Negar el cambio climático

La región mediterránea se considera un “punto caliente” del cambio climático, con evidencias de aumento de extremos: más olas de calor, sequías más severas y, en algunas áreas, precipitaciones más intensas en eventos concretos. El IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change) y revisiones regionales indican que, a medida que aumenta la temperatura global, la atmósfera puede contener más vapor de agua, lo que favorece lluvias más intensas y aumenta la probabilidad de inundaciones pluviales y fluviales más dañinas en muchas zonas de Europa. En áreas como el sur de España se describe un patrón cada vez más claro: menos días de lluvia, pero más concentrada, alternando sequías prolongadas con inundaciones súbitas, algo que encaja con lo que está ocurriendo estos días en Andalucía.

Este patrón es especialmente problemático cuando los suelos llegan resecos tras periodos de sequía, porque infiltran peor el agua y la escorrentía superficial se dispara, saturando cauces y sistemas de drenaje urbano en cuestión de horas. La combinación de atmósfera más húmeda, mares más cálidos y mayor irregularidad en las precipitaciones sitúa a Andalucía entre las regiones europeas más vulnerables a extremos hidrológicos, de forma que los temporales no tienen por qué ser mucho más frecuentes, pero sí se vuelven más peligrosos y costosos en vidas, infraestructuras y producción.

Negar el cambio climático o minimizar su origen humano, a estas alturas, no es una “opinión”, sino una negativa a aceptar las masivas evidencias físicas que explican por qué temporales como el actual son cada vez más dañinos en zonas como Andalucía. Esa postura no es neutral, sino que retrasa la adaptación (mejor planificación urbana, gestión de cuencas, refuerzo de infraestructuras, sistemas de alerta temprana) que la propia evidencia científica señala como clave para proteger vidas y bienes frente a eventos extremos.

Mientras los negacionistas se refugian en el “siempre ha llovido mucho por aquí”, las administraciones y la ciudadanía se ven obligadas a gestionar evacuaciones masivas, carreteras cortadas y pueblos anegados que cuadran milimétricamente con lo que los informes climáticos llevan décadas advirtiendo. Persistir en esa negación es decirle a la gente que asuma más muertos, más pérdidas y más desastres evitables, solo para no admitir que hay que cambiar cómo producimos energía, cómo ocupamos el territorio y cómo nos preparamos para un clima que ya no es el de nuestros abuelos.

Ver cómo en zonas azotadas por la DANA en Valencia se están planificando nuevas construcciones es no querer aprender de los tropezones. Votar a la extrema derecha es apoyar a quienes no quieren ser conscientes de la realidad a que ya nos enfrentamos.

LADRIDOS EN X Y EN TELEGRAM

En las últimas horas, España ha asistido a algo insólito: los móviles de millones de ciudadanos recibieron un mensaje político no de su Gobierno, sino de un empresario extranjero. Pável Dúrov, fundador de Telegram, que utilizando su propia plataforma acusa al Ejecutivo de España de imponer un “Estado de vigilancia”. Apenas un día antes, Elon Musk había tildado al presidente español de “traidor al pueblo” por las mismas medidas. 

El episodio, más allá de lo mediático, es un espejo de los intereses que mueven hoy a los grandes gigantes tecnológicos cuando un Estado osa cuestionar su poder sin fronteras ni contrapesos. Tanto Dúrov como Musk representan una nueva aristocracia digital que, se ampara en el discurso libertario de la “libertad de expresión total”, para defender en realidad un modelo de negocio basado en la desregulación y la impunidad. Su oposición a las nuevas normas no obedece a una súbita preocupación por las libertades de los españoles (recordemos a Trump y las libertades de los venezolanos), sino al temor de perder control sobre los datos, los algoritmos y los beneficios que emanan de un internet sin ley. Que no pretendan ni logren engañarnos, porque lo que llaman “vigilancia estatal” no es más que el intento de los poderes públicos de poner límites a prácticas privadas que vulneran, día sí y día también, la integridad de los menores y el derecho a la información veraz.

