martes, 17 de noviembre de 2026

El programa del PSOE para el 29N

El PSOE presenta un documento programático de 500 medidas bajo el lema Proteger, transformar, avanzar que funciona tanto como balance de dos legislaturas de gobierno como de hoja de ruta para una eventual continuidad. A diferencia de los programas elaborados desde la oposición o desde espacios políticos situados más a su izquierda, el texto socialista exhibe la arquitectura propia de un partido que aspira a gestionar la estabilidad institucional mientras intenta dar respuesta a las principales grietas sociales del país: el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la modernización de las infraestructuras.

El núcleo de la propuesta responde a lo que se define como una socialdemocracia regulatoria. En lugar de plantear rupturas estructurales sobre el régimen de propiedad o nacionalizaciones directas, el PSOE apuesta por corregir los fallos del mercado mediante la intervención fiscal y normativa. El ejemplo más evidente es su estrategia en materia de vivienda: aunque asume el objetivo de destinar el 1 % del PIB a vivienda social permanente a través de la empresa pública Casa 47, fía el control de la especulación a la prórroga de los límites al alquiler, el mantenimiento de la suspensión de desahucios hasta 2030 y un nuevo impuesto progresivo sobre fondos buitre y grandes tenedores con inmuebles vacíos o turísticos.

Esta misma lógica de gradualismo reformista recorre el resto del articulado. En el ámbito laboral y de protección social, el partido incorpora la reducción de la jornada legal a 37,5 horas semanales, una prestación estatal por crianza, la gratuidad de la primera matrícula universitaria para quienes aprueben a la primera y la consolidación de la revalorización de las pensiones con el IPC. A ello suma una agenda de ampliación de derechos civiles —como la ley contra la violencia vicaria, la abolición de la prostitución mediante la penalización del proxenetismo o el reconocimiento de las uniones de amistad— y una actualización de su política de regulación tecnológica frente a la inteligencia artificial y los denominados «tecnooligarcas».

Sin embargo, una lectura detenida del programa revela tres tensiones relevantes de cara a la próxima legislatura. La primera es la dependencia de la coyuntura y la acumulación de agenda pendiente. El documento reacciona con rapidez a crisis inmediatas —como refleja el plan de 19.000 millones de euros para el mantenimiento ferroviario tras los siniestros de 2026—, pero al mismo tiempo recupera numerosas reformas que decayeron en mandatos anteriores por falta de mayorías, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Industria.

La segunda tensión radica en la distancia entre la ambición simbólica de ciertas medidas y su viabilidad parlamentaria. Propuestas como el blindaje constitucional del derecho al aborto y de las pensiones envían un mensaje claro de movilización al electorado progresista, pero su materialización exige mayorías cualificadas de tres quintos en las Cortes que resultan inviables sin el concurso de la oposición conservadora. De igual modo, el nuevo modelo de financiación autonómica —dotado con casi 21.000 millones adicionales— y la condonación de más de 83.000 millones de deuda autonómica afrontan complejas resistencias territoriales.

Por último, el texto ilustra la disputa estratégica dentro del espacio progresista. En cuestiones como la inversión en vivienda, el embargo de armas a Israel o el rechazo al objetivo del 5 % de gasto militar en la OTAN, el PSOE converge con las demandas de sus socios a la izquierda. No obstante, marca fronteras nítidas en la moderación de la jornada laboral, el mantenimiento del marco de pensiones de 2021-2023 y una política migratoria que combina la regularización con el control fronterizo en origen.

En suma, el programa del PSOE para el 29N refleja el dilema clásico de la socialdemocracia contemporánea en el gobierno: cómo sostener una agenda de ampliación de derechos y cohesión social sin alterar los equilibrios macroeconómicos ni desbordar los márgenes que impone una aritmética parlamentaria fragmentada.


lunes, 16 de noviembre de 2026

El programa del PP: anatomía de una reconstrucción selectiva

En la retórica política de hoy, pocas fórmulas resultan tan atractivas como la promesa de «gobernar para todos». Es el eje discursivo sobre el que pivota La Reconstrucción Nacional, el programa con el que el PP concurre a las urnas este 29 de noviembre. Sin embargo, cuando la mirada analítica va más allá del eslogan y desciende a sus 249 medidas, surge una pregunta fundamental para cualquier demócrata: ¿quién cabe exactamente dentro de ese «todos»?

