El PP debe pedir disculpas tras el aval europeo a la amnistía

Al igual que las mentiras, en política, la hipérbole y el catastrofismo suelen tener las patas muy cortas, pero cuando choca de frente contra el muro de la realidad jurídica internacional, su desmoronamiento es absoluto. Durante meses, la derecha española, capitaneada por el PP, construyó un relato apocalíptico en torno a la Ley de Amnistía. Se nos repitió sin descanso que España se encaminaba hacia una dictadura autocrática, que se quebraba de forma irreversible el Estado de derecho y que las instituciones europeas intervendrían de urgencia para salvarnos de nosotros mismos.

Ayer el contundente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha hecho que ese artificioso andamiaje de desinformación, ruido y crispación se haya venido abajo de forma definitiva. Ante este escenario, no basta con el silencio táctico y el perfil bajo al que ahora recurre la calle Génova. El PP debe pedir disculpas públicas a la ciudadanía española por haber tensionado la convivencia democrática basándose en una gran falsedad política.

La estrategia de la oposición no se limitó al legítimo y necesario debate parlamentario. El PP optó por una estrategia de polarización extrema destinada a desgastar al Gobierno a cualquier precio, utilizando dos vías sumamente irresponsables. La primera ha sido la instrumentalización de la calle convocando movilizaciones masivas donde, bajo el amparo de la dirección de los populares, se normalizaron proclamas profundamente antidemocráticas. Además, se tildó de "ilegítimo" e "inconstitucional" a un Gobierno salido de la mayoría parlamentaria de las urnas. Y la segunda es la exportación del fango a Bruselas, en un ejercicio de temeridad internacional, porque hemos asistido a cómo los representantes del PP han maniobrado activamente en las instituciones comunitarias para dañar la imagen exterior de España, mendigando un castigo o una reprimenda europea que nunca ha llegado porque carecía de fundamento real.

La resolución del TJUE no solo desactiva las alarmas que el PP encendió de forma ficticia en Europa, sino que ratifica un principio elemental: la amnistía es una herramienta de resolución de conflictos perfectamente homologable en los marcos democráticos constitucionales occidentales. La justicia europea ha dejado claro que la norma española respeta escrupulosamente los estándares de la Unión, la separación de poderes y los principios de seguridad jurídica. De este modo, la hipótesis del "golpe de Estado institucional" queda desmontada por la máxima autoridad judicial comunitaria (que forma parte de la estructura de nuestro Estado de derecho, evidenciando que todo fue una gigantesca operación de agitación partidista.

En cualquier democracia europea que se considere madura, la asunción de responsabilidades es indispensable cuando se cruzan líneas rojas. Los líderes del PP deben disculparse ante los españoles por tres motivos fundamentales: Por fracturar conscientemente la convivencia al haber sembrado el miedo a una supuesta ruptura nacional basándose en premisas falsas, lo que ha dejado cicatrices innecesarias en el tejido social; Por minar la confianza en las instituciones del Estado al haber deslegitimado diariamente al Poder Legislativo, al Tribunal Constitucional y a los órganos del Estado, con lo que se han debilitado de forma alarmante los cimientos del sistema democrático; Por su profunda deslealtad al país, al dar prioridad al rédito electoral inmediato por encima del prestigio internacional de España, con lo que el PP ha  demostrado una absoluta carencia de sentido de Estado.

Por mucho que hayan intentado convencernos de que era así, la amnistía nunca buscó destruir la democracia, sino coser, a través de los canales políticos del perdón y la negociación, el grave conflicto territorial heredado de la crisis de 2017. Ahora que la justicia europea ha hablado, es el momento de que el PP abandone la trinchera del ruido, asuma su error de cálculo y pida perdón por haber sometido a la sociedad española a una intolerable campaña de crispación injustificada. Aunque viendo lo que entienden el concepto de “partido de Estado” estoy seguro que no lo harán. 

¿Para cuando tendrán previsto imputar a Pedro Sánchez?

 El caso de Begoña Gómez es el síntoma de un mal mayor: un sistema que tolera que se persiga por tierra, mar y aire a los entornos familiares de los líderes de izquierda mientras se cubre con un manto de impunidad y prescripción los escándalos de la derecha madrileña.

El bloque reaccionario ha decidido que si no puede gobernar mediante los votos, gobernará mediante las togas. Frente a un poder judicial que se comporta como un partido político de oposición, la izquierda no puede seguir respondiendo con timidez o con la estrategia de "resistir". Es hora de pasar a la ofensiva democrática. O democratizamos el Estado profundo, o el Estado profundo acabará por completo con nuestra democracia.

