Castilla-La Mancha

El 31 de mayo es el Día de Castilla-La Mancha, pero para muchos ciudadanos esta fecha no se trata de un simple festivo regional o de una fiesta de folclore. Se trata de una oportunidad para reconocer y reafirmar algo mucho más sustancial: la lucha por la democracia, el autogobierno útil y la igualdad en el territorio.

Castilla-La Mancha es una región joven, nacida en la transición democrática. El 31 de mayo de 1983 se constituyeron las primeras Cortes regionales elegidas por los ciudadanos. Ese hecho no es anecdótico: es la materialización de la soberanía popular. Para quienes siempre hemos defendido que el poder debe residir en la gente, este es el primer motivo para celebrar: la autonomía es el resultado de un proceso democrático, no de una imposición histórica ni de una victoria militar.

La verdadera pregunta es: ¿para qué sirve la autonomía? La respuesta es clara: para poder decidir políticas públicas con criterios de justicia social. Sanidad, educación, dependencia, empleo, vivienda, cultura: todas estas son competencias que se gestionan desde la comunidad. Si la autonomía permite diseñar un sistema de dependencia más robusto, una educación más igualitaria o una sanidad de calidad, entonces la región tiene un valor real. Celebrar el Día de Castilla-La Mancha tiene sentido cuando se entiende como una herramienta para mejorar la vida de las personas, no como un ejercicio de orgullo nacionalista vacío.

La izquierda histórica ha sido crítica con los centralismos, tanto el centralismo madrileño como cualquier otro que concentrar poder lejos de la gente. La autonomía regional es una forma de descentralizar el poder, de repartirlo, de reconocer que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de quienes las viven. Castilla-La Mancha, con sus cinco provincias, su diversidad territorial y su historia común, puede ser un laboratorio de cómo organizar el poder de forma más democrática y menos jerárquica.

Debemos celebrar una identidad que no sea excluyente. Castilla-La Mancha no es una identidad que se construya contra nadie, sino una identidad que se hace desde la historia compartida, la cultura popular, la diversidad de provincias y la convivencia. Celebremos una región que no necesita de discursos de odio o de exclusión para existir. celebremos una identidad abierta, que convive con la identidad española y con la europea, sin que sean contradictorias.

Lo que se celebramos hoy no es un mito fundacional ni una leyenda. Es un proceso real: la aprobación del estatuto de autonomía, la elección de las primeras Cortes, la creación de instituciones propias. Es la memoria de un proceso democrático que permitió que una región se diera su propia organización política. Esta memoria es relevante porque conecta con la lucha por la democracia, por los derechos y por la participación ciudadana.

Celebrar el Día de Castilla-La Mancha no es una contradicción. Es celebrar el autogobierno cuando sirve para mejorar la vida de las personas, es celebrar la descentralización cuando reparte poder, es celebrar una identidad cuando es abierta y plural. Lo que no tiene sentido es celebrar lo vacío: el folclore sin contenido, el orgullo regional sin políticas públicas, la identidad sin igualdad. Se debe celebrar Castilla-La Mancha, pero con una condición: que sea una celebración crítica, útil y comprometida con la justicia social. Celebremos la autonomía que aproxima el poder a la gente, la región que se organiza para mejorar la vida de las personas y la identidad que no necesita de enemigos para existir. Ver menos

La parálisis de Feijóo es la prueba de su debilidad

Cada día nos despertamos con un nuevo sobresalto. Ayer, minutos antes de la sesión de control al Gobierno, el medio El Confidencial publicó un titular de gran impacto afirmando que la UCO estaba registrando la sede del PSOE en Ferraz por una trama de "financiación ilegal". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó de inmediato esta información para atacar con dureza al Gobierno, calificándolo como "el más sucio de la democracia" y presionando a sus socios (PNV y Junts) de cara a una posible moción de censura.

