las cloacas del régimen al desnudo

La última revelación que salpica al PP, protagonizada por el condenado Koldo García desde prisión, no es nada extraño en la geografía política española, sino un modus operandi sistémico. Lo que estamos presenciando no son meras anécdotas de la picaresca judicial o periodística, sino la constatación de cómo opera un bloque de poder conservador dispuesto a subvertir las reglas del juego democrático con un único objetivo: derribar al Gobierno legítimo a cualquier precio. 

El relato expuesto por Koldo García a la Cadena SER, respaldado por indicios materiales tan concretos como las facturas de más de 240.000 euros abonadas por la editora de OKdiario para sufragar gastos de defensa, dibuja un engranaje mafioso perfecto. Aquí conviven tres patas fundamentales que la democracia liberal: una formación política dispuesta a financiar operaciones en la sombra, un sector del periodismo de los bulos convertido en caja de resonancia y pagador de favores, y unas terminales judiciales dispuestas a mirar hacia otro lado (o a vetar deliberadamente en los tribunales) cualquier línea de investigación que incomode a los suyos. 

Lo verdaderamente alarmante para nuestra democracia no es solo que se ofrezca un millón de euros y una rebaja penal a cambio de mentir contra el Ejecutivo, sino la naturalización de la impunidad con la que se mueven estos actores. Mientras la maquinaria mediática de la derecha agita constantemente el fantasma de la corrupción ajena para agitar a la opinión pública, por los sótanos de Génova y sus terminales mediáticas circulan fondos opacos para comprar voluntades y fabricar fango judicial. 

Esto, se mire como se mire, huele a golpismo blando e institucional donde la verdad judicial es suplantada por un relato prefabricado. Cuando los tribunales tapan o silencian aquello que apunta a las cloacas conservadoras, se está cuestionando la separación de poderes y se desactiva la capacidad de autodefensa del Estado de derecho.

Frente a esta ofensiva de la derecha, que busca el hastío de la ciudadanía para vaciar de contenido la democracia, la respuesta debe ser la profundización democrática, la transparencia radical y la exigencia de responsabilidades políticas y penales hasta sus últimas consecuencias. 

Si la democracia española quiere sobrevivir a sus propios demonios ocultos, urge sanear unas instituciones que demasiado a menudo parecen diseñadas para proteger a los poderosos mientras estrangulan la soberanía popular.

Reflexión

 Una vez que le han quitado el hueso de Oscar Puente, la derecha desconcertada en parte, continua exigiendo lo que ella misma no se exige.  Vivimos en un periodo de transición hacia un escenario de posverdad. 

La derecha tradicional, incapaz de articular un proyecto hegemónico que ilusione a una mayoría social tras la pérdida del Gobierno en 2023, ha optado por la estrategia del desgaste por demolición. No busca convencer con argumentos ni proponer modelos alternativos de país; solo busca la deslegitimación moral del adversario. Cuando el bulo y la mentira judicializada se instalan como herramientas cotidianas, el debate democrático deja de existir: el objetivo ya no es ganar elecciones debatiendo sobre sanidad, educación o economía, sino hacer que la gobernabilidad sea materialmente insostenible mediante la intoxicación permanente. Si no crees que es así, no continues leyendo.

Uno de los síntomas más peligrosos para la calidad democrática es el conocido lawfare o la judicialización de la política. Cuando sectores reaccionarios de la judicatura actúan como arietes ideológicos, admitiendo a trámite denuncias basadas en recortes de prensa y pseudomedios sin recorrido legal real, se rompe el principio de separación de poderes. Se utiliza un poder del Estado (el judicial) para condicionar y erosionar al poder ejecutivo, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Tras la frase de Aznar, la derecha en su conjunto ha mutado hacia una estrategia sistemática de desborde institucional.

