El traje de Page

En política, pocas cosas resultan tan rentables como disparar estando a cubierto. Emiliano García-Page ha elevado esta práctica a la categoría de una de las Bellas Artes de la política nacional. Su última intervención en el Comité Federal del PSOE, donde ha calificado a Pedro Sánchez como poco menos que un "lastre" electoral, exigiendo elecciones anticipadas o una cuestión de confianza tras los escándalos de corrupción, no es más que el enésimo capítulo de una estrategia  largamente ensayada. No puedo evitar sentir cierto pudor ante la impostura de un barón que confunde la "centralidad" con un puro cálculo de supervivencia personal.

La estrategia de Page adolece de una contradicción estructural flagrante. Se presenta ante los medios y los foros de la elite dominante  como el último guardián de las esencias de un socialismo "de Estado", cabal y previsible. Sin embargo, su análisis adolece voluntariamente de ceguera en tres aspectos.

En primer lugar, se permite acusar a la dirección federal de meterse en enrocarse alimentada por socios que actúan como "accionistas". Lo que olvida el presidente castellanomanchego es que la alternativa a ese búnker parlamentario no es una arcadia ideal del socialismo, sino, el desmantelamiento de los avances sociales a manos de un bloque de derecha y ultraderecha.

En segundo lugar, calificar al secretario general de tu propio partido como un impedimento mientras sostienes tu mayoría absoluta sobre las siglas de ese mismo partido roza el cinismo de cualquier ética. A Page le encanta rentabilizar el voto del descontento conservador en su territorio, pero se beneficia sistemáticamente de la red de contención que el llamado sanchismo despliega a nivel nacional para las clases trabajadoras.

Y en tercer lugar, para Page, hacer oposición interna no es un ejercicio de lealtad crítica; es una póliza de seguros. Sabe que cuanto más arremeta contra el sanchismo, más oxígeno recibe de las cabeceras mediáticas de la derecha, que lo utilizan como el ariete perfecto para desgastar al bloque progresista.

Analizado desde la izquierda, el problema fundamental de García-Page no es que sea crítico, está claro que la autocrítica es el motor de cualquier formación transformadora. El problema es desde dónde hace esa crítica. Su marco mental no es el de una alternativa más ambiciosa o redistributiva desde la socialdemocracia, sino el de una nostalgia por el bipartidismo de los años noventa., que en este momento de la historia es paralizante

Cuando Page pide elecciones con el argumento de que ve un "laberinto sin salida", lo que realmente está pidiendo es el regreso a una España uniforme que ya no existe. El mapa político actual es mucho más plural, fragmentado e inevitablemente complejo que en que su idea de país se mueve. Negarse a gestionar esa complejidad no es "responsabilidad de Estado", es pereza analítica y cobardía estratégica, porque cuando lo necesitó  bien que se acercó a UP. Mientras la militancia y la base social de su partido exigen resistir la ofensiva reaccionaria y profundizar en la agenda social, Page prefiere rasgarse las vestiduras por el purismo de unas siglas que él mismo debilita cada vez que se coloca ante los micrófonos.

García-Page se ha colocado el traje de " Pepito Grillo " del socialismo, pero le queda corto de mangas. Al final de la jornada, la política se mide por los efectos materiales que generas en la vida de la mayoría social. Utilizar los órganos del partido para minar la credibilidad del único parapeto gubernamental que frena el avance de la ultraderecha en España no es de ser un estadista incomprendido; es actuar como el colaboracionista pasivo de tus propios adversarios.

Cada uno es muy libre de opinar si Pedro Sánchez es un "lastre" o un ”flotador”, pero habría que recordarle al barón de Toledo que los barcos no navegan mejor si la tripulación se dedica a abrir vías de agua en la popa mientras el temporal azota en la proa. Estaría mucho mejor que diese menos lecciones de dignidad constitucional en los platós y empujase más el carro de los derechos sociales, que es donde la izquierda se juega de verdad el tipo. Si la alternativa a la izquierda del PSOE en CLM es ilusionante, Page se dará cuenta de quien es el lastre de su partido hoy.  

La contraofensiva

Observa uno el panorama nacional con perplejidad y la fatiguita que produce ver la misma función de teatro repetida de forma incansable, aunque con actores cada vez más vehementes y decorados mucho más ruidosos. Cada mañana nos despertamos sumidos en una especie de sainete de intrigas, que parece surgir de manera espontánea, pero que, si nos fijamos, obedece a un libreto meticulosamente escrito por los mejores autores teatrales de las altas esferas del gran capital. 

