La cultura de la dimisión en España y el doble rasero

La exigencia de responsabilidades políticas debería constituir uno de los pilares fundamentales de la salud democrática. Sin embargo, en el tablero político español, la dimisión rara vez responde a un ejercicio de ética pública; se mueve, por el contrario, entre la estética y el más puro oportunismo partidista. La derecha de este país solo entiende la asunción de culpas como un arma arrojadiza contra el adversario, jamás como un compromiso ético con la ciudadanía.

Solo puede calificarse como profunda desvergüenza política, contemplar cómo quienes hoy braman exigiendo dimisiones fulminantes son los mismos que han normalizado el aferrarse al poder a toda costa ante catástrofes y escándalos de magnitud insostenible. El ejemplo más cercano lo encontramos en la gestión de la DANA y la figura de Carlos Mazón, cuya tardía e insufrible permanencia en el cargo, sostenida penosamente durante más de un año y cinco días con el beneplácito del aparato de Génova y el señor Feijóo, evidenció la absoluta indigencia moral de una derecha incapaz de asumir costes políticos por una negligencia flagrante. 

La amnesia interesada de los conservadores viene de lejos. ¿Acaso la geografía del dolor y la impunidad en España no está jalonada por hitos trágicos donde la dimisión brilló por su ausencia? El Yak-42 (2003) con 62 militares muertos y una cúpula de Defensa liderada por Federico Trillo que demostró un desprecio absoluto incluso en la repatriación de los cuerpos; el accidente de Metrovalencia (2006) con 43 muertes y 47 heridos bajo el mandato de Francisco Camps y Rita Barberá, convertidos en símbolos de la opacidad institucional; la crisis del Prestige (2002) y la trama Gürtel-Bárcenas, un Mariano Rajoy instalado en la mentira institucionalizada y en el "hacer como si nada pasara" mientras el país sufría las consecuencias de la corrupción sistémica. 

Entonces ¿las dimisiones en este país se dan por ética o por estética? Aplicar el "consejos vendo que para mí no tengo" se ha convertido en la seña de identidad ideológica del bloque conservador. La exigencia de responsabilidades no busca reparar el daño institucional, sino desgastar al adversario, especialmente cuando las coyunturas electorales actúan como catalizadores de una oposición que ve en cualquier crisis una oportunidad para desestabilizar al Gobierno. 

La derecha jamás ha reconocido su responsabilidad en los episodios más oscuros de nuestra historia, desde el millón aproximado de víctimas de la Guerra Civil hasta las violencias de la dictadura y sus herencias soterradas. Exigir dimisiones en pleno ciclo electoral sin un ápice de autocrítica propia no es regeneración democrática; es estrategia de demolición. Frente al ruido ensordecedor de quienes convierten la tragedia en mercancía electoral, la respuesta debe seguir siendo la defensa de la cosa pública, la asunción transparente de la gestión y la profundización de una cultura donde la ética y la rendición de cuentas no dependan de quién gobierne, sino de la dignidad de las instituciones, algo que no es negociable. 

Lo público no se defiende con retórica

La tragedia ferroviaria de Urda llega apenas nueve meses después del trágico antecedente de Adamuz, pero esta tiene más repercusión social. Representa mucho más que un seísmo electoral a escasas semanas de las elecciones generales al constituir e una grieta profunda en la línea de flotación de la izquierda: la fe de la ciudadanía en la seguridad, eficacia y excelencia de lo público. Cuando se pierde el pulso con la realidad cotidiana de las clases populares, las consecuencias nunca son inocuas.

Durante años, la narrativa del Gobierno se ha apoyado en una dicotomía tan: la contraposición entre un modelo que cuida los servicios esenciales y otro que los privatiza o desmantela. Sin embargo, dos grandes colisiones en la red de alta velocidad en un solo año desarticulan ese relato ideológico si este no va acompañado de una gestión impecable, una inversión transparente y una rendición de cuentas tajante. La izquierda no puede limitarse a enarbolar la bandera de lo público, tiene que sostenerlo, auditarlo y blindarlo de todo fallo estructural. La seguridad de la infraestructura estratégica del país no es un debate abstracto sobre modelos de sociedad: es la garantía básica de protección que el Estado debe ofrecer a la mayoría social.

