La retórica que enciende la mecha de la violencia en Ceuta

En las últimas semanas, los acontecimientos en Ceuta han alcanzado un punto de inflexión que exige algo más que la retórica habitual de condena por parte de las instituciones. La agresión sufrida por una diputada del Parlamento de esa ciudad, cuyo vehículo fue atacado con piedras y huevos al ser confundido en medio de un clima de violencia desatado, no es un hecho aislado ni un desafortunado error, sino que se . de la manifestación concreta de un tipo de terrorismo.

Ese terrorismo, no requiere de una orden explícita de ataque desde alguien al mando, sino que funciona a través de la acumulación de un lenguaje beligerante, criminalizador y deshumanizador proyectado desde los políticos y sus altavoces mediáticos. Cuando desde las instituciones y el poder se construyen relatos como «invasión», «olla a presión» o ciudades «al límite», se está provocando violencia social. No se indica quién debe tomar la piedra o lanzarla, pero ideológicamente se señala el objetivo y al «enemigo». La agresión física es simplemente la inevitable consecuencia de ese caldo de cultivo.

Lo ocurrido en Ceuta demuestra cómo la instrumentalización de los fenómenos migratorios y de la diversidad cultural fractura la convivencia democrática. Durante un periodo prolongado, la extrema derecha y los sectores conservadores han utilizado el pánico como herramienta de movilización electoral. Esta estrategia de señalamiento, que comenzó contra las personas migrantes y los colectivos musulmanes, ya se ha extendido de manera natural a periodistas, a voces disidentes y representantes políticos opuestos. El fascismo y la violencia difusa nunca se detienen en el primer señalado; por su propia lógica expansiva, terminan engullendo a todo aquel que no se pliegue al discurso de quienes impulsan esa dinámica. 

Ante este panorama, las tímidas apelaciones a la «paz social» o a la «no violencia» por parte del Gobierno autonómico de Vivas resultan estériles e hipócritas. No es posible apagar un incendio con agua mientras en la otra mano se tiene la lata de gasolina. Las condenas en abstracto a la violencia carecen de validez política si no van acompañadas de una enmienda a la totalidad del discurso del odio que las alimenta. Un gobierno que se pretende democrático tiene la obligación de desactivar la crispación, no de capitalizarla mediáticamente en favor de titulares nacionales o calculados intereses partidistas.

Ceuta, y con ella toda España, se encuentra en una encrucijada donde ya no solo se debate la gestión de una crisis migratoria o fronteriza, sino el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Permitir que la sospecha, la deshumanización y el señalamiento al diferente se instauren como algo normal y cotidiano equivale a dar por bueno que se puedan degradar nuestros derechos fundamentales. Si la izquierda y las fuerzas democráticas no construyen un cortafuegos firme basado en la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el rigor de la ley, la violencia de hoy, aún una excepción, se convertirá en la norma del mañana.

Ceuta no necesita más retórica del miedo ni liderazgos que alimenten el conflicto. Requiere, con carácter de urgencia, una política pública orientada a la convivencia, la justicia social y el fin absoluto del señalamiento sistemático de sus propios vecinos y visitantes.

La crisis humanitaria convertida en negocio y partidismo

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha dejado de ser un problema de capacidad asistencial para convertirse en un ejercicio de cinismo político. La actuación del Gobierno de la Ciudad Autónoma encarna gran y sangrante paradoja: la exigencia permanente de auxilio al Estado mientras perpetúa el colapso como estrategia de desgaste y beneficio propio.

Al presidente ceutí los menores le importan, más o menos, en función de cuál sea su destino. Si es enviarlos a la península, como PP y Vox se oponen frontalmente, y es el Gobierno central quien le ofrece hacerlo, a Vivas le da un ataque de responsabilidad porque su Administración es quien tiene la tutela de estos menores. Sin embargo, esa cautela, desaparece si se habla de devolverlos a Marruecos. 

Esa debe ser la causa por la que Ceuta ignora desde el 28 de agosto, una propuesta del Gobierno para acoger a 500 menores en la Península a través del Ministerio de Juventud e Infancia. Esta propuesta la remitió a la consejería competente de la ciudad autónoma en un documento en el que se detallan las plazas disponibles en una entidad social de la península, el protocolo a seguir para los traslados y el coste del operativo, que sería sufragado por la Administración central. Veinte días después, el equipo de Vivas aún no ha dado una respuesta al Ministerio.