La realidad del registro es que la Guardia Civil acudió a Ferraz con un requerimiento judicial, pero no por financiación ilegal ni cajas B. Lo que realmente investiga el juez Pedraz es una presunta trama para "desestabilizar procedimientos judiciales" que afectan al PSOE. Se sospecha que el partido pudo haber financiado las maniobras de una exconcejala (Leire Díez) contra fiscales y mandos policiales, un asunto sobre el que el PSOE y Santos Cerdán habrían mentido. En cualquier caso, un asunto grave, que debe aclararse.

Pero lo que no parece de recibo es que el líder de la oposición se permita esos patinazos. En mi pueblo dirían que Feijoo está “ansiao”, pero no presenta una moción de censura, sabiendo que Sánchez no va a convocar elecciones hasta que no haya una sentencia que le retire el apoyo de los socios de einvestidura. El dilema de Alberto Núñez Feijóo con la moción de censura es uno de los tableros de ajedrez más complejos de la política española actual. La fachada pública de la oposición es de máxima urgencia, pero en los despachos el freno de mano está echado. ¿Por qué? Aquí confluyen varias razones que explican este inmovilismo aparente.

Presentar una moción de censura en España no es solo votar "no" al presidente actual; es una moción constructiva. Obliga al candidato a subir a la tribuna del Congreso y exponer un programa completo de Gobierno para el país. Si Feijóo da ese paso, se enfrenta a una trampa mortal, que intentaré explicar. 

Primera razón para no presentarla es que para amarrar los votos que le faltan, tendría que presentar una agenda económica y social. Si esa agenda se escora a la derecha para complacer a Vox, asustaría definitivamente al electorado de centro y moderado que necesita para ganar unas elecciones generales. Pero al no presentarla, Feijóo puede seguir haciendo oposición "en negativo" (desgastando al Gobierno con la corrupción o la amnistía) sin necesidad de desgastarse él mismo revelando qué haría exactamente con las pensiones, los impuestos o el modelo territorial. Presentar un programa que huela a coalición con Vox "le haría verse el plumero" mucho antes de que se abran las urnas, dándole alas a la izquierda para reactivar el discurso del "miedo a la ultraderecha".

La segunda razón es que desde el entorno de Feijóo se defiende una estrategia puramente pragmática. Presentar una moción sabiendo que la vas a perder es, en el manual político, un error de primero de carrera. Si el PP presenta la moción y Junts, el PNV y el resto del bloque de investidura votan en contra, Pedro Sánchez saldría del Congreso ratificado por la mayoría absoluta de la cámara. Feijóo ha repetido que una moción fallida solo serviría para "validar" o "blanquear" los escándalos del Gobierno. En lugar de debilitar a Sánchez, una votación perdida reagruparía a un bloque de investidura que hoy está notablemente fragmentado y lleno de reproches mutuos.

Para que la moción prospere, el PP necesita llegar a la cifra mágica de 176 diputados. La realidad matemática es implacable: las cuentas no salen sin meter en la misma ecuación a Vox y a Junts (o PNV). A nivel de programa, el PP podría pactar cosas con el PNV o Junts (en materia fiscal o económica son partidos conservadores), pero la presencia de Vox en el bloque de la derecha hace que los nacionalistas vascos y catalanes sospechen de cualquier movimiento. Feijóo ha sugerido alguna vez una "moción instrumental" (cuyo único punto programático fuera convocar elecciones de inmediato), pero ni Junts ni el PNV parecen dispuestos a firmar nada al lado de Santiago Abascal, ya que sus propios electorados no se lo perdonarían.

Feijóo prefiere que el Gobierno se desgaste por su propio peso y por el goteo judicial. Presentar la moción le obligaría a retratarse con un programa (donde tu argumento cobra todo el sentido) y, además, correría el riesgo de perder la votación, cohesionando a sus rivales justo cuando están más divididos. Pero con esos cálculos en Génova 13, no deberían estar utilizando los argumentos de situación muy grave, España se cae, etc, porque son en realidad una hipérbole que viene a mostrarnos el ansia de poder que hay en el PP. 

