Lo público no se defiende con retórica

La tragedia ferroviaria de Urda llega apenas nueve meses después del trágico antecedente de Adamuz, pero esta tiene más repercusión social. Representa mucho más que un seísmo electoral a escasas semanas de las elecciones generales al constituir e una grieta profunda en la línea de flotación de la izquierda: la fe de la ciudadanía en la seguridad, eficacia y excelencia de lo público. Cuando se pierde el pulso con la realidad cotidiana de las clases populares, las consecuencias nunca son inocuas.

Durante años, la narrativa del Gobierno se ha apoyado en una dicotomía tan: la contraposición entre un modelo que cuida los servicios esenciales y otro que los privatiza o desmantela. Sin embargo, dos grandes colisiones en la red de alta velocidad en un solo año desarticulan ese relato ideológico si este no va acompañado de una gestión impecable, una inversión transparente y una rendición de cuentas tajante. La izquierda no puede limitarse a enarbolar la bandera de lo público, tiene que sostenerlo, auditarlo y blindarlo de todo fallo estructural. La seguridad de la infraestructura estratégica del país no es un debate abstracto sobre modelos de sociedad: es la garantía básica de protección que el Estado debe ofrecer a la mayoría social.

Frente a este escenario de conmoción y desconfianza, el riesgo real para las opciones de revalidar el gobierno no radica en la fuga masiva de votantes al bloque conservador, sino en la desafección de sus bases. El desánimo, la decepción y la desconexión emocional de la ciudadanía que confió en un modelo de protección pública amenazan con traducirse en abstención. El voto de izquierda es eminentemente exigente con sus propias siglas; no tolera lo táctico ni la política de atrincherarse cuando hay vidas humanas de por medio.

¿Qué hacer? La respuesta de un Gobierno de la izquierda no puede ser la de apelar a la conspiración del rival, agitar el miedo a las extremas derechas o parapetarse en tecnicismos del centro de control. Para frenar esta deriva y reconstruir el compromiso con el electorado, en mi opinión, el gobierno debe adoptar con urgencia un giro de 180 grados fundamentado en medidas que cada día que pasa son más inaplazables:

1. El martes en la comparecencia en la Diputación Permanente anunciar una revisión externa del estado de la infraestructura y el sistema de señalización por parte de organismos internacionales neutrales, acompañada de un Real Decreto-Ley de créditos extraordinarios para la seguridad ferroviaria. Lo público se defiende con recursos, personal cualificado e inspecciones rigurosas. Demostraría no temer a la verdad y reforzar su convencimiento en lo hasta ahora expuesto. Ahora la ciudadanía no demanda agitación partidista; exige sentido de Estado, rigor institucional, humildad y un acompañamiento auténtico a los afectados.

2. El Gobierno debe crear una mesa sentando en ella a las organizaciones sindicales, a los colectivos de maquinistas y al personal técnico de Adif y Renfe para trazar un mapa de necesidades reales del sector. Restablecer la confianza implica escuchar y respaldar a los trabajadores que sostienen el servicio día a día, en lugar de diluir responsabilidades en la cadena de mando.

3. En el siguiente Consejo de ministros sería el momento ideal, una vez adoptadas las anteriores decisiones, de la asunción de responsabilidades políticas a través de su dimisión no por una concesión a la oposición, sino en un acto de higiene democrática y respeto a la sociedad que dignifica la cultura de gobierno progresista. Para empezar Puente ha dado la cara en todo momento, lo que le honra, pero por motivos menores ya presentaron su dimisión Máximo Huertas o Carmen Montón. La permanencia de Óscar Puente se ha convertido en un tapón mediático e institucional que impide centrar el debate en el dolor de las víctimas y las soluciones. Eso marcaría una diferencia sustancial con el PP de Angrois, Yak 42 o la DANA, entre otros, donde sus ministros permanecieron aferrados al asiento sin importar las victimas aunque no se las quitasen de la boca.

