La guerra jurídica desmantela la democracia en España

La democracia muere cuando las reglas del juego dejan de ser neutrales y se convierten en el arma defensiva de quienes temen perder el poder. En la España actual, esa erosión no llega mediante tanques ni golpes de Estado al uso; llega con togas, puñetas y autos judiciales dictados en momentos sospechosamente coincidentes. Asistimos a la sustitución de la soberanía popular por el derecho penal: la judicialización de la política se ha consolidado como el mecanismo predilecto de la derecha social, mediática y política para maniatar cualquier intento progresista.

Cuando los conservadores no pueden ganar el debate de las ideas ni lograr mayorías parlamentarias estables, vemos como trasladan el centro de gravedad del Congreso de los Diputados hacia Plaza de Castilla o el Tribunal Supremo. El resultado es nefasto para las instituciones, pero devastador para la ciudadanía.

El esquema es predecible y funciona como una cadena de montaje perfectamente engrasada: portada en un periódico para crear sombra de sospecha; acusación popular (Manos Limpias o Hazte Oír); Apertura de diligencias tras apoyo mediático prolongado; desgaste reputacional mediante la pena de telediario; archivo de la causa años después tras varios recursos, cuando el daño es ya irreversible.

La perversión de la acusación popular es central en todo este engranaje. Se pensó para democratizar la justicia, pero hoy se utiliza de forma espuria por pseudo sindicatos o plataformas ultraderechistas para interponer querellas masivas en base a meros recortes de prensa, informaciones no contrastadas o directamente bulos. El objetivo real no es lograr una condena firme, técnicamente saben que la causa terminará en la nada, sino lograr el titular, la citación como "imputado" y la consiguiente muerte civil y política del objetivo.

Para que se entienda que no sufro una paranoia izquierdista, sino ante una manera de funcionamiento estructural, basta repasar la hemeroteca reciente. Empezando por el 'caso Neurona' y las decenas de causas contra Podemos prácticamente la totalidad de ellas terminaron archivadas tras años de estigmatización pública. El objetivo político, sin embargo, se cumplió: erosionar electoralmente a la formación y desmovilizar a su base electoral.

No menos llamativo es el de Victoria Rosell el caso de la magistrada y exdiputada que tuvo que dimitir tras una querella urdida con la connivencia del juez Alba, por el que Rosell fue apartada de la carrera política sobre la base de una auténtica fabricación de pruebas desde el propio aparato judicial. O el de Mónica Oltra imputada siendo vicepresidenta valenciana que provocó su dimisión forzada y supuso un golpe demoledor para el gobierno de progreso en la Comunidad Valenciana. Dos años después, la justicia archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito, pero el mapa político regional ya había cambiado de manos.

No se ha limitado solo a la izquierda del PSOE, sino que ahora lo vemos con el presidente del Gobierno, con querellas presentadas contra su entorno personal, Begoña Gómez, basándose en filtraciones periodísticas y titulares desmentidos, pero han mostrado cómo la acusación popular puede ser utilizada para condicionar directamente la gobernabilidad del Estado y tentar a la parálisis del Ejecutivo. Podría ser más extensa la lista de casos. 

Pero más allá de los nombres propios, las víctimas verdaderas de este secuestro judicial de la política son las clases trabajadoras y la mayoría social. Un gobierno amedrentado por la amenaza constante de la querella penal es un gobierno que se lo piensa dos veces antes de topar el precio del alquiler, subir impuestos a la banca o abordar la transición ecológica. Es el efecto desaliento que encoge la ambición de las políticas públicas.

Mientras las tertulias de televisión y los debates parlamentarios se convierten en monográficos sobre fases de instrucción y citaciones en los juzgados, hacen invisibles  las urgencias cotidianas, como el colapso de la sanidad pública, la precariedad laboral o el encarecimiento de la vida. Cuando la gente comprueba que las decisiones tomadas en las urnas pueden ser corregidas o bloqueadas por un poder que no ha sido electo, incluso atrincherados en órganos con mandatos caducados como ocurrió durante años en el CGPJ, la consecuencia inevitable es la desafección, el cinismo y el avance de la anti política. 

