¿Huelga general? ¿y si el maximalismo reactiva a la derecha?

La política de izquierdas vive atrapada en una paradoja recurrente: confundir la pureza del instrumento con la eficacia del resultado. Ante el bloqueo de decretos sociales, la tentación de convocar una huelga general surge como una respuesta casi de experimento de  Pavlov en el repertorio de la protesta. 

Una huelga general es la paralización masiva y coordinada del trabajo usada como la máxima herramienta de presión y autodefensa de la clase trabajadora. Se convoca principalmente contra el gobierno y el Estado para frenar recortes, reformas laborales regresivas o privatizaciones; contra la patronal y el gran capital para combatir la precarización, la pérdida de poder adquisitivo y el reparto desigual de la riqueza; contra el sistema económico para visibilizar que, sin el trabajo productivo y reproductivo, la sociedad y el capital no pueden funcionar.

Sin embargo, cuando el presidente del Gobierno ya ha disuelto las Cortes, convocado elecciones y expresado su compromiso de tramitar esos mismos decretos en la Diputación Permanente del Congreso, solo quedaría como motivo para la convocatoria que esta se realice contra el sistema económico en general. Pero si Creo que no es el momento de una huelga general, será un arma de doble filo si son las derechas quienes capitalizan la huelga, este mecanismo de la huelga deja de ser un motor de avance para convertirse en una bomba de racimo en la propia trinchera de la izquierda.

En la práctica la huelga general no es una performance ni un desahogo moral; es un acto de fuerza con un objetivo legislativo o de correlación de poderes concreto. Exigir la aprobación de decretos a un Parlamento disuelto es un brindis al sol. Cuando no hay margen de maniobra parlamentaria inmediata, la presión sindical pierde su anclaje táctico y se queda en un gesto. Otra cosa es si los decretos no se aprueban en la Diputación Permanente o alguno de sus miembros plantea rechazarlos.

El verdadero riesgo de una Huelga General, sin embargo, no es la ineficacia, sino la transferencia de iniciativa estratégica al adversario. En vísperas electorales, una huelga contra un Gobierno que intenta mantener vivas las medidas sociales desplaza el eje del debate: de la colisión entre el bloque de derechos y el bloque de recortes, se pasa al choque entre el «caos laboral» y la «gobernabilidad». La derecha mediática y política no necesitará construir argumentos si la izquierda le sirve en bandeja de plata la imagen de una sociedad bloqueada e hiperregulada. Para el electorado indeciso, el mensaje no será la defensa para alcanzar unas conquistas obreras, sino la irresponsabilidad de quien desestabiliza el país justo antes de votar. Piénsenlo y verán que mi teoría no es descabellada.

No se trata de defender la pasividad ni de firmar cheques en blanco al Ejecutivo saliente. Se trata de entender en qué tablero nos estamos jugando la partida. La energía y el descontento popular no deben diluirse en una huelga desprovista de objeto legislativo, sino canalizarse en movilizaciones sectoriales, campañas pedagógicas sobre el impacto de lo que se pierde si la derecha llega al poder y una exigencia de compromiso a las candidaturas que se califiquen de progresistas.

La huelga general es el arma más contundente de la clase trabajadora. Guardarla en la recámara para plantar cara a un eventual Ejecutivo de derechas o para exigir el cumplimiento estricto del programa en la próxima legislatura no es resignación; es inteligencia táctica. Utilizarla ahora sería dispararnos en el propio pie mientras la derecha contempla la escena con su papeleta en la mano. 

Creo que los sindicatos de clase han hecho bien con no fijar una fecha para su celebración, al fin y al cabo, en política, marcar los tiempos tiene más importancia de la que muchas veces le atribuimos. 

Votar como respuesta al bloqueo: las urnas, la desmemoria de la derecha y la paranoia defensiva

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes tras el colapso parlamentario de los decretos-ley sobre vivienda, no es solo una salida constitucional obligada; es una decisión de alta política democrática. La iniciativa de disolver las Cortes no responde al pánico ni a la improvisación, sino a un principio irrenunciable: cuando un parlamento queda atenazado por la pinza entre el bloque reaccionario y los intereses del conservadurismo periférico, la soberanía debe retornar inmediatamente a su único dueño legítimo, el pueblo.

