En la retórica política de hoy, pocas fórmulas resultan tan atractivas como la promesa de «gobernar para todos». Es el eje discursivo sobre el que pivota La Reconstrucción Nacional, el programa con el que el PP concurre a las urnas este 29 de noviembre. Sin embargo, cuando la mirada analítica va más allá del eslogan y desciende a sus 249 medidas, surge una pregunta fundamental para cualquier demócrata: ¿quién cabe exactamente dentro de ese «todos»?
Gobernar para el conjunto de la ciudadanía exige garantizar la igualdad de derechos civiles y desplegar políticas públicas que corrijan las desigualdades de origen. Bajo este prisma, el documento popular no plantea una reconstrucción neutra, sino una redefinición del contrato social que beneficia a determinados perfiles mientras recorta derechos o garantías a otros.
El primer punto donde se choca es en la frontera de los derechos civiles y la memoria. La propuesta de derogar la Ley Trans y reorientar las políticas familiares bajo marcos tradicionales (incluyendo ayudas vinculadas al «concebido no nacido») supone una regresión en las libertades individuales. Eliminar derechos de autodeterminación ya reconocidos implica subordinar la igualdad ante la ley a una concepción moral particular. Algo similar ocurre con la insistencia en sustituir la Ley de Memoria Democrática por una «norma de concordia»: lejos de cerrar heridas, quienes defienden las políticas de memoria advierten que esta medida diluye el deber del Estado hacia las víctimas de la dictadura, equiparando situaciones que históricamente son asimétricas bajo una aparente neutralidad.
En segundo lugar, el texto introduce una ruptura apreciable en la concepción de que son la ciudadanía y la cohesión social. El endurecimiento de la política migratoria con devoluciones en un plazo máximo de siete días, ejecuciones de expulsión incluso con causas judiciales pendientes y requisitos de nacionalidad con trato preferente por afinidad cultural, configura, según las organizaciones de derechos humanos un sistema de garantías asimétrico. Sumado a la prohibición de determinadas prendas religiosas en el espacio público, este bloque normativo prioriza la asimilación cultural frente a la integración en igualdad, estableciendo de facto distintas categorías de sujetos de derecho según su origen.
Finalmente, el modelo socioeconómico y educativo proyecta una clara redistribución inversa. En materia de vivienda, la derogación de los topes al alquiler y la apuesta por la liberalización del suelo y las rebajas fiscales a la compra favorecen a propietarios, promotores y jóvenes con capacidad previa de ahorro, pero dejan a la intemperie a los inquilinos de rentas bajas en mercados tensionados. De igual modo, sustituir el Ingreso Mínimo Vital por una «Renta de Activación» condicionada, recortar estructuras públicas y blindar la enseñanza concertada frente a la escuela pública dibujan un Estado más pequeño en protección social, donde el acceso a oportunidades depende cada vez más de la renta familiar que de la garantía colectiva.
Frente a estas objeciones, los redactores del programa y los sectores del centroderecha sostienen precisamente la tesis opuesta. Argumentan que el verdadero gobierno para todos pasa por desmantelar lo que consideran «legislación ideológica» aprobada para satisfacer a minorías parlamentarias, y afirman que la igualdad real se protege mediante la seguridad jurídica, la bajada generalizada de impuestos y una administración centrada en la eficacia de los servicios básicos.
Este programa en su conjunto nos deja un debate electoral nítidamente delimitado entre dos concepciones antagónicas de la igualdad: una que entiende lo público como el instrumento imprescindible para que nadie quede atrás, y otra que concibe el repliegue regulatorio y fiscal como el mejor servicio a la mayoría social. En esa disyuntiva se decide no solo un programa de gobierno, sino el tamaño real de ese «gobierno para todos» al que este programa apela.
No nos dejemos engañar por el señuelo retórico de una supuesta «reconstrucción» que oculta, bajo mantos de falsa neutralidad, el desmantelamiento de los derechos conquistados y la protección de los privilegios de unos pocos. Apostar por un modelo progresista no es solo una opción electoral; es una urgencia democrática imperativa para blindar los servicios públicos, frenar la exclusión social y garantizar que la igualdad y la justicia de clase vuelvan a ser el auténtico motor de nuestra convivencia.