Patriotismo de saldo y guerras ajenas

Hay días en los que una nación se asoma al abismo de la Historia, y otros en los que le basta con asomarse a una rueda de prensa en Madrid. En los primeros se deciden guerras, alianzas y tratados; en los segundos, se reparten consignas y ocurrencias, aderezadas con algún adjetivo que haría enrojecer a un profesor de bachillerato. Cuando el patriotismo se reduce a obediencia comercial, el amor a la patria se parece sospechosamente al cariño que se profesa a una tarjeta de crédito.

El presidente del Gobierno ha tenido la descortesía de recordar algo elemental: bombardear países no suele traer nada bueno y el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos. Y, por si fuera poco, ha añadido que España no está obligada a prestar sus bases militares cada vez que a Donald Trump se le antoja una guerra como quien se antoja un postre. Ante semejante despropósito de autonomía, ciertos despachos de la Puerta del Sol han activado el protocolo habitual: el problema nunca es la guerra, siempre es Sánchez.

Según la derecha patriótica de guardia, el “señor del ‘no a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro’ va a arruinar a España”. El lector desprevenido podría imaginar que el presidente ha decidido bombardear Teruel o sitiar Cuenca, pero lo único que ha hecho es negarse a que España sea cómplice “de algo malo para el mundo” y plantar cara a las amenazas de represalias comerciales. Ha elegido el incómodo papel de aliado díscolo frente al mucho más cómodo rol de vasallo dócil, y eso, para quienes han convertido la palabra “patria” en un complemento multiusos, es imperdonable.

La paradoja es que muchos de quienes hoy denuncian la “guerra entre españoles” llevan años viviendo políticamente de cultivar un conflicto civil permanente, una guerra fría castiza en la que, de lunes a viernes, se insulta a medio país y, los domingos, se llevan flores a la bandera. Mientras tanto, el muro que de verdad cuenta es bastante sencillo: de un lado, el derecho internacional y el “no a la guerra”; del otro, la obediencia a Trump presentada como sentido de Estado.

Porque, parece que, sin pretenderlo, la crisis abierta por las amenazas de Trump a España ha roto el monopolio de la bandera por parte de la derecha y ha abierto a la izquierda la opción de un patriotismo ligado a la paz y a la legalidad internacional. La posición del Gobierno español de no ceder las bases de Rota y Morón para una intervención en Irán, exigir respeto a los tratados y oponerse a la guerra, es coherente con la línea europea de las últimas décadas y más sensata que seguir a Washington en otra aventura bélica en Oriente Medio.

PP y Vox actuan como satélites del movimiento MAGA, priorizando el alineamiento con Trump y luego, si sobra, ya pensaran en España, y todo por odio a Sánchez antes que por amor a la propia España. La contradicción de quienes decían llorar por la legalidad internacional y ahora reprochan al Gobierno que arriesgue la relación con Estados Unidos precisamente por defender esos principios jurídicos.

Frente al patriotismo casposo de la derecha, la izquierda plantea un patriotismo plural, democrático y empático, compatible con el “no a la guerra” y con la igualdad soberana entre Estados. Aviso a navegantes: Canadá, demostró que la equidistancia entre Trump y su propio país, le costó las elecciones a un candidato  ¿podría ocurrir eso en España? Puede que lo de hoy en la derecha sea nerviosismo.

No puedo callarme

Hoy el día amanece con un experimento sociológico y televisivo a cielo abierto: no me refiero a turistas atrapados, sino a personas que se fueron a Dubái huyendo de Hacienda exigen ahora a gritos en redes sociales que el Estado español vaya a rescatarles. De pronto, la patria que “solo sabe robar impuestos” se convierte en la madre protectora a la que se le suplica una plaza en el avión. El mismo Estado que ayer era un lastre opresor hoy es una aseguradora de lujo, pagada, eso sí, por las cuotas de los demás.

Es una escena perfecta para entender cómo funciona la pedagogía del privilegio: los beneficios son siempre privados, las pérdidas siempre públicas. Cuando las cosas van bien, la bandera es la del mérito individual, el “yo me lo he currado” y “que cada uno se pague lo suyo”. Cuando empiezan a silbar los misiles y cierran aeropuertos, entonces la bandera cambia: “somos españoles, tenemos derechos, que nos saquen de aquí”. No hay mejor metáfora de la doble moral fiscal que esa cola imaginaria ante la embajada, ordenada por tramos de IRPF.