Las derechas han sabido movilizar con éxito lo que llamamos la política del resentimiento y el afecto negativo. Se construye un enemigo público número uno, en este caso, la personificación absoluta en la figura de Pedro Sánchez, mediante una campaña de odio visceral mantenida en el tiempo. El resultado es paradójico y trágico para las clases trabajadoras: ciudadanos votan en contra de sus propios intereses materiales (servicios públicos, derechos laborales, pensiones) cegados por una pulsión puramente emocional y punitiva. Se destruye la solidaridad de clase en favor de la polarización.

Esto nos deja ante un dilema complejo: por un lado, la constatación de que la crispación a la que nos han arrastrado busca desactivar cualquier avance social; por otro, la advertencia de que la memoria democrática no puede blanquear el lodazal institucional al que se ha arrastrado al país. Si la derecha logra asaltar el poder tras años de juego sucio, blanqueándose bajo una falsa imagen de eficacia y moderación institucional, la izquierda y los demócratas tienen la obligación política de no olvidar las costuras que han intentado romper. 

La democracia no solo se defiende ganando elecciones, sino exigiendo responsabilidades históricas a quienes han decidido que todo vale con tal de recuperar el poder.

Sobre la ejemplaridad pública, la responsabilidad política y el compromiso con la seguridad ciudadana.

Desde el convencimiento de que la política debe ser un servicio transparente y ético al ciudadano, la decisión del ministro de dar un paso al lado debe valorarse como un acto de profunda dignidad democrática y coherencia ideológica.

La ética está por encima del cargo porque responsabilidad política no requiere del señalamiento de culpabilidades penales o jurídicas; exige altura de miras. Frente al atrincheramiento en el poder que históricamente ha practicado la derecha ante las crisis, la dimisión demuestra que la confianza institucional está por encima de cualquier nombre personal.

La dimisión no se produce como un abandono de funciones, sino tras haber dado la cara tantas veces como ha sido necesario, y dejado redactado e impulsado el plan de medidas urgentes y reformas estructurales necesarias para evitar que un accidente de esta naturaleza vuelva a repetirse.

Con este paso a un lado, se frena el intento de la derecha de instrumentalizar la tragedia para paralizar las transformaciones sociales del Gobierno, demostrando que la prioridad siempre ha sido el bienestar público y la seguridad de la ciudadanía.

La política pública se cuida con hechos, con trabajo y con ejemplaridad hasta el último día, algo que la derecha desconoce.

Cuando el mito neoliberal choca contra tu centro de salud

Una experiencia reciente me sugiere esto. Hay una estampa que resume a la perfección la profunda contradicción que vemos en el ciclo político contemporáneo: la de quien aplaude en las urnas y en los platós la alegre piqueta de los recortes fiscales para, apenas unas semanas después, montar en cólera en la ventanilla de Admisión de un hospital público.

La sanidad pública nos atiende a todos, y atiende también a quienes votan para conseguir desmantelarla. Ese es el núcleo ético y político de lo que significa un Estado de bienestar que frente a una derecha que apoya la crueldad de convertir la salud en un negocio porque entiende los derechos como privilegios sujetos a la capacidad de pago, desde la izquierda defiende su universalidad. A nadie se le pide el carné ideológico ni la papeleta electoral cuando acude a urgencias. El sistema sanitario público es, por definición, el gran igualador social: cuida sin preguntar a quién votaste, porque comprende que la salud es un bien común y no una mercancía que se compra. 

Lo verdaderamente grotesco de este modelo no es solo la tendencia privatizadora en favor de las élites económicas, sino la trampa ideológica en la que cae la clase trabajadora. Durante años, se ha instalado un relato tóxico: el mito de que cada euro sustraído al erario público mediante rebajas fiscales a las rentas más altas es una victoria de la libertad individual. Se celebra la asfixia de los servicios públicos como si fuera un triunfo patriótico, coreando consignas huecas sobre la eficiencia privada.

