Fuego, recortes y la batalla por lo de todos: anatomía del colapso forestal

Cuando las llamas devoran nuestros montes, la retórica de algunos políticos se refugia en las frases hechas y el choque partidista. Sin embargo, los grandes incendios no son meras catástrofes naturales imprevisibles; son, ante todo, la manifestación visible y dramática de las prioridades de clase, las decisiones presupuestarias y la correlación de fuerzas ideológicas de una determinada administración. Lo que estamos presenciando estos días en la Comunidad de Madrid y sus territorios limítrofes no es un accidente geográfico: es la consecuencia directa de un modelo político deliberado. 

En primer lugar, hay que señalar la grieta fundamental del relato ayusista: la asfixia del sector público en el momento de mayor vulnerabilidad colectiva. Es éticamente insostenible y políticamente revelador que, mientras la Comunidad de Madrid percibe transferencias récord de fondos estatales que superan los 20.000 millones de euros anuales, las plantillas de bomberos forestales acumulen más de mil días en huelga y denuncien la falta crónica de personal y la no movilización de recursos en plena emergencia. ¿A dónde van esos recursos? La respuesta es el trasvase sistemático de lo público a lo privado, donde la sanidad concesionada, los espectáculos taurinos o las contratas privadas absorben prioridades que deberían destinarse a proteger el patrimonio natural y las vidas de la ciudadanía. La posterior criminalización de los trabajadores que protestan, acusándolos de "chantaje", es un recurso clásico y viejo de la derecha: deslegitimar la lucha sindical cuando sus propias costuras de gestión saltan por los aires. 

En segundo lugar, asistimos a la consolidación de un negacionismo climático peligroso. Mientras la evidencia científica advierte de que el calentamiento global convierte a la Península Ibérica en un polvorín, sectores del PP y de la extrema derecha de Vox han decidido convertir la agenda ambiental en una trinchera de su "batalla cultural". Calificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las medidas de reducción de emisiones como "terror climático", "estafa" o "agenda comunista" no es una extravagancia verbal; es una coartada ideológica para justificar los recortes presupuestarios en prevención y mantener privilegios económicos insostenibles. La derecha española rompe los consensos europeos recortando en prevención ambiental mientras viste ropajes performativos en el centro de mando. 

Este comportamiento enlaza con una estrategia de comunicación política basada en la irresponsabilidad institucional. La repentina solicitud del "Nivel 3 de interés nacional" por parte de la administración madrileña no busca sumar medios técnicos, que ya se aportan mediante los mecanismos de cooperación e intervención del Estado como la UME, sino operar una maniobra de transferencia de responsabilidades. Al exigir que sea el Gobierno central quien asuma la gestión de la crisis, el poder autonómico busca construir un relato de victimización y escurrir el bulto ante su propia falta de previsión y medios. Es la política del titular efectista: la presidenta confunde el liderazgo institucional con la etiqueta en la solapa de un chaleco de emergencias. 

Por último, no se puede obviar la dimensión territorial y sociológica de esta crisis. En el ámbito rural, para empezar, la mayoría de los montes son de propiedad privada, no se limpian los públicos, pero menos aún los privados. La impunidad y la cultura del "caciquismo" de una parte de la derecha se muestran con particular virulencia. Cuando la imprudencia de un cargo local desata un desastre ambiental y la respuesta de los sectores reaccionarios de la zona es el amedrentamiento a vecinos o militantes de izquierdas, se evidencia la existencia de una asimetría profunda en la exigencia de responsabilidades. Un sector influyente de la derecha radical se siente por encima de la norma y de la institución, amparado por una complacencia mediática e institucional que recuerda peligrosamente a las peores derivas autoritarias de nuestra historia. 

El fuego que quema nuestros montes no se apaga solo con agua; se apaga con servicios públicos reforzados, estabilidad laboral para los bomberos forestales, planificación ecológica con base científica y una fiscalidad justa que devuelva al interés común lo que la privatización ha saqueado. Dejar la protección de nuestro entorno a merced del negacionismo y los intereses de mercado es abocarnos al desastre. 

Ha llegado el momento de exigir que lo común vuelva a ser la prioridad absoluta del Estado. Nos va la vida del mundo rural y del urbano en ello. 

