El Medioambiente en el programa electoral del PP

El debate sobre el papel de la biodiversidad y la crisis ecológica en los programas electorales sitúa frente a frente dos visiones muy distintas sobre la gestión del territorio, la ciencia y el modelo económico en España. 

Por un lado, desde la perspectiva ecologista, científica y de la izquierda política, se señala que la pérdida de biodiversidad constituye, junto con la emergencia climática, una crisis sistémica global que compromete la propia seguridad vital y la salud humana, tal y como viene advirtiendo la Organización Mundial de la Salud (OMS). Quienes defendemos esta postura, podemos contemplar como la omisión o el escaso protagonismo de la conservación de los ecosistemas en el programa del PP refleja, o un desconocimiento de la magnitud del consenso científico internacional, o bien una subordinación de las políticas ambientales a los intereses económicos a corto plazo. Más grave sería que con ello obedezca a los marcos discursivos de Vox, que ha cuestionado abiertamente las agendas climáticas y ecológicas europeas. Todo es posible.

Por otro lado, el PP plantea en su programa electoral un enfoque que denomina de equilibrio entre la conservación ambiental y la actividad productiva en el medio rural. Lejos de ignorar el entorno natural, los populares defienden en su texto programático medidas concretas como la protección de humedales y ecosistemas acuáticos emblemáticos, citando expresamente el Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel, la modernización de infraestructuras hídricas y la ordenación de montes multifuncionales. Asimismo, el PP propone incentivar económicamente a agricultores, ganaderos, pescadores y propietarios forestales por los servicios ambientales que prestan (incluyendo explícitamente el carbono, el agua y la biodiversidad), argumentando que la conservación solo es viable si cuenta con el respaldo del sector primario y evita lo que consideran un exceso de restricciones burocráticas. 

En última instancia, esta controversia ilustra la disputa existente dentro de la política española y europea: mientras los sectores ecologistas y progresistas reclaman una transformación estructural urgente guiada por los límites biofísicos del planeta y la primacía de la protección ecológica, la derecha apuesta por integrar las variables ambientales dentro de los mecanismos de mercado y la compatibilidad con los usos tradicionales y productivos del territorio. 

En definitiva, el futuro de las políticas ambientales en España dependerá de por qué modelos apuestan los ciudadanos, porque ambos son difícilmente conciliables a corto plazo: por un lado, la exigencia de situar la preservación de los ecosistemas y la evidencia científica como límites infranqueables para la actividad humana, y por otro, la defensa de una gestión que prioriza la rentabilidad del sector primario, la flexibilidad normativa y los incentivos de mercado. 

La ciudadanía y las instituciones deberán decidir si el equilibrio que propone el PP resulta suficiente para frenar la degradación ecológica en espacios críticos, o si, por el contrario, la magnitud de la crisis climática y de biodiversidad exige cambios mucho más profundos en el modelo productivo y territorial de nuestro  país.

La inmigración es el gran examen a nuestra democracia

La inmigración es, con demasiada frecuencia, el terreno donde la política progresista tropieza con sus propias contradicciones. Nos incomoda porque el debate público ha sido secuestrado por los marcos mentales de la derecha: el miedo, la cartografía de la amenaza y la falacia de los recursos finitos. Durante demasiado tiempo, la izquierda ha temido entrar al fondo de esta cuestión por miedo a desgastarse, cediendo un terreno que es, en esencia, nuestro terreno natural. Porque hablar de migración no es hablar de control fronterizo ni de orden público; es hablar de derechos humanos, de justicia distributiva y del modelo de sociedad que queremos construir.

El discurso xenófobo no es una opinión política legítima, es un modelo de negocio basado en la mercancía del odio. Como apunta Cipolla en su clásico tratado sobre la estupidez humana, aquellos que fomentan el odio xenófobo caen en la categoría de los dañinos: los que perjudican a los demás al tiempo que se destruyen a sí mismos y a su propia comunidad. En una Europa con una pirámide demográfica envejecida, donde el estado del bienestar cruje por falta de relevo generacional, presentar la llegada de personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad no es solo una mentira palmaria; es un acto de suicidio económico y moral.