Porque, al final, lo que se discute no es si el Estado debe proteger a sus ciudadanos (claro que debe hacerlo), sino qué modelo de ciudadanía hemos aceptado como normal. Una ciudadanía low cost, que solo se activa cuando hay que recibir, jamás cuando toca contribuir. Si algo deja claro este amanecer con quejas en los programas de TV matutinos desde Dubái es que el problema no son los impuestos, sino la escandalosa costumbre de algunos de querer vivir en sociedad como si fueran turistas: disfrutando de todos los servicios, pero dejando siempre la cuenta a nombre de los demás.

La matanza del 3 de marzo del 76 en Vitoria.

Hay fechas en nuestra historia que dejan al desnudo al régimen franquista mejor que cualquier discurso. Hacía unos meses de la muerte del dictador, pero aún vivía la dictadura. Tal día como ayer, 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, es una de esas fechas. La ciudad en huelga, miles de trabajadores organizados en asambleas, una iglesia llena y un Estado que respondió con gases, pelotas de goma y balas reales. Cinco obreros asesinados, más de cien heridos. Eso es pasado, pero no lo es que cincuenta años después, todavía hay quien nos habla de Transición “modélica”, y nadie lo hace de la impunidad de culpables. 

Lo que ocurrió en la parroquia de San Francisco de Asís no fue un accidente ni un “exceso” policial, sino una operación planificada para romper un ejemplo que estaba dando una clase trabajadora que se había dotado de sus propias herramientas de democracia (huelga general, comisiones representativas, asambleas masivas) y que empezaba a ser considerada peligrosa por poner en cuestión no solo los salarios y los convenios, sino quién mandaba realmente en las fábricas y en las calles. Vitoria era la demostración práctica de que la ruptura democrática podía venir desde abajo y la respuesta del franquismo tardío fue la decisión de disparar.

Conviene no perder de vista el escenario que vivíamos esos días: Franco llevaba poco muerto, el rey Juan Carlos I encabezaba un Estado que seguía siendo franquista en su aparato policial, militar, judicial y económico, y el Gobierno de Arias Navarro, con Fraga al frente de la represión, intentaba vender una “reforma” pero sin tocar los pilares del régimen. Frente a ese guion, los trabajadores de Vitoria ensayaban otra clase de  transición, la organizada en comités, en asambleas abarrotadas, con reivindicaciones que iban de los salarios a la amnistía, a la reducción de jornada y al derecho efectivo a huelga.

Por eso me duele tanto el relato posterior. Porque la historia oficial nos habla de la Transición cómo un paso suave del franquismo a la democracia gracias a la responsabilidad de las élites, mientras deja en los márgenes del relato a quienes paralizaron ciudades enteras con huelgas, desde el cinturón industrial de Madrid hasta Euskadi. Lo sucedido en Vitoria desmiente ese mito al mostrar que la Transición fue también un conflicto abierto entre un pueblo trabajador que empujaba hacia la ruptura y unos poderes que aceptaron ceder libertades a cambio de conservar su núcleo de poder.

Pero la matanza no frenó la movilización, al contrario, la huelga general del 8 de marzo en Euskadi y Navarra, con cientos de miles de trabajadores parados, dejó claro que al miedo se le había puesto límite, y convirtió los sucesos de Vitoria en uno de los golpes que aceleraron la caída de Arias Navarro y que empujaron al sistema hacia Suárez  y con él vino la legalización de partidos, los pactos con las direcciones de la oposición, la amnistía a los presos políticos. Pero también blindar la impunidad de los crímenes de Estado. Vitoria fue el arranque del motor, pero luego los frutos se administraron desde arriba, no desde las asambleas.  

Claro que la memoria de Vitoria molesta al relato dominante, porque no puede borrarse de la historia. No son grandes figuras políticas ni personajes institucionales, ni lideres de partidos, solo son obreros de la metalurgia, transportistas, profesorado, jóvenes venidos de otros pueblos de España que encuentran en la ciudad una cultura política de asamblea y solidaridad. No se movían al dictado de las direcciones sindicales, desbordadas y temerosas de un conflicto que no controlaban, sino desde comisiones elegidas en los centros de trabajo.

