Después del ruido

El cielo ardía con un resplandor enfermo, como si la tarde sangrara sobre las ruinas. Paloma observó el horizonte desde el viejo espigón y pensó que la humanidad finalmente había cumplido su promesa: destruirlo todo con dulzura, sin mirar atrás. Nadie parecía haber hecho nada verdaderamente importante para detener la ola que los devoraba, como si pensar y hacer el bien hubiera resultado un lujo imposible.

Él llegó tarde, cubierto de polvo y con una flor marchita entre los dedos. “Aún hay belleza”, murmuró, ofreciéndosela. Paloma sonrió con una tristeza que dolía. Miraron el mar, que rugía como un animal viejo, devorando la última luz. En ese instante, se abrazaron con una ternura que desafiaba la razón. No quedaba nada, salvo ese gesto. Ni gobiernos, ni ciudades, ni promesas de redención. Solo la pura insistencia de amar cuando ya no hay futuro.

Bajo el reflejo terminal del mundo, comprendieron que quizás ese fuera el sentido perdido: no evitar lo peor, sino amarse dentro de él.

Una guerra al revés: quién pone las bombas y quién es el terrorista

La derecha y sus medios afines han conseguido que miremos al mundo del revés y, lo peor, es que casi nos están acostumbrando a ello. Nos repiten para que no se nos olvide, quiénes son “los buenos”, quiénes “defienden la democracia”, o quiénes solo se “protegen” con sus bombardeos preventivos. Y mientras, las cifras de muertos se van amontonando cómo daños colaterales en los márgenes de la realidad de la pantalla, con un pequeño matiz: casi todos esos muertos tienen la piel más oscura y si me apuran, el pasaporte equivocado.

Netanyahu, presentado durante años como “socio fiable” y defensor de la única democracia de Oriente Próximo, hoy encajaría mejor en los viejos relatos religiosos como un destructor de mundos, que en el álbum de familia de las democracias liberales. Trump y sus imitadores europeos, siempre tan preocupados por la civilización occidental, que comparten un rasgo con él cómo es su desprecio por las vidas que no entran en su comunidad moral. No son errores, no son excesos: es una jerarquía sobre el valor de las vidas perfectamente asumida por la derecha.

Han convertido la palabra “terrorista” en uno de los instrumentos más eficaces para establecer esa jerarquía. Los estados militarmente más poderosos bombardean, invaden, ocupan y se reservan el derecho a hacerlo tantas veces como quieran y cuando les dé la gana. A eso lo llaman doctrina de seguridad, ataque preventivo, defensa de fronteras. Los que responden desde el otro lado, como pueden y con lo que tienen, se han convertido de inmediato en terroristas. La violencia vertical de los poderosos se llama orden; la violencia de los que están abajo, barbarie. El mismo misil cambia de nombre según quién lo lance.

Todo esto sería grotesco si no fuera tan trágico. Porque los mismos que van a misa diaria y se declaran provida en sus discursos parlamentarios, los que se indignan ante la sola palabra aborto, cierran filas después ante miles de niñas y niños destrozados bajo bombas inteligentes. No les tiemblan las piernas ante los hospitales reventados por bombas, pero sí se manifiestan ante una clínica de planificación familiar. Son tan cínicos, que se confiesan buenos cristianos mientras aplauden el castigo colectivo, la venganza infinita, el ojo por toda la cara, la Furia Épica. El sermón de la Montaña lo reducen a un sermón de su pantagruélica sobremesa, de mucho golpe de pecho, pero pocas bienaventuranzas.

En la Europa a la que pertenecemos, el reflejo de esa hipocresía tampoco es precisamente edificante. Han convertido la complicidad en rutina diplomática. Se reciben con honores a dirigentes que acumulan muertos en sus fronteras; se firman contratos, se estrechan manos, se brinda por la estabilidad. Quien se atreve a recordarnos que, quizá haya algo de genocida en ese socio estratégico es acusado de irresponsable, extremista, antisemita o aliado del caos. Y luego nos preguntamos por qué los discursos de odio encuentran el terreno abonado también aquí.

