«Solo el pueblo salva al pueblo»

Ya la escuchamos en la DANA. La proclama «Solo el pueblo salva al pueblo» encierra una profunda contradicción, ya que, por un lado, visibiliza la valiosa solidaridad comunitaria y la autoorganización vecinal, y por otro, entraña un riesgo antipolítico e individualista que resulta incompatible con la defensa de lo público.

La trampa del eslogan radica en fragmentar la sociedad en dos bloques opuestos: una "clase política/Estado abstracto" frente a un "pueblo desprotegido". Olvidan que los bomberos forestales, los pilotos de hidroaviones, los efectivos de la UME, la Guardia Civil, los agentes medioambientales y el personal sanitario no son entes ajenos. Son trabajadores de clase trabajadora financiados con los impuestos de todos. Invisibilizar su labor para ensalzar exclusivamente al vecino con un cubo de agua es una forma de desmantelamiento simbólico del trabajo público. Reducir la extinción de un megaincendio al voluntarismo romántico minusvalora la profesionalización, la formación técnica y el altísimo riesgo que asumen los efectivos públicos.

Frases como "Solo el pueblo salva al pueblo" o "El Estado no responde" suelen ser cooptadas por marcos neoliberales o de extrema derecha para promover la desafección hacia la institucionalidad democrática. Si aceptamos que ante las grandes crisis la solución es la solidaridad vecinal desestructurada, estamos validando la lógica neoliberal: la retirada del Estado y la privatización de las responsabilidades colectivas. Quienes abogan por desmantelar los impuestos utilizan la frustración en las emergencias para decir: "¿Veis cómo el Estado no sirve? No paguéis impuestos y organizaos vosotros mismos". Ante esto, la respuesta debe ser la opuesta: el pueblo se salva a sí mismo precisamente fijando impuestos progresivos para financiar un Estado del Bienestar fuerte, equipado y preparado.

Reconocer el trabajo de las administraciones en el momento del fuego no significa defender la gestión de estas de forma acrítica. Muchos de los incendios devoran hectáreas no por falta de entrega de los equipos, sino por la precarización histórica de los dispositivos de extinción forestal (contratos temporales, falta de personal en invierno para prevención, recortes autonómicos). La verdadera prevención implica políticas de ordenación del territorio, apoyo a la ganadería extensiva y combate contra el cambio climático, algo que la gestión privatizadora o cortoplacista ha ignorado.

La ayuda mutua entre vecinos en el fuego es encomiable, pero es insuficiente y peligrosa como sustituto. El pueblo no se salva solo con palas y cubos; se salva con servicios públicos de calidad, bien financiados, con condiciones laborales dignas para sus brigadistas y con una planificación estatal al servicio de la mayoría.

¿De qué estaríamos hablando si hubiese vidas perdidas por haberlas puesto en peligro de manera inconsciente?

Feijóo y la física cuántica de los incendios

Hay algo fascinante en la soltura con la que Feijóo se lanza a explicar fenómenos complejos. Posee ese talento innato del tertuliano de sobremesa que, tras ver un documental a medias, se siente capacitado para dar lecciones magistrales de termodinámica, botánica o gestión de emergencias. Su última incursión en la ciencia aplicada, explicando con asombrosa desenvoltura el comportamiento de los incendios forestales, ha vuelto a dejar al descubierto una constante de su liderazgo: la audacia de quien habla sin dominar la materia y la fatalidad de quien, intentando parecer un gestor solvente, termina hundiéndose en el charco que él mismo acaba de pisar.

El fenómeno no deja de ser revelador. Nos vendieron a Feijóo como el arquetipo del "gestor gris pero eficaz", un barón autonómico curtido en la Xunta que traería rigor y sosiego a la política nacional. Sin embargo, el contraste entre el mito del tecnócrata y la realidad del candidato resulta demoledor. Un país tan diverso, territorialmente complejo y estructuralmente sofisticado como la España del siglo XXI no se puede dirigir a base de intuiciones ni de argumentarios improvisados en el trayecto en coche hacia el mitin de turno.

