que el PP conserva el gobierno, pero el relato le pertenece a Vox.

Si el sorpasso de Vox al PP se confirma o si el resultado se queda en un empate técnico, la respuesta previsible del PP, a la vista de su trayectoria reciente, sería una mezcla de más endurecimiento del discurso, más dependencia de Vox en las mesas de negociación y más tentación de agitar la “lista más votada” como coartada retórica para pedir al PSOE lo que el PP no se atreve a hacer por sí mismo: gobernar sin Vox.  Pero tras años de dedicar energías a demonizar cualquier entendimiento con los socialistas, ese giro no abriría una etapa nueva, solo reforzaría la idea de que la política del PP es puro ensayo y error, improvisación y oportunismo.

Feijóo puede salir a contarse como el hombre que “suma” gobiernos, pero el coste de cada suma es alimentar la percepción de que quien crece, quien marca los límites ideológicos y quien encarna el futuro es Vox.  A largo plazo, no es una estrategia de expansión, sino de autodestrucción: hoy presidencias, mañana irrelevancia hegemónica.

El sorpasso no sería un rayo caído del cielo, sino el desenlace lógico de cinco errores encadenados bajo el mando de un líder inútil como Feijóo.  Castilla y León no harían más que poner negro sobre blanco un proceso que lleva años escribiéndose, elección tras elección, pacto tras pacto.

“Sanar el cuerpo, cuidar el pueblo”.

En esta frase podríamos resumir el sentido más profundo de lo que creo que se quiere reconocer en este acto: la vida profesional y humana de quienes hemos dedicado décadas a la atención sanitaria y a los servicios públicos, y que el año pasado hemos finalizado nuestra etapa laboral. No estamos solo ante jubilaciones; estamos ante biografías que, sumadas, cuentan la historia de un país, de unos pueblos y de una manera de entender la dignidad profesional.

Cuando un médico rural repasa su biografía, no realiza un ajuste de cuentas con su tiempo, sino un ejercicio de responsabilidad moral con las gentes con las que compartió esperanzas y angustias, conflictos y acuerdos. Ese espíritu es el que hoy se reconoce en las médicas y médicos de atención primaria, en las enfermeras y enfermeros, en los y las fisioterapeutas, en el personal administrativo, en las trabajadoras/es sociales, en las celadoras/es, y en tantos profesionales que hicieron de su trabajo un compromiso con la comunidad en que han ejercido.

Los sanitarios rurales no hemos vivido por encima de nadie; al contrario, nos hemos colocado siempre al lado de la gente, como sus iguales, en la consulta, en la residencia, en la escuela, en la calle. Todos somos portadores de esa “cicatriz de realidad” que nos enseñó que sanar es, sobre todo, un ejercicio de paciencia y de escucha, y que la vocación, más que un oficio, es un lugar en el mundo, y el terreno más firme que un profesional puede pisar.

Creo que eso es lo que refleja la trayectoria de muchos de los aquí presentes: llegamos jóvenes, a veces a destinos que apenas sabíamos situar en el mapa, y donde nos quedamos un tiempo, para la mayoría luego ir a otro destino, aunque algunos lo hicimos por décadas, casi hasta confundirnos con el paisaje humano de la consulta y del pueblo.

La atención primaria, especialmente en el medio rural, es mucho más que un nivel asistencial del sistema sanitario. Es memoria colectiva, es crónica política cotidiana, es historia sanitaria y, a la vez, es un memorial rural de vidas discretas que han sostenido la convivencia y soportado ver cómo cada día, eran menos los que resistían allí por el abandono rural.

El médico y la médica de familia, al igual que la enfermera o enfermero de pueblo, la administrativa que conoce a muchos por su nombre o el celador que ayuda a subir la camilla, hemos representado durante décadas una forma de estar en ese mundo rural. Hemos sido, muchas veces, el primer oído que ha escuchado una preocupación, el primer rostro que ha visto un niño, o la última mano que alguien ha estrechado en su despedida. En cada informe hecho, en cada consulta y en cada visita domiciliaria, había siempre un mensaje silencioso a nuestro paciente: “no estás solo”. 