La izquierda se juega en este trance algo mucho más trascendente que unos escaños en el Congreso de los Diputados. Se juega demostrar que el Estado del Bienestar no es solo un eslogan movilizador, sino un engranaje capaz de examinarse a sí mismo, corregir sus fallos con contundencia y ofrecer garantías reales de seguridad. 

Solo desde la verdad, la asunción de errores y la acción gubernamental valiente se podrá evitar que la sombra de Urda se convierta en una factura definitiva que le pase al gobierno su posible electorado. 

Sábado tarde; de gloria y miserias

Hay días en los que uno contempla el panorama nacional con la misma estupefacción que debió sentir el arqueólogo que descubrió la tumba de un faraón, solo que aquí, en lugar de oro y abalorios, lo que desenterramos cada día que amanece es un desconcierto monumental. Somos un país capaz de lo mejor y más sublime y del mayor esperpénto con apenas unos minutos de diferencia.

Por un lado, somos campeones de generosidad. Si a uno le falla un órgano clave para seguir viviendo, aquí se la trasplanta con la naturalidad del que lleva el coche al taller, con la diferencia de que el cirujano-mecánico no le pasa una factura astronómica ni le exige vender el piso. Es un milagro cívico, un prodigio de solidaridad que brota de esa pasta especial de la que a veces estamos hechos los que habitamos esta península. Somos los primeros del mundo en altruismo médico, oiga. Un orgullo que debería bastar para flotar sobre una nube de bienestar cada mañana.

Pero no. Tan pronto encendemos la televisión, nos asomamos al abismo de la política patria, ese barrio con ínfulas de tragedia griega. Llegan las elecciones y se desata la jauría. Hay formaciones que, con la misma finura y elegancia que demostraron en su día con la tragedia del terrorismo, han convertido el dolor ajeno en el lema de su pancarta electoral. No proponen nada; qué va; para qué. Proponer exige pensar, redactar párrafos con sujeto y predicado, y eso cansa. Es mucho más sencillo y vistoso dedicarse a demoler cualquier atisbo de concordia, sin importarles si su sutileza es la de un elefante en una cacharrería.

Me refiero, claro está, a esa derecha y ultraderecha que han hecho del insulto matutino su divisa grana y oro oficial. Uno mira a los países vecinos y comprueba con envidia que la derecha civilizada propone cosas, discute de impuestos o de infraestructuras, y discrepa sin necesidad de invocar las siete plagas de Egipto. Aquí no. Aquí la descalificación es continua y perpetua, el bulo corre más que los galgos y el programa político se reduce a un catálogo de recortes y penitencias, eso sí, siempre para el prójimo.

Claro que, pensándolo bien, tal vez ya no debamos extrañarnos. Ciertas inercias tienen raíces profundas y muy ramificadas. Aquel venerable Tribunal de Orden Público que repartía disgustos en blanco y negro durante la dictadura no se evaporó con la llegada de la democracia; digamos que sufrió una metamorfosis y se instaló en el Supremo como quien hereda el sillón de la abuela. Y así andamos, driblando entre milagros médicos y cabreos tabernarios, intentando no perder la salud en el empeño de sobrevivir a nuestros representantes.

Ética de la responsabilidad compartida

Vivir en el seno de un país desarrollado nos otorga estándares de bienestar, pero a menudo nos sumerge en una peligrosa ilusión: la creencia de que el riesgo cero es un derecho adquirido y que el error o la tragedia son siempre imputables a la malicia deliberada del adversario político. Sin embargo, una mirada sensata nos obliga a despojarnos de las anteojeras partidistas para reencontrarnos con la fragilidad de nuestra condición humana. 

A lo largo de nuestra historia reciente, el dolor ha golpeado en diferentes catástrofes y accidentes dolorosos, desde el Yak 42 o el descarrilamiento en Santiago de Compostela, el metro de Valencia o los estragos de una DANA. La vulnerabilidad habita en las costuras de cualquier sociedad avanzada. Pretender que la fatalidad no existe, o instrumentalizar el dolor ajeno para demoler al rival político no solo envilece el debate público, sino que desatiende lo realmente esencial: el cuidado de la vida humana. 

