Hay formas y hay fondos. Y luego está lo que hemos visto esta mañana en el Congreso: una tragedia ferroviaria con 47 muertos convertida en atrezzo para una escena de campaña electoral permanente, donde a las víctimas se las invoca mucho y se las escucha poco o nada.
Sánchez llegó a la Cámara con el guion clásico de la gestión institucional del desastre: rigor, investigación, justicia, “se hará justicia”, “se investigará con rigor”, “se tomarán las medidas necesarias”, ayudas, acompañamiento a las familias. Es el manual: transparencia prometida, técnicos por delante, jueces trabajando, anuncio de reformas en seguridad. Nada especialmente épico, nada que vaya a abrir informativos por la brillantez del discurso, pero al menos un discurso reconocible del Estado ante la tragedia.
Feijóo, en cambio, vino a otra cosa. Denuncia un “cajón desastre” y un “mezclarlo todo”, pero, lo cierto, es que ha sido él quien ha convertido Adamuz en un cajón donde cabía todo: Rodalies, apagones, DANA, Falcon, narcisismo, corrupción, España al borde del colapso. Donde se le pedía control parlamentario y rendición de cuentas, él ha ofrecido un auto de acusación en versión mitin: no un examen de qué falló en la vía, en los protocolos, en la seguridad, sino una enmienda a la totalidad del Gobierno. No parece propio ni serio en alguien que no gobierna porque no quiere, pero aspira a gobernar.
La secuencia que lanza es impecable desde el punto de vista del marketing: uno “negligencia”, dos “accidente evitable”, tres “47 muertos”, cuatro “su Gobierno se sentará en el banquillo”. Una línea recta, sin matices, sin condicionales, en la que borra de un plumazo eso tan incómodo que se llama “investigación abierta”: CIAF, Guardia Civil, juzgado de Montoro. Si los informes hablan de vías fracturadas, fallos de infraestructura, cadena de causas en análisis, peor para esos informes, porque la frase “accidente evitable” suena mucho mejor en los titulares. La verdad no importa.
La talla política de un parlamentario se mide precisamente ahí: en la capacidad de poner freno donde la tragedia invita a pisar el acelerador. Y Feijóo ha hecho justo lo contrario: ha pisado a fondo. Ha adelantado el veredicto penal (“su Gobierno se sentará en el banquillo”) desde el escaño, sin esperar a que lo formulen los tribunales. Ha convertido la categoría de “negligencia” en un adjetivo de combate, no en una hipótesis que se somete a prueba en informes técnicos y resoluciones judiciales.
En esa operación, las víctimas ocupan un lugar central… pero no el que merecen. Se las invoca como escudo y ariete: “no respetan a los muertos”, repite, levantando una frontera moral infranqueable entre ellos que serían los indignados de bien, y el Gobierno a quien considera unos cínicos sin entrañas. Cuanto más se repite la palabra “víctimas”, menos espacio se deja para una sencilla pregunta: ¿qué política pública de seguridad ferroviaria propone exactamente esta oposición que hoy se envuelve en su memoria?
Porque ahí está el vacío: mucho dolor prestado e impostado, pero poca propuesta propia. Se denuncia que las medidas anunciadas llegan tarde, que las limitaciones de velocidad se multiplican después y no antes, que la vigilancia y las inversiones son tardías. Pero no aporta un modelo alternativo, un plan concreto, una hoja de ruta que permita decir: “si hubiéramos gobernado nosotros, estas serían las decisiones técnicas, este el calendario, estas las prioridades”.
En lugar de eso, Feijóo ofrece algo que le resulta mucho más cómodo: el relato de un Gobierno que “sabía”, “fue avisado”, “miró para otro lado”, y al que ahora solo le quedaría el banquillo. No es casualidad, sino parte de la lógica de una oposición que ha decidido que cada crisis debe resolverse con las mismas dos palabras mágicas, dimisión y cárcel, aunque el trabajo de los peritos y los jueces vaya por delante o por detrás. Una lógica que confunde el Parlamento con un plató de televisión y la comparecencia con un tráiler de lo que será la próxima campaña electoral.
La falta de talla política se ve también en la forma en que se desdibujan las fronteras entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Pedir explicaciones políticas por los fallos en la red ferroviaria es no solo legítimo, sino necesario; preguntar por las inversiones, por la gestión de las alertas, por la priorización de obras, es exactamente lo que debería hacer una oposición seria. Pero saltar directamente a la promesa de “banquillo” antes de que se cierren las diligencias no es control al Gobierno sino usar la expectativa de castigo penal como combustible de la indignación partidista que desde que llegó a la presidencia de su partido promueve .
Y, de nuevo, las víctimas en medio. No como sujetos de derecho que exigen verdad, justicia y reparación, sino como recurso retórico que se activa a voluntad: se les cita, se les tutela, se habla en su nombre, se decide qué les ofende y quién las respeta. Es una forma de apropiación de la tragedia, que ya no pertenece a quienes la sufrieron y a quienes la investigan, sino al relato de su partido que grita más fuerte que ninguno en el hemiciclo.
Adamuz merecía otra cosa. Merecía que la comparecencia sirviera para algo más que para fijar etiquetas (“Gobierno negligente”, “accidente evitable”) en su pizarra partidista. Merecía que el debate se centrara en cómo se refuerza la seguridad, qué inversión falta, qué errores arrastramos de décadas de infrafinanciación, cómo se reorganizan Adif y Renfe para que la palabra “evitable” no vuelva a aparecer fuera de un informe técnico y con carácter preventivo.
En vez de eso, hemos visto a un líder de la oposición que se mueve con soltura en el agravio y la imputación moral, pero que se queda muy corto cuando hay que entrar en el fango aburrido de la política pública. Mucha épica de “47 muertos”, y poca letra pequeña sobre cómo evitar el 48.
Al final, lo que deja al descubierto esta comparecencia no es solo la estrategia del PP, sino un modo de hacer política que lleva tiempo instalándose: cuanto más complejo es el problema, más sencillo debe ser el culpable; cuanto más dolor hay, menos espacio para la duda, el matiz, la espera a los informes. Y en esa simplificación brutal, las víctimas dejan de ser un límite ético para convertirse en materia prima de la guerra partidista.