Era autoorganización obrera, algo que hoy suena casi a exótico, un concepto que es el gran ausente del sindicalismo actual, más centrado en la negociación institucional que en la construcción de poder en los centros de trabajo. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos riders con trabajos precarios, sanitarios reventados de turnos, alquileres imposibles que convierten a miles de trabajadores en pobres con contrato, vemos como la lección de Vitoria se vuelve contemporánea, porque sin organización desde abajo, sin asambleas, sin conflicto, los derechos nunca llegan.

No se trata de que idealicemos el pasado, sino de aprender de él. Aquellas asambleas fueron capaces de unir demandas económicas con demandas políticas en una misma reivindicación. Hoy, muchas de las luchas más avanzadas (por el clima, por el feminismo, por la vivienda) están intentando lo mismo que entonces, vincular las condiciones de vida y la democratización real de la sociedad. Volver a recordar los sucesos de Vitoria es preguntarnos qué pasaría si hoy volviéramos a esas reivindicaciones en los tajos, en los hospitales, en las plataformas logísticas, en los call centers donde se precariza el trabajo y con él la vida.

Cincuenta años después, ningún responsable político ni policial ha sido condenado por aquellos asesinatos del 3 de marzo. Las causas se archivaron, la justicia española ha bloqueado incluso los intentos de investigar desde otros países, y solo ahora el Estado ha reconocido formalmente la iglesia de aquellos acontecimientos como Lugar de Memoria Democrática. Es un gesto, pero insuficiente porque no puede haber democracia plena sin verdad, justicia y sin reparación para las víctimas de la violencia del Estado.

Esa impunidad no es algo del pasado, sino parte de la misma lógica que hoy dificulta la depuración de responsabilidades en casos de violencia policial, que pone trabas a la investigación de torturas en comisarías durante décadas, que convierte en excepcional cualquier condena a algunos agentes del Estado por vulneración de los derechos humanos. Si se miran con honestidad los sucesos de Vitoria, no se puede seguir sosteniendo que aquí todo se arregló “ejemplarmente”.

Por eso es tan importante que, en este 50 aniversario, se enlacen los funerales de entonces con las luchas de hoy. No es nostalgia sino una reivindicación de memoria frente al olvido institucional, una forma de recordar que la democracia se defiende en la calle tanto como en las instituciones, y es una invitación a seguir peleando por salarios dignos, por servicios públicos, por el derecho a la vivienda, por el cuidado del clima. Es una forma de reconocimiento a esos cinco trabajadores asesinados.

Los sucesos de Vitoria no son solo pasado, sino preguntas incómodas que todos debemos hacernos ¿quién paga el precio de cada conquista social?, ¿qué hacemos con esa deuda?, ¿vamos a permitir que la palabra “modélica” siga tapando los disparos mientras se precariza la vida de otra generación de trabajadores? Responder a esas preguntas no es nostalgia, sino una tarea urgente.

De Irak a Irán

En 2003, el Gobierno de Aznar decidió alinearse con la invasión de Irak impulsada por Bush y Blair, sin aval claro del Consejo de Seguridad de la ONU y contra una mayoría social abrumadora en España. España se implicó primero en el apoyo diplomático y luego en la ocupación, bajo el pretexto de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Aquella intervención fue considerada por numerosos juristas y organismos como contraria al derecho internacional, precisamente por la ausencia de una autorización específica del Consejo de Seguridad. Hoy, cuando Trump lanza un ataque sobre Irán sin mandato de la ONU y amenazando con “cortar todo el comercio” con un aliado, la pregunta es si España debe repetir el automatismo atlantista o defender el marco legal que dice respetar.

Los atentados del 11‑M no pueden explicarse solo por Irak, pero la propia investigación judicial y los testimonios de los autores materiales mostraron que el apoyo de España a la guerra fue utilizado como argumento y motivación para el ataque. Informes y análisis posteriores han subrayado que la decisión de Aznar de sumarse a la guerra incrementó la exposición de España al terrorismo yihadista, algo que la opinión pública comprendió con claridad. Años después, una amplia mayoría de españoles seguía convencida de que el 11‑M no se habría producido de la misma forma si España no hubiera respaldado la invasión de Irak. Ese recuerdo convierte en especialmente temerario que el PP vuelva a plantear la política exterior como una cuestión de “estar con la libertad frente a los tiranos”, sin ponderar el impacto real en la seguridad de la ciudadanía.