Tratan de convencernos de que todo es parte de la contienda electoral, el quítate tú para que me ponga yo de toda la vida, pero el asunto no es como hasta ahora una simple mudanza de ocupantes de los sillones. Recuerdo cuando luchar por la democracia era un contubernio judéo masónico contra la derecha. Hoy  nos hallamos ante un contubernio político-mediático-judicial de una finura y un empeño dignos de admiración, cuyo propósito último no es solo amargarle el desayuno a un Gobierno progresista legítimo, sino desarmar, pieza a pieza, nuestra democracia.

El ambiente se ha vuelto, por obra y gracia de estos artesanos moldeadores del descontento, algo verdaderamente irrespirable. Se siembran bulos con la misma alegría con la que en mi pueblo se plantan patatas en primavera; se recurre a manipulaciones tan burdas que harían sonrojar a un trilero de feria; y se dictan resoluciones judiciales que desafían no ya la lógica del derecho, sino las leyes más elementales de la gravedad institucional. 

El objetivo de tanto tramoyista trabajando, no es otro que insuflar un odio espeso, una crispación de café de casino rancio de la época del franquismo, que nos arrastre a una especie de confrontación civil, eso sí, de baja intensidad. Para colmo de males, y como  quienes indican que el que pueda que haga, tienen interiorizada la falta de caballerosidad, se ha optado por incluir también un ataque cruzado hacia el entorno familiar del gobierno buscando matar dos pájaros de un tiro mediante el acoso personal. 

Ante este panorama, el ciudadano de a pie, especialmente aquel de inclinaciones progresistas, se encuentra en la tesitura de tener que decidir qué hacer con su voto y con su paciencia. La resistencia pasiva, el mero lamento de barra de bar o la indignación tuitera sirven más bien de poco, cuando el adversario avanza con el ejercito mediático en una mano y las togas con maza en la otra. 

Toca, pues, un cambio de actitud: contraatacar de una puñetera vez. Y no nos equivoquemos, no se trata de acudir de nuevo a las barricadas, sino de emplear las herramientas legítimas que el propio Estado de Derecho, en un descuido de sus fundadores, ha puesto a nuestra disposición. Para empezar, al rival hay que meterle el miedo en los huesos. Y nada mejor para ello, con los grandes delincuentes y los golpistas de salón, que hacer uso de la herramienta más eficaz, que mejor entienden, y más de justicia social que se conoce: Hacienda y la inspección tributaria. Pocas cosas desarman más a un conspirador de alta alcurnia que una concienzuda revisión de sus ejercicios fiscales.

Los votantes de izquierdas debemos exigir que el Gobierno que ejerza su soberanía popular sin complejos. Es la hora de blindar los derechos fundamentales y, de paso, acometer reformas inapelables como derrocar la dichosa ley mordaza, ese artefacto que mantiene al pueblo con sordina mientras los grandes medios de comunicación ocultan y silencian las verdades que no convienen al negocio de sus dueños.

Hay que recuperar la calle, pero no para el desorden, sino para hacer pedagogía y exponer lo que ocurre con claridad. Frente a la estrategia de la confusión generalizada, la izquierda debe responder con ideas sorprendentes, con una frescura que los descoloque, recuperando las grandes lecciones del pasado para cambiar el rumbo de la historia. 

En definitiva, queridos lectores de este muro, toca organizarse, salir de la melancolía estéril, exigir al gobierno que se aplique la ley con pulcritud y defender la democracia en las plazas con el entusiasmo de quien sabe que, a pesar de su ruido, seguimos siendo más. 

A ver si nos enteramos: ¡No pasarán, si dejamos de lamentarnos y nos ponemos a la faena!

Buenas noches tengan ustedes. 

El arte de la impunidad

La justicia en nuestro país maneja una extraña utilización del tiempo. Si comparamos la trama Púnica con el caso Ábalos, el resultado es sencillamente alucinante: mientras en Púnica se dilucidan 25 millones de euros y en el caso de las mascarillas 32, la condena en el caso Granados no llega a los tres años frente a los 24 aplicados en el otro. Las dinámicas temporales son aún más sangrantes: 13 años para sentenciar la Púnica frente a menos de un año para el caso de las mascarillas.

Sin embargo, para rapidez meteórica, ninguna supera a la del caso de las filtraciones de M.A.R., archivado de forma fulminante en apenas 48 horas desde su inicio. Cuando el foco mediático y judicial se encontraba precisamente sobre esta investigación exprés por filtraciones interesadas, un asunto gravísimo que erosiona la calidad democrática y apunta directamente a las cloacas del Estado y al uso partidista de las instituciones y la judicatura, el tablero cambió de forma abrupta. Con el lanzamiento de una frase deliberadamente hiperbólica, reaccionaria y diseñada para provocar la indignación, rozando el absurdo biológico y jurídico, M.A.R. pretende lograr su verdadero objetivo: conseguir que toda la conversación pública gire en torno al aborto y a los derechos reproductivos.