Desde el punto de vista del PSOE, si Feijóo diera el paso, obligaría a partidos que están muy distanciados o enfadados con el Gobierno (como Junts, Podemos o el PNV) a votar juntos de nuevo para frenar al PP. La izquierda leería una moción de Feijóo como un "regalo político" que les permitiría escenificar una nueva mayoría de investidura y salir con un balón de oxígeno para el resto de la legislatura.

Para la izquierda, la parálisis de Feijóo es la prueba de su debilidad ideológica. Lo ven como un líder atrapado: incapaz de armar una alternativa atractiva para el centro y los nacionalistas periféricos, dependiente del ala más dura de su partido y de Vox, y condenado a basar toda su estrategia en esperar un colapso judicial del Gobierno que no termina de materializarse en las urnas. 

 

El desgaste permanente: del “Váyase, señor González” al “el que pueda hacer, que haga”.

Luis María Ansón dijo en 1998 que, para terminar con Felipe González, “se rozó la estabilidad del propio Estado”, aunque luego matizó que no hubo una conspiración como tal y habló de una “operación de acoso y derribo”. La frase se publicó en una entrevista de Tiempo y fue recogida por varios medios; una versión anterior incluso la formulaba como “Fue necesario poner en riesgo el Estado para acabar con González”. En resumen, era una forma de decir: “vamos a minar su autoridad hasta hacerlo caer”. La expresión es polémica porque sugiere una intención deliberada de derribo, aunque quienes la usaron después insistieron en que hablaban de presión política intensa más que de una conspiración formal ¿hoy podríamos llamar a esto un golpe blando?

Es que hay frases que no solo retratan una época: la dejan marcada para siempre. “Váyase, señor González” fue una de ellas. Aznar no lanzó solo un reproche parlamentario; levantó una forma de hacer política que consistía en algo bastante más áspero: convertir al adversario en un problema moral, empujarlo al abismo de la deslegitimación y presentar su permanencia en el poder como una anomalía que había que corregir cuanto antes.

Aquello no fue un simple choque entre Gobierno y oposición. Fue la aplicación de un método. La política española descubrió entonces que no basta con disputar ideas o escaños; también se puede intentar expulsar al otro del territorio de lo aceptable. González quedó en el centro de una ofensiva que mezcló desgaste, escándalos, ruido mediático y una creciente voluntad de abatir al personaje antes que discutir al presidente. Ver hoy a González como uno más de los aplicadores de ese método es nauseabundo.

Hoy, con Pedro Sánchez, la escena ha cambiado de decorado, pero no de fondo. Ya no hace falta un gran gesto parlamentario para señalar al presidente como un obstáculo. Basta con una maquinaria continua de sospecha, una lluvia incesante de descalificaciones, la repetición hasta el agotamiento de que todo cuanto hace es calculado, torcido o ilegítimo. El método es más sofisticado, pero su intención es la misma: que el Gobierno gobierne a la defensiva, que el presidente viva cercado y que hacer política se convierta en una forma de sitio.

Aznar, con su “Váyase, señor González”, resumía una etapa en la que la oposición aún necesitaba una frase para fijar el golpe. Hoy eso ya no hace falta. El golpe es permanente. Se administra por entregas, en tertulias, titulares, redes, filtraciones y campañas donde cada episodio se presenta como definitivo. La política se ha vuelto un ruido, mejor dicho, un zumbido constante, una erosión sin descanso, una respiración artificial de la indignación.

Y en ese clima encaja también la nueva consigna, “el que pueda hacer, que haga”, que parece escrita para esta época de activismo feroz y de la paciencia escasa de un PP de Feijoo que parece sufrir un retortijón causado por toda la derecha que solo se le aliviará sentándose en la Moncloa. Es la lógica de quien asume que el poder no se disputa con serenidad sino con todo lo disponible; de quien entiende que la política, despojada ya de formas, se parece más a una carrera de resistencia que a un ejercicio de construcción. Pero esa energía, tan celebrada por algunos, tiene un precio muy alto: degrada el espacio público y convierte la acción en puro nervio.

