El retorno del palio

Domingo 19 de julio, el día después a que Feijoo afirmase que hoy todo el PP será de un único equipo, como si los demás solo fuésemos con Cabo Verde. 

En realidad, lo que Feijoo y sus tellados pretenden es hacernos viajar al pasado, porque solo unos antiguos, con mente antigua, pueden imaginar como fructífera aquella época convencidos de que cualquier tiempo pasado fue mejor. También lo piensan los ignorantes que han mutado el “que viene el coco”, por “el coco ya está aquí”.

No deja de ser curioso cómo se empeñan en asustar a niños y mayores, con los fantasmas del pasado. Cada vez que la derecha patria se pone estupenda y saca a pasear las esencias de la sacristía y del alcalde bajo palio, el personal progresista nos echamos las manos a la cabeza temiendo el regreso inmediato de la cartilla de racionamiento, el NO-DO y las señoras con mantilla obligatoria en los oficios de Jueves Santo. 

Pero, calma, señores. Eso no va a pasar, porque el capitalismo globalizado, que es el verdadero director de orquesta de nuestro tiempo, no permitiría semejante anacronismo; entre otras cosas, porque el aislamiento autosuficiente es malísimo para lo único que les importa: las acciones del Ibex 35 y el turismo de sol y playa. Ténganlo claro: no volverá 1940, básicamente porque la laca y el incienso ya no cotizan igual en bolsa que entonces.

Lo que se nos viene encima es algo mucho más sutil y, bastante más jodido y fastidioso: una democracia iliberal de corte estrictamente casticista. Un invento modernísimo que consiste en mantener las urnas relucientes, para que nadie pueda decir que somos unos bárbaros, mientras, por la puerta de atrás, nos van dejando sin derechos civiles. Es el triunfo de la forma sobre el fondo. No preocuparos que podremos votar cada cuatro años, faltaría más, pero entre votación y votación se desaconsejará vivamente el uso de la inteligencia crítica, esa molesta costumbre de algunos de hacerse preguntas. El pensamiento será único o no será, y el disidente no irá a la cárcel, que eso queda feo ante la Unión Europea, sino al rincón del ostracismo o al banquillo del lawfare, que es la forma elegante con la que hemos bautizado al garrotazo judicial de toda la vida.

El algoritmo que deberemos seguir es simple y genial, y consiste en sacralizar la desigualdad social de siempre, pero para que no se note mucho, antes la pasearan bajo el palio de un patriotismo de pulserita, pandereta y ginebra premium. Porque admitámoslo, ese es un tipo de patriotismo que ha logrado convencer a los cachorros de las buenas familias, y a no pocos desheredados, de que ir a los toros y llenar las iglesias es el sumun de la rebeldía juvenil. 

Las nuevas generaciones, con honrosas excepciones, han pasado de nuestra transgresión contracultural a una adaptación casposa de lo transgresor con filtros de Instagram. Piensa lo que ves, y te convencerás de que no es discutible que hoy se premia la mediocridad risueña y se persigue al intelectual, al cómico y al vecino que ose recordar cualquier perversión de las muchas que quieren reescribir del pasado. 

Decía García Lorca, pocos días antes de que la barbarie real lo sepultara, que había que dejar las azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para defender a los que recogen las azucenas. Hoy ese fango ya no viene en forma de botas militares, sino de desafección, de aburrimiento y de esa peligrosa tentación de quedarse en casa rumiando el rencor mientras los de siempre se reparten los entrantes, el plato principal y el postre. 

Estamos ante el costumbrismo reaccionario pero de diseño, frente al que no queda más remedio que sacudirse la pereza. El único antídoto real contra el veneno de este regreso al pasado, que ya se puede adquirir hasta en el hipermercado o en tu plataforma comercial favorita, sigue siendo el mismo de siempre: un poco de memoria, mucha movilización ideológica y el ejercicio testarudo, casi militante, del voto. 

Al fin y al cabo, si no votamos nosotros, tengan por seguro que ellos irán a las urnas como lo llevan haciendo toda esta democracia, con el traje de los domingos. Y si no pueden acudir, siempre habrá una monjita caritativa que empujará la silla de ruedas y le dará el sobre con la papeleta en mano para que no tenga que esforzarse.

Buen domingo y que ganemos el mundial, que con esta derecha el cielo ya lo tenemos garantizado. Estamos a punto de que hasta nos lo escrituren.  

