La deriva de Page a submarino político.

El papel de García-Page dentro del PSOE ha rebasado con creces los límites de la legítima discrepancia y del matiz territorial. Sus recientes declaraciones, en las que llega a equiparar la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta con la "gran mentira" institucional del 11-M, lo admita o no, son un punto de inflexión. No se trata de un ejercicio de democracia interna ni de una voz crítica constructiva; es una operación de desgaste calculada que asume y legitima los marcos discursivos de la derecha más radical.

Comparar la compleja gestión de un pico migratorio con la manipulación de Estado orquestada por el Ejecutivo de Aznar en marzo de 2004 supone una frivolidad histórica inaceptable para cualquier votante de izquierdas. Aznar instrumentalizó las instituciones y los medios públicos para engañarnos deliberadamente a la ciudadanía en la antesala de unas elecciones generales. Equiparar ese episodio a la publicación y desclasificación de informes sobre la crisis de Ceuta por parte de la Moncloa no es un exceso verbal sino una cesión ideológica directa más al argumentario de los partidos conservadores.

García-Page ha optado por un pragmatismo electoral de corto recorrido que busca blindar su feudo en Castilla-La Mancha intentando mimetizarse con la oposición. Bajo la excusa de contener el avance de las derechas, el presidente castellanomanchego normaliza términos como "invasión" y suministra periódicamente los titulares que la extrema derecha necesita para dinamitar la cohesión del bloque progresista. Es la lógica del "tonto útil" elevada a política de Estado: pescar en el caladero sociológico del conservadurismo mientras se utiliza la siglas del PSOE como plataforma y escudo.

Desde un análisis comprometido con la necesaria transformación social, la posición de Page es insostenible. La cultura política de la izquierda exige el debate de ideas, pero repudia el asedio sistemático contra los avances del propio espacio institucional. Si García-Page considera que el proyecto de la mayoría plurinacional y progresista es una "dinámica esquizofrénica", la lealtad política más elemental le exigiría dar un paso al lado, entregar el acta y confrontar su modelo en las urnas sin la protección de la organización que cuestiona. 

Mantenerse en la poltrona regional mientras se actúa como quinta columna del adversario no es valentía autonómica: es, simplemente, la labor de un submarino político al servicio de derecha y ultraderecha. Si en el espacio a la izquierda del PSOE se configura una candidatura seria y con un programa de gobierno que recoja las necesidades sentidas de ese electoral, se dará cuenta de que, aunque la derecha lo crea, en política no todo vale.

Las togas contra el voto y la inercia en la cúpula judicial

Cada inicio de Año Judicial se escenifica con una liturgia impecable en las formas. Pero también cargada de intencionalidad política en el fondo. Detrás de la solemnidad institucional y los rituales de apelar a la «mesura» y la «independencia», las intervenciones de la cúpula judicial en el Tribunal Supremo siempre acaban por trazar una linea clara: la defensa de un corporativismo que auto asumen como guardianes de la esencia del Estado frente a las mayorías democráticas de la soberanía popular.

El primer elemento de este discurso siempre es el blindaje corporativo mediante la deslegitimación por sistema de cualquier crítica. Presentar la actividad de los tribunales como una práctica aséptica y desprovista de sesgo no solo es una simplificación jurídica; es una operación de encubrimiento político. La alta magistratura en España no surge de un vacío sociológico, sino que tiene su origen en un reclutamiento histórico, en cómo es la estructura de acceso a la carrera judicial y en la inercia corporativa. Estos tres elementos han configurado un estamento con una marcada adscripción conservadora. Negar la existencia de tensiones ideológicas en las decisiones de la cúpula judicial bajo el manto de una "falsa neutralidad" es la forma más clara de sustraer al estamento judicial de la fiscalización pública.

En segundo lugar, se debe destacar la asimetría moral con la que se articula el llamamiento a la «prudencia». Mientras se exige al poder legislativo y al ejecutivo una contención casi contemplativa en sus declaraciones, el activismo judicial no encuentra ningún límite equivalente. Cuando el Poder Judicial utiliza su capacidad de interpretación normativa para condicionar o frenar el desarrollo de leyes tramitadas en el Congreso, no está ejerciendo un mero control de legalidad: está operando como un actor político con derecho de veto no electo.

Por último, esta escenografía pone de manifiesto la pugna entre dos formas de legitimidad: la legitimidad del formalismo procedimental de las togas frente a la legitimidad democrática nacida de las urnas. La realidad es que esa retórica de la estabilidad institucional busca desactivar la capacidad de transformación social de la política, y desplaza el eje de la soberanía del Parlamento al salón de plenos del Supremo.

No se trata de descalificar la función jurisdiccional, sino de desmitificarla. La independencia judicial es imprescindible para el Estado de derecho, pero no puede convertirse en un salvoconducto para el inmovilismo ni en un refugio aristocrático exento del escrutinio democrático. 

Un país democrático no requiere magistrados infalibles ni intocables, sino instituciones transparentes y dispuestas a someter su papel en el aparato de Estado al debate social.

