Para que quede claro clarinete.

La crisis de la guerra no golpea a todos por igual. Lo pasan peor los hogares con menos ingresos, las viviendas mal aisladas que necesitan más calefacción o aire acondicionado, quienes dependen del coche a diario y las familias con hipoteca variable.  La aguantan mejor quienes tienen más renta, casas eficientes y deuda controlada o a tipo fijo. Mientras tanto, algunas grandes empresas energéticas pueden ver crecer sus beneficios gracias a estos mismos precios altos.

Ante este panorama, la política pública no puede limitarse a observar cómo suben los termómetros del mercado. Hace falta proteger a los más vulnerables con ayudas específicas, evitar cortes a quienes no pueden pagar, impulsar de verdad la rehabilitación energética de viviendas y reforzar el transporte público allí donde el coche es hoy casi obligatorio. No se trata solo de explicar que la guerra en Irán afecta a nuestros bolsillos, sino de decidir cuánta protección queremos ofrecer a los hogares frente a una inestabilidad que, por desgracia, volverá a repetirse.

Y no son responsabilidad de nuestro gobierno estas subidas, sino de quien ha iniciado esta guerra y de quienes aquí le apoyan. Lo que sí es responsabilidad de  nuestro gobierno es poner en marcha ese escudo de protección social a quienes más lo necesitan. 

Trump: el precio de aplaudir al pirómano

Nos hemos acostumbrado a vivir en una paradoja. De un lado, protestamos por la gasolina, el gas natural y la electricidad, pero al mismo tiempo, de otro, una parte nada desdeñable de la opinión pública ve normal respaldar a quien ha convertido la energía y el comercio en armas políticas de presión global. Nos indignan las facturas, pero no parece indignarnos igual la vulneración del derecho internacional que alimenta esa inestabilidad que luego pagamos en la gasolinera y en el recibo de la luz.

Porque la guerra no es un fenómeno abstracto que ocurre “allí lejos”; pasa también por el surtidor y por el contador eléctrico. El encarecimiento de la energía no es una maldición bíblica caída del cielo, sino la consecuencia de decisiones políticas muy concretas: sanciones, bloqueos, reordenación de mercados, dependencia de determinados proveedores y, ahora, amenazas comerciales que se utilizan como palanca en negociaciones geopolíticas. Quien apoya a líderes que hacen de la guerra una herramienta y del comercio un castigo no puede luego sorprenderse cuando los costes de esa estrategia llegan a su bolsillo.

La figura de Trump es paradigmática. No solo por su desprecio explícito al multilateralismo y a las instituciones internacionales, sino por su disposición a usar aranceles y cierres comerciales, impulsivos y calculados a la vez, siempre buscando titulares y réditos internos a costa de terceros países. Cuando Trump amenaza con un cierre comercial o con aranceles desproporcionados a productos españoles, no está teniendo un arrebato temperamental, está utilizando deliberadamente nuestra dependencia exportadora como medio de presión. El mensaje es claro: o aceptáis mi juego, o castigo a vuestros agricultores, a vuestra industria, a vuestros trabajadores.

Lo sorprendente es la ligereza con la que parte de la conversación pública en España compra el marco que se le ofrece desde determinados medios: “Nos va a subir el aceite de oliva”, “el vino se va a poner por las nubes”, “el consumidor español será el gran perjudicado”. Siempre es igual, se construye así un relato de miedo inmediato al precio del supermercado, mientras se borra deliberadamente la pregunta de fondo: ¿quién ha provocado esta situación y con qué visión del mundo? Se nos invita a fijarnos en la etiqueta del precio, pero no en la firma que hay detrás de las políticas que lo encarecen. 

Lo irónico es que, desde un punto de vista básico de la economía, el discurso mediático no se sostiene. Si se restringen gravemente las exportaciones de aceite y vino a Estados Unidos, lo lógico sería que parte de ese producto quedara disponible en el mercado interno o tuviera que buscar otros destinos. Mayor oferta aquí suele significar menos alza sobre los precios y no más. Otra cosa es que entren en juego otros factores como los costes de producción, malas cosechas, desviar exportaciones a otros países, y lo más habitual, estrategias de los grandes grupos comercializadores. La idea de que “menos exportación es igual a subida del precio en el súper” es, como mínimo, discutible.