La protección de los menores no acompañados no es un favor ni una concesión; es un mandato constitucional y un deber ético ineludible. Sin embargo, la administración ceutí ha preferido convertir su responsabilidad en una trinchera ideológica. Mientras su red de acogida la declara desbordada y el Ejecutivo local muestra un victimismo gloriosos ante los medios, la realidad material muestra que es el Gobierno de España quien sostiene económicamente el dispositivo, despliega los medios logísticos y asume la carga operativa real de la emergencia. Ceuta retiene las competencias de protección a la infancia para gestionar la foto y el discurso, pero externaliza las responsabilidades materiales hacia la administración central en cuanto surge la tensión.

La contradicción resulta aún más flagrante cuando se examinan los presupuestos. La emergencia humanitaria ha generado una inyección constante de fondos para hacerle frente y de subvenciones estatales. Lejos de traducirse en una red pública sólida y transparente de atención a la infancia, asistimos a su mercantilización: contratos de emergencia, derivaciones opacas y una gestión donde la privatización de servicios convierte los recursos públicos en una vía de extracción de rentas para entramados locales. Se socializa el coste y el sufrimiento de los menores mientras se privatiza la rentabilidad económica.

Pero el mayor bloqueo a una solución definitiva no está en la falta de espacio, sino en el cálculo partidista. Resulta insostenible que el Gobierno de Ceuta señale al Estado mientras su propia formación política en la Península frena de manera sistemática cualquier reforma legislativa vinculante, como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que garantice el reparto obligatorio y solidario de menores entre todas las comunidades autónomas. Preferir el caos en la frontera para desgastar al Ejecutivo central antes que respaldar una solución estructural y solidaria es una irresponsabilidad política mayúscula.

Ceuta no puede seguir funcionando como un enclave donde se exige solidaridad para recibir fondos, pero se fomenta el bloqueo institucional para evitar soluciones duraderas. Mantener a cientos de niños y adolescentes en condiciones de hacinamiento para alimentar un relato de abandono es una flagrante dejación de funciones. 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que todos los españoles podamos  superar el chantaje competencial? ¿Se va a fiscalizar cada euro destinado a la infancia? ¿Qué necesitan los votantes del PP para asumir que la dignidad de los derechos humanos no se negocia desde el partidismo?

Cuando la toga encarcela la solución

Lo que estamos presenciando en Ceuta ya no es un mero desacuerdo institucional ni un ajuste de discrepancias administrativas. Es la escenificación cruda y sin tapujos de un golpe de estado blando ejecutado desde los despachos judiciales. La decisión de la Audiencia Nacional de frenar de forma cautelarísima el uso de las instalaciones portuarias habilitadas por el Ministerio de Transportes para dar cobijo digno a cientos de seres humanos atrapados en las calles no responde a la estricta legalidad, sino a la estrategia del estancamiento: asfixiar la gestión del Gobierno legítimo a costa de la dignidad de los más vulnerables.

El entramado está perfectamente articulado. Por un lado, una derecha reaccionaria encarnada en el PP de Vivas y la extrema derecha de Vox, empeñada en cronificar el caos urbano y la tensión social en la ciudad autónoma para rentabilizar electoralmente el miedo y la xenofobia. Por otro, una judicatura esclerótica, auténtica «Toga Nostra» heredera de la inercia franquista, que no duda en convertirse en un poder legislativo de facto, extralimitándose en sus funciones para paralizar cualquier respuesta del ejecutivo, sea pragmática o solidaria. Cuando los jueces dictan la política migratoria y los sindicatos policiales politizados actúan como arietes de la oposición, la división de poderes deja de ser un contrapeso democrático para convertirse en un secuestro institucional.

A esta pinza político-judicial se le suma el cinismo de no ofrecer ni una sola alternativa. Se impide al Gobierno acoger, se bloquea la derivación coordinada entre Comunidades Autónomas y se castiga a la población de Ceuta a convivir con el desamparo estructural. El objetivo no es resolver la crisis humanitaria; el objetivo es que la crisis acabe contaminando al Ejecutivo.

Ante este sabotaje continuado, la respuesta de los progresistas y de la ciudadanía democrática no puede seguir siendo el repliegue pusilánime ni la apelación a un juego limpio que la derecha rompió hace tiempo. Es hora de dar la batalla del relato, exigir una reforma profunda del acceso a la carrera judicial para erradicar el corporativismo y hacer lo que está haciendo la derecha, tomar la calle. Frente al golpismo de toga y despacho, la única respuesta sólida es más democracia, más soberanía popular y una defensa irrenunciable de los derechos humanos.