La España rural, sobre cuyas espaldas y silencios se ha levantado buena parte de la modernización de nuestro país, ha tenido en los profesionales sanitarios una autentica columna vertebral silenciosa. Mientras el mundo se globalizaba y cambiaban las tecnologías, nosotros y nosotras hemos seguido abriendo la consulta cada día, recorriendo los consultorios vecinos para sustituir a un compañero/a, o actualizando conocimientos. Siempre intentando que ninguna persona se quedase fuera, ni por la edad, ni por el código postal, ni por el tamaño del municipio en que residía. Nuestro trabajo ha sido un antídoto contra la sensación de abandono rural y contra la idea de que la periferia es un lugar menor.

En las consultas y en los domicilios, en las guardias invernales y en los veranos interminables, en el día a día de muchos de nosotros se han repetido de manera constante, a veces casi sin ser percibirlo, cinco verbos: escuchar, cuidar, aprender, acompañar y seguir estudiando. Esos verbos podrían ser hoy la mejor definición de lo que significa ser profesional de la atención primaria y de los servicios públicos en un pueblo: escuchar antes de hablar, cuidar antes que juzgar, aprender de cada paciente, acompañar en cada etapa de la vida y seguir estudiando para estar a la altura de la confianza depositada. 

Entrar en las casas es entrar en la intimidad, en los miedos y en las esperanzas de las personas, ver la pobreza y el esfuerzo, la soledad y los cuidados invisibles. Las y los profesionales que nos hemos jubilado hemos entrado en muchas casas, y al hacerlo hemos aprendido a leer lo que no se dice, a escuchar incluso los silencios. Esta es, la mejor receta que podemos dejar quienes hemos cubierto esa etapa de trabajo y a los que hoy el sistema para el que hemos trabajado nos homenajea.

Permitidme que, al hablar de quienes nos vamos, hable también de quienes se quedan, o que llegan o van a llegar. Los profesionales jóvenes, que ahora ocupan nuestras consultas, heredan no solo un puesto de trabajo, sino una forma de entender la medicina y lo que significa prestar un servicio público. Les dejamos en herencia la idea de que la excelencia técnica solo tiene sentido si está unida a la cercanía, a la decencia y a la responsabilidad con la comunidad.

A quienes cerramos la etapa laboral, deciros algo muy sencillo: hemos dado a los pacientes con mejores cuidados y un sistema sanitario, con todos sus defectos y errores, creo que mucho más humano que el que nosotros recibimos. Todas y todos habéis demostrado, que se puede ser competente sin dejar de ser cercano, que se puede ser científico sin dejar de ser compasivo, que se puede trabajar en un pequeño consultorio y, al mismo tiempo, estar a la altura de los grandes desafíos de la salud pública.

Cada una de nuestras historias personales se entrelaza con la historia de nuestros pueblos, y eso nos obliga a sentir orgullo, pero también gratitud: hacia las personas que confiaron en nosotros y hacia los compañeros y compañeras con quienes compartimos guardias, decisiones difíciles, alegrías y duelos.

Por eso quizá nuestra huella no estará solo en los archivos, sino en la memoria agradecida de la gente. Ojalá que, cuando dentro de unos años alguien lea nuestras trayectorias profesionales, las lea como lo que son: una parte imprescindible de la historia de los pacientes, de un pueblo y de este país.

Espero que, hoy que pesan más las redes sociales que los libros, se entienda que, sin nuestro trabajo cotidiano, callado y perseverante, la modernización rural de la que tanto hablamos habría sido más fría, más desigual y, desde luego, menos humana. Y ¡ojalá! que quienes vengan detrás se sientan orgullosos de continuar ese camino.

Gracias a los promotores de este acto que no es una ceremonia de nostalgia, sino un acto de justicia. La justicia de reconocer que detrás de cada número de tarjeta sanitaria, de cada historia clínica, de cada llamada de madrugada, ha habido nombres propios, biografías, renuncias personales, celebraciones postergadas, familias que también han compartido las privaciones y las urgencias de la vida profesional de sus madres, padres, parejas o hijos. Hoy es también el momento de darles las gracias a ellas y a ellos, porque ninguna vocación se sostiene sola.

