MIGRANTES EN TRASTEROS

 Cuando el Estado externaliza o abandona su responsabilidad de garantizar derechos humanos básicos como la vivienda digna y el asilo, no se genera un vacío, sino un mercado desregulado de explotación. La extrema derecha presenta la migración como una "amenaza a la seguridad" para así deshumanizar a los migrantes; esa misma deshumanización es la que valida moralmente a rentistas locales para extraer plusvalías obscenas de la desesperación ajena.

Ceuta se puede convertir así en un micro-laboratorio del orden global actual: fronteras militarizadas para contener el libre tránsito de personas pobres, pero total libertad para que el capital local extorsione a quienes han quedado desprovistos de ciudadanía y derechos. No se trata solo de la codicia individual de unos cuantos propietarios de trasteros, sino de la violencia estructural de un sistema que antepone la propiedad y la ganancia a la dignidad y la vida. 

insulto a la inteligencia

 Es un insulto a la inteligencia pública plantear la crisis en Ceuta como un problema de "si el presidente está o no en la playa". Es una narrativa reaccionaria que no busca aportar soluciones, solo busca el espectáculo en las declaraciones, desviar la atención de las causas profundas que hay detrás de la situación en Ceuta y rentabilizar electoralmente el dolor y la desesperación humana.

La derecha pretende vender la idea de que un Estado democrático depende del cuerpo presente de un presidente para funcionar. Las instituciones, los ministerios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los equipos de emergencia operan bajo protocolos consolidados, no bajo el mando de un presidente feudal firmando decretos desde una tumbona o desde un despacho, que es como ellos conciben un gobierno.

Exigir que el presidente "haga algo" en Ceuta de forma inmediata suele ser un eufemismo para exigir medidas represivas, militarización o actuaciones de cara a la galería. La gestión seria de fronteras y de derechos humanos no se resuelve con fotos de urgencia ni con demagogia barata ante un micrófono.

Quienes hoy se rasgan las vestiduras por la inacción del Gobierno son los mismos que recortaron los servicios sociales, los mismos que bloquean la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto solidario de menores no acompañados entre comunidades autónomas, y los mismos que apoyan la austeridad que asfixia a las regiones periféricas.

La crisis de Ceuta no se genera en agosto, sino que es el resultado de décadas de políticas migratorias europeas fracasadas, basadas en pagar a regímenes autoritarios para que hagan de gendarmes, mientras se ignoran las desigualdades estructurales entre el Norte y el Sur.

Reducir la complejidad de la frontera sur, la geopolítica con Marruecos y los derechos humanos a un titular sensacionalista sobre las vacaciones de un jefe de Ejecutivo no es hacer oposición, es hacer antipolítica barata diseñada para alimentar el racismo institucional y la bronca mediática.

Claro que igual me equivoco, y lo que nos quieren decir es que cuando Feijoo sea presidente no se tomará vacaciones. Aunque para las idioteces que dice cada vez que abre la boca, mejor que se quede de vacaciones doce meses al año.

Presupuesto existe, voluntad parece que no

Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial. 

Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.

Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente, sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política. 

Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos. El otro lugar donde consultar es en el Portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas. Hay tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.

Si acudimos a la fuente oficial, los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disponibles en el enlace https://intervencion.castillalamancha.es/sites/default/files/Ejecucion%20Presupuestaria%20Julio_2026.pdf En la página 300 observamos un patrón recurrente. Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.

Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de "prudencia fiscal" ni de "eficiencia administrativa". Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial. 

Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.

El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud. 

Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.

La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.

La estrategia del fango: mercantilizar derechos humanos

Cuando los proyectos conservadores no son una alternativa sólida, siempre recurren al populismo de la impugnación. La estrategia consiste en convertir los dramas humanitarios en alarmismo social, sustituyendo la gestión rigurosa por un deliberado clima de pánico. La reciente crisis en Ceuta y el posterior despliegue discursivo del PP es una radiografía impecable de esta manera de hacer política.

Frente a una realidad migratoria que demanda responsabilidad de Estado y un  cumplimiento estricto del derecho internacional, los portavoces conservadores de los Santos, Tellado o Alma Ezcurra han apostado por la sustitución sistemática del análisis institucional por el uso de conceptos como «invasión» u «ocupación» buscando alterar la percepción pública mediante marcos conceptuales más propios de la extrema derecha que de un partido de derecha europea.