Cuando Feijóo descalifica al Gobierno por no alinearse sin matices con un ataque de EEUU e Israel sobre Irán, está repitiendo la misma lógica que llevó a Aznar a la foto de las Azores: sacrificamos autonomía, derecho internacional y prudencia estratégica a cambio de un supuesto prestigio ante Washington. Presentar como irresponsable la negativa a implicarse en una operación de dudosa legalidad, mientras se normaliza que el presidente de EEUU amenace a un aliado con sanciones comerciales por no sumarse a su guerra, es invertir por completo la escala de lo que es realmente imprudente. Lo temerario no es que España mantenga una posición prudente y respetuosa con la ONU, sino que se pliegue a un dirigente que ya está vulnerando el derecho internacional y está dispuesto a castigar económicamente a quien no le acompañe.

La experiencia de Irak demuestra que intervenir al margen o en el límite del derecho internacional puede salir infinitamente más caro que soportar el enfado pasajero de un presidente estadounidense. Entonces, el “estatus” internacional que Aznar perseguía se tradujo en aislamiento diplomático, rechazo social masivo y una tragedia terrorista que marcó a toda una generación. Hoy, la disyuntiva no es entre “libertad” y “tiranos”, como repite Feijóo, sino entre una política exterior responsable, anclada en la legalidad y la prudencia, y una política exterior imprudente que ya demostró en Irak cuáles pueden ser sus consecuencias para la seguridad en nuestras calles.

Después del ruido

El cielo ardía con un resplandor enfermo, como si la tarde sangrara sobre las ruinas. Paloma observó el horizonte desde el viejo espigón y pensó que la humanidad finalmente había cumplido su promesa: destruirlo todo con dulzura, sin mirar atrás. Nadie parecía haber hecho nada verdaderamente importante para detener la ola que los devoraba, como si pensar y hacer el bien hubiera resultado un lujo imposible.

Él llegó tarde, cubierto de polvo y con una flor marchita entre los dedos. “Aún hay belleza”, murmuró, ofreciéndosela. Paloma sonrió con una tristeza que dolía. Miraron el mar, que rugía como un animal viejo, devorando la última luz. En ese instante, se abrazaron con una ternura que desafiaba la razón. No quedaba nada, salvo ese gesto. Ni gobiernos, ni ciudades, ni promesas de redención. Solo la pura insistencia de amar cuando ya no hay futuro.

Bajo el reflejo terminal del mundo, comprendieron que quizás ese fuera el sentido perdido: no evitar lo peor, sino amarse dentro de él.

Una guerra al revés: quién pone las bombas y quién es el terrorista

La derecha y sus medios afines han conseguido que miremos al mundo del revés y, lo peor, es que casi nos están acostumbrando a ello. Nos repiten para que no se nos olvide, quiénes son “los buenos”, quiénes “defienden la democracia”, o quiénes solo se “protegen” con sus bombardeos preventivos. Y mientras, las cifras de muertos se van amontonando cómo daños colaterales en los márgenes de la realidad de la pantalla, con un pequeño matiz: casi todos esos muertos tienen la piel más oscura y si me apuran, el pasaporte equivocado.

Netanyahu, presentado durante años como “socio fiable” y defensor de la única democracia de Oriente Próximo, hoy encajaría mejor en los viejos relatos religiosos como un destructor de mundos, que en el álbum de familia de las democracias liberales. Trump y sus imitadores europeos, siempre tan preocupados por la civilización occidental, que comparten un rasgo con él cómo es su desprecio por las vidas que no entran en su comunidad moral. No son errores, no son excesos: es una jerarquía sobre el valor de las vidas perfectamente asumida por la derecha.

Han convertido la palabra “terrorista” en uno de los instrumentos más eficaces para establecer esa jerarquía. Los estados militarmente más poderosos bombardean, invaden, ocupan y se reservan el derecho a hacerlo tantas veces como quieran y cuando les dé la gana. A eso lo llaman doctrina de seguridad, ataque preventivo, defensa de fronteras. Los que responden desde el otro lado, como pueden y con lo que tienen, se han convertido de inmediato en terroristas. La violencia vertical de los poderosos se llama orden; la violencia de los que están abajo, barbarie. El mismo misil cambia de nombre según quién lo lance.