El pirómano de las Azores vuelve a prender la mecha

Hay figuras políticas que envejecen con cierta dignidad institucional, Y luego está Aznar. En una de sus intervenciones públicas, ayer el expresidente volvió a demostrar su oportunismo destructivo: utilizar una crisis humanitaria y de seguridad nacional en Ceuta, no para empujar en favor de la estabilidad, sino para echar más gasolina al fuego del debate diplomático. Estamos ante un ajuste de cuentas.

Aznar ha vinculado directamente el drama migratorio en la frontera sur con la ruptura de relaciones del Gobierno español con el Ejecutivo genocida de Netanyahu. Según su tesis, señalar el exterminio en Gaza como lo que es, un genocidio respaldado por organismos internacionales y la conciencia jurídica global, constituye "antisemitismo puro y duro" y nos prive del amparo de un "aliado estratégico".

El discurso de Aznar no solo es éticamente impresentable, sino geopolíticamente suicida. Presentar al régimen de Netanyahu como la "línea de defensa de Occidente" mientras se justifica la masacre de decenas de miles de civiles en Palestina demuestra un marco ideológico sumiso ante el más fuerte. Pretender que España deba blanquear crímenes de guerra a cambio de un supuesto y dudoso colchón de seguridad exterior invalida cualquier idea de soberanía en base al respeto a los Derechos Humanos.

Lo que resulta escandaloso es que por un lado se exija una solución a la situación de Ceuta y por otra se use esta crisis como ariete de desgaste interno. Un estadista de verdad, buscaría consensos de Estado ante episodios de vulnerabilidad fronteriza; un pirómano instrumentaliza el sufrimiento en la frontera para validar la agenda de la extrema derecha internacional y chantajear moralmente al que (parece que a su pesar) es su país.

Aznar no busca soluciones para Ceuta ni para la política exterior española. Busca perpetuar esa doctrina atlantista radical que ya nos arrastró en el pasado a escenarios nefastos. España no necesita pedir perdón por situarse en el lado correcto de la historia ni por condenar barbaries, por mucho que a la vieja guardia de la derecha le incomode la dignidad internacional.

El espejismo de la excelencia según PISA y la trampa neoliberal del PP

Cada vez que la OCDE hace públicos los resultados del informe PISA, el PP escenifica su contorsionismo político, que es digno de estudio. Cuando ocupan la Moncloa, las deficiencias del sistema son una «urgencia nacional» que les sirve para recortar la inversión pública y justificar leyes punitivas y segregadoras como fue la LOMCE. Sin embargo, cuando están en la oposición, el mismo informe pasa a ser la prueba irrefutable de que la educación pública se desploma por culpa de una supuesta «falta de esfuerzo» de la izquierda.

Esta doble vara de medir revela una visión sesgada y mercantilista del hecho educativo. La trampa del PP con el informe PISA no reside únicamente en su cinismo coyuntural, sino en las premisas ideológicas sobre las que construye su relato:

Uno. El PP presume sistemáticamente de los buenos resultados de comunidades como Castilla y León o la Comunidad de Madrid. Lo que ocultan es que el modelo madrileño, hipermercantilizado, segrega al alumnado por rentas a través de la sobre financiación de la educación concertada y la segregación temprana. PISA no está midiendo solo la calidad académica; está, además, retratando la desigualdad socioeconómica que el propio PP fomenta desde las instituciones regionales.

Dos. Para la derecha, la educación no es un derecho emancipador ni una herramienta de cohesión social, sino una cadena de montaje orientada a abastecer las demandas del mercado laboral. Por eso añoran las reválidas y la memoria punitiva. Atacar la LOMLOE tachándola de «permisiva» es la excusa perfecta para ocultar que los verdaderos problemas de la escuela pública son las aulas superpobladas, la precariedad docente y la falta de inversión en inclusión.

Tres. Resulta paradójico que un partido conservador apele al estándar de un organismo económico internacional para dictar qué es «buena educación». Se adopta una lógica estandarizada que ignora el contexto de vulnerabilidad de miles de familias, para luego culpar al eslabón más débil: el alumnado y el profesorado de la escuela pública.

El informe PISA jamás debería ser un martillo con el que golpear al adversario político ni una coartada para desmantelar lo común. Mientras el PP siga utilizando la educación como un campo de batalla ideológico para promover la privatización y el elitismo. 

Feijoo se olvida de que no habrá excelencia en los datos de la OCDE mientras se continúe segregando en las aulas, pero la solución no es su objetivo en nada, cuando el único objetivo es el poder.

El refugio de la complejidad para engañar a los de a pie

Vivimos instalados en la urgencia del exabrupto y el eslogan para consumir en tres segundos. Frente a la tentación omnipresente del reduccionismo, no es momento de validar trincheras, sino de hacer un análisis mucho más exigente dada  la complejidad.

