La guerra de Irán: por qué la desescalada es la única opción racional para la mayoría

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una tragedia humanitaria ni un nuevo episodio de inestabilidad en Oriente Próximo, sino, sobre todo, un gigantesco shock económico que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿para quién se hace la política de seguridad en el siglo XXI? ¿Para los ciudadanos o para una minoría que se enriquece con cada escalada?

Para intentar dar una respuesta hay que colocarse frente al mapa. El estrecho de Ormuz, hoy convertido en epicentro del conflicto, es mucho más que una franja de mar en el Golfo Pérsico, puesto que por ahí transita en torno al 20% del petróleo mundial y una parte clave del comercio de gas y productos químicos indispensables para la industria y la agricultura de todo el planeta. Cerrar, restringir o simplemente amenazar ese paso, estamos viendo que equivale a poner la pistola en la sien de la economía mundial.

En cuestión de días, el barril de crudo ha saltado muy por encima de los tres dígitos y los mercados ya están descontando escenarios que van desde la recesión global hasta una nueva ola de inflación. Cada dólar en que se incrementa el precio del barril se traduce en carburantes más caros, en recibos de calefacción más difíciles de pagar, en alimentos que suben de precio porque los fertilizantes y su transporte se encarecen. Para el ciudadano medio europeo, latinoamericano o asiático, la guerra en Irán se ha convertido en un impuesto a pagar sin rechistar sobre la vida cotidiana.

Y, sin embargo, la respuesta dominante de las potencias no está siendo apostar por la desescalada en el conflicto, sino por todo lo contrario: refuerzo del escudo nuclear, despliegue de portaaviones y fragatas, envío de tropas para “garantizar la libertad de navegación”, militarización del Mediterráneo oriental y del propio estrecho de Ormuz. Todo ello nos lo presentan como un sacrificio inevitable para defender nuestra seguridad y estabilizar los precios. Si uno mira los datos con calma, el argumento se desmorona por sí solo.

Un negocio redondo para unos pocos

Cada escalón más en la tensión militar se traduce en más volatilidad y en nuevos repuntes de los precios de la energía. Los seguros marítimos se han disparado, las navieras no van a perder un euro y repercuten el coste en sus tarifas, los gobiernos anuncian compras extraordinarias de armamento y de gas “alternativo” a precios más altos. El resultado es el de siempre en estos casos, un círculo vicioso: la guerra que supuestamente se hace para abaratar la energía es, en realidad, el principal motor del encarecimiento de la energía. ¿Por qué, entonces, insistir en esa vía? Porque la guerra, además de un desastre social, es un modelo de negocio. 

Los sectores que ganan con el conflicto están muy bien identificados: Las grandes petroleras y los grandes compradores y vendedores de activos financieros para ganar dinero con las subidas y bajadas de precio de las materias primas, que ven cómo sus márgenes crecen con cada subida del precio del crudo y del gas; las empresas de armamento y tecnología militar, para las que cada misil lanzado, cada escudo antimisiles desplegado y cada barco enviado a la zona es un contrato más pagado con dinero público; los fondos de inversión que aprovechan la volatilidad para especular con futuros de energía y con acciones de sectores “refugio” como son defensa y combustibles fósiles.

Mientras las bolsas globales sufren, las acciones de gigantes de la defensa y de algunas petroleras se comportan como auténticos ganadores de la guerra. Y mientras los gobiernos advierten a sus ciudadanos del “esfuerzo que todos debemos hacer”, esos mismos gobiernos sellan contratos de miles de millones que consolidan la posición de estos oligopolios durante décadas.

Pero siempre que un lado gana, hay un lado perdedor, y aquí la lista también está igual de clara: los hogares que ven cómo su salario no les llega a fin de mes, las pymes que no pueden soportar el incremento de costes energéticos, los estados que desvían recursos de la sanidad, la educación o la transición ecológica para sostener el gasto militar. Es una transferencia de renta desde la mayoría social hacia una minoría perfectamente localizada.

La irracionalidad económica de la escalada

Desde una óptica estrictamente económica y sin adjetivos políticos, la escalada es una estrategia difícilmente justificable. El cierre total o parcial de Ormuz, aunque sea durante unas pocas semanas, tiene un impacto en todo el sistema económico: encarece la energía, aumenta la inflación, obliga a los bancos centrales a endurecer sus condiciones financieras y es un estrangulamiento para  las inversiones productivas. El riesgo de todo esto induzca a una recesión no es una hipótesis teórica, sino un escenario que ya están manejando los principales organismos internacionales.

