La urgencia de desmercantilizar el derecho a la vivienda

El debate sobre la vivienda en España suele desviarse rápidamente hacia la empatía hacia el pequeño propietario que teme el impago o la regulación. Sin embargo, abordar el problema residencial desde la visión del rentista individual enmascara la verdadera raíz sociopolítica del conflicto: como se ha transformado estructuralmente lo que es un derecho fundamental, en un activo financiero que genera redito privado.

Es innegable que existe una distinción operativa entre un fondo de inversión multinacional y un particular que alquila una segunda residencia. No obstante, centrar el análisis en la desprotección del pequeño tenedor parece hacer olvidar que la función social de la propiedad reconocida en el marco constitucional debe prevalecer sobre la rentabilidad individual. Cuando el 70% del salario de un joven o la mayor parte de una pensión contributiva se destina a pagar un techo para habitar, no estamos ante un desajuste entre oferta y demanda, sino ante una transferencia de renta desde las clases trabajadoras y precarizadas hacia las rentistas.

Propuestas como los modelos de intermediación pública representan pasos interesantes, pero resultan insuficientes si el Estado asume todos los riesgos para que el sector privado conserve unas rentabilidades garantizadas. La verdadera estabilidad habitacional exige medidas estructurales y valientes. Vayan solo tres:

Garantía contractual y control de precios: Los contratos de larga duración o indefinidos junto a la limitación de precios no son arbitrariedades, sino la base mínima de certidumbre vital para evitar el desahucio silencioso que provocan las subidas abusivas al finalizar cada contrato.

Erradicación de la especulación y del alquiler turístico: La vivienda residencial no puede competir con la rentabilidad del turismo ni con la acumulación corporativa. La prohibición de la compra especulativa por parte de personas jurídicas y la reconversión del suelo turístico a residencial son prioridades urgentes.

Parque público blindado e inalienable: La creación de un gran parque público de alquiler que no pueda ser privatizado por futuros gobiernos es la única garantía a largo plazo para estructurar un mercado accesible y neutralizar la brecha habitacional generacional.

El Estado no puede limitarse a actuar como asegurador de los riesgos del arrendador. La vivienda es la infraestructura básica sobre la que se construye una sociedad, la autonomía juvenil y la dignidad en la vejez; desmercantilizarla es una condición indispensable para la cohesión social.

La violencia impune y el silencio de Defensa

Lo ocurrido hace apenas tres días en Ceuta que ha sido difundido en vídeos que documentan golpes y agresiones de miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes ya reducidos, representa un cruce de líneas rojas intolerable en un Estado de derecho. No es una cuestión sobre gestión migratoria o capacidad de recepción, sino que estamos ante la vulneración flagrante de derechos humanos fundamentales por parte de quienes ostentan el monopolio de la fuerza.

La militarización de la gestión fronteriza entraña un riesgo, atribuir funciones de control y orden público a efectivos militares sin la formación, la naturaleza policial ni el marco legal adecuado para el trato con civiles vulnerables genera inevitablemente espacios de opacidad y desproporción. Las personas interceptadas en la frontera son titulares de derechos, independientemente de su situación administrativa o del contexto de tensión que se viva en la zona. La fuerza pública no puede transformarse en un instrumento de castigo ni en un desahogo.

Casi tan grave como la violencia en sí es la postura inicial del Ministerio de Defensa. El perfil bajo, la ambigüedad en las explicaciones y el intento de aplazar responsabilidades al amparo del "contexto" o la tensión fronteriza terminan por legitimar un clima de impunidad. Un Ejecutivo progresista no puede ponerse de perfil cuando la violencia la ejercen agentes de su propia administración. La tibieza institucional no solo revictimiza a los agredidos, sino que alimenta el discurso de la extrema derecha, que normaliza la deshumanización de las personas migrantes.

Y que nadie se confunda. Si algún militar es agredido, que el agresor sea detenido, juzgado y expulsado. Pero eso no está reñido con exigir la apertura inmediata de investigaciones judiciales, la depuración de responsabilidades disciplinarias y penales, y la desmilitarización del control migratorio en Ceuta y Melilla no es una postura ideológica radical: es el mínimo ético y democrático exigible para evitar que la frontera sur de España siga convirtiéndose en una zona de excepción normativa.