El problema de Feijóo con los incendios no es una simple anécdota meteorológica o un lapsus desafortunado. Es un síntoma de algo bastante más profundo: la incapacidad para comprender la complejidad del Estado y de los desafíos del presente. Quien aspira a presidir un Gobierno no necesita ser un brigadista forestal, ni un catedrático de física de fluidos, ni un experto en macroeconomía; lo que necesita es rigor intelectual, la humildad suficiente para dejarse asesorar y el criterio mínimo para no pontificar sobre lo que desconoce. Cuando un líder político prefiere la ocurrencia antes que la prudencia institucional, el barniz de "hombre de Estado" se vuelve oxido y moho a una velocidad pasmosa.

España es un país atravesado por la emergencia climática, la transición ecológica, la tensión territorial y una economía crecientemente digitalizada e interconectada. Pretender gobernar esa realidad con recetas caducadas y un conocimiento de la materia que roza la literatura fantástica es, en el mejor de los casos, una imprudencia; en el peor, una enmienda a la totalidad a la solvencia que exige llegar a la Presidencia del Gobierno.

A este paso, la estrategia de la derecha no podrá  consistir solo en convencer a los ciudadanos de las bondades de un programa socioeconómico aún hoy desconocido, sino en rezar para que en la próxima rueda de prensa no le pregunten a su candidato por la física del fuego, la ley de la gravedad o el ciclo del agua. Porque si para apagar un fuego político Feijóo necesita avivar las llamas de la comedia involuntaria, el viaje a La Moncloa se le va a hacer infinitamente largo.

Cuando la demagogia arde más rápido que el monte

Ocurre cada verano. Las llamas engullen miles de hectáreas. El mismo triste espectáculo de cada año. Humo en el monte y humo verbal en paralelo, este más denso, tóxico y profundamente indocumentado. Aprovechando los crujidos de las ramas al quemarse y la angustia de las vecinos evacuados, redes y las tertulias se convierten en un polvorín de cuñaos y conspiranoicos. Las perlas usadas: “Han dejado arder el monte a propósito”, “los ecologistas no dejan limpiar”, “lo queman para poner molinos”. No solo demuestran desconocimiento de la gestión forestal y de cómo se comportan los incendios, sino que son una falta de respeto brutal hacia quienes se juegan la vida en la primera línea de fuego.

El enfado de un vecino que ve acercarse las llamas a su ventana es profundamente legítimo, porque el pánico nos borra a cualquiera los criterios técnicos. Pero lo que no se puede tolerar es la instrumentalización del dolor por creadores de opinión, pescadores profesionales en ríos revueltos para lanzarnos sus falsas narrativas. Voy a exponer algunas de las que es fácil escuchar o leer en estos días.

La primera gran mentira, posiblemente la que más está calando, es un supuesto “abandono” para beneficiar a las personas. Resulta increíble escuchar denuncias con indignación, sobre como los medios de extinción se han concentrado en proteger los núcleos urbanos mientras dejan que el monte vecino al pueblo se queme. A quienes eso afirman, una pregunta ¿Desde cuándo la vida humana es menos importante que un bien material o medioambiental? Para mí nunca, y creo que, para nadie, ni siquiera para quienes se quejan de esto. Si tienen alguna duda al respecto pregunten a los familiares de los fallecidos en los incendios que se lo aclararan rápido. 

La doctrina de emergencias no permite la duda y la zanja de manera tajante: en un incendio fuera de capacidad de extinción, los de última generación que generan sus propias condiciones meteorológicas, la prioridad absoluta es la vida. Elegir que es primero, como el triaje en un accidente, no es abandonar; triar es evitar muertes en un escenario donde los recursos, por definición, no son infinitos.