Frente a este escenario de conmoción y desconfianza, el riesgo real para las opciones de revalidar el gobierno no radica en la fuga masiva de votantes al bloque conservador, sino en la desafección de sus bases. El desánimo, la decepción y la desconexión emocional de la ciudadanía que confió en un modelo de protección pública amenazan con traducirse en abstención. El voto de izquierda es eminentemente exigente con sus propias siglas; no tolera lo táctico ni la política de atrincherarse cuando hay vidas humanas de por medio.

¿Qué hacer? La respuesta de un Gobierno de la izquierda no puede ser la de apelar a la conspiración del rival, agitar el miedo a las extremas derechas o parapetarse en tecnicismos del centro de control. Para frenar esta deriva y reconstruir el compromiso con el electorado, en mi opinión, el gobierno debe adoptar con urgencia un giro de 180 grados fundamentado en medidas que cada día que pasa son más inaplazables:

1. El martes en la comparecencia en la Diputación Permanente anunciar una revisión externa del estado de la infraestructura y el sistema de señalización por parte de organismos internacionales neutrales, acompañada de un Real Decreto-Ley de créditos extraordinarios para la seguridad ferroviaria. Lo público se defiende con recursos, personal cualificado e inspecciones rigurosas. Demostraría no temer a la verdad y reforzar su convencimiento en lo hasta ahora expuesto. Ahora la ciudadanía no demanda agitación partidista; exige sentido de Estado, rigor institucional, humildad y un acompañamiento auténtico a los afectados.

2. El Gobierno debe crear una mesa sentando en ella a las organizaciones sindicales, a los colectivos de maquinistas y al personal técnico de Adif y Renfe para trazar un mapa de necesidades reales del sector. Restablecer la confianza implica escuchar y respaldar a los trabajadores que sostienen el servicio día a día, en lugar de diluir responsabilidades en la cadena de mando.

3. En el siguiente Consejo de ministros sería el momento ideal, una vez adoptadas las anteriores decisiones, de la asunción de responsabilidades políticas a través de su dimisión no por una concesión a la oposición, sino en un acto de higiene democrática y respeto a la sociedad que dignifica la cultura de gobierno progresista. Para empezar Puente ha dado la cara en todo momento, lo que le honra, pero por motivos menores ya presentaron su dimisión Máximo Huertas o Carmen Montón. La permanencia de Óscar Puente se ha convertido en un tapón mediático e institucional que impide centrar el debate en el dolor de las víctimas y las soluciones. Eso marcaría una diferencia sustancial con el PP de Angrois, Yak 42 o la DANA, entre otros, donde sus ministros permanecieron aferrados al asiento sin importar las victimas aunque no se las quitasen de la boca.

La izquierda se juega en este trance algo mucho más trascendente que unos escaños en el Congreso de los Diputados. Se juega demostrar que el Estado del Bienestar no es solo un eslogan movilizador, sino un engranaje capaz de examinarse a sí mismo, corregir sus fallos con contundencia y ofrecer garantías reales de seguridad. 

Solo desde la verdad, la asunción de errores y la acción gubernamental valiente se podrá evitar que la sombra de Urda se convierta en una factura definitiva que le pase al gobierno su posible electorado. 

Sábado tarde; de gloria y miserias

Hay días en los que uno contempla el panorama nacional con la misma estupefacción que debió sentir el arqueólogo que descubrió la tumba de un faraón, solo que aquí, en lugar de oro y abalorios, lo que desenterramos cada día que amanece es un desconcierto monumental. Somos un país capaz de lo mejor y más sublime y del mayor esperpénto con apenas unos minutos de diferencia.

Por un lado, somos campeones de generosidad. Si a uno le falla un órgano clave para seguir viviendo, aquí se la trasplanta con la naturalidad del que lleva el coche al taller, con la diferencia de que el cirujano-mecánico no le pasa una factura astronómica ni le exige vender el piso. Es un milagro cívico, un prodigio de solidaridad que brota de esa pasta especial de la que a veces estamos hechos los que habitamos esta península. Somos los primeros del mundo en altruismo médico, oiga. Un orgullo que debería bastar para flotar sobre una nube de bienestar cada mañana.