¿Por qué, entonces, se insiste tanto en ese relato? Porque es mucho más eficaz generar un miedo inmediato y concreto “mañana pagas más por la botella” que explicar la complejidad de las cadenas de valor globales, las tensiones geopolíticas y la fragilidad de un modelo de economía de mercado que ha entregado sectores enteros a la volatilidad de los mercados internacionales. El alarmismo selectivo es una herramienta política, porque sirve para desviar la culpa, para construir enemigos cómodos (la “Unión Europea blanda”, el “gobierno que no planta cara”, los “ecologistas que encarecen la energía”) mientras esos que crean las alarmas blanquean al actor que ha desencadenado la tensión arancelaria.

Mientras tanto, en la conversación política se produce un malabarismo que daría risa si no fuese tan trágico: se alienta el apoyo a Trump y a sus clones europeos en nombre de la “defensa de Occidente”, y al mismo tiempo que se denuncia que “nos castigan” con aranceles o que “la guerra nos sale cara”. Es como votar al pirómano y, cuando empieza a arder tu casa, echar la culpa a los bomberos por el precio del agua. No faltan tertulianos que, en la misma frase, ensalzan el “puño de hierro” frente a Irán y se quejan del coste del gas, sin conectar ambos hechos. Se ha naturalizado la esquizofrenia económica, y una mucho peor, la moral.

Conviene decirlo claro: no es neutral apoyar a quien dinamita el derecho internacional, desprecia a los aliados cuando le conviene y utiliza la interdependencia económica como arma de chantaje. No es un juego que se agota en el espectáculo televisivo porque tiene consecuencias. Cada bombardeo, cada sanción, cada amenaza arancelaria acaba reflejándose en el precio de los fertilizantes, del gasóleo agrícola, del transporte y, al final, en lo que pagamos por un litro de aceite o una botella de vino. Pretender que se puede separar el “espectáculo” de la política real es infantilizar a los electores.

¿Hay alarmismo injustificado? Claro que sí, pero es un alarmismo selectivo. Se exagera el impacto inmediato sobre el consumidor para generar miedo, mientras se minimiza la gravedad de apoyar a un líder que vulnera todas las normas del derecho internacional y desprecia cualquier lógica de cooperación. Sobredimensionan el posible encarecimiento del supermercado y se silencia el deterioro estructural de nuestro modelo de desarrollo rural y energético. Se nos dice: “lo importante es que hoy pagues un poco menos”, omitiendo que el camino elegido nos lleva a pagar mucho más, en dinero, en derechos y en autonomía.

El gesto más subversivo hoy es recordar la relación causa-efecto: si apoyas a quien convierte la guerra y el comercio en armas, asumirás sus consecuencias en tu vida cotidiana. Si quieres energía estable y un campo que viva de su trabajo en condiciones dignas, el camino no pasa por aplaudir a quien está dispuesto a sacrificar todo eso en su estrategia electoral. La coherencia, en estos tiempos, es revolucionaria, y lo coherente hoy es la postura de nuestro gobierno.

Patriotismo de saldo y guerras ajenas

Hay días en los que una nación se asoma al abismo de la Historia, y otros en los que le basta con asomarse a una rueda de prensa en Madrid. En los primeros se deciden guerras, alianzas y tratados; en los segundos, se reparten consignas y ocurrencias, aderezadas con algún adjetivo que haría enrojecer a un profesor de bachillerato. Cuando el patriotismo se reduce a obediencia comercial, el amor a la patria se parece sospechosamente al cariño que se profesa a una tarjeta de crédito.

El presidente del Gobierno ha tenido la descortesía de recordar algo elemental: bombardear países no suele traer nada bueno y el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos. Y, por si fuera poco, ha añadido que España no está obligada a prestar sus bases militares cada vez que a Donald Trump se le antoja una guerra como quien se antoja un postre. Ante semejante despropósito de autonomía, ciertos despachos de la Puerta del Sol han activado el protocolo habitual: el problema nunca es la guerra, siempre es Sánchez.

Según la derecha patriótica de guardia, el “señor del ‘no a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro’ va a arruinar a España”. El lector desprevenido podría imaginar que el presidente ha decidido bombardear Teruel o sitiar Cuenca, pero lo único que ha hecho es negarse a que España sea cómplice “de algo malo para el mundo” y plantar cara a las amenazas de represalias comerciales. Ha elegido el incómodo papel de aliado díscolo frente al mucho más cómodo rol de vasallo dócil, y eso, para quienes han convertido la palabra “patria” en un complemento multiusos, es imperdonable.

La paradoja es que muchos de quienes hoy denuncian la “guerra entre españoles” llevan años viviendo políticamente de cultivar un conflicto civil permanente, una guerra fría castiza en la que, de lunes a viernes, se insulta a medio país y, los domingos, se llevan flores a la bandera. Mientras tanto, el muro que de verdad cuenta es bastante sencillo: de un lado, el derecho internacional y el “no a la guerra”; del otro, la obediencia a Trump presentada como sentido de Estado.