El incendio del suroeste de Madrid

 El incendio del suroeste de Madrid deja al descubierto la trampa del modelo de gestión conservador: 

prevención cero en invierno, 

recortes y conflicto laboral en primavera, 

soberbia retórica en rueda de prensa el pasado miércoles presumiendo de tener el mejor servicio contra incendios de Europa y anoche traspaso de la patata caliente al Estado central en verano. 

La solicitud del Nivel 3 por parte de Ayuso no es una medida de protección civil; es una declaración de bancarrota política de un modelo que degrada lo público hasta que la realidad lo sobrepasa.

Cinismo como doctrina: ahora vemos la falsa indignación de Ayuso

La derecha madrileña se ha instalado en la política del espectáculo. Parece ser que la memoria es el enemigo a batir y la coherencia es un lujo prescindible. Hoy asistimos a un nuevo capítulo de indignación impostada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de un tuit del ministro de Transportes. Decía el ministro una verdad de a perra chica: que no se puede desmantelar el Estado fiscalmente, perdonar impuestos a las rentas más altas y reducir el presupuesto de los servicios públicos esenciales, como la prevención de incendios o la protección civil, para, a la primera catástrofe, exigir desesperadamente el auxilio y los recursos del Estado central.

La reacción de Ayuso no se ha hecho esperar y ha sido la previsible: rasgarse las vestiduras, tachar la reflexión de "miserable" y erigirse una vez más en víctima de una conspiración sanchista. Sin embargo, la sobre actuación, poniéndose Ayuso tan digna, no logra tapar la grieta fundamental de su discurso. 

Lo que Puente ha puesto sobre la mesa no es un ataque gratuito, sino una contradicción estructural del modelo ultraliberal que encarna el PP de Madrid: la paradoja de querer un "Estado mínimo" para pagar impuestos, pero un "Estado máximo" para asumir las facturas cuando la realidad golpea.

Lo verdaderamente hiriente del rasgado de vestiduras de la baronesa madrileña no es solo la inconsistencia económica, sino la colosal amnesia selectiva de su partido. ¿Con qué autoridad moral denuncia el PP la "politización" de una emergencia? La hemeroteca no miente y deja al descubierto la doble vara de medir con la que Miguel Tellado, Alberto Núñez Feijóo y la propia Díaz Ayuso operan sistemáticamente.

Recordemos la trágica DANA de Valencia. Mientras los ríos de barro aún anegaban municipios enteros y los servicios de emergencia intentaban gestionar el colapso, la cúpula del PP, con Miguel Tellado al frente, no tardó ni 24 horas en poner en marcha la maquinaria de erosión política. La consigna fue clara: disparar contra la AEMET, cuestionar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y desviar desesperadamente el tiro del Consell de Carlos Mazón hacia el Ministerio para la Transición Ecológica. Para el PP, en Valencia la responsabilidad no era de la gestión autonómica; era del Estado.

Volvamos a la pandemia de 2020. En el momento de mayor vulnerabilidad colectiva de nuestra historia reciente, Ayuso convirtió el Mando Único del Estado de Alarma en una trinchera electoral. Acusó al Gobierno central de "atacar a Madrid", tildó las medidas sanitarias de "dictatoriales" y convirtió el hospital de pandemias en un plató de televisión mientras su partido boicoteaba la llegada de fondos europeos o recurría el Estado de Alarma al Tribunal Constitucional.

O repasemos el historial de incendios forestales en Castilla y León o Galicia. Cuando las llamas queman los montes de regiones gobernadas por la derecha, la culpa jamás es de los recortes en las brigadas forestales autonómicas ni de la precarización del personal de prevención. La culpa, según el manual del PP, es siempre del "ecologismo radical" del Ministerio o de la supuesta lentitud de La Moncloa para enviar la UME o los medios aéreos.

El patrón es tan evidente que resulta sonrojante: cuando gobiernan y las cosas salen mal, la culpa es de la falta de ayuda del Estado central. Cuando el Estado central advierte que la solidaridad nacional no puede ser la coartada para que las autonomías del PP practiquen el dumping fiscal a favor de los grandes patrimonios, entonces el Estado es "desleal" e "insolidario".

El tuit de Óscar Puente podrá ser inoportuno, gustar más o menos en las formas, pero no se puede negar que señala el nervio central del debate político contemporáneo: la justicia fiscal no es un capricho ideológico, es la garantía de la seguridad ciudadana. No se puede vaciar la caja común para hacerle regalos a las élites económicas y pretender que el resto de los contribuyentes españoles financien los parches de la falta de previsión.

