El rechazo al decreto de protección social

Cuando una sociedad acepta que el poder del dinero pueda comprar impunidad, está aceptando también que los derechos de la mayoría sean negociables. El rechazo del decreto de protección social no es un gesto aislado, sino la otra cara de la misma moneda: mientras en la cúspide se blindan fortunas y reputaciones, en la base se discute si la gente corriente merece una red mínima de seguridad frente a la enfermedad, la pobreza o la precariedad. Allí donde el capital se acostumbra a dictar las reglas, la protección social deja de verse como un deber democrático y pasa a considerarse un lujo prescindible, un gasto superfluo que entorpece la libertad de maniobra de los poderosos. Y así, del mismo modo que ciertos millonarios convierten a las personas en meras herramientas de su entretenimiento, quienes bloquean la protección social reducen a los ciudadanos a cifras en una hoja de cálculo, perfectamente sacrificables en nombre de la “estabilidad” y la “responsabilidad” económica.

El poder y el dinero, en estos tiempos tan modernos y pulcros, suelen presentarse con chaqueta y corbata bien planchadas, sonrisa de conferenciante y una presentación en Powerpoint sobre la sostenibilidad. Debajo de la chaqueta, sin embargo, asoma una textura moral dentro de la que se hunde todo, aunque desde fuera parece sólida y muy respetable. La historia de Epstein y su constelación de millonarios, ministros, nobles desocupados y empresarios filantrópicos no es una anomalía ni una excentricidad, sino la foto sin filtros de cómo funciona la jerarquía de nuestro mundo.

No es que el dinero corrompa, es que a partir de cierta cantidad, borra la frontera entre lo posible y lo prohibido. Una cuenta lo bastante abultada lleva incorporado un decreto de inmunidad, un traductor simultáneo que convierte “delito” en “travesura”, “víctima” en “daño colateral” y “red de abusos” en “vida privada”. Cuando uno posee una isla, un avión privado y una agenda en la que se mezclan príncipes, ministros y fabricantes de cohetes, la realidad ya solo es un decorado. La gente deja de ser gente para convertirse en un instrumento útil: una chica joven, un asesor influyente, un directivo servicial, todos reducidos a figuras manejables en el tablero de la conveniencia.

El rasgo más obsceno del poder no es el lujo sino la naturalidad con la que se ejerce la crueldad. Lo que resulta insoportable no es que existan hombres que organicen una industria del abuso, sino que haya una cola de gente importante dispuesta a mirar hacia otro lado, a bromear por correo electrónico, a compartir mesa, avión o palacio con quien convierte el sufrimiento ajeno en un pasatiempo. El poderoso raramente se ve a sí mismo como villano; se percibe más bien como un mecenas incomprendido que comete, como mucho, errores de protocolo. Cuando la cosa se complica, le basta con un comunicado de prensa, cómo su  acto de contrición: “lamenta profundamente”, “no recuerda”, “no sabía”, “rechaza tajantemente”.

El dinero, cuando alcanza la categoría de planeta, atrae a su órbita a las otras formas de poder: político, mediático, judicial. No se trata de grandes conspiraciones de novela barata. Son cenas discretas, viajes “humanitarios”, reuniones de negocios en islas privadas, correos electrónicos con chistes de mal  gusto entre personas que luego redactan leyes, deciden inversiones o administran justicia. El resultado es un ecosistema donde la impunidad no es necesario que se decrete, se asume. Se presupone que ciertas puertas se abrirán, ciertos sumarios se dormirán, ciertas preguntas no se harán. Y, en caso de apuro, siempre quedará el recurso de alegar ignorancia, esa virtud tan apreciada entre quienes lo han sabido todo a tiempo.

En la base de esta estructura existe una deshumanización metódica. Para que un grupo reducido de personas pueda vivir con el resto del mundo a su servicio, solo hay que degradar a los demás a la condición de recurso. Las víctimas del abuso son cuerpos desechables; los empleados, piezas intercambiables; la opinión pública, algo que se controla con un buen gabinete de comunicación. Hablar de derechos humanos, de dignidad, de límites, resulta incómodo en esos ambientes donde los límites son negociables y la dignidad se mide en ceros. La falta de humanidad no es un accidente moral sino un requisito del sistema.