Sin embargo, ayer en el debate de La Sexta, vimos como desde la perspectiva de Vox, por boca de su portavoz económico, se sostiene que la llegada de más de seis millones de personas en cinco años es un factor determinante en el problema del acceso a la vivienda, cuestionando además la necesidad de atraer más población extranjera al país. El contraste entre la realidad y las cifras esgrimidas por la formación omiten el saldo migratorio real. Según el INE, el crecimiento neto de la población española entre enero de 2021 y octubre de 2026 se sitúa en torno a los 2,5 millones de personas, pasando de 47,4 a 49,9 millones de habitantes. Desde este enfoque, las dificultades habitacionales obedecen a dinámicas estructurales del mercado inmobiliario y no a la inmigración, un elemento indispensable para contrarrestar el envejecimiento poblacional y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del Estado del Bienestar.

La inmigración es, antes que nada, un factor indiscutible de prosperidad. Sostiene nuestras pensiones, levanta los cimientos de nuestra agricultura, cuida de nuestros mayores y aporta savia nueva a una sociedad estancada en el pesimismo neoliberal. Pretender lo contrario es comprar el argumentario de una extrema derecha que solo ofrece chivos expiatorios para ocultar las verdaderas causas de la desigualdad social: la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el desmantelamiento de los servicios públicos.

Sin embargo, el reto para la izquierda no se agota en la condena moral del racismo. No basta con señalar la vileza del bulo; necesitamos una ofensiva política que recupere el relato dominante. La izquierda existe para proteger al eslabón más débil, y hoy en día, el trabajador migrante (a menudo desprovisto de derechos plenos, expuesto a la economía sumida en la ilegalidad y señalado como culpable de todos los males sistémicos) es ese eslabón.

Los políticos, atrapados en la tecnocracia y en el cálculo electoralista, suelen estar lejos de esa humanidad. Pero las campañas electorales, o los momentos de profunda encrucijada histórica como el que vivimos, exigen otra cosa: exigen empatía radical. Nos exigen hacernos querer por los de abajo, sin importar de qué latitud provengan.

La batalla cultural frente a la xenofobia no se gana desde la defensiva, sino afirmando con orgullo que una sociedad abierta, diversa y mestiza no solo es éticamente superior, sino la única vía de supervivencia democrática posible. O construimos puentes de solidaridad de clase transnacional, o el fascismo cotidiano terminará por demoler lo poco que nos queda de dignidad colectiva. 

La sanidad de los recortes invisibles y las tutelas

La sanidad pública no es un mero escaparate de gestión económica; sino el termómetro más fiel de la justicia social de un país. En plena campaña electoral, el programa y las declaraciones del PP, con la previsible compañía de la ultraderecha en un horizonte de gobierno que ojalá no se produzca, vuelven a poner sobre la mesa un modelo sanitario que oscila entre la contradicción gestora y el conservadurismo ideológico más rancio. 

Por un lado, se agita la bandera de un «plan urgente» contra las listas de espera, apelando a unas competencias que, paradójicamente, llevan años gestionando con pésimos resultados en comunidades en las que gobiernan, como Madrid o Andalucía, donde los colapsos estructurales y la derivación silenciosa a la privada son la norma. Prometer plantillas o incentivos fiscales mientras se debilita la red pública de base es, sencillamente, maquillar la demolición del sistema público común. 

Pero la verdadera cara ideológica de este proyecto se descubre cuando se habla de derechos civiles. El anuncio de revisar la ley del aborto para exigir el control parental a las jóvenes de 16 y 17 años no protege a las menores; las desprotege. Desde la consulta de atención primaria sabemos que la salud reproductiva no se tutela con prohibiciones, sino con educación, apoyo y respeto a la madurez de los pacientes. Obligar por ley a tutelas forzosas solo empuja a aumentar el miedo y volver a la clandestinidad. 