Algunos ya argumentan que no hacer nada también tiene un coste, o que dejar a Irán “controlar” el estrecho es una cesión inaceptable, lo que puede ser una opinión compartida. Pero ese razonamiento parte del falso dilema entre la humillación y la guerra total. Hay un espacio amplio para la política y la diplomacia que hoy se está despreciando deliberadamente. La receta militar no resuelve el problema de fondo, muy al contrario, lo agrava. La destrucción de infraestructuras, los ataques cruzados a petroleros, el riesgo de extensión a otros escenarios (del Mediterráneo oriental al mar Rojo, y no está tan lejano nuestro  Levante) introduce nuevas fuentes de inestabilidad. A corto plazo, va a generar beneficios extraordinarios para quienes venden armas o energía cara; a medio y largo plazo, dejará una deuda pública elevada, el capital físico (conjunto de bienes materiales y duraderos que se usan para producir otros bienes y servicios) destruido y nuestras sociedades más vulnerables.

La desescalada como política económica de sentido común

Frente a este escenario, hablar de desescalada no es un gesto de ingenuidad pacifista, sino una opción de racionalidad económica básica. Preguntémonos ¿Qué implicaría, en la práctica? En primer lugar, un alto el fuego inmediato y el fin de los bombardeos masivos, acompañado de compromisos verificables por parte de Irán de no bloquear el estrecho y de no atacar el tráfico comercial. En segundo lugar, un marco multilateral, bajo paraguas de Naciones Unidas y de los actores regionales, para garantizar la seguridad de la navegación en Ormuz: no como protectorado de una sola potencia, sino como un bien público global gestionado con reglas claras.

En paralelo, resulta indispensable retomar un marco de negociación nuclear y de seguridad regional que reduzca los incentivos de Teherán a utilizar el “arma del estrecho de Ormuz” como palanca política. Es posible y deseable: ya existió un acuerdo, el JCPOA (el pacto que limitaba el programa nuclear iraní, sometido a inspecciones internacionales, a cambio de aliviar la asfixia económica de las sanciones), que fue dinamitado políticamente, no por fracasos técnicos. Reconstruir ese espacio exigiría renuncias de todas las partes, pero el dividendo económico que supondría para la ciudadanía global sería inmenso.

Por último, aprovechemos un problema para mejorar. La crisis actual debería servir de catalizador para acelerar la transición energética, sobre todo en Europa. Cada euro invertido en reducir la dependencia de los hidrocarburos del Golfo es un euro invertido en soberanía económica y en resiliencia social. Seguir atados a las circunstancias geopolíticas que rodean un puñado de pasos o zonas estrechas clave para el transporte mundial, defendidos a golpe de fragata y misil, esa si es una verdadera utopía irresponsable.

Una lección incómoda

Para ir terminando este análisis. La guerra en Irán nos está dando una lección muy  incómoda, la de como la arquitectura actual de la seguridad internacional está diseñada para proteger la seguridad de las élites (sus rutas, sus beneficios, su capacidad de decisión) más que para la seguridad material de la mayoría. Cuando los líderes hablan de “defender nuestros intereses”, se refieren a los suyos, y pocas veces a la capacidad de los hogares para pagar la luz o llenar la nevera. Apostar por la desescalada no significa negar la complejidad del conflicto ni idealizar a ninguno de los actores implicados. Significa asumir que la verdadera línea divisoria no pasa entre países “amigos” y “enemigos”, sino entre quienes ganan dinero con cada escalada y quienes pagan la factura con su nivel de vida.

Si algo ha demostrado la historia reciente, es que los conflictos en torno a la energía siempre acaban socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Romper ese patrón exige cambiar las prioridades: menos geopolítica de “agallas o  testosterona”, más política económica pensada para quienes no nos sentamos en los consejos de administración, ni tenemos un teléfono rojo en la mesa.

La desescalada es, hoy lunes nueve de marzo de 2026 estas, mucho más que una opción moralmente deseable. Es la única salida económicamente sensata para las mayorías de todos los países del planeta.

El médico que no sabía quién manda

El señor Feijóo ha decidido escribirnos a los sanitarios. Qué detalle. Años gobernando comunidades y ahora se acuerda de nosotros, como quien manda un mensaje de cumpleaños a su primo al que lleva una década sin llamar.

En su carta nos cuenta que la sanidad está mal (gracias por avisarnos) y que la culpa la tiene el Gobierno central. Él, que gobierna en once comunidades autónomas con competencias sanitarias plenas, debe de pensar que el concepto de  “autonomía” es el de una palabra decorativa, o quizá un pecado.

Resulta enternecedor cómo olvida que son sus gobiernos los que deciden plantillas, presupuestos y conciertos con clínicas privadas. O cómo se le escapa que mientras pide más dinero para la sanidad, baja los impuestos, ese truco tan nuestro de cerrar el grifo y luego quejarse de que no sale agua.