Cuando la decencia se condiciona a las urnas

Somos muchos/as los que nos parece que los insultos y la falta de respeto verbal en nuestros políticos no solo debería estar desterrada de la práctica cotidiana, sino que a quien hace de ello un instrumento de su forma de actuar se le debería sancionar e incluso aparcar, aunque solo fuera temporalmente por su formación política. La realidad es que desde que el grupo gallego llegó al Madrid de la frutera, todas las soeces del vocabulario parecen tener cabida. Y sí, en la izquierda también se practica, pero no hay comparación al ser los Hernando, Tellado, y el moderadísimo Feijoo, incomparables.

Las declaraciones de Sémper prometiendo que con la llegada de Feijóo a la Moncloa «se desterrará el insulto y la mala educación» de la política española es la prueba del 9 de un vicio de origen profundamente revelador. El anuncio resulta fascinante como ejercicio de responsabilidad democrática. Es sencillamente una muestra de cinismo. Esta falacia descansa sobre dos pilares que desmontan cualquier intento de proyectar una imagen de centralidad moderada.

En primer lugar, Sémper presenta la regeneración del debate público no como una exigencia ética inmediata e innegociable para su propia formación, sino como una transacción electoral. El mensaje dirigido a la ciudadanía es tan transparente como chirriante: la cortesía parlamentaria y el fin del enconamiento son una "recompensa" que solo se concederá a los españoles si votan en la dirección correcta. Condicionar el cese de la crispación al asalto al poder, equivale a reconocer que el tono de confrontación desmedida no es una patología indeseada del sistema, sino una táctica utilizada deliberadamente desde la oposición para desgastar las instituciones hasta que consigan el objetivo político.

En segundo lugar, la proclama ignora la práctica diaria del PP en las Cortes, los parlamentos autonómicos y los medios de comunicación. Resulta metodológicamente imposible sostener en su discurso la bandera de la regeneración mientras se convive en perfecta sintonía con perfiles públicos y portavoces parlamentarios cuyo capital político se basa, de manera sistemática, en la descalificación personal, la hipérbole moral y la deslegitimación del adversario.

El objetivo es proyectar un perfil de gestión técnico, moderado y preparado para gobernar, mientras mantiene movilizado al electorado más radicalizado mediante el ataque continuo. Semper apela al entendimiento, la corrección institucional y la concordia, mientras descalifica a personas, hace acusaciones desproporcionadas y deslegitima al rival.

Desde una perspectiva de análisis esta estrategia responde al conocido doble juego de la derecha institucional contemporánea: utilizar a figuras de perfil moderado y amable como cortina de humo mediática, mientras la maquinaria del partido ejerce una labor de erosión de trazo grueso. 

Pretender que el clima político cambiará por arte de magia al cruzar la puerta de Presidencia no solo es irreal, sino que le quita responsabilidad al que contribuye activamente al deterioro del espacio público. El señor Sempér debería saber que la decencia institucional no se promete a futuro bajo la condición de estar en el poder; se demuestra en el presente desde la oposición. 

El derecho al voto a examen

La reciente decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente, la efectividad electoral de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) relativas a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, hoy  denominada «ley de nietos», ha situado de lleno en el debate el equilibrio entre la garantía del sufragio activo (art. 23 CE) y la seguridad del censo electoral.

Este choque de legitimidades plantea cuestiones de hondo calado. Sin embargo, en el espacio de la discusión pública la controversia se percibe con absoluta gravedad desde  el control judicial, la seguridad jurídica y el trasfondo sociopolítico.

En la Constitución de 1978, la ciudadanía española conlleva indisolublemente el pleno ejercicio de los derechos políticos. La suspensión cautelar del derecho al voto para ciudadanos que ostentan la nacionalidad genera una anomalía muy compleja de justificar, y se corre el riesgo de que, mediante decisiones cautelares, crear una categoría de «españoles a medias» o de atentar contra la igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta sus cautelares en la prevención de un supuesto riesgo en la limpieza del censo ante la masiva incorporación de nuevos ciudadanos. Sin embargo, restringir preventivamente la eficacia de un derecho fundamental por “el riesgo de alteración electoral” inflige una lesión real, inmediata e irreparable en el derecho de quienes no podrán ejercer el voto durante el tiempo que dure la suspensión.