La diferencia entre los años de González y los de Sánchez no está solo en el tono. Está en la velocidad y en la permanente disponibilidad del escándalo. Antes el desgaste necesitaba tiempo. Ahora el tiempo ya no hace falta: basta la secuencia infinita de impactos. Antes el derribo se pensaba como una operación excepcional. Hoy se ha normalizado como método de gobierno de la oposición. Y cuando la excepción se hace rutina, la política deja de ser una disputa democrática para convertirse en una industria del agotamiento.

El problema es que esa industria corrompe a todos. Al Gobierno, porque le obliga a encerrarse en sí mismo. A la oposición, porque la empuja a vivir de la demolición. Y a los ciudadanos, porque les enseña que la política no sirve para solucionar sus problemas y ordenar los conflictos, sino para avivarlo hasta que ya no quede nada en pie. Entonces, sí, queda la victoria. Pero es una victoria pobre, donde lo único que queda para compartir es la ruina.

Ese es el verdadero hilo que une el “Váyase, señor González” con la España de Sánchez: la tentación recurrente de no discutir al adversario, sino empujarlo fuera del escenario. Y cuando una democracia acepta eso como normal, ya no está discutiendo con dureza, sino que aprende a convivir con el derribo y su auto demolición. 

Un funambulista en Toledo o cuando la hipocresía cotiza al alza

Hay personajes en la política española que han hecho del equilibrismo una profesión y del cinismo político su seña de identidad. Emiliano García-Page es, sin duda, el alumno aventajado de esta disciplina. Su última ocurrencia hoy (otra más en su interminable catálogo de deslealtades a los suyos) ha sido pedir elecciones anticipadas. Un brindis al sol, una gesticulación de cara a la galería de un hombre que, en realidad, tiembla ante la sola idea de que las urnas se abran cuando toca. Teme las elecciones en su fecha; las ve demasiado pegadas a las autonómicas y pánico le da perder el sillón.

Porque no nos engañemos: la gran prioridad de Page no es Castilla-La Mancha, ni el bienestar de sus ciudadanos, ni las siglas del partido que le da de comer. Su única y obsesiva prioridad es ver caer a Pedro Sánchez de mala manera, aunque para ello tenga que incendiar su propia casa. A Page se la suda por completo que el Partido Popular llegue a la Moncloa de la mano de Vox. Le da idénticamente igual el retroceso social que eso suponga, siempre y cuando sacie su sed de venganza interna. Su lealtad empieza y termina en sí mismo; el PSOE le importa un pepino y por eso no le tiembla el pulso a la hora de ejercer de Judas cada vez que le ponen un micrófono delante.

Para mantener su feudo, el presidente castellanomanchego ha decidido mimetizarse con el adversario. Hace política de derechas, regala titulares de derechas y se fotografía sonriente en aquelarres con presidentes autonómicos de derechas con el único fin de erosionar al Gobierno central. Sabe perfectamente que en Castilla-La Mancha gana gracias al trasvase de votos del PP; solo hay que cruzar los datos de las elecciones generales con las autonómicas para entender el burdo truco de magia.

Lo que Page calla con amnesia deliberada es su propio pasado. Olvida que fue el primero en pactar con Podemos para poder amarrar la Junta de Comunidades, tras haberlo negado mil veces e insultado a la formación morada de forma sistemática. Una vez que usó sus votos para coronarse, los ninguneó y los desechó. Ese es el verdadero Page: el que demoniza los pactos ajenos mientras esconde bajo la alfombra los suyos propios.

Mientras él se dedica a pontificar en tertulias y a jugar a ser el guardián de las esencias patrias, Castilla-La Mancha hace aguas por todos lados. La región languidece en una parálisis absoluta, carente de cualquier tipo de iniciativa o proyecto de futuro. Su única política real consiste en sujetar los baches con parches invisibles, apuntalar el edificio para que no se note que se está cayendo a pedazos y aguantar el tirón justo hasta las próximas elecciones.