El segundo gran bulo es el dueto “ecologismo y burocracia”. Se repite como un mantra que el monte se quema porque ya no dejan coger leña, ni está prohibido coger piñas, ni meter a las ovejas. La realidad socioeconómica es bastante más amarga y con bastante menos conspiración: el monte no se ha abandonado por un proteccionismo de decreto ministerial ni por fanatismo ecologista, sino por el éxodo rural. Que fácil parece olvidarse el fin de la economía de subsistencia, la despoblación de nuestros pueblos y el cambio de fuentes de energía que son las causas que sepultaron los usos tradicionales. 

Muchos se quejan de que hacen falta rebaños de ganado para que limpien el bosque, pero ninguno está dispuesto a irse a ese pueblo a ser el pastor de ese rebaño tan necesario. Limpiar el monte cuesta dinero y mano de obra, dos cosas que escasean en una España rural de la que solo nos acordamos cuando arde.

Y ayer escuché otra de las afirmaciones que solo puede surgir en las mentes que solo piensan en la especulación. Que sesudos tertulianos afirmen en 2026 que se queman los montes para “poner placas solares” o “recalificar pisos” es de una ignorancia tan brutal, cuando no de un intento de partidismo descarado, que mejor harían los moderadores de esos programas en públicamente callarlos. Ellos saben perfectamente, por lo tanto, mienten deliberadamente, que la Ley de Montes, blindó el suelo forestal quemado con una prohibición de cambio de uso de al menos 30 años. Pero claro, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los que la conspiración siempre es más seductora que la compleja realidad del cambio climático, la continuidad de la masa forestal y la falta de gestión del territorio durante las estaciones frías, esa es una teoría que a alguno le parecerá aplicable a un gobierno corrupto, porque curiosamente quienes la proclaman también proclaman que detrás de todo está la corrupción.

Si de. verdad se quieren apagar los incendios, no se puede esperar a que se divise la columna de humo. Para empezar a hacerlo, lo primero es tomarse en serio el diseño del paisaje y no meter casas o edificaciones donde no se debe; lo segundo sería ayudar a la ganadería extensiva que aún resiste y apoyar a quienes tengan esa iniciativa y no a alas macrogranjas; pero sobre todo a que las CCAA se tomen en serio la ordenación territorial y la educación ambiental en las escuelas e institutos. El gran reto al hablar de incendios es separar el dolor legítimo de los vecinos golpeados de las explicaciones conspiratorias que ignoran la complejidad del cambio climático, la continuidad del combustible forestal y la física de los grandes incendios.

Mientras sigamos alimentando el fuego de la demagogia y solo buscando culpables que nunca somos nosotros, seguiremos cometiendo el mismo error año tras año: exigir soluciones mágicas en agosto a problemas que hemos ignorado durante todo el invierno de este año, el anterior y del anterior al anterior. Menos ruido en las redes y más rigor en el territorio. 

El monte no necesita ser defendido ni en una tertulia ni desde un teclado de un periodista o un creador de contenidos en redes. El monte lo que necesita es que lo entiendan.

YA BASTA DE BULOS CON LOS INCENDIOS

Hay que empezar a desmontar el bulo de que la legislación actual, o la "Agenda 2030", prohíbe la gestión forestal. La Ley 43/2003 de Montes (y su reforma de 2015 con la Ley 21/2015) consolida legalmente la función social, económica y ecológica del monte. Que la extrema derecha atribuya el abandono del monte a mandatos "ecologistas radicalizados" es un ejercicio claro de desinformación estratégica para capitalizar el malestar rural. El hecho de que ambas normas o sus grandes reformas llevaran la firma del PP demuestra que la estructura marco de la gestión forestal en España responde a un consenso institucional histórico, no a un "delirio verde" reciente. Cargar contra la Agenda 2030 es buscar un enemigo externo abstracto para eludir responsabilidades de gestión cotidiana.

