Vacantes MIR: la calidad también se elige

“Cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región”

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

POLITICA DE TIERRA QUEMADA

El cuestionamiento de la neutralidad y la honorabilidad de diferentes estamentos del Estado es una de las estrategias de comunicación más visibles del Partido Popular en los últimos años. Esta táctica busca deslegitimar la acción del Ejecutivo argumentando que ha "colonizado" o "sometido" las instituciones públicas.

Más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestionadas en el caso de Begoña Gómez por el juez y por PP y Vox, o del cuerpo de funcionarios que tramita las políticas migratorias a quienes acusan de estar permitiendo migrantes que no reúnen los requisitos exigidos para que esa regularización se produzca, el PP ha puesto en duda de forma sistemática a muchos organismos e instituciones:, entre los cuales voy a señalar algunos.

Uno de los focos de crítica más duros y constantes ha sido la Fiscalía general del Estado. El PP cuestiona abiertamente la imparcialidad de los fiscales, acusando al Fiscal General del Estado de actuar como un "ministro de la oposición" o de seguir instrucciones directas del Palacio de la Moncloa. Se ha puesto en duda la legalidad y limpieza de los nombramientos internos, tildándolos de "purgas", y se ha acusado a la institución de utilizar su poder de forma partidista para proteger a los miembros del Gobierno en casos de presunta corrupción y desatender las denuncias que afectan al entorno del Ejecutivo.

El segundo caso es el del Tribunal Constitucional. A raíz de la mayoría de corte progresista en el tribunal de garantías y de resoluciones de gran calado político como el aval a la Ley de Amnistía o la revisión de las sentencias del caso de los ERE de Andalucía, el PP ha elevado la dureza de sus descalificaciones hacia este órgano, llegando a calificar al Tribunal Constitucional como un apéndice del Gobierno, asegurando que su presidente está "a las órdenes" de la Moncloa. Unas declaraciones que generaron una fuerte polémica institucional, las realizaron  destacados portavoces del PP que llegaron a referirse al propio tribunal de garantías como "el cáncer del Estado de derecho" (palabras por las que el partido posteriormente se disculpó parcialmente).

El tercer objetivo de desprestigio es el CIS, Centro de investigaciones Sociológicas. El PP mantiene una ofensiva total contra el funcionamiento del CIS, dirigido por José Félix Tezanos. Los populares acusan formalmente al organismo público de "falsear", "prefabricar" y "manipular" de manera deliberada los datos de las encuestas electorales y los barómetros de opinión pública para beneficiar los intereses del PSOE y perjudicar a la oposición. La desconfianza es tal que el partido ha promovido comisiones de investigación en el Senado e interpuesto querellas en los tribunales por presuntos delitos electorales y malversación de fondos públicos en la elaboración de sus estudios.

El Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado y tampoco ha quedado al margen. El PP acusa de forma recurrente a la presidencia de la Cámara Baja de haber perdido la neutralidad institucional que exige el cargo y de actuar de forma arbitraria. Se les afea "secuestrar" los tiempos parlamentarios, dilatar la tramitación de comisiones que no convienen al Gobierno, o flexibilizar el reglamento del Congreso para favorecer los debates y votaciones que benefician a la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Tampoco escapa a sus criticas TVE. Al igual que con el CIS, el PP sitúa a la corporación pública de radio y televisión bajo una sospecha constante de manipulación y falta de pluralidad. El partido denuncia regularmente los nombramientos de sus consejos de administración y direcciones informativas, tildando al ente público de "apéndice de la Moncloa" o "altavoz del sanchismo", cuestionando el trabajo diario de los profesionales de la información de la cadena.

Lo triste es que mientras que el PP defiende que estas duras críticas son legítimas y necesarias para denunciar lo que consideran un "deterioro democrático" e "institucional" provocado por el Gobierno, en realidad lo único que consiguen es  debilitar de forma peligrosa la credibilidad de las instituciones del Estado, dañando la confianza de los ciudadanos en los pilares del sistema democrático. Los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen.

No se puede sostener un discurso basado en la "regeneración democrática" si, para desgastar al rival, se está dispuesto a quemar los pilares del sistema. Cuando el PP siembra sospechas infundadas sobre la Policía, tilda al Tribunal Constitucional de apéndice del Gobierno, acusa a los funcionarios de prevaricar en la regularización de migrantes o califica de "secuestro" las decisiones del Congreso, está enviando un mensaje peligroso: que las instituciones españolas solo son limpias si el PP está en el poder.

Esta deriva del PP recuerda peligrosamente a las estrategias de la derecha populista norteamericana o latinoamericana: si la realidad judicial, de datos o parlamentaria no me da la razón, se ataca directamente al emisor. Es una política de tierra quemada donde el fin (desalojar Sánchez de la Moncloa) justifica cualquier medio, incluido el desprestigio de organismos técnicos e instituciones cuya credibilidad ha costado décadas consolidar.