El primer argumento de Dúrov es que la verificación de edad mediante DNI o biometría amenaza el anonimato y facilita la vigilancia masiva. La realidad, sin embargo, es que el Gobierno español, en el marco de un proyecto piloto europeo,  está desarrollando una app capaz de comprobar la edad sin recopilar ni almacenar datos personales. Es decir, una medida tecnológica de privacidad avanzada, precisamente para que los adultos mantengan su anonimato. Al convertir esa iniciativa en una alerta “contra la libertad”, Dúrov falsea deliberadamente la información y alimenta la confusión social que tanto beneficia a las plataformas que viven del tráfico masivo e indiscriminado de usuarios, sean niños o adultos. ¿Qué han dicho a Francia o a Australia por adoptar la misma medida?

El segundo argumento, compartido por Musk, es que penalizar a los directivos de redes sociales por no retirar contenido ilegal provocará una “sobrecensura”, donde el miedo lleve a eliminar toda expresión crítica. Pero esta afirmación ignora un hecho básico: no se trata de perseguir opiniones, sino delitos. Lo quieren ver cómo conviene a sus intereses porque la norma no pide a las empresas que borren la disidencia o el periodismo, sino que asuman responsabilidades cuando facilitan, por acción o negligencia, la difusión sistemática de pornografía infantil, tráfico de drogas o desinformación masiva. Lo que se busca no es censurar, sino exigir que quienes controlan las plataformas actúen con el mismo sentido de responsabilidad que cualquier medio de comunicación o entidad con presencia pública en España. La diferencia entre una cosa y otra es abismal. 

El tercer punto del ataque es el uso ideológico del término “Estado de vigilancia”. Curiosa acusación, viniendo de magnates que convierten en dinero cada clic, cada preferencia y cada conversación para vender publicidad o entrenar sistemas de inteligencia artificial. Telegram, que Dúrov presenta como un baluarte de privacidad, ha sido señalada por las autoridades europeas y la justicia francesa como refugio de redes criminales y canales de propaganda extremista. Y, según las propias filtraciones, el empresario no ha dudado en vender los datos de sus usuarios a la compañía de Musk. Los hechos retratan a estos supuestos defensores de la libertad digital como lo que son: intermediarios corporativos de la vigilancia privada y desregulada.

La respuesta del Gobierno, al margen de respuesta quijotesca, contiene un fondo necesario: el Estado democrático tiene la obligación de regular el espacio digital del mismo modo que regula el sanitario, el financiero o el alimentario. Porque proteger a los menores del contacto temprano con contenidos violentos, pornográficos o adictivos no es censura sino salud pública. Y porque asegurar que las redes rindan cuentas ante la ley no es control político, sino justicia a la impunidad digital.

Regular internet no significa silenciar la voz ciudadana, sino impedir que esa voz sea sustituida por el grito de unos pocos dueños del algoritmo. Ese es el verdadero sentido de la norma que el Gobierno impulsa: devolver a los usuarios especialmente a los más jóvenes, un entorno digital más seguro y ético. Si para lograrlo hay que soportar los ladridos de Musk y Dúrov, entonces, habrá que reconocer que España cabalga.

El rechazo al decreto de protección social

Cuando una sociedad acepta que el poder del dinero pueda comprar impunidad, está aceptando también que los derechos de la mayoría sean negociables. El rechazo del decreto de protección social no es un gesto aislado, sino la otra cara de la misma moneda: mientras en la cúspide se blindan fortunas y reputaciones, en la base se discute si la gente corriente merece una red mínima de seguridad frente a la enfermedad, la pobreza o la precariedad. Allí donde el capital se acostumbra a dictar las reglas, la protección social deja de verse como un deber democrático y pasa a considerarse un lujo prescindible, un gasto superfluo que entorpece la libertad de maniobra de los poderosos. Y así, del mismo modo que ciertos millonarios convierten a las personas en meras herramientas de su entretenimiento, quienes bloquean la protección social reducen a los ciudadanos a cifras en una hoja de cálculo, perfectamente sacrificables en nombre de la “estabilidad” y la “responsabilidad” económica.