Opinar desde la izquierda es un deporte de riesgo

La pregunta no es nueva, ¿Por qué todos los denunciados son personas con ideas progresistas? Si alguien conoce a algún tuitero o "tertuliano" que, por más ideas de odio que transmita o amenace de muerte a otros, haya sido llamado a declarar o se haya admitido a trámite una denuncia en su contra.

Uno intenta siempre hacer el análisis desde la lógica y huir de la víscera, pero cuando los datos, las notificaciones judiciales y el goteo constante de citaciones apuntan siempre en la misma dirección, ser objetivo obliga a señalar el elefante en la habitación: el debate público y el aparato judicial no son campos de juego neutrales.

Existe una asimetría flagrante en el castigo de la disidencia política. Mientras el activismo de izquierdas, el humor satírico y la crítica punzante a las instituciones (como la monarquía o la Iglesia) se persiguen como si hubiese vuelto la Inquisición o nunca se hubiese ido, un celo inquisitorial disfrazado de tipos penales ambiguos ("delitos de odio", "injurias a la Corona"), la extrema derecha goza de barra libre, una impunidad casi constitucional. ¿Por qué ocurre esto? porque la ley penal tiende a proteger el statu quo.

Cuando un tuitero o un tertuliano de derechas vierte discursos de odio contra inmigrantes, personas trans o militantes de izquierda, no está desafiando las estructuras de poder; las está apuntalando. Su violencia verbal es funcional al sistema porque desvía la atención de las élites hacia los eslabones más débiles de la sociedad. Por eso, para gran parte de la judicatura (que comparte un sesgo sociológico marcadamente conservador), esas salvajadas se amparan bajo el sagrado manto de la "libertad de expresión". Son leídas como meros excesos verbales o provocaciones aceptables en democracia.

En cambio, cuando la crítica viene desde el progresismo y cuestiona los pilares del régimen como la precariedad laboral, la corrupción institucional, el racismo sistémico, deja de ser vista como "opinión" y pasa a ser catalogada como una "amenaza al orden público". La maquinaria legal se activa entonces no para hacer justicia, sino para ejercer un efecto disuasorio: el llamado efecto desaliento. El objetivo no es solo condenar a un activista o a un cómico en concreto; es enviar un mensaje de advertencia a toda la base social: "Cuidado con lo que dices, porque el siguiente puedes ser tú".

Estamos contemplando una perversión absoluta del concepto original de los "delitos de odio", que nacieron para proteger a minorías vulnerables y colectivos históricamente oprimidos. Hoy, mediante una pirueta jurídica, absolutamente perversa, vemos cómo se utilizan para proteger a instituciones poderosas (cuerpos policiales, monarquías, partidos hegemónicos) frente a la crítica ciudadana.

La admisión a trámite sistemática de querellas ultra contra creadores de contenido o analistas de izquierdas, contrapuesta al archivo inmediato de las amenazas de muerte reales sufridas por militantes progresistas, demuestra que sufrimos una justicia de dos velocidades. Una que es quirúrgica y punitiva contra los avances sociales, y otra que es ciega, sorda y muda ante el fascismo cotidiano de los platós de televisión y las redes.

Se está minando la libertad de expresión, pero la de un solo lado del espectro político. Eso no es aplicar la ley; es utilizar el derecho penal como un arma de guerra política (lawfare). Y una democracia que solo permite ladrar a los perros del sistema mientras amordaza a quienes proponen transformarlo, empieza a parecerse a cualquier cosa menos a una democracia real. 

La insumisión constitucional del Poder judicial frente a la soberanía del Parlamento.

La sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía deja a la cúpula judicial española sin argumentos técnicos y retratada políticamente. Lo que la derecha judicial y política vendió como una vulneración flagrante del derecho europeo ha resultado ser, a ojos de Luxemburgo, una herramienta perfectamente legal dentro del ordenamiento comunitario.

Esto demuestra que la resistencia de los jueces no se debía a una escrupulosa defensa de la legalidad, sino a una militancia ideológica opuesta al Gobierno de coalición. El problema que tienen hoy es que el Supremo se ha quedado sin excusas.

Mantener el bloqueo a la aplicación total de la amnistía a partir de ahora ya no pueden disfrazarlo de "debate doctrinal"; ya entra directamente en el terreno de la insumisión constitucional frente a la soberanía del Parlamento.