El problema de Page es el pánico al destierro. No se ha bajado de un coche oficial desde hace demasiados años, y la idea de volver a la llanura de los mortales, despojado de los privilegios del poder, es su peor pesadilla. Si de verdad se cree el poseedor de la "única verdad" y el salvador del socialismo, lo tiene muy fácil: que deje el partido. O mejor aún, que promueva un congreso extraordinario en el PSOE para medir, de una vez por todas de cara y sin emboscadas mediáticas, con qué apoyos reales cuenta entre sus compañeros de filas.

Pero no lo hará. Es mucho más cómodo seguir cobrando del carné socialista mientras se le hace el trabajo sucio a la oposición desde el confort de Fuensalida. Seguirá siendo el barón díscolo, el crítico de salón, el hombre que vende a los suyos por un titular mientras su comunidad se hunde en la desidia. Al final, la historia no recordará a Page como un estadista, sino como un oportunista aferrado al coche oficial.

Entre el shock y la ofensiva política

La noticia ha caído como un misil en el tablero político, dejando a las filas de la izquierda en un estado de estupefacción difícil de disimular. El auto judicial que señala al expresidente Zapatero por presunta corrupción abre un escenario tan inédito como perturbador. Ante la gravedad de las acusaciones, la primera reacción colectiva oscila entre el desconcierto y la cautela; apelar a la presunción de inocencia no es ya un formalismo legal, sino un clavo ardiendo al que agarrarse mientras se espera desesperadamente que el expresidente pueda defenderse públicamente y desmontar lo que muchos se resisten a creer.

Sin embargo, para entender el calado de este movimiento es imposible aislarlo del contexto en el que se produce. No estamos ante un hecho aislado, sino ante lo que parece el enésimo capítulo de una ofensiva judicial impregnada de una evidente ideología reaccionaria, una deriva que juristas de la talla del magistrado Martín Pallín llevan tiempo denunciando con lucidez meridiana. Es el síntoma de una justicia que, con demasiada frecuencia, parece inclinar su balanza según el carné político del investigado.

El doble rasero es tan flagrante que resulta una obscenidad. Asistimos a una velocidad de crucero y a un despliegue de filtraciones masivas cuando se trata de hostigar a figuras de la izquierda o a los entornos de la Moncloa (desde Podemos y Mónica Oltra hasta los casos más recientes). En contraste, esa misma maquinaria judicial parece adormecerse, perder el rastro o decretar el archivo exprés cuando los papeles apuntan a las siglas "M. Rajoy", a los contratos del aznarismo, o a los desmanes de la derecha madrileña.

Para colmo de sospechas, el origen de la información que activa este tsunami contra Zapatero no es doméstico: proviene directamente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). No es ningún secreto el profundo malestar que la política internacional de Pedro Sánchez, especialmente su firme postura ante la barbarie en Gaza, genera en ciertos sectores de la administración norteamericana y en el trumpismo emergente. Utilizar informes kilométricos cocinados al otro lado del Atlántico para dinamitar la estabilidad política española es una jugada maestra que la oposición doméstica no ha tardado en aprovechar.

El Partido Popular y Vox, incapaces de construir una alternativa constructiva o de articular mayorías parlamentarias reales, han encontrado en esta "brutalidad judicial" su mejor bombona de oxígeno. No les importa el rigor ni la verdad material; les basta la espectacularidad del fango para intentar desgastar al Gobierno por asfixia.

Se retrasa la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio. Nos encontramos, por tanto, en un compás de espera dramático. Mientras los datos se aclaran, queda una certeza incómoda: cuando la judicatura se convierte en el principal actor de la oposición y las garantías democráticas se supeditan a una agenda política, lo que se tambalea no es solo un Gobierno o un partido, sino la credibilidad misma del sistema. Cabe esperar, por el bien de todos, que la verdad penal termine imponiéndose a la cacería política. 