El poder y el dinero, en estos tiempos tan modernos y pulcros, suelen presentarse con chaqueta y corbata bien planchadas, sonrisa de conferenciante y una presentación en Powerpoint sobre la sostenibilidad. Debajo de la chaqueta, sin embargo, asoma una textura moral dentro de la que se hunde todo, aunque desde fuera parece sólida y muy respetable. La historia de Epstein y su constelación de millonarios, ministros, nobles desocupados y empresarios filantrópicos no es una anomalía ni una excentricidad, sino la foto sin filtros de cómo funciona la jerarquía de nuestro mundo.

No es que el dinero corrompa, es que a partir de cierta cantidad, borra la frontera entre lo posible y lo prohibido. Una cuenta lo bastante abultada lleva incorporado un decreto de inmunidad, un traductor simultáneo que convierte “delito” en “travesura”, “víctima” en “daño colateral” y “red de abusos” en “vida privada”. Cuando uno posee una isla, un avión privado y una agenda en la que se mezclan príncipes, ministros y fabricantes de cohetes, la realidad ya solo es un decorado. La gente deja de ser gente para convertirse en un instrumento útil: una chica joven, un asesor influyente, un directivo servicial, todos reducidos a figuras manejables en el tablero de la conveniencia.

El rasgo más obsceno del poder no es el lujo sino la naturalidad con la que se ejerce la crueldad. Lo que resulta insoportable no es que existan hombres que organicen una industria del abuso, sino que haya una cola de gente importante dispuesta a mirar hacia otro lado, a bromear por correo electrónico, a compartir mesa, avión o palacio con quien convierte el sufrimiento ajeno en un pasatiempo. El poderoso raramente se ve a sí mismo como villano; se percibe más bien como un mecenas incomprendido que comete, como mucho, errores de protocolo. Cuando la cosa se complica, le basta con un comunicado de prensa, cómo su  acto de contrición: “lamenta profundamente”, “no recuerda”, “no sabía”, “rechaza tajantemente”.

El dinero, cuando alcanza la categoría de planeta, atrae a su órbita a las otras formas de poder: político, mediático, judicial. No se trata de grandes conspiraciones de novela barata. Son cenas discretas, viajes “humanitarios”, reuniones de negocios en islas privadas, correos electrónicos con chistes de mal  gusto entre personas que luego redactan leyes, deciden inversiones o administran justicia. El resultado es un ecosistema donde la impunidad no es necesario que se decrete, se asume. Se presupone que ciertas puertas se abrirán, ciertos sumarios se dormirán, ciertas preguntas no se harán. Y, en caso de apuro, siempre quedará el recurso de alegar ignorancia, esa virtud tan apreciada entre quienes lo han sabido todo a tiempo.

En la base de esta estructura existe una deshumanización metódica. Para que un grupo reducido de personas pueda vivir con el resto del mundo a su servicio, solo hay que degradar a los demás a la condición de recurso. Las víctimas del abuso son cuerpos desechables; los empleados, piezas intercambiables; la opinión pública, algo que se controla con un buen gabinete de comunicación. Hablar de derechos humanos, de dignidad, de límites, resulta incómodo en esos ambientes donde los límites son negociables y la dignidad se mide en ceros. La falta de humanidad no es un accidente moral sino un requisito del sistema.