La indignación de Ayuso no es por el tono ni por la oportunidad del comentario. Le indigna que le recuerden que las decisiones políticas tienen consecuencias, y que el modelo de "libertad" sin impuestos es, en realidad, un modelo de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.

No estaría mal que después de pasar esta tragedia, la derecha se retire al rincón de pensar y vean que dedicar recursos a financiar corridas de toros, mata toros, pero también personas, aunque ahora nos digan que lo que importa son las vidas humanas. Las vidas humanas son lo primero siempre, no solo hoy.

Empecemos por reconocer la labor de todos los que están trabajando contra esta emergencia, y esperemos a que pase todo para poner a cada uno en su sitio. Pero eso no es óbice para que nos planteemos que lo primero que hay que garantizar son los servicios públicos y luego si sobra, los ideológicos. 

El balance del gran Alberto ayer.

Ayer Feijoo ha querido hacer su balance anual y adelantarse al que tradicionalmente hace el Gobierno en estas fechas. Primero hay que recordar a todos que la salud de una democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por el respeto a las reglas no escritas, la lealtad institucional y la calidad del debate público. Dicho eso, me permito hacer mi balance o valoración, pero no de este año, sino desde que llegó Feijoo a la presidencia del PP, porque oido el gallego ayer, resulta una evidencia que dar lecciones parece fácil, sobretodo cuando no se tiene memoria. 

Si analizamos la figura de Feijóo bajo el prisma de lo que se entiende como un líder político demócrata, el diagnóstico es desolador. Lejos de representar esa "derecha moderada y de Estado" con la que intentó desembarcar en la política nacional, su trayectoria ha consolidado una forma de hacer política basada en el desgaste, la deconstrucción de lo público y la degradación institucional. 

Me pregunto ¿Qué ha aportado realmente Feijóo a España? Y para intentar responder esa cuestión, analizo solo los tres pilares en los que se ha sostenido su práctica política.

El modelo de gestión de Núñez Feijóo no es nuevo; es la profundización de la agenda neoliberal que concibe los derechos sociales como si solo fuesen nichos de mercado. Tanto en su etapa al frente de la Xunta de Galicia como en su influencia sobre las comunidades donde gobierna su formación, la receta ha sido idéntica: desmantelamiento de los servicios públicos para justificar su privatización. La sanidad pública y la educación universal, los verdaderos elementos de cohesión social e igualdad de oportunidades, han sufrido recortes estructurales mientras se transferían recursos a la gestión privada. Esta asfixia de lo que es de todos, contrasta frontalmente con su política fiscal: una bajada sistemática de impuestos a las rentas más altas y a las grandes fortunas que debilita la capacidad redistributiva del Estado. A esto se le suma una postura parlamentaria inequívoca, votando de forma reiterada en contra de la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo y los escudos sociales destinados a proteger a las familias más vulnerables.

Otro de los fenómenos más preocupantes de la etapa de Feijóo es la instrumentalización de las instituciones democráticas para fines partidistas. El uso que el Partido Popular está haciendo del Senado, con su mayoría absoluta, desvirtúa la función territorial y legislativa de la Cámara Alta. Convertido en una trinchera de bloqueo y en un espacio de escenificación partidista, el Senado se ha utilizado como su "cortijo" al servicio de una estrategia de desgaste institucional. A esta captura de las instituciones se suma una política de alianzas y blindajes impensable en las democracias europeas de nuestro entorno. La protección estratégica a perfiles salpicados por la negligencia o la sospecha de corrupción, como la gestión de Carlos Mazón con la tragedia de la DANA, o no corregir a su portavoz Tellado cuando olvida que desde el punto de vista del marco autonómico y de la Ley de Montes, la competencia directa e indiscutible en prevención de incendios, gestión forestal y extinción primaria (niveles 1 y 2) corresponde a las Comunidades Autónomas. Son las CCAA las que contratan retenes, gestionan la limpieza de montes y dirigen los operativos sobre el terreno.  Ambas situaciones ponen en evidencia una máxima: el blindaje del poder orgánico prima siempre sobre la responsabilidad pública y la rendición de cuentas.

Pero quizás el legado más tóxico de Feijóo para la política española sea la normalización del bulo y la desinformación como herramientas centrales para hacer oposición. La estrategia no ha sido confrontar datos, modelos de país o proyectos alternativos, sino alimentar un clima de impugnación permanente al Gobierno legítimo a través de la mentira deliberada. Esta "oposición corrosiva" nunca busca convencer, sino polarizar y agotar a la ciudadanía. Ha sustituido la fiscalización rigurosa por el ataque personal y la difamación, erosionando la confianza de la sociedad en la política como herramienta de transformación social.

