El botín de las pensiones: la trampa de privatizarlas

Detrás del discurso agorero sobre la «insostenibilidad» del sistema de pensiones no hay rigor técnico, sino codicia. La propuesta de la extrema derecha de avanzar hacia la privatización no es que estén planteando un ajuste contable: es un atraco planificado al mayor fondo de riqueza pública de las clases trabajadoras para servírselo en bandeja a la banca y a las aseguradoras.

El modelo público de reparto descansa sobre un principio sagrado: la solidaridad intergeneracional. Sustituirlo por cuentas individuales de capitalización supone cambiar un derecho conquistado por una apuesta en la ruleta rusa de la bolsa. Si el mercado cae o la inflación sube, el jubilado se arruina; mientras tanto, el sector financiero se atiborra a comisiones aseguradas, pase lo que pase.

Además, los defensores del «sálvese quien pueda» ocultan la trampa del coste de transición. Si las cotizaciones de los jóvenes van a fondos privados, ¿quién paga a los pensionistas de hoy? El Estado tendría que endeudarse salvajemente o destrozar la sanidad y la educación pública, condenando a la juventud a una doble extracción: pagar la factura del pasado mientras intenta arañar un ahorro privado con sueldos de miseria. Ver a jóvenes apoyando a Vox y no pensando en lo que implica su propuesta en pensiones para ellos, solo invita a pensar en su ceguera ideológica. 

Este modelo no es neutral, sino despiadado con la mayoría. Para las rentas bajas y precarias, la privatización significa miseria en la vejez. Sin los mecanismos redistributivos del sistema público, la precariedad laboral se convierte en una condena perpetua. Para las mujeres, acentúa de manera salvaje la brecha de género, penalizando de por vida las interrupciones laborales ligadas a los cuidados.

El objetivo político es tan evidente como perverso: desmantelar la conciencia colectiva e individualizar el riesgo. Convertir al ciudadano en un accionista angustiado para que, si su pensión es indigna, culpe a su mala suerte bursátil y no a un sistema injusto. Las pensiones no son un producto financiero ni un nicho de negocio: son el salario diferido de una vida de trabajo. 

No se trata de sostener el sistema recortando derechos, sino de financiarlo auditando al gran capital, subiendo los salarios y persiguiendo el fraude. Vender la vejez al mercado no es modernizar el Estado; es desarmarlo.

La izquierda: fragmentación, táctica y la responsabilidad para el votante

Volvemos a tropezar con la misma piedra de la división. La izquierda posee un talento quirúrgico para convertir la suma en resta. El reciente y frustrado intento de configurar un espacio unitario total que integrase a la práctica totalidad de las fuerzas progresistas, federalistas y ecologistas bajo una misma hoja de ruta ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, se ha logrado un hito de gran calado al aglutinar a más de una decena de siglas de ámbito estatal y territorial (como Sumar, IU, Más Madrid, los Comunes, Compromís o CHA) y cerrar un pacto estratégico con el PSOE para presentar listas únicas al Senado que frene la mayoría absoluta del PP. Por otro lado, la exclusión final de Podemos y su estrategia de concurrencia separada, o integrada en formaciones soberanistas como ERC en Cataluña, abre un escenario de extrema complejidad para el electorado progresista. 

Desde una izquierda que quiere ser transformadora, no podemos mirar hacia otro lado ante este panorama. Nos encontramos ante un fracaso colectivo en la gestión de la pluralidad que trasciende las meras siglas y golpea directamente la línea de flotación de la ilusión militante.

Para el votante de izquierdas, este desenlace genera una disonancia emocional insoportable. Por un lado, la consolidación del bloque del Frente Amplio y su alianza táctica para la Cámara Alta demuestran madurez institucional y la comprensión de que, frente a la amenaza reaccionaria, la coordinación es una obligación democrática. Sin embargo, ver que los aparatos políticos son incapaces de tejer acuerdos en los grandes centros urbanos, allí donde precisamente se ventilan los escaños decisivos, devuelve a la ciudadanía la peor pesadilla de las facturas orgánicas y los vetos cruzados. 