La caída en el Congreso de las medidas destinadas a frenar la especulación inmobiliaria y proteger el acceso a la vivienda demostró los límites infranqueables del actual marco parlamentario. Frente a la parálisis institucional a la que la oposición pretendía someter al Ejecutivo de coalición, acudir a las urnas permite clarificar mayorías. La convocatoria nos sitúa ante la necesidad de responder a una pregunta nítida: ¿debe el Estado intervenir para garantizar derechos sociales fundamentales o debemos entregar el mercado a las leyes de la desregulación más feroz?

Sin embargo, el espectáculo político y mediático desatado tras el anuncio de las 9 horas esta mañana deja al descubierto una paradoja tan sangrante como sintomática. Resulta casi cómico repasar la hemeroteca y escuchar la marejada de reproches proveniente de las filas de la derecha y de la extrema derecha. Durante casi tres años, la oposición parlamentaria y su entorno mediático han repetido de forma machacona una sola consigna: "elecciones ya". Han calificado al Gobierno de ilegítimo, han tachado la legislatura de "secuestro" y han exigido semanas tras semana que se pusieran las urnas para, en sus palabras, "devolver la voz a los españoles".

Y, sin embargo, el día que finalmente se aprieta el botón de la disolución de las Cortes, el discurso conservador sufre un cortocircuito fulminante. En cuestión de minutos, los mismos que clamaban por votar han inundado las redes sociales y los platós de televisión con acusaciones de "interés partidista", "estrategia de trinchera" e incluso las ya habituales e irresponsables insinuaciones de "pucherazo".

¿A qué responde esta repentina desmemoria y este pánico escénico? La explicación reside en que la derecha no quería urnas; quería un lento y agónico desgaste del Gobierno. Su hoja de ruta pasaba por asfixiar legislativamente al bloque progresista, bloqueando cada avance social en materia tributaria, laboral o inmobiliaria, para llegar a elecciones por extenuación.

Al convocar elecciones anticipadas, la izquierda arrebata el tempo político y desbarata esa estrategia de desgaste. Coloca a la oposición en un escenario de campaña no planificado donde ya no vale el mero grito de protesta, sino que hay que presentar un programa alternativo. Es ahí donde emergen las fisuras: cuando el votante de clases medias y trabajadoras constate que el bloqueo a la vivienda tenía como único fin proteger las rentas de los grandes tenedores, la movilización progresista, históricamente determinante cuando el electorado de izquierdas percibe un riesgo real para sus derechos, se convierte en una fuerza demoledora.

El recurso a las teorías del fraude y a la sospecha permanente sobre los procesos democráticos no es más que el síntoma de una derecha que teme al propio veredicto popular que decía anhelar. Denunciar un "interés de la izquierda" por el simple hecho de ejercer la prerrogativa constitucional de convocar comicios revela una concepción patrimonial del Estado: para la reacción, solo son legítimas las elecciones cuando las convocan ellos o cuando las encuestas les garantizan la victoria.

Lejos de la parálisis o el repliegue, la izquierda afronta el 29-N con una oportunidad histórica de cohesión. Es el momento de rearmar el bloque social, de trascender la dinámica defensiva y de ofrecer un contrato renovado con las mayorías sociales. Frente al ruido en redes y los fantasmas del "pucherazo", la mejor respuesta de la democracia progresista es llenar las urnas de votos y dignidad ciudadana. 

Sobre adoquines, cuentas de la vieja y otras melancolías

Servidor, que, aunque carece de pelo, ya peina canas, ha presenciado en su vida suficientes revoluciones de salón como para saber que la historia rara vez se repite con el mismo vestuario y en el mismo escenario. No estamos, desde luego, ni en el Mayo francés de los eslóganes poéticos ni en nuestra añorada Transición de chaquetas de pana. Lo que vemos estos días en las plazas son acampadas de una generación que ha descubierto, con notable perplejidad, que la dignidad se ha convertido en un artículo en peligro de extinción. 

Mientras tanto, nuestros lideres de la derecha más granados miran hacia otro lado cuando se les pregunta por los estragos de Gaza o la penuria urbana, prefiriendo la comodidad de sus neurosis burguesas antes que contaminarse con el sufrimiento de lo cotidiano, tan poco estético frente a la grandilocuencia del discurso político de guardarropa. 