El indecente negocio de las agendas presidenciales

La Moncloa parece no ser solo la residencia del presidente del Gobierno; para algunos, parece haberse convertido en la mejor oficina de captación de clientes de su vida. La imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, aún no demostrada, no es un hecho aislado ni una simple tormenta judicial. Es la enésima bofetada de realidad que destapa una verdad incómoda: en España, haber dirigido los destinos de la nación es el salvoconducto perfecto para hacerse millonario en el sector privado vendiendo influencias a precio de oro.

El ciudadano de a pie asiste estupefacto a un agravio comparativo flagrante. El estatuto actual de los expresidentes que no es otra cosa que un blindaje legal redactado en los años 80 y 90 a la medida del bipartidismo, garantiza un retiro de auténtico lujo con dinero público. Casi 80.000 euros de sueldo vitalicio, secretarios con sueldos del máximo nivel administrativo puestos a dedo, oficinas pagadas, coches oficiales, chóferes, escoltas y viajes gratis en transportes del Estado. Nos dicen que es para "preservar la dignidad del cargo". Sin embargo, resulta obsceno que los mismos que reciben este generoso escudo pagado por los contribuyentes no tengan el menor reparo ético en compatibilizarlo con el lobbismo más descarado.

Cuando se rasca en las cifras del sector privado, la "dignidad del cargo" se traduce en un negocio astronómico. La opulencia de los consejos de administración y los contratos de asesoría dibuja un mapa de enriquecimiento que sonroja a cualquiera. 

Empecemos por Felipe González no se queda atrás en el arte de rentabilizar el pasado. Cobró 126.000 euros anuales brutos durante años como consejero de Gas Natural Fenosa hasta que la presión pública le obligó a dejarlo en 2015. Lejos de retirarse a su paga del Estado, volvió a la carga fichando como consejero en Boluda Towage, la filial de remolcadores del multimillonario Vicente Boluda. González ostenta además el récord de ser el primer expresidente en acumular más de 2 millones de euros únicamente procedentes de la asignación vitalicia del Estado que él mismo legisló en 1992.

José María Aznar quien ha convertido su salida de la política en una multinacional de la influencia. Como consejero independiente de News Corp (el gigantesco conglomerado mediático del magnate Rupert Murdoch), ha acumulado más de 4 millones de euros desde su fichaje en 2006, registrando picos anuales que superan los 341.000 dólares. A esto se le suma un sueldo estimado en 200.000 euros anuales como asesor de Endesa, esa eléctrica privatizada, casualmente, bajo su propio mandato (algo no investigable), además de sus lucrativos vínculos con firmas como la tabaquera Philip Morris o el mega-bufete Latham & Watkins.

M. Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad a su plaza en Santa Pola (Alicante), pero después de pasó a la mejor de Madrid, y quizás de España, ganando lo que no está en los papeles.

No sé cómo lo veréis los lectores, pero me parece que es una desfachatez democrática cobrar una pensión vitalicia del Estado mientras se utiliza el prestigio y los secretos de ese mismo Estado para engordar cuentas corrientes privadas.

O se le mete mano a este despropósito legislativo o lo que surgirá con los siguientes expresidentes será similar a lo relatado. Se necesita más que una propuesta política, una exigencia de higiene básica. La iniciativa la ha tomado Sumar donde pensamos que no se puede tolerar ni un minuto más que un expresidente comercie con la agenda de contactos que construyó mientras le pagábamos el sueldo. Si deciden convertirse en comisionistas o conseguidores de las multinacionales, que tengan la decencia de renunciar, desde el primer minuto, a cada euro, coche y secretario que les pagamos los ciudadanos.

En 2004 se creó la vía del Consejo de Estado: un retiro institucional digno, con un sueldo de 100.000 euros anuales, pero estrictamente incompatible con el sector privado. Que figuras como Aznar o González le dieran la espalda a este órgano consultivo para priorizar los cheques de las energéticas y los magnates extranjeros retrata a la perfección dónde reside su lealtad al Estado.