Si un partido convence a sus votantes de que los árbitros del Estado están permanentemente comprados y corrompidos, ¿con qué autoridad moral y legitimidad social pretende gobernar el día de mañana a la otra mitad del país que hoy desprecia?

El censo de la infamia y el miedo a las urnas

La derecha española ha cruzado una nueva línea roja en su estrategia de desgaste institucional. Es una ofensiva coordinada, en la que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han decidido situar en la diana a la conocida como "Ley de Nietos", integrada en la Ley de Memoria Democrática. Bajo el paraguas de una supuesta acusación de "ingeniería electoral", el Partido Popular no solo resta mérito a un derecho histórico de reparación, sino que siembra la sospecha del fraude generalizado. Es la importación definitiva del manual más rancio del trumpismo: si las expectativas electorales flaquean, la culpa es del árbitro, de las reglas del juego o del propio censo.

Resulta de un cinismo abrumador que Feijóo califique de tramposo el incremento de votantes en el exterior. Alguien debería recordarle al que llaman líder de la oposición su dilatada etapa al frente de la Xunta de Galicia, donde la captación y el fomento del sufragio de la diáspora gallega no era "ingeniería", sino, según sus propias palabras de entonces, un acto de justicia identitaria. El voto emigrante solo se vuelve "sospechoso" ante los ojos de la derecha cuando intuyen que ya no pueden controlarlo ni pastorearlo de manera clientelar.

Sufren de una asimetría moral que no es nueva. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la nacionalización de los descendientes sefardíes expulsados en el siglo XVI, la medida se aplaudió como una restitución histórica incuestionable. Tampoco asusta en las filas populares el desembarco de fortunas venezolanas en el barrio de Salamanca de Madrid. El problema, al parecer, surge cuando quienes recuperan su derecho son los hijos, nietos y bisnietos del exilio republicano; aquellos a quienes la dictadura franquista no solo despojó de su patria, sino también de su identidad. Defender que estas personas habrían nacido y votado en España si no fuera por un golpe de Estado no es retórica partidista; es un principio básico de justicia de la Transición, esa que les parece tan modélica. 

Pero el inventario de conceptos que despliega el PP es todavía más peligroso cuando entra en el terreno de la xenofobia institucional. Al vincular los consulados atascados por la Ley de Nietos con el "efecto llamada" y el supuesto "colapso de los servicios públicos", Ayuso agita de manera irresponsable las tesis de la extrema derecha sobre el "gran reemplazo". Y no se queda ahí. Su advertencia explícita y mafiosa hacia el cuerpo diplomático ("cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal") es un intento flagrante de coaccionar a los empleados públicos a través del miedo a represalias judiciales.

Con esta pirueta discursiva, el PP busca tapar una propuesta verdaderamente preocupante: una reforma a la griega o a la italiana para otorgar una "propina de escaños" al ganador, un truco legal para forzar mayorías absolutas artificiales y diluir el pluralismo político de nuestro país.

El debate de fondo, el que verdaderamente le interesa a la ciencia política y al progresismo, es radicalmente opuesto al ruido artificial de Génova. Mientras la derecha se inventa conspiraciones sobre cómo el Gobierno "asigna provincias arbitrariamente" al voto exterior (algo técnicamente imposible porque la ley rige la adscripción familiar rígidamente), nuestro sistema sigue arrastrando una anomalía democrática flagrante. Hoy facilitamos, de manera justa, el voto a personas en Buenos Aires o México que jamás han pisado el país, mientras se lo negamos sistemáticamente en las elecciones generales a cientos de miles de migrantes que residen, consumen, trabajan y sostienen con sus impuestos nuestros servicios públicos desde hace décadas.

El miedo del Partido Popular es, en realidad, un miedo a la demografía y a la movilización. Al tensar la cuerda con acusaciones de pucherazo, al abusar de la vía judicial y al insultar la memoria de las víctimas de la dictadura, la derecha suele conseguir el efecto contrario al deseado: levantar del sofá al electorado progresista por pura autodefensa democrática. No es ingeniería electoral, señores del PP; es, sencillamente, que a ustedes les da pánico que la ciudadanía vote en libertad.

Continúen, continúen, genios. 

Aldama

Es una indecencia política que personajes como Aldama encuentren grietas en las instituciones públicas para lucrarse, evidenciando la necesidad de controles democráticos mucho más estrictos, leyes de transparencia reales y una fiscalización implacable del lobby privado.

Pero debe ser una decencia jurídica que su castigo emane de unos tribunales independientes, a través de una sentencia rigurosa y basada estrictamente en el Código Penal. La izquierda no debe buscar la venganza, sino la justicia y la regeneración democrática. 