El éxito de la derecha populista actual no radica en convencer al adversario, sino en obligar a la izquierda a jugar con sus reglas. Prefieren mil veces que se debata acaloradamente sobre una provocación ideológica antes de que los ciudadanos nos  fijemos en la asombrosa celeridad del archivo judicial de su caso en apenas dos días.

Para la derecha identitaria, la polarización es la estrategia central. Los sectores más conservadores cierran filas en torno al parlanchín para defender el dogma ideológico, y  la izquierda se siente obligada a saltar legítimamente a defender los derechos conquistados, y al hacerlo, la impunidad judicial de este sujeto, o el trato de favor institucional queda sepultada bajo el ruido que crea y la impunidad se normaliza al distraernos. 

Existe una flagrante asimetría institucional. Mientras las causas que afectan a líderes populares, de izquierdas o del activismo social a menudo se prolongan durante años en costosos y mediáticos "juicios de telediario", incluso sabiendo de antemano que terminarán en archivo, los procesos que salpican a la derecha disfrutan de una velocidad de escape envidiable. No mordamos el anzuelo. El archivo de este caso, sin siquiera escuchar a los testigos, apesta a Lawfare. Ver menos

ALBERTO; NO MIENTAS O VAS A TENER QUE CONFESARTE: CLARO QUE NO ERES PECADOR; PORQUE NO QUIERES.

Los datos disponibles de finales de junio y principios de julio de 2026 sirven para desmontar contundentemente varias afirmaciones falsas y bulos lanzados por Alberto Núñez Feijóo sobre la migración y el proceso de regularización extraordinaria en España.

Para ello, utiliza datos erróneos, criminaliza a los migrantes, la confusión de conceptos legales y la manipulación de cifras de solicitudes. Las principales falsedades que se pueden desmontar son las siguientes:

Feijóo afirmó públicamente que el Gobierno "va a regularizar con informes policiales con antecedentes policiales a ese inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano".

Falso: Equipara tener "antecedentes policiales" con ser un delincuente convicto (abuso o robo).

Dato real: Los antecedentes policiales recogen identificaciones, detenciones o investigaciones previas de la policía que pueden quedar en nada si son archivadas por un juez. Para la regularización es obligatorio por ley carecer de antecedentes penales (condenas firmes). Si una persona ha delinquido y ha sido condenada por robo o abuso, tiene antecedentes penales, por lo que su regularización queda automáticamente denegada.

En sus declaraciones de hoy mismo, 2 de julio, don Alberto atacó los procesos asegurando de forma alarmista que "nos hemos enterado de que el número de solicitudes [de la llamada ley de nietos] es de 2.600.000" y que, sumando otros procesos, España recibiría "7 u 8 millones de ciudadanos en 7 años", concluyendo que "no hay país que lo resista".

Falso: Hincha deliberadamente el impacto real del proceso confundiendo solicitudes genéricas con concesiones efectivas de personas que vayan a mudarse a España de inmediato.

Dato real: Gran parte de los solicitantes bajo la Ley de Memoria Democrática ("ley de nietos") ya residen en sus países de origen en Latinoamérica y no supone una oleada migratoria física inmediata de millones de personas como pretende sugerir. Además, medios de verificación recuerdan la contradicción hemerográfica del líder del PP, quien en 2022 (durante un viaje a Argentina) defendía firmemente una ley de nacionalidad para los descendientes de españoles sin trabas ideológicas.

Feijóo también ha utilizado la reciente decisión del Tribunal Supremo de proponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como si fuese una confirmación de que la regularización extraordinaria española vulnera el marco de la UE.

Falso: Presenta una duda judicial de encaje normativo, como una ilegalidad o un freno definitivo a la regularización.

Dato real: El Alto Tribunal no ha prohibido el mecanismo, simplemente ha planteado consultar al TJUE para asegurarse de si el proceso extraordinario impulsado en el Congreso cumple de forma estricta con las directivas comunitarias.

El proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros que culminó en estas fechas nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada originalmente por la Iglesia y colectivos sociales, y fue apoyada en el Congreso por casi todo el arco parlamentario (incluido el propio Partido Popular), con la única excepción de Vox.

