Anatomía de un beso de Estado: Cuando amar es delito de alta traición.

Hay que reconocer que la derecha española tiene un talento casi poético para la histeria. Llevaban meses preparando la soga que colocarle al cuello, deshojando sumarios, incluso salivando ante la perspectiva de un presidente abatido. Veían  un Sánchez arrastrándose en soledad por los pasillos de La Moncloa. Ya tenían el marco perfecto y deseado: una esposa acusada, al hermano condenado, el derrumbe institucional. Y de repente, en mitad de un pabellón abarrotado de gente, Sánchez va y le da un beso a su mujer. Menudo atentado al Estado de derecho. Qué escándalo, dios mío. ¡Un político utilizando la puesta en escena en un mitin! Dónde vamos a llegar. 

Menos mal que tenemos a Feijóo y a Abascal para recordarnos cómo es el amor puro, abnegado y sin asesores de imagen. Es fascinante ver cómo a la derecha se le llena la boca con la «familia tradicional» hasta que la familia es la del rival; en ese preciso instante, la cónyuge deja de ser una persona para convertirse en una prueba de convicción y el afecto conyugal pasa a ser delito de alta traición al decoro patrio. La reacción en Génova y en los cuarteles generales de Vox no se ha hecho esperar, y ha sido digna de un sainete de tercera categoría. 

Y no ha sido solo en los cuarteles de los insignes dueños de la patria.  Inmediatamente, su nómina habitual de analistas de la autenticidad, sus expertos en lenguaje no verbal y sus fariseos de guardia, han salido en tromba a certificar lo obvio: el beso era falso. Puro diseño, algo fabricado en los laboratorios de Iván Redondo o de quienquiera que mueva hoy los hilos de la tramoya sanchista. Menudo drama para nuestra querida patria. 

Es de vergüenza su reacción. El problema real de este beso no es su grado de sinceridad (materia que solo debería importarles a los involucrados o, como mucho, a las revistas del corazón), sino el devastador efecto táctico que ha tenido. Con dos labios y tres segundos de abrazo, Sánchez cometió el mayor acto de provocación imaginable: arrebatarles el cadáver que ya llevaban al cementerio. En el guion redactado por la derecha judicial y mediática, a Begoña le tenían asignado el papel de fantasma incómodo, de sospechosa en la sombra, de losa sobre las espaldas del Partido. Que ahora la mujer aparezca sonriente, aclamada por las bases y besada por el líder no solo rompe el decorado previsto; les deja con la querella en la mano y cara de tontos.

Por eso se puede ver en redes y tertulias que la derecha está rabiosa. Porque no sabe qué hacer ante la política del afecto. Los partidos de la oposición manejan con maestría la indignación, el rencor, el agravio territorial, la ira preventiva. Son su hábitat natural. Pero ante una exhibición impúdica de alegría o de resistencia emocional, la maquinaria se les colapsa y solo atinan a escupir sarcasmo barato y bilis. Les resulta insoportable que, tras toneladas de portadas, filtraciones y comisiones de investigación, el resultado provisional sea un estallido de júbilo de sus militantes ante ese beso.

Así que hoy nos toca asistir al peritaje sentimental. Vemos a respetables tertulianos medir la presión del abrazo en newtons (unidad de fuerza) y analizar el ángulo del beso para demostrar que Sánchez no quiere a su esposa, sino a su sillón. Que sigan. Que sigan fiscalizando los besos mientras en La Moncloa toman nota. Al fin y al cabo, no hay nada que desespere más a un inquisidor que ver a la bruja bailando en la hoguera. Supongo que mientras Alberto y Santi  se cabrean, el "perro" habrá dicho: “Begoña, dame un beso y que vomite la derecha”. 

No son más ridículos porque no se entrenan.

¡Basta de sectarismo!

Me interesa muy poco quién ha fracasado o tenido la culpa, quién hizo qué y cuándo. La aritmética electoral es cruel y no perdona a los soberbios. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco: mucha gente ha renunciado a cualquier protagonismo en beneficio de la unidad, y hay que señalar con el dedo a quien no lo ha hecho, dinamitando todos los puentes. 

Dividir las candidaturas en provincias pequeñas no es una "estrategia plural", es un suicidio asistido. Es mandar miles de votos directamente a la papelera de reciclaje y servirle en bandeja de plata la victoria a la alianza del PP y Vox. Mientras la derecha cierra filas de forma férrea y pragmática cuando huelen el poder, las izquierdas alternativas prefieren quemar la casa común con tal de que el vecino no se quede con el mejor cuarto.

