Las calles y fronteras de Ceuta se han convertido en el espejo donde se reflejan las costuras de un sistema que prefiere culpar a las víctimas antes que asumir sus responsabilidades. Frente al goteo incesante de discursos alarmistas que buscan vincular la inmigración con una supuesta "crisis de salud pública", la evidencia científica y el análisis político, nos dicen algo muy distinto a lo que podemos encontrar en las redes sociales: no estamos ante un peligro de enfermedades importadas, sino ante una crisis humanitaria provocada por la falta de recursos básicos, el hacinamiento y la infravivienda.
Las personas que arriesgan su vida para cruzar la frontera suelen llegar con cuadros de deshidratación, malnutrición, traumatismos físicos o estrés postraumático. Ninguna de estas situaciones es una enfermedad transmisible. Si posteriormente aparecen casos de sarna o problemas gastrointestinales, la causa no se encuentra en sus países de origen, sino en la insalubridad y la desprotección que experimentan a su llegada. De hecho, los datos desmienten la existencia de un riesgo real para la población general o de un colapso del sistema hospitalario atribuible al colectivo migrante. Son datos de hoy: la abrumadora mayoría de los ingresados son residentes locales, y los casos de afecciones como la tuberculosis o la sarna que causaron alarma estos pasados días, se corresponden con brotes aislados o de origen institucional ajeno a los recién llegados.
Asistimos a una instrumentalización de la enfermedad, una herramienta clásica para construir al "enemigo externo" y justificar la exclusión históricamente. Demasiados indocumentados en salud publica dedicados a situar el foco en el origen geográfico en lugar de en la falta de higiene y condiciones dignas. Con ello, no solo alimentan el racismo, sino que perjudican gravemente el bienestar colectivo. Cuando la derecha utiliza la estigmatización como baza electoral, genera un clima de miedo que aparta a las personas vulnerables del sistema sanitario, dificultando la detección precoz y mermando la eficacia de la salud pública universal. Y eso no es algo nuevo inventado ahora en Ceuta, sino una norma de comportamiento conocida desde hace siglos.
Señor Feijoo, no actúe como un indocumentado, que ayer incluso demostró serlo. Garantizar la salud y la dignidad no es una concesión opcional, sino una obligación ética y a la que nos obliga esa Constitución que no se quita de la boca cuando le interesa. La solución a la situación que existe hoy en Ceuta pasa por abandonar la trinchera del odio y adoptar una política pública articulada en torno a los derechos humanos. No quiero ni imaginarme que esto hubiese sucedido con usted, Tellado, Bendodo, Muñoz o Gamarra al frente del país.
Si tanto le preocupa la salud de los ceutíes, empiece por exigir que se garantice agua, alimento, un techo digno, apoyo psicológico y atención médica integral, atendiendo prioritariamente a la infancia y a las mujeres embarazadas, esos colectivos para los que solo entiende la expulsión. Esa es la única respuesta verdaderamente eficaz y justa. La salud pública, para ser eficaz, no tiene pasaporte ni entiende de fronteras. Infórmese antes de decir vaguedades.