Feijóo ha mezclado todo para engañarnos. ¿Habrá desmentido?

Vacantes MIR: la calidad también se elige

“Cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región”

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

POLITICA DE TIERRA QUEMADA

El cuestionamiento de la neutralidad y la honorabilidad de diferentes estamentos del Estado es una de las estrategias de comunicación más visibles del Partido Popular en los últimos años. Esta táctica busca deslegitimar la acción del Ejecutivo argumentando que ha "colonizado" o "sometido" las instituciones públicas.

Más allá de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestionadas en el caso de Begoña Gómez por el juez y por PP y Vox, o del cuerpo de funcionarios que tramita las políticas migratorias a quienes acusan de estar permitiendo migrantes que no reúnen los requisitos exigidos para que esa regularización se produzca, el PP ha puesto en duda de forma sistemática a muchos organismos e instituciones:, entre los cuales voy a señalar algunos.

Uno de los focos de crítica más duros y constantes ha sido la Fiscalía general del Estado. El PP cuestiona abiertamente la imparcialidad de los fiscales, acusando al Fiscal General del Estado de actuar como un "ministro de la oposición" o de seguir instrucciones directas del Palacio de la Moncloa. Se ha puesto en duda la legalidad y limpieza de los nombramientos internos, tildándolos de "purgas", y se ha acusado a la institución de utilizar su poder de forma partidista para proteger a los miembros del Gobierno en casos de presunta corrupción y desatender las denuncias que afectan al entorno del Ejecutivo.

El segundo caso es el del Tribunal Constitucional. A raíz de la mayoría de corte progresista en el tribunal de garantías y de resoluciones de gran calado político como el aval a la Ley de Amnistía o la revisión de las sentencias del caso de los ERE de Andalucía, el PP ha elevado la dureza de sus descalificaciones hacia este órgano, llegando a calificar al Tribunal Constitucional como un apéndice del Gobierno, asegurando que su presidente está "a las órdenes" de la Moncloa. Unas declaraciones que generaron una fuerte polémica institucional, las realizaron  destacados portavoces del PP que llegaron a referirse al propio tribunal de garantías como "el cáncer del Estado de derecho" (palabras por las que el partido posteriormente se disculpó parcialmente).

El tercer objetivo de desprestigio es el CIS, Centro de investigaciones Sociológicas. El PP mantiene una ofensiva total contra el funcionamiento del CIS, dirigido por José Félix Tezanos. Los populares acusan formalmente al organismo público de "falsear", "prefabricar" y "manipular" de manera deliberada los datos de las encuestas electorales y los barómetros de opinión pública para beneficiar los intereses del PSOE y perjudicar a la oposición. La desconfianza es tal que el partido ha promovido comisiones de investigación en el Senado e interpuesto querellas en los tribunales por presuntos delitos electorales y malversación de fondos públicos en la elaboración de sus estudios.

El Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado y tampoco ha quedado al margen. El PP acusa de forma recurrente a la presidencia de la Cámara Baja de haber perdido la neutralidad institucional que exige el cargo y de actuar de forma arbitraria. Se les afea "secuestrar" los tiempos parlamentarios, dilatar la tramitación de comisiones que no convienen al Gobierno, o flexibilizar el reglamento del Congreso para favorecer los debates y votaciones que benefician a la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Tampoco escapa a sus criticas TVE. Al igual que con el CIS, el PP sitúa a la corporación pública de radio y televisión bajo una sospecha constante de manipulación y falta de pluralidad. El partido denuncia regularmente los nombramientos de sus consejos de administración y direcciones informativas, tildando al ente público de "apéndice de la Moncloa" o "altavoz del sanchismo", cuestionando el trabajo diario de los profesionales de la información de la cadena.

Lo triste es que mientras que el PP defiende que estas duras críticas son legítimas y necesarias para denunciar lo que consideran un "deterioro democrático" e "institucional" provocado por el Gobierno, en realidad lo único que consiguen es  debilitar de forma peligrosa la credibilidad de las instituciones del Estado, dañando la confianza de los ciudadanos en los pilares del sistema democrático. Los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen.

No se puede sostener un discurso basado en la "regeneración democrática" si, para desgastar al rival, se está dispuesto a quemar los pilares del sistema. Cuando el PP siembra sospechas infundadas sobre la Policía, tilda al Tribunal Constitucional de apéndice del Gobierno, acusa a los funcionarios de prevaricar en la regularización de migrantes o califica de "secuestro" las decisiones del Congreso, está enviando un mensaje peligroso: que las instituciones españolas solo son limpias si el PP está en el poder.