¿De verdad nos piden entusiasmo? La ciudadanía de izquierdas no está desencantada: está cabreada, agotada y profundamente asqueada de ver cómo la soberbia de unos pocos amenaza con tirar por la borda años de luchas sociales. Han logrado lo que parecía imposible: que ir a votar a la izquierda se convierta en un ejercicio doloroso, casi de penitencia, donde la única motivación que nos queda es tragarnos la rabia, y votar al "menos malo" para evitar la catástrofe.

La abstención no es un castigo a los partidos: es un castigo para nosotros mismos. Si la gente se queda en casa el día de las elecciones amargada, las consecuencias las pagaremos la clase trabajadora con más recortes, más privatizaciones y el desmonte sistemático de nuestros derechos. Menos épica de balcón, menos narcisismo táctico y más bajar a la tierra. 

A la política no se viene a salvar la marca ni a garantizar el puesto de salida en una lista electoral; se viene a defender a las mayorías sociales. Y si quienes dicen representarnos son incapaces de entender algo tan básico, que se echen a un lado antes de que la historia y las urnas los borren del mapa definitivamente.

El botín de las pensiones: la trampa de privatizarlas

Detrás del discurso agorero sobre la «insostenibilidad» del sistema de pensiones no hay rigor técnico, sino codicia. La propuesta de la extrema derecha de avanzar hacia la privatización no es que estén planteando un ajuste contable: es un atraco planificado al mayor fondo de riqueza pública de las clases trabajadoras para servírselo en bandeja a la banca y a las aseguradoras.

El modelo público de reparto descansa sobre un principio sagrado: la solidaridad intergeneracional. Sustituirlo por cuentas individuales de capitalización supone cambiar un derecho conquistado por una apuesta en la ruleta rusa de la bolsa. Si el mercado cae o la inflación sube, el jubilado se arruina; mientras tanto, el sector financiero se atiborra a comisiones aseguradas, pase lo que pase.

Además, los defensores del «sálvese quien pueda» ocultan la trampa del coste de transición. Si las cotizaciones de los jóvenes van a fondos privados, ¿quién paga a los pensionistas de hoy? El Estado tendría que endeudarse salvajemente o destrozar la sanidad y la educación pública, condenando a la juventud a una doble extracción: pagar la factura del pasado mientras intenta arañar un ahorro privado con sueldos de miseria. Ver a jóvenes apoyando a Vox y no pensando en lo que implica su propuesta en pensiones para ellos, solo invita a pensar en su ceguera ideológica. 

Este modelo no es neutral, sino despiadado con la mayoría. Para las rentas bajas y precarias, la privatización significa miseria en la vejez. Sin los mecanismos redistributivos del sistema público, la precariedad laboral se convierte en una condena perpetua. Para las mujeres, acentúa de manera salvaje la brecha de género, penalizando de por vida las interrupciones laborales ligadas a los cuidados.

El objetivo político es tan evidente como perverso: desmantelar la conciencia colectiva e individualizar el riesgo. Convertir al ciudadano en un accionista angustiado para que, si su pensión es indigna, culpe a su mala suerte bursátil y no a un sistema injusto. Las pensiones no son un producto financiero ni un nicho de negocio: son el salario diferido de una vida de trabajo. 

No se trata de sostener el sistema recortando derechos, sino de financiarlo auditando al gran capital, subiendo los salarios y persiguiendo el fraude. Vender la vejez al mercado no es modernizar el Estado; es desarmarlo.

La izquierda: fragmentación, táctica y la responsabilidad para el votante

Volvemos a tropezar con la misma piedra de la división. La izquierda posee un talento quirúrgico para convertir la suma en resta. El reciente y frustrado intento de configurar un espacio unitario total que integrase a la práctica totalidad de las fuerzas progresistas, federalistas y ecologistas bajo una misma hoja de ruta ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, se ha logrado un hito de gran calado al aglutinar a más de una decena de siglas de ámbito estatal y territorial (como Sumar, IU, Más Madrid, los Comunes, Compromís o CHA) y cerrar un pacto estratégico con el PSOE para presentar listas únicas al Senado que frene la mayoría absoluta del PP. Por otro lado, la exclusión final de Podemos y su estrategia de concurrencia separada, o integrada en formaciones soberanistas como ERC en Cataluña, abre un escenario de extrema complejidad para el electorado progresista. 

