Nos espera la precariedad

Revisar el estado actual del debate público en nuestro país es someterse a un ejercicio previsible. Cada vez que se pone sobre la mesa una cuestión capital para la justicia social y el bienestar de la mayoría, la derecha ( con un PP que adopta la careta de la supuesta gestión técnica y un Vox que exhibe la brutalidad dogmática del mercado) activa de inmediato sus resortes ideológicos. Ya sea en el ámbito de las retribuciones laborales, en el acceso a un techo o en el contrato social intergeneracional de la vejez, la derecha opera mediante una pinza sistemática orientada a mercantilizar la vida y desproteger al eslabón más débil. 

Este desprecio por las condiciones materiales se observa con claridad en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o las horas extraordinarias, las bajas por ILT, todo parte de las condiciones laborales. Mientras Vox aboga sin complejos por una desregulación absoluta y la ley de la selva económica, el PP juega un papel tan cínico como nocivo: dice no oponerse a las subidas, pero las vota sistemáticamente en contra y agita fantasmas apocalípticos sobre la ruina de las pymes que los datos reales desmienten una y otra vez. Para ellos, los salarios bajos no son un problema que resolver, sino una ventaja competitiva para sostener un modelo de país basado en trabajadores empobrecidos. 

La máxima expresión de esta crueldad neoliberal se mide también en metros cuadrados de sufrimiento a través del mercado de la vivienda. El bloque conservador ha asumido el papel de defensor de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, convirtiendo un hogar protegido en una ficha de casino. El PP recurre al comodín del "aumento de oferta" para boicotear cualquier intento de regulación y proteger al lobby del ladrillo, mientras que Vox eleva la demagogia desviando la atención hacia chivos expiatorios como la inmigración o la "okupación". Para ambos, que un trabajador destine la mayor parte de su sueldo a pagar un alquiler abusivo es algo "natural" del mercado. 

Finalmente, esta lógica mercantil culmina en el ataque sistemático al sistema público de pensiones. Frente al contrato social entre generaciones, PP y Vox operan como agentes comerciales encubiertos de la banca y los fondos privados. El PP recurre a un cinismo calculador, recordado por recortes históricos y negativas a blindar el IPC real, agitando el fantasma de la quiebra demográfica para justificar la privatización y el recorte de prestaciones, al tiempo que Vox dinamita la financiación social con rebajas a las rentas altas. Para ellos, la vejez deja de ser un derecho inalienable para convertirse en un nicho de negocio cotizable en bolsa. 

Frente a este proyecto político que solo concibe el Estado al servicio de las élites económicas, preservar la democracia exige firmeza. La dignidad salarial, el derecho a una vivienda digna y unas pensiones públicas blindadas no son caprichos ni caridad, sino justicia de clase e indicadores innegociables de decencia democrática. 

Y frente a la urgencia de vivir con dignidad, ningún argumentario de la pinza reaccionaria puede prevalecer jamás.

La Revuelta

 David Broncano:

Si tu público, ese que te ha hecho grande y te ha acompañado de forma fiel, no es lo suficientemente bueno para Santiago Abascal, ese tipo no debería serlo para ti.

La extrema derecha siempre presume de ser "la voz del pueblo", pero cuando toca rascar focos en la tele de entretenimiento, las bases se convierten en daños colaterales. Cambiar la coherencia por un rato de plató y algoritmo demuestra que para ellos la militancia solo es atrezzo electoral.

La fidelidad de los tuyos no se negocia por un minuto de gloria.

Hoy no te veré

No seguiré valorando ni opinando sobre el contenido de La Revuelta anoche. Ya están las redes llenas con opiniones para todos los gustos. Solo una reflexión: si este partido impone las condiciones para ser entrevistado su lider sin estar en el poder ¿os imagináis lo que será la televisión publica en sus manos?

La cultura contra la mediocridad, la imaginación al poder.

Vivimos momentos en los que la política institucional parece haber extraviado el sentido de la realidad para entregarse a un libreto perverso escrito por villanos de cartón piedra. Cuando uno escucha las declaraciones de los líderes de la alianza entre el PP-Vox en materia cultural, la sensación no es solo de retroceso democrático, sino de bochorno estético. 

Pretenden gobernar la creatividad pública a golpe de decreto moral, tijera presupuestaria y una obsesión enfermiza por domesticar al que no piensa como ellos. Creen que la cultura es un juguete de su propiedad o una amenaza a su nostalgia imperial, y que basta con apagar los focos de los teatros incómodos para que la realidad se someta a su dogma.

Pero cometen un error imperdonable: confunden poder con la autoridad moral. La gente que ama la cultura y el arte no se va a rendir porque vengan cuatro monigotes a decir pamplinas; todo lo contrario, eso le va a dar más fuerza y energía.