En su forma de actuar destacan tres mecanismos que erosionan la democracia: la desinformación deliberada y posverdad, contraviniendo los datos oficiales sobre la saturación hospitalaria o la seguridad ciudadana, desacreditadas por las propias instancias judiciales e institucionales, y a la vez, reactivando teorías de la conspiración sin sustento real para dinamitar la credibilidad de las instituciones públicas; la incongruencia competencial e insolidaridad territorial: Mientras el discurso oficial de la derecha exige firmeza al Gobierno central, las administraciones autonómicas lideradas por el PP eluden sus obligaciones legales en materia de acogida de menores no acompañados, buscando con ello una parálisis calculada en la corresponsabilidad territorial; la mercantilización de la agenda exterior, obviando los marcos de la diplomacia bilateral y del derecho internacional para buscar el rédito electoralista a corto plazo, copiando la dinámica de bloques reaccionarios internacionales aunque sea en detrimento del consenso institucional europeo.

Hay un desgaste profundo de la izquierda respecto al debate público. El recurso continuado a la hipérbole y el bulo no solo devalúa la deliberación democrática, sino que incentiva el desencanto ciudadano. Cuando la oposición renuncia al rigor para abrazar la táctica del fango, la democracia pierde porque ya no delibera.

La preservación del Estado social y democrático de derecho exige desmantelar esta marcha atrás. Gobernar no puede supeditarse a fabricar enemigos internos o externos, sino a la defensa absoluta de los derechos humanos y la lealtad institucional. Puede que tarde tiempo en ocurrir, pero esta actitud acabará pasando factura a la derecha. 

El misterioso enigma de la frontera con Marruecos

Hay acontecimientos en la historia de los países que reclaman la presencia de un comisario de policía (mejor miope) o de un cuñao, con tendencias a la fabulación, para ser comprendidos en su justa dimensión. La crisis de Ceuta, ese lugar de moda donde Europa empieza o se acaba según desde qué lado de la valla se mire, pertenece a esa distinguida categoría de comedia o drama diplomáticos que terminarán figurando en los libros de texto junto a las guerras del siglo XIX, aunque con bastante menos elegancia. 

El ciudadano biempensante, acostumbrado a que las catástrofes le lleguen a través de la caja tonta o televisión, y entre un anuncio de detergente y la previsión meteorológica, contempló la marejada humana sobre el espigón de Tarajal, unos  como un incidente más del destino otros como un descuido de las fuerzas del orden. 

Sin embargo, a poco que uno revisa los medios expertos en política internacional (materia que consiste en decir una cosa, pensar la contraria y hacer una tercera completamente absurda), a nadie se le debería escapar que aquí hay asuntos de mayor envergadura. Ahora anuncian un nuevo intento de llegada masiva para el sábado, mientras Marruecos y España refuerzan la frontera con medios y agentes. Veremos lo que acontece.

En algunos medios serios, se dice que los servicios de inteligencia de China afirman que en la frontera no solo soplaba el viento del Magreb. Asoman por allí las sombras del Mossad y de la CIA, organizaciones que hoy son, o debieran ser,  demonios familiares o la nueva Santa Inquisición contemporánea. Todo ello, por supuesto, en armonía y concordancia con los afanes del reino de Marruecos, que ha descubierto que la geopolítica moderna consiste en convertir la desesperación ajena en una herramienta de negociación económica. 

Desde una perspectiva que intente conservar la dignidad y cierta empatía por el género humano, virtud bastante escasa entre los ministros de exteriores, el asunto no es solo una anécdota fronteriza, sino un ensayo general de esa maniobra que los expertos han dado en llamar "guerra híbrida". Consiste el truco en utilizar a unos cuantos miles de infelices como si fueran peones de ajedrez, con la diferencia de que a los peones no se les exige luego que pidan asilo en la comisaría.

Que Washington y Tel Aviv contemplen las maniobras de nuestro @vecino del sur con benevolencia no debería extrañar a nadie que haya seguido con atención los Acuerdos de Abraham, ese apretón de manos donde la diplomacia estadounidense reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio de que Rabat mirase hacia otra parte en los asuntos del Próximo Oriente. Es el viejo arte del: yo te doy tu desierto, tú me guardas el patio trasero y, de paso, le enseñamos los dientes a la vieja Europa, que siempre anda despistada entre declaraciones de bienintencionada neutralidad.