La coartada preferida por la derecha sigue siendo la de siempre: no va de sangre, va de libertad, de seguridad, de valores. Pero bajo esas capas de eufemismo se percibe con bastante claridad la vieja realidad de su ideología: esto va del dominio de la gente blanca sobre los pueblos que no lo son. Va de quién decide qué gobierno es legítimo o qué resistencia es aceptable. Va de quién reparte los carnés de civilización y quién se queda siempre al otro lado de la valla, del muro o del mar. O dicho más crudamente, qué víctimas merecen portada y cuáles no.

El resultado de todo esto no es solo la devastación material de un país, sino también una devastación moral que nos alcanza de lleno. Cada bomba que justificamos abre una grieta más en esa ficción de “comunidad internacional” y “valores occidentales” que nos repiten para intentar que durmamos mejor. Cada vez que nos tragamos, muchos ciudadanos sin siquiera masticar el relato de los ataques preventivos, cada vez que aceptamos que unos muertos valen menos que otros, estamos sembrando lo que luego llamaremos con sorpresa: nuevos fanatismos, más odio. No hace falta ser ni genio ni profeta para saber, que de esta contabilidad desigual que hacen solo saldrán más atentados, más guerras, más miedo.

Quizá el primer gesto de higiene democrática de los ciudadanos honestos sea dejar de repetir ese lenguaje con el que nos venden este mundo al revés. Llamar a las cosas por su nombre: supremacistas a los supremacistas, genocidio al genocidio, hipocresía a la hipocresía. Recuperar palabras como democracia, paz o derechos humanos para que no sean la coartada de los que bombardean, sino la exigencia de los que son bombardeados.

Y, sobre todo, empezar a contar todos los muertos (incluidas las más de 150 niñas iranies, aunque Esperanza Aguirre diga que su muerte es un bulo), también a los que no se parecen a nosotros, también los que caen lejos de nuestro país. Nos guste o no, todos los muertos de una guerra que los europeos justifiquemos son parte de nuestra propia biografía, por permitir estos actos delictivos de Israel y EEUU. La historia nos enseña que pasarán una factura a Europa, y que no se va a solucionar con el rearme nuclear, esa última ocurrencia de Macron.

La postura española frente al ataque a Irán.

Aunque pueda parecer difícil de creer el hecho de que Francia, Alemania y el Reino Unido se hayan posicionado junto a EE UU e Israel y en contra de Irán, lo cierto es que no es un “apoyo” solo por convicción jurídica, sino más bien por una combinación de alineamiento geopolítico con Washington y Tel Aviv, por cálculo de seguridad y para la construcción de un relato hacia su propia opinión pública.

Los tres son pilares del eje transatlántico y de la OTAN; perciben su credibilidad como aliados ligada a no romper públicamente con Washington e Israel, incluso cuando la base legal del uso de la fuerza es discutible. En el contexto de la guerra en Ucrania y la dependencia de la disuasión norteamericana frente a Rusia, sus gobiernos evitan aparecer como actores que “debilitan” al socio estadounidense cuestionando frontalmente la operación.

Desde hace años, París, Berlín y Londres presentan a Irán como actor desestabilizador (programa nuclear, misiles, apoyo a milicias y envío de drones a Rusia), lo que facilita justificar un alineamiento político con medidas de fuerza contra Teherán, aunque no participen militarmente por ahora. En su narrativa, los ataques se insertan en una lógica de “contención” y de evitar que Irán alcance capacidad nuclear militar, lo que desplaza a un segundo plano la discusión sobre la legalidad estricta de la operación bajo la Carta de la ONU.

El “apoyo” europeo es sobre todo discursivo: condena de Irán, reafirmación del “derecho a defenderse” de Israel y EEUU, y coordinación cercana, combinados con la insistencia en que no han participado en los bombardeos. Esta ambigüedad sirve para tres cosas: mantener la solidaridad con el aliado, minimizar riesgos de represalias directas contra intereses europeos y conservar un cierto margen para mediación diplomática.