Pero no. Tan pronto encendemos la televisión, nos asomamos al abismo de la política patria, ese barrio con ínfulas de tragedia griega. Llegan las elecciones y se desata la jauría. Hay formaciones que, con la misma finura y elegancia que demostraron en su día con la tragedia del terrorismo, han convertido el dolor ajeno en el lema de su pancarta electoral. No proponen nada; qué va; para qué. Proponer exige pensar, redactar párrafos con sujeto y predicado, y eso cansa. Es mucho más sencillo y vistoso dedicarse a demoler cualquier atisbo de concordia, sin importarles si su sutileza es la de un elefante en una cacharrería.

Me refiero, claro está, a esa derecha y ultraderecha que han hecho del insulto matutino su divisa grana y oro oficial. Uno mira a los países vecinos y comprueba con envidia que la derecha civilizada propone cosas, discute de impuestos o de infraestructuras, y discrepa sin necesidad de invocar las siete plagas de Egipto. Aquí no. Aquí la descalificación es continua y perpetua, el bulo corre más que los galgos y el programa político se reduce a un catálogo de recortes y penitencias, eso sí, siempre para el prójimo.

Claro que, pensándolo bien, tal vez ya no debamos extrañarnos. Ciertas inercias tienen raíces profundas y muy ramificadas. Aquel venerable Tribunal de Orden Público que repartía disgustos en blanco y negro durante la dictadura no se evaporó con la llegada de la democracia; digamos que sufrió una metamorfosis y se instaló en el Supremo como quien hereda el sillón de la abuela. Y así andamos, driblando entre milagros médicos y cabreos tabernarios, intentando no perder la salud en el empeño de sobrevivir a nuestros representantes.

Ética de la responsabilidad compartida

Vivir en el seno de un país desarrollado nos otorga estándares de bienestar, pero a menudo nos sumerge en una peligrosa ilusión: la creencia de que el riesgo cero es un derecho adquirido y que el error o la tragedia son siempre imputables a la malicia deliberada del adversario político. Sin embargo, una mirada sensata nos obliga a despojarnos de las anteojeras partidistas para reencontrarnos con la fragilidad de nuestra condición humana. 

A lo largo de nuestra historia reciente, el dolor ha golpeado en diferentes catástrofes y accidentes dolorosos, desde el Yak 42 o el descarrilamiento en Santiago de Compostela, el metro de Valencia o los estragos de una DANA. La vulnerabilidad habita en las costuras de cualquier sociedad avanzada. Pretender que la fatalidad no existe, o instrumentalizar el dolor ajeno para demoler al rival político no solo envilece el debate público, sino que desatiende lo realmente esencial: el cuidado de la vida humana. 

Necesitamos una política adulta guiada por la altura de miras, que es la que los ciudadanos merecemos. Un ejercicio de madurez colectiva en el que la oposición y el Gobierno fueran capaces de remar en una misma dirección ante la desgracia, y donde la autocrítica no se perciba como una debilidad, sino como una virtud democrática. Resultaría tranquilizador escuchar a líderes como Feijóo reconocer las insuficiencias presupuestarias en el mantenimiento de infraestructuras durante sus propios mandatos, al igual que cabría exigir al Ejecutivo actual un análisis sincero sobre la priorización del crecimiento en kilómetros frente a la inversión preventiva en seguridad y mantenimiento. La política debería ser el arte de prevenir el sufrimiento y gestionar con sensatez los recursos limitados, no un ring permanente de acusaciones infundadas. 

La democracia exige también un riguroso respeto por los cauces de la justicia y la verdad institucional. Quien acuse, que aporte pruebas ante los tribunales; de lo contrario, la difamación sin sustento erosiona los cimientos de la convivencia. Del mismo modo, ante cualquier accidente o crisis, los organismos de investigación y la justicia deben actuar con total transparencia para que las explicaciones pertinentes salgan a la luz. La confianza en nuestras instituciones solo se puede sustentar en la certeza de que no existen ocultamientos ni maniobras oscuras, sino un compromiso firme con la verdad y la rendición de cuentas. 

Nos urge replantearnos qué país queremos ser y cómo podemos lograrlo. No podemos permitirnos seguir atrapados en una polarización estéril ni un minuto más. Es momento de recuperar la cordura, priorizar el bien común por encima del cálculo electoral y edificar una democracia donde la ética del cuidado y la verdad restituyan la confianza ciudadana. 