Necesitamos una política adulta guiada por la altura de miras, que es la que los ciudadanos merecemos. Un ejercicio de madurez colectiva en el que la oposición y el Gobierno fueran capaces de remar en una misma dirección ante la desgracia, y donde la autocrítica no se perciba como una debilidad, sino como una virtud democrática. Resultaría tranquilizador escuchar a líderes como Feijóo reconocer las insuficiencias presupuestarias en el mantenimiento de infraestructuras durante sus propios mandatos, al igual que cabría exigir al Ejecutivo actual un análisis sincero sobre la priorización del crecimiento en kilómetros frente a la inversión preventiva en seguridad y mantenimiento. La política debería ser el arte de prevenir el sufrimiento y gestionar con sensatez los recursos limitados, no un ring permanente de acusaciones infundadas. 

La democracia exige también un riguroso respeto por los cauces de la justicia y la verdad institucional. Quien acuse, que aporte pruebas ante los tribunales; de lo contrario, la difamación sin sustento erosiona los cimientos de la convivencia. Del mismo modo, ante cualquier accidente o crisis, los organismos de investigación y la justicia deben actuar con total transparencia para que las explicaciones pertinentes salgan a la luz. La confianza en nuestras instituciones solo se puede sustentar en la certeza de que no existen ocultamientos ni maniobras oscuras, sino un compromiso firme con la verdad y la rendición de cuentas. 

Nos urge replantearnos qué país queremos ser y cómo podemos lograrlo. No podemos permitirnos seguir atrapados en una polarización estéril ni un minuto más. Es momento de recuperar la cordura, priorizar el bien común por encima del cálculo electoral y edificar una democracia donde la ética del cuidado y la verdad restituyan la confianza ciudadana. 

Asumir el cargo es asumir el coste

El ministro de Transportes ha solicitado comparecer este jueves a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda. Además, mañana volverá a ofrecer una rueda de prensa “para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario”. 

Existen momentos en la vida pública en los que el cálculo táctico y la lógica mediática deben rendirse ante la gravedad de los hechos. Si la política progresista pretende seguir exigiendo el esfuerzo fiscal de la ciudadanía para sostener nuestras infraestructuras e instituciones, debe ser implacable en el nivel de exigencia hacia quienes las dirigen. 

La tragedia de Urda ha conmocionado las entrañas del país, dejando una cicatriz colectiva que no se borrará con excusas ni con circunloquios técnicos. Tras la primera y obligada fase de urgencia, donde la función del Ministerio de Transportes consistía en volcar todos los recursos disponibles para socorrer a las víctimas y coordinar a los equipos de emergencia, se abre paso la ineludible hora de la política con mayúsculas: la hora de las responsabilidades.

Desde una visión comprometida con la defensa de las instituciones públicas, sostener que la responsabilidad política acaba en la atribución de fallos humanos a los eslabones del sistema o a errores técnicos fortuitos acaba convirtiéndose en un error, y mayor en este ambiente de polarización en que vivimos. Un Estado fuerte no está para utilizarse como escudo protector de sus altos cargos, como siempre ha hecho y hace la derecha, sino para garantizar la seguridad, el bienestar y la dignidad de la mayoría social. Por ello, cuando el Estado falla en un pilar tan fundamental como para nuestro país es la alta velocidad, la cúspide del departamento afectado debe ser la primera en encarnar la rendición de cuentas.

La dimisión voluntaria y meditada del ministro de Transportes, una vez garantizada la gestión inmediata de la emergencia y puestas a disposición judicial todas las evidencias, no representa una claudicación. Al contrario: es el acto de mayor dignidad institucional disponible, porque no somos iguales a la derecha, aunque sea algo a lo que, por desgracia, no estamos acostumbrados. En la tradición democrática, la responsabilidad ministerial no requiere de una imputación penal ni de una negligencia directa personal; requiere la valentía de reconocer que bajo la propia tutela ha ocurrido una catástrofe inaceptable e inasumible.