Desde una izquierda que quiere ser transformadora, no podemos mirar hacia otro lado ante este panorama. Nos encontramos ante un fracaso colectivo en la gestión de la pluralidad que trasciende las meras siglas y golpea directamente la línea de flotación de la ilusión militante.

Para el votante de izquierdas, este desenlace genera una disonancia emocional insoportable. Por un lado, la consolidación del bloque del Frente Amplio y su alianza táctica para la Cámara Alta demuestran madurez institucional y la comprensión de que, frente a la amenaza reaccionaria, la coordinación es una obligación democrática. Sin embargo, ver que los aparatos políticos son incapaces de tejer acuerdos en los grandes centros urbanos, allí donde precisamente se ventilan los escaños decisivos, devuelve a la ciudadanía la peor pesadilla de las facturas orgánicas y los vetos cruzados. 

Cualquier votante de izquierdas no busca una uniformidad ideológica estricta; entiende y valora la diversidad de sensibilidades que componen el espacio progresista. Lo que no comprende, ni tolera, es que se antepongan los intereses de partido o las tácticas de supervivencia orgánica a las urgencias sociales de la clase trabajadora. Eso es lo que ha sucedido. La ruptura no es solo un problema estético o discursivo; es una amenaza material en escaños. En un sistema electoral como el español, caracterizado por circunscripciones donde la ley D'Hondt castiga severamente la fragmentación, ir separados en plazas clave como Madrid o Barcelona no es un ejercicio de audacia, sino un riesgo suicida.

Los precedentes están ahí: en 2023, la horquilla de votos que decidió el último escaño en provincias decisivas se midió por un puñado papeletas. Fragmentar el voto a la izquierda del PSOE en los grandes núcleos urbanos equivale a regalar diputados a la derecha por la vía de los restos. La división penaliza el rendimiento electoral y debilita la capacidad de influencia real en las instituciones.

Ante este tablero, el peso de la responsabilidad recae, una vez más, sobre los hombros del elector. A falta de la altura de miras que las direcciones políticas no han sabido demostrar en su totalidad, los votantes se verán impelidos a ejercer un ejercicio de pragmatismo defensivo. Muchos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre no desde la euforia movilizadora, sino desde la trinchera del voto útil y la conciencia de lo que está en juego. 

Ocurra lo que tenga que pasar el 29 N, la izquierda necesita con urgencia una profunda catarsis tras este proceso. Es imperativo superar el narcisismo de las pequeñas diferencias y entender que la hegemonía no se conquista desde la atalaya de la pureza sectaria, sino desde la capacidad de seducir a la mayoría social. Hasta que los partidos a la izquierda del socialismo institucional comprendan que la unidad no es un lema de campaña, sino una condición de supervivencia política, el votante seguirá cargando sobre sus espaldas el peso de enmendar los errores de sus dirigentes.

Agonía hasta medianoche

Hoy, a las 23:59 horas, expira el plazo legal para registrar las coaliciones electorales de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Apenas quedan unas horas de margen y, mientras el reloj avanza hacia la medianoche. Se proyecta un retrato desolador: el de una izquierda enredada en vetos cruzados, tacticismos de baja intensidad y disputas por cuotas de poder. 

Como alguien comprometido con la transformación social y el bloque de progreso, contemplo las noticias de esta semana no solo con frustración, sino con indignación política. Lo que estamos presenciando en la antesala de este cierre de filas no es un sano debate de ideas ni una reafirmación de principios; es una irresponsabilidad histórica.

Y eso que, a lo largo de los últimos días, los titulares han tratado de vendernos como "avances" lo que en realidad son parches aislados. Se celebra la firma del acuerdo en Canarias o entendimientos autonómicos en Aragón. Sin embargo, la realidad de fondo es inapelable: la dirección estatal de la izquierda alternativa se dirige con el pie en el acelerador hacia la fractura en plazas clave como Madrid y Cataluña. Belarra y Maíllo han protagonizado un cruce de reproches a contrarreloj. Frente a los intentos de Podemos por cerrar acuerdos "a la carta" en diez comunidades obviando la estructura del Frente Amplio, la respuesta de IU y Sumar ha sido frenar en seco lo que a todas luces es trocear por oportunismo el espacio. No lo expongo así por equidistante, sino porque como dicen en mi tierra “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Mientras tanto, figuras públicas se apresuran a recordar en los medios que "esto va de parar al fascismo y no de contar escaños". Pero cuando la hora de la verdad exige ceder puestos en las listas y compartir espacios de decisión, la retórica antifascista se diluye en la contabilidad partidista de despacho. Y es innegable que por una parte ha habido más disposición a renunciar al puesto que por otra

Las trabas que impiden cerrar un acuerdo unitario antes de las 24:00 horas no responden a diferencias ideológicas insalvables entre el programa social de Podemos y el del Frente Amplio, sino a varios  problemas estructurales en las cúpulas directivas, de los que señalo algunos, que pueden ser solo fruto de mi visión y no los reales de fondo.