El manual de la nueva derecha radical global parte de una premisa falsa pero muy rentable entre su parroquia. Según su relato, los festivales de cine independiente, las artes escénicas contemporáneas, los centros culturales de barrio y la memoria democrática son trincheras de adoctrinamiento que hay que purgar. Bajo el eufemismo de "devolver la cultura a todos los ciudadanos" o "proteger a la infancia", lo que se esconde es un intento zafio de recentralización ideológica.

Hemos visto cancelaciones de obras de teatro, retirada de revistas en bibliotecas y vetos a directores y creadores que no comulgan con su catálogo de eslóganes rancio-patrióticos. Sin embargo, este afán censor choca con una ley no escrita: el autoritarismo es radicalmente estéril. Los regímenes ultraconservadores y fascistas son buenos destruyendo, persiguiendo y acosando, pero son incapaces de crear belleza porque la belleza exige libertad, duda, ironía y contradicción. 

Los burócratas de la censura solo pueden producir panfletos institucionales y folclore descafeinado; el alma no les cabe en el BOE.

Debemos recuperar la fe en el corazón humano y en la memoria de los grandes creadores. Adolf Hitler era un mamarracho, un déspota y un genocida, pero El gran dictador de Chaplin es uno de los cantos más puros a la humanidad, a la dignidad y a la esperanza. Esa obra cumbre del cine universal no habría existido sin el esperpento y la barbarie del tirano alemán. La infamia del nazismo espoleó al genio que ridiculizó al dictador para siempre, recordándonos que los tiranos pasan, pero el arte permanece.

Hoy ya nos gobiernan en muchos municipios y autonomías. Son personajes que parecen sacados de una caricatura fracasada, cuya mayor aportación a la vida pública es prohibir un cartel, recortar subvenciones a los creadores locales o mirar con recelo cualquier obra que hable de diversidad, de derechos sociales o de justicia de clase. Cada una de sus cancelaciones engendra tres nuevos colectivos artísticos; cada tijeretazo presupuestario moviliza a un público que entiende que la cultura no es un adorno prescindible de los presupuestos municipales, sino la infraestructura misma de la convivencia democrática.

La cultura es la forma más bonita, compleja y positiva que tenemos los seres humanos de comunicarnos y compartir el mundo. Es el espacio donde nos reconocemos en el dolor del otro, donde ensayamos mundos mejores y donde se cultiva la empatía radical que tanto asusta a las derechas, cuyo único pegamento social es el miedo y el odio al diferente.

Los "monigotes" que hoy ocupan despachos gracias a pactos de conveniencia pasaran al desván de nuestra intrahistoria política. Serán recordados como un paréntesis ridículo. En cambio, las canciones que hoy se componen en los locales de ensayo, los poemas que se recitan en librerías, las películas independientes que esquivan los vetos y las obras de teatro que llenan las salas a pesar de los recortes perdurarán porque este país hace tiempo que decidió no arrodillarse.

Que sigan haciendo sus cuentas, que sigan repartiendo carnés de buenos y malos españoles. No saben que con cada prohibición están avivando la chispa. La gente que ama el arte no se rinde. Y frente a su opereta, la cultura seguirá siendo la mejor arma para celebrar la vida y recordarle al poder que nunca, por mucho que lo intenten, podrán encarcelar la imaginación.

El programa de Feijóo es un anuncio de compresas

Hay algo profundamente poético en el arte de hacer campaña electoral en España. Los gabinetes de comunicación de Génova no gastan millones en densos tratados económicos; su verdadera inspiración está en la publicidad de la televisión de la tarde, justo entre el informativo y la Promesa. El programa electoral del PP no se diseñó en un despacho pensando en el PIB sino viendo un anuncio de compresas con alas de última generación.

Es cierto, lejos de ser solo un chiste fácil de barra de bar. Pensemos en el concepto central del producto: la invisibilidad. La promesa publicitaria de una compresa moderna es que te sientas tan seca, tan ligera y segura que parezca que no llevas nada... ni siquiera el peso del mundo, ni las contradicciones del capitalismo.

Con el programa electoral de Feijóo pasa exactamente lo mismo. Ese programa electoral es un ejercicio de prestidigitación donde te prometen una bajada masiva de impuestos, al tiempo que juran sobre la Constitución que el Estado del Bienestar, las pensiones y la sanidad pública van a salir fortalecidos. Todo a la vez, sin fricciones, sin recortes traumáticos y sin que se note el déficit. Es la austeridad que no moja, puedes hacer piruetas presupuestarias sobre un fondo blanco impoluto mientras el planeta arde y los servicios públicos crujen, pero tranquilo, porque la absorción de su programa es total.