La doble vara de medir del monopolio de la fuerza

La violencia institucional rara vez es neutra. Las diferentes imágenes que hemos visto de actuaciones policiales revelan un fenómeno estructural recurrente: el uso asimétrico y sesgado de la coerción que ejerce la policía según el signo ideológico de las protestas y de quienes sufren la agresión. 

Cuando el aparato represivo interviene ante colectivos pacificos que defienden derechos sociales, como la lucha contra un desahucio, la fuerza tiende a aplicarse de forma desproporcionada. En cambio, ante agresiones o intentos de linchamiento dirigidos hacia militantes progresistas, activistas u ONG, se evidencia una pasividad o condescendencia alarmante. Esta selectividad demuestra que las fuerzas de seguridad no actúan como meros árbitros neutrales, sino como las garantes de las dinámicas de poder dominantes. 

A esto se suma la deshumanización sistemática hacia las personas más vulnerables, como las personas migrantes. Las vejaciones relatadas en Ceuta y la falta de asunción de responsabilidades por parte de las instituciones gubernamentales y mandos militares, reflejan una impunidad profundamente arraigada. 

Cuando el monopolio de la violencia se ejerce deliberadamente a ciegas, hacia los abusos de la extrema derecha, y con contundencia contra los movimientos populares, la democracia se queda vacía de contenido real. 

El ministerio del interior y la dirección general de la policía deberían buscar una verdadera regeneración democrática para poner fin al sesgo ideológico en las fuerzas del orden y garantizar que la ley no sirva para la impunidad coercitiva. 

El capital les pesa más que el Evangelio

El drama del desahucio de Maricarmen de la que fue su casa durante más de siete décadas en Madrid, y la tragedia humanitaria en la frontera de Ceuta han sacado a la luz las vergüenzas de la jerarquía católica en España. 

Mientras los movimientos sociales, sindicatos de inquilinas, la Hermandad Obrera de Acción Católica , Cruz Roja y cristianos de base hacían frente a la violencia policial y la codicia de un fondo buitre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha optado por ser la “mudita” de esta lamentable situación. 

Su silencio no es fruto de la distracción, sino de su cálculo político, de su frialdad.  La Iglesia es una institución de matriz absolutista y dinámicas corporativas, y eso hace que su jerarquía acue con la lógica implacable de, antes que nada, preservar  sus privilegios materiales y políticos.

La hipocresía se ha convertido en parte de su estructura. No me dirán ustedes que no es profundamente contradictorio que, mientras el Vaticano califica de "crisis humanitaria" la situación en la frontera sur y apela de manera insistente a la defensa de los derechos sagrados a "tierra, techo y trabajo", los prelados españoles se muestren con un perfil plano y temeroso. Resulta sangrante ver cómo una institución que ejerce como una verdadera potencia en el mercado inmobiliario y que ha sido beneficiada por inercias históricas y marcos legales como el de las inmatriculaciones, hoy le da la espalda de forma metódica a la vulnerabilidad. 

Las excusas salidas de los pasillos eclesiásticos en los que aluden a un letargo por el viaje papal o a la prudencia ante un posible cambio de gobierno, revelan la verdadera naturaleza de su posicionamiento. No se trata de neutralidad ni de distancia evangélica; es mero oportunismo táctico. La cúpula episcopal prefiere evitar cualquier conflicto con las dinámicas del capital financiero y los fondos buitre, no solo porque comparte con la derecha socioeconómica la defensa  férrea  del modelo de propiedad privada especulativa (son un fondo buitre más), sino porque teme las represalias del bloque reaccionario si decide respaldar los mínimos éticos de la vivienda pública y el bienestar social. Además de interesados, cobardes.