Porque, parece que, sin pretenderlo, la crisis abierta por las amenazas de Trump a España ha roto el monopolio de la bandera por parte de la derecha y ha abierto a la izquierda la opción de un patriotismo ligado a la paz y a la legalidad internacional. La posición del Gobierno español de no ceder las bases de Rota y Morón para una intervención en Irán, exigir respeto a los tratados y oponerse a la guerra, es coherente con la línea europea de las últimas décadas y más sensata que seguir a Washington en otra aventura bélica en Oriente Medio.

PP y Vox actuan como satélites del movimiento MAGA, priorizando el alineamiento con Trump y luego, si sobra, ya pensaran en España, y todo por odio a Sánchez antes que por amor a la propia España. La contradicción de quienes decían llorar por la legalidad internacional y ahora reprochan al Gobierno que arriesgue la relación con Estados Unidos precisamente por defender esos principios jurídicos.

Frente al patriotismo casposo de la derecha, la izquierda plantea un patriotismo plural, democrático y empático, compatible con el “no a la guerra” y con la igualdad soberana entre Estados. Aviso a navegantes: Canadá, demostró que la equidistancia entre Trump y su propio país, le costó las elecciones a un candidato  ¿podría ocurrir eso en España? Puede que lo de hoy en la derecha sea nerviosismo.

No puedo callarme

Hoy el día amanece con un experimento sociológico y televisivo a cielo abierto: no me refiero a turistas atrapados, sino a personas que se fueron a Dubái huyendo de Hacienda exigen ahora a gritos en redes sociales que el Estado español vaya a rescatarles. De pronto, la patria que “solo sabe robar impuestos” se convierte en la madre protectora a la que se le suplica una plaza en el avión. El mismo Estado que ayer era un lastre opresor hoy es una aseguradora de lujo, pagada, eso sí, por las cuotas de los demás.

Es una escena perfecta para entender cómo funciona la pedagogía del privilegio: los beneficios son siempre privados, las pérdidas siempre públicas. Cuando las cosas van bien, la bandera es la del mérito individual, el “yo me lo he currado” y “que cada uno se pague lo suyo”. Cuando empiezan a silbar los misiles y cierran aeropuertos, entonces la bandera cambia: “somos españoles, tenemos derechos, que nos saquen de aquí”. No hay mejor metáfora de la doble moral fiscal que esa cola imaginaria ante la embajada, ordenada por tramos de IRPF.

Porque, al final, lo que se discute no es si el Estado debe proteger a sus ciudadanos (claro que debe hacerlo), sino qué modelo de ciudadanía hemos aceptado como normal. Una ciudadanía low cost, que solo se activa cuando hay que recibir, jamás cuando toca contribuir. Si algo deja claro este amanecer con quejas en los programas de TV matutinos desde Dubái es que el problema no son los impuestos, sino la escandalosa costumbre de algunos de querer vivir en sociedad como si fueran turistas: disfrutando de todos los servicios, pero dejando siempre la cuenta a nombre de los demás.

La matanza del 3 de marzo del 76 en Vitoria.

Hay fechas en nuestra historia que dejan al desnudo al régimen franquista mejor que cualquier discurso. Hacía unos meses de la muerte del dictador, pero aún vivía la dictadura. Tal día como ayer, 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, es una de esas fechas. La ciudad en huelga, miles de trabajadores organizados en asambleas, una iglesia llena y un Estado que respondió con gases, pelotas de goma y balas reales. Cinco obreros asesinados, más de cien heridos. Eso es pasado, pero no lo es que cincuenta años después, todavía hay quien nos habla de Transición “modélica”, y nadie lo hace de la impunidad de culpables. 

Lo que ocurrió en la parroquia de San Francisco de Asís no fue un accidente ni un “exceso” policial, sino una operación planificada para romper un ejemplo que estaba dando una clase trabajadora que se había dotado de sus propias herramientas de democracia (huelga general, comisiones representativas, asambleas masivas) y que empezaba a ser considerada peligrosa por poner en cuestión no solo los salarios y los convenios, sino quién mandaba realmente en las fábricas y en las calles. Vitoria era la demostración práctica de que la ruptura democrática podía venir desde abajo y la respuesta del franquismo tardío fue la decisión de disparar.