Quienes se pasean por despachos oficiales y foros internacionales pronunciando palabras altisonantes sobre democracia, libertad y oportunidades suelen ser los mismos nombres que reaparecen, con distinta luz, en agendas, fotos o transferencias bancarias de personajes como Epstein. Los ciudadanos, servimos para rellenar encuestas y votar en elecciones, contemplando con perplejidad  cómo se exige a los de abajo una decencia /formularios, requisitos, antecedentes)  mientras a los de arriba se les permite una ética de contorsionista. A una camarera se le pide certificado de penales; a un magnate, una sonrisa para la foto.

Podría pensarse que este es un fenómeno lejano, circunscrito a mansiones en Manhattan o palacios europeos. Pero el mecanismo es el mismo en cualquier escala: en la pequeña política local, en el hospital que se gestiona como un feudo, en la empresa donde el jefe trata a sus subordinados como parte del decorado. El millonario que vuela a una isla para divertirse con lo que no debería existir y el político o funcionario que comete o tapa una irregularidad comparten la misma premisa: “a mí no me va a pasar nada”.

Ante esto, la reacción más tentadora es la resignación del cinismo, el afirmar que “siempre ha sido así”, que “el mundo funciona de ese modo”. Eso solo es una forma de rendirse. Pero la indignación lúcida, tiene la utilidad política de no dejar que nos acostumbremos. Señalar la obscenidad, el abuso, negarse a aceptar que la riqueza implica comprar la dignidad ajena, es un mínimo gesto de higiene democrática que no basta. Pero renunciar a la indignación es entregarles también la parcela del juicio moral.

Nuestro tiempo será recordado por las tecnologías brillantes y los grandes avances científicos, pero también por la facilidad con la que parte de la élite convirtió el sufrimiento ajeno en decoración de su lujo. El poder y el dinero sin límites revelan su verdadero rostro: no el del emprendedor visionario ni el del gobernante responsable, sino el del adulto que nunca aprendió que los demás no son cosas. Y mientras no seamos capaces de exigir a quienes mandan y acumulan que se comporten, al menos, como seres humanos corrientes, seguiremos viviendo en un mundo donde la verdadera extravagancia no es la riqueza obscena, sino la simple idea de justicia.

EL DECRETO TROCEADO

Trocear el decreto tiene lógica táctica para salvar las pensiones en un contexto de mayoría conservadora, pero es una cesión en la que se asume como “normal” que la derecha pueda vetar la protección mínima frente a desahucios y cortes de suministros. No había medidas nuevas, solo eran prorrogas.

El Gobierno ha partido el antiguo decreto ómnibus en dos: uno con revalorización de pensiones y otro con la moratoria de desahucios y resto del escudo social. La motivación inmediata es clara: garantizar la subida de las pensiones tras el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts, que tumbaron a la vez pensiones, ingreso mínimo vital y prohibición de desahucios a familias vulnerables. Es una jugada defensiva: prioriza proteger a los pensionistas hoy, pero al precio de fragmentar el bloque de derechos sociales que se había construido como paquete coherente tras la pandemia. Al trocear ahora, el Gobierno refuerza el marco de la derecha: que pensiones y escudo social “no deben mezclarse” y que la protección frente a desahucios es un añadido sospechoso que hay que revisar al margen. 

La retórica del PP de acusar al Gobierno de “usar a los pensionistas como rehenes” es especialmente cínica: fueron ellos quienes bloquearon la convalidación del decreto que garantizaba tanto la subida de pensiones como la protección frente a desahucios. La crítica a la postura de la derecha puede articularse en tres aspectos: 

Derechos: al tumbar el decreto conjunto, la derecha asumió como daño colateral aceptable que decayeran la protección frente a los desahucios, la prohibición de cortes de suministros básicos y mejoras del ingreso mínimo, para marcar posición ideológica contra el “escudo social”.