Pero las leyes presupuestarias son inamovibles. No se puede recortar sistemáticamente el presupuesto de sanidad, desviar fondos millonarios a conciertos privados y desregular las condiciones laborales del personal médico sin que el castillo de naipes se acabe derrumbando. El colapso de la atención primaria, las listas de espera kilométricas y la saturación de las urgencias no son accidentes meteorológicos por el cambio climático; son el resultado directo, matemático y previsible de las políticas de desinversión.

Cuando la cartera ya no alcanza y el ciudadano se estrella contra la cruda realidad de una cita médica demorada ocho meses, suele aparecer el desconcierto. Es el momento de la verdad. Ahí es donde debemos exigir memoria frente a la amnesia interesada que promueven los argumentarios de parte.

Conviene recordar, con firmeza, quiénes fueron los arquitectos de esa precariedad. Toca señalar con claridad a los políticos que prometieron que, adelgazando lo público y bajando los impuestos a los más ricos, viviríamos en una Arcadia feliz de prosperidad para todos. Pero, sobre todo, es imprescindible señalar a quienes les aplaudieron con entusiasmo, comprando un relato que solo servía para desarmar a los de abajo.

Un Estado social no se sostiene sobre aplausos ciegos ni sobre mentiras fiscales, sino sobre impuestos justos y servicios públicos blindados. La sanidad pública seguirá estando ahí, asumiendo su deber democrático y curando incluso a quienes colaboraron en su demolición. Pero la próxima vez que el sistema cruja, que nadie mire hacia otro lado: las consecuencias llevan nombre, apellidos y, muy a menudo, una papeleta electoral muy concreta.

La cultura de la dimisión en España y el doble rasero

La exigencia de responsabilidades políticas debería constituir uno de los pilares fundamentales de la salud democrática. Sin embargo, en el tablero político español, la dimisión rara vez responde a un ejercicio de ética pública; se mueve, por el contrario, entre la estética y el más puro oportunismo partidista. La derecha de este país solo entiende la asunción de culpas como un arma arrojadiza contra el adversario, jamás como un compromiso ético con la ciudadanía.

Solo puede calificarse como profunda desvergüenza política, contemplar cómo quienes hoy braman exigiendo dimisiones fulminantes son los mismos que han normalizado el aferrarse al poder a toda costa ante catástrofes y escándalos de magnitud insostenible. El ejemplo más cercano lo encontramos en la gestión de la DANA y la figura de Carlos Mazón, cuya tardía e insufrible permanencia en el cargo, sostenida penosamente durante más de un año y cinco días con el beneplácito del aparato de Génova y el señor Feijóo, evidenció la absoluta indigencia moral de una derecha incapaz de asumir costes políticos por una negligencia flagrante. 

La amnesia interesada de los conservadores viene de lejos. ¿Acaso la geografía del dolor y la impunidad en España no está jalonada por hitos trágicos donde la dimisión brilló por su ausencia? El Yak-42 (2003) con 62 militares muertos y una cúpula de Defensa liderada por Federico Trillo que demostró un desprecio absoluto incluso en la repatriación de los cuerpos; el accidente de Metrovalencia (2006) con 43 muertes y 47 heridos bajo el mandato de Francisco Camps y Rita Barberá, convertidos en símbolos de la opacidad institucional; la crisis del Prestige (2002) y la trama Gürtel-Bárcenas, un Mariano Rajoy instalado en la mentira institucionalizada y en el "hacer como si nada pasara" mientras el país sufría las consecuencias de la corrupción sistémica. 

Entonces ¿las dimisiones en este país se dan por ética o por estética? Aplicar el "consejos vendo que para mí no tengo" se ha convertido en la seña de identidad ideológica del bloque conservador. La exigencia de responsabilidades no busca reparar el daño institucional, sino desgastar al adversario, especialmente cuando las coyunturas electorales actúan como catalizadores de una oposición que ve en cualquier crisis una oportunidad para desestabilizar al Gobierno. 

