Huelga general del 11-N: una urgencia democrática y de clase

Hubo un momento, previo a la convocatoria, en el que la duda táctica sobrevoló

a muchos sectores de la izquierda social y sindical. ¿Era este el momento idóneo?

¿Se medían bien los tiempos? Sin embargo, la realidad material ha resultado

inapelable y se ha encargado de barrer cualquier atisbo de vacilación. Cuando la

vida cotidiana de las clases populares se convierte en un asunto de supervivencia,

la neutralidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La

Huelga General del próximo 11 de noviembre no solo es oportuna sino una radical

y absoluta necesidad histórica.

Estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que apuesta por un modelo de

precarización total. Basta mirar la alternativa que la derecha y la extrema

derecha, hoy defensoras a ultranza de los dogmas que el neoliberalismo más

salvaje, tiene diseñados para el mundo del trabajo, para entender la urgencia de

esta huelga general. No estamos ante meras discrepancias ideológicas, sino ante

un plan sistemático de supresión de derechos.

Comprobar el seguidismo con las políticas de Milei causa terror. Proponen un

horizonte laboral donde se normalizan las 48 horas semanales de trabajo y se

institucionaliza el robo del tiempo a través de horas extras no retribuidas.

Pretenden implantar un periodo de prueba de 12 meses para cualquier contrato

que convierte el empleo en una tómbola de usar y tirar, reducir drásticamente

las indemnizaciones por despido para abaratar el coste de echarnos a la calle, e

incluso rebajar al 50% los días de baja por incapacidad temporal que pasa al

control de las Mutuas, castigando doblemente a quienes enferman.

Por si esas propuestas, ya aplicadas en Argentina, aun fueran poco, incluyen la

imposición de un salario variable que traslada el riesgo empresarial al bolsillo del

trabajador, al tiempo que buscan amordazar la disidencia limitando por ley el

derecho de huelga y condicionando la celebración de asambleas a la explícita

autorización de la empresa. Frente a este modelo de sumisión patronal, la única

respuesta democrática de la clase trabajadora es el bloqueo de la producción.

Es una emergencia material la situación del acceso a vivienda, la precariedad de

los salarios y el inasumible coste de la cesta de la compra. La Huelga del 11-N

responde a esa triple pinza que asfixia a la mayoría social. En primer lugar, la

vivienda se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Comprar una casa es

una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría, y un alquiler inasumible que

devora la nómina, golpeando con saña a la juventud, pero atrapando también a

familias enteras de cualquier sector y edad bajo la bota de la especulación

inmobiliaria y los fondos buitre. Los salarios están condenados al estancamiento,

suben a duras penas y demuestran que trabajar ya no garantiza vivir con

dignidad. La escalada desbocada de los precios de alimentos y combustibles

amenaza directamente la subsistencia más elemental. La clase trabajadora no

puede seguir pagando la factura de una crisis que no ha generado.

¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es la calle quien ha tomado el relevo en

los centros de trabajo y los problemas estructurales ya estaban ahí, y es evidente

el desborde social. La calle lleva tiempo rugiendo en manifestaciones

multitudinarias de personas exigiendo un freno al drama de la vivienda. Es lógico

que las organizaciones sindicales de clase no miren hacia otro lado. Se ha tratado

desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada,

bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos

años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y

movilizado a más de doscientas mil personas afectadas.

Abordar el 11-N desde la perspectiva castellanomanchega exige poner sobre la

mesa los rostros y los números de nuestra región, donde las debilidades

estructurales agudizan cada zarpazo de la situación. En nuestra comunidad

autónoma, entre 22.000 y 25.000 personas dependen directamente del subsidio

para mayores de 52 años, un pilar fundamental en un territorio con una pirámide

demográfica envejecida y serias dificultades de recolocación laboral sénior. A esto

se suman los miles de hogares que malviven bajo la red de seguridad del Ingreso

Mínimo Vital, y los 388.806 pensionistas de Castilla-La Mancha, tres colectivos a

los que si hoy la inflación desbocada y los recortes decapitan estas rentas

asistenciales y pensiones. Las propuestas que se plantean desde la derecha y la

patronal son una sentencia de muerte social para nuestra Comunidad Autónoma.