Los gobiernos perciben a Irán como fuente de riesgos internos (terrorismo, ciberataques, redes de influencia, tensión en comunidades de la diáspora) y externos (ataques a tropas, embajadas, tráfico marítimo), lo que les lleva a priorizar la lógica de “contener a Irán” sobre la defensa coherente del principio de no uso de la fuerza. En la ecuación política doméstica, el coste de aparecer “débiles” frente a Irán o desleales con EEUU e Israel se valora como mayor que el coste de erosionar el discurso sobre derecho internacional, que suele quedar más difuminado para la opinión pública general que para las élites jurídicas.

En términos de derecho internacional, incluso líderes europeos han reconocido explícitamente que determinadas oleadas de ataques carecen de base legal clara, mientras, en paralelo, otros socios dentro de la UE y de la OTAN los aplauden o los consideran compatibles con la “autodefensa”. Esta disparidad evidencia un patrón estructural: el derecho internacional se interpreta de forma expansiva para los aliados estratégicos y de forma restrictiva para los adversarios, lo que se señala como “ataque ilegal” se acepta políticamente porque sirve a intereses percibidos como superiores (seguridad, contención de Irán, cohesión occidental), aun a costa de vaciar de contenido la norma.

El gobierno español se ha colocado claramente en una posición disonante respecto al eje París‑Berlín‑Londres, combinando condena política de los ataques de EEUU e Israel con una apelación explícita al respeto del derecho internacional y a la desescalada. España ha calificado la operación como “acción militar unilateral”, sin cobertura de la Carta de la ONU ni del derecho internacional, y han rechazado que sea una vía legítima para gestionar la crisis con Irán. A la vez, el Gobierno condena también las actuaciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, intentando mantener un perfil “equidistante” en términos normativos (rechazo de la violación de derechos y de la escalada militar venga de quien venga).

Frente al atlantismo disciplinado de Francia, Alemania y Reino Unido, España se proyecta como voz “garantista” dentro de la UE, poniendo el acento en legalidad internacional, multilateralismo y diplomacia, lo que refuerza un rol de disidencia controlada dentro del bloque occidental. Esta posición alimenta una narrativa de coherencia (mismo discurso que en Gaza y Ucrania: defensa del derecho internacional y rechazo de la guerra como herramienta política), pero a la vez aumenta la fricción con Israel y con la Casa Blanca, que ya ha derivado en acusaciones israelíes de que España “se alinea con los tiranos del mundo”.

Desde la lógica de la política exterior, España asume costes en términos de tensión diplomática con Israel y de menor alineamiento visible con EEUU, a cambio de ganar reputación como actor normativo y de diferenciarse dentro de la UE, algo coherente con la evolución reciente de su política hacia Palestina y Gaza. En términos de derecho internacional y del marco que un ataque ilegal y de vulneración de la Carta, la posición española es una de las pocas dentro de la UE que verbaliza abiertamente esa ilegitimidad jurídica de la operación, aunque sin traducirla en medidas materiales (sanciones, suspensión de cooperación militar, etc.), por lo que sigue moviéndose en el terreno de la condena política y simbólica

PAÍS DE LOCOS, CON DEMOCRACIA DE MENTIRIJILLA

En España, lo más sorprendente no es que tengamos sol, costa y selección de fútbol competitiva, sino que nuestras instituciones lleven décadas especializándose en el arte de funcionar al revés de como deberían hacerlo según la Constitución. Sobre el papel disfrutamos de una escrupulosa separación de poderes, pero en la práctica, el sistema se parece más a una merienda en la que jueces, obispos, banqueros y ministros comparten mantel, sobremesa y, llegado el caso, hasta el mismo abogado de cabecera. Democracia de mentirijilla.

La judicatura, que debería ser el árbitro imparcial en este partido, ha desarrollado una puntería política digna de estudio, porque siempre suele errar el tiro cuando enfila a las élites conservadoras, mientras afina la puntería cuando se trata de dirigentes de izquierdas.  No es necesario que nos imaginemos salas judiciales empapeladas con portadas de prensa afines; basta con observar los resultados: unos salen de los tribunales con la reputación reforzada, mientras otros entran en los juzgados como quien accede a un laberinto procesal sin conocer si hay salida.