Gracias, compañeras y compañeros por haberlo hecho realidad  durante tantos años, con tanta entrega y tan poca vanidad. Con mis palabras he querido hacer un reconocimiento al pasado, un compromiso con el presente y una promesa de futuro para nuestra atención sanitaria y para nuestros pacientes en pueblos y ciudades.

Y termino con una anécdota, la de Joaquina, una paciente mía, que cada año durante 40, acudía a realizarse una analítica general, siempre en vísperas de nuestras fiestas patronales. A los 91 años, también lo hizo, y cuando vino por los resultados, le dije: Estas estupenda Joaquina, toda la analítica está perfecta, no tienes ni un solo asterisco. Ella me contestó: ¡Ea! Don Antonio, que me voy a morir completamente sana. Era su forma de entender los versos de Machado “TODO PASA Y TODO QUEDA, PERO LO NUESTRO ES PASAR”.

Acabo como empecé: Gracias por haber sanado cuerpos, y cuidado personas. Pero yo añadiría un tercer elemento, por haber mantenido los pueblos.

Madrid condecora a la fábrica del miedo

Madrid le pone una medalla a un país que ha convertido la frontera en un matadero administrativo, y su presidenta sonríe para la foto como quien firma una entrega de llaves. No es un gesto de diplomacia sino una reverencia al trumpismo.

La ICE no es una oficina. Es una máquina que tritura nombres, acentos, colores de piel, y los devuelve convertidos en números de expediente. Los informes de ACLU, Human Rights Watch y NIJC hablan de “zonas sin justicia”: pabellones donde el aislamiento se usa como castigo, donde llegar a un abogado es un privilegio poco probable y donde el debido proceso es una palabra en un idioma extranjero que no quiere entender nadie. En esos lugares el idioma oficial no es el inglés, es el miedo, y su arquitectura está pensada para que duela: más camas, más barrotes, más kilómetros entre el detenido y su familia, más distancia entre la persona y quien podría defenderla. La ley existe, pero entra esposada, llega tarde o nunca llega.

Entre 2017 y 2021, un análisis de organizaciones de derechos humanos revisó 52 muertes bajo la custodia de ICE y encontró lo que ya olíamos desde lejos: fallos graves de atención, negligencias, ocultación de hechos, y una impunidad diseñada para que todos aprendan la lección equivocada. Hasta en un 61% de los expedientes hubo manipulación o falsificación de registros asistenciales, como si la realidad fuera un documento del que se puede limpiar la sangre con corrector.

En un solo ejercicio, al menos 13 personas murieron en estos centros, según Freedom for Immigrants, que describe la detención como un lugar donde “nadie está seguro”. Nadie: ni la mujer embarazada, ni el menor, ni el anciano, ni el enfermo, ni el que no entiende de qué se le acusa porque su crimen es existir en el lugar equivocado, con el pasaporte equivocado, en la piel equivocada.

Sería cómodo pensar que todo esto es el fruto de unos funcionarios torpes y protocolos mal diseñados. Pero bajo Trump, el Departamento de Seguridad Nacional desmontó controles de derechos civiles, animó a los agentes a ocultar su identidad y bendijo tácticas agresivas con vocación ejemplarizante no para la justicia, sino para el terror: detener a la gente a la salida de sus propias audiencias, moverla a miles de kilómetros de sus hijos y sus abogados, deportarla a países conocidos por torturar, como quien devuelve un paquete defectuoso al proveedor.

La lógica no es “hacer cumplir la ley”. La lógica es producir miedo, sembrarlo en cada barrio migrante hasta convertirlo en frontera interior: un lugar donde cualquiera puede ser cazado, encerrado y desaparecido dentro de un laberinto burocrático que siempre tiene una celda más, un formulario más, una noche más de frío. Sabemos todo esto. Está escrito en informes, en autopsias, en testimonios, en los silencios de quienes volvieron y en los silencios de quienes no. 