A esto se suma un mercado laboral castigado por la periferia económica. Castilla-

La Mancha sufre un modelo productivo excesivamente dependiente del sector

servicios de baja intensidad, la logística precaria y un campo castigado por los, a

menudo, abusivos márgenes de la cadena alimentaria. La aplicación de las

recetas de la derecha tendría un efecto devastador en provincias donde los

convenios colectivos ya arrastran una histórica brecha de precariedad respecto

al centro del Estado.

En conclusión, la huelga general del 11 de noviembre no es un capricho sino un

acto de legítima defensa colectiva. La clase trabajadora castellanomanchega no

puede tolerar que le roben el presente y el futuro en nombre de la rentabilidad

del capital.

Cuando los cimientos de la vida digna (el pan, el techo y el salario) están bajo

mínimos, la única respuesta a la altura de la historia es decir basta. El 11-N, la

Huelga General es empezar a reconstruir la esperanza.

El cambio que dicen traer tiene olor a naftalina.

Las derechas tradicionales y las neofascistas de Europa operan bajo los mismos manuales: una mezcla de falsa indignación institucional, blanqueamiento de grupos ultras y victimismo cínico. Mientras, siguen un alineamiento incondicional con los poderes transnacionales y los halcones de la geopolítica global. Si aún no estáis convencidos de que eso es así, podéis comprobarlo escuchando todas las declaraciones de los lideres de la derecha o en boca de sus tertulianos a sueldo.

Cuando el líder del PP y sus acólitos claman al cielo contra el "incendio de las calles" o acusa a la izquierda de alterar las reglas del juego democrático para cambiar el resultado electoral, recurren a un relato tan viejo como indecente. Sus aires de cambio no son limpios, huelen a naftalina porque representan la carcomida retórica de una derecha que solo concibe la democracia cuando ella gobierna, pero desestabiliza las instituciones en cuanto pierde el ejecutivo. 

Sus afirmaciones señalando la connivencia del gobierno con los agitadores, y a la vez minimizando la responsabilidad de grupos neofascistas o ultras en manifestaciones mostrando simbología nazi. Ambas son la demostración de la peligrosa deriva en la que se encuentra el bloque conservador de nuestro país, que prefiere flirtear con el extremismo antes que aceptar la pluralidad ideológica de los ciudadanos. La estrategia consiste en gritar ¡al ladrón! mientras se normalizan discursos de odio, es la vieja táctica que siguen para desviar la atención de su programa político real, vacío de contenido social. 

Uno de los puntos más curiosos del debate público actual es el de negar la conexión de sus proyectos de gobierno con sus ídolos Milei, Bolsonaro, Trump, o Netanyahu. Una conexón no abstracta sino compuesta de medidas de recortes a todo lo público. Es el núcleo duro del capitalismo financiero desregulado, del autoritarismo cultural y de la demagogia punitivista. Que los referentes de la derecha y ultraderecha española compartan matriz ideológica y afinidad con estos personajes no es una casualidad táctica sino la constatación de que están conectados a un bloque transnacional cuyo único "proyecto" es la demolición de lo público. La disputa actual no va de meras etiquetas partidarias, sino de la supervivencia de los derechos sociales frente a los recortes que proponen, la mercantilización de la vida y la erosión de las libertades públicas. 

Esto es lo que nos espera si llegan, y no les importa si para lograrlo deben hacer oposición a base de bulos, fabricando conspiraciones sin pruebas y agitando fantasmas ideológicos, si con ello el votante pierde de vista su oculto plan sistemático de transferencia de recursos hacia los sectores más ricos. Es el sello distintivo de esta nueva derecha cada día más radicalizada. El Feijoo que vino a sustituir a Casado tenía menos naftalina que el de hoy. Cuando la política se reduce a crueldad y desprecio por el bienestar de las mayorías, el sistema democrático entra en una situación crítica. 