Coherencia: es incoherente decir que se está a favor de las pensiones y de “los vulnerables” y, cuando se les ofrece un paquete que incluye pensiones y protección social, votar no y forzar un troceo que ya el año anterior sirvió para luego votar a favor de una versión recortada.

Estratégico: PP y Vox usan la exigencia de separar decretos como herramienta de bloqueo selectivo: blanquear su apoyo a pensiones mientras erosionan silenciosamente el escudo social, presentando cualquier moratoria antidesahucios como “premio a la okupación”.

Cuando las medidas fueron juntas, la derecha eligió tumbar pensiones y escudo social a la vez para forzar un troceo que le permite salvar la cara ante los pensionistas y, al mismo tiempo, ir desmontando pieza a pieza la red mínima de protección frente a la pobreza y la vivienda.

Parecería una broma de mal gusto si no fuese desolador.

El Ministerio Público da carpetazo a las denuncias del Defensor del Paciente, IU y Adelante Andalucía contra dos exconsejeras de Salud y la gerente del SAS al no detectar “indicios delictivos”, pero remite las denuncias de 16 mujeres a las fiscalías provinciales para continuar con la investigación.

El archivo de las querellas contra las exconsejeras de Salud y la gerente del SAS es muy discutible porque, pese a reconocer irregularidades en un programa que afectó a 2.317 mujeres, se niega a ver un patrón sistémico y solo remite 16 casos individuales a las fiscalías provinciales. En un programa poblacional de cribado, fallos masivos de seguimiento, registro y comunicación no son errores clínicos aislados, sino posibles fallos estructurales que pueden constituir delitos (prevaricación, omisión del deber de perseguir, lesiones u homicidio imprudente) imputables a quienes diseñan y controlan el sistema. Un ejemplo: no revisar sistemáticamente estudios no concluyentes y no informar a las pacientes no es un despiste de un médico, sino un defecto de diseño y control atribuible a la cúpula gestora. 

Es criticable que la Fiscalía niegue la existencia de un patrón común cuando las deficiencias son idénticas (pruebas no revisadas, falta de seguimiento, ausencia de comunicación y retrasos de años), precisamente lo que obliga a mirar hacia arriba en la cadena de mando. Al limitar la investigación a las 16 denunciantes, se trocea el problema y se dificulta reconstruir la responsabilidad estructural de la Administración y sus altos cargos. Que para esa decisión se invoque la intimidad y la protección de datos para rechazar una investigación más amplia es muy cuestionable, porque hay que recordar que la propia Fiscalía dispone de instrumentos para investigar con garantías sin vulnerar los derechos de las mujeres que no han denunciado.

Nuestra Justicia se cubre de gloria cuando el investigado es glorioso.

El comodín de ETA

En el universo paralelo de Génova, ETA sigue activa, Bildu es una célula clandestina y lo único que ha quedado sepultado por el paso del tiempo es la capacidad de autocrítica del PP. Mientras el objetivo era hablar de una DANA con más de 200 muertos, Feijóo se encarama al atril del Congreso como si fuera una máquina tragaperras: le meten una pregunta sobre responsabilidades políticas… y él responde devolviendo siempre la misma ficha ganadora, el comodín ETA.

Resulta casi enternecedor que quince años después del fin de la violencia, buena parte de la derecha española sigue instalada en un bucle temporal donde ETA nunca dejó las armas y Bildu no es un partido legal votado por ciudadanos españoles, sino un trampantojo de partido, útil solo para no responder de nada que huela a gestión propia. Que haya vascos que votan a Bildu con el mismo derecho con el que otros votan al PP es, para ellos, un detalle menor, un error del sistema democrático que se corrige a base de señalar con el dedo desde el escaño.

La escena con Matute roza lo paródico: le preguntan por la DANA y Feijóo, con quien vende enciclopedias, contesta si tiene “información para esclarecer asesinatos de ETA”, como si estuviera interrogando a un arrepentido de los años 90 en lugar de rindiendo cuentas ante una comisión parlamentaria. Es la confirmación de que el señor Feijoo es un trilero político: cuando la bolita de la responsabilidad se acerca demasiado a su cubilete, agita la mesa, saca a pasear a los “800 muertos” y señala a Bildu, a ver si el público se olvida de qué se estaba discutiendo.