Conviene no perder de vista el escenario que vivíamos esos días: Franco llevaba poco muerto, el rey Juan Carlos I encabezaba un Estado que seguía siendo franquista en su aparato policial, militar, judicial y económico, y el Gobierno de Arias Navarro, con Fraga al frente de la represión, intentaba vender una “reforma” pero sin tocar los pilares del régimen. Frente a ese guion, los trabajadores de Vitoria ensayaban otra clase de  transición, la organizada en comités, en asambleas abarrotadas, con reivindicaciones que iban de los salarios a la amnistía, a la reducción de jornada y al derecho efectivo a huelga.

Por eso me duele tanto el relato posterior. Porque la historia oficial nos habla de la Transición cómo un paso suave del franquismo a la democracia gracias a la responsabilidad de las élites, mientras deja en los márgenes del relato a quienes paralizaron ciudades enteras con huelgas, desde el cinturón industrial de Madrid hasta Euskadi. Lo sucedido en Vitoria desmiente ese mito al mostrar que la Transición fue también un conflicto abierto entre un pueblo trabajador que empujaba hacia la ruptura y unos poderes que aceptaron ceder libertades a cambio de conservar su núcleo de poder.

Pero la matanza no frenó la movilización, al contrario, la huelga general del 8 de marzo en Euskadi y Navarra, con cientos de miles de trabajadores parados, dejó claro que al miedo se le había puesto límite, y convirtió los sucesos de Vitoria en uno de los golpes que aceleraron la caída de Arias Navarro y que empujaron al sistema hacia Suárez  y con él vino la legalización de partidos, los pactos con las direcciones de la oposición, la amnistía a los presos políticos. Pero también blindar la impunidad de los crímenes de Estado. Vitoria fue el arranque del motor, pero luego los frutos se administraron desde arriba, no desde las asambleas.  

Claro que la memoria de Vitoria molesta al relato dominante, porque no puede borrarse de la historia. No son grandes figuras políticas ni personajes institucionales, ni lideres de partidos, solo son obreros de la metalurgia, transportistas, profesorado, jóvenes venidos de otros pueblos de España que encuentran en la ciudad una cultura política de asamblea y solidaridad. No se movían al dictado de las direcciones sindicales, desbordadas y temerosas de un conflicto que no controlaban, sino desde comisiones elegidas en los centros de trabajo.

Era autoorganización obrera, algo que hoy suena casi a exótico, un concepto que es el gran ausente del sindicalismo actual, más centrado en la negociación institucional que en la construcción de poder en los centros de trabajo. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos riders con trabajos precarios, sanitarios reventados de turnos, alquileres imposibles que convierten a miles de trabajadores en pobres con contrato, vemos como la lección de Vitoria se vuelve contemporánea, porque sin organización desde abajo, sin asambleas, sin conflicto, los derechos nunca llegan.

No se trata de que idealicemos el pasado, sino de aprender de él. Aquellas asambleas fueron capaces de unir demandas económicas con demandas políticas en una misma reivindicación. Hoy, muchas de las luchas más avanzadas (por el clima, por el feminismo, por la vivienda) están intentando lo mismo que entonces, vincular las condiciones de vida y la democratización real de la sociedad. Volver a recordar los sucesos de Vitoria es preguntarnos qué pasaría si hoy volviéramos a esas reivindicaciones en los tajos, en los hospitales, en las plataformas logísticas, en los call centers donde se precariza el trabajo y con él la vida.

Cincuenta años después, ningún responsable político ni policial ha sido condenado por aquellos asesinatos del 3 de marzo. Las causas se archivaron, la justicia española ha bloqueado incluso los intentos de investigar desde otros países, y solo ahora el Estado ha reconocido formalmente la iglesia de aquellos acontecimientos como Lugar de Memoria Democrática. Es un gesto, pero insuficiente porque no puede haber democracia plena sin verdad, justicia y sin reparación para las víctimas de la violencia del Estado.

Esa impunidad no es algo del pasado, sino parte de la misma lógica que hoy dificulta la depuración de responsabilidades en casos de violencia policial, que pone trabas a la investigación de torturas en comisarías durante décadas, que convierte en excepcional cualquier condena a algunos agentes del Estado por vulneración de los derechos humanos. Si se miran con honestidad los sucesos de Vitoria, no se puede seguir sosteniendo que aquí todo se arregló “ejemplarmente”.

Por eso es tan importante que, en este 50 aniversario, se enlacen los funerales de entonces con las luchas de hoy. No es nostalgia sino una reivindicación de memoria frente al olvido institucional, una forma de recordar que la democracia se defiende en la calle tanto como en las instituciones, y es una invitación a seguir peleando por salarios dignos, por servicios públicos, por el derecho a la vivienda, por el cuidado del clima. Es una forma de reconocimiento a esos cinco trabajadores asesinados.