Sucede que la vida ordinaria se ha vuelto un asunto extravagante. El coste de los alquileres ha alcanzado altitudes propias de la aeronáutica y los desahucios continúan expulsando tanto a los jóvenes de veinte años como a los respetables ciudadanos que sobrepasan la cincuentena, empujándolos a todos a una cohabitación forzosa. Entre el capitalismo especulativo y la inquebrantable inacción de los distintos gobiernos, la vivienda se ha transformado en un bien inalcanzable, mientras la cesta de la compra y el transporte reducen la jornada diaria a pura gimnasia de subsistencia donde el ocio básico resulta un lujo. 

No es de extrañar, por tanto, que la falta de perspectiva de futuro y la asfixia económica se hayan traducido en una severa crisis de salud mental e incluso en el silencioso drama del suicidio juvenil, ante el cual la sociedad acostumbra a  responder con una indiferencia tan elegante como dañina. Se nos decía que la juventud progresista se había evaporado; la realidad es que simplemente estaba hibernando, agazapada y resistiendo en silencio, hasta que el hartazgo la ha vuelto a llevar a ocupar las calles y plazas. 

A este panorama hay que sumar el espectáculo de la política institucional. La no derogación de la Ley Mordaza, el paulatino retraso en la edad de jubilación y el estrepitoso gatillazo de las reformas sociales prometidas nos muestran a un PSOE que sigue irremediablemente atrapado en las «medias tintas», supeditado a los dictados de los poderes económicos y trágicamente desconectado de la memoria histórica real. 

Para colmo de males, el debate público navega en el océano de las plataformas digitales, cuyos algoritmos favorecen el contenido reaccionario y la polarización fútil, fabricando una imagen distorsionada del mundo, favorecida su manipulación por una cultura comercial y unos medios de información, cuyos creadores evitan con pulcritud cualquier crítica explícita no vaya a ser que un destello de compromiso les prive de la financiación de su Comunidad Autónoma  o del galardón de turno. 

Sin embargo, algo parece haber cambiado en el aire. Frente a aquel simpático pero caótico asamblearismo del 15M de 2011, la protesta que hoy se asienta en la Puerta del Sol se revela mucho más organizada, consciente y serenamente harta. Cuando la paciencia social agota sus reservas, la retórica hueca deja de surtir efecto y la ciudadanía comprende que es hora de recuperar la dignidad colectiva y el combate político en la calle. 

Veremos en qué termina esta nueva función, pero conviene recordar a los gobernantes que el pueblo, cuando se decide a salir con la manta a la plaza, rara vez lo hace solo para pasar la tarde. Y a tí conviene recordarte dos proverbios, uno chino y uno ruso: Si te caes siete veces, levántate ocho (Proverbio chino); ¡Caer está permitido. Levantarse es obligatorio!.(Proverbio ruso).

NO SE PUEDE ARREGLAR NADA SINO SE DICE LA VERDAD

¿Se podría haber hecho más en materia de vivienda por parte del Gobierno? Seguro que sí. Pero eso no hace que sea cierta la afirmación de la derecha de “no se ha hecho nada en vivienda en los últimos ocho años”.

2019 (Reforma del alquiler): Ampliación de la duración mínima de los contratos a 5 años (particulares) y 7 años (empresas), limitando las garantías requeridas.

2020 (Pandemia): Suspensión de desahucios a hogares vulnerables, prórrogas de contratos, moratorias y ayudas al alquiler (medidas prorrogadas en años posteriores).

2021 (Plan de Vivienda): Anuncio del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con el objetivo de 100.000 viviendas e inicio de la negociación de la Ley de Vivienda.

2022 (Proyecto de Ley y tope al alquiler): Entrada del proyecto normativo (zonas tensionadas, parque público, vivienda protegida) y limitación temporal de la actualización anual del alquiler al 2%.

2023 (Aprobación de la Ley de Vivienda): Primera ley estatal específica de vivienda que introduce la figura de las "zonas de mercado residencial tensionado".

2024 (Financiación y ayudas): Concesión de 2.500 millones de euros en avales ICO (hasta el 20% de la hipoteca) para la compra de primera vivienda por jóvenes y familias con menores, y asignación de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven (hasta 250 €/mes por dos años).

2025-2026 (Regulación y Plan Estatal): Regulación de alquileres de temporada y turísticos mediante una Ventanilla Única Digital, así como la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros para construcción pública, rehabilitación y ayudas.

El avance de todas estas iniciativas se ha enfrentado con una constante oposición y bloqueo parlamentario e institucional por parte de la derecha (PP, VOX y, en ciertas votaciones, Junts):

Votaciones en contra: Rechazo sistemático en el Congreso a las reformas, decretos de protección a inquilinos y prórrogas presentadas desde 2019 hasta 2026.