Y todavía más enternecedor es ver cómo habla de fortalecer la sanidad pública después de trece años presidiendo Galicia, donde las protestas por los recortes aún resuenan en los pasillos de los centros de salud gallegos. La nostalgia de sus propias políticas debe de ser fuerte.

Pero no seamos injustos. Feijóo tiene razón en algo: la sanidad necesita atención urgente. Sobrecarga, precariedad, privatización, listas de espera… Un cuadro grave. Y como buen médico en campaña, ya ha recetado su tratamiento: una carta, con mucha firma y poca autocrítica.

Si de verdad quisiera curar el sistema, bastaría con mirar los presupuestos de sus gobiernos. Aunque claro, eso implicaría reconocer quién tiene el bisturí en la mano. Y en política, el primer paso para no arreglar nada es fingir que el enfermo no lo tengo yo, lo tiene otro.

Que tiemble el Estado.

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles: no porque la furia sea novedad, sino porque al fin se ve. La rabia siempre estuvo allí, debajo de los manteles planchados, detrás de las ventanas cerradas, en los huesos rotos que los partes médicos llamaban “accidente doméstico”. Lo que tiembla hoy no es la tierra: es el silencio que se agrieta.

A cada minuto, de cada semana, un reloj invisible marca el rapto de una amiga, el apagón de una hermana. Los informativos cuentan muertos como quien cuenta monedas, pero no dicen los nombres, no dicen las risas, no dicen los sueños que quedaron colgados en una percha, junto al vestido que no alcanzó a usarse. Hay cuerpos destrozados que el sistema administra como trámite, numerados en carpetas, archivados en metálicas gavetas sin sol. Hay madres que aprendieron geografía siguiendo fosas, que miden el país en kilómetros de búsqueda y litros de lágrimas. Los desaparecidos no desaparecen: los esconde el Estado, se los traga la costumbre.

En las avenidas, hoy las mujeres caminan juntas. Reforma ya no es solo una calle: es una garganta larguísima hecha de pancartas, consignas y pasos. Madrid suena a tambor y a consigna adolescente, Albacete se levanta con voces bajo la lluvia, España cava con las manos de las madres que ya no creen en promesas ni en peritajes. El mapa se dibuja desde abajo: un país de madres que escarban la tierra como si arrancaran raíces de la impunidad. Cada ciudad es una herida abierta; cada marcha, una costura imperfecta que intenta cerrarla. Cantamos sin miedo, dicen.

Pero el miedo no se va: se sienta en el borde de la cama, fuma a escondidas en el baño, mira el reloj cuando tarda una hija en volver. Lo que se rompe no es el miedo, sino su mandato. Ahora el miedo ya no ordena callar, ahora el miedo marcha también, temblando entre las piernas, pero marchando, agarrado del brazo de la rabia y de la ternura. En las plazas, el miedo aprende a cantar: “Nos queremos vivas”, y en ese coro se descubre menos solo. “Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo”, repite una chica con las manos manchadas de pintura morada.

La acusarán de violenta, de histérica, de loca, como si no fuera violencia el expediente extraviado, la denuncia archivada, la patrulla que nunca llega.

Se rompen vidrios que nunca protegieron a nadie, se incendian puertas que nunca se abrieron para escuchar. La ciudad, acostumbrada a la obediencia, se asusta de sus hijas cuando ven que ya no bajan la mirada. La escoba de la historia barrerá los vidrios; a las asesinadas no las devuelve nadie.

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

Trump, guerra y mentiras: así convierte el PP en un mitin de odio su acto del 8M

El PP ha celebrado un acto en el Congreso con motivo del 8M. No fue un acto feminista, sino una operación de propaganda cuidadosamente empaquetada. No se convocó para hablar ni de brecha salarial, ni de violencias, ni de cuidados o de derechos concretos de las mujeres, sino para legitimar una guerra sin mandato internacional, rehabilitar a Trump y utilizar el sufrimiento de las mujeres iraníes como munición política contra el Gobierno de España. Lo que debería haber sido una jornada institucional de consenso mínimo se transformó en un mitin en el que se acusó al presidente de estar “del lado de los asesinos” por negarse a ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La operación es tan transparente que ofende. El PP se apropia de la causa iraní y la encarna en la figura de Masih Alinejad para presentar el “no a la guerra” como complicidad con los verdugos. Álvarez de Toledo habla de “apaciguamiento” y “cobardía”, mientras Alinejad eleva a categoría de “liderazgo” los ataques ordenados por Donald Trump, como si la única forma de apoyar a las mujeres iraníes fuera aplaudir los bombardeos. En ese marco no hay espacio ni para el derecho internacional, ni para las sanciones, ni para la presión diplomática sostenida o para el apoyo real a la sociedad civil iraní. Solo queda la vieja lógica de: o estás con los misiles, o estás con los ayatolás.