La verdadera decencia del sistema se demuestra cuando el Estado de Derecho es capaz de extirpar la corrupción sin corromper sus propios principios garantistas.  

Filtraciones

 El debate sobre las filtraciones de sumarios y de informes policiales, como el reciente caso del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha llevado al juez  Calama a abrir una investigación, toca una de las fibras más sensibles de la calidad democrática. La garantía procesal y la defensa del Estado de derecho frente a los poderes fácticos, las filtraciones de secretos sumariales no son meras "anécdotas periodísticas", sino una patología grave del nuestro sistema judicial y de los medios.

El principio de presunción de inocencia es la mayor conquista de los ciudadanos frente al poder punitivo de las fuerzas de orden público del Estado y de los medios de comunicación y redes sociales. Cuando un informe policial no definitivo o un dato bajo secreto de sumario se filtra de manera selectiva a los medios, se activa de inmediato lo que se conoce como la "pena de telediario". Se genera una condena social instantánea, un linchamiento público sin posibilidad de contradicción ni defensa legal. Para cuando llega el juicio real (si es que llega a haberlo, pues muchas de estas causas terminan archivadas), la reputación de la persona ya ha sido destruida de forma irreversible. La justicia lenta no es justicia, pero la justicia mediática es, directamente, una ejecución civil.

Preocupa profundamente cómo facciones (porque son facciones) dentro del propio aparato del Estado (sean elementos de las fuerzas de seguridad o de la judicatura), utilizan recursos públicos y su acceso a información privilegiada para intervenir en la agenda política. La filtración de  datos personales o informes sesgados en momentos políticamente sensibles no busca la verdad ni la justicia, sino alterar tableros políticos, erosionar liderazgos e influir en la opinión pública de manera ilegítima. Estamos ante una forma de pervertir la separación de poderes: la policía y los juzgados deben investigar hechos bajo el imperio de la ley, no surtir de munición a los titulares de prensa para desgastar a adversarios políticos.

El secreto de sumario existe por dos razones: proteger el éxito de una investigación y garantizar que el investigado no sea juzgado en una plaza pública antes de poder defenderse ante un tribunal con todas las de la ley. Las filtraciones dinamitan ese equilibrio. Convierten el proceso judicial en un espectáculo de consumo masivo, donde el morbo y el sesgo partidista sustituyen a las pruebas empíricas y a un debate jurídico con rigor. El garantismo en un proceso penal es, por definición, una postura de izquierdas: es la protección del individuo, sea quien sea, frente a la arbitrariedad, el abuso de poder y los linchamientos de la masa espoleados por intereses mediáticos o  corporativos.

Por todo esto, la decisión del magistrado de abrir una pieza separada para investigar el origen de la filtración no es un asunto más, sino un paso necesario para delimitar responsabilidades dentro de las propias instituciones del Estado y frenar esta deriva en la que llevamos desde que la izquierda sacó del gobierno al PP con una moción de censura a Rajoy. Asistimos a un momento donde la lucha política se traslada de las urnas y los parlamentos a los tribunales y los platós de televisión, debilitando las bases de la convivencia democrática.

Los Rajoy, Tellado, Muñoz, Bendodo, junto con los  PJ Ramírez, I. Jiménez, AR y demás aves rapaces anidadas en muchos medios, han constituido una empresa especializada en construcción de patíbulos y cadalsos en plaza pública, y es penoso que solo un juez de entre miles, de un paso para tratar de evitarlo. Otra cosa será que lo consiga. 

Algunos se alegran asistiendo a esos linchamientos, olvidando el poema de Martin Niemöller: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada, porque yo no era comunista… 

La balanza

Dice la historia que la Justicia es ciega, y nos la muestran con una venda en los ojos para no mirar a quién juzga y una balanza en la mano para medir las verdades con milimétrica equidad. Pero en estos días y en esta tierra cansada, la venda o se ha caído, o lo que es peor, se la han puesto al revés, para que pueda mirar de reojo el carné de identidad del acusado. Los señores de las togas, en sus palacios de mármol y en sus silencios antiguos, han descubierto que les gusta jugar a alquimistas. No quieren transformar el plomo en oro; prefieren transformar las sospechas en sentencias y las certezas en olvidos. Dicen defender la ley, pero la ley se ha vuelto una cuerda que solo aprieta los cuellos que miran hacia la izquierda.

Hay un hombre en el palacio de gobierno y una jauría de perros con papeles y citaciones persiguiendo su sombra, rozando los talones de su familia, en un chantaje escrito con tinta de odio: o te vas, o te encerramos. Mientras tanto, el corruptor de turno, el que lleva en sus manos el botín y la boca llena para repartir confesiones a la carta, camina libre, premiado con el aire puro, porque sus mentiras sirven para alimentar el fuego de las hogueras de algunos. La memoria de los tribunales es asimétrica. Para unos, el peso implacable del martillo; para los otros, la benévola mirada del perdón anticipado. La justicia, que debiera estar en casa de todos, se ha mudado al barrio donde solo pueden vivir unos pocos.