Gobernar para el conjunto de la ciudadanía exige garantizar la igualdad de derechos civiles y desplegar políticas públicas que corrijan las desigualdades de origen. Bajo este prisma, el documento popular no plantea una reconstrucción neutra, sino una redefinición del contrato social que beneficia a determinados perfiles mientras recorta derechos o garantías a otros. 

El primer punto donde se choca es en la frontera de los derechos civiles y la memoria. La propuesta de derogar la Ley Trans y reorientar las políticas familiares bajo marcos tradicionales (incluyendo ayudas vinculadas al «concebido no nacido») supone una regresión en las libertades individuales. Eliminar derechos de autodeterminación ya reconocidos implica subordinar la igualdad ante la ley a una concepción moral particular. Algo similar ocurre con la insistencia en sustituir la Ley de Memoria Democrática por una «norma de concordia»: lejos de cerrar heridas, quienes defienden las políticas de memoria advierten que esta medida diluye el deber del Estado hacia las víctimas de la dictadura, equiparando situaciones que históricamente son asimétricas bajo una aparente neutralidad.

En segundo lugar, el texto introduce una ruptura apreciable en la concepción de que son la ciudadanía y la cohesión social. El endurecimiento de la política migratoria con devoluciones en un plazo máximo de siete días, ejecuciones de expulsión incluso con causas judiciales pendientes y requisitos de nacionalidad con trato preferente por afinidad cultural, configura, según las organizaciones de derechos humanos un sistema de garantías asimétrico. Sumado a la prohibición de determinadas prendas religiosas en el espacio público, este bloque normativo prioriza la asimilación cultural frente a la integración en igualdad, estableciendo de facto distintas categorías de sujetos de derecho según su origen. 

Finalmente, el modelo socioeconómico y educativo proyecta una clara redistribución inversa. En materia de vivienda, la derogación de los topes al alquiler y la apuesta por la liberalización del suelo y las rebajas fiscales a la compra favorecen a propietarios, promotores y jóvenes con capacidad previa de ahorro, pero dejan a la intemperie a los inquilinos de rentas bajas en mercados tensionados. De igual modo, sustituir el Ingreso Mínimo Vital por una «Renta de Activación» condicionada, recortar estructuras públicas y blindar la enseñanza concertada frente a la escuela pública dibujan un Estado más pequeño en protección social, donde el acceso a oportunidades depende cada vez más de la renta familiar que de la garantía colectiva.

Frente a estas objeciones, los redactores del programa y los sectores del centroderecha sostienen precisamente la tesis opuesta. Argumentan que el verdadero gobierno para todos pasa por desmantelar lo que consideran «legislación ideológica» aprobada para satisfacer a minorías parlamentarias, y afirman que la igualdad real se protege mediante la seguridad jurídica, la bajada generalizada de impuestos y una administración centrada en la eficacia de los servicios básicos. 

Este programa en su conjunto nos deja un debate electoral nítidamente delimitado entre dos concepciones antagónicas de la igualdad: una que entiende lo público como el instrumento imprescindible para que nadie quede atrás, y otra que concibe el repliegue regulatorio y fiscal como el mejor servicio a la mayoría social. En esa disyuntiva se decide no solo un programa de gobierno, sino el tamaño real de ese «gobierno para todos» al que este programa apela. 