Desde una perspectiva sociopolítica, el paso de Feijóo por la política estatal no ha aportado ni mostrado un proyecto de país, ni una sola reforma estructural que beneficie a la mayoría social. Lo que si ha provocado en las CCAA donde su partido gobierna junto a Vox, es que tengan un Estado del Bienestar debilitado, unas instituciones tensionadas hasta el límite y un espacio público contaminado por lo que hoy conocemos como posverdad. 

Pero no vale solo con decir lo que ha hecho Feijoo, frente a la consolidación de un modelo que privatiza lo común, protege el privilegio y erosiona la democracia, la izquierda tiene el deber no solo de hacer balance, sino de reconstruir la confianza en la capacidad redistributiva e igualitaria del Estado. 

La degradación institucional del Poder Judicial en España

Cuando se afirma una degradación institucional del Poder Judicial en España, no se habla de una falta absoluta de leyes, sino de la quiebra de la separación de poderes, el uso instrumental de la justicia para fines partidistas y la existencia de una judicatura que actúa como un actor político autónomo volcado en preservar un determinado statu quo conservador.

No comento anécdotas aisladas, sino patrones de actuación de forma recurrente. 

1. El ejemplo más sistémico de degradación institucional fue el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado durante más de cinco años debido al boicot sistemático del Partido Popular para no perder la mayoría conservadora. Un partido de la oposición secuestra un órgano constitucional para seguir controlando, mediante un mandato caducado, la cúpula judicial (Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales) y asegurar nombramientos afines.

Es un prueba irrefutable de la subordinación de la temporalidad constitucional a la conveniencia táctica del bloque conservador.

2. Otro ejemplo es el uso de los tribunales como arma de desgaste político contra líderes o partidos progresistas mediante causas que se prolongan en el tiempo, se filtran a los medios y finalmente se archivan sin pruebas, pero habiendo cobrado ya su "peaje electoral". Pongo cuatro casos paradigmáticos:

-El caso del juez Alba contra Victoria Rosell es el ejemplo más incontrovertible de corrupción judicial demostrada. El juez Alba conspiró y fabricó pruebas falsas para apartar de la carrera política y judicial a la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell. Alba acabó condenado a prisión, pero el objetivo político de desgastar a la izquierda en Canarias se cumplió.

-Las querellas contra la cúpula de Podemos, con decenas de causas abiertas (Caso Neurona, Caso Informe PISA, financiaciones irregulares alegadas por la extrema derecha) que coparon portadas durante años y que sistemáticamente terminaron en archivo por falta absoluta de indicios.

-El caso Mónica Oltra, en que la imputación y posterior dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por el supuesto encubrimiento de abusos, causa en la que el propio juez instructor terminó reconociendo que no existía "ningún indicio" tras haber conseguido su apartamiento de la política.

-La investigación a Begoña Gómez, en que la apertura de diligencias basadas exclusivamente en recortes de prensa y bulos difundidos por el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, prolongando la instrucción en periodo electoral a pesar de los informes de la Guardia Civil (UCO) que descartaban irregularidades. El caso del Fiscal General, el de David Sánchez o el trato dispensado a Aldama permitiéndole quedarse lo robado y sin tener que ingresar en prisión, son paradigmáticos de como puede actuarse.

3. El papel de la alta magistratura como un "poder corrector" del Poder Legislativo cuando las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados no son de su agrado ideológico.

-El veto práctico a la Ley de Amnistía: La interpretación por parte de sectores del Tribunal Supremo del delito de malversación para declarar inaplicable la ley aprobada por la mayoría parlamentaria, argumentando que los líderes independentistas obtuvieron un "beneficio personal" o afectaron a los intereses financieros de la UE. Desde el derecho comparado y la ciencia política, esto se percibe como activismo judicial contra el legislador.

-La huelga y proclamas ideológicas desatadas: Las manifestaciones públicas de asociaciones judiciales mayoritarias (de corte conservador) e incluso de magistrados en activo valorando iniciativas legislativas en trámite, rompiendo el deber de neutralidad constitucional.

-Las menos del 0,2% de las denuncias y quejas presentadas que acaben en algún tipo de sanción o corrección al autor de una vulneración del amrco de actuación que les es propio.