Que la presidenta de la comisión tenga que llamarle al orden por haberse ido a ETA, Adamuz y el blanqueo de Bildu es casi una metáfora de toda una época: les montan un espacio institucional para explicar decisiones concretas y ellos lo convierten en tertulia de barra de bar sobre quién tiene o no “autoridad moral”. El PP ha perfeccionado un arte peculiar: vaciar de contenido las comisiones de investigación mientras finge que las llena de dignidad, cuando en realidad solo las rellena de ruido identitario y de rencor en conserva con fecha de caducidad vencida hace años.

El uso de las víctimas ya es en sí obsceno: las invocan como escudo, como coartada y como comodín, pero jamás para algo como asumir que también existen otras víctimas, las de la DANA, que merecen explicaciones en presente y no batallitas en pasado. Es difícil encontrar una forma más eficaz de banalizar a la vez el terrorismo de ETA y una tragedia reciente que utilizarlos como atrezo en la misma performance, solo para que el líder de la oposición salga con un buen corte de vídeo para su trinchera mediática.

Feijóo prometió “elevar la política” y ha acabado elevando, solo el tono de los mantras de siempre: “Otegi”, “blanqueo”, “ETA”, repetir y agitar. Al final, su “política con mayúsculas” consiste en escribir ETA en negrita cada vez que alguien osa pronunciar palabras peligrosas como “responsabilidad”, “rendición de cuentas” o “gobierno autonómico del PP”.

Y luego está el detalle democrático que nunca encaja en su relato: Bildu es hoy un partido plenamente legal, con representación institucional, elegido por ciudadanos españoles que pagan impuestos, se mojan con la DANA y entierran a sus muertos igual que los votantes del PP. Pero reconocer eso implicaría aceptar que, en democracia, la pluralidad política incluye también a quienes no sirven de coartada, y eso sí que parece, para Feijóo y los suyos, una línea roja más intolerable que seguir usando a ETA como comodín eterno cada vez que alguien les pregunta algo tan sencillo como “¿qué hizo su partido?”.

ASÍ HE VISTO LA COMPARECENCIA DE FEIJOO SOBRE LA DANA

Cuando esta mañana Feijóo acudió a la comisión de la DANA, el Congreso ya parecía estar cansado, como si de una oficina de reclamaciones se tratase. Lo digo porque todos sabíamos que nadie saldría de allí con lo que venía a buscar. El espectáculo estaba escrito desde hacía semanas y la única incógnita era el número de veces que el compareciente pronunciaría la expresión “emergencia nacional”.

Feijóo apareció con expresión de solvencia ofendida de un director general cuando los pillan amañando la contabilidad.  Estaba más molesto por tener que dar explicaciones, que preocupado por los doscientos treinta muertos que habían justificado su presencia. Era como si la tragedia solo fuera un inoportuno contratiempo en la agenda de un líder destinado a cosas más importantes y  elevadas.  Se sentó, respiró con profesionalidad de actor y empezó a desgranar el relato que ya traía ensayado de ante la jueza, cómo quien recita una lección que no se cree, pero le ha dado el resultado que buscaba: hacer ruido para no tener que dar cuentas de nada. 

El genio gallego ha explicado que la DANA no era una simple catástrofe regional, sino una “emergencia nacional” de manual, en ese tono doctoral de los políticos cuando sospechan que la realidad no les acompaña.  Según su reconstrucción, el verdadero fallo no residía en la Generalitat, ni en el Consell de Mazón, ni mucho menos en el partido que gobernaba la Comunitat, sino en “el Estado”, que lo mismo le sirve para justificar un recorte que para esquivar una responsabilidad.  La Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET según Feijoo son los villanos de la función, unos señores que tenían la capacidad de arruinar la gestión de cualquier gobierno.

Y no se olvidó del ventilador al afirmar que ninguna administración estuvo a la altura, en un alarde de generosidad abstracta, pero olvidando que algunas fallaron más que otras. Por supuesto que, para él, eran siempre las mismas.  La frase, pronunciada con solemnidad, tenía la ventaja de parecer autocrítica, pero sin rozar en ningún momento al compareciente.  En resumen, un brochazo de culpa universal, seguido de una minuciosa relación de errores siempre ajenos.