El verdadero termómetro de este despropósito está en el profundo hastío de los ciudadanos. Mientras el trabajador medio pelea por subidas salariales miserables, asiste con impotencia a un estatuto que blinda privilegios obscenos, como colocar a dedo a personal con el máximo nivel funcionarial. Incluso la aparente ejemplaridad del regreso de Mariano Rajoy queda bajo sospecha al haber obtenido un traslado exprés a la plaza más lucrativa de Madrid. Al final, la calle lo tiene claro: hay una oligarquía económica dispuesta a pagar lo que sea por comprar la agenda de un expresidente para seguir engordando sus cuentas.

Por supuesto, que el debate no es ajeno a la guerra de trincheras. Existen serias advertencias sobre el peligro de que la derecha instrumentalice judicialmente el caso de Zapatero para desestabilizar a la izquierda. Sin embargo, más allá de los recelos sobre el uso partidista de los tribunales o las viejas rencillas internas del socialismo, la conclusión de los ciudadanos no cambia: sea legal o no, esta falta de límites es éticamente insostenible. La reforma ya no es una opción de partido, sino la única vía para evitar que el prestigio del Estado siga en venta.

La alta política no puede seguir siendo una inversión a plazo fijo para forrarse en diferido. Regular y prohibir las actividades de lobby de nuestros exlíderes no es revanchismo; es defender la dignidad de las instituciones frente a quienes confunden el honor de haber servido a su país con una vulgar agencia de intermediación lucrativa. Ya basta de financiar los despachos de los mercaderes de la Moncloa.

La ofensiva judicial y las deudas pendientes de la izquierda en España

El análisis de la coyuntura política española actual exige un ejercicio de lucidez que evite caer en el reduccionismo o en la simple ingenuidad. Frente al actual escenario político-judicial, es obligatorio aplicar una máxima: que los árboles de las causas particulares no nos impidan ver el bosque del diseño estructural. 

Asistimos a un panorama donde las actuaciones judiciales parecen seguir un patrón sistemático establecido, un engranaje donde las piezas van cayendo de forma milimétrica. Ayer fue el acoso a la militancia de base, luego los entornos familiares, hoy es la imputación de Zapatero, y mañana el objetivo será Sánchez, Rufián o cualquiera que ose alterar el statu quo. Estamos ante una ofensiva de corte institucional, un sutil "golpe de Estado" operado desde determinados sectores de la judicatura y las cloacas policiales que, emulando la tristemente célebre consigna derechista del “¡Palante!”, busca subvertir los resultados de las urnas por la vía del desgaste asimétrico.

Con independencia a que puedan existir motivos para la investigación, este despliegue extiende una alfombra de dudas legítimas sobre la neutralidad de los tiempos del aparato judicial. No es casualidad que los mismos sectores mediáticos y tribunales que hoy muestran una celeridad quirúrgica para imputar, bloquear cuentas y airear indicios contra figuras del espectro progresista, mantengan adormecidos o directamente desactiven con paciencia y malas artes los casos más flagrantes de la derecha nacional. Mientras el juicio de la trama Kitchen sufre oportunas desconexiones o el novio de la presidenta madrileña ve cómo sus causas se dilatan sin prisa alguna, la maquinaria se vuelca en sobredimensionar la facturación de una pyme de marketing de las hijas de Zapatero o en calificar de "estructura criminal" lo que en la derecha tradicional siempre se ha catalogado y protegido bajo el eufemismo de "lobby licito". 

Difícil en esta trama asimétrica resulta calificar, el hecho de que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid puede jactarse de poseer información privilegiada bajo secreto de sumario mientras el ex fiscal general del Estado es perseguido penalmente por desmentir un bulo de la derecha. Existe, a todas luces, una quiebra en la credibilidad de la justicia española: el "Partido Judicial", ese poder que no se presenta a las elecciones pero que actúa como una tasca de tercera desde instituciones secuestradas como el Senado, ha decidido jugar abiertamente a la política.

"Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista..." El famoso poema del pastor Martin Niemöller resuena hoy con una fuerza devastadora en las filas de la socialdemocracia española. El gran pecado original del PSOE ha sido su tremenda tibieza ideológica, su ingenuidad juvenil o, peor aún, su dejadez egoísta. Durante siete años, el aparato del PSOE miró hacia otro lado, cuando no participó activamente, en las campañas de deshumanización judicial y mediática contra Podemos o contra las fuerzas independentistas. El partido dinástico y sistémico creyó que sus siglas y su sumisión a los pactos de la Transición lo hacían inmune al lodo. 

Validaron el relato de las cloacas sobre la financiación de Venezuela cuando afectaba a su izquierda; aplaudieron los vetos del PP a jueces progresistas e íntegros como Garzón o de Prada; y pactaron la renovación de órganos judiciales aceptando las reglas de juego de la derecha. Hoy, que la pinza judicial-mediática se cierra sobre ellos, descubren con zozobra que para el fascismo sociológico no hay matices: ahora el PSOE es el enemigo que batir. De aquellos polvos, estos lodos, y el PSOE está tomando hoy una cucharadita de su propia inacción; descubren tarde que la guerra sucia no respeta códigos de caballerosidad.

Frente a esta crisis de régimen, la izquierda española se fragmenta en dos respuestas psicológicas y operativas bien diferenciadas dentro de la esfera pública: mientras unos plantea como diagnostico que nos llega la pérdida de derechos sociales si gobierna la coalición PP-Vox y que existe un temor a un retroceso "hacia la Edad Media ideológica"; otros solo ven la desmitificación de Zapatero y Sánchez como "faros" éticos, y muestran su lógico rechazo a los negocios y asesorías internacionales tras dejar la Moncloa.

También se diverge en las propuestas para hacer frente a lo que está ocurriendo. Unos abogan por salir a las calles en defensa de la democracia o por crear plataformas ciudadanas, sindicatos de izquierda o recurrir al crowdfunding para denunciar judicialmente al PP; mientras otros proponen un llamado a votar ideas y no a líderes. Esa diferencia en diagnóstico y acciones los lleva a distintas conclusiones: los primeros afirman "Estamos perdiendo la guerra frente a un enemigo más fuerte y malvado; España se convertirá en una dictadura disfrazada". Mientras otros concluyen "No olvidamos el artículo 135 ni las contrarreformas económicas. Quien se acuesta con el capitalismo de influencia, amanece manchado".

Y por si éramos pocos, parió la abuela, porque no podemos aislar esta ofensiva judicial de los hilos invisibles de la geopolítica. La irrupción de informes de agencias estadounidenses desclasificados convenientemente tras los cambios de administración en Washington, sumado a los gestos públicos del embajador norteamericano recibiendo al líder de Vox, Santiago Abascal, evidencian que el pulgar de los poderes fácticos globales se ha inclinado hacia abajo. No es una casualidad; es una operación de manual.

Ante este panorama, la respuesta de la izquierda alternativa al PSOE no puede ser ni el repliegue melancólico ni la violencia callejera que algunos, desde la frustración de la edad o el odio ultra, amenazan con resucitar. Nuestra única fuerza real y democrática radica en el voto consciente y la reflexión profunda. No se trata de blindar a líderes que, al fin y al cabo, resultan ser piezas intercambiables de ese tablero de por sí corrupto. Lo que verdaderamente importa (el trabajo digno, la sanidad pública, el acceso a la vivienda y la educación) es lo que está en juego de cara a las próximas elecciones de 2027. La única acción posible es defender las ideas. 

Si la izquierda no es capaz de articular una plataforma ciudadana sólida, cohesionada y desprovista de mitomanías personales para frenar este golpe de Estado blando, el retroceso en derechos sociales no tendrá precedentes. Incluso el crecimiento económico actual se privatizará para que ese 3% realmente se gobierne desde los Consejos de Administración, mientras que la clase trabajadora tendrá que dar las gracias si tiene un techo donde dormir y comida que llevarse a la boca. 

La balsa de piedra de Saramago está a la deriva, y solo la organización popular podrá evitar que naufrague de nuevo en las orillas de los vencedores de 1936.