Quienes se pasean por despachos oficiales y foros internacionales pronunciando palabras altisonantes sobre democracia, libertad y oportunidades suelen ser los mismos nombres que reaparecen, con distinta luz, en agendas, fotos o transferencias bancarias de personajes como Epstein. Los ciudadanos, servimos para rellenar encuestas y votar en elecciones, contemplando con perplejidad  cómo se exige a los de abajo una decencia /formularios, requisitos, antecedentes)  mientras a los de arriba se les permite una ética de contorsionista. A una camarera se le pide certificado de penales; a un magnate, una sonrisa para la foto.

Podría pensarse que este es un fenómeno lejano, circunscrito a mansiones en Manhattan o palacios europeos. Pero el mecanismo es el mismo en cualquier escala: en la pequeña política local, en el hospital que se gestiona como un feudo, en la empresa donde el jefe trata a sus subordinados como parte del decorado. El millonario que vuela a una isla para divertirse con lo que no debería existir y el político o funcionario que comete o tapa una irregularidad comparten la misma premisa: “a mí no me va a pasar nada”.

Ante esto, la reacción más tentadora es la resignación del cinismo, el afirmar que “siempre ha sido así”, que “el mundo funciona de ese modo”. Eso solo es una forma de rendirse. Pero la indignación lúcida, tiene la utilidad política de no dejar que nos acostumbremos. Señalar la obscenidad, el abuso, negarse a aceptar que la riqueza implica comprar la dignidad ajena, es un mínimo gesto de higiene democrática que no basta. Pero renunciar a la indignación es entregarles también la parcela del juicio moral.

Nuestro tiempo será recordado por las tecnologías brillantes y los grandes avances científicos, pero también por la facilidad con la que parte de la élite convirtió el sufrimiento ajeno en decoración de su lujo. El poder y el dinero sin límites revelan su verdadero rostro: no el del emprendedor visionario ni el del gobernante responsable, sino el del adulto que nunca aprendió que los demás no son cosas. Y mientras no seamos capaces de exigir a quienes mandan y acumulan que se comporten, al menos, como seres humanos corrientes, seguiremos viviendo en un mundo donde la verdadera extravagancia no es la riqueza obscena, sino la simple idea de justicia.

EL DECRETO TROCEADO

Trocear el decreto tiene lógica táctica para salvar las pensiones en un contexto de mayoría conservadora, pero es una cesión en la que se asume como “normal” que la derecha pueda vetar la protección mínima frente a desahucios y cortes de suministros. No había medidas nuevas, solo eran prorrogas.

El Gobierno ha partido el antiguo decreto ómnibus en dos: uno con revalorización de pensiones y otro con la moratoria de desahucios y resto del escudo social. La motivación inmediata es clara: garantizar la subida de las pensiones tras el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts, que tumbaron a la vez pensiones, ingreso mínimo vital y prohibición de desahucios a familias vulnerables. Es una jugada defensiva: prioriza proteger a los pensionistas hoy, pero al precio de fragmentar el bloque de derechos sociales que se había construido como paquete coherente tras la pandemia. Al trocear ahora, el Gobierno refuerza el marco de la derecha: que pensiones y escudo social “no deben mezclarse” y que la protección frente a desahucios es un añadido sospechoso que hay que revisar al margen. 

La retórica del PP de acusar al Gobierno de “usar a los pensionistas como rehenes” es especialmente cínica: fueron ellos quienes bloquearon la convalidación del decreto que garantizaba tanto la subida de pensiones como la protección frente a desahucios. La crítica a la postura de la derecha puede articularse en tres aspectos: 

Derechos: al tumbar el decreto conjunto, la derecha asumió como daño colateral aceptable que decayeran la protección frente a los desahucios, la prohibición de cortes de suministros básicos y mejoras del ingreso mínimo, para marcar posición ideológica contra el “escudo social”.

Coherencia: es incoherente decir que se está a favor de las pensiones y de “los vulnerables” y, cuando se les ofrece un paquete que incluye pensiones y protección social, votar no y forzar un troceo que ya el año anterior sirvió para luego votar a favor de una versión recortada.