Si con todo lo anterior no nos damos cuenta de que la judicialización de la política es el antídoto de las élites contra la democracia. La izquierda no puede limitarse a denunciar el problema cuando le afecta en primera persona, sino que debe liderar una profunda democratización del Poder Judicial, que debe incluir la restricción del uso abusivo de la acusación popular y blindar la soberanía parlamentaria frente a quienes pretenden gobernar el país desde los tribunales.

El mito del «idiota» y los reaccionarios.

Es un consuelo pensar que el avance de las agendas reaccionarias, pueda ser resultado del azar, de la mera ignorancia o de una acumulación fortuita de decisiones erróneas. Es difícil pensar, que en este planeta quepa un idiota más de esos que arrojan las piedras sobre su propio tejado. Parecen demasiados, pero nunca se sabe, puesto que, en esta era digital, hasta podemos aspirar a ver tres eclipses en tres años. 

Pensarlo resulta tentador, pero como análisis político de lo que acontece es profundamente insuficiente y peligroso. Lo que a menudo etiquetamos como estupidez o irracionalidad no es más que la fachada pública de un proyecto de poder sumamente coherente, diseñado para reordenar el mapa geoestratégico global en favor del gran capital.

Debemos entender, que la irrupción y consolidación de la ultraderecha no es un fenómeno folclórico, sino la herramienta política ideal para una fase específica del capitalismo. Cuando las crisis estructurales (ecológicas, económicas y de legitimidad de las instituciones) amenazan sus ganancias, el poder corporativo y tecnológico siempre busca y encuentra vías de escape. La ultraderecha ofrece exactamente el marco institucional necesario para esa transición: la desarticulación del tejido comunitario, la erosión sistémica de los derechos sociales y laborales, y la neutralización de la protesta mediante la polarización cultural.

Este fenómeno se manifiesta con especial crudeza en la digitalización y la inteligencia artificial que no están funcionando como herramientas de democratización, sino como mecanismos de concentración de poder. Bajo la cobertura ideológica del libre mercado y la desregulación, unas cuantas corporaciones transnacionales operan con una soberanía superior a la de muchos Estados, moldeando la opinión pública y asegurando la infraestructura clave del siglo XXI.

A eso se añade la alianza de esa ultraderecha con los discursos antiecologistas lo que no es una postura ideológica inocente, sino una garantía de libertad total para la depredación del planeta. Reducir los estándares ambientales permite abaratar los costes de extracción de recursos estratégicos en un contexto de escasez global, privatizando los beneficios y socializando el colapso ecológico entre las mayorías sociales.

Atribuir este escenario a la incompetencia o a la "idiotez" política es caer en la trampa de la misma propaganda que se pretende combatir. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante su funcionamiento optimizado. La verdadera batalla política no se da entre la sensatez y la tontería, sino entre quienes buscan defender los bienes comunes y la dignidad social, y quienes utilizan este repliegue neofascista como blindaje para la acumulación de poder geoestratégico. 

CEUTA EN LAS REDES Y MEDIOS

No es discutible que, para cualquier ceutí, la sensación en las calles estos días es de una incertidumbre y una desazón asfixiantes. No se trata de odio ni de discursos abstractos; se trata de salir a trabajar, de pasear con la familia o de intentar hacer vida normal sintiendo que la tranquilidad de tu propia casa se tambalea por momentos.

Ver la frontera bajo una presión constante y las calles desbordadas genera una sensación de desamparo absoluto. Sienten que Ceuta vuelve a ser el tablero donde otros juegan sus bazas políticas, mientras ellos ponen la inquietud, el miedo a la inestabilidad y el desgaste diario. 

La gente de Ceuta no pide milagros, solo la seguridad básica de saber que sus instituciones protegen la convivencia y el futuro de una ciudad que ya soporta demasiada tensión sobre sus espaldas.