Bloqueo autonómico y recursos: Dado que las competencias en materia de vivienda residen en las Comunidades Autónomas, las gobernadas por la oposición recurrieron la Ley de Vivienda de 2023 ante el Tribunal Constitucional (alegando invasión de competencias) y se negaron a aplicar herramientas clave, como la declaración de zonas tensionadas.

Esta claro que no es suficiente. Pero no es cierto lo que afirman de que no ha hecho nada.

La equidistancia de Page: el mercado y la hegemonía de la izquierda

La política contemporánea se juega en el terreno de los principios y en la disputa constante por el marco discursivo. En este tablero, la actitud proyectada en los medios por García-Page ante los escándalos del entorno de Ayuso (como los presuntos delitos fiscales vinculados al uso de su piso o las sombras en las contrataciones públicas) y ante los recientes decretos de vivienda resulta profundamente reveladora. 

A diferencia de la dirección federal de su partido, Page ha optado ante los casos de corrupción de la derecha madrileña por un perfil institucional de calculada cautela y equidistancia discursiva. Bajo el pretexto de no alentar la "polarización", equipara sospechas de muy diversa índole y apela a un sosiego formal que, en la práctica, lo que hace es diluir las responsabilidades políticas. Esta postura renuncia a librar la batalla ideológica contra el modelo de privilegio y comisionismo que la izquierda denuncia en la Comunidad de Madrid, permitiendo a esa derecha enmarcar la sospecha real como un mero "ruido partidista". 

Sin embargo, esa tibieza no es neutra; esta semana ha adquirido una gravedad ética absoluta cuando sus declaraciones contrastan con la realidad social diaria, encarnada en situaciones extremas como los desahucios. Es en esos casos cuando el derecho a la vivienda deja de ser una abstracción y exige posicionamientos tajantes. Ante las medidas del Gobierno central para frenar la emergencia habitacional, Page ha vuelto a situarse mediáticamente en la ortodoxia liberal. Al tildar las intervenciones estatales de "parches" e "inseguridad jurídica" para los propietarios, está externalizando la solución al mercado y asumiendo el mantra liberal de que la regulación vulnera el realismo económico. 

Este distanciamiento de la postura del Gobierno responde a un estricto cálculo electoral regional para proteger su electorado moderado, pero a la vez se convierte en el responsable de generar un severo coste estratégico para el conjunto de la izquierda. Al deslegitimar los decretos sociales desde dentro del PSOE, Page fragmenta el mensaje progresista, desmoviliza a la base trabajadora y consolida el marco ideológico de la derecha en uno más de los debates cruciales del Estado del bienestar. 

El coste de la audacia en tiempos de cinismo

Existe una máxima popular que dice que “al mentiroso, ni cuando dice la verdad se le cree”. En el actual tablero político, esta sentencia ha dejado de ser una simple frase moral para convertirse en el diagnóstico de una democracia extenuada. 

Décadas de promesas incumplidas, de programas electorales reducidos a mero papel mojado y de un lenguaje institucional vaciado de sustancia han permitido que se instale un cinismo generalizado. Cuando la política representativa actúa como la correa de transmisión de las exigencias del mercado en lugar de las necesidades de las mayorías, la confianza no solo se erosiona: directamente se destruye.

La consecuencia inmediata de este descontento es un ecosistema mediático y político donde la verdad pierde su valor de cimentar los cambios, y abre de par en par las puertas a los discursos reaccionarios de la antipolítica. Sin embargo, el problema central no reside únicamente en que con ello se degrada el discurso, sino en la estructura de incentivos que rige el propio sistema. Es aquí donde cobra sentido una segunda premisa: ser cobarde merece la pena y ser valiente sale muy caro.

En la arquitectura de la hegemonía neoliberal, la moderación pusilánime cotiza al alza. Gestión orientada a no alterar los intereses de las grandes corporaciones y concesiones constantes al capital garantizan una existencia política plácida: portadas amables, beneplácito financiero y estabilidad en las instituciones. Esa "cobardía" táctica se vende como pragmatismo o sentido de Estado, cuando no es más que la claudicación ante el statu quo.