No nos dejemos engañar por el señuelo retórico de una supuesta «reconstrucción» que oculta, bajo mantos de falsa neutralidad, el desmantelamiento de los derechos conquistados y la protección de los privilegios de unos pocos. Apostar por un modelo progresista no es solo una opción electoral; es una urgencia democrática imperativa para blindar los servicios públicos, frenar la exclusión social y garantizar que la igualdad y la justicia de clase vuelvan a ser el auténtico motor de nuestra convivencia.



domingo, 15 de noviembre de 2026

El Medioambiente en el programa electoral del PP

El debate sobre el papel de la biodiversidad y la crisis ecológica en los programas electorales sitúa frente a frente dos visiones muy distintas sobre la gestión del territorio, la ciencia y el modelo económico en España. 

Por un lado, desde la perspectiva ecologista, científica y de la izquierda política, se señala que la pérdida de biodiversidad constituye, junto con la emergencia climática, una crisis sistémica global que compromete la propia seguridad vital y la salud humana, tal y como viene advirtiendo la Organización Mundial de la Salud (OMS). Quienes defendemos esta postura, podemos contemplar como la omisión o el escaso protagonismo de la conservación de los ecosistemas en el programa del PP refleja, o un desconocimiento de la magnitud del consenso científico internacional, o bien una subordinación de las políticas ambientales a los intereses económicos a corto plazo. Más grave sería que con ello obedezca a los marcos discursivos de Vox, que ha cuestionado abiertamente las agendas climáticas y ecológicas europeas. Todo es posible.

Por otro lado, el PP plantea en su programa electoral un enfoque que denomina de equilibrio entre la conservación ambiental y la actividad productiva en el medio rural. Lejos de ignorar el entorno natural, los populares defienden en su texto programático medidas concretas como la protección de humedales y ecosistemas acuáticos emblemáticos, citando expresamente el Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel, la modernización de infraestructuras hídricas y la ordenación de montes multifuncionales. Asimismo, el PP propone incentivar económicamente a agricultores, ganaderos, pescadores y propietarios forestales por los servicios ambientales que prestan (incluyendo explícitamente el carbono, el agua y la biodiversidad), argumentando que la conservación solo es viable si cuenta con el respaldo del sector primario y evita lo que consideran un exceso de restricciones burocráticas. 

En última instancia, esta controversia ilustra la disputa existente dentro de la política española y europea: mientras los sectores ecologistas y progresistas reclaman una transformación estructural urgente guiada por los límites biofísicos del planeta y la primacía de la protección ecológica, la derecha apuesta por integrar las variables ambientales dentro de los mecanismos de mercado y la compatibilidad con los usos tradicionales y productivos del territorio. 

En definitiva, el futuro de las políticas ambientales en España dependerá de por qué modelos apuestan los ciudadanos, porque ambos son difícilmente conciliables a corto plazo: por un lado, la exigencia de situar la preservación de los ecosistemas y la evidencia científica como límites infranqueables para la actividad humana, y por otro, la defensa de una gestión que prioriza la rentabilidad del sector primario, la flexibilidad normativa y los incentivos de mercado. 

La ciudadanía y las instituciones deberán decidir si el equilibrio que propone el PP resulta suficiente para frenar la degradación ecológica en espacios críticos, o si, por el contrario, la magnitud de la crisis climática y de biodiversidad exige cambios mucho más profundos en el modelo productivo y territorial de nuestro  país.

sábado, 14 de noviembre de 2026

La inmigración es el gran examen a nuestra democracia

La inmigración es, con demasiada frecuencia, el terreno donde la política progresista tropieza con sus propias contradicciones. Nos incomoda porque el debate público ha sido secuestrado por los marcos mentales de la derecha: el miedo, la cartografía de la amenaza y la falacia de los recursos finitos. Durante demasiado tiempo, la izquierda ha temido entrar al fondo de esta cuestión por miedo a desgastarse, cediendo un terreno que es, en esencia, nuestro terreno natural. Porque hablar de migración no es hablar de control fronterizo ni de orden público; es hablar de derechos humanos, de justicia distributiva y del modelo de sociedad que queremos construir.