La promesa neoliberal y neoconservadora no ofrece futuro, sino la involución a un orden donde los derechos que tenemos hoy se convierten en privilegios dependientes del mercado. Los vientos que siembran las derechas europeas al blanquear el fascismo cotidiano y subordinar la soberanía popular a los designios del capital global terminaran por agitar una respuesta social inevitable, que nada tendrá que ver con lo que hemos visto en Paris, Barcelona o Bilbao. 

La alternativa de los ciudadanos progresistas no puede ser la resignación ni el repliegue apolítico, sino la exigencia de blindar lo público y demostrar que la libertad sin justicia social se limita a ser el privilegio de unos pocos.

VIOLENCIA EN BARCELONA

Los recientes incidentes violentos en Barcelona no pueden reducirse de forma simplista a lo que ha hecho la derecha: acusar al gobierno de organizarlos. Tampoco reducirlos a una cuestión de orden público, ya que ignorar la crisis social de las periferias y el nihilismo juvenil que se articula por medio de las redes sociales solo enmascara el problema de fondo. 

Estos altercados y saqueos tampoco no suponen ningún beneficio para la clase trabajadora, muy al contrario, fragmentan el tejido social y actúan como un caballo de Troya estratégico. Al desviar la atención de las luchas prioritarias por la vivienda accesible y los salarios dignos, esta violencia alimenta los intereses de oportunistas y de la extrema derecha global, sirviéndoles de coartada para justificar el miedo al caos, pedir más control social y recortar libertades cívicas. 

La respuesta solo puede pasar por recuperar la iniciativa política demostrando que la verdadera seguridad para la mayoría social no reside únicamente en la represión policial, sino en garantizar un techo, un empleo digno y un futuro predecible.

Del bolsonarismo a la península ibérica

Las derrotas electorales de las derechas reaccionarias ya no se aceptan en las urnas; se impugnan en los platós, se retuercen en las redes y se combaten en las instituciones. La experiencia reciente en América Latina y Estados Unidos nos ha enseñado que el neofascismo contemporáneo entiende la democracia no como un marco inalterable de convivencia, sino como una herramienta para su contienda permanente. Cuando el resultado de las urnas desafía sus intereses de clase y su hegemonía patrimonial, las reglas del juego pasan a ser consideradas de "fraude" y el gobierno resultante, de "usurpador".

El padre del candidato brasileño de ayer, Jair Bolsonaro, encarnó la variante visceral de esta deriva. Tras perder ante Lula da Silva en 2022, el bolsonarismo no solo recurrió al silencio táctico o al asedio físico que culminó el 8 de enero en Brasilia; su pilar maestro fue el sistema mediático paralelo construido durante años. A través de una densa red de desinformación, cadenas de mensajería privada y medios afines, se inoculó en millones de brasileños la certeza de que la victoria de la izquierda era matemáticamente imposible sin la concurrencia del fraude y del delito. Veremos cómo actúa su hijo ahora tras los resultados de ayer.

Traslademos esa situación al contexto español y simulemos un escenario en el que el bloque de investidura progresista vuelve a revertir las encuestas y a revalidar el gobierno, el patrón estructural resulta idéntico. En el ámbito de la Unión Europea, no veremos muchedumbres asaltando sedes parlamentarias. La verdadera artillería destituyente en España no lleva pasamontañas ni asalta edificios: viste de etiqueta en los prime time de la televisión, redacta portadas y acapara la tertulia diaria.

En este escenario de remontada electoral de la izquierda, la gran maquinaria mediática conservadora y ultraconservadora no actuaría como un mero observador del proceso político, sino como el auténtico estado mayor de la oposición. Antes de que el recuento electoral haya concluido, las terminales mediáticas afines activarán el relato de la anomalía democrática. No necesitarán demostrar un fraude técnico en el escrutinio; les bastará con instalar la idea de un "pucherazo moral". A través del bombardeo diario sobre el uso "partidista" de las instituciones públicas o la denuncia furibunda de los acuerdos con las fuerzas plurinacionales, los medios convertirán la mayoría parlamentaria legal en una "dictadura disimulada" o un "gobierno Frankestein" carente de validez ética. Ya lo hicieron.