Asumir el cargo es asumir el coste

El ministro de Transportes ha solicitado comparecer este jueves a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda. Además, mañana volverá a ofrecer una rueda de prensa “para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario”. 

Existen momentos en la vida pública en los que el cálculo táctico y la lógica mediática deben rendirse ante la gravedad de los hechos. Si la política progresista pretende seguir exigiendo el esfuerzo fiscal de la ciudadanía para sostener nuestras infraestructuras e instituciones, debe ser implacable en el nivel de exigencia hacia quienes las dirigen. 

La tragedia de Urda ha conmocionado las entrañas del país, dejando una cicatriz colectiva que no se borrará con excusas ni con circunloquios técnicos. Tras la primera y obligada fase de urgencia, donde la función del Ministerio de Transportes consistía en volcar todos los recursos disponibles para socorrer a las víctimas y coordinar a los equipos de emergencia, se abre paso la ineludible hora de la política con mayúsculas: la hora de las responsabilidades.

Desde una visión comprometida con la defensa de las instituciones públicas, sostener que la responsabilidad política acaba en la atribución de fallos humanos a los eslabones del sistema o a errores técnicos fortuitos acaba convirtiéndose en un error, y mayor en este ambiente de polarización en que vivimos. Un Estado fuerte no está para utilizarse como escudo protector de sus altos cargos, como siempre ha hecho y hace la derecha, sino para garantizar la seguridad, el bienestar y la dignidad de la mayoría social. Por ello, cuando el Estado falla en un pilar tan fundamental como para nuestro país es la alta velocidad, la cúspide del departamento afectado debe ser la primera en encarnar la rendición de cuentas.

La dimisión voluntaria y meditada del ministro de Transportes, una vez garantizada la gestión inmediata de la emergencia y puestas a disposición judicial todas las evidencias, no representa una claudicación. Al contrario: es el acto de mayor dignidad institucional disponible, porque no somos iguales a la derecha, aunque sea algo a lo que, por desgracia, no estamos acostumbrados. En la tradición democrática, la responsabilidad ministerial no requiere de una imputación penal ni de una negligencia directa personal; requiere la valentía de reconocer que bajo la propia tutela ha ocurrido una catástrofe inaceptable e inasumible.

Dimitir en estas circunstancias cumple una triple función ética y estratégica. En primer lugar, coloca el respeto a las víctimas y a sus familias por encima de cualquier carrera política. En segundo lugar, quita presión a la crisis, retirando el foco de la disputa partidista diaria y permitiendo que las comisiones técnicas y la justicia trabajen con la ecuanimidad necesaria. Y, en tercer lugar, y quizá lo más decisivo para el futuro del proyecto colectivo, la renuncia protege al propio concepto de lo público. 

Lejos de ser una admisión de culpa personal o un reconocimiento de dolo, dar un paso al lado y presentar la dimisión debe entenderse como la máxima expresión de la responsabilidad política. En una democracia madura, un ministro no renuncia porque sea el autor material de la catástrofe, sino porque asume el deber ineludible de que la institución a su cargo responda ante la ciudadanía, separando el dolor de las familias y la búsqueda de la verdad de cualquier sombra de aferrarse al poder.

Permitir que la sospecha de aferramiento al cargo o el cruce de acusaciones, empañen la labor de los miles de profesionales que día a día hacen funcionar el país, es un lujo que la democracia no se puede permitir. La lealtad al servicio público no se demuestra resistiendo en el puesto a toda costa, sino sabiendo cuándo la propia retirada es el único camino para devolver la confianza a los ciudadanos en un proyecto. 

Urda, dolor y uso político de la tragedia

Nos encontramos inmersos en los prolegómenos de un ciclo electoral donde los canales de información rápida y las redes sociales rebosan de demagogia, ruido e intoxicación interesada. A pesar de que muchos ya acuden con un argumentario preformado y un veredicto ideológico sobre el estado y el funcionamiento del modelo de alta velocidad en España, hoy nuestra prioridad política y humana debe estar, ineludiblemente, con las personas que han perdido la vida en el trágico accidente ferroviario de Urda, y con el dolor inconsolable de sus familias. 