Dimitir en estas circunstancias cumple una triple función ética y estratégica. En primer lugar, coloca el respeto a las víctimas y a sus familias por encima de cualquier carrera política. En segundo lugar, quita presión a la crisis, retirando el foco de la disputa partidista diaria y permitiendo que las comisiones técnicas y la justicia trabajen con la ecuanimidad necesaria. Y, en tercer lugar, y quizá lo más decisivo para el futuro del proyecto colectivo, la renuncia protege al propio concepto de lo público. 

Lejos de ser una admisión de culpa personal o un reconocimiento de dolo, dar un paso al lado y presentar la dimisión debe entenderse como la máxima expresión de la responsabilidad política. En una democracia madura, un ministro no renuncia porque sea el autor material de la catástrofe, sino porque asume el deber ineludible de que la institución a su cargo responda ante la ciudadanía, separando el dolor de las familias y la búsqueda de la verdad de cualquier sombra de aferrarse al poder.

Permitir que la sospecha de aferramiento al cargo o el cruce de acusaciones, empañen la labor de los miles de profesionales que día a día hacen funcionar el país, es un lujo que la democracia no se puede permitir. La lealtad al servicio público no se demuestra resistiendo en el puesto a toda costa, sino sabiendo cuándo la propia retirada es el único camino para devolver la confianza a los ciudadanos en un proyecto. 

Urda, dolor y uso político de la tragedia

Nos encontramos inmersos en los prolegómenos de un ciclo electoral donde los canales de información rápida y las redes sociales rebosan de demagogia, ruido e intoxicación interesada. A pesar de que muchos ya acuden con un argumentario preformado y un veredicto ideológico sobre el estado y el funcionamiento del modelo de alta velocidad en España, hoy nuestra prioridad política y humana debe estar, ineludiblemente, con las personas que han perdido la vida en el trágico accidente ferroviario de Urda, y con el dolor inconsolable de sus familias. 

Pretender conocer las causas complejas de un siniestro de esta magnitud y señalar culpables en cuestión de horas no solo responde a un ejercicio de irresponsabilidad, sino a una falta absoluta de respeto hacia las víctimas. Conviene atenernos estrictamente a los hechos constatados hasta el momento: el sistema automático de seguridad se detuvo por una incidencia informática de carácter técnico; posteriormente, se impartió la orden de reanudación manual para el convoy del AVE, pero esta instrucción no se aplicó al tren de Iryo; y durante unos críticos 17 minutos, ni el centro de control de Atocha ni los propios trenes advirtieron el inminente riesgo de colisión, mientras los mecanismos de frenado automático fallaban en su cometido. 

A la espera de la luz que arrojen las investigaciones técnicas independientes, lo que evidencia este episodio es una preocupante falta de coordinación y control en los puestos de mando. Resulta incomprensible cómo se da luz verde a la marcha normal de un tren cuando hay otro convoy detenido en la vía, o cómo se atiende una situación de emergencia sin una respuesta rápida y coordinada. Negligencia, fallos sistémicos o fallas humanas: lo cierto es que hay familias destrozadas y un saldo doloroso de víctimas que exige la máxima claridad. 

Si analizamos el desglose de las llamadas e interacciones en la mañana de los hechos, el margen operativo resulta alarmante: Primera fase (8:31 - 8:36): Se produce la comunicación inicial entre el centro de control de Atocha y el AVE, ordenando reanudar la marcha tras una incidencia en el sistema automático de seguridad; Segunda fase (8:41): La maquinista del Iryo contacta con Atocha para avisar de que se encuentra detenida en Urda —a 20 kilómetros de donde se desplaza el AVE—, recibiendo la instrucción genérica de reiniciar los sistemas y continuar bajo el respaldo del BNL; Tercera fase (8:48 - 8:51): Ante la imposibilidad de arrancar, se repiten las comunicaciones en un tono que denota una inquietante displicencia por parte de los operadores de Atocha, evidenciando fallos graves en los protocolos de supervisión y en la trazabilidad de la seguridad ferroviaria en tiempo real. 