Entretanto, Pekín observa el espectáculo con la tranquilidad de quien vende los prismáticos a los dos bandos. Al filtrar estas informaciones, los analistas del gigante asiático no pretenden salvaguardar la tranquilidad de los ceutíes, sino recordar al personal que el imperio americano anda necesitado de apoyos regionales y que la célebre "legalidad internacional" dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio. 

Así están las cosas. España, país dado a la improvisación y al heroísmo de última hora, descubre de pronto que es el escenario donde las grandes potencias miden sus fuerzas. Lo que no ha cambiado es que en la orilla del Mediterráneo la historia la siguen padeciendo los mismos de siempre: los que no tienen pasaporte, los que no leen los informes de inteligencia y los que solo buscan un lugar donde ganarse la vida. 

Esta situación no debe ser conocida en el PP, que culpa de todo a Sánchez. Ahora descubren la pólvora, y, en lugar de plantear la aplicación de medidas restrictivas o procedimientos de emergencia en situaciones de crisis en las fronteras, directamente solicitan que España suspenda el derecho de asilo de manera unilateral y generalizada, lo que el Gobierno no puede hacer ni según la legislación nacional ni según el derecho internacional y comunitario. Su único objetivo es desgastar al Gobierno, nunca ha sido atender al pueblo ceutí.

Por muy interna que quiera hacerse la lectura de lo sucedido, la crisis de Ceuta no es un hecho aislado, sino la manifestación local de un gran tablero de ajedrez geopolítico. Marruecos actúa como un sub-imperio regional respaldado por los intereses estratégicos de EE. UU. e Israel, instrumentalizando a la población migrante para erosionar la soberanía española e imponer su agenda en el Sahara Occidental. Aunque todo sea culpa de Sánchez, la irrupción de informes chinos evidencia cómo España y sus fronteras se han convertido en un terreno disputado en la nueva Guerra Fría multipolar. Aunque Feijoo no sea el presidente porque no quiere.

La guerra jurídica desmantela la democracia en España

La democracia muere cuando las reglas del juego dejan de ser neutrales y se convierten en el arma defensiva de quienes temen perder el poder. En la España actual, esa erosión no llega mediante tanques ni golpes de Estado al uso; llega con togas, puñetas y autos judiciales dictados en momentos sospechosamente coincidentes. Asistimos a la sustitución de la soberanía popular por el derecho penal: la judicialización de la política se ha consolidado como el mecanismo predilecto de la derecha social, mediática y política para maniatar cualquier intento progresista.

Cuando los conservadores no pueden ganar el debate de las ideas ni lograr mayorías parlamentarias estables, vemos como trasladan el centro de gravedad del Congreso de los Diputados hacia Plaza de Castilla o el Tribunal Supremo. El resultado es nefasto para las instituciones, pero devastador para la ciudadanía.

El esquema es predecible y funciona como una cadena de montaje perfectamente engrasada: portada en un periódico para crear sombra de sospecha; acusación popular (Manos Limpias o Hazte Oír); Apertura de diligencias tras apoyo mediático prolongado; desgaste reputacional mediante la pena de telediario; archivo de la causa años después tras varios recursos, cuando el daño es ya irreversible.

La perversión de la acusación popular es central en todo este engranaje. Se pensó para democratizar la justicia, pero hoy se utiliza de forma espuria por pseudo sindicatos o plataformas ultraderechistas para interponer querellas masivas en base a meros recortes de prensa, informaciones no contrastadas o directamente bulos. El objetivo real no es lograr una condena firme, técnicamente saben que la causa terminará en la nada, sino lograr el titular, la citación como "imputado" y la consiguiente muerte civil y política del objetivo.

Para que se entienda que no sufro una paranoia izquierdista, sino ante una manera de funcionamiento estructural, basta repasar la hemeroteca reciente. Empezando por el 'caso Neurona' y las decenas de causas contra Podemos prácticamente la totalidad de ellas terminaron archivadas tras años de estigmatización pública. El objetivo político, sin embargo, se cumplió: erosionar electoralmente a la formación y desmovilizar a su base electoral.

No menos llamativo es el de Victoria Rosell el caso de la magistrada y exdiputada que tuvo que dimitir tras una querella urdida con la connivencia del juez Alba, por el que Rosell fue apartada de la carrera política sobre la base de una auténtica fabricación de pruebas desde el propio aparato judicial. O el de Mónica Oltra imputada siendo vicepresidenta valenciana que provocó su dimisión forzada y supuso un golpe demoledor para el gobierno de progreso en la Comunidad Valenciana. Dos años después, la justicia archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito, pero el mapa político regional ya había cambiado de manos.

