GESTIÓN DEFICIENTE, AUNQUE NO GUSTE

En el análisis de la situación en Ceuta existe un fallo estructural del Estado social y de derecho. La sensación de abandono que experimenta la ciudadanía ceutí y la evidente crisis de liderazgo político están ahí.  Estado no solo es el Gobierno central, también lo son la UE, las CCAA, y el propio gobierno de la ciudad autónoma. Lo fácil es culpar al gobierno, y mucho más cuando su gestión no ha sido lo correcta que los acontecimientos están demandando. Pero dicho lo anterior, no se puede dejar al margen la falta de colaboración, o mejor dicho la constante obstrucción de la derecha y el silencio de los demás partidos de la oposición, de las CCAA que han impedido poder dar respuestas rápidas a la situación de los menores, de la propia ciudad y su gobierno, y de una UE que más que ayudar está a la suya con una política migratoria cada vez más derechizada.   

La frontera debe entenderse no como una simple línea defensiva, sino como el espacio donde el Estado demuestra qué tipo de modelo representa. Cuando la respuesta a una crisis migratoria y diplomática en Ceuta se limita a la gestión de contención sin un despliegue de políticas públicas estructurales (en vivienda, empleo, inclusión y servicios públicos), el ciudadano lo que percibe es que el Estado no ejerce sus funciones de protección social. 

El "abandono" no es solo un déficit de efectivos, sino el reflejo de una visión centralista de la política que trata a los territorios periféricos e insulares como espacios de gestión de contingencias y no como comunidades ciudadanas con pleno derecho al bienestar y la seguridad integral.

La falta de liderazgo político se aprecia en la preferencia por la táctica coyuntural sobre la estrategia de largo plazo, no vale esconder la cabeza ni delegar todo a la inercia. Cuando la respuesta del Ejecutivo central se percibe distante o a la defensiva ante las tensiones territoriales y sociales de Ceuta, se genera un vacío contra el que no valen parches coyunturales. Esta falta de iniciativa destruye la confianza institucional. 

El mayor error del gobierno ha sido dejar que del malestar social se haya apropiado la extrema derecha. Cuando el Estado no da certidumbre social, la inseguridad real y la vulnerabilidad se capitaliza por discursos xenófobos y ultranacionalistas. El impacto de la crisis en los ceutíes exige la presencia del Estado para evitar el odio ideológico.

La vulnerabilidad de Ceuta aumenta por la dependencia excesiva de la relación bilateral con Marruecos. Hemos subordinado la estabilidad de la frontera sur a los acuerdos migratorios, y hemos sido incapaces de exigir corresponsabilidad a la UE para articular una política exterior firme y soberana fundada en el derecho internacional y la solidaridad europea.

Si la izquierda no encabeza la exigencia de una presencia estatal fuerte, transformadora e integradora en Ceuta, la desafección democrática terminará por consolidarse y se convertirá en una situación insoluble. Democracia no puede ser igual a inseguridad, ni un país puede funcionar sin la solidaridad de todos.

EL PAPEL DE MARRUECOS

En un intento de análisis sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta, lo primero que debemos señalar es que desborda los discursos de la política tradicional. Ese papel se articula en torno a tres aspectos fundamentales: el de la frontera, la subordinación exterior de España y la deshumanización de los procesos migratorios.

El régimen marroquí es una autocracia que utiliza la frontera de Ceuta no como un problema de gestión policial, sino como un instrumento de presión política. La apertura deliberada o la relajación de la vigilancia fronteriza responde a una táctica de guerra híbrida o "chantaje geopolítico". El objetivo de Rabat es doblegar la posición exterior de España y de la UE sobre asuntos clave, como la soberanía sobre el Sáhara Occidental, la delimitación de aguas territoriales y la financiación con fondos europeos. Marruecos utiliza la vulnerabilidad de sus propios ciudadanos como mercancía de negociación diplomática. 