Todo termina trágicamente a las 8:54, tras una franja crítica de más de veinte minutos donde la cadena de mando debió extremar la precaución. Corresponde exigir responsabilidades profesionales rigurosas a todos los niveles, evaluando con rigor los protocolos y fallos del sistema, más allá de la instrumentalización política y los intentos recurrentes de la derecha de cargar toda la culpa institucional sobre el Gobierno central sin atender a la complejidad técnica y organizativa del transporte público. 

Estos son los hechos verificables; corresponderá en exclusiva a la justicia y a una investigación técnica rigurosa desentrañar los nexos de causalidad y depurar las responsabilidades penales de todos los actores implicados, priorizando siempre la seguridad pública frente a cualquier lógica mercantil o tentación privatizadora mal entendida. Mientras este proceso permanezca abierto, resulta imperativo blindarnos frente a la marea de bulos y falsedades difundidos por medios sin responsabilidad editorial o por falsos "expertos" de plató que operan como meros altavoces de la crispación. 

Basta una ojeada al ecosistema mediático afín a la derecha para comprobar la dimensión de esta ofensiva: La Razón clama por la depuración de responsabilidades de forma unilateral; ABC eleva la trágica cifra de más de cien fallecidos entre los accidentes de Adamuz y Urda a la categoría de "degeneración institucional flagrante", denunciando un desgaste sistémico de "consecuencias literalmente letales"; y El Mundo sentencia con ligereza que "no ha sido un fallo humano sino del sistema". Bajo esta calculada campaña, el dolor de las víctimas vuelve a ser relegado a un segundo plano, evidenciando que los objetivos de estos sectores siguen siendo exactamente los mismos que ya emplearon hace ocho años. 

Hoy, para la mayoría de analistas, el foco mediático parece girar monográficamente en torno a Adamuz, lo cual puede parecer lógico, pero la historia de la alta velocidad cuenta con precedentes más dilatados. Si echamos la vista atrás y recordamos el devastador accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, comprobaremos cómo el Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, bloqueó de manera sistemática la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de Angrois de 2013 en el Parlamento gallego. 

La postura del gobierno autonómico conservador para esquivar la rendición de cuentas política se articuló a través de dos momentos clave: en septiembre de 2013, pocas semanas después del siniestro que costó la vida a 80 personas, el pleno del Parlamento de Galicia rechazó la apertura de la comisión gracias a la mayoría absoluta del PP comandado por Feijóo, frente a las demandas de BNG y AGE. Posteriormente, el propio Feijóo defendió que dicha comisión no era "prioritaria", argumentando su preferencia por esperar al dictamen judicial para "no utilizar el dolor de las víctimas" —una coartada duramente censurada por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155—. Aquel proceso concluyó sentenciando un supuesto error humano en exclusiva del maquinista, silenciando que ya se había advertido sobre la peligrosidad de la curva y el déficit de señalización. Los errores humanos existen... al menos cuando la responsabilidad recae sobre la gestión ajena; la vara de medir cambia radicalmente cuando le toca rendir cuentas a la izquierda. 

Con todo el dolor y la solidaridad debida hacia las familias de las víctimas, conviene recordar que la propia palabra "accidente" define sucesos fortuitos derivados de la complejidad de la acción humana y técnica. Nos guste o no, los errores y las fallas tecnológicas forman parte de nuestra realidad cotidiana: las herramientas digitales fallan, las redes se caen y, aunque la tecnología mejora nuestras vidas, es infaliblemente vulnerable. Lo mismo ocurre en el desempeño profesional; todos nos equivocamos en nuestro trabajo, pero cuando se trata de servicios esenciales, las consecuencias de un fallo pueden ser devastadoras. 