Cualquier votante de izquierdas no busca una uniformidad ideológica estricta; entiende y valora la diversidad de sensibilidades que componen el espacio progresista. Lo que no comprende, ni tolera, es que se antepongan los intereses de partido o las tácticas de supervivencia orgánica a las urgencias sociales de la clase trabajadora. Eso es lo que ha sucedido. La ruptura no es solo un problema estético o discursivo; es una amenaza material en escaños. En un sistema electoral como el español, caracterizado por circunscripciones donde la ley D'Hondt castiga severamente la fragmentación, ir separados en plazas clave como Madrid o Barcelona no es un ejercicio de audacia, sino un riesgo suicida.

Los precedentes están ahí: en 2023, la horquilla de votos que decidió el último escaño en provincias decisivas se midió por un puñado papeletas. Fragmentar el voto a la izquierda del PSOE en los grandes núcleos urbanos equivale a regalar diputados a la derecha por la vía de los restos. La división penaliza el rendimiento electoral y debilita la capacidad de influencia real en las instituciones.

Ante este tablero, el peso de la responsabilidad recae, una vez más, sobre los hombros del elector. A falta de la altura de miras que las direcciones políticas no han sabido demostrar en su totalidad, los votantes se verán impelidos a ejercer un ejercicio de pragmatismo defensivo. Muchos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre no desde la euforia movilizadora, sino desde la trinchera del voto útil y la conciencia de lo que está en juego. 

Ocurra lo que tenga que pasar el 29 N, la izquierda necesita con urgencia una profunda catarsis tras este proceso. Es imperativo superar el narcisismo de las pequeñas diferencias y entender que la hegemonía no se conquista desde la atalaya de la pureza sectaria, sino desde la capacidad de seducir a la mayoría social. Hasta que los partidos a la izquierda del socialismo institucional comprendan que la unidad no es un lema de campaña, sino una condición de supervivencia política, el votante seguirá cargando sobre sus espaldas el peso de enmendar los errores de sus dirigentes.

Agonía hasta medianoche

Hoy, a las 23:59 horas, expira el plazo legal para registrar las coaliciones electorales de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Apenas quedan unas horas de margen y, mientras el reloj avanza hacia la medianoche. Se proyecta un retrato desolador: el de una izquierda enredada en vetos cruzados, tacticismos de baja intensidad y disputas por cuotas de poder. 

Como alguien comprometido con la transformación social y el bloque de progreso, contemplo las noticias de esta semana no solo con frustración, sino con indignación política. Lo que estamos presenciando en la antesala de este cierre de filas no es un sano debate de ideas ni una reafirmación de principios; es una irresponsabilidad histórica.

Y eso que, a lo largo de los últimos días, los titulares han tratado de vendernos como "avances" lo que en realidad son parches aislados. Se celebra la firma del acuerdo en Canarias o entendimientos autonómicos en Aragón. Sin embargo, la realidad de fondo es inapelable: la dirección estatal de la izquierda alternativa se dirige con el pie en el acelerador hacia la fractura en plazas clave como Madrid y Cataluña. Belarra y Maíllo han protagonizado un cruce de reproches a contrarreloj. Frente a los intentos de Podemos por cerrar acuerdos "a la carta" en diez comunidades obviando la estructura del Frente Amplio, la respuesta de IU y Sumar ha sido frenar en seco lo que a todas luces es trocear por oportunismo el espacio. No lo expongo así por equidistante, sino porque como dicen en mi tierra “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Mientras tanto, figuras públicas se apresuran a recordar en los medios que "esto va de parar al fascismo y no de contar escaños". Pero cuando la hora de la verdad exige ceder puestos en las listas y compartir espacios de decisión, la retórica antifascista se diluye en la contabilidad partidista de despacho. Y es innegable que por una parte ha habido más disposición a renunciar al puesto que por otra

Las trabas que impiden cerrar un acuerdo unitario antes de las 24:00 horas no responden a diferencias ideológicas insalvables entre el programa social de Podemos y el del Frente Amplio, sino a varios  problemas estructurales en las cúpulas directivas, de los que señalo algunos, que pueden ser solo fruto de mi visión y no los reales de fondo.