La contienda política abandonará los parámetros de la gestión económica o los derechos sociales para librarse en el terreno de la víscera y la identidad. Los editoriales, los titulares sensacionalistas y las tertulias radiofónicas y televisivas actuarán como cámaras de eco para normalizar discursos extremistas. Se generará un clima de asfixia respiratoria en la conversación pública donde cualquier pacto del Ejecutivo se presentará como una alta traición a la Patria, justificando implícitamente cualquier vía de sabotaje institucional. Ya lo hicieron.

Existe una retroalimentación entre el titular escandaloso y la querella judicial. Un titular fabricado a partir de filtraciones interesadas o denuncias de asociaciones afines sirve de base para abrir causas judiciales; a su vez, la apertura de diligencias abre los informativos durante semanas, retroalimentando el juicio paralelo y el desgaste moral del Ejecutivo antes de que exista veredicto alguno. Los medios no informan sobre la contienda judicial: la producen. Ya lo hicieron.

¿Qué debemos aprender? La lección que nos deja el análisis comparado de la extrema derecha de Brasilia a Madrid es contundente. La contestación al poder popular ha privatizado y mediatizado sus mecanismos de presión. Para la izquierda, ganar en las urnas es solo el primer paso; el verdadero desafío radica en resistir la embestida de una hegemonía mediática que buscará erosionar la soberanía popular golpe a golpe, titular a titular. Ya lo hicieron.

Frente al asedio del sistema mediático reaccionario, la única respuesta viable para el progresismo pasa por la audacia legislativa, el reequilibrio del mapa comunicativo y la democratización profunda del derecho a una información veraz. Esto sigue aún necesitamos hacerlo.

Asimetría gestionando el orden público

En la política contemporánea, el Estado moderno se define por el monopolio de la coerción física legítima. Sin embargo, esa legitimidad no constituye un axioma inmutable, sino que depende directamente de la neutralidad, del sometimiento al principio de legalidad y de la estricta observancia del criterio de proporcionalidad. La persistente asimetría que vemos en las actuaciones policiales en el control de manifestaciones, caracterizada por una contención severa y disuasoria frente a la movilización social y antifascista, en contraste con la condescendencia o inacción ante expresiones de la extrema derecha, representa un fenómeno lo suficientemente relevante para merecer un análisis por parte de las instituciones democráticas.

Este doble rasero en cómo se gestionan estas manifestaciones en el espacio público no son reflejo de un desajuste táctico u operativo, más bien al contrario, parecen responder a dinámicas de carácter ideológico e institucional que ponen patas arriba los fundamentos del Estado de derecho.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad no operan en un vacío sociocultural, sino que su actuación evidencia una sociología policial demostrativa de que las unidades encargadas del mantenimiento del orden público tienden a desarrollar un marcado perfil conservador, y esa marcada identidad incide de manera directa en como los agentes evalúan el entorno. Tal vez eso explico que veamos como una movilización social y antifascista, tienden conceptualizarla como un "desafío al orden establecido", lo que los lleva a creer que el uso de la fuerza coercitiva está justificado como una medida de prevención o neutralización de supuestas amenazas sistémicas. Por el contrario, ante una movilización de la extrema derecha, es vista como una "defensa de la identidad nacional", lo que debe generarles una menor percepción de riesgo, y eso da lugar a una contención pasiva, incluso en escenarios donde se vulneran normas administrativas o se producen discursos de odio.

La discrecionalidad operativa que el ordenamiento jurídico otorga a los mandos intermedios y de intervención sobre el terreno se convierte en una reproducción de sesgos ideológicos, transformando la actuación de la fuerza pública en algo asimétrico.