Del mismo modo, el compromiso de paralizar y reformar la ley de la eutanasia revela una alarmante falta de empatía hacia el dolor humano. Suspender expedientes activos de muerte digna bajo el pretexto de defender a los profesionales, cuando la inmensa mayoría de la profesión médica demanda herramientas para aliviar el sufrimiento final, es convertir la medicina en un dogma ideológico. 

Nuestra sanidad debe basarse en la universalidad, en la robustez de la Atención Primaria y, sobre todo, en la expansión radical de los derechos y la autonomía de las personas. La salud no se cuida recortando libertades ni tutelando conciencias, sino garantizando que cada ciudadano sea dueño de su cuerpo, de su vida y de su dignidad hasta el último aliento.

Pensiones, bajas médicas y horas extra.

El debate sobre el futuro de las pensiones en España lo hacen girar en torno a una pregunta recurrente: ¿sobra gasto o faltan ingresos en la Seguridad Social? Las recientes declaraciones del líder del PP Feijóo, en el podcasts The Wild Project de Jordi Wild, en las que cifró en millones de euros el coste del absentismo laboral y que está concentrado en lunes y viernes, sitúan en el centro de la discusión pública dos visiones opuestas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y la financiación del Estado del bienestar.

Por un lado, las organizaciones empresariales como la CEOE y CEPYME, junto con informes elaborados por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y consultoras, ponen el acento en el crecimiento del gasto por incapacidad temporal. Según los registros oficiales de la Seguridad Social, las prestaciones directas por TODAS las bajas médicas rondan efectivamente los 14.000 o 15.000 millones de euros anuales. Desde esta óptica económica y empresarial, el incremento de las ausencias laborales, y su mayor concentración estadística en los extremos de la semana, supone un lastre para la productividad, encarece los costes operativos y tensiona las cuentas públicas. Por ello, tanto la patronal como formaciones de centroderecha reclaman mayores mecanismos de supervisión y una mayor agilidad en la gestión de las altas médicas. En el fondo, están dando por sentada la corrupción en los profesionales médicos que, al parecer, regalamos las bajas por ILT a capricho del consumidor.

Por otro lado, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y diversas asociaciones médicas ofrecen una lectura radicalmente distinta de los mismos datos. En primer lugar, cuestionan que el coste global de las bajas médicas pueda equipararse a un fraude, recordando que toda incapacidad temporal está avalada por el diagnóstico de un facultativo de la sanidad pública. Desde esta perspectiva, el aumento de las bajas responde a factores estructurales como el envejecimiento de la población activa, el repunte de las patologías de salud mental y los tiempos de espera en el Sistema Nacional de Salud, mientras que el pico de los lunes se explica porque es el primer día hábil de consulta tras el fin de semana.

En segundo lugar, las organizaciones sindicales desplazan el foco del gasto hacia la pérdida de ingresos provocada por las horas extraordinarias no remuneradas. De acuerdo con los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se realizan entre 2,5 y 3 millones de horas extra semanales que no se pagan ni se compensan con descanso. Según los cálculos, esta masa salarial oculta supera los 3.000 millones de euros anuales, lo que se traduce en una merma directa de entre 850 y 1.000 millones de euros al año en cotizaciones sociales que dejan de ingresar en la caja de las pensiones, además de frenar la creación de decenas de miles de empleos a tiempo completo.

Mientras que para el tejido empresarial y los sectores conservadores la prioridad pasa por contener el gasto en prestaciones y mejorar la eficiencia productiva, para los sindicatos la clave reside en reforzar la Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral y aflorar las cotizaciones pendientes para sostener el sistema público y mejorar el salario de los trabajadores.

Pregúntate si eres empresario o eres trabajador para entender como te afecta esta visión.

Un Estado dentro del Estado

Aún escuece el gas pimienta en las retinas de quienes ayer salieron a ejercer un derecho constitucional en la primera huelga general en catorce años, pero lo que verdaderamente debería irritar a cualquier demócrata es el espectáculo político posterior. Hemos vuelto a asistir a esa coreografía tan española en la que la Policía Nacional carga con una virulencia desatada contra trabajadores, piquetes y manifestantes por la vivienda, gasea a quemarropa a una persona sin hogar ajena a cualquier protesta en plena Gran Vía, y al día siguiente el ministro responsable sale a declarar que las imágenes «no le han gustado» y que «de ningún modo ordenó las cargas». 