Estratégico: PP y Vox usan la exigencia de separar decretos como herramienta de bloqueo selectivo: blanquear su apoyo a pensiones mientras erosionan silenciosamente el escudo social, presentando cualquier moratoria antidesahucios como “premio a la okupación”.

Cuando las medidas fueron juntas, la derecha eligió tumbar pensiones y escudo social a la vez para forzar un troceo que le permite salvar la cara ante los pensionistas y, al mismo tiempo, ir desmontando pieza a pieza la red mínima de protección frente a la pobreza y la vivienda.

Parecería una broma de mal gusto si no fuese desolador.

El Ministerio Público da carpetazo a las denuncias del Defensor del Paciente, IU y Adelante Andalucía contra dos exconsejeras de Salud y la gerente del SAS al no detectar “indicios delictivos”, pero remite las denuncias de 16 mujeres a las fiscalías provinciales para continuar con la investigación.

El archivo de las querellas contra las exconsejeras de Salud y la gerente del SAS es muy discutible porque, pese a reconocer irregularidades en un programa que afectó a 2.317 mujeres, se niega a ver un patrón sistémico y solo remite 16 casos individuales a las fiscalías provinciales. En un programa poblacional de cribado, fallos masivos de seguimiento, registro y comunicación no son errores clínicos aislados, sino posibles fallos estructurales que pueden constituir delitos (prevaricación, omisión del deber de perseguir, lesiones u homicidio imprudente) imputables a quienes diseñan y controlan el sistema. Un ejemplo: no revisar sistemáticamente estudios no concluyentes y no informar a las pacientes no es un despiste de un médico, sino un defecto de diseño y control atribuible a la cúpula gestora. 

Es criticable que la Fiscalía niegue la existencia de un patrón común cuando las deficiencias son idénticas (pruebas no revisadas, falta de seguimiento, ausencia de comunicación y retrasos de años), precisamente lo que obliga a mirar hacia arriba en la cadena de mando. Al limitar la investigación a las 16 denunciantes, se trocea el problema y se dificulta reconstruir la responsabilidad estructural de la Administración y sus altos cargos. Que para esa decisión se invoque la intimidad y la protección de datos para rechazar una investigación más amplia es muy cuestionable, porque hay que recordar que la propia Fiscalía dispone de instrumentos para investigar con garantías sin vulnerar los derechos de las mujeres que no han denunciado.

Nuestra Justicia se cubre de gloria cuando el investigado es glorioso.

El comodín de ETA

En el universo paralelo de Génova, ETA sigue activa, Bildu es una célula clandestina y lo único que ha quedado sepultado por el paso del tiempo es la capacidad de autocrítica del PP. Mientras el objetivo era hablar de una DANA con más de 200 muertos, Feijóo se encarama al atril del Congreso como si fuera una máquina tragaperras: le meten una pregunta sobre responsabilidades políticas… y él responde devolviendo siempre la misma ficha ganadora, el comodín ETA.

Resulta casi enternecedor que quince años después del fin de la violencia, buena parte de la derecha española sigue instalada en un bucle temporal donde ETA nunca dejó las armas y Bildu no es un partido legal votado por ciudadanos españoles, sino un trampantojo de partido, útil solo para no responder de nada que huela a gestión propia. Que haya vascos que votan a Bildu con el mismo derecho con el que otros votan al PP es, para ellos, un detalle menor, un error del sistema democrático que se corrige a base de señalar con el dedo desde el escaño.

La escena con Matute roza lo paródico: le preguntan por la DANA y Feijóo, con quien vende enciclopedias, contesta si tiene “información para esclarecer asesinatos de ETA”, como si estuviera interrogando a un arrepentido de los años 90 en lugar de rindiendo cuentas ante una comisión parlamentaria. Es la confirmación de que el señor Feijoo es un trilero político: cuando la bolita de la responsabilidad se acerca demasiado a su cubilete, agita la mesa, saca a pasear a los “800 muertos” y señala a Bildu, a ver si el público se olvida de qué se estaba discutiendo.