Gran parte del problema radica en la falsa mitología del progreso técnico absoluto, donde asumimos que la tecnología lo puede todo hasta que deja de funcionar. Lo inadmisible es que, aprovechando la cercanía de las elecciones, se pretenda culpar de forma sistemática al Ejecutivo de cualquier incidencia fortuita. 

Resulta inaceptable el tacticismo de partidos sin escrúpulos que, ignorando los protocolos empresariales y las leyes de responsabilidad efectiva, intentan achacar al Gobierno central ABSOLUTAMENTE TODOS LOS ACCIDENTES que ocurren en el país. Si la derecha y la ultraderecha (PP y Vox) alcanzan el poder, su receta económica prioritaria será la rebaja masiva de impuestos, una medida diseñada para que las grandes fortunas paguen mucho menos a Hacienda, lo que mermará drásticamente los ingresos del Estado e imposibilitará la mejora y el mantenimiento adecuado de las infraestructuras públicas y los servicios esenciales de todos los ciudadanos. 

Los buitres de la vía

Hay momentos en los que el debate público debería detenerse. Instantes de dolor, de incertidumbre y de conmoción colectiva en los que la decencia humana exige un silencio respetuoso, una tregua en el ruido diario y, sobre todo, empatía absoluta hacia las víctimas y sus familias. 

Sin embargo, ante el trágico accidente ferroviario de hoy en Toledo, asistimos una vez más a un espectáculo desolador: el de quienes no ven en una catástrofe una desgracia humana, sino una oportunidad electoral.

Es la estrategia de la rapiña política. Cuentas, altavoces mediáticos y perfiles de la derecha más radical no han tardado ni unas horas, ni un solo informe pericial, en lanzarse sobre los raíles buscando rédito. Sin importar la prudencia, sin esperar a que los técnicos y la justicia determinen qué ha fallado, el objetivo prioritario es golpear al adversario. El sufrimiento ajeno se instrumentaliza, se despoja de su humanidad y se reduce a un simple argumento de usar y tirar en el tablero de la confrontación permanente.

Esta forma de actuar revela una profunda degradación de la esfera pública. Cuando el dolor colectivo se utiliza para alimentar la polarización, no solo se falta al respeto a quienes sufren directamente el golpe; se erosiona la propia democracia. Una sociedad sana necesita fiscalización rigurosa, exigencia de responsabilidades y debate sobre la inversión y la seguridad pública. Pero existe un abismo insondable entre la política seria que protege a los ciudadanos y el oportunismo carroñero que se alimenta de sus tragedias.

Hay líneas que nunca se deberían cruzar, porque cuando la miseria moral se instala en el centro del debate, lo único que descarrila es la humanidad.

Huelga general del 11-N: una urgencia democrática y de clase

Hubo un momento, previo a la convocatoria, en el que la duda táctica sobrevoló

a muchos sectores de la izquierda social y sindical. ¿Era este el momento idóneo?

¿Se medían bien los tiempos? Sin embargo, la realidad material ha resultado

inapelable y se ha encargado de barrer cualquier atisbo de vacilación. Cuando la

vida cotidiana de las clases populares se convierte en un asunto de supervivencia,

la neutralidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La

Huelga General del próximo 11 de noviembre no solo es oportuna sino una radical

y absoluta necesidad histórica.

Estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que apuesta por un modelo de

precarización total. Basta mirar la alternativa que la derecha y la extrema

derecha, hoy defensoras a ultranza de los dogmas que el neoliberalismo más

salvaje, tiene diseñados para el mundo del trabajo, para entender la urgencia de

esta huelga general. No estamos ante meras discrepancias ideológicas, sino ante

un plan sistemático de supresión de derechos.

Comprobar el seguidismo con las políticas de Milei causa terror. Proponen un

horizonte laboral donde se normalizan las 48 horas semanales de trabajo y se

institucionaliza el robo del tiempo a través de horas extras no retribuidas.