Si aceptamos esa no orden en manifestaciones pacíficas, ni aporrear a piquetes en Mercamadrid, ni rociar con agentes químicos a un indigente indefenso, la conclusión da miedo y es mucho más inquietante que la mera negligencia ministerial: el Gobierno no manda en su propia Policía. 

Resulta ingenuo seguir analizando los cuerpos represivos del Estado como simples herramientas neutras que obedecen dócilmente al poder civil elegido en las urnas, como muchos tertulianos afines a la derecha, tratan hoy de convencernos de ello. La sociología lleva décadas advirtiendo sobre la autonomía de las burocracias armadas. En España, entre el despacho del ministro del Interior y la bota del antidisturbios en la calle existe un eslabón intermedio (comisarios, jefes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), estructuras sindicales policiales abiertamente escoradas a la derecha) que opera con una discrecionalidad casi absoluta y con una agenda propia. 

Basta mirar la hemeroteca de este último bienio (2025–2026) para comprobar la asimetría ideológica de garantizar el orden público. Cuando se trata de frenar desahucios de familias vulnerables, de protestar por el derecho a la vivienda o de sostener una huelga general, el dispositivo policial despliega su cara más punitiva de choque: cargas preventivas, identificaciones ocultas bajo el chaleco, uso indiscriminado de aerosoles y detenciones selectivas. Sin embargo, el celo disciplinario desaparece cuando toca rendir cuentas. Que en todo 2025 Interior apenas abriera un solo expediente interno por vulneración de derechos ciudadanos es el certificado oficial de la impunidad corporativa. El mensaje que recibe el agente en la calle es cristalino: golpea primero, que la inspección interna ya mirará hacia otro lado. 

Y aquí surge la pregunta incómoda a dos semanas de unas elecciones generales: ¿a quién benefician las imágenes de una Policía desbocada reprimiendo a la base social de la izquierda bajo un Gobierno que se autodenomina progresista?

No hace falta recurrir a teorías conspirativas para entender el mecanismo del sabotaje institucional. Cuando determinados mandos intermedios ordenan cargar con saña, o cuando ciertos agentes actúan «por libre» sabiendo que el coste disciplinario es cero, están ejecutando una operación de demolición política de primer orden. Cada porrazo contra un trabajador en huelga, cada bote de gas lanzado contra quienes reclaman un alquiler digno, erosiona directamente la legitimidad del Ejecutivo entre su propio electorado. Alimenta el desencanto, fabrica la desmovilización y regala a la derecha el relato del caos mientras desarma moralmente a la izquierda. Podríamos calificarlo como «activismo de placa» puesto que utiliza el monopolio de la violencia legítima como arma de desgaste partidista. 

Por eso, la reacción tardía de prohibir ahora los gases lacrimógenos en futuras manifestaciones y prometer investigaciones específicas suena a parche cosmético sobre una fractura que ya es estructural. Mientras no se democratice de verdad el acceso y la promoción de los mandos policiales, mientras no exista un organismo independiente y civil que investigue y sancione los abusos policiales fuera de la endogamia del propio cuerpo, y mientras un ministro del Interior prefiera ejercer de portavoz de las excusas policiales antes que de garante de los derechos fundamentales, seguimos atrapados en esta trampa: un Gobierno que dice representar a la mayoría social, pero que está custodiado por un aparato que trata a esa ciudadanía como al enemigo.

La vivienda en Castilla-La Mancha: entre derecho constitucional y trampa rentista

El 11 N asistimos a la Huelga General declarada ante el problema de la vivienda. Durante décadas, en nuestra región se ha mantenido la absurda idea  de que la crisis de la vivienda era un problema exclusivo de las grandes ciudades costeras, Barcelona o Madrid. Sin embargo, el mapa socioeconómico de Castilla-La Mancha ha cambiado drásticamente. Hoy, la mercantilización del mercado inmobiliario golpea con dureza nuestras capitales de provincia, el Corredor del Henares y la comarca de La Sagra, expulsando a la juventud de sus proyectos de vida y ahogando las rentas de las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, esa misma lógica de mercado abandona a su suerte a nuestros pueblos, condenados a la despoblación y al deterioro de su vivienda residencial. 