No se ha limitado solo a la izquierda del PSOE, sino que ahora lo vemos con el presidente del Gobierno, con querellas presentadas contra su entorno personal, Begoña Gómez, basándose en filtraciones periodísticas y titulares desmentidos, pero han mostrado cómo la acusación popular puede ser utilizada para condicionar directamente la gobernabilidad del Estado y tentar a la parálisis del Ejecutivo. Podría ser más extensa la lista de casos. 

Pero más allá de los nombres propios, las víctimas verdaderas de este secuestro judicial de la política son las clases trabajadoras y la mayoría social. Un gobierno amedrentado por la amenaza constante de la querella penal es un gobierno que se lo piensa dos veces antes de topar el precio del alquiler, subir impuestos a la banca o abordar la transición ecológica. Es el efecto desaliento que encoge la ambición de las políticas públicas.

Mientras las tertulias de televisión y los debates parlamentarios se convierten en monográficos sobre fases de instrucción y citaciones en los juzgados, hacen invisibles  las urgencias cotidianas, como el colapso de la sanidad pública, la precariedad laboral o el encarecimiento de la vida. Cuando la gente comprueba que las decisiones tomadas en las urnas pueden ser corregidas o bloqueadas por un poder que no ha sido electo, incluso atrincherados en órganos con mandatos caducados como ocurrió durante años en el CGPJ, la consecuencia inevitable es la desafección, el cinismo y el avance de la anti política. 

Si con todo lo anterior no nos damos cuenta de que la judicialización de la política es el antídoto de las élites contra la democracia. La izquierda no puede limitarse a denunciar el problema cuando le afecta en primera persona, sino que debe liderar una profunda democratización del Poder Judicial, que debe incluir la restricción del uso abusivo de la acusación popular y blindar la soberanía parlamentaria frente a quienes pretenden gobernar el país desde los tribunales.

El mito del «idiota» y los reaccionarios.

Es un consuelo pensar que el avance de las agendas reaccionarias, pueda ser resultado del azar, de la mera ignorancia o de una acumulación fortuita de decisiones erróneas. Es difícil pensar, que en este planeta quepa un idiota más de esos que arrojan las piedras sobre su propio tejado. Parecen demasiados, pero nunca se sabe, puesto que, en esta era digital, hasta podemos aspirar a ver tres eclipses en tres años. 

Pensarlo resulta tentador, pero como análisis político de lo que acontece es profundamente insuficiente y peligroso. Lo que a menudo etiquetamos como estupidez o irracionalidad no es más que la fachada pública de un proyecto de poder sumamente coherente, diseñado para reordenar el mapa geoestratégico global en favor del gran capital.

Debemos entender, que la irrupción y consolidación de la ultraderecha no es un fenómeno folclórico, sino la herramienta política ideal para una fase específica del capitalismo. Cuando las crisis estructurales (ecológicas, económicas y de legitimidad de las instituciones) amenazan sus ganancias, el poder corporativo y tecnológico siempre busca y encuentra vías de escape. La ultraderecha ofrece exactamente el marco institucional necesario para esa transición: la desarticulación del tejido comunitario, la erosión sistémica de los derechos sociales y laborales, y la neutralización de la protesta mediante la polarización cultural.

Este fenómeno se manifiesta con especial crudeza en la digitalización y la inteligencia artificial que no están funcionando como herramientas de democratización, sino como mecanismos de concentración de poder. Bajo la cobertura ideológica del libre mercado y la desregulación, unas cuantas corporaciones transnacionales operan con una soberanía superior a la de muchos Estados, moldeando la opinión pública y asegurando la infraestructura clave del siglo XXI.

A eso se añade la alianza de esa ultraderecha con los discursos antiecologistas lo que no es una postura ideológica inocente, sino una garantía de libertad total para la depredación del planeta. Reducir los estándares ambientales permite abaratar los costes de extracción de recursos estratégicos en un contexto de escasez global, privatizando los beneficios y socializando el colapso ecológico entre las mayorías sociales.

Atribuir este escenario a la incompetencia o a la "idiotez" política es caer en la trampa de la misma propaganda que se pretende combatir. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante su funcionamiento optimizado. La verdadera batalla política no se da entre la sensatez y la tontería, sino entre quienes buscan defender los bienes comunes y la dignidad social, y quienes utilizan este repliegue neofascista como blindaje para la acumulación de poder geoestratégico.