El sistema de representación provincial en España no perdona a la izquierda dividida. Acudir a las urnas el 29-N divididos en múltiples papeletas en provincias de tamaño medio no equivale a "dar voz a la pluralidad": equivale a hundirse por debajo del umbral del escaño y regalar los restos electorales directamente al bloque del PP y Vox. Ignorar la matemática de la circunscripción provincial a escasas horas del límite legal es desertar de la responsabilidad política.

Existe una peligrosa confusión entre preservar la identidad y encerrarse en la irrelevancia. En sectores de la dirección de Podemos se ha equiparado la transacción política con la capitulación, prefiriendo la trinchera del "voto puro" a la integración en un frente común. Puede que, del mismo modo, desde Frente Amplio no se haya sabido exponer que no se trata de una lógica de absorción, La negociación de estos pactos no se puede abordar mediante el intercambio de ultimátums a través de la prensa a 24 horas del cierre del registro electoral. La incapacidad para construir espacios de diálogo estables durante los meses previos demuestra que los responsables no han estado suficientemente preocupados por construir un proyecto solvente con vocación de gobierno.

Presumir de acuerdos en unas islas o en una comunidad mientras las grandes urbes, que son las que determinan las mayorías del Congreso, van divididas refleja una visión fragmentada del Estado. El electorado de izquierdas exige certezas; un rompecabezas incoherente donde las alianzas cambian según la provincia solo genera desconcierto y desmovilización en las urnas.

Y como decía, a las doce de la noche de hoy se apagará la luz del registro electoral. Si las cúpulas partidistas no aprovechan estas últimas horas para dar un golpe de timón y aparcar la disputa por las siglas, el diagnóstico para el 29-N será tan claro como amargo: la abstención por desencanto y la fragmentación sociológica abrirán de par en par la puerta de la gobernabilidad a la derecha y a la extrema derecha.

La clase trabajadora no pedía una fe ciega ni un amor idílico entre todos los partidos, sino la madurez táctica indispensable para defender las conquistas sociales que la derecha y ultraderecha ya anuncian que van a recortar. Si el reloj marca la medianoche sin acuerdo, los dirigentes de la izquierda alternativa no podrán culpar al electorado, porque la responsabilidad de la derrota será íntegra y exclusivamente suya.

Monarquía, memoria y la brecha franquista en el relato oficial

A veces la política no solo se ejerce en el plano legislativo u orgánico; sobre todo, es llamativa en el plano simbólico. Toda estructura de poder necesita liturgias que refuercen su legitimidad y su jerarquía. La reciente visita de los reyes a Ceuta y Melilla, acompañada de vítores, estética patriótica y baños de masas, funciona como un recordatorio de cómo la puesta en escena institucional busca invisibilizar las contradicciones profundas de nuestro sistema político. 

La monarquía en España arrastra un problema de legitimidad de origen y de desempeño. Como bien señala la memoria histórica, la institución monárquica restaurada no surgió de un proceso constituyente soberano e independiente, sino de un pacto de continuidad ligado al régimen franquista. Los baños de masas y el fervor patriótico en plazas abarrotadas no son una novedad. Personalmente me  evocan la misma ingeniería de consenso de masas que durante décadas utilizó la dictadura, donde a la población civil nos convertían en un mero atrezo de bandera y sumisión ante el paso de las autoridades. Sin embargo, el problema central no es solo lo que la liturgia muestra, sino lo que oculta de forma deliberada.