Frente a este escenario de emergencia habitacional y fractura territorial, las políticas basadas en meros incentivos fiscales o en la autorregulación del mercado han demostrado ser un fracaso rotundo. Cuando un bien de primera necesidad amparado por el artículo 47 de la Constitución, es tratado como un activo financiero más, el resultado es siempre el mismo: la transferencia de rentas desde quienes trabajan hacia quienes acumulan patrimonio. Por ello, resulta imprescindible un giro estructural en las políticas autonómicas. 

Ese cambio pasa por asumir que la vivienda debe dejar de ser un negocio para garantizarse como un derecho. Esto exige abandonar el modelo dependiente casi en exclusiva del endeudamiento privado y apostar decididamente por la construcción de un gran parque público de alquiler asequible, estable y, sobre todo, de carácter permanente y no descalificable. De nada sirve invertir dinero público en vivienda protegida si, al cabo de unos años, esa inversión acaba privatizándose y engrosando el mercado libre. Alcanzar el objetivo de un 10% de parque público regional y un 20% en las ciudades mayores de 30.000 habitantes, mediante una inversión sostenida del 2% del PIB no es una utopía; es aspirar a garantizar la cohesión social. 

No obstante, construir un parque público lleva tiempo, y la sangría en los bolsillos de la ciudadanía ocurre hoy. Mientras se amplía la oferta pública, las instituciones tienen la obligación democrática de intervenir en las zonas especulativas. Aplicar de forma efectiva la Ley estatal de Vivienda declarando zonas de mercado residencial tensionado, establecer topes reales a los alquileres, grabar con recargos en el IBI las viviendas vacías de los grandes tenedores y poner coto a la proliferación descontrolada de los pisos turísticos, limitando su peso y eliminando sus privilegios fiscales, son medidas de pura justicia social. Del mismo modo, urge blindar a los inquilinos frente a fraudes como los contratos de temporada o por habitaciones, que hoy sirven de coladero para esquivar la ley. 

Por último, una política de vivienda verdaderamente transformadora en Castilla-La Mancha no puede olvidar su dimensión territorial y de género. Rehabilitar vivienda en el medio rural para fijar población, impulsar cooperativas en cesión de uso y priorizar a los colectivos más vulnerables frente a cualquier desahucio sin alternativa son pilares insustituibles para construir comunidad. 

La disyuntiva política en nuestra tierra está clara: o seguimos gestionando la vivienda bajo el dictado de la especulación y la colaboración público-privada que socializa pérdidas y privatiza beneficios, o asumimos que garantizar un techo digno por debajo del 30% de los ingresos familiares es la piedra angular sobre la que sostener la igualdad y el futuro de Castilla-La Mancha.

Nos sobran los motivos para la Huelga General

Esta es una huelga contra un sistema que entiende la vivienda como un negocio y no como un derecho. A duras penas, el gobierno central ha acabado asumiendo eso, pero no las CCAA gobernadas en su mayoría por el PP. No pueden aparecer viviendas de la nada,  pero si se pueden regular los alquileres, algo a lo que la derecha se niega.  Eso es evidente y explica que en su programa electoral solo hay dos medidas que el PP quiera imponer si gana las elecciones en materia de alquiler: derogar la ley de vivienda (incluida la regulación de precio en las zonas tensionadas que ya dan resultados en ciudades como Barcelona), y otra, otorgar beneficios fiscales a los caseros que no suban mucho la renta a sus inquilinos. 

Solo esas dos razones ya les hacen considerar que la huelga es contra ellos, e incluso se permiten llamar basura a los convocantes. Se olvidan de que,aunque llegasen al gobierno, el problema no tiene solución a corto plazo salvo regulando los alquileres e impidiendo la especulación.