Y aun así, Madrid decide colgar una medalla institucional al país cuyo presidente diseñó y jaleó este modelo migratorio. No es solo indecente: es una humillación consciente, una ciudad poniéndose de rodillas ante la ultraderecha global y llamándolo “relaciones internacionales”. Las medallas también son espejos. Mientras la Comunidad la prende en el pecho del aliado poderoso, la ciudad y la provincia, se mira de reojo y se acostumbra a un Madrid que normaliza las “zonas sin justicia”, que firma con trazo firme el contrato moral de esas muertes evitables, que acepta que haya lugares donde nadie está seguro, siempre que queden lo bastante lejos.

Un día, quizás, alguien preguntará cómo empezó todo. Y habrá que recordar que empezó aquí, en estos gestos que parecían solo protocolo: en una medalla, en una foto, en un aplauso, en el momento exacto en que dejamos de sentir vergüenza por aplaudir el dolor de otros. Esa es, al final, la verdadera escena que deja esta medalla: no solo cuerpos encerrados lejos de nuestras fronteras, sino una ciudad decidiendo si mira para otro lado o se reconoce en ellos. Si los madrileños no se avergüenzan es que carecen ya de capacidad de raciocinio.

Y mientras derecha y ultraderecha de la patria hispana aplauden esa medalla al totalitarismo, en la izquierda se sigue deshojando la margarita, sin acabar de convencerse de que o construimos un nosotros capaz de entienda que cada deportación, cada muerte evitable, cada familia rota no es algo lejano, sino una herida propia, o estaremos aceptando que nos iran venciendo por turnos, sector a sector, hasta que no quede nadie que pueda alzar la voz por nosotros.

47 muertos en campaña: Feijóo convierte Adamuz en mitin y a las víctimas en decorado

Hay formas y hay fondos. Y luego está lo que hemos visto esta mañana en el Congreso: una tragedia ferroviaria con 47 muertos convertida en atrezzo para una escena de campaña electoral permanente, donde a las víctimas se las invoca mucho y se las escucha poco o nada.

Sánchez llegó a la Cámara con el guion clásico de la gestión institucional del desastre: rigor, investigación, justicia, “se hará justicia”, “se investigará con rigor”, “se tomarán las medidas necesarias”, ayudas, acompañamiento a las familias. Es el manual: transparencia prometida, técnicos por delante, jueces trabajando, anuncio de reformas en seguridad. Nada especialmente épico, nada que vaya a abrir informativos por la brillantez del discurso, pero al menos un discurso reconocible del Estado ante la tragedia.

Feijóo, en cambio, vino a otra cosa. Denuncia un “cajón desastre” y un “mezclarlo todo”, pero, lo cierto, es que ha sido él quien ha convertido Adamuz en un cajón donde cabía todo: Rodalies, apagones, DANA, Falcon, narcisismo, corrupción, España al borde del colapso. Donde se le pedía control parlamentario y rendición de cuentas, él ha ofrecido  un auto de acusación en versión mitin: no un examen de qué falló en la vía, en los protocolos, en la seguridad, sino una enmienda a la totalidad del Gobierno. No parece propio ni serio en alguien que no gobierna porque no quiere, pero aspira a gobernar.

La secuencia que lanza es impecable desde el punto de vista del marketing: uno “negligencia”, dos “accidente evitable”, tres “47 muertos”, cuatro “su Gobierno se sentará en el banquillo”. Una línea recta, sin matices, sin condicionales, en la que borra de un plumazo eso tan incómodo que se llama “investigación abierta”: CIAF, Guardia Civil, juzgado de Montoro. Si los informes hablan de vías fracturadas, fallos de infraestructura, cadena de causas en análisis, peor para esos informes, porque la frase “accidente evitable” suena mucho mejor en los titulares. La verdad no importa.