Pretender conocer las causas complejas de un siniestro de esta magnitud y señalar culpables en cuestión de horas no solo responde a un ejercicio de irresponsabilidad, sino a una falta absoluta de respeto hacia las víctimas. Conviene atenernos estrictamente a los hechos constatados hasta el momento: el sistema automático de seguridad se detuvo por una incidencia informática de carácter técnico; posteriormente, se impartió la orden de reanudación manual para el convoy del AVE, pero esta instrucción no se aplicó al tren de Iryo; y durante unos críticos 17 minutos, ni el centro de control de Atocha ni los propios trenes advirtieron el inminente riesgo de colisión, mientras los mecanismos de frenado automático fallaban en su cometido. 

A la espera de la luz que arrojen las investigaciones técnicas independientes, lo que evidencia este episodio es una preocupante falta de coordinación y control en los puestos de mando. Resulta incomprensible cómo se da luz verde a la marcha normal de un tren cuando hay otro convoy detenido en la vía, o cómo se atiende una situación de emergencia sin una respuesta rápida y coordinada. Negligencia, fallos sistémicos o fallas humanas: lo cierto es que hay familias destrozadas y un saldo doloroso de víctimas que exige la máxima claridad. 

Si analizamos el desglose de las llamadas e interacciones en la mañana de los hechos, el margen operativo resulta alarmante: Primera fase (8:31 - 8:36): Se produce la comunicación inicial entre el centro de control de Atocha y el AVE, ordenando reanudar la marcha tras una incidencia en el sistema automático de seguridad; Segunda fase (8:41): La maquinista del Iryo contacta con Atocha para avisar de que se encuentra detenida en Urda —a 20 kilómetros de donde se desplaza el AVE—, recibiendo la instrucción genérica de reiniciar los sistemas y continuar bajo el respaldo del BNL; Tercera fase (8:48 - 8:51): Ante la imposibilidad de arrancar, se repiten las comunicaciones en un tono que denota una inquietante displicencia por parte de los operadores de Atocha, evidenciando fallos graves en los protocolos de supervisión y en la trazabilidad de la seguridad ferroviaria en tiempo real. 

Todo termina trágicamente a las 8:54, tras una franja crítica de más de veinte minutos donde la cadena de mando debió extremar la precaución. Corresponde exigir responsabilidades profesionales rigurosas a todos los niveles, evaluando con rigor los protocolos y fallos del sistema, más allá de la instrumentalización política y los intentos recurrentes de la derecha de cargar toda la culpa institucional sobre el Gobierno central sin atender a la complejidad técnica y organizativa del transporte público. 

Estos son los hechos verificables; corresponderá en exclusiva a la justicia y a una investigación técnica rigurosa desentrañar los nexos de causalidad y depurar las responsabilidades penales de todos los actores implicados, priorizando siempre la seguridad pública frente a cualquier lógica mercantil o tentación privatizadora mal entendida. Mientras este proceso permanezca abierto, resulta imperativo blindarnos frente a la marea de bulos y falsedades difundidos por medios sin responsabilidad editorial o por falsos "expertos" de plató que operan como meros altavoces de la crispación. 

Basta una ojeada al ecosistema mediático afín a la derecha para comprobar la dimensión de esta ofensiva: La Razón clama por la depuración de responsabilidades de forma unilateral; ABC eleva la trágica cifra de más de cien fallecidos entre los accidentes de Adamuz y Urda a la categoría de "degeneración institucional flagrante", denunciando un desgaste sistémico de "consecuencias literalmente letales"; y El Mundo sentencia con ligereza que "no ha sido un fallo humano sino del sistema". Bajo esta calculada campaña, el dolor de las víctimas vuelve a ser relegado a un segundo plano, evidenciando que los objetivos de estos sectores siguen siendo exactamente los mismos que ya emplearon hace ocho años. 

Hoy, para la mayoría de analistas, el foco mediático parece girar monográficamente en torno a Adamuz, lo cual puede parecer lógico, pero la historia de la alta velocidad cuenta con precedentes más dilatados. Si echamos la vista atrás y recordamos el devastador accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, comprobaremos cómo el Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, bloqueó de manera sistemática la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de Angrois de 2013 en el Parlamento gallego. 