Acumular materia orgánica (hojarasca, madera muerta) es vital para el ciclo de nutrientes, la biodiversidad y la retención de agua. No todo el sotobosque debe eliminarse. Lo que técnicamente debe hacerse no es "limpieza", sino control de la vegetación e intervenciones de silvicultura preventiva (claras, desbroces selectivos, astillado) para reducir la carga de combustible y romper la continuidad vertical y horizontal que alimenta los incendios de gran escala. Aunque la ley impone la obligación de mantener los terrenos en buen estado a los propietarios (el 70% del monte en España es privado), la rentabilidad silvícola es casi nula. Un pequeño propietario no va a invertir miles de euros en un desbroce si la madera o la biomasa no valen nada en el mercado. La ley obliga, pero el mercado y la economía rural lo estrangulan e impiden.

Al estar la competencia forestal transferida, las autonómicas son las encargadas de agilizar las autorizaciones (planes de dasocracia, permisos de desbroce, aprovechamientos). Cuando la tramitación administrativa tarda un año para un aprovechamiento menor, la administración no está protegiendo el monte, está desincentivando su gestión.

El abandono forestal en España no es fruto de ninguna ley ni de la Agenda 2030, sino del éxodo rural y la falta de rentabilidad económica de la silvicultura tradicional. Desmontar el relato populista es el primer paso; el segundo es financiar y planificar la gestión del territorio como una verdadera política de Estado.

La solución no pasa por desmantelar la regulación ambiental ni por dejar el monte a la deriva del libre mercado, sino por:

1. Servicios Públicos Forestales fuertes: Dotar de personal técnico y agentes forestales a las administraciones autonómicas para resolver expedientes con agilidad.

2. Pago por Servicios Ambientales (PSA): Si un monte gestionado evita incendios, fija carbono y retiene agua para toda la sociedad, la sociedad (vía Estado) debe remunerar esa gestión al propietario o a las comunidades locales.

3. Fomento de la bioeconomía rural: Incentivar el uso de biomasa forestal local, la madera estructural, el pastoreo extensivo (ganadería bombero) y la resina. El monte no se quema cuando tiene valor económico socialmente distribuido.

Esperemos que empiece a mejorar la situación hoy domingo.

Fuego, recortes y la batalla por lo de todos: anatomía del colapso forestal

Cuando las llamas devoran nuestros montes, la retórica de algunos políticos se refugia en las frases hechas y el choque partidista. Sin embargo, los grandes incendios no son meras catástrofes naturales imprevisibles; son, ante todo, la manifestación visible y dramática de las prioridades de clase, las decisiones presupuestarias y la correlación de fuerzas ideológicas de una determinada administración. Lo que estamos presenciando estos días en la Comunidad de Madrid y sus territorios limítrofes no es un accidente geográfico: es la consecuencia directa de un modelo político deliberado. 

En primer lugar, hay que señalar la grieta fundamental del relato ayusista: la asfixia del sector público en el momento de mayor vulnerabilidad colectiva. Es éticamente insostenible y políticamente revelador que, mientras la Comunidad de Madrid percibe transferencias récord de fondos estatales que superan los 20.000 millones de euros anuales, las plantillas de bomberos forestales acumulen más de mil días en huelga y denuncien la falta crónica de personal y la no movilización de recursos en plena emergencia. ¿A dónde van esos recursos? La respuesta es el trasvase sistemático de lo público a lo privado, donde la sanidad concesionada, los espectáculos taurinos o las contratas privadas absorben prioridades que deberían destinarse a proteger el patrimonio natural y las vidas de la ciudadanía. La posterior criminalización de los trabajadores que protestan, acusándolos de "chantaje", es un recurso clásico y viejo de la derecha: deslegitimar la lucha sindical cuando sus propias costuras de gestión saltan por los aires. 