Luego están las famosas "alas". En el spot televisivo, las alas son un despliegue de ingeniería punta para que nada se mueva de su sitio por mucho que corras, saltes o lo que quieras. El programa del PP es eso, intenta contentar simultáneamente a los liberales de sofá y a la bancada ultra. En el ideario de Feijóo, esas alas son el "centrismo reformista": un artilugio invisible diseñado con esmero para retener el voto de la ultraderecha sin que le manche la foto de Colón. Unas alas que siempre acaban rozando por donde más amarga la vida de los derechos sociales, pero que en el folleto publicitario quedan de una modernidad exquisita.

Y no nos olvidemos del tono. Esa sonrisa radiante, ese optimismo versión pasta dental, ese paseíllo por una vaquería idílica con la serenidad de un vecino que se fue a la capital porque le tocó la bonoloto. Nos vende "libertad de elección", ese eufemismo manido que solo significa que «el que tenga pasta que se lo pague y el que no, que rece», envuelto en celofán azul pastel con margaritas.

Claro que, al final, la letra pequeña del envase es jodida. Cuando levantas el envoltorio y miras con los ojos de quien intenta llegar a fin de mes, descubres que el dichoso superabsorbente solo sirve para una única cosa: desviar los recursos públicos hacia las rebajas fiscales de las rentas más altas, bajo la vieja e incorregible fe de que, si dejamos de cobrarle impuestos a los millonarios, lloverá maná sobre los currantes.

Votar el programa económico de Feijóo basándose en la promesa de sus mítines es, en el fondo, como comprar una compresa milagrosa con cuarenta y ocho capas de protección. Suena de maravilla sobre el papel, te lo venden con música celestial de fondo y una actriz haciendo windsurf. Pero en cuanto te enfrentas a la cruda realidad de la vida cotidiana, descubres que la protección era invisible... sencillamente porque nunca estuvo ahí.

Por qué la Huelga General del 11N es una cita con nuestra democracia

Nos encontramos en una de esas encrucijadas históricas en las que el ruido de la coyuntura política intenta enmascarar los debates de fondo. La convocatoria de Huelga General para este próximo 11 de noviembre no es una fecha más en el calendario sindical, ni un mero trámite de descontento estacional. Tengo la convicción de que este paro interrumpe la inercia del discurso único para plantear una pregunta fundamental que interpela a cada ciudadano, votante o no: ¿qué modelo de país queremos construir?

La primera gran verdad que expone esta huelga es la fractura entre dos modelos de convivencia radicalmente opuestos. Por un lado, se alza el proyecto de una España de derechos, donde la vivienda, la sanidad, la educación y el trabajo digno no son privilegios sujetos al vaivén del mercado, sino pilares inquebrantables de la dignidad humana y democrática. Frente a este horizonte se sitúa el modelo neoliberal del "sálvese quien tenga", la distopía del individualismo extremo donde cada crisis individual se convierte en culpa exclusiva del ciudadano, mientras se desmantelan los servicios públicos y se naturaliza la precariedad. Secundar el 11N es gritar que la solidaridad no es caridad, sino el pegamento imprescindible que evita que una sociedad se desmorone en la ley del más fuerte.

Conviene también sacudirse complejos y definir con precisión el objetivo de esta movilización. No estamos ante una huelga meramente defensiva, de esas que se limitan a contener los daños de las decisiones de arriba, ni a llorar sobre la sangre ya  derramada. Esta huelga es a la ofensiva, preventiva, y va dirigida contra la patronal. Va contra esa minoría económica que amasa beneficios históricos mientras congela salarios, obstaculiza la reducción de la jornada laboral y mercantiliza los sectores estratégicos. 

La clase trabajadora no sale a la calle a mendigar migajas en un ejercicio de resistencia pasiva; sale a disputar el poder económico, a exigir la redistribución real de la riqueza que produce con sus manos y a recordar que sin su esfuerzo diario este país, simplemente, se paraliza.

En los debates públicos previos a cualquier movilización de esta magnitud, los altavoces mediáticos del statu quo intentan desactivar la protesta apelando a la neutralidad o a la equidistancia. Es el momento de recordar una máxima que sintetiza la intrahistoria de nuestra política: la izquierda tiene principios, la derecha tiene intereses. Los principios de la izquierda son la igualdad, la justicia social, el reparto equitativo del esfuerzo y el bien común. Los intereses que defiende la derecha económica y mediática son la desregulación, la bajada de impuestos a las grandes fortunas, la privatización de lo público y la maximización de la tasa de ganancia privada a costa del bienestar colectivo.

Frente a esa maquinaria, la Huelga General del 11N es el recordatorio físico y político de que los principios siguen vigentes y de que la movilización popular es el único contrapeso real frente al rodillo de los intereses corporativos. 

Nos jugamos demasiado como para permanecer en el salón de casa. Este 11 de noviembre, parar el país es empezar a escribir el futuro. 