La decisión del TS impone exigencias probatorias desproporcionadas. Requerir décadas después una acreditación fehaciente del exilio político para cada descendiente choca frontalmente con la realidad histórica del franquismo: una represión sin formas, económica o implícita que pocas veces dejó rastro en registros oficiales o carnés de filiación. La instrucción reglamentaria de 2022 buscaba, precisamente, evitar la indefensión provocada por la falta de archivos formales. Obligar a probar caso por caso supone imponer una prueba imposible a los herederos de las víctimas de la dictadura.

Esto ha provocado una profunda desconfianza institucional de los ciudadanos provocada por esta resolución. El Tribunal Supremo se percibe como un controlador  al actuar como un contrapoder político, y la imagen de una Junta Electoral Central aceptando esa decisión para evitar el choque institucional, se traducen en desasosiego y en el temor a que la lucha por el poder  también instrumentalice las togas y las normas electorales.

El dilema va más allá de la filiación partidista al asentar el precedente de que la atribución plena del derecho a voto puede subordinarse a sospechas de alguien sobre su orientación ideológica o su impacto cuantitativo en los bloques parlamentarios. Por mucho que no se quiera ver , esto a la democracia la debilita.

Revertir cuanto antes esta incertidumbre es una exigencia no solo técnica, sino democrática. Un Estado de Derecho no puede permitirse que la sospecha sobre el censo prevalezca sobre los derechos fundamentales en vigor. La respuesta no puede ser la exclusión cautelar, sino la máxima participación garantizada mediante mecanismos ordinarios de verificación no con la aportación de pruebas imposibles para muchos.

Democracia y justicia: cuando la toga intenta someter al voto

«Respeto a la justicia, pero respeto a la democracia». Esta frase, pronunciada con frecuencia en los platós y tribunas políticas, sintetiza la tensión central de nuestro tiempo: el choque de legitimidades entre la soberanía popular y el poder judicial. Sin embargo, no estamos ante una simple pugna sobre la división de poderes, sino ante un campo de batalla de clase y de poder real.

La democracia es la única herramienta que poseen las mayorías sociales y la clase trabajadora para disputar la hegemonía a los poderes fácticos. El voto es el gran igualador al otorgar el mismo peso al trabajador precario que al gran empresario. La justicia, en cambio, no está en una torre de marfil aséptica ni goza de una neutralidad divina. Los poderes judiciales han sido, históricamente, una de las estructuras más conservadoras del Estado, moldeadas por dinámicas de extracción de clase y endogamia corporativa.

En las últimas décadas, hemos asistido a una peligrosa deriva: la judicialización de la política o lawfare. Cuando la derecha pierde las elecciones y no logra la mayoría en las urnas, recurre a sectores afines de la judicatura para frenar avances sociales, perseguir el conflicto político o maniatar a gobiernos legítimos. Bajo una supuesta «defensa de la ley», se dinamitan decisiones respaldadas por la soberanía popular, como acabamos de ver con la llamada Ley de Nietos.

La ley no es un dogma inmutable esculpido en piedra; es el resultado cambiante de la correlación de fuerzas políticas y sociales. Respetar la justicia es fundamental para evitar la arbitrariedad, sí, pero la justicia debe emanar de la Constitución y del marco que el pueblo se ha dado democráticamente, no de la interpretación reaccionaria de unos pocos.

Cuando los tribunales pretenden gobernar o corregir la voluntad de las urnas, la frase deja de ser un matiz retórico para convertirse en un aviso de socorro: si la toga se impone sobre el voto, la democracia deja de pertenecer a las mayorías para volver a manos de las élites. 

De legítima trinchera a responsabilidad pública: Un análisis sobre la huelga médica

Los sindicatos médicos convocan  huelga indefinida en todo el país a partir del 28 de octubre para reclamar a Sanidad un estatuto marco propio.

Como médico de familia que ha pasado algunas décadas en las trincheras de la Atención Primaria y a la vez conocedor de las mesas de gestión sanitaria, observo la convocatoria de huelga médica con un sentimiento tan ambivalente como doloroso. Entiendo el agotamiento de mis compañeros y reconozco la urgencia de sus mejoras. Sin embargo, analizando el trasfondo de este conflicto desde el rigor de la administración pública, resulta evidente que la motivación, la estrategia y el destinatario de esta protesta están profundamente errados.