Ahí fue cuando apareció Mazón (no en persona), y  Feijóo lo presentó como “el único que asumió responsabilidades”, un mártir que, por el noble gesto de renunciar a medias, quedaba milagrosamente “reconciliado con los hechos”.  La dimisión parcial la elevó a la categoría de sacrificio heroico, mientras sugería, con la técnica impecable de un contorsionista moral, que el verdadero pecado residía en la resistencia de Sánchez a dimitir por todo, incluida la DANA, la gota fría y las marejadas del Cantábrico.

La operación del PP era para la galería: se entregaba una pieza autonómica menor, se blindaba al líder nacional y se apuntaba con el dedo acusador al adversario de turno.  El resto solo eran detalles administrativos, tan prescindibles como las 240 víctimas, que sólo aparecían en forma de cifra redonda cuando era conveniente.  Cuando algún diputado se empeñaba en recordar que la gestión de la emergencia era esencialmente autonómica, Feijóo respondía con una mezcla de fastidio y condescendencia con la gestión mazonica.

Feijoo ha mentido varias veces en la comisión cómo al afirmar: que la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio información al Cecopi; que falló la información para tomar las decisiones en el momento oportuno; que el Gobierno fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante; se han dejado caducar las obras del barranco del Poyo, cuando el estudio de impacto ambiental caducó con Rajoy; que el Gobierno no se puso al mando del operativo cuando debería saber que solo se puede poner al mando de una emergencia cuando se declara una emergencia de situación 3. Pero sigue empeñado en su falso relato.

Pero para mí, espectador, lo más llamativo no ha sido el contenido, sino el contraste con aquel Feijoo que, al llegar a la presidencia del PP, proclamó que venía a “hacer política con mayúsculas”.  Entonces hablaba de moderación, de institucionalidad, de seriedad frente a la crispación, como si se supiera de memoria los artículos del Código Civil.  En aquel discurso inicial pronunciaba menos sus tres compromisos: asumir responsabilidades propias, reconocer errores de los gobiernos amigos y no usar el dolor ajeno como munición de campaña. La comparecencia de la DANA se encargó de tachar los tres.  Ni rastro de autocrítica real, ni un atisbo de incomodidad al describir la actuación del Consell de Mazón, ni un momento de pausa para admitir que quizá la Generalitat, con sus competencias y sus presupuestos recortados a mayor gloria de la bajada de impuestos, podría haber hecho algo más que mirar al cielo.  

En lugar de eso, la “emergencia nacional” se convirtió en una expresión solemne para envolver el desastre en el celofán patriótico de la derecha y repartir la culpa en cómodos plazos entre Madrid, las confederaciones, los meteorólogos y, si se tercia, el cambio climático. Bajo la capa de retórica institucional, la lógica era bastante más de a pie: proteger al bloque territorial del PP.  La frase “Mazón actuó con la información que tenía” es el salvoconducto moral para el máximo responsable, mientras que con el “falló la información del Estado” juega su comodín acusador.  Comprensión y exculpación para el aliado autonómico; exigencia máxima y reproche implacable para el adversario estatal.

Al terminar, Feijóo se levantó con la misma arrogancia con que había entrado, convencido de haber demostrado, una vez más, su talante de hombre de Estado incomprendido y el país siguió contando muertos y reparando casas. En alguna carpeta, ya amarillenta, tendrá guardado aquel lema de “política con mayúsculas”, ese que trajo para adornar sus discursos.

EN FAMILIA

En las comidas de Navidad de la familia Gómez Gómez se habla, y mucho, de sanidad. Marciano Gómez Gómez es el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y un experimentado empresario del sector. Su hermano, Juan David Gómez Gómez, es gerente de la conocida Clínica Benidorm, recientemente incorporada a Ribera Salud por 120 millones de euros, y su pareja, Sonia Hernández, es desde 2021 directora financiera de Ribera Salud, a su vez concesionaria del hospital público privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillente).