La guerra jurídica es estéril sin su brazo mediático. El jurado popular que juzgará este caso lleva dos años siendo "educado" por portadas difamatorias y tertulias incendiarias. La militancia de izquierda debe exigir con firmeza una Ley de Medios y de Publicidad Institucional que ahogue la financiación pública de los pseudomedios que esparcen bulos y que garantice el derecho constitucional a recibir información veraz.

¿Para cuando tendrán previsto imputar a Pedro Sánchez?

La soledad de don Emiliano

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos. 

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo, se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Cataluña ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza, ante lo que nos dibujaron la derecha y don Emiliano como los peores temores para la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Diez apreciaciones sobre la sentencia condenatoria a David Sánchez :

 Diez apreciaciones sobre la sentencia condenatoria a David Sánchez :

1. Una jurisdicción penal incompetente 

La creación, modificación o amortización de puestos en la función pública es una decisión puramente administrativa. Por tanto, cualquier irregularidad debería dirimirse en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo la vía penal incompetente para juzgar estos hechos al ser de origen técnico-administrativo.

2. Imposibilidad jurídica de cometer prevaricación

El delito de prevaricación solo lo pueden cometer funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones al realizar un acto administrativo. Resulta jurídicamente imposible que una persona que aún no ha sido contratada o que carece de firma para dictar resoluciones administrativas cometa o sea responsable directa de este delito.

3. Ha mutado la acusación 

El tribunal ha exonerado a David Sánchez de los cargos originales por los que se le investigaba para acabar condenándolo por otros distintos. Esto es una búsqueda activa de culpabilidad, adaptando el tipo penal de forma creativa solo para forzar una condena que ya parecía predeterminada.

4. Omisión de testimonios favorables

La defensa presentó testigos directos que declararon a favor de la legalidad del proceso y del desempeño del acusado. El tribunal ha decidido restarles credibilidad, mientras que otorgó total veracidad al testimonio de una opositora que no obtuvo la plaza y que ni siquiera impugnó el proceso administrativo en su momento.

5. Dependencia absoluta de informes externos sesgados

La argumentación de la sentencia se sostiene fundamentalmente en relatos e informes externos (como los de la UCO o el denominado "informe Balas") en lugar de en pruebas judiciales objetivas y directas. El tribunal asume valoraciones de peritos policiales sobre empleo público como si fueran verdades jurídicas absolutas.

6. Contradicciones internas y falta de rigor 

La sentencia, es farragosa y excesivamente extensa, carece de solidez jurídica y está llena de incoherencias narrativas que evidencian una falta de rigor profesional por parte de los magistrados firmantes.

7. Agravio comparativo con otros casos de influencia judicial

Existe una evidente doble vara de medir en la justicia española, como el cambio de plaza de la hija del magistrado Manuel Marchena que no tuvieron ningún tipo de recorrido penal ni consecuencias judiciales reales.

8. Justicia para el desgaste político 

La causa no responde a la persecución de un delito real, sino a una estrategia de acoso político indirecto contra el Presidente del Gobierno. David Sánchez habría sido condenado únicamente por su parentesco familiar, actuando los jueces como ariete de partidos de oposición.

9. Absurdidad de la acusación

Teniendo en cuenta la alta cualificación internacional y el currículum académico y artístico de David Sánchez en prestigiosas escuelas de música del mundo, resulta absurdo sostener que necesitara corromper la administración para acceder a un puesto de trabajo en Extremadura, donde de hecho perdía prestigio y poder adquisitivo.

10. Sentencia inquisitorial 

El tribunal ha sustituido el principio constitucional de presunción de inocencia por el de sospecha ideológica. Ante la ausencia de pruebas directas de delito, el fallo judicial se sostiene sobre "un relato de intenciones construido con fragmentos sueltos" y prejuicios políticos. 

El "no es no" del PP al Estado social

Hay decisiones políticas que trascienden el mero debate ideológico para convertirse de lleno en parte del cinismo institucional. El reciente rechazo del Partido Popular y Vox en el Congreso a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es una de ellas. No estamos ante una discrepancia técnica sobre la gestión pública; estamos ante una pirueta política que retrata la alarmante deriva de una oposición dispuesta a prender fuego a los pilares del Estado del bienestar con tal de arañar un titular de desgaste contra el Gobierno de coalición.

El núcleo del asunto es de una incoherencia flagrante. Durante años, los barones del Partido Popular han repetido como un mantra, la necesidad de que la Administración General del Estado cofinancie el 50% del sistema de dependencia, tal como sugería el espíritu original de la ley. Sin embargo, cuando el legislador atiende esta demanda histórica e incorpora por ley la obligación de blindar ese 50% de financiación estatal, acompañada de una inyección inmediata de 6.200 millones de euros, el PP vota en contra.

¿Cómo se explica que un partido vote sistemáticamente en contra de lo que sus propios consejeros autonómicos exigen en público?