En contraposición, cualquier intento real de transformación social como lo es desafiar la concentración de la riqueza, democratizar los bienes comunes o plantar cara a los poderes fácticos, lleva implícito un peaje difícil de pagar. Para la izquierda emancipadora, los movimientos sociales y el sindicalismo combativo, la valentía se paga con campañas de desprestigio, acoso mediático y judicialización de la política. El sistema castiga de manera ejemplar a quien pretende alterar las reglas del juego para demostrarle a las mayorías que la alternativa es impracticable.

Frente a esta encrucijada, la tarea fundamental de una izquierda con vocación de transformación no puede ser la resignación ni el repliegue hacia un posibilismo estéril. Asumir el coste de la valentía implica construir un poder popular capaz de amortiguar esos embates, sosteniendo un proyecto que devuelva el sentido de la verdad a través de los hechos y la conquista de derechos reales. Revertir la lógica de la cobardía premiada es la única vía para reconstruir una esperanza política auténtica. 

La trampa de la especulación y la táctica de la izquierda

Ayer lo pudimos comprobar. Según las tesis derechistas (para mí una falacia si no explican con datos lo que están diciendo), la única solución al problema  del alquiler es la receta neoliberal de construir todo lo construíble, como hicieron cuando se generó la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la realidad económica de este país les desmonta ese eslogan. 

Las propias patronales de la construcción hoy carecen de la capacidad para hacerlo. Carecen de la financiación necesaria, y carecen de la mano de obra que se necesita para asumir el volumen que dicen que se debe construir en el plazo que señalan. En este último aspecto, además, en la derecha tienen una contradicción: no quieren la llegada de miles de trabajadores migrantes que sin los que vemos en todas y cada una de las obras de las grandes ciudades. Claro, salvo que se estén planteando mantenerlos empleados en la más absoluta precariedad, para así poder mantener sus márgenes de beneficio. O se portan como xenófobos o lo hacen como explotadores. 

A ver si la masa ingente de nuevos fachapobres hispanos se entera de que lo que la derecha reprocha al gobierno no es la falta de ladrillo, sino que tienen verdadero pánico a que alguien acometa la edificación de un verdadero parque público de vivienda, blindado frente a la especulación y privatización desmedida, y con ello les desmonte el chollo del que hoy nutren sus cuentas corrientes. 

Y entérense algunos de esos fachapobres que hoy se han frotado las manos pensando que han triunfado con el rechazo de los decretos de vivienda, porque eso solo responde a una alianza de intereses perfectamente identificables. No han triunfado ellos, sino una oposición articulada por las derechas estatales y  la derecha catalana que por mucho que lo repitan, no defiende al pequeño ahorrador, al que han hecho víctima de la desinformación y del alarmismo generado por los medios subvencionados desde las administraciones gobernadas por esa misma derecha. Estas fuerzas actúan como el brazo político del lobby inmobiliario y de las élites rentistas multi propietarias. Con su veto a las medidas de regulación de precios y las prórrogas de contratos buscan que se perpetúe un mercado desregulado, protegiendo su margen de acumulación financiera a costa del derecho constitucional de los ciudadanos a un hogar digno. 

Ante el escenario de bloqueo, hoy vemos como en las TVs surgen voces que exigen a Pedro Sánchez una convocatoria electoral inmediata, empezando por Felipe, Rajoy o Aznar. Sin embargo, y anoche ya lo escribí aquí, precipitar las urnas bajo el impulso del "antisanchismo" de la derecha creo que sería un error estratégico. 

Creo que Sánchez debe tomarse un margen de tiempo y resistir la tentación del adelanto. Ese periodo de margen es imprescindible para poner en evidencia la contradicción de la derecha persistiendo en la iniciativa legislativa que obliga al PP, Vox y Junts a retratarse de forma recurrente ante la ciudadanía, votando en contra de la protección social y dejando al descubierto que sus actos parlamentarios obedecen a dogmas neoliberales y no a la resolución de los problemas reales. 

Por otro lado, el espacio a la izquierda del PSOE requiere un tiempo para que ese espacio reordene su estructura interna y consolide un liderazgo fuerte y coherente. Una izquierda alternativa articulada y sólida es la única garantía para disputar la hegemonía al bloque rentista y exigir al Gobierno políticas verdaderamente valientes. 

La respuesta frente a la desinformación, el odio y la codicia del mercado inmobiliario exige regulación y firmeza política. Frente a la prisa electoralista de la derecha, la izquierda necesita tiempo, pedagogía y alianzas sólidas para transformar el clamor social en un derecho garantizado. 

Claro está, que esto es una opinión, y la decisión solo está en manos de Sánchez.