La verdadera anomalía democrática en España no era la amnistía, sino la resistencia de un sector de la judicatura a aceptar las reglas del juego parlamentario. Una perfecta definición de Lawfare

El PP debe pedir disculpas tras el aval europeo a la amnistía

Al igual que las mentiras, en política, la hipérbole y el catastrofismo suelen tener las patas muy cortas, pero cuando choca de frente contra el muro de la realidad jurídica internacional, su desmoronamiento es absoluto. Durante meses, la derecha española, capitaneada por el PP, construyó un relato apocalíptico en torno a la Ley de Amnistía. Se nos repitió sin descanso que España se encaminaba hacia una dictadura autocrática, que se quebraba de forma irreversible el Estado de derecho y que las instituciones europeas intervendrían de urgencia para salvarnos de nosotros mismos.

Ayer el contundente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha hecho que ese artificioso andamiaje de desinformación, ruido y crispación se haya venido abajo de forma definitiva. Ante este escenario, no basta con el silencio táctico y el perfil bajo al que ahora recurre la calle Génova. El PP debe pedir disculpas públicas a la ciudadanía española por haber tensionado la convivencia democrática basándose en una gran falsedad política.

La estrategia de la oposición no se limitó al legítimo y necesario debate parlamentario. El PP optó por una estrategia de polarización extrema destinada a desgastar al Gobierno a cualquier precio, utilizando dos vías sumamente irresponsables. La primera ha sido la instrumentalización de la calle convocando movilizaciones masivas donde, bajo el amparo de la dirección de los populares, se normalizaron proclamas profundamente antidemocráticas. Además, se tildó de "ilegítimo" e "inconstitucional" a un Gobierno salido de la mayoría parlamentaria de las urnas. Y la segunda es la exportación del fango a Bruselas, en un ejercicio de temeridad internacional, porque hemos asistido a cómo los representantes del PP han maniobrado activamente en las instituciones comunitarias para dañar la imagen exterior de España, mendigando un castigo o una reprimenda europea que nunca ha llegado porque carecía de fundamento real.

La resolución del TJUE no solo desactiva las alarmas que el PP encendió de forma ficticia en Europa, sino que ratifica un principio elemental: la amnistía es una herramienta de resolución de conflictos perfectamente homologable en los marcos democráticos constitucionales occidentales. La justicia europea ha dejado claro que la norma española respeta escrupulosamente los estándares de la Unión, la separación de poderes y los principios de seguridad jurídica. De este modo, la hipótesis del "golpe de Estado institucional" queda desmontada por la máxima autoridad judicial comunitaria (que forma parte de la estructura de nuestro Estado de derecho, evidenciando que todo fue una gigantesca operación de agitación partidista.

En cualquier democracia europea que se considere madura, la asunción de responsabilidades es indispensable cuando se cruzan líneas rojas. Los líderes del PP deben disculparse ante los españoles por tres motivos fundamentales: Por fracturar conscientemente la convivencia al haber sembrado el miedo a una supuesta ruptura nacional basándose en premisas falsas, lo que ha dejado cicatrices innecesarias en el tejido social; Por minar la confianza en las instituciones del Estado al haber deslegitimado diariamente al Poder Legislativo, al Tribunal Constitucional y a los órganos del Estado, con lo que se han debilitado de forma alarmante los cimientos del sistema democrático; Por su profunda deslealtad al país, al dar prioridad al rédito electoral inmediato por encima del prestigio internacional de España, con lo que el PP ha  demostrado una absoluta carencia de sentido de Estado.

Por mucho que hayan intentado convencernos de que era así, la amnistía nunca buscó destruir la democracia, sino coser, a través de los canales políticos del perdón y la negociación, el grave conflicto territorial heredado de la crisis de 2017. Ahora que la justicia europea ha hablado, es el momento de que el PP abandone la trinchera del ruido, asuma su error de cálculo y pida perdón por haber sometido a la sociedad española a una intolerable campaña de crispación injustificada. Aunque viendo lo que entienden el concepto de “partido de Estado” estoy seguro que no lo harán. 

¿Para cuando tendrán previsto imputar a Pedro Sánchez?