Me centraré en Ceuta. Existe una Ceuta de barrios marginales, de "gente sin banderas", golpeada por la desigualdad estructural, la exclusión socioeconómica y el abandono institucional. Existe una frontera militarizada donde las vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes son sistemáticamente ignoradas. Existen miembros de nuestro ejército cuyas frases avergüenzan a cualquiera. Pero la Jefatura del Estado elige dar la espalda a esa realidad. Al obviar la desigualdad y las violencias que ocurren en las periferias de la ciudad autónoma, la Monarquía demuestra que su función pacificadora y unificadora es ciencia ficción: no representa al conjunto de la ciudadanía, sino a una determinada concepción nacional excluyente y conservadora. 

A esto se suma un fenómeno cada vez más evidente: la creciente politización e instrumentalización de la figura real. La Constitución atribuye al monarca un papel de arbitrio y neutralidad, pero en la práctica observamos una paulatina deriva hacia un perfil ideologizado que conecta con los discursos más reaccionarios del nacionalismo español. El rey no acude a reconvenir las injusticias ni a fiscalizar la violencia institucional en las calles; acude a validar un relato de adhesión incondicional. 

Para los residuos del franquismo que siguieron vivos durante la Transición y lo siguen estando hoy, las banderas flameando en las plazas saben que impiden ver las deficiencias del sistema. Pero la democracia no se mide por la cantidad de fervor patriótico que un jefe de Estado no electo pueda convocar, sino por la garantía de los derechos de los sectores más vulnerables. Mientras la institución monárquica siga prefiriendo la puesta en escena de la adhesión incondicional frente al compromiso con los derechos humanos y la justicia social, seguirá siendo un anacronismo al servicio de las élites y un constante recordatorio de las sombras de nuestro pasado.

Crónica de una desconexión anunciada

La política de izquierdas vive momentos de profunda perplejidad cuando las expectativas de confluencia se estrellan contra la cruda realidad de los aparatos orgánicos. El reciente y sorprendente pacto en Cataluña entre Rufián e Irene Montero, lejos de escenificar el ansiado paso hacia un Frente Amplio unitario, ha funcionado como dinamita sobre los puentes tendidos durante meses. Nos lo vestirán como quieran, pero lo cierto y verdad es que las bases progresistas asisten atónitas a un espectáculo donde el tacticismo y las cuentas de partido parecen pesar infinitamente más que la imperiosa urgencia de frenar a la extrema derecha. 

Durante meses se vendió a la ciudadanía que la situación actual exigía una generosidad inédita, que respetara en cada circunscripción a quienes tuvieran mayor capacidad de arrastre. Sin embargo, la teoría de la épica democrática ha chocado con la cruda necesidad de tragarse sapos y lidiar con odios y recelos mutuos entre formaciones que parecen más cómodas disputándose parcelas de poder que construyendo un bloque histórico. El resultado colateral de este entendimiento bilateral ha sido debilitar a espacios como los Comuns, que venían de superar electoralmente a ERC en 2023, resquebrajando la confianza desde la línea de salida. 

Este divorcio entre la dirigencia política y la calle se refleja de manera descarnada en el estado de ánimo de la militancia y de los votantes, tal y como evidencian las reacciones airadas en los foros de debate y la opinión pública. La ciudadanía progresista acumula un cansancio crónico ante el espectáculo del ego, las siglas cerradas y los cálculos de despacho. Entre el electorado se extiende peligrosamente la tesis de que ciertas formaciones, como Podemos, parecen posicionarse cómodamente para un rol de oposición a corto plazo, aprovechando la inercia de la confrontación sin asumir las responsabilidades directas de la gobernabilidad, o de que los liderazgos periféricos priorizan sus propias dinámicas orgánicas frente al bien común.

El coste de esta inoperancia es demoledor para el conjunto del espacio a la izquierda del PSOE. Ante la incapacidad de articular una candidatura unitaria sólida y reconocible, el votante de izquierdas se encuentra abocado a una disyuntiva trágica: o bien experimenta una profunda desafección que le conduce directamente a la abstención, o bien opta por refugiarse en el PSOE "con la nariz tapada" para evitar que el bloque reaccionario asuma el poder por la vía de la incomparecencia del resto de actores.