El sistema de representación provincial en España no perdona a la izquierda dividida. Acudir a las urnas el 29-N divididos en múltiples papeletas en provincias de tamaño medio no equivale a "dar voz a la pluralidad": equivale a hundirse por debajo del umbral del escaño y regalar los restos electorales directamente al bloque del PP y Vox. Ignorar la matemática de la circunscripción provincial a escasas horas del límite legal es desertar de la responsabilidad política.

Existe una peligrosa confusión entre preservar la identidad y encerrarse en la irrelevancia. En sectores de la dirección de Podemos se ha equiparado la transacción política con la capitulación, prefiriendo la trinchera del "voto puro" a la integración en un frente común. Puede que, del mismo modo, desde Frente Amplio no se haya sabido exponer que no se trata de una lógica de absorción, La negociación de estos pactos no se puede abordar mediante el intercambio de ultimátums a través de la prensa a 24 horas del cierre del registro electoral. La incapacidad para construir espacios de diálogo estables durante los meses previos demuestra que los responsables no han estado suficientemente preocupados por construir un proyecto solvente con vocación de gobierno.

Presumir de acuerdos en unas islas o en una comunidad mientras las grandes urbes, que son las que determinan las mayorías del Congreso, van divididas refleja una visión fragmentada del Estado. El electorado de izquierdas exige certezas; un rompecabezas incoherente donde las alianzas cambian según la provincia solo genera desconcierto y desmovilización en las urnas.

Y como decía, a las doce de la noche de hoy se apagará la luz del registro electoral. Si las cúpulas partidistas no aprovechan estas últimas horas para dar un golpe de timón y aparcar la disputa por las siglas, el diagnóstico para el 29-N será tan claro como amargo: la abstención por desencanto y la fragmentación sociológica abrirán de par en par la puerta de la gobernabilidad a la derecha y a la extrema derecha.

La clase trabajadora no pedía una fe ciega ni un amor idílico entre todos los partidos, sino la madurez táctica indispensable para defender las conquistas sociales que la derecha y ultraderecha ya anuncian que van a recortar. Si el reloj marca la medianoche sin acuerdo, los dirigentes de la izquierda alternativa no podrán culpar al electorado, porque la responsabilidad de la derrota será íntegra y exclusivamente suya.

Monarquía, memoria y la brecha franquista en el relato oficial

A veces la política no solo se ejerce en el plano legislativo u orgánico; sobre todo, es llamativa en el plano simbólico. Toda estructura de poder necesita liturgias que refuercen su legitimidad y su jerarquía. La reciente visita de los reyes a Ceuta y Melilla, acompañada de vítores, estética patriótica y baños de masas, funciona como un recordatorio de cómo la puesta en escena institucional busca invisibilizar las contradicciones profundas de nuestro sistema político. 

La monarquía en España arrastra un problema de legitimidad de origen y de desempeño. Como bien señala la memoria histórica, la institución monárquica restaurada no surgió de un proceso constituyente soberano e independiente, sino de un pacto de continuidad ligado al régimen franquista. Los baños de masas y el fervor patriótico en plazas abarrotadas no son una novedad. Personalmente me  evocan la misma ingeniería de consenso de masas que durante décadas utilizó la dictadura, donde a la población civil nos convertían en un mero atrezo de bandera y sumisión ante el paso de las autoridades. Sin embargo, el problema central no es solo lo que la liturgia muestra, sino lo que oculta de forma deliberada.

Me centraré en Ceuta. Existe una Ceuta de barrios marginales, de "gente sin banderas", golpeada por la desigualdad estructural, la exclusión socioeconómica y el abandono institucional. Existe una frontera militarizada donde las vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes son sistemáticamente ignoradas. Existen miembros de nuestro ejército cuyas frases avergüenzan a cualquiera. Pero la Jefatura del Estado elige dar la espalda a esa realidad. Al obviar la desigualdad y las violencias que ocurren en las periferias de la ciudad autónoma, la Monarquía demuestra que su función pacificadora y unificadora es ciencia ficción: no representa al conjunto de la ciudadanía, sino a una determinada concepción nacional excluyente y conservadora. 