Pero expuesto lo anterior, los ceutíes harían bien en analizar como se les está instrumentalizando contra el Gobierno de España. Lo digo porque he recogido de las redes sociales y medios, algunas informaciones que parten de ciudadanos de Ceuta o reproducen ellos procedentes de otros, que, como poco, deberían hacerles pensar en si la visión que se está transmitiendo al resto de España de ellos es real o está manipulada. Os expongo a continuación varias de esas cuestiones.

1 lo dicen “auténticos genios” del periodismo.

Atreverse a afirmar que los servicios de inteligencia debían saber lo que iba a ocurrir en Ceuta, es, como poco, ignorar cómo funcionan todos los servicios de inteligencia frente a fenómenos virales. Los servicios de inteligencia de todos los países interceptan estructuras organizadas. Si una convocatoria masiva se propaga de forma descentralizada por redes sociales o por bulos, fijar el minuto exacto del asalto es sumamente complejo. La inteligencia transfronteriza opera por reciprocidad. Si el país de origen decide no compartir datos operativos o mirar hacia otro lado, solo se trabaja con indicios, no con predicciones exactas. 

Reducir un complejo pulso geopolítico a un fallo de negligencia de nuestros servicios de inteligencia es caer en una conspiranoia simplista. Es fácil caer en ese error, y más si se vive en una situación como la de la ciudad de Ceuta.

2 ahora Vivas es un presidente ideal.

Que ahora el PP nos presente a Juan Jesús Vivas como un «santo varón» imperturbable es someternos a pura amnesia mediática. Este señor tan respetable, lleva al frente de Ceuta desde 2001, y el archivo de diferentes querellas judiciales no borra un historial salpicado por el clientelismo y la falta de control. En el Caso Emvicesa, la mayor trama de corrupción juzgada en Ceuta, donde altos cargos nombrados por sus gobiern os terminaron procesados por cobrar mordidas para adjudicar VPO, el hecho de que él solo declarase como testigo no lo exime de su evidente negligencia política al supervisar a su directiva. Hoy, interesadamente, todos los medios afines a la derecha mediática parecen olvidar que su mandato acumula repetidas denuncias por adjudicaciones a dedo, fraccionamiento de contratos y concesiones opacas. Que este señor haya sorteado varias condenas penales individuales, no justifica que se le quiera blanquear como a un gestor modélico cuando los ceutíes conocen que la corrupción y las irregularidades han crecido durante dos décadas bajo su mandato.

3 los ceutíes sin poder bañarse en sus playas.

Esta es otra manipulación flagrante y que desinforma. La Playa del Trampolín no es una zona turística ni accesible de arena, sino un tramo rocoso que personas en situación de vulnerabilidad usan como refugio temporal. Las verdaderas playas de baño de los ceutíes como El Chorrillo, La Ribera, Benítez, San Amaro, La Almadraba y Calamocarro, siguen siendo los espacios habituales de ocio diario y no están bloqueadas. Usar la presencia de refugiados en una zona rocosa para inventar que «impiden el disfrute de todas las playas» solo demuestra las ganas de crispación de algunos y la ignorancia de la geografía local de otros.

4 el desabastecimiento de Ceuta.

Otra manipulación es la del "desabastecimiento" en Ceuta, de la que se dice es culpable el Gobierno, mientras se exime de cualquier análisis a la dinámica del mercado. Es una estrategia de manipulación que no por ridícula deja de ser deshonesta. Explotar imágenes de estanterías vacías puntual o temporalmente para generar alarma social y así dirigir la bronca política hacia la administración general es demagogia pura. Si en un momento dado faltan productos en un establecimiento, esto  responde a un pico extraordinario de demanda local o a retrasos logísticos y decisiones operativas de las propias cadenas de distribución privadas, cuyo suministro marítimo regular no ha sido cortado. Pretender que el Gobierno controle también la reposición de cada supermercado o que existe una escasez estructural orquestada por Sánchez es ignorar deliberadamente el funcionamiento del comercio y la logística básica.