Frente a esa caricatura moral, la posición del Gobierno español se intenta presentar como un capricho ideológico, cuando en realidad descansa sobre una línea roja jurídica y política: esa guerra no está amparada ni por la Carta de Naciones Unidas ni por los acuerdos que regulan el uso de Rota y Morón. Después de Irak 2003, negarse a poner territorio, logística y bases al servicio de una ofensiva sin cobertura legal no es cobardía, es la mínima coherencia con la lección aprendida a sangre y fuego. Se le puede reprochar al Ejecutivo falta de ambición diplomática, falta de apoyo más visible a las disidencias iraníes, pero convertir esa negativa en “estar al lado de los asesinos” es propaganda en estado puro.

El segundo eje del acto es aún más inquietante, porque es el secuestro del propio feminismo. Feijóo y los suyos se declaran portavoces del “feminismo de verdad” frente al supuesto “feminismo de salón” de los lazos morados y de las movilizaciones del 8M en España. Para apuntalar ese relato, contraponen las mujeres colgadas de grúas en Teherán a las mujeres que aquí llenan las calles para denunciar violencia machista, precariedad y brecha salarial, como si estas últimas fueran privilegiadas caprichosas que juegan a la revolución simbólica mientras otras se juegan la vida. El mensaje implícito es brutal: solo son feministas auténticas aquellas cuya tragedia sirve para justificar la agenda militar de Occidente; las demás son solo decorado.

La hipocresía alcanza niveles de caricatura cuando el referente de ese “feminismo de verdad” resulta ser Donald Trump. No se trata de un aliado incómodo en un tablero hoy complejo, sino de un dirigente que ha restaurado políticas antiabortistas entre las más restrictivas, ha retirado fondos a organizaciones de salud reproductiva y ha impulsado una ofensiva global contra el derecho al aborto que golpea sobre todo a las mujeres pobres, migrantes y racializadas. Presentar ese historial como compatible con la defensa de las mujeres iraníes no es un simple error de juicio: implica vaciar el feminismo de todo contenido material. Ya no hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de autonomía económica, de libertad y seguridad; hablamos solo de una etiqueta utilizable cuando toca golpear a la izquierda.

En paralelo, el PP mantiene y reivindica pactos con una extrema derecha que niega la violencia de género, demoniza la educación sexual, se opone a la igualdad LGTBI y ha convertido la “ideología de género” en su gran enemigo cultural. En nombre de un supuesto “borrado de las mujeres”, se ataca la ley trans y se alimenta una guerra interna dentro del propio feminismo, mientras se abrazan sin pudor actores internacionales que sueñan con devolver a las mujeres al hogar, al silencio y a la tutela religiosa. El doble rasero es tan evidente que solo puede sostenerse con ruido mediático y moralina patriótica.

Lo que vimos en la Sala Constitucional del Congreso no fue un homenaje al coraje de las mujeres de Irán, sino un episodio más de la guerra cultural de una derecha que ha decidido que todo puede ser un instrumento: los cuerpos, las guerras, los derechos humanos y también el 8 de marzo. El mensaje de fondo es sencillo y peligroso: solo es feminismo el que bendice la agenda militar de Washington, solo es paz la que se impone a golpes, solo es patriotismo el que se arrodilla ante Trump y llama traidor a quien se atreve a decirle no. 

Frente a esa impostura de la derecha, defender el “no a la guerra” y un feminismo que mire a Teherán sin dejar de mirar a Madrid, no es tibieza ni ingenuidad, es higiene democrática.

Para que quede claro clarinete.

La crisis de la guerra no golpea a todos por igual. Lo pasan peor los hogares con menos ingresos, las viviendas mal aisladas que necesitan más calefacción o aire acondicionado, quienes dependen del coche a diario y las familias con hipoteca variable.  La aguantan mejor quienes tienen más renta, casas eficientes y deuda controlada o a tipo fijo. Mientras tanto, algunas grandes empresas energéticas pueden ver crecer sus beneficios gracias a estos mismos precios altos.

Ante este panorama, la política pública no puede limitarse a observar cómo suben los termómetros del mercado. Hace falta proteger a los más vulnerables con ayudas específicas, evitar cortes a quienes no pueden pagar, impulsar de verdad la rehabilitación energética de viviendas y reforzar el transporte público allí donde el coche es hoy casi obligatorio. No se trata solo de explicar que la guerra en Irán afecta a nuestros bolsillos, sino de decidir cuánta protección queremos ofrecer a los hogares frente a una inestabilidad que, por desgracia, volverá a repetirse.

Y no son responsabilidad de nuestro gobierno estas subidas, sino de quien ha iniciado esta guerra y de quienes aquí le apoyan. Lo que sí es responsabilidad de  nuestro gobierno es poner en marcha ese escudo de protección social a quienes más lo necesitan.