El discurso xenófobo no es una opinión política legítima, es un modelo de negocio basado en la mercancía del odio. Como apunta Cipolla en su clásico tratado sobre la estupidez humana, aquellos que fomentan el odio xenófobo caen en la categoría de los dañinos: los que perjudican a los demás al tiempo que se destruyen a sí mismos y a su propia comunidad. En una Europa con una pirámide demográfica envejecida, donde el estado del bienestar cruje por falta de relevo generacional, presentar la llegada de personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad no es solo una mentira palmaria; es un acto de suicidio económico y moral.

Sin embargo, ayer en el debate de La Sexta, vimos como desde la perspectiva de Vox, por boca de su portavoz económico, se sostiene que la llegada de más de seis millones de personas en cinco años es un factor determinante en el problema del acceso a la vivienda, cuestionando además la necesidad de atraer más población extranjera al país. El contraste entre la realidad y las cifras esgrimidas por la formación omiten el saldo migratorio real. Según el INE, el crecimiento neto de la población española entre enero de 2021 y octubre de 2026 se sitúa en torno a los 2,5 millones de personas, pasando de 47,4 a 49,9 millones de habitantes. Desde este enfoque, las dificultades habitacionales obedecen a dinámicas estructurales del mercado inmobiliario y no a la inmigración, un elemento indispensable para contrarrestar el envejecimiento poblacional y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del Estado del Bienestar.

La inmigración es, antes que nada, un factor indiscutible de prosperidad. Sostiene nuestras pensiones, levanta los cimientos de nuestra agricultura, cuida de nuestros mayores y aporta savia nueva a una sociedad estancada en el pesimismo neoliberal. Pretender lo contrario es comprar el argumentario de una extrema derecha que solo ofrece chivos expiatorios para ocultar las verdaderas causas de la desigualdad social: la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el desmantelamiento de los servicios públicos.

Sin embargo, el reto para la izquierda no se agota en la condena moral del racismo. No basta con señalar la vileza del bulo; necesitamos una ofensiva política que recupere el relato dominante. La izquierda existe para proteger al eslabón más débil, y hoy en día, el trabajador migrante (a menudo desprovisto de derechos plenos, expuesto a la economía sumida en la ilegalidad y señalado como culpable de todos los males sistémicos) es ese eslabón.

Los políticos, atrapados en la tecnocracia y en el cálculo electoralista, suelen estar lejos de esa humanidad. Pero las campañas electorales, o los momentos de profunda encrucijada histórica como el que vivimos, exigen otra cosa: exigen empatía radical. Nos exigen hacernos querer por los de abajo, sin importar de qué latitud provengan.

La batalla cultural frente a la xenofobia no se gana desde la defensiva, sino afirmando con orgullo que una sociedad abierta, diversa y mestiza no solo es éticamente superior, sino la única vía de supervivencia democrática posible. O construimos puentes de solidaridad de clase transnacional, o el fascismo cotidiano terminará por demoler lo poco que nos queda de dignidad colectiva. 

La sanidad de los recortes invisibles y las tutelas

La sanidad pública no es un mero escaparate de gestión económica; sino el termómetro más fiel de la justicia social de un país. En plena campaña electoral, el programa y las declaraciones del PP, con la previsible compañía de la ultraderecha en un horizonte de gobierno que ojalá no se produzca, vuelven a poner sobre la mesa un modelo sanitario que oscila entre la contradicción gestora y el conservadurismo ideológico más rancio. 

Por un lado, se agita la bandera de un «plan urgente» contra las listas de espera, apelando a unas competencias que, paradójicamente, llevan años gestionando con pésimos resultados en comunidades en las que gobiernan, como Madrid o Andalucía, donde los colapsos estructurales y la derivación silenciosa a la privada son la norma. Prometer plantillas o incentivos fiscales mientras se debilita la red pública de base es, sencillamente, maquillar la demolición del sistema público común. 

Pero la verdadera cara ideológica de este proyecto se descubre cuando se habla de derechos civiles. El anuncio de revisar la ley del aborto para exigir el control parental a las jóvenes de 16 y 17 años no protege a las menores; las desprotege. Desde la consulta de atención primaria sabemos que la salud reproductiva no se tutela con prohibiciones, sino con educación, apoyo y respeto a la madurez de los pacientes. Obligar por ley a tutelas forzosas solo empuja a aumentar el miedo y volver a la clandestinidad. 