No se busca informar ni aportar soluciones a un problema que es real, sino distorsionar la realidad, instrumentalizar una cuestión  logística o de consumo para con ello azuzar el miedo y utilizar la rabia de los ciudadanos como arma partidista en redes.

5 la Sanidad de Ceuta en una situación limite.

Las informaciones contradictorias sobre la sanidad en Ceuta reflejan dos caras de la misma realidad asistencial. Mientras el Sindicato Médico denuncia picos de colapso y urgencias desbordadas por la crisis migratoria de la última semana, los números no lo acreditan así. Este tipo de picos de tensión no difieren de las saturaciones puntuales que sufren habitualmente los servicios de urgencias en los hospitales de la península durante olas de gripe o picos asistenciales, aunque ahora sea por una causa diferente.

Mientras los profesionales en primera línea acusan el agotamiento del personal, que es cierto y generalizable en toda la primera linea asistencial, los datos del INGESA confirman que la capacidad hospitalaria general no se ha visto comprometida, manteniendo cerca del 50 % de las camas libres y sin necesidad de activar módulos de emergencia extraordinarios.

La lectura global indica que la llegada masiva de migrantes de la pasada semana efectivamente tensionó y desbordó el dispositivo de atención primaria y urgencias de forma provisional, pero la infraestructura hospitalaria de la ciudad cuenta con margen de camas suficiente para garantizar la asistencia. Se han visto imágenes de mayor problema de desbordamiento en urgencias estos días en hospitales madrileños, por ejemplo.

6 el ahora bondadoso rey de Marruecos.

Hace unos días era el culpable e impursor de la "invasión". Hoy vemos como se compadece por ceutíes al monarca marroquí y se excusa su régimen, lo que resulta de un cinismo y un analfabetismo político sonrojantes. Pretender que miles de personas se lanzan al mar por «sorpresa» en un régimen autocrático y ultracontrolado es de una ingenuidad pasmosa; Marruecos usa la migración como herramienta de presión política a su conveniencia. Preocuparse por la «mala imagen» o el «enfado» del rey en el día de su fiesta, mientras se ignora la miseria y la falta de libertades que obligan a sus ciudadanos a jugarse la vida a nado es de una hipocresía grotesca. Quien disculpa al sátrapa justifica el mismo chantaje que condena a Ceuta a una inestabilidad permanente.

7 y Sánchez de vacaciones.

Esto es una ofensiva coordinada de la cúpula del PP sobre las vacaciones de Sánchez durante la crisis en Ceuta. Es una estrategia clásica de desgaste hiperpresidencialista, y un intento de reducir el complejo funcionamiento del Estado a la presencia física de una sola persona. Ocultan deliberadamente la acción presencial y técnica de los ministros sobre el terreno para imponer un relato donde la ausencia del presidente en un plató o rueda de prensa se equipara falsamente a un "vacío de poder" o dejadez de funciones. Ha ido de visita el presidente y estos días más ministros que nunca han estado en Ceuta. Pero si no van los ministros mal, y si van, no sirve que lo hagan porque no hacen nada. Y si va el Presidente entonces lo primero es recordar la supuesta profesión de su madre a voz en grito.

El despliegue escalonado de portavoces del PP (desde la escala autonómica con Ayuso, hasta el aparato de Génova con Feijoo, Bendodo y Tellado) responde a una táctica de conseguir una saturación mediática en agosto, un periodo de menor actividad parlamentaria ordinaria, y que la derecha aprovecha la sobreexposición mediática de lo ocurrido en Ceuta para convertir un asunto de política exterior, seguridad e inclusión humanitaria en un ataque a la reputación personal, contra el presidente. 