Pero no sería justo atribuir la desproporción exclusivamente al criterio individual. La actuación policial es el último eslabón de una cadena institucional cuya cúspide ostenta la responsabilidad directiva e indelegable. El Ministerio del Interior es el que fija la doctrina de seguridad y el deber constitucional de velar por la corrección del funcionamiento del aparato estatal. Abstenerse en la apertura de expedientes disciplinarios, permitir la opacidad en las investigaciones internas o ver lógica la justificación retórica sistemática de la actuación policial generan un régimen de impunidad efectiva. Con frecuencia, priorizan una lógica de "paz institucional" mediante la complacencia con el estamento policial, evitando el coste político de encarar reformas estructurales a expensas de la vulneración de derechos fundamentales.

Las Delegaciones del Gobierno, en su calidad de autoridad competente para la ponderación entre la seguridad ciudadana y el derecho de reunión, ejercen un papel determinante. La autorización de trazados de riesgo para colectivos ultras o el establecimiento de dispositivos desproporcionadamente restrictivos para manifestaciones de izquierdas reflejan una quiebra en la neutralidad administrativa, supeditando el ejercicio de derechos fundamentales a criterios de conveniencia política o sesgo de riesgo.

Esta aplicación selectiva de la coacción estatal genera consecuencias graves. Los ciudadanos perciben una quiebre de la neutralidad al contemplar instrumentalización ideológica del aparato coercitivo, se está despojando a la policía de su rol de garante de las libertades ciudadanas, con lo que su función se reduce a la de un actor político faccioso.

La represión sobre la disidencia política produce un efecto en la ciudadanía de temor a la violencia física institucional o a sanciones administrativas arbitrarias, lo que desincentiva la participación en la esfera pública y erosiona el ejercicio efectivo del derecho a la protesta. Y algo que personalmente me parece muy grave, como es que esa permisividad ante la extrema derecha está contribuyendo a que se institucionalicen marcos discursivos antidemocráticos en el debate público, concediendo a estos sectores una impunidad para actuar a su libre albedrío en el espacio público.

El Estado de derecho no se demuestra en la mayoro menor capacidad punitiva del aparato de seguridad, sino en la garantía efectiva de que el ejercicio de las libertades públicas está preservado frente a cualquier forma de arbitrariedad institucional. Esta tolerancia con la desproporción de las actuaciones policiales según la filiación ideológica del manifestante, no es una defensa de la legalidad, sino la demostración de cómo se ha consolidado un ejercicio asimétrico del ejercicio de las Fuerzas de Seguridad estatal ,incompatibles con los estándares y las normas de una democracia plural.

Gracias por las felicitaciones

 Gracias a todas y todos los que me habéis hecho llegar vuestras felicitaciones por este setenta y un cumpleaños.

En agradecimiento os dejo la letra de la canción escrita por Roger Waters (Pink Floyd) titulada “Tiempo”. Es una de las composiciones más emblemáticas de la banda británica, y corresponde a su álbum The Dark Side of the Moon, publicado en 1973. La podéis escuchar en el enlace que os dejo al final de la letra: 

Buscando cualquier distracción para pasar un día aburrido.

Malgastando las horas de forma despreocupada. 

Dando vueltas en un terreno en tu ciudad natal. 

Esperando a que alguien o algo te muestre el camino. 

Cansado de estar tumbado al sol. 

Quedándome en casa para ver la lluvia.

 Eres joven y la vida es larga 

Y hoy hay tiempo de sobra para perder. 

Pero un día descubres 

Que diez años se han quedado atrás de ti. 

Nadie te dijo cuando correr. 

Te perdiste el pistoletazo de salida 

Y corres y corres para alcanzar el sol 

Pero se está hundiendo 

Corriendo para venir detrás de ti otra vez 

El sol es el mismo de una manera relativa 

Pero eres mayor 

Te falta el aire 

Y estás un día más cerca de la muerte 

Cada año se hace más corto 

Nunca parece haber tiempo 

Planes que fracasan 

O media página de líneas garabateadas (ah, ah) 

Aguantando en silenciosa desesperación 

Es el modo inglés 

Se acabó el tiempo, se acabó la canción 

Pensé que tendría algo más que decir.