En este reparto de papeles, las figuras del PP, tienen un protagonismo peculiar. Ejemplos de ello son Montoro que no es solo un exministro, sino un personaje digno de novela: un  contable discreto que al final, resulta ser el dueño de la editorial, del edificio y, si se descuida, de la calle entera.  Una Ayuso y su pareja, que funcionarían bien como pareja de una comedia en la que ella actúa como presidenta eternamente indignada y él es un ejemplo de “ascensor social” que pasa de dependiente de grandes almacenes a figura destacada del sector sanitario privado cómo quien cambia de compañía telefónica.  Y un Aznar que deambula por la escena como un villano empeñado en pulir su propio mito, indiferente a pequeñas incidencias como la guerra de Irak o la caja B del partido, episodios que en su biografía casi no ocupan espacio.

Pero lo más llamativo de estos protagonistas no es solo su historial, sino la calidad de su impunidad. Mientras el ciudadano de a pie precisa para poder dormir cada noche de infusiones para conciliar el sueño, estas élites conservadoras duermen a pierna suelta con la tranquilidad de quien sabe que, pase lo que pase, siempre habrá un juez comprensivo, un tertuliano generoso que lo defenderá y un prelado disponible para recordar que lo importante es la estabilidad.

Al otro lado de la cama, la izquierda y su periferia sociológica soportan un insomnio con mucho menos glamur.  No porque acumulen más culpas, sino porque soportan más querellas, más campañas anónimas y más portadas alarmistas. Sus noches están llenas de acusaciones de financiación ilegal, cuentas en paraísos exóticos y conspiraciones varias, casi siempre sostenidas por rumores y recortes de prensa, que rara vez prosperan procesalmente, pero que bastan para mantenerlos en vela durante varias legislaturas.

Mientras tanto, aunque no se admita, la España institucional huele a rancio.  Los obispos continúan mandando cartas pastorales, los guardias civiles siguen desfilando, los jueces lucen sus puñetas con una dignidad que ya quisieran muchos influencers, y una parte del periodismo continúa hurgando en el fondo de reptiles.  A su alrededor, políticos de siempre, banqueros de siempre y aristócratas de siempre se reúnen en las mismas mesas de siempre, donde se decide, con buen humor y copa en mano, quién será investigado y quién merece una comprensión casi pastoral.

Sobre este decorado, las encuestas de intención de voto añaden una distopía: el probable triunfo del tándem PP‑Vox se anuncia como una revolución conservadora que amenaza con colapsar aún más la sanidad, deteriorar la educación pública y convertir la exaltación nacionalista y la formación del espíritu nacional en asignatura obligatoria cada semana.  Lo estamos viendo donde gobiernan, los hospitales siguen abiertos, aunque atascados; las escuelas continúan, aunque con telarañas; y las plazas se llenan de actos patrióticos que mezclan mitin, romería y un karaoke de los Meconios. No faltarán himnos, banderas ni un repertorio inagotable de agravios históricos cuidadosamente seleccionados para justificar cada recorte con toda la épica posible.

Ante este panorama, el ciudadano de a pie hace lo que mejor sabe hacer: adaptarse.  Desde los que compran melatonina para poder dormir ante esa España que se acerca, a los que apagan la televisión a la hora del parte, y los temerarios acostumbrados a leer el BOE como si fuera una novela de intriga, buscando entre órdenes y decretos la próxima jugada del poder.  

Lo inquietante de esta novela que los poderes facticos nos están escribiendo es que, el argumento se complica y ya no sabemos quién es el detective, quién el villano y quién la víctima. Lo único que es seguro es quién puede dormir a pierna suelta y quién, antes de acostarse, mira por la ventana por si la justicia, los vecinos o la prensa han decidido convertir su vida en el siguiente capítulo de esta interminable comedia. 

Y todo eso acontece mientras quienes más necesitan los servicios públicos, votan ciegamente a quienes les privaran de ellos. País de locos.

Carrera profesional en Castilla-La Mancha: hipocresía política convertida en riesgo sanitario.

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales. La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de “privilegio” corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional. 

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región. 

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía. Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica. Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un “extra” en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud. Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.