El conflicto actual no se reduce a una disputa entre la ministra y el colectivo médico. Pretender reducirlo a un choque personalista invisibiliza un hecho institucional irrefutable: el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco con los cuatro principales sindicatos generalistas, los cuales ostentan la representación de cerca del 90% de la fuerza laboral del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El rechazo a este consenso por parte de las organizaciones exclusivamente médicas responde a una visión corporativista. Exigir un "estatuto propio" para el colectivo médico ignora que la sanidad pública funciona como un engranaje multidisciplinar. Del mismo modo que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) integra bajo un mismo paraguas jurídico desde Abogados del Estado hasta Auxiliares Administrativos, el marco laboral de la sanidad debe dar cobijo de forma armónica a todas sus categorías profesionales, asignando a cada grupo la retribución y responsabilidad que le corresponde. Pretender romper esa unidad negociadora fomenta una fractura peligrosa y crea médicos de "primera y de segunda" en la relación con el resto de los trabajadores sanitarios. 

Una de las mayores incoherencias de esta movilización es la confusión deliberada sobre el reparto de competencias. Las mayores reivindicaciones de la profesión médica (aumento de las cuantías de las guardias, retribución del complemento específico, estabilización del empleo y reducción efectiva de las cargas asistenciales diarios) son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. 

Exigir al Ministerio de Sanidad decisiones presupuestarias y organizativas que atañen a los servicios regionales de salud no solo es jurídicamente inviable, sino políticamente tramposo. La actualización del Estatuto Marco a nivel estatal se encarga de definir la legislación básica, establecer los criterios de selección y fijar límites a la jornada asistencial, como la tan ansiada erradicación de las guardias de 24 horas. Sin embargo, la bajada a la arena presupuestaria para hacer realidad las 35 horas o actualizar los complementos específicos debe exigirse en las mesas sectoriales autonómicas. Es allí donde paradójicamente se están promoviendo privatizaciones y externalizaciones mientras se esquiva la responsabilidad ejecutiva. 

En el plano retributivo, la demanda sobre la cotización económica de las guardias revela un profundo desconocimiento de la normativa de la Seguridad Social. La base máxima mensual fija un techo (situado en 5.101 €) sobre el cual ningún trabajador, sea cual sea su profesión, puede cotizar monetariamente más. Dado que la masa salarial del médico sobrepasa habitualmente esta base, resulta técnicamente imposible incrementar la aportación económica por el concepto de atención continuada. 

Donde sí existe una reivindicación plenamente legítima y justa, y que debe recoger el marco normativo, es en el cómputo del tiempo efectivo trabajado durante esas guardias a efectos de acelerar el cómputo de años para la jubilación. 

Asimismo, exigir la implantación de la jornada de 35 horas en el sector público para compaginarla sin trabas con la actividad en la sanidad privada resulta deontológica y administrativamente inasumible. La exclusividad y la dedicación al sistema público no son un castigo, sino la garantía fundamental del sostenimiento de la equidad asistencial. 

Por si esos aspectos aún no se consideran suficientes para valorar la decisión en la práctica, desde la perspectiva de los usuarios, esta huelga corre el riesgo de percibirse con desconcierto y frustración al verse como las víctimas colaterales de un conflicto mal dirigido. Aunque la ciudadanía comprende el agotamiento del colectivo médico, puede resultarle difícil asimilar una protesta convocada bajo un tono corporativista que fragmenta al equipo de salud multidisciplinar, haciendo que parezca la búsqueda de un régimen de privilegios exclusivo frente a otros profesionales del sistema. Además, al exigirse en el Ministerio de Sanidad demandas presupuestarias y organizativas (como la carga asistencial o el pago de guardias) que son competencia directa de los gobiernos autonómicos, la huelga genera una confusión que la población puede interpretar como una estrategia políticamente tramposa, desviando la exigencia de soluciones reales de los verdaderos responsables regionales.

Atender el malestar médico es imprescindible para garantizar el futuro de nuestro modelo asistencial, pero la respuesta no puede pasar por el chantaje ni por atajos corporativistas que dinamiten la cohesión del sistema. Actualizar un Estatuto Marco tras más de tres décadas de parálisis es un paso valiente y necesario que debe celebrarse y consolidarse. 

Compañeros médicos: redirijamos el esfuerzo. Abandonemos la quimera de un régimen privilegiado e inconexo y exijamos a nuestras respectivas Comunidades Autónomas la gestión presupuestaria de calidad que nuestros centros de salud y hospitales necesitan urgentemente.