Esta deriva del PP recuerda peligrosamente a las estrategias de la derecha populista norteamericana o latinoamericana: si la realidad judicial, de datos o parlamentaria no me da la razón, se ataca directamente al emisor. Es una política de tierra quemada donde el fin (desalojar Sánchez de la Moncloa) justifica cualquier medio, incluido el desprestigio de organismos técnicos e instituciones cuya credibilidad ha costado décadas consolidar.

Si un partido convence a sus votantes de que los árbitros del Estado están permanentemente comprados y corrompidos, ¿con qué autoridad moral y legitimidad social pretende gobernar el día de mañana a la otra mitad del país que hoy desprecia?

El censo de la infamia y el miedo a las urnas

La derecha española ha cruzado una nueva línea roja en su estrategia de desgaste institucional. Es una ofensiva coordinada, en la que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han decidido situar en la diana a la conocida como "Ley de Nietos", integrada en la Ley de Memoria Democrática. Bajo el paraguas de una supuesta acusación de "ingeniería electoral", el Partido Popular no solo resta mérito a un derecho histórico de reparación, sino que siembra la sospecha del fraude generalizado. Es la importación definitiva del manual más rancio del trumpismo: si las expectativas electorales flaquean, la culpa es del árbitro, de las reglas del juego o del propio censo.

Resulta de un cinismo abrumador que Feijóo califique de tramposo el incremento de votantes en el exterior. Alguien debería recordarle al que llaman líder de la oposición su dilatada etapa al frente de la Xunta de Galicia, donde la captación y el fomento del sufragio de la diáspora gallega no era "ingeniería", sino, según sus propias palabras de entonces, un acto de justicia identitaria. El voto emigrante solo se vuelve "sospechoso" ante los ojos de la derecha cuando intuyen que ya no pueden controlarlo ni pastorearlo de manera clientelar.

Sufren de una asimetría moral que no es nueva. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la nacionalización de los descendientes sefardíes expulsados en el siglo XVI, la medida se aplaudió como una restitución histórica incuestionable. Tampoco asusta en las filas populares el desembarco de fortunas venezolanas en el barrio de Salamanca de Madrid. El problema, al parecer, surge cuando quienes recuperan su derecho son los hijos, nietos y bisnietos del exilio republicano; aquellos a quienes la dictadura franquista no solo despojó de su patria, sino también de su identidad. Defender que estas personas habrían nacido y votado en España si no fuera por un golpe de Estado no es retórica partidista; es un principio básico de justicia de la Transición, esa que les parece tan modélica. 

Pero el inventario de conceptos que despliega el PP es todavía más peligroso cuando entra en el terreno de la xenofobia institucional. Al vincular los consulados atascados por la Ley de Nietos con el "efecto llamada" y el supuesto "colapso de los servicios públicos", Ayuso agita de manera irresponsable las tesis de la extrema derecha sobre el "gran reemplazo". Y no se queda ahí. Su advertencia explícita y mafiosa hacia el cuerpo diplomático ("cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal") es un intento flagrante de coaccionar a los empleados públicos a través del miedo a represalias judiciales.

Con esta pirueta discursiva, el PP busca tapar una propuesta verdaderamente preocupante: una reforma a la griega o a la italiana para otorgar una "propina de escaños" al ganador, un truco legal para forzar mayorías absolutas artificiales y diluir el pluralismo político de nuestro país.

El debate de fondo, el que verdaderamente le interesa a la ciencia política y al progresismo, es radicalmente opuesto al ruido artificial de Génova. Mientras la derecha se inventa conspiraciones sobre cómo el Gobierno "asigna provincias arbitrariamente" al voto exterior (algo técnicamente imposible porque la ley rige la adscripción familiar rígidamente), nuestro sistema sigue arrastrando una anomalía democrática flagrante. Hoy facilitamos, de manera justa, el voto a personas en Buenos Aires o México que jamás han pisado el país, mientras se lo negamos sistemáticamente en las elecciones generales a cientos de miles de migrantes que residen, consumen, trabajan y sostienen con sus impuestos nuestros servicios públicos desde hace décadas.

El miedo del Partido Popular es, en realidad, un miedo a la demografía y a la movilización. Al tensar la cuerda con acusaciones de pucherazo, al abusar de la vía judicial y al insultar la memoria de las víctimas de la dictadura, la derecha suele conseguir el efecto contrario al deseado: levantar del sofá al electorado progresista por pura autodefensa democrática. No es ingeniería electoral, señores del PP; es, sencillamente, que a ustedes les da pánico que la ciudadanía vote en libertad.

Continúen, continúen, genios.