FEIJOO, DE OCA EN OCA, METIENDO LA PATA EN TODO LO QUE TOCA

No sabemos qué es peor: sí que en el PP no sepan qué hacer con Juan Carlos I o que, tengan una brillante idea. La última de Feijóo ha sido convertir la desclasificación de 153 documentos del 23F en una jugada de billar a tres bandas: castigar al Gobierno, exhibirse como el gran defensor de la monarquía y reclamar el regreso definitivo del rey emérito. El resultado conseguido fue el contrario: un desmentido de la Casa del Rey que le deja en evidencia. 

Alberto se cree el paladín de la corona y pidió que Juan Carlos volviera “para quedarse” y señaló a Sánchez como responsable de que siga en su residencia de lujo en Emiratos. El mensaje que quiere lanzar es que el héroe del 23F, ha salido reforzado por los papeles desclasificados, y que estaría sufriendo una especie de destierro político promovido por el Gobierno. Es el monarquismo tardío en su versión más torticera, buscando convertir la intervención del rey la noche del golpe en un salvoconducto vitalicio frente a cualquier reproche, ya sea moral, político o fiscal.

Sin embargo, en Zarzuela ya no compran esa versión nostálgica: “Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera”, siempre que, para “salvaguardar su imagen y reputación” y la de “la Corona como institución”, recupere su residencia fiscal en España. Nunca ha habido veto de Moncloa, nunca esto ha sido un destierro, no ha existido una conjura socialista bolivariana. Lo que no hay duda es de que existe una fortuna en el extranjero, que el emérito ha hecho regularizaciones a la carrera y que tiene un problema con Hacienda que el PP pretende ocultar bajo su “gran papel” en la Transición.

Durante años, el juancarlismo ha sido el pegamento sentimental del régimen del 78: la foto de Tejero en el Congreso, el rey como salvador de la democracia y una narrativa que convertía el 23F en un certificado que le legitimaba para todo. Pero los hechos posteriores han ido destrozando ese mito, empezando por la destrucción de archivos del franquismo que ordenó Martín Villa, las sombras en torno a la caída de Suárez, las amistades peligrosas del emérito y, finalmente, la fortuna opaca y las regularizaciones fiscales. Que en 2026, Feijoo quiera apelar al “héroe del 23F” para no hablar de millones que tiene en Suiza no se sabe si suena más a coartada que a cinismo de un desmemoriado consciente.

La maniobra de Feijóo tiene, además, un problema institucional, puesto que al exigir que el Gobierno se pronuncie a favor del regreso del emérito, coloca al Ejecutivo en la posición de aparentar que puede ordenar, sugerir o influir sobre una decisión que la propia Casa del Rey define como una decisión personal de Juan Carlos. El partido que se proclama garante de la monarquía empuja así al jefe del Estado al barro de la política de trincheras que practica el PP mientras dice querer evitarlo.

A ello hay que sumar el relato de una parte de la derecha mediática que insiste en el supuesto “destierro” del emérito, ignorando tanto los comunicados de Zarzuela como el hecho elemental de que “puede regresar cuando él quiera”. Con ese  negacionismo la derecha no protege a la Corona, la convierte en un juego propio de niños, puesto que al hacerlo lo que nos está diciendo es que el rey firma todo lo que le dicta el Gobierno. Dicho más claro, que la institución no es capaz ni de gestionar su propio pasado.

La paradoja final es tan contundente que no se sabe si reír o ahogarse en lágrimas: el PP se reivindica como el partido de la monarquía mientras actúa como su principal riesgo. Defender el regreso de Juan Carlos sin exigirle transparencia fiscal no es lealtad institucional don Alberto, es defender la impunidad. Si la Corona quiere sobrevivir a la crisis que supone la situación de Juan Carlos I necesita más ejemplaridad y más democracia adulta, lo que es tan simple cómo poner en práctica que ningún rey puede estar por encima de las reglas.

Manual para una guerra injusta

Hace días que se esperaba el ataque. Hoy, los mapas que estudiamos en los colegios e institutos nos engañan. Sobre el papel, Irán es un país lejano, al este de un mar con nombre de golfo, atravesado por rutas de petróleo.  Esta mañana, sin embargo, en las pantallas de TV, Irán es un blanco móvil: una diana luminosa donde dos aliados se reparten el derecho de apretar el gatillo y luego llamar a eso “defensa”, “libertad” o “orden internacional”.