Los delicados equilibrios fronterizos entre España y Marruecos no permiten creer que la geopolítica es un partido de fútbol donde solo vale que gane tu equipo. Los ataques retóricos de Moscú a Berlín no son anécdotas diplomáticas, sino maniobras calculadas para erosionar la arquitectura institucional de una Unión Europea que a menudo se olvida de su fragilidad.

Ante crisis recurrentes como la presión migratoria en Ceuta, la tentación es el análisis  cortoplacista: la sobreactuación del gobierno de turno o el populismo reactivo de la oposición. Una democracia madura no puede gestionar sus fronteras ni sus alianzas estratégicas a golpes de titular, ceder al marco de la polarización es la forma más rápida de desarmar al Estado.

Estamos ante un incómodo espejo para ambos lados del tablero. La política exterior y la estabilidad democrática exigen rigor, perspectiva histórica y una dosis de frialdad analítica que la trinchera partidista es incapaz de ofrecer. Nos movemos solo en un debate público empobrecido por el ruido, ver su complejidad no es solo una postura de analista, sino un acto de resistencia democrática.

Vivas, de ‘barón sensato’ a peón de Génova

Lo dije en este muro ya hace semanas: Vivas no es trigo limpio por mucho que así nos lo presenten. Hubo unas semanas en las que Vivas pasaba por ser la moderación personificada dentro del Partido Popular. Un líder autonómico atrapado en la complejidad de una frontera, pero capaz de tender puentes con el Estado cuando la urgencia migratoria asfixiaba a Ceuta. Era poner sentido institucional por encima de las trincheras de partido. Pero hoy la hemeroteca contempla con melancolía solo un buen recuerdo, arruinado por el cálculo político.

Ante la última escalada del dilema migratorio, el Vivas que reclamaba soluciones de Estado y diálogo ha dado paso a mostrarse entregado a la disciplina de Génova 13. La foto es implacable y hoy, en lugar de colaborar para agilizar los recursos estatales y garantizar una acogida digna e infraestructuras operativas en la ciudad autónoma, la prioridad institucional se ha dedicado al bloqueo contencioso y la trinchera parlamentaria. Su negativa a facilitar la logística en espacios del puerto local para aliviar la presión de los inmigrantes en las calles ceutíes es un ejemplo flagrante de cómo la gestión pública queda supeditada al objetivo del desgaste del gobierno. 

El espectáculo es tan transparente como desgarrador. Cuando las decisiones de un presidente autonómico se mimetizan punto por punto con el argumentario nacional de Feijóo, la autonomía institucional ya no existe. La tragedia en la frontera exige política pública con mayúsculas, coordinación entre administraciones y solidaridad interterritorial; sin embargo, la presidencia de la ciudad está solo a las ordenes y consignas que se redactan en Madrid.

Vivas ha decidido pasar de interlocutor de Estado a ser la avanzada de la confrontación partidista, y sacrifica la lealtad institucional e hiperventila la situación junto a la dirección nacional del PP, aunque ello signifique ahondar el colapso de la ciudad que gobierna. La hemeroteca no perdona, y el juicio sobre quién prefirió ser peón de partido antes que representante institucional de su ciudad.

La España en la que sobramos muchos

A juzgar por las barbaridades que se escuchan en la  retórica política de ciertas corrientes de la derecha y la extrema derecha, la idea de la "españolidad" queda reducida a un molde cada vez más estrecho. La cuestión de fondo, más allá del episodio o de la bandera que se enarbole en cada momento, es qué proyecto de país se defiende cuando la definición de ciudadano "de verdad" exige dejar fuera a millones de personas.

Si se atiende al discurso excluyente, la lista de los que no encajan resulta infinita. Se cuestiona la legitimidad de las lenguas cooficiales —catalán, euskera, gallego— tildándolas de simples "dialectos" o elementos de división, e ignorando la riqueza constitucional y regional que define al país. La diversidad étnica, la inmigración y los ciudadanos de confesión musulmana, incluso cuando son nativos de plazas históricas como Ceuta, quedan colocados bajo el foco de la sospecha, cuestionando su pertenencia a la comunidad nacional. La libertad religiosa, la diversidad afectivo-sexual y las identidades trans son señaladas como desviaciones de un modelo tradicional único.

Pero no se queda ahí la relación de quienes les estorbamos, sino que figuras emblemáticas de nuestra historia y de las artes como Blas Infante, García Lorca y otros más contemporáneos como Almudena Grandes o Almodóvar, son ninguneadas o catalogadas como enemigas del relato oficial.

Han abierto un debate político que gira a menudo sobre si la pertenencia a una nación requiere la adhesión a un dogma estricto o si, por el contrario, la fortaleza de un país reside en su capacidad para integrar a personas con antecedentes, identidades y visiones del mundo diversas. 

Frente a su propuesta de una patria pequeña e inflexible donde siempre parece sobrar alguien, se sitúa la que yo creo, una España plural, diversa y democrática en la que quepan todos. La desinformación y la falta de formación son los mayores enemigos de la convivencia.