Con ello, el objeto de debate deja de ser cómo articular una respuesta migratoria coordinada con la Unión Europea y las comunidades autónomas, o exponer soluciones alternativas a la situación, para centrarse en la estampa moralista del dirigente "en la playa". La insistencia en que el presidente debe "salir de la tumbona" descalifica los cauces de critica institucional ordinarios y promueve un concepto ya obsoleto de liderazgo caudillista, donde solo existe gestión si hay sobreactuación o escenografía presencial. Buscan el titular sobre la complejidad técnica y la corresponsabilidad territorial que exige la gestión de la crisis en Ceuta.

No creo necesarios más ejemplos. Al final todo se resume en que España con Sánchez no funciona; el presidente del PP de la ciudad es un modelo de honestidad; el malvado Sánchez impide el baño en las playas ceutíes; el gobierno no repone los supermercados para matarlos de hambre mientras Mercadona o Carrefour no tienen ninguna responsabilidad de la situación; la única sanidad saturada es la ceutí porque depende del Ministerio mientras que las de las CCAA funciona a la perfeción; el rey de Marruecos esta apesadumbrado con lo ocurrido y el culpable es Sánchez; y Sánchez está de vacaciones en lugar de estar limpiando las playas y expulsando físicamente en la frontera a los que aún no se han ido. 

Quienes piensen que todo es culpa de Sánchez, hoy están de enhorabuena. No necesitan ver el eclipse con gafas, ya que es imposible que se queden ciegos quienes ya lo están. 

Los que no lo estáis tened cuidado y proteger vuestra vista, que un eclipse total puede ser muy perjudicial para la retina si no tomáis las medidas adecuadas.  

Las promesas incumplidas con Hellín

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. 

SOMBRA AQUÍ Y SOMBRA ALLÁ, VACUNATE, VACUNATE

La decisión de la administración Trump de disminuir las vacunas en E.E. U.U. representa una grave regresión en el control de enfermedades transmisibles y un atentado contra los principios más elementales de la medicina basada en evidencia.

Dividir una vacuna combinada como la Triple Vírica: sarampión, paperas y rubéola,  en tres dosis independientes e imponer visitas médicas separadas es generar barreras y adherencia. Esto amplía el periodo en el que un lactante permanece expuesto al virus sin la protección adecuada. A mayor número de consultas requeridas, menor es la tasa de vacunaciones completadas. A ello se añade que exigir vacunas individuales que actualmente no cuentan con autorización de la FDA ni producción en EE. UU. deja a miles de niños desprotegidos. 

La marginación y posterior destitución de los comités científicos asesores de los CDC e instituciones científicas para imponer decisiones por decreto político marca un aviso a navegantes, puesto que la política de inmunización debe responder a la vigilancia epidemiológica y no a narrativas pseudocientíficas. Al degradar vacunas esenciales (como hepatitis A y B, rotavirus, gripe o COVID-19) a la categoría de "decisión clínica compartida", la administración lo que consigue es facilitar que los seguros médicos dejen de garantizar su gratuidad universal. Esto tendrá un impacto económico sobre las familias de menores recursos, y así las brechas de equidad en salud infantil aumentaran, con niños ricos sanos y niños pobres en riesgo.

Tomen nota sus admiradores y votantes de sus homólogos en nuestro país, porque esto es la que les espera, salvo que tengan el bolsillo lleno.

menores en Ceuta

 Lunes de mañana y la situación de los menores en Ceuta continúa siendo dramática. Esto no es una crisis migratoria puntual, sino el síntoma de un fallo estructural en el modelo de corresponsabilidad autonómica, la infrafinanciación de los servicios públicos y una política fronteriza europea que prioriza la contención sobre el interés del menor.

El modelo anterior basado en la voluntariedad de las Comunidades Autónomas había generado un bloqueo político y aboca a territorios limítrofes como Ceuta o Canarias a una presión asimétrica insostenible. Desde que ese acogimiento es obligatorio, el problema está en que es recurrible, y por lo tanto vuelve a estar supeditada su aplicación urgente a la voluntad política de la CA que no lo impide pero lo dilata. Si se ha establecido ya un criterio de redistribución obligatoria, equitativa y vinculante según población, renta y capacidad asistencial de cada CA, lo que se debe hacer es aplicar un cumplimiento inmediato. La protección de la infancia es una competencia de Estado que no puede quedar a merced del cálculo electoral o la insolidaridad de gobiernos autonómicos conservadores.