El miedo de la jerarquía eclesiástica al señalamiento de la extrema derecha, que ya acusó a los sectores católicos comprometidos de confeccionar "un Evangelio a la imagen del PSOE" por el mero hecho de defender a una anciana desahuciada,  demuestra hasta qué punto los obispos han supeditado su función pastoral a las dinámicas de la lucha partidista. Prefieren mantener intacto su entramado institucional, sus exenciones fiscales y sus conciertos antes que incomodar a los sectores financieros que convierten los barrios en activos especulativos. 

Esta actitud contrasta drásticamente con la contundencia que la misma Conferencia Episcopal exhibe cuando se trata de movilizarse o presionar en cuestiones normativas de derechos civiles, feminismo o diversidad sexual. En esos frentes no dudan en alzar la voz; sin embargo, ante la expulsión violenta del hogar de personas vulnerables, la crueldad del mercado del suelo o la flagrante vulneración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, prefieren agachar la cabeza. 

La lección que nos deja este episodio es clara. Mientras las comunidades cristianas de base y las parroquias de barrio luchan codo a codo la comunidad, la alta jerarquía episcopal actúa como un actor político conservador dedicado a velar por sus propios intereses de clase. Sus solemnes risitas institucionales y sus ostentosas cruces en el pecho contrastan con el abandono de los más golpeados por la crisis de la vivienda. 

Una vez más, cuando hay que elegir entre la justicia social y el poder económico, la cúpula eclesiástica siempre elige el capital. 

MIENTE QUE ALGO QUEDA.

 El Abuelito mentía.

Vivas reconoce ahora que el Gobierno nunca le dijo que dejara de llamar por Ceuta y que era un “pesado”

24 septiembre 2026 - 16:58 h

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido este jueves en Madrid que nadie del Gobierno le conminó a que dejara de llamar a la Moncloa en los días previos ni posteriores a la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma, y que nadie le llamó “pesado” por insistir en sus comunicaciones. Tanto él mismo como los principales portavoces del PP han arremetido en las últimas semanas y de forma insistente contra el Ejecutivo por, supuestamente, despreciar las llamadas de Vivas.

Banalización del spray

Confundir la tribuna parlamentaria con un plató de televisión o una red social para agitar el miedo tiene consecuencias directas sobre la calidad democrática. Cuando una representante pública utiliza un artefacto categorizado formalmente como arma dentro del hemiciclo para hacer demagogia, no solo vulnera el marco normativo sobre seguridad e instituciones; demuestra también un profundo desprecio por el principio de que los problemas sociales se resuelven con políticas públicas e inversión social, no con efectismo ni sprays en la tribuna.

A la diputada del PP Ana Vázquez se le ha subido a la cabeza su participación en televisión y se creé que todo es un plató. Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en la administración pública, habiendo ejercido como coordinadora de la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía en la Escuela Nacional de Policía de Ávila (donde ha ejercido también labor docente y de gestión), además de haber sido alcaldesa del municipio orensano de Bande entre 2006 y 2007. Eso la obligaría a conocer la ley, pero ya está claro que todo les vale.

¿Qué dice la ley? Para que no te engañen, que las redes están mintiendo. El Reglamento de Armas (RD 137/1993, art. 5.1.f) clasifica los sprays de defensa dentro del régimen de las armas. Solo permite la tenencia y uso de aquellos que cuenten con homologación expresa del Ministerio de Sanidad y sean adquiridos en armerías autorizadas por mayores de edad. 

Introducir un objeto catalogado jurídicamente como arma en el Congreso contraviene los protocolos de seguridad de un edificio de alta protección y vulnera el orden del debate parlamentario.

Utilizar un artefacto regulado como arma en el hemiciclo para hacer demagogia antepone el efectismo a la resolución democrática de los problemas sociales mediante políticas públicas.

Felicidades a el Intermedio y a Andrea Ropero

 Felicidades a el Intermedio y a Andrea Ropero por el reportaje sobre el desahucio que acaban de emitir. ¿Dónde están esos grandes defensores de los españoles de PP y Vox? Ellos tumbaron el decreto de prórroga de los alquileres junto a Juns.

Ayuso dice que Madrid es la casa de todos. Eso sí, si puedes pagársela a un fondo buitre.

Hoy es Mari Carmen pero mañana puede ser cualquiera. Ahora vas y los votas.