Que la presidenta de la comisión tenga que llamarle al orden por haberse ido a ETA, Adamuz y el blanqueo de Bildu es casi una metáfora de toda una época: les montan un espacio institucional para explicar decisiones concretas y ellos lo convierten en tertulia de barra de bar sobre quién tiene o no “autoridad moral”. El PP ha perfeccionado un arte peculiar: vaciar de contenido las comisiones de investigación mientras finge que las llena de dignidad, cuando en realidad solo las rellena de ruido identitario y de rencor en conserva con fecha de caducidad vencida hace años.

El uso de las víctimas ya es en sí obsceno: las invocan como escudo, como coartada y como comodín, pero jamás para algo como asumir que también existen otras víctimas, las de la DANA, que merecen explicaciones en presente y no batallitas en pasado. Es difícil encontrar una forma más eficaz de banalizar a la vez el terrorismo de ETA y una tragedia reciente que utilizarlos como atrezo en la misma performance, solo para que el líder de la oposición salga con un buen corte de vídeo para su trinchera mediática.

Feijóo prometió “elevar la política” y ha acabado elevando, solo el tono de los mantras de siempre: “Otegi”, “blanqueo”, “ETA”, repetir y agitar. Al final, su “política con mayúsculas” consiste en escribir ETA en negrita cada vez que alguien osa pronunciar palabras peligrosas como “responsabilidad”, “rendición de cuentas” o “gobierno autonómico del PP”.

Y luego está el detalle democrático que nunca encaja en su relato: Bildu es hoy un partido plenamente legal, con representación institucional, elegido por ciudadanos españoles que pagan impuestos, se mojan con la DANA y entierran a sus muertos igual que los votantes del PP. Pero reconocer eso implicaría aceptar que, en democracia, la pluralidad política incluye también a quienes no sirven de coartada, y eso sí que parece, para Feijóo y los suyos, una línea roja más intolerable que seguir usando a ETA como comodín eterno cada vez que alguien les pregunta algo tan sencillo como “¿qué hizo su partido?”.

ASÍ HE VISTO LA COMPARECENCIA DE FEIJOO SOBRE LA DANA

Cuando esta mañana Feijóo acudió a la comisión de la DANA, el Congreso ya parecía estar cansado, como si de una oficina de reclamaciones se tratase. Lo digo porque todos sabíamos que nadie saldría de allí con lo que venía a buscar. El espectáculo estaba escrito desde hacía semanas y la única incógnita era el número de veces que el compareciente pronunciaría la expresión “emergencia nacional”.

Feijóo apareció con expresión de solvencia ofendida de un director general cuando los pillan amañando la contabilidad.  Estaba más molesto por tener que dar explicaciones, que preocupado por los doscientos treinta muertos que habían justificado su presencia. Era como si la tragedia solo fuera un inoportuno contratiempo en la agenda de un líder destinado a cosas más importantes y  elevadas.  Se sentó, respiró con profesionalidad de actor y empezó a desgranar el relato que ya traía ensayado de ante la jueza, cómo quien recita una lección que no se cree, pero le ha dado el resultado que buscaba: hacer ruido para no tener que dar cuentas de nada. 

El genio gallego ha explicado que la DANA no era una simple catástrofe regional, sino una “emergencia nacional” de manual, en ese tono doctoral de los políticos cuando sospechan que la realidad no les acompaña.  Según su reconstrucción, el verdadero fallo no residía en la Generalitat, ni en el Consell de Mazón, ni mucho menos en el partido que gobernaba la Comunitat, sino en “el Estado”, que lo mismo le sirve para justificar un recorte que para esquivar una responsabilidad.  La Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET según Feijoo son los villanos de la función, unos señores que tenían la capacidad de arruinar la gestión de cualquier gobierno.