Todo esto sería grotesco si no fuera tan trágico. Porque los mismos que van a misa diaria y se declaran provida en sus discursos parlamentarios, los que se indignan ante la sola palabra aborto, cierran filas después ante miles de niñas y niños destrozados bajo bombas inteligentes. No les tiemblan las piernas ante los hospitales reventados por bombas, pero sí se manifiestan ante una clínica de planificación familiar. Son tan cínicos, que se confiesan buenos cristianos mientras aplauden el castigo colectivo, la venganza infinita, el ojo por toda la cara, la Furia Épica. El sermón de la Montaña lo reducen a un sermón de su pantagruélica sobremesa, de mucho golpe de pecho, pero pocas bienaventuranzas.

En la Europa a la que pertenecemos, el reflejo de esa hipocresía tampoco es precisamente edificante. Han convertido la complicidad en rutina diplomática. Se reciben con honores a dirigentes que acumulan muertos en sus fronteras; se firman contratos, se estrechan manos, se brinda por la estabilidad. Quien se atreve a recordarnos que, quizá haya algo de genocida en ese socio estratégico es acusado de irresponsable, extremista, antisemita o aliado del caos. Y luego nos preguntamos por qué los discursos de odio encuentran el terreno abonado también aquí.

La coartada preferida por la derecha sigue siendo la de siempre: no va de sangre, va de libertad, de seguridad, de valores. Pero bajo esas capas de eufemismo se percibe con bastante claridad la vieja realidad de su ideología: esto va del dominio de la gente blanca sobre los pueblos que no lo son. Va de quién decide qué gobierno es legítimo o qué resistencia es aceptable. Va de quién reparte los carnés de civilización y quién se queda siempre al otro lado de la valla, del muro o del mar. O dicho más crudamente, qué víctimas merecen portada y cuáles no.

El resultado de todo esto no es solo la devastación material de un país, sino también una devastación moral que nos alcanza de lleno. Cada bomba que justificamos abre una grieta más en esa ficción de “comunidad internacional” y “valores occidentales” que nos repiten para intentar que durmamos mejor. Cada vez que nos tragamos, muchos ciudadanos sin siquiera masticar el relato de los ataques preventivos, cada vez que aceptamos que unos muertos valen menos que otros, estamos sembrando lo que luego llamaremos con sorpresa: nuevos fanatismos, más odio. No hace falta ser ni genio ni profeta para saber, que de esta contabilidad desigual que hacen solo saldrán más atentados, más guerras, más miedo.

Quizá el primer gesto de higiene democrática de los ciudadanos honestos sea dejar de repetir ese lenguaje con el que nos venden este mundo al revés. Llamar a las cosas por su nombre: supremacistas a los supremacistas, genocidio al genocidio, hipocresía a la hipocresía. Recuperar palabras como democracia, paz o derechos humanos para que no sean la coartada de los que bombardean, sino la exigencia de los que son bombardeados.

Y, sobre todo, empezar a contar todos los muertos (incluidas las más de 150 niñas iranies, aunque Esperanza Aguirre diga que su muerte es un bulo), también a los que no se parecen a nosotros, también los que caen lejos de nuestro país. Nos guste o no, todos los muertos de una guerra que los europeos justifiquemos son parte de nuestra propia biografía, por permitir estos actos delictivos de Israel y EEUU. La historia nos enseña que pasarán una factura a Europa, y que no se va a solucionar con el rearme nuclear, esa última ocurrencia de Macron.

La postura española frente al ataque a Irán.

Aunque pueda parecer difícil de creer el hecho de que Francia, Alemania y el Reino Unido se hayan posicionado junto a EE UU e Israel y en contra de Irán, lo cierto es que no es un “apoyo” solo por convicción jurídica, sino más bien por una combinación de alineamiento geopolítico con Washington y Tel Aviv, por cálculo de seguridad y para la construcción de un relato hacia su propia opinión pública.