A esto se suma un fenómeno cada vez más evidente: la creciente politización e instrumentalización de la figura real. La Constitución atribuye al monarca un papel de arbitrio y neutralidad, pero en la práctica observamos una paulatina deriva hacia un perfil ideologizado que conecta con los discursos más reaccionarios del nacionalismo español. El rey no acude a reconvenir las injusticias ni a fiscalizar la violencia institucional en las calles; acude a validar un relato de adhesión incondicional. 

Para los residuos del franquismo que siguieron vivos durante la Transición y lo siguen estando hoy, las banderas flameando en las plazas saben que impiden ver las deficiencias del sistema. Pero la democracia no se mide por la cantidad de fervor patriótico que un jefe de Estado no electo pueda convocar, sino por la garantía de los derechos de los sectores más vulnerables. Mientras la institución monárquica siga prefiriendo la puesta en escena de la adhesión incondicional frente al compromiso con los derechos humanos y la justicia social, seguirá siendo un anacronismo al servicio de las élites y un constante recordatorio de las sombras de nuestro pasado.

Crónica de una desconexión anunciada

La política de izquierdas vive momentos de profunda perplejidad cuando las expectativas de confluencia se estrellan contra la cruda realidad de los aparatos orgánicos. El reciente y sorprendente pacto en Cataluña entre Rufián e Irene Montero, lejos de escenificar el ansiado paso hacia un Frente Amplio unitario, ha funcionado como dinamita sobre los puentes tendidos durante meses. Nos lo vestirán como quieran, pero lo cierto y verdad es que las bases progresistas asisten atónitas a un espectáculo donde el tacticismo y las cuentas de partido parecen pesar infinitamente más que la imperiosa urgencia de frenar a la extrema derecha. 

Durante meses se vendió a la ciudadanía que la situación actual exigía una generosidad inédita, que respetara en cada circunscripción a quienes tuvieran mayor capacidad de arrastre. Sin embargo, la teoría de la épica democrática ha chocado con la cruda necesidad de tragarse sapos y lidiar con odios y recelos mutuos entre formaciones que parecen más cómodas disputándose parcelas de poder que construyendo un bloque histórico. El resultado colateral de este entendimiento bilateral ha sido debilitar a espacios como los Comuns, que venían de superar electoralmente a ERC en 2023, resquebrajando la confianza desde la línea de salida. 

Este divorcio entre la dirigencia política y la calle se refleja de manera descarnada en el estado de ánimo de la militancia y de los votantes, tal y como evidencian las reacciones airadas en los foros de debate y la opinión pública. La ciudadanía progresista acumula un cansancio crónico ante el espectáculo del ego, las siglas cerradas y los cálculos de despacho. Entre el electorado se extiende peligrosamente la tesis de que ciertas formaciones, como Podemos, parecen posicionarse cómodamente para un rol de oposición a corto plazo, aprovechando la inercia de la confrontación sin asumir las responsabilidades directas de la gobernabilidad, o de que los liderazgos periféricos priorizan sus propias dinámicas orgánicas frente al bien común.

El coste de esta inoperancia es demoledor para el conjunto del espacio a la izquierda del PSOE. Ante la incapacidad de articular una candidatura unitaria sólida y reconocible, el votante de izquierdas se encuentra abocado a una disyuntiva trágica: o bien experimenta una profunda desafección que le conduce directamente a la abstención, o bien opta por refugiarse en el PSOE "con la nariz tapada" para evitar que el bloque reaccionario asuma el poder por la vía de la incomparecencia del resto de actores.

La lección que arroja este escenario es de una gravedad incuestionable. La izquierda a la izquierda del Partido Socialista no puede seguir exigiendo un cheque en blanco a una ciudadanía que ya ha madurado democráticamente. Si los partidos son incapaces de entender que la unidad es una herramienta de emancipación y no un mercado de fichajes y sillones, el veredicto de las urnas no tardará en pasarles una factura inapelable. Las formaciones progresistas corren el grave riesgo de descubrir que, de tanto juego a de tronos en los despachos, lo único que habrán logrado es vaciar de esperanza el futuro de las clases trabajadoras.