La derecha jamás ha reconocido su responsabilidad en los episodios más oscuros de nuestra historia, desde el millón aproximado de víctimas de la Guerra Civil hasta las violencias de la dictadura y sus herencias soterradas. Exigir dimisiones en pleno ciclo electoral sin un ápice de autocrítica propia no es regeneración democrática; es estrategia de demolición. Frente al ruido ensordecedor de quienes convierten la tragedia en mercancía electoral, la respuesta debe seguir siendo la defensa de la cosa pública, la asunción transparente de la gestión y la profundización de una cultura donde la ética y la rendición de cuentas no dependan de quién gobierne, sino de la dignidad de las instituciones, algo que no es negociable. 

Lo público no se defiende con retórica

La tragedia ferroviaria de Urda llega apenas nueve meses después del trágico antecedente de Adamuz, pero esta tiene más repercusión social. Representa mucho más que un seísmo electoral a escasas semanas de las elecciones generales al constituir e una grieta profunda en la línea de flotación de la izquierda: la fe de la ciudadanía en la seguridad, eficacia y excelencia de lo público. Cuando se pierde el pulso con la realidad cotidiana de las clases populares, las consecuencias nunca son inocuas.

Durante años, la narrativa del Gobierno se ha apoyado en una dicotomía tan: la contraposición entre un modelo que cuida los servicios esenciales y otro que los privatiza o desmantela. Sin embargo, dos grandes colisiones en la red de alta velocidad en un solo año desarticulan ese relato ideológico si este no va acompañado de una gestión impecable, una inversión transparente y una rendición de cuentas tajante. La izquierda no puede limitarse a enarbolar la bandera de lo público, tiene que sostenerlo, auditarlo y blindarlo de todo fallo estructural. La seguridad de la infraestructura estratégica del país no es un debate abstracto sobre modelos de sociedad: es la garantía básica de protección que el Estado debe ofrecer a la mayoría social.

Frente a este escenario de conmoción y desconfianza, el riesgo real para las opciones de revalidar el gobierno no radica en la fuga masiva de votantes al bloque conservador, sino en la desafección de sus bases. El desánimo, la decepción y la desconexión emocional de la ciudadanía que confió en un modelo de protección pública amenazan con traducirse en abstención. El voto de izquierda es eminentemente exigente con sus propias siglas; no tolera lo táctico ni la política de atrincherarse cuando hay vidas humanas de por medio.

¿Qué hacer? La respuesta de un Gobierno de la izquierda no puede ser la de apelar a la conspiración del rival, agitar el miedo a las extremas derechas o parapetarse en tecnicismos del centro de control. Para frenar esta deriva y reconstruir el compromiso con el electorado, en mi opinión, el gobierno debe adoptar con urgencia un giro de 180 grados fundamentado en medidas que cada día que pasa son más inaplazables:

1. El martes en la comparecencia en la Diputación Permanente anunciar una revisión externa del estado de la infraestructura y el sistema de señalización por parte de organismos internacionales neutrales, acompañada de un Real Decreto-Ley de créditos extraordinarios para la seguridad ferroviaria. Lo público se defiende con recursos, personal cualificado e inspecciones rigurosas. Demostraría no temer a la verdad y reforzar su convencimiento en lo hasta ahora expuesto. Ahora la ciudadanía no demanda agitación partidista; exige sentido de Estado, rigor institucional, humildad y un acompañamiento auténtico a los afectados.

2. El Gobierno debe crear una mesa sentando en ella a las organizaciones sindicales, a los colectivos de maquinistas y al personal técnico de Adif y Renfe para trazar un mapa de necesidades reales del sector. Restablecer la confianza implica escuchar y respaldar a los trabajadores que sostienen el servicio día a día, en lugar de diluir responsabilidades en la cadena de mando.