Los tres son pilares del eje transatlántico y de la OTAN; perciben su credibilidad como aliados ligada a no romper públicamente con Washington e Israel, incluso cuando la base legal del uso de la fuerza es discutible. En el contexto de la guerra en Ucrania y la dependencia de la disuasión norteamericana frente a Rusia, sus gobiernos evitan aparecer como actores que “debilitan” al socio estadounidense cuestionando frontalmente la operación.

Desde hace años, París, Berlín y Londres presentan a Irán como actor desestabilizador (programa nuclear, misiles, apoyo a milicias y envío de drones a Rusia), lo que facilita justificar un alineamiento político con medidas de fuerza contra Teherán, aunque no participen militarmente por ahora. En su narrativa, los ataques se insertan en una lógica de “contención” y de evitar que Irán alcance capacidad nuclear militar, lo que desplaza a un segundo plano la discusión sobre la legalidad estricta de la operación bajo la Carta de la ONU.

El “apoyo” europeo es sobre todo discursivo: condena de Irán, reafirmación del “derecho a defenderse” de Israel y EEUU, y coordinación cercana, combinados con la insistencia en que no han participado en los bombardeos. Esta ambigüedad sirve para tres cosas: mantener la solidaridad con el aliado, minimizar riesgos de represalias directas contra intereses europeos y conservar un cierto margen para mediación diplomática.

Los gobiernos perciben a Irán como fuente de riesgos internos (terrorismo, ciberataques, redes de influencia, tensión en comunidades de la diáspora) y externos (ataques a tropas, embajadas, tráfico marítimo), lo que les lleva a priorizar la lógica de “contener a Irán” sobre la defensa coherente del principio de no uso de la fuerza. En la ecuación política doméstica, el coste de aparecer “débiles” frente a Irán o desleales con EEUU e Israel se valora como mayor que el coste de erosionar el discurso sobre derecho internacional, que suele quedar más difuminado para la opinión pública general que para las élites jurídicas.

En términos de derecho internacional, incluso líderes europeos han reconocido explícitamente que determinadas oleadas de ataques carecen de base legal clara, mientras, en paralelo, otros socios dentro de la UE y de la OTAN los aplauden o los consideran compatibles con la “autodefensa”. Esta disparidad evidencia un patrón estructural: el derecho internacional se interpreta de forma expansiva para los aliados estratégicos y de forma restrictiva para los adversarios, lo que se señala como “ataque ilegal” se acepta políticamente porque sirve a intereses percibidos como superiores (seguridad, contención de Irán, cohesión occidental), aun a costa de vaciar de contenido la norma.

El gobierno español se ha colocado claramente en una posición disonante respecto al eje París‑Berlín‑Londres, combinando condena política de los ataques de EEUU e Israel con una apelación explícita al respeto del derecho internacional y a la desescalada. España ha calificado la operación como “acción militar unilateral”, sin cobertura de la Carta de la ONU ni del derecho internacional, y han rechazado que sea una vía legítima para gestionar la crisis con Irán. A la vez, el Gobierno condena también las actuaciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, intentando mantener un perfil “equidistante” en términos normativos (rechazo de la violación de derechos y de la escalada militar venga de quien venga).

Frente al atlantismo disciplinado de Francia, Alemania y Reino Unido, España se proyecta como voz “garantista” dentro de la UE, poniendo el acento en legalidad internacional, multilateralismo y diplomacia, lo que refuerza un rol de disidencia controlada dentro del bloque occidental. Esta posición alimenta una narrativa de coherencia (mismo discurso que en Gaza y Ucrania: defensa del derecho internacional y rechazo de la guerra como herramienta política), pero a la vez aumenta la fricción con Israel y con la Casa Blanca, que ya ha derivado en acusaciones israelíes de que España “se alinea con los tiranos del mundo”.

Desde la lógica de la política exterior, España asume costes en términos de tensión diplomática con Israel y de menor alineamiento visible con EEUU, a cambio de ganar reputación como actor normativo y de diferenciarse dentro de la UE, algo coherente con la evolución reciente de su política hacia Palestina y Gaza. En términos de derecho internacional y del marco que un ataque ilegal y de vulneración de la Carta, la posición española es una de las pocas dentro de la UE que verbaliza abiertamente esa ilegitimidad jurídica de la operación, aunque sin traducirla en medidas materiales (sanciones, suspensión de cooperación militar, etc.), por lo que sigue moviéndose en el terreno de la condena política y simbólica