La lección que arroja este escenario es de una gravedad incuestionable. La izquierda a la izquierda del Partido Socialista no puede seguir exigiendo un cheque en blanco a una ciudadanía que ya ha madurado democráticamente. Si los partidos son incapaces de entender que la unidad es una herramienta de emancipación y no un mercado de fichajes y sillones, el veredicto de las urnas no tardará en pasarles una factura inapelable. Las formaciones progresistas corren el grave riesgo de descubrir que, de tanto juego a de tronos en los despachos, lo único que habrán logrado es vaciar de esperanza el futuro de las clases trabajadoras.

Por qué la derecha no pierde a los suyos

Existe un desconcierto recurrente en las filas progresistas cada vez que la derecha gana unas elecciones anunciando recortes en los servicios públicos, desregulaciones laborales o ajustes que impactan en las condiciones de vida de sus propios votantes. La pregunta, formulada desde la perplejidad, suele ser ¿por qué no dejan de votarles si les están diciendo a la cara que van a machacar su futuro?

La respuesta sencilla es que la política nunca ha sido una hoja de cálculo. La respuesta pensada exige mirar más allá del mito de la elección racional y asumir que la derecha ha entendido la naturaleza humana y la hegemonía cultural mucho mejor que sus detractores.

En primer lugar, el voto hoy no se emite con la calculadora en la mano, sino con la bandera de la identidad en el pecho. En un contexto de polarización afectiva extrema, el acto de votar es, ante todo, una declaración de pertenencia comunitaria. Aun reconociendo que el programa económico del líder propio perjudica el bienestar personal y le genera una disonancia cognitiva destructiva. Para ese votante, resulta infinitamente más tolerable asimilar un sacrificio económico o justificar una promesa dura que darle la razón al adversario. Antes la austeridad que la claudicación cultural.

En segundo lugar, opera lo que Gramsci denominó hegemonía cultural, convertida hoy en el “sentido común” neoliberal. Durante décadas se ha inoculado con éxito la idea de que la prosperidad es un asunto estrictamente individual y meritocrático. Bajo este prisma, los recortes en lo público no se perciben como el desmantelamiento del futuro colectivo, sino como la eliminación de trabas para que el individuo “salga adelante por sí mismo”. La narrativa del “no hay alternativa” y del “no se puede gastar lo que no se tiene” transforma la merma de derechos en una especie de doloroso “mal necesario”.

A esto se suman los miedos. La derecha política y mediática posee una habilidad extraordinaria para desplazar el eje del conflicto social. Cuando el debate público abandona el eje vertical (arriba contra abajo, capital contra trabajo) y se traslada al eje horizontal (nosotros contra ellos), la prioridad del elector cambia. La amenaza al futuro ya no es el recorte en la sanidad o en las pensiones, sino la inmigración, el ataque a la tradición o la supuesta descomposición de la patria. El voto se convierte así en un escudo defensivo frente a un pánico cultural amplificado a conveniencia.

Tampoco conviene obviar la dimensión del voto aspiracional. Gran parte de las clases medias y trabajadoras que apoyan proyectos conservadores no votan según la realidad de su nómina actual, sino en función del estatus al que aspiran. Identificarse con la narrativa del éxito, el emprendimiento y la propiedad privada resulta psicológicamente más estimulante que reconocerse como parte de un colectivo vulnerable que necesita la protección del Estado.

Por último, hay una responsabilidad ineludible en el espejo de enfrente. El votante de derechas no se mueve de sitio porque la alternativa progresista a menudo adolece de falta de credibilidad o se pierde en batallas discursivas alejadas del suelo material. Cuando la izquierda no logra transformar de forma tangible la vida cotidiana de la gente cuando gobierna, el discurso de la derecha, por duro o amenazante que suene, ofrece una apariencia de orden, certidumbre y pragmatismo frente a lo que perciben como incoherencia o utopía estéril.