La saturación provoca condiciones de hacinamiento, externalizaciones a entidades privadas que precarizan la atención y retrasos en los expedientes de tutela. No vale solo con visitas y promesas. Es urgente una financiación estatal urgente para la creación de centros de acogida de gestión 100% pública y dimensión reducida. Debe garantizarse ratios adecuadas de educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores culturales que aseguren la escolarización inmediata, la regularización documental rápida y el acompañamiento al cumplir la mayoría de edad.

Pero lo grave de fondo sigue siendo la externalización de fronteras convierte a la infancia en un instrumento de presión geopolítica por parte del régimen marroquí, mientras la UE delega en la frontera sur su responsabilidad en materia de asilo y refugio. Se deben exigir fondos europeos vinculados a la garantía de derechos y no a la seguridad fronteriza, articulando vías legales y seguras. 

En el plano bilateral, la política exterior debe supeditar los acuerdos con Rabat al estricto cumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño de la ONU, evitando que el chantaje migratorio debilite los compromisos en derechos humanos.

Pero hay muchos interesados en un solo enfoque. La respuesta pública no pasa por militarizar la frontera ni recortar garantías procesales. Lo urgente ahora es desplegar la capacidad redistributiva del Estado social y asumir la acogida como una obligación legal e irreductible.

No es de recibo que no se hayan habilitado varias oficinas provisionales de filiación con personal desplazado expresamente para solventar ese problema, porque mientras no sepamos ni cuantos menores exactamente son solicitantes de asilo, ni cuantos migrantes hay en las calles de Ceuta. La imagen que dan las filas de menores, esperando alrededor de la Jefatura de Policia de Ceuta, es de fracaso del Estado, y esto me resulta  inconcebible. De lo de la UE mejor ni hablamos.

Recordó lo sucedido en el bar.

 Recordó lo sucedido en el bar. Fue una discusión entre blancos, él no tenía derecho a discutir nada. No eran extrañas, en aquellos años, al contrario, las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes. No resultaba fácil entenderlos. Debía limitarse a escuchar y callar.

Los blancos eran quienes creaban las reglas, y ellos, los de piel más oscura, lo sabían.  Esas normas las cambiaban cada día, a cada momento según su interés. Eso las hacía inestables, circunstanciales según sus necesidades. Pero los blancos del pueblo no admitían ser racistas, aunque todos sentían odio por el de diferente color.  Siempre afirmaban no odiar a la gente de color, pero tampoco querían que se mezclasen con ellos. De día no les importaba el color de su piel mientras trabajaban sus tierras. Solo molestaban cuando aparecían en el pueblo de noche, en cualquier bar, o paseando por sus calles. Entonces a los blancos les estorbaban porque les hacían sentirse inseguros. Pero nadie admitía ser racista, porque ellos mismos se avergonzaban de su intolerancia

Al caer la tarde, la sombra del reloj de la torre cruzaba la calle, y el policía local se le acercó. No levantó su voz, sabedor de que no era necesario que lo hiciera. Solo le recordó que la luz del sol empezaba a desaparecer  y que las norma decían que no debían estar por las calles cuando oscureciera. Nadie había escrito esas normas, pero todos las conocían.  El odio no necesitaba de violencia, y su intolerancia la disfrazaban de prudencia, de seguridad.

Empezó a abandonar el pueblo hacia su casa en el campo, mientras las mismas caras de quienes durante el día le habían pedido ayuda para las tareas agrícolas o con sus ganados, le invitaban a aceptar que la noche lo borrase del mapa. La oscuridad no cambia a las personas, pero le quita las máscaras.