Los sucesos de Vitoria no son solo pasado, sino preguntas incómodas que todos debemos hacernos ¿quién paga el precio de cada conquista social?, ¿qué hacemos con esa deuda?, ¿vamos a permitir que la palabra “modélica” siga tapando los disparos mientras se precariza la vida de otra generación de trabajadores? Responder a esas preguntas no es nostalgia, sino una tarea urgente.

De Irak a Irán

En 2003, el Gobierno de Aznar decidió alinearse con la invasión de Irak impulsada por Bush y Blair, sin aval claro del Consejo de Seguridad de la ONU y contra una mayoría social abrumadora en España. España se implicó primero en el apoyo diplomático y luego en la ocupación, bajo el pretexto de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Aquella intervención fue considerada por numerosos juristas y organismos como contraria al derecho internacional, precisamente por la ausencia de una autorización específica del Consejo de Seguridad. Hoy, cuando Trump lanza un ataque sobre Irán sin mandato de la ONU y amenazando con “cortar todo el comercio” con un aliado, la pregunta es si España debe repetir el automatismo atlantista o defender el marco legal que dice respetar.

Los atentados del 11‑M no pueden explicarse solo por Irak, pero la propia investigación judicial y los testimonios de los autores materiales mostraron que el apoyo de España a la guerra fue utilizado como argumento y motivación para el ataque. Informes y análisis posteriores han subrayado que la decisión de Aznar de sumarse a la guerra incrementó la exposición de España al terrorismo yihadista, algo que la opinión pública comprendió con claridad. Años después, una amplia mayoría de españoles seguía convencida de que el 11‑M no se habría producido de la misma forma si España no hubiera respaldado la invasión de Irak. Ese recuerdo convierte en especialmente temerario que el PP vuelva a plantear la política exterior como una cuestión de “estar con la libertad frente a los tiranos”, sin ponderar el impacto real en la seguridad de la ciudadanía.

Cuando Feijóo descalifica al Gobierno por no alinearse sin matices con un ataque de EEUU e Israel sobre Irán, está repitiendo la misma lógica que llevó a Aznar a la foto de las Azores: sacrificamos autonomía, derecho internacional y prudencia estratégica a cambio de un supuesto prestigio ante Washington. Presentar como irresponsable la negativa a implicarse en una operación de dudosa legalidad, mientras se normaliza que el presidente de EEUU amenace a un aliado con sanciones comerciales por no sumarse a su guerra, es invertir por completo la escala de lo que es realmente imprudente. Lo temerario no es que España mantenga una posición prudente y respetuosa con la ONU, sino que se pliegue a un dirigente que ya está vulnerando el derecho internacional y está dispuesto a castigar económicamente a quien no le acompañe.

La experiencia de Irak demuestra que intervenir al margen o en el límite del derecho internacional puede salir infinitamente más caro que soportar el enfado pasajero de un presidente estadounidense. Entonces, el “estatus” internacional que Aznar perseguía se tradujo en aislamiento diplomático, rechazo social masivo y una tragedia terrorista que marcó a toda una generación. Hoy, la disyuntiva no es entre “libertad” y “tiranos”, como repite Feijóo, sino entre una política exterior responsable, anclada en la legalidad y la prudencia, y una política exterior imprudente que ya demostró en Irak cuáles pueden ser sus consecuencias para la seguridad en nuestras calles.

Después del ruido

El cielo ardía con un resplandor enfermo, como si la tarde sangrara sobre las ruinas. Paloma observó el horizonte desde el viejo espigón y pensó que la humanidad finalmente había cumplido su promesa: destruirlo todo con dulzura, sin mirar atrás. Nadie parecía haber hecho nada verdaderamente importante para detener la ola que los devoraba, como si pensar y hacer el bien hubiera resultado un lujo imposible.

Él llegó tarde, cubierto de polvo y con una flor marchita entre los dedos. “Aún hay belleza”, murmuró, ofreciéndosela. Paloma sonrió con una tristeza que dolía. Miraron el mar, que rugía como un animal viejo, devorando la última luz. En ese instante, se abrazaron con una ternura que desafiaba la razón. No quedaba nada, salvo ese gesto. Ni gobiernos, ni ciudades, ni promesas de redención. Solo la pura insistencia de amar cuando ya no hay futuro.

Bajo el reflejo terminal del mundo, comprendieron que quizás ese fuera el sentido perdido: no evitar lo peor, sino amarse dentro de él.