Sonia Hernández es la persona que negocia con la Generalitat Valenciana las liquidaciones de la concesión privatizada, justo frente al departamento que dirige su cuñado, Marciano Gómez.

Una relación que, a tenor de la cercanía familiar, podría hacer presumir algún tipo de incompatibilidad. Pero no, debe ser casualidad.

La guerra que perdimos en la paz

Hay cosas que uno lee y le hacen pensar cuantas cosas se pueden decir para disfrazar algo. Dicen que, en España, a la guerra civil la perdimos todos. Y hasta esa errata suena a programa político, porque aquí, donde se entierra tan bien a las personas, se cultiva mejor el rencor que la memoria sino el rencor, y esa siembra da una cosecha que nunca se acaba.

En la situación en que tenemos el patio patrio, organizar unas jornadas para hablar de la guerra y de sus ecos, es añadir al ambiente esa historia que sigue oliendo a cunetas, pero también a naftalina en los despachos. Por muy encuentro académico que lo definiese, por muchas palabras educadas y domesticadas que dijese, este país que presume de libertad no tardó un minuto en abalanzarse sobre un escritor por ejercerla diciendo “no voy”. Davis Uclés, eligió no sentarse en la mesa. Le han llamado de todo los guardianes de la pureza, soldados ideológicos que confunden discrepar con traicionar y ser crítico con realizar un acto de herejía.

Hay quien ve la historia desde el otro lado, y respondió con rabia en nombre de las víctimas y de la historia. Hablar de que “la guerra la perdimos todos” suena a truco de prestidigitador, a poner una frase brillante en el cartel, pero a la vez letal para la memoria. Solo los vencedores tuvieron desfiles, misas, placas y dictadura, porque los vencidos lo que tuvieron fueron fosas, silencio y miedo. Poner todo en un mismo saco es como decir que el verdugo y la víctima comparten una mala experiencia. La equidistancia es un maquillaje que sale barato, porque no cura las heridas, solo las disimula para que no se noten en la foto. 

No es solo la guerra lo que se discute, es el modo en que hablamos de ella. Unos invocan la libertad de expresión como un salvoconducto pero olvidan que las palabras también hieren cuando con ellas se blanquea la injusticia. Otros enarbolan la memoria como escudo y olvidan que recordar no significa prohibir que el otro hable, sino escuchar para responder mejor. El resultado es un debate de sordos donde cada cual grita para su propia hinchada y nadie se toma el trabajo de entender al rival, ni siquiera para rebatirlo con precisión.

Mientras que la plaza pública se llena de espectadores. Algunos celebran entre risas la retirada de un humorista cansado, Héctor de Miguel, como si cada cansancio no fuera también una derrota del espacio común donde aún se podía dudar, exagerar y equivocarse sin que ardiera el cielo. Aplauden la renuncia como quien aplaude un gol en propia puerta, sin saber que el partido lo pierden ellos. El humor y la comedia se retiran, mientras el odio anuncia una nueva temporada.

Vivimos ahogados en la exuberancia de la miseria. Hay tanto desprecio circulando que cada polémica es un escaparate donde se expone lo peor de cada uno, el insulto fácil, la sospecha continuada, el ajuste de cuentas hasta con desconocidos. La guerra terminó hace décadas, pero el negocio del odio es hoy una tienda abierta 24 horas.

En el fondo, las jornadas son lo de menos, porque no nos engañemos, da igual si se celebran o se suspenden, si se corrigen los errores o no. Lo importante es ver en los medios cómo hemos convertido el acto en un examen de pureza, la no asistencia en deserción, cualquier matización en una herejía. Y así, mientras discutimos si la guerra la perdimos todos, perdemos los pocos lugares donde todavía era posible conversar sin acabar sacando la navaja.

La pregunta no es quién perdió la guerra, sino quién está perdiendo la paz. Porque la paz es la presencia de palabras que no buscan matar. Y en este país que entierra tan bien, seguimos excavando cada día nuevas fosas para enterrar las dudas, la complejidad y la frágil posibilidad de escucharnos sin tener que destruirnos.