La talla política de un parlamentario se mide precisamente ahí: en la capacidad de poner freno donde la tragedia invita a pisar el acelerador. Y Feijóo ha hecho justo lo contrario: ha pisado a fondo. Ha adelantado el veredicto penal (“su Gobierno se sentará en el banquillo”) desde el escaño, sin esperar a que lo formulen los tribunales. Ha convertido la categoría de “negligencia” en un adjetivo de combate, no en una hipótesis que se somete a prueba en informes técnicos y resoluciones judiciales. 

En esa operación, las víctimas ocupan un lugar central… pero no el que merecen. Se las invoca como escudo y ariete: “no respetan a los muertos”, repite, levantando una frontera moral infranqueable entre ellos  que serían los indignados de bien, y el Gobierno a quien considera unos cínicos sin entrañas. Cuanto más se repite la palabra “víctimas”, menos espacio se deja para una sencilla pregunta: ¿qué política pública de seguridad ferroviaria propone exactamente esta oposición que hoy se envuelve en su memoria?

Porque ahí está el vacío: mucho dolor prestado e impostado, pero poca propuesta propia. Se denuncia que las medidas anunciadas llegan tarde, que las limitaciones de velocidad se multiplican después y no antes, que la vigilancia y las inversiones son tardías. Pero no aporta un modelo alternativo, un plan concreto, una hoja de ruta que permita decir: “si hubiéramos gobernado nosotros, estas serían las decisiones técnicas, este el calendario, estas las prioridades”.

En lugar de eso, Feijóo ofrece algo que le resulta mucho más cómodo: el relato de un Gobierno que “sabía”, “fue avisado”, “miró para otro lado”, y al que ahora solo le quedaría el banquillo. No es casualidad, sino parte de la lógica de una oposición que ha decidido que cada crisis debe resolverse con las mismas dos palabras mágicas, dimisión y cárcel, aunque el trabajo de los peritos y los jueces vaya por delante o por detrás. Una lógica que confunde el Parlamento con un plató de televisión y la comparecencia con un tráiler de lo que será la próxima campaña electoral.

La falta de talla política se ve también en la forma en que se desdibujan las fronteras entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Pedir explicaciones políticas por los fallos en la red ferroviaria es no solo legítimo, sino necesario; preguntar por las inversiones, por la gestión de las alertas, por la priorización de obras, es exactamente lo que debería hacer una oposición seria. Pero saltar directamente a la promesa de “banquillo” antes de que se cierren las diligencias no es control al Gobierno sino usar la expectativa de castigo penal como combustible de la indignación partidista que desde que llegó a la presidencia de su partido promueve .

Y, de nuevo, las víctimas en medio. No como sujetos de derecho que exigen verdad, justicia y reparación, sino como recurso retórico que se activa a voluntad: se les cita, se les tutela, se habla en su nombre, se decide qué les ofende y quién las respeta. Es una forma de apropiación de la tragedia, que ya no pertenece a quienes la sufrieron y a quienes la investigan, sino al relato de su partido que grita más fuerte que ninguno en el hemiciclo.

Adamuz merecía otra cosa. Merecía que la comparecencia sirviera para algo más que para fijar etiquetas (“Gobierno negligente”, “accidente evitable”) en su pizarra partidista. Merecía que el debate se centrara en cómo se refuerza la seguridad, qué inversión falta, qué errores arrastramos de décadas de infrafinanciación, cómo se reorganizan Adif y Renfe para que la palabra “evitable” no vuelva a aparecer fuera de un informe técnico y con carácter preventivo.

En vez de eso, hemos visto a un líder de la oposición que se mueve con soltura en el agravio y la imputación moral, pero que se queda muy corto cuando hay que entrar en el fango aburrido de la política pública. Mucha épica de “47 muertos”, y poca letra pequeña sobre cómo evitar el 48.

Al final, lo que deja al descubierto esta comparecencia no es solo la estrategia del PP, sino un modo de hacer política que lleva tiempo instalándose: cuanto más complejo es el problema, más sencillo debe ser el culpable; cuanto más dolor hay, menos espacio para la duda, el matiz, la espera a los informes. Y en esa simplificación brutal, las víctimas dejan de ser un límite ético para convertirse en materia prima de la guerra partidista.