Del mismo modo, el compromiso de paralizar y reformar la ley de la eutanasia revela una alarmante falta de empatía hacia el dolor humano. Suspender expedientes activos de muerte digna bajo el pretexto de defender a los profesionales, cuando la inmensa mayoría de la profesión médica demanda herramientas para aliviar el sufrimiento final, es convertir la medicina en un dogma ideológico. 

Nuestra sanidad debe basarse en la universalidad, en la robustez de la Atención Primaria y, sobre todo, en la expansión radical de los derechos y la autonomía de las personas. La salud no se cuida recortando libertades ni tutelando conciencias, sino garantizando que cada ciudadano sea dueño de su cuerpo, de su vida y de su dignidad hasta el último aliento.

Pensiones, bajas médicas y horas extra.

El debate sobre el futuro de las pensiones en España lo hacen girar en torno a una pregunta recurrente: ¿sobra gasto o faltan ingresos en la Seguridad Social? Las recientes declaraciones del líder del PP Feijóo, en el podcasts The Wild Project de Jordi Wild, en las que cifró en millones de euros el coste del absentismo laboral y que está concentrado en lunes y viernes, sitúan en el centro de la discusión pública dos visiones opuestas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y la financiación del Estado del bienestar.

Por un lado, las organizaciones empresariales como la CEOE y CEPYME, junto con informes elaborados por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y consultoras, ponen el acento en el crecimiento del gasto por incapacidad temporal. Según los registros oficiales de la Seguridad Social, las prestaciones directas por TODAS las bajas médicas rondan efectivamente los 14.000 o 15.000 millones de euros anuales. Desde esta óptica económica y empresarial, el incremento de las ausencias laborales, y su mayor concentración estadística en los extremos de la semana, supone un lastre para la productividad, encarece los costes operativos y tensiona las cuentas públicas. Por ello, tanto la patronal como formaciones de centroderecha reclaman mayores mecanismos de supervisión y una mayor agilidad en la gestión de las altas médicas. En el fondo, están dando por sentada la corrupción en los profesionales médicos que, al parecer, regalamos las bajas por ILT a capricho del consumidor.

Por otro lado, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y diversas asociaciones médicas ofrecen una lectura radicalmente distinta de los mismos datos. En primer lugar, cuestionan que el coste global de las bajas médicas pueda equipararse a un fraude, recordando que toda incapacidad temporal está avalada por el diagnóstico de un facultativo de la sanidad pública. Desde esta perspectiva, el aumento de las bajas responde a factores estructurales como el envejecimiento de la población activa, el repunte de las patologías de salud mental y los tiempos de espera en el Sistema Nacional de Salud, mientras que el pico de los lunes se explica porque es el primer día hábil de consulta tras el fin de semana.

En segundo lugar, las organizaciones sindicales desplazan el foco del gasto hacia la pérdida de ingresos provocada por las horas extraordinarias no remuneradas. De acuerdo con los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se realizan entre 2,5 y 3 millones de horas extra semanales que no se pagan ni se compensan con descanso. Según los cálculos, esta masa salarial oculta supera los 3.000 millones de euros anuales, lo que se traduce en una merma directa de entre 850 y 1.000 millones de euros al año en cotizaciones sociales que dejan de ingresar en la caja de las pensiones, además de frenar la creación de decenas de miles de empleos a tiempo completo.

Mientras que para el tejido empresarial y los sectores conservadores la prioridad pasa por contener el gasto en prestaciones y mejorar la eficiencia productiva, para los sindicatos la clave reside en reforzar la Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral y aflorar las cotizaciones pendientes para sostener el sistema público y mejorar el salario de los trabajadores.

Pregúntate si eres empresario o eres trabajador para entender como te afecta esta visión.