La postura del gobierno autonómico conservador para esquivar la rendición de cuentas política se articuló a través de dos momentos clave: en septiembre de 2013, pocas semanas después del siniestro que costó la vida a 80 personas, el pleno del Parlamento de Galicia rechazó la apertura de la comisión gracias a la mayoría absoluta del PP comandado por Feijóo, frente a las demandas de BNG y AGE. Posteriormente, el propio Feijóo defendió que dicha comisión no era "prioritaria", argumentando su preferencia por esperar al dictamen judicial para "no utilizar el dolor de las víctimas" —una coartada duramente censurada por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155—. Aquel proceso concluyó sentenciando un supuesto error humano en exclusiva del maquinista, silenciando que ya se había advertido sobre la peligrosidad de la curva y el déficit de señalización. Los errores humanos existen... al menos cuando la responsabilidad recae sobre la gestión ajena; la vara de medir cambia radicalmente cuando le toca rendir cuentas a la izquierda. 

Con todo el dolor y la solidaridad debida hacia las familias de las víctimas, conviene recordar que la propia palabra "accidente" define sucesos fortuitos derivados de la complejidad de la acción humana y técnica. Nos guste o no, los errores y las fallas tecnológicas forman parte de nuestra realidad cotidiana: las herramientas digitales fallan, las redes se caen y, aunque la tecnología mejora nuestras vidas, es infaliblemente vulnerable. Lo mismo ocurre en el desempeño profesional; todos nos equivocamos en nuestro trabajo, pero cuando se trata de servicios esenciales, las consecuencias de un fallo pueden ser devastadoras. 

Gran parte del problema radica en la falsa mitología del progreso técnico absoluto, donde asumimos que la tecnología lo puede todo hasta que deja de funcionar. Lo inadmisible es que, aprovechando la cercanía de las elecciones, se pretenda culpar de forma sistemática al Ejecutivo de cualquier incidencia fortuita. 

Resulta inaceptable el tacticismo de partidos sin escrúpulos que, ignorando los protocolos empresariales y las leyes de responsabilidad efectiva, intentan achacar al Gobierno central ABSOLUTAMENTE TODOS LOS ACCIDENTES que ocurren en el país. Si la derecha y la ultraderecha (PP y Vox) alcanzan el poder, su receta económica prioritaria será la rebaja masiva de impuestos, una medida diseñada para que las grandes fortunas paguen mucho menos a Hacienda, lo que mermará drásticamente los ingresos del Estado e imposibilitará la mejora y el mantenimiento adecuado de las infraestructuras públicas y los servicios esenciales de todos los ciudadanos. 

Los buitres de la vía

Hay momentos en los que el debate público debería detenerse. Instantes de dolor, de incertidumbre y de conmoción colectiva en los que la decencia humana exige un silencio respetuoso, una tregua en el ruido diario y, sobre todo, empatía absoluta hacia las víctimas y sus familias. 

Sin embargo, ante el trágico accidente ferroviario de hoy en Toledo, asistimos una vez más a un espectáculo desolador: el de quienes no ven en una catástrofe una desgracia humana, sino una oportunidad electoral.

Es la estrategia de la rapiña política. Cuentas, altavoces mediáticos y perfiles de la derecha más radical no han tardado ni unas horas, ni un solo informe pericial, en lanzarse sobre los raíles buscando rédito. Sin importar la prudencia, sin esperar a que los técnicos y la justicia determinen qué ha fallado, el objetivo prioritario es golpear al adversario. El sufrimiento ajeno se instrumentaliza, se despoja de su humanidad y se reduce a un simple argumento de usar y tirar en el tablero de la confrontación permanente.

Esta forma de actuar revela una profunda degradación de la esfera pública. Cuando el dolor colectivo se utiliza para alimentar la polarización, no solo se falta al respeto a quienes sufren directamente el golpe; se erosiona la propia democracia. Una sociedad sana necesita fiscalización rigurosa, exigencia de responsabilidades y debate sobre la inversión y la seguridad pública. Pero existe un abismo insondable entre la política seria que protege a los ciudadanos y el oportunismo carroñero que se alimenta de sus tragedias.

Hay líneas que nunca se deberían cruzar, porque cuando la miseria moral se instala en el centro del debate, lo único que descarrila es la humanidad.