La respuesta no es el despiste, sino una calculada y macabra estrategia de asfixia institucional. Para la derecha española, el Estado de las Autonomías se ha convertido en una herramienta asimétrica: sirve para ejercer la contraposición permanente contra el poder central, pero no para asumir la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Prefieren rechazar fondos finalistas estatales, como ya hicieron en Galicia devolviendo millones destinados a plazas de educación infantil pública, porque la fiscalización les incomoda. El modelo de la derecha neoliberal prefiere la opacidad del "búscate la vida" antes que someterse al control de unas cuentas públicas que demuestren que el dinero de los dependientes debe ir, efectivamente, a los dependientes.

Las comunidades autónomas son la trinchera más cercana al ciudadano, pero bajo la gestión de la derecha se están convirtiendo en laboratorios de desmantelamiento de lo común. Rechazar financiación para la dependencia es, en la práctica, forzar el colapso del sistema para luego culpar al Gobierno central de la falta de recursos.

Feijoo y el absentismo.

Por un lado, el sistema te dice: "Sonríe, sé proactivo y rinde". Por el otro, la derecha política te dice: "Si enfermas o te cuidas, eres una carga para la competitividad del país".

La derecha quiere la productividad del "trabajador feliz" pero aplicando las condiciones materiales que generan trabajadores esclavos o enfermos. El absentismo del que se queja Feijóo no es más que el síntoma de un modelo laboral agotado que prioriza la acumulación de capital sobre la sostenibilidad de la vida. Refleja que la salud de las  personas trabajadoras no le preocupa, solo le preocupa su productividad.

Antonio Manzanares: la dignidad no se negocia

“El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos”

El pasado 2 de julio, el Ayuntamiento de Tobarra, en Albacete, aprobó con justicia dedicar uno de sus parques a la memoria de Antonio Manzanares Palarea. El gesto honra al ilustre fotógrafo de la naturaleza, al científico minucioso y al escritor incansable que capturó con sus cámaras tesoros que hoy deberían ser considerados patrimonio de nuestra tierra. Sin embargo, detrás del homenaje póstumo y del reconocimiento a su inconmensurable legado intelectual, se esconde el eco de una batalla desgarradora.

Antonio, a quien conocí en Diputación de Albacete en una entrevista, no solo luchó contra la crudeza de la enfermedad renal, la diabetes y una dolorosa calcifilaxis; combatió hasta su último suspiro contra un sistema burocrático y deshumanizado que, en sus propias palabras, le estaba “robando la vida”.

Después de esta noticia, no puedo sino volver a plantear la situación de los pacientes de la zona de Hellín en tratamiento de hemodiálisis, que, aunque estemos en periodo de vacaciones, siguen dializándose y no pueden seguir esperando respuestas o reuniones que no llegan.

El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos.

Los testimonios que el propio Manzanares dejó plasmados en sus cartas públicas retratan un “mundo sórdido” regido por contratas de transporte sanitario que parecen tratar a los enfermos como simples mercancías rentables y no como personas vulnerables. ¿Cómo se puede consentir que un paciente, tras recibir una extenuante sesión de hemodiálisis de cuatro horas que lo deja sin fuerzas ni para sostenerse , sea sometido a un “turismo nocturno” forzoso por carreteras secundarias llenas de curvas peligrosas? Las normas estipulan con claridad que el trayecto de regreso no debe superar la hora y cuarto , y que la recogida debe ser inmediata. Sin embargo, la realidad que denunciaba Antonio consistía en esperas interminables en Urgencias y rutas caóticas para “optimizar” vehículos colectivos.

Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena

En su último viernes de vida, agotado y sangrando por la fístula del brazo, el sistema lo “paseó” en un interminable periplo por Chinchilla, Pétrola, Fuente Álamo y Ontur antes de dejarlo en su hogar. Falleció apenas tres días después. Es imposible no preguntarse cuánto restó a su debilitada salud el estrés de sufrir desmanes tan intolerables. Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena.

Antonio Manzanares clamó en vida por una Unidad de Diálisis en Hellín y por un transporte sanitario digno. Su voz se apagó en 2022, y las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 aprobaron, por unanimidad, la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín. Dos años después sigue todo igual, por lo que su denuncia sigue plenamente vigente.

La inauguración de un parque con su nombre en Tobarra debe servir para algo más que para grabar letras en una placa. Debe ser un recordatorio permanente y una exigencia directa a las autoridades del SESCAM y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los enfermos crónicos no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan mientras se les escapa la vida en la parte trasera de una ambulancia.

Recoger su antorcha y exigir un trato verdaderamente humano es la única forma digna de honrar su memoria, aunque poner su nombre a un parque sea merecido.