Y no se olvidó del ventilador al afirmar que ninguna administración estuvo a la altura, en un alarde de generosidad abstracta, pero olvidando que algunas fallaron más que otras. Por supuesto que, para él, eran siempre las mismas.  La frase, pronunciada con solemnidad, tenía la ventaja de parecer autocrítica, pero sin rozar en ningún momento al compareciente.  En resumen, un brochazo de culpa universal, seguido de una minuciosa relación de errores siempre ajenos.

Ahí fue cuando apareció Mazón (no en persona), y  Feijóo lo presentó como “el único que asumió responsabilidades”, un mártir que, por el noble gesto de renunciar a medias, quedaba milagrosamente “reconciliado con los hechos”.  La dimisión parcial la elevó a la categoría de sacrificio heroico, mientras sugería, con la técnica impecable de un contorsionista moral, que el verdadero pecado residía en la resistencia de Sánchez a dimitir por todo, incluida la DANA, la gota fría y las marejadas del Cantábrico.

La operación del PP era para la galería: se entregaba una pieza autonómica menor, se blindaba al líder nacional y se apuntaba con el dedo acusador al adversario de turno.  El resto solo eran detalles administrativos, tan prescindibles como las 240 víctimas, que sólo aparecían en forma de cifra redonda cuando era conveniente.  Cuando algún diputado se empeñaba en recordar que la gestión de la emergencia era esencialmente autonómica, Feijóo respondía con una mezcla de fastidio y condescendencia con la gestión mazonica.

Feijoo ha mentido varias veces en la comisión cómo al afirmar: que la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio información al Cecopi; que falló la información para tomar las decisiones en el momento oportuno; que el Gobierno fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante; se han dejado caducar las obras del barranco del Poyo, cuando el estudio de impacto ambiental caducó con Rajoy; que el Gobierno no se puso al mando del operativo cuando debería saber que solo se puede poner al mando de una emergencia cuando se declara una emergencia de situación 3. Pero sigue empeñado en su falso relato.

Pero para mí, espectador, lo más llamativo no ha sido el contenido, sino el contraste con aquel Feijoo que, al llegar a la presidencia del PP, proclamó que venía a “hacer política con mayúsculas”.  Entonces hablaba de moderación, de institucionalidad, de seriedad frente a la crispación, como si se supiera de memoria los artículos del Código Civil.  En aquel discurso inicial pronunciaba menos sus tres compromisos: asumir responsabilidades propias, reconocer errores de los gobiernos amigos y no usar el dolor ajeno como munición de campaña. La comparecencia de la DANA se encargó de tachar los tres.  Ni rastro de autocrítica real, ni un atisbo de incomodidad al describir la actuación del Consell de Mazón, ni un momento de pausa para admitir que quizá la Generalitat, con sus competencias y sus presupuestos recortados a mayor gloria de la bajada de impuestos, podría haber hecho algo más que mirar al cielo.  

En lugar de eso, la “emergencia nacional” se convirtió en una expresión solemne para envolver el desastre en el celofán patriótico de la derecha y repartir la culpa en cómodos plazos entre Madrid, las confederaciones, los meteorólogos y, si se tercia, el cambio climático. Bajo la capa de retórica institucional, la lógica era bastante más de a pie: proteger al bloque territorial del PP.  La frase “Mazón actuó con la información que tenía” es el salvoconducto moral para el máximo responsable, mientras que con el “falló la información del Estado” juega su comodín acusador.  Comprensión y exculpación para el aliado autonómico; exigencia máxima y reproche implacable para el adversario estatal.

Al terminar, Feijóo se levantó con la misma arrogancia con que había entrado, convencido de haber demostrado, una vez más, su talante de hombre de Estado incomprendido y el país siguió contando muertos y reparando casas. En alguna carpeta, ya amarillenta, tendrá guardado aquel lema de “política con mayúsculas”, ese que trajo para adornar sus discursos.