A casa, a casa otra vez  

Me gusta estar aquí cuando puedo 

Y cuando vuelvo a casa, frío y cansado 

Es bueno calentar mis huesos junto al fuego. 

Muy lejos, al otro lado del campo 

El tañido de la campana de hierro 

Llama a los fieles a ponerse de rodillas 

Para escuchar los hechizos suavemente pronunciados 

Feijóo y la ruta hacia la involución

Las recientes declaraciones de Feijóo, ayer y hoy, no son simples deslices dialécticos ni ocurrencias aisladas de campaña. Son la radiografía perfecta de un proyecto ideológico que asume, sin complejos, el programa de la derecha extrema. Bajo una pretendida moderación institucional, el candidato del PP dibuja un horizonte de claro retroceso en derechos sociales y laborales, evidenciando una estrategia política tan peligrosa como calculada.

El primer gran eje de esta involución afecta directamente a los derechos de las mujeres y a la autonomía individual. Reabrir el debate sobre el derecho al aborto, cuestionando la capacidad de decisión de las jóvenes de 16 y 17 años al exigir tutelas parentales, supone una intromisión inaceptable en los cuerpos de las menores. 

A esto se suma el anuncio más palmario de su deriva: la eliminación explícita del Ministerio de Igualdad y su disolución en otras carteras. No estamos ante una mera reestructuración burocrática, sino ante un mensaje político de profunda carga simbólica. Es la pérdida de peso institucional de las políticas de género y de la lucha contra la violencia machista, rebajadas a ser una molestia menor que (según la cínica visión del líder popular) apenas ocupa unas horas de trabajo.

Un segundo pilar es el plano socioeconómico. El proyecto de Feijóo se alinea sin fisuras con los intereses de la patronal. Condicionar futuras subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al visto bueno de la CEOE es despojar al Estado de su función correctora de las desigualdades del mercado laboral, subordinando el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la voracidad empresarial. 

Este argumentario falaz se complementa con falsedades sobre la «viabilidad» de las pensiones públicas o con la promesa de reformar restrictivamente la ley de eutanasia, anteponiendo la burocracia médica a la dignidad y la libertad de la persona en el tramo final de su vida. 

Y en este "cocidito" madrileño en el que se ha convertido su programa electoral, todo lo anterior lo aliña con la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática, un síntoma evidente de la resistencia de la derecha española a homologarse con los estándares democráticos avanzados en Europa.

Detrás de este catálogo de recortes de derechos que ya dábamos por consolidados, se esconde una táctica claramente definida. Por un lado, Feijóo asume con total naturalidad la integración de Vox en el Consejo de Ministros si la aritmética parlamentaria lo exige, diluyendo cualquier cordón sanitario y blanqueando a la ultraderecha. Por otro, practica una calculada ambigüedad en los temas más sensibles para intentar no espantar al electorado de centro, mientras satisface a los más reaccionarios de su flanco derecho.

El plan de la derecha ya no se oculta. Los eufemismos de antaño han dado paso a lo que es realmente la ideología del PP, nada de partido de centro, sino un partido sumiso a Vox por interés electoralista. Los ejemplos los tenemos ya en donde gobiernan. en coalición. 

La pregunta que queda por responder es si esta asunción, ya sin absolutamente ninguna crítica del ideario ultra, logrará movilizar a su base más conservadora o si, por el contrario, alertará a una mayoría social de que el 29 N lo que se vota no es como anuncian "echar a Sánchez" sino eliminar todas las conquistas democráticas de años que cualquier ciudadano español debería calificar de irrenunciables.

Muy seguros deben estar de la fidelidad de que su electorado entre los trabajadores está absolutamente anestesiado, como para no darse cuenta de que sus pensiones, sus salarios y la totalidad de derechos de la mujer van a ser demolidos. 

Ya no se debe hablar de fachapobres. Ahora los han convertido en sus fachabobos.