El elector de derechas no es un sujeto engañado ni carente de luces. Vota en defensa de una visión del mundo, de un estilo de vida y de una comunidad de pertenencia. Mientras la izquierda siga asumiendo que la gente vota exclusivamente por su interés material inmediato, seguirá sin entender por qué la derecha no pierde a los suyos ni siquiera cuando les avisa de que se acerca la tormenta. 

¿Huelga general? ¿y si el maximalismo reactiva a la derecha?

La política de izquierdas vive atrapada en una paradoja recurrente: confundir la pureza del instrumento con la eficacia del resultado. Ante el bloqueo de decretos sociales, la tentación de convocar una huelga general surge como una respuesta casi de experimento de  Pavlov en el repertorio de la protesta. 

Una huelga general es la paralización masiva y coordinada del trabajo usada como la máxima herramienta de presión y autodefensa de la clase trabajadora. Se convoca principalmente contra el gobierno y el Estado para frenar recortes, reformas laborales regresivas o privatizaciones; contra la patronal y el gran capital para combatir la precarización, la pérdida de poder adquisitivo y el reparto desigual de la riqueza; contra el sistema económico para visibilizar que, sin el trabajo productivo y reproductivo, la sociedad y el capital no pueden funcionar.

Sin embargo, cuando el presidente del Gobierno ya ha disuelto las Cortes, convocado elecciones y expresado su compromiso de tramitar esos mismos decretos en la Diputación Permanente del Congreso, solo quedaría como motivo para la convocatoria que esta se realice contra el sistema económico en general. Pero si Creo que no es el momento de una huelga general, será un arma de doble filo si son las derechas quienes capitalizan la huelga, este mecanismo de la huelga deja de ser un motor de avance para convertirse en una bomba de racimo en la propia trinchera de la izquierda.

En la práctica la huelga general no es una performance ni un desahogo moral; es un acto de fuerza con un objetivo legislativo o de correlación de poderes concreto. Exigir la aprobación de decretos a un Parlamento disuelto es un brindis al sol. Cuando no hay margen de maniobra parlamentaria inmediata, la presión sindical pierde su anclaje táctico y se queda en un gesto. Otra cosa es si los decretos no se aprueban en la Diputación Permanente o alguno de sus miembros plantea rechazarlos.

El verdadero riesgo de una Huelga General, sin embargo, no es la ineficacia, sino la transferencia de iniciativa estratégica al adversario. En vísperas electorales, una huelga contra un Gobierno que intenta mantener vivas las medidas sociales desplaza el eje del debate: de la colisión entre el bloque de derechos y el bloque de recortes, se pasa al choque entre el «caos laboral» y la «gobernabilidad». La derecha mediática y política no necesitará construir argumentos si la izquierda le sirve en bandeja de plata la imagen de una sociedad bloqueada e hiperregulada. Para el electorado indeciso, el mensaje no será la defensa para alcanzar unas conquistas obreras, sino la irresponsabilidad de quien desestabiliza el país justo antes de votar. Piénsenlo y verán que mi teoría no es descabellada.

No se trata de defender la pasividad ni de firmar cheques en blanco al Ejecutivo saliente. Se trata de entender en qué tablero nos estamos jugando la partida. La energía y el descontento popular no deben diluirse en una huelga desprovista de objeto legislativo, sino canalizarse en movilizaciones sectoriales, campañas pedagógicas sobre el impacto de lo que se pierde si la derecha llega al poder y una exigencia de compromiso a las candidaturas que se califiquen de progresistas.

La huelga general es el arma más contundente de la clase trabajadora. Guardarla en la recámara para plantar cara a un eventual Ejecutivo de derechas o para exigir el cumplimiento estricto del programa en la próxima legislatura no es resignación; es inteligencia táctica. Utilizarla ahora sería dispararnos en el propio pie mientras la derecha contempla la escena con su papeleta en la mano. 

Creo que los sindicatos de clase han hecho bien con no fijar una fecha para su celebración, al fin y al cabo, en política, marcar los tiempos tiene más importancia de la que muchas veces le atribuimos.