Un Estado dentro del Estado

Aún escuece el gas pimienta en las retinas de quienes ayer salieron a ejercer un derecho constitucional en la primera huelga general en catorce años, pero lo que verdaderamente debería irritar a cualquier demócrata es el espectáculo político posterior. Hemos vuelto a asistir a esa coreografía tan española en la que la Policía Nacional carga con una virulencia desatada contra trabajadores, piquetes y manifestantes por la vivienda, gasea a quemarropa a una persona sin hogar ajena a cualquier protesta en plena Gran Vía, y al día siguiente el ministro responsable sale a declarar que las imágenes «no le han gustado» y que «de ningún modo ordenó las cargas». 

Si aceptamos esa no orden en manifestaciones pacíficas, ni aporrear a piquetes en Mercamadrid, ni rociar con agentes químicos a un indigente indefenso, la conclusión da miedo y es mucho más inquietante que la mera negligencia ministerial: el Gobierno no manda en su propia Policía. 

Resulta ingenuo seguir analizando los cuerpos represivos del Estado como simples herramientas neutras que obedecen dócilmente al poder civil elegido en las urnas, como muchos tertulianos afines a la derecha, tratan hoy de convencernos de ello. La sociología lleva décadas advirtiendo sobre la autonomía de las burocracias armadas. En España, entre el despacho del ministro del Interior y la bota del antidisturbios en la calle existe un eslabón intermedio (comisarios, jefes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), estructuras sindicales policiales abiertamente escoradas a la derecha) que opera con una discrecionalidad casi absoluta y con una agenda propia. 

Basta mirar la hemeroteca de este último bienio (2025–2026) para comprobar la asimetría ideológica de garantizar el orden público. Cuando se trata de frenar desahucios de familias vulnerables, de protestar por el derecho a la vivienda o de sostener una huelga general, el dispositivo policial despliega su cara más punitiva de choque: cargas preventivas, identificaciones ocultas bajo el chaleco, uso indiscriminado de aerosoles y detenciones selectivas. Sin embargo, el celo disciplinario desaparece cuando toca rendir cuentas. Que en todo 2025 Interior apenas abriera un solo expediente interno por vulneración de derechos ciudadanos es el certificado oficial de la impunidad corporativa. El mensaje que recibe el agente en la calle es cristalino: golpea primero, que la inspección interna ya mirará hacia otro lado. 

Y aquí surge la pregunta incómoda a dos semanas de unas elecciones generales: ¿a quién benefician las imágenes de una Policía desbocada reprimiendo a la base social de la izquierda bajo un Gobierno que se autodenomina progresista?

No hace falta recurrir a teorías conspirativas para entender el mecanismo del sabotaje institucional. Cuando determinados mandos intermedios ordenan cargar con saña, o cuando ciertos agentes actúan «por libre» sabiendo que el coste disciplinario es cero, están ejecutando una operación de demolición política de primer orden. Cada porrazo contra un trabajador en huelga, cada bote de gas lanzado contra quienes reclaman un alquiler digno, erosiona directamente la legitimidad del Ejecutivo entre su propio electorado. Alimenta el desencanto, fabrica la desmovilización y regala a la derecha el relato del caos mientras desarma moralmente a la izquierda. Podríamos calificarlo como «activismo de placa» puesto que utiliza el monopolio de la violencia legítima como arma de desgaste partidista. 

Por eso, la reacción tardía de prohibir ahora los gases lacrimógenos en futuras manifestaciones y prometer investigaciones específicas suena a parche cosmético sobre una fractura que ya es estructural. Mientras no se democratice de verdad el acceso y la promoción de los mandos policiales, mientras no exista un organismo independiente y civil que investigue y sancione los abusos policiales fuera de la endogamia del propio cuerpo, y mientras un ministro del Interior prefiera ejercer de portavoz de las excusas policiales antes que de garante de los derechos fundamentales, seguimos atrapados en esta trampa: un Gobierno que dice representar a la mayoría social, pero que está custodiado por un aparato que trata a esa ciudadanía como al enemigo.

El programa del PSOE para el 29N

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