Washington y Tel Aviv se consideran a sí mismos la cima del mundo.  Uno se sabe imperio y el otro frontera armada hasta los dientes. Uno perdió hace tiempo la inocencia y el otro la reclama como coartada permanente.  Juntos convierten en realidad su viejo sueño, el país más fuerte, la fortaleza más segura, el tránsito más vigilado de petróleo y mercancías. Para ello necesitan un presente de sirenas, misiles y que sirios, libaneses, gazatíes, e iraníes aprendan el idioma universal del miedo.

Las guerras de hoy no empiezan con un disparo sino con una frase.  Ayer fueron las “armas de destrucción masiva” en Irak, un fantasma químico agitado como espantajo ante las cámaras.  Hoy es la “capacidad armamentística” de Irán, ese monstruo que siempre está a punto de ser destruido del todo, pero nunca lo suficiente como para tener que dejar de bombardear.  Con la palabra preparan el terreno, los titulares empiezan a excavar las trincheras, y el experto militar del plató nos pone la venda antes de la herida.

Hace un momento, el genocida  que sigue de presidente israelí y el americano presidente premio Nobel de la guerra,  proclamaban que las bombas caerán para liberar al pueblo iraní, si alguien muere son daños colaterales para alcanzar un bien mayor.  Se les promete libertad desde la cabina del avión que no verá nunca sus rostros, ni sus mercados, ni sus escuelas, ni sus hospitales. Es triste comprobar que la libertad les llegue en forma de explosivo inteligente, que siempre sabe muy bien a quién mata y a quién deja sin luz ni agua. Irán ha respondido, y ya algún tertuliano ha vuelto con las frases que ya conocemos de memoria: “Israel tiene derecho a defenderse”, “nuestro aliado ha sido injustamente atacado”, “la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado”. ¿Os suenan?

Mientras tanto, la comunidad internacional mira hacia el lado de siempre, hacia el otro.  Bruselas convoca ya sus reuniones urgentes, redacta esos comunicados equilibrados y equidistantes, y distribuye silencios siempre desiguales.  La Unión Europea, Canadá, los socios ejemplares de la OTAN repiten ese catecismo incumplido del derecho internacional, del orden basado en normas, de la necesidad de no premiar al agresor.  Pero cuando el agresor lleva su firma, su escudo, su industria, las normas se vuelven flexibles y el derecho se archiva en una carpeta en la que se puede leer cómo título “circunstancias excepcionales”.

En la otra cara del mapa, allí donde no llegan los drones, se dedican a hacer sus encuestas.  En Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos no quiere una guerra con Irán, pero su opinión es ignorada por su industria armamentista, los planes se afinan igual, los portaaviones se colocan frente a las costas adecuadas, los escenarios se ensayan como si fueran películas de acción con presupuesto infinito.  Primero ataca Israel; luego, Estados Unidos acude “en su ayuda”, como si no hubiera escrito el guion desde el principio.  La muerte siempre tiene una buena coordinación diplomática.

Galeano decía que el mundo al revés premia al revés, educa al revés, vive al revés. En este mundo al revés, las guerras se venden como operaciones de paz, los bombardeos como manuales de derechos humanos, los ejércitos como soldados en misiones humanitarias, pero con uniforme de camuflaje.  Al petróleo se le llama “seguridad energética”, al estrecho de Ormuz le llaman “arteria del comercio mundial”, pero los muertos no tienen nombre porque estorban en los gráficos del PIB americano.

Queda la pregunta, tan vieja como nueva ¿dónde termina la patria de los que mandan y dónde empieza el país de los que mueren?  Seguro que en algún despacho ya se firma la próxima fase de la ofensiva, mientras en alguna casa de Teherán, de cualquier barrio anónimo, una madre revisa la despensa y calcula cuántos días podrá mantener a sus hijos sin jugarse la vida saliendo a buscar alimentos.  Seguro que a esa madre no se le pasa por la cabeza que ella es parte de una “estrategia geopolítica”, pero ni falta que le hace. A ella le basta con escuchar el cielo lleno de ruido. A mí me basta con un mapa lleno de mentiras.

Es un buen momento para recordar a Martin Niemöller "Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”