4. Asimetría penal y persecución de la disidencia. La aplicación hiperbólica del Código Penal cuando los investigados pertenecen a movimientos sociales, al independentismo o a la izquierda, en contraste con la benevolencia hacia casos de corrupción o abusos institucionalizados.

-Criminalización de la libertad de expresión: La condena a prisión de raperos (Pablo Hasél, Valtònyc) o la persecución de tuiteros y titiriteros bajo el paraguas de los delitos de "enaltecimiento del terrorismo" o "injurias a la Corona".

-Imputaciones por terrorismo a movimientos civiles: La causa de Tsunami Democràtic instruida en la Audiencia Nacional, donde se intentó encajar la protesta ciudadana pacífica o los bloqueos de carreteras en el tipo penal de terrorismo para evitar la amnistía.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué ocurre esto? Este fenómeno no es casual y detrás de ello, a mi entender hay dos causas. La primera es la inercia del aparato del Estado, puesto que, aunque la transición democrática en España democratizó las instituciones políticas, lo cierto es que apenas alteró los cuerpos superiores de la administración pública, incluida la judicatura, caracterizada por sesgos endogámicos y conservadores. La segunda es el acceso a la carrera judicial, un sistema que tiene un modelo basado en la memorización exhaustiva que favorece a clases medias-altas que pueden permitirse opositar durante años sin ingresos, alejando la composición de la judicatura de la diversidad sociológica del país.

El Poder Judicial obtiene su legitimidad del pueblo según el Art. 117 de la Constitución Española: "La justicia emana del pueblo". Cuando la ciudadanía deja de percibir a los tribunales como garantes de sus derechos y los ve como un actor partidista, el sistema pierde su autoridad moral. Exigir una justicia democratizada no es atacar a la justicia, es rescatarla de quienes la convierten en un instrumento partidista. Y que sea el propio poder judicial el que contribuye a su descredito, es un autentico suicidio social.

¡Qué más da el resultado!

Hay errores de imprenta que son anecdóticos, pero hay otros que funcionan como un escáner al revelar, en una milésima de segundo, la patología que no conocíamos del paciente. Lo ocurrido en la redacción de El Mundo con el artículo prefabricado de Arcadi Espada pertenece a este segundo grupo. 

El texto ya estaba redactado, perfectamente pulido y guardado a la espera del desenlace. Bastó un fallo de redacción, para que el agorero profesional nos regalase, antes de tiempo, su epitafio particular sobre la Selección y sobre el país. El asunto no es la torpeza del error al publicarlo antes de tiempo, sino la ideología que existe en sus párrafos. Lo que Arcadi Espada firmó no era una crónica deportiva ni un análisis táctico; era un ejercicio puro de hegemonía cultural y resentimiento ultraderechista.

Espada, que en su particular periplo ideológico partió del antifranquismo, hizo escala en el socialismo y en Ciudadanos, y parece haber encontrado su Ítaca definitiva en la orilla del nacionalismo ultra. Es el representante de esa clase de intelectualidad que ha hecho de la amargura su método de análisis. Para esa visión, el resultado es lo de menos; lo único urgente es encajar la realidad dentro de su dogma de decadencia nacional.

El texto describe con precisión quirúrgica los tres grandes fantasmas de la derecha cultural. En primer lugar, el odio visceral hacia la España plural y diversa. A Arcadi le molesta la sonrisa de una Selección mestiza, joven y desenfadada, encarnada en figuras como Lamine Yamal o Nico Willians. Necesita catalogar esa diversidad como «mestizaje sin fusión» o «postureo de la España trans». Es incapaz de digerir que la identidad de un país no sea un bloque de granito homogéneo y disciplinado, sino un tejido vivo, cambiante y mestizo. Para el reaccionario, la alegría colectiva es una falta de respeto; por eso escribe, con la solemnidad de un censor en blanco y negro, que los equipos serios no sonríen mientras suena el himno.

En segundo lugar, el desprecio por el trabajo en equipo y la solidaridad. Al atacar la célebre frase de Di Stéfano ”Ningún jugador es tan bueno como somos todos juntos”, Espada traslada la ética del neoliberalismo más salvaje al terreno del fútbol. En su visión del cosmos, el grupo es un lastre que asfixia al genio individual; la búsqueda de la igualdad no es cohesión, sino nivelar, pero hacia abajo. Es la vieja obsesión elitista: aborrecer lo colectivo para justificar el privilegio individual. Para la izquierda, la comunidad potencia al talento; para el escorado a la extrema derecha, el grupo es una prisión.