 El caso de Begoña Gómez es el síntoma de un mal mayor: un sistema que tolera que se persiga por tierra, mar y aire a los entornos familiares de los líderes de izquierda mientras se cubre con un manto de impunidad y prescripción los escándalos de la derecha madrileña.

El bloque reaccionario ha decidido que si no puede gobernar mediante los votos, gobernará mediante las togas. Frente a un poder judicial que se comporta como un partido político de oposición, la izquierda no puede seguir respondiendo con timidez o con la estrategia de "resistir". Es hora de pasar a la ofensiva democrática. O democratizamos el Estado profundo, o el Estado profundo acabará por completo con nuestra democracia.

La guerra jurídica es estéril sin su brazo mediático. El jurado popular que juzgará este caso lleva dos años siendo "educado" por portadas difamatorias y tertulias incendiarias. La militancia de izquierda debe exigir con firmeza una Ley de Medios y de Publicidad Institucional que ahogue la financiación pública de los pseudomedios que esparcen bulos y que garantice el derecho constitucional a recibir información veraz.

¿Para cuando tendrán previsto imputar a Pedro Sánchez?

La soledad de don Emiliano

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos. 

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo, se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Cataluña ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza, ante lo que nos dibujaron la derecha y don Emiliano como los peores temores para la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Diez apreciaciones sobre la sentencia condenatoria a David Sánchez :

 Diez apreciaciones sobre la sentencia condenatoria a David Sánchez :

1. Una jurisdicción penal incompetente 

La creación, modificación o amortización de puestos en la función pública es una decisión puramente administrativa. Por tanto, cualquier irregularidad debería dirimirse en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo la vía penal incompetente para juzgar estos hechos al ser de origen técnico-administrativo.

2. Imposibilidad jurídica de cometer prevaricación

El delito de prevaricación solo lo pueden cometer funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones al realizar un acto administrativo. Resulta jurídicamente imposible que una persona que aún no ha sido contratada o que carece de firma para dictar resoluciones administrativas cometa o sea responsable directa de este delito.

3. Ha mutado la acusación 

El tribunal ha exonerado a David Sánchez de los cargos originales por los que se le investigaba para acabar condenándolo por otros distintos. Esto es una búsqueda activa de culpabilidad, adaptando el tipo penal de forma creativa solo para forzar una condena que ya parecía predeterminada.

4. Omisión de testimonios favorables

La defensa presentó testigos directos que declararon a favor de la legalidad del proceso y del desempeño del acusado. El tribunal ha decidido restarles credibilidad, mientras que otorgó total veracidad al testimonio de una opositora que no obtuvo la plaza y que ni siquiera impugnó el proceso administrativo en su momento.

5. Dependencia absoluta de informes externos sesgados

La argumentación de la sentencia se sostiene fundamentalmente en relatos e informes externos (como los de la UCO o el denominado "informe Balas") en lugar de en pruebas judiciales objetivas y directas. El tribunal asume valoraciones de peritos policiales sobre empleo público como si fueran verdades jurídicas absolutas.

6. Contradicciones internas y falta de rigor 

La sentencia, es farragosa y excesivamente extensa, carece de solidez jurídica y está llena de incoherencias narrativas que evidencian una falta de rigor profesional por parte de los magistrados firmantes.

7. Agravio comparativo con otros casos de influencia judicial

Existe una evidente doble vara de medir en la justicia española, como el cambio de plaza de la hija del magistrado Manuel Marchena que no tuvieron ningún tipo de recorrido penal ni consecuencias judiciales reales.

8. Justicia para el desgaste político 

La causa no responde a la persecución de un delito real, sino a una estrategia de acoso político indirecto contra el Presidente del Gobierno. David Sánchez habría sido condenado únicamente por su parentesco familiar, actuando los jueces como ariete de partidos de oposición.

9. Absurdidad de la acusación

Teniendo en cuenta la alta cualificación internacional y el currículum académico y artístico de David Sánchez en prestigiosas escuelas de música del mundo, resulta absurdo sostener que necesitara corromper la administración para acceder a un puesto de trabajo en Extremadura, donde de hecho perdía prestigio y poder adquisitivo.

10. Sentencia inquisitorial 

El tribunal ha sustituido el principio constitucional de presunción de inocencia por el de sospecha ideológica. Ante la ausencia de pruebas directas de delito, el fallo judicial se sostiene sobre "un relato de intenciones construido con fragmentos sueltos" y prejuicios políticos.