En segundo lugar, asistimos a la consolidación de un negacionismo climático peligroso. Mientras la evidencia científica advierte de que el calentamiento global convierte a la Península Ibérica en un polvorín, sectores del PP y de la extrema derecha de Vox han decidido convertir la agenda ambiental en una trinchera de su "batalla cultural". Calificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las medidas de reducción de emisiones como "terror climático", "estafa" o "agenda comunista" no es una extravagancia verbal; es una coartada ideológica para justificar los recortes presupuestarios en prevención y mantener privilegios económicos insostenibles. La derecha española rompe los consensos europeos recortando en prevención ambiental mientras viste ropajes performativos en el centro de mando. 

Este comportamiento enlaza con una estrategia de comunicación política basada en la irresponsabilidad institucional. La repentina solicitud del "Nivel 3 de interés nacional" por parte de la administración madrileña no busca sumar medios técnicos, que ya se aportan mediante los mecanismos de cooperación e intervención del Estado como la UME, sino operar una maniobra de transferencia de responsabilidades. Al exigir que sea el Gobierno central quien asuma la gestión de la crisis, el poder autonómico busca construir un relato de victimización y escurrir el bulto ante su propia falta de previsión y medios. Es la política del titular efectista: la presidenta confunde el liderazgo institucional con la etiqueta en la solapa de un chaleco de emergencias. 

Por último, no se puede obviar la dimensión territorial y sociológica de esta crisis. En el ámbito rural, para empezar, la mayoría de los montes son de propiedad privada, no se limpian los públicos, pero menos aún los privados. La impunidad y la cultura del "caciquismo" de una parte de la derecha se muestran con particular virulencia. Cuando la imprudencia de un cargo local desata un desastre ambiental y la respuesta de los sectores reaccionarios de la zona es el amedrentamiento a vecinos o militantes de izquierdas, se evidencia la existencia de una asimetría profunda en la exigencia de responsabilidades. Un sector influyente de la derecha radical se siente por encima de la norma y de la institución, amparado por una complacencia mediática e institucional que recuerda peligrosamente a las peores derivas autoritarias de nuestra historia. 

El fuego que quema nuestros montes no se apaga solo con agua; se apaga con servicios públicos reforzados, estabilidad laboral para los bomberos forestales, planificación ecológica con base científica y una fiscalidad justa que devuelva al interés común lo que la privatización ha saqueado. Dejar la protección de nuestro entorno a merced del negacionismo y los intereses de mercado es abocarnos al desastre. 

Ha llegado el momento de exigir que lo común vuelva a ser la prioridad absoluta del Estado. Nos va la vida del mundo rural y del urbano en ello. 

El incendio del suroeste de Madrid

 El incendio del suroeste de Madrid deja al descubierto la trampa del modelo de gestión conservador: 

prevención cero en invierno, 

recortes y conflicto laboral en primavera, 

soberbia retórica en rueda de prensa el pasado miércoles presumiendo de tener el mejor servicio contra incendios de Europa y anoche traspaso de la patata caliente al Estado central en verano. 

La solicitud del Nivel 3 por parte de Ayuso no es una medida de protección civil; es una declaración de bancarrota política de un modelo que degrada lo público hasta que la realidad lo sobrepasa.

Cinismo como doctrina: ahora vemos la falsa indignación de Ayuso

La derecha madrileña se ha instalado en la política del espectáculo. Parece ser que la memoria es el enemigo a batir y la coherencia es un lujo prescindible. Hoy asistimos a un nuevo capítulo de indignación impostada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de un tuit del ministro de Transportes. Decía el ministro una verdad de a perra chica: que no se puede desmantelar el Estado fiscalmente, perdonar impuestos a las rentas más altas y reducir el presupuesto de los servicios públicos esenciales, como la prevención de incendios o la protección civil, para, a la primera catástrofe, exigir desesperadamente el auxilio y los recursos del Estado central.

La reacción de Ayuso no se ha hecho esperar y ha sido la previsible: rasgarse las vestiduras, tachar la reflexión de "miserable" y erigirse una vez más en víctima de una conspiración sanchista. Sin embargo, la sobre actuación, poniéndose Ayuso tan digna, no logra tapar la grieta fundamental de su discurso. 