Y, en tercer lugar, lo más revelador de todo es su necesidad del fracaso ajeno. El artículo de Espada demuestra hasta qué punto la derecha mediática necesita la derrota de la sociedad contemporánea para tener razón. Tenían la saliva preparada para escupir sobre la España moderna, igualitaria y diversa. Estaban ansiosos por culpar al «clima moral», a la juventud de TikTok y a las políticas públicas de un tropiezo deportivo, porque su proyecto político vive de la nostalgia y del rencor.

No estábamos ante un análisis de noventa minutos de fútbol. Estábamos ante el deseo no disimulado de ver caer a un país que ya no se parece a sus prejuicios. Arcadi Espada y la trinchera mediática que representa no estaban esperando que rodase el balón: estaban deseando la derrota de una España que sonríe, que coopera y que se abraza en su diversidad. El error técnico nos dejó las risas; el texto, la radiografía de un proyecto político alimentado de amargura. Ver menos

El misterioso caso del eclipse de la Operación Kitchen en los medios

El juicio sobre la operación Kitchen entra en su recta final. Sucedió en 2013, se abre la causa en 2018, se cierra la instrucción en 2021 y se juzga ahora, trece años después. Pero al parecer existe una regla no escrita en el periodismo de masas contemporáneo: el impacto de un escándalo político no lo mide la gravedad objetiva del delito, sino el número de decibelios con el que las grandes portadas y tertulias deciden amplificarlo. 

Al menos admitamos que resulta curioso el contraste. Cuando la corrupción afecta a un individuo que estafa comisiones o se enriquece de forma miserable, los titulares hierven durante semanas. Sin embargo, cuando lo que se corrompe no es un presupuesto público, sino la propia estructura del Estado de derecho, la intensidad informativa experimenta una mutación fascinante: el estruendo mediático se convierte en un susurro. 

La Operación Kitchen representa, sin matices, el mayor atropello institucional de la historia democrática reciente en España. No hablamos de intermediarios que solo piensan en su bolsillo ni de políticos deshonestos llevándose una tajada de dinero público; hablamos del uso de la Policía Nacional, de los servicios de inteligencia, del Ministerio del Interior y de los fondos reservados de todos los ciudadanos para espiar, robar pruebas judiciales y blindar la impunidad de un partido en el poder. Curiosamente, el partido de Feijoo que ahora ve delito hasta en el cambio de la marca del papel higiénico de Sánchez.

Frente a un ataque directo a los cimientos de la democracia, la reacción del sistema mediático dominante ha ofrecido una lección magistral de asimetría y arquitectura de la agenda pública. Estamos asistiendo a una anestesia del lenguaje, puesto que mientras que otros casos son calificados en televisión con adjetivos incendiarios y tratados como verdaderas crisis de régimen, la Kitchen tiende a ser encapsulada bajo un lenguaje judicial aséptico, relegándola a las páginas de tribunales en lugar de abrir informativos día tras día.

En este caso vemos que es la famosa teoría de las "manzanas podridas", una narrativa imperante que ha buscado incansablemente aislar el problema en comisarios oscuros o mandos policiales concretos, sin hacer la pregunta fundamental: ¿quién dio la orden desde la cima política para poner el Estado al servicio de las siglas de un partido? Contrasta excesivamente como los escándalos de enriquecimiento personal permanecen meses como monopolio televisivo con un tono de indignación moral constante, mientras que la utilización espuria del aparato policial para tapar la caja B sufre un goteo informativo difuso y disperso, diseñado para normalizar el escándalo y anestesiar a la opinión pública.

Tratar las tramas de la cloaca del Estado como si fuesen un litigio administrativo ordinario no es neutralidad; es una toma de posicionamiento. Cuando el periodismo renuncia a señalar con la misma vehemencia el secuestro de las instituciones públicas que el robo económico, desprotege a la sociedad ante los abusos del poder. La democracia no solo se quiebra cuando se roba dinero público; se quiebra, de forma mucho más peligrosa, cuando se corrompen las reglas del juego ante la mirada tibia de los focos mediáticos. En el primer caso se cuestiona la honestidad de un político, en el segundo se  aniquila la neutralidad de las instituciones sobre las que se sostiene la democracia.