3. En el siguiente Consejo de ministros sería el momento ideal, una vez adoptadas las anteriores decisiones, de la asunción de responsabilidades políticas a través de su dimisión no por una concesión a la oposición, sino en un acto de higiene democrática y respeto a la sociedad que dignifica la cultura de gobierno progresista. Para empezar Puente ha dado la cara en todo momento, lo que le honra, pero por motivos menores ya presentaron su dimisión Máximo Huertas o Carmen Montón. La permanencia de Óscar Puente se ha convertido en un tapón mediático e institucional que impide centrar el debate en el dolor de las víctimas y las soluciones. Eso marcaría una diferencia sustancial con el PP de Angrois, Yak 42 o la DANA, entre otros, donde sus ministros permanecieron aferrados al asiento sin importar las victimas aunque no se las quitasen de la boca.

La izquierda se juega en este trance algo mucho más trascendente que unos escaños en el Congreso de los Diputados. Se juega demostrar que el Estado del Bienestar no es solo un eslogan movilizador, sino un engranaje capaz de examinarse a sí mismo, corregir sus fallos con contundencia y ofrecer garantías reales de seguridad. 

Solo desde la verdad, la asunción de errores y la acción gubernamental valiente se podrá evitar que la sombra de Urda se convierta en una factura definitiva que le pase al gobierno su posible electorado. 

Sábado tarde; de gloria y miserias

Hay días en los que uno contempla el panorama nacional con la misma estupefacción que debió sentir el arqueólogo que descubrió la tumba de un faraón, solo que aquí, en lugar de oro y abalorios, lo que desenterramos cada día que amanece es un desconcierto monumental. Somos un país capaz de lo mejor y más sublime y del mayor esperpénto con apenas unos minutos de diferencia.

Por un lado, somos campeones de generosidad. Si a uno le falla un órgano clave para seguir viviendo, aquí se la trasplanta con la naturalidad del que lleva el coche al taller, con la diferencia de que el cirujano-mecánico no le pasa una factura astronómica ni le exige vender el piso. Es un milagro cívico, un prodigio de solidaridad que brota de esa pasta especial de la que a veces estamos hechos los que habitamos esta península. Somos los primeros del mundo en altruismo médico, oiga. Un orgullo que debería bastar para flotar sobre una nube de bienestar cada mañana.

Pero no. Tan pronto encendemos la televisión, nos asomamos al abismo de la política patria, ese barrio con ínfulas de tragedia griega. Llegan las elecciones y se desata la jauría. Hay formaciones que, con la misma finura y elegancia que demostraron en su día con la tragedia del terrorismo, han convertido el dolor ajeno en el lema de su pancarta electoral. No proponen nada; qué va; para qué. Proponer exige pensar, redactar párrafos con sujeto y predicado, y eso cansa. Es mucho más sencillo y vistoso dedicarse a demoler cualquier atisbo de concordia, sin importarles si su sutileza es la de un elefante en una cacharrería.

Me refiero, claro está, a esa derecha y ultraderecha que han hecho del insulto matutino su divisa grana y oro oficial. Uno mira a los países vecinos y comprueba con envidia que la derecha civilizada propone cosas, discute de impuestos o de infraestructuras, y discrepa sin necesidad de invocar las siete plagas de Egipto. Aquí no. Aquí la descalificación es continua y perpetua, el bulo corre más que los galgos y el programa político se reduce a un catálogo de recortes y penitencias, eso sí, siempre para el prójimo.

Claro que, pensándolo bien, tal vez ya no debamos extrañarnos. Ciertas inercias tienen raíces profundas y muy ramificadas. Aquel venerable Tribunal de Orden Público que repartía disgustos en blanco y negro durante la dictadura no se evaporó con la llegada de la democracia; digamos que sufrió una metamorfosis y se instaló en el Supremo como quien hereda el sillón de la abuela. Y así andamos, driblando entre milagros médicos y cabreos tabernarios, intentando no perder la salud en el empeño de sobrevivir a nuestros representantes.