El miedo y el asco recorren las calles, masticando la indignación de saber que los derechos conquistados a pulso pueden ser borrados de un plumazo judicial. Se huele en el aire que se acerca de nuevo un tiempo gris, como aquel de hace ochenta años, donde la información será delito y el retroceso será la norma. Murmuran en las esquinas que "El sistema está podrido". Algunas instituciones, otrora  fundamentales, se han convertido en el brazo armado de los que no necesitan presentarse a elecciones para mandar.

¿Qué nos queda entonces? Queda la gente, la memoria que no se rinde, el voto masivo contra los fantasmas del pasado, y los pies que dudan si salir a la calle, para no romper nada más que el silencio. Pero también para recordarles a los señores del poder que la democracia no pertenece a los tribunales. Es propiedad de los que tienen sus ojos abiertos y de quienes la defienden. Y ustedes de propiedades si entienden.

A cabalgar hasta enterrarlos en el mar. 

Cuando el "todo vale" sustituyó a los escrúpulos

Hubo un tiempo en que la política y la vida pública se regían por un código no escrito de mínimos exigibles. Un tiempo en el que la sospecha fundada de corrupción generaba ostracismo, la ordinariez institucional provocaba sonrojo y la mentira conllevaba un coste social. Hoy, ese tiempo ya es una reliquia  de la arqueología. Ven las pantallas televisivas o las redes sociales dan muestra a cada momento de lo que afirmo.

Nos hemos adentrado en una era de anestesia moral colectiva donde la verdad ya no es un valor, sino un estorbo, y donde el rival político no es un adversario que batir con argumentos, sino un enemigo a destruir por cualquier medio. Los ejemplos de esta deriva salpican la crónica diaria sin distinción de ámbitos.

Asistimos atónitos a la paradoja de ver a personajes vinculados a tramas de corrupción, como Víctor de Aldama, condenados o severamente señalados por la justicia, pasearse por platós de televisión o discotecas siendo jaleados como héroes contraculturales o ídolos de masas, permitiendo que el relato del "pícaro" o el "rebelde" o  el “malote” sepulte la gravedad del saqueo de fondos públicos. 

En paralelo, la crispación salta de las instituciones al césped: la celebración de un éxito deportivo, como el ascenso del CE Sabadell, se convierte desde un balcón municipal en un foro para que un deportista profesional instigue al insulto grueso ("hijo de puta") hacia el presidente del Gobierno, jaleado por la masa. El respeto institucional ha sido devorado por el hooliganismo.

Al mismo tiempo, los portavoces de la oposición y de partidos rivales no dudan en emitir sentencias condenatorias definitivas basándose únicamente en informes preliminares de la UCO, obviando la presunción de inocencia cuando el investigado viste la camiseta contraria. Si el investigado es "de los nuestros", es una víctima de una persecución política; si es "de los otros", el informe policial es una verdad jurídica incuestionable.

La doble vara de medir se ha blindado en los cuartos de guerra de los partidos. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso convive con el escándalo de su pareja, investigado y procesado por fraude fiscal, residiendo en un piso presuntamente costeado con esos fondos, mientras una parte considerable de su electorado premia su agresividad política con aplausos y mayorías. 

La hemeroteca reciente es un cementerio de coherencia. No hay que viajar muy atrás para recordar cómo la filtración de audios del excomisario Villarejo, que evidenciaban la fabricación de pruebas falsas contra rivales políticos por parte de las cloacas del Estado, fue minimizada por media España mientras la otra media ponía el grito en el cielo. Para la oposición todo lo que haga el gobierno, incluso incrementar los fondos para la dependencia, lo tilda de traición a la patria.

El diagnóstico de esta sintomatología es claro: la polarización extrema ha vaciado de contenido los principios. La verdad ya no importa; lo único que importa es el impacto del relato. Si un dato beneficia a mi bloque, se sacraliza; si lo perjudica, se califica de fake news o conspiración. Hemos asumido que el fin justifica los medios y que el castigo penal o administrativo es secundario si el "nuestro" consigue lo que pretenda, si es bueno o malo para la mayoría de los ciudadanos, no importa en absoluto.  

La conclusión de este escenario es tan desoladora como evidente. Vivimos en un país donde la masa social e institucional ya no tiene escrúpulos de nada. Cuando la ética se subordina a la ideología, la sociedad civil renuncia a su papel de juez crítico y se convierte en mero cómplice. 

Al perdonar la amoralidad de los nuestros para evitar el triunfo del rival, no estamos salvando un modelo de país: estamos cavando la fosa de su calidad democrática. Sufrimos anestesia moral.

Buenas noches.