Pretenden implantar un periodo de prueba de 12 meses para cualquier contrato

que convierte el empleo en una tómbola de usar y tirar, reducir drásticamente

las indemnizaciones por despido para abaratar el coste de echarnos a la calle, e

incluso rebajar al 50% los días de baja por incapacidad temporal que pasa al

control de las Mutuas, castigando doblemente a quienes enferman.

Por si esas propuestas, ya aplicadas en Argentina, aun fueran poco, incluyen la

imposición de un salario variable que traslada el riesgo empresarial al bolsillo del

trabajador, al tiempo que buscan amordazar la disidencia limitando por ley el

derecho de huelga y condicionando la celebración de asambleas a la explícita

autorización de la empresa. Frente a este modelo de sumisión patronal, la única

respuesta democrática de la clase trabajadora es el bloqueo de la producción.

Es una emergencia material la situación del acceso a vivienda, la precariedad de

los salarios y el inasumible coste de la cesta de la compra. La Huelga del 11-N

responde a esa triple pinza que asfixia a la mayoría social. En primer lugar, la

vivienda se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Comprar una casa es

una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría, y un alquiler inasumible que

devora la nómina, golpeando con saña a la juventud, pero atrapando también a

familias enteras de cualquier sector y edad bajo la bota de la especulación

inmobiliaria y los fondos buitre. Los salarios están condenados al estancamiento,

suben a duras penas y demuestran que trabajar ya no garantiza vivir con

dignidad. La escalada desbocada de los precios de alimentos y combustibles

amenaza directamente la subsistencia más elemental. La clase trabajadora no

puede seguir pagando la factura de una crisis que no ha generado.

¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es la calle quien ha tomado el relevo en

los centros de trabajo y los problemas estructurales ya estaban ahí, y es evidente

el desborde social. La calle lleva tiempo rugiendo en manifestaciones

multitudinarias de personas exigiendo un freno al drama de la vivienda. Es lógico

que las organizaciones sindicales de clase no miren hacia otro lado. Se ha tratado

desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada,

bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos

años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y

movilizado a más de doscientas mil personas afectadas.

Abordar el 11-N desde la perspectiva castellanomanchega exige poner sobre la

mesa los rostros y los números de nuestra región, donde las debilidades

estructurales agudizan cada zarpazo de la situación. En nuestra comunidad

autónoma, entre 22.000 y 25.000 personas dependen directamente del subsidio

para mayores de 52 años, un pilar fundamental en un territorio con una pirámide

demográfica envejecida y serias dificultades de recolocación laboral sénior. A esto

se suman los miles de hogares que malviven bajo la red de seguridad del Ingreso

Mínimo Vital, y los 388.806 pensionistas de Castilla-La Mancha, tres colectivos a

los que si hoy la inflación desbocada y los recortes decapitan estas rentas

asistenciales y pensiones. Las propuestas que se plantean desde la derecha y la

patronal son una sentencia de muerte social para nuestra Comunidad Autónoma.

A esto se suma un mercado laboral castigado por la periferia económica. Castilla-

La Mancha sufre un modelo productivo excesivamente dependiente del sector

servicios de baja intensidad, la logística precaria y un campo castigado por los, a

menudo, abusivos márgenes de la cadena alimentaria. La aplicación de las

recetas de la derecha tendría un efecto devastador en provincias donde los

convenios colectivos ya arrastran una histórica brecha de precariedad respecto

al centro del Estado.

En conclusión, la huelga general del 11 de noviembre no es un capricho sino un

acto de legítima defensa colectiva. La clase trabajadora castellanomanchega no

puede tolerar que le roben el presente y el futuro en nombre de la rentabilidad

del capital.

Cuando los cimientos de la vida digna (el pan, el techo y el salario) están bajo

mínimos, la única respuesta a la altura de la historia es decir basta. El 11-N, la

Huelga General es empezar a reconstruir la esperanza.