Lo que Puente ha puesto sobre la mesa no es un ataque gratuito, sino una contradicción estructural del modelo ultraliberal que encarna el PP de Madrid: la paradoja de querer un "Estado mínimo" para pagar impuestos, pero un "Estado máximo" para asumir las facturas cuando la realidad golpea.

Lo verdaderamente hiriente del rasgado de vestiduras de la baronesa madrileña no es solo la inconsistencia económica, sino la colosal amnesia selectiva de su partido. ¿Con qué autoridad moral denuncia el PP la "politización" de una emergencia? La hemeroteca no miente y deja al descubierto la doble vara de medir con la que Miguel Tellado, Alberto Núñez Feijóo y la propia Díaz Ayuso operan sistemáticamente.

Recordemos la trágica DANA de Valencia. Mientras los ríos de barro aún anegaban municipios enteros y los servicios de emergencia intentaban gestionar el colapso, la cúpula del PP, con Miguel Tellado al frente, no tardó ni 24 horas en poner en marcha la maquinaria de erosión política. La consigna fue clara: disparar contra la AEMET, cuestionar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y desviar desesperadamente el tiro del Consell de Carlos Mazón hacia el Ministerio para la Transición Ecológica. Para el PP, en Valencia la responsabilidad no era de la gestión autonómica; era del Estado.

Volvamos a la pandemia de 2020. En el momento de mayor vulnerabilidad colectiva de nuestra historia reciente, Ayuso convirtió el Mando Único del Estado de Alarma en una trinchera electoral. Acusó al Gobierno central de "atacar a Madrid", tildó las medidas sanitarias de "dictatoriales" y convirtió el hospital de pandemias en un plató de televisión mientras su partido boicoteaba la llegada de fondos europeos o recurría el Estado de Alarma al Tribunal Constitucional.

O repasemos el historial de incendios forestales en Castilla y León o Galicia. Cuando las llamas queman los montes de regiones gobernadas por la derecha, la culpa jamás es de los recortes en las brigadas forestales autonómicas ni de la precarización del personal de prevención. La culpa, según el manual del PP, es siempre del "ecologismo radical" del Ministerio o de la supuesta lentitud de La Moncloa para enviar la UME o los medios aéreos.

El patrón es tan evidente que resulta sonrojante: cuando gobiernan y las cosas salen mal, la culpa es de la falta de ayuda del Estado central. Cuando el Estado central advierte que la solidaridad nacional no puede ser la coartada para que las autonomías del PP practiquen el dumping fiscal a favor de los grandes patrimonios, entonces el Estado es "desleal" e "insolidario".

El tuit de Óscar Puente podrá ser inoportuno, gustar más o menos en las formas, pero no se puede negar que señala el nervio central del debate político contemporáneo: la justicia fiscal no es un capricho ideológico, es la garantía de la seguridad ciudadana. No se puede vaciar la caja común para hacerle regalos a las élites económicas y pretender que el resto de los contribuyentes españoles financien los parches de la falta de previsión.

La indignación de Ayuso no es por el tono ni por la oportunidad del comentario. Le indigna que le recuerden que las decisiones políticas tienen consecuencias, y que el modelo de "libertad" sin impuestos es, en realidad, un modelo de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.

No estaría mal que después de pasar esta tragedia, la derecha se retire al rincón de pensar y vean que dedicar recursos a financiar corridas de toros, mata toros, pero también personas, aunque ahora nos digan que lo que importa son las vidas humanas. Las vidas humanas son lo primero siempre, no solo hoy.

Empecemos por reconocer la labor de todos los que están trabajando contra esta emergencia, y esperemos a que pase todo para poner a cada uno en su sitio. Pero eso no es óbice para que nos planteemos que lo primero que hay que garantizar son los servicios públicos y luego si sobra, los ideológicos.