¿Hasta dónde llegan las cloacas?

La política española sigue transitando por los oscuros pasillos de la degradación institucional. Los acontecimientos recientes (las revelaciones desde prisión de Koldo y la negativa del Tribunal Supremo a permitir que los principales perjudicados se querellen contra las patrañas de Aldama), configuran un escenario que está llegando al límite. 

Ya no estamos simplemente ante episodios de corrupción económica tradicional, sino a un cambio donde el capitalismo de amiguetes, terminales mediáticas de la derecha y sectores clave del aparato judicial actúan como un bloque monolítico cuyo fin último es desestabilizar y derrocar a un gobierno por vías extraparlamentarias. 

Las informaciones que se han publicado no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. Por un lado, tenemos las facturas que acreditan los pagos de más de  240.000 euros por parte de la empresa editora de Okdiario para sufragar la defensa de Koldo García, sumadas a la promesa de hasta un millón de euros a cambio de fabricar falsedades incriminatorias contra el presidente del Gobierno. Esto revela una industria del bulo financiada a gran escala. Se compran voluntades y relatos para fabricar pruebas falsas que distorsionen el debate público. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha prohibido querellarse contra las mentiras de Aldama con el pretexto de blindar su "derecho de defensa". SE puede tener cualquier ideología, pero eso no puede negar la existencia de una escandalosa doble vara de medir. Mientras unos tribunales abren causas basadas en recortes de prensa y bulos ultraderechistas contra la izquierda, esos mismos tribunales blindan judicialmente el testimonio de quienes actúan en nombre de la actual oposición. Esta asimetría punitiva no es un error del sistema sino el reflejo de lawfare sistémica donde la cúpula judicial actúa como el tramo final del proyecto de las derechas. 

Frente a esta ofensiva de las cloacas, solo puede existir una reacción entre la indignación y ver que se quiere asfixiar la democracia. El pesimismo ante la neutralidad de esas instituciones es palpable. Sin embargo, esta realidad no debe conducir a la parálisis, sino a la toma de conciencia política.

Cuando el Estado de derecho queda capturado por intereses partidistas y mafiosos, la única salida es la movilización cívica. Las urnas y la participación masiva son la única herramienta de autodefensa. O se democratizan de raíz los aparatos del Estado empezando por una judicatura, o la democracia seguirá secuestrada por aquellos que prefieren gobernar desde la ciénaga antes que aceptar la voluntad de la mayoría social.

las cloacas del régimen al desnudo

La última revelación que salpica al PP, protagonizada por el condenado Koldo García desde prisión, no es nada extraño en la geografía política española, sino un modus operandi sistémico. Lo que estamos presenciando no son meras anécdotas de la picaresca judicial o periodística, sino la constatación de cómo opera un bloque de poder conservador dispuesto a subvertir las reglas del juego democrático con un único objetivo: derribar al Gobierno legítimo a cualquier precio. 

El relato expuesto por Koldo García a la Cadena SER, respaldado por indicios materiales tan concretos como las facturas de más de 240.000 euros abonadas por la editora de OKdiario para sufragar gastos de defensa, dibuja un engranaje mafioso perfecto. Aquí conviven tres patas fundamentales que la democracia liberal: una formación política dispuesta a financiar operaciones en la sombra, un sector del periodismo de los bulos convertido en caja de resonancia y pagador de favores, y unas terminales judiciales dispuestas a mirar hacia otro lado (o a vetar deliberadamente en los tribunales) cualquier línea de investigación que incomode a los suyos. 

Lo verdaderamente alarmante para nuestra democracia no es solo que se ofrezca un millón de euros y una rebaja penal a cambio de mentir contra el Ejecutivo, sino la naturalización de la impunidad con la que se mueven estos actores. Mientras la maquinaria mediática de la derecha agita constantemente el fantasma de la corrupción ajena para agitar a la opinión pública, por los sótanos de Génova y sus terminales mediáticas circulan fondos opacos para comprar voluntades y fabricar fango judicial. 

Esto, se mire como se mire, huele a golpismo blando e institucional donde la verdad judicial es suplantada por un relato prefabricado. Cuando los tribunales tapan o silencian aquello que apunta a las cloacas conservadoras, se está cuestionando la separación de poderes y se desactiva la capacidad de autodefensa del Estado de derecho.

Frente a esta ofensiva de la derecha, que busca el hastío de la ciudadanía para vaciar de contenido la democracia, la respuesta debe ser la profundización democrática, la transparencia radical y la exigencia de responsabilidades políticas y penales hasta sus últimas consecuencias. 

Si la democracia española quiere sobrevivir a sus propios demonios ocultos, urge sanear unas instituciones que demasiado a menudo parecen diseñadas para proteger a los poderosos mientras estrangulan la soberanía popular.