La gran contradicción del Estado español y de la Unión Europea radica en delegar su política migratoria en una dictadura o monarquía absoluta. Europa paga a Marruecos millones de euros para ejercer de "gendarme" con el uso de la fuerza en la frontera. Esta dependencia estructural otorga a Rabat un poder enorme: cuando España o la UE cuestionan al régimen marroquí, ya sea en materia de derechos humanos o tras resoluciones del TJUE sobre el Sáhara, Marruecos responde aflojando el control en la valla. La crisis de Ceuta es el síntoma directo del fracaso del modelo de externalización de fronteras. Marruecos mantiene una narrativa oficial sobre Ceuta y Melilla como territorios "ocupados" o "no independizados". La presión fronteriza constante busca desgastar institucional y económicamente a las ciudades autónomas para minar la soberanía de España a largo plazo, sustituyendo la confrontación militar por un desgaste demográfico y diplomático progresivo. 

Pero en este análisis hay que señalar la complacencia de la socialdemocracia europea. El cambio de postura sobre el Sáhara Occidental adoptado por el gobierno es la prueba definitiva de cómo la presión marroquí en Ceuta termina doblegando el Derecho Internacional. Lejos de resolver el conflicto, la concesión a Rabat valida su estrategia de presión permanente. 

A nivel interno, la crisis refleja la tremenda desigualdad del sistema socioeconómico marroquí, que canaliza el descontento de su propia juventud (desempleada, empobrecida y sin libertades) hacia la frontera. Marruecos externaliza sus tensiones de clase ofreciendo a miles de jóvenes el cruce a Ceuta como única salida vital, expulsando a su población sobrante mientras la extrema derecha europea aprovecha la crisis para promover discursos racistas y xenófobos en el norte. 

Por lo tanto, en la crisis de Ceuta, Marruecos ejerce un doble papel: chantaje geopolítico sobre el flanco sur europeo y válvula de escape de sus propios fracasos económicos y democráticos internos. La respuesta no pasa por un rearme nacionalista, sino por romper la dependencia geopolítica con Rabat, defender la autodeterminación del pueblo saharaui y cambiar de raíz las políticas migratorias coloniales que prefieren pagar a regímenes autocráticos antes que garantizar los derechos humanos. 

En respuesta al doctor Feijoo, que no es epidemiólogo porque no quiere

Desde una perspectiva estrictamente epidemiológica y de salud pública, decretar un «confinamiento» territorial, bien comunitario o poblacional, en Ceuta para controlar enfermedades como la sarna o la tuberculosis carece de rigor científico y resulta metodológicamente inadecuada.

A lo que este nuevo licenciado expresa le responde la epidemiologia.  

La Sarna (Sarcoptes scabiei): Se transmite exclusivamente por contacto directo, estrecho y prolongado piel con piel o a través de fómites (ropa de cama y vestimenta contaminada). No se transmite por vía aérea ni por estar en las mismas calles o espacios abiertos. El aislamiento de una población completa no aporta beneficio en el control; la intervención eficaz requiere el diagnóstico temprano, el tratamiento simultáneo con escabicidas de las personas afectadas y sus contactos estrechos, y la higienización del vestuario y ropa de cama.

Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis): Es una enfermedad bacteriana de transmisión aérea que requiere, por lo general, una exposición continuada en espacios cerrados y mal ventilados. El confinamiento generalizado de personas no contagiadas con individuos potencialmente bacilíferos en espacios cerrados o hacinados incrementaría de forma drástica la tasa de ataque y el riesgo de transmisión. El control epidémico de la tuberculosis se basa en el cribado sintomático, la prueba de la tuberculina/IGRA, el aislamiento respiratorio individual de casos activos bacilíferos y el tratamiento farmacológico prolongado de observación directa (DOTS).

La presencia de brotes infectocontagiosos en contextos de crisis humanitarias no obedece a la naturaleza intrínseca de la población afectada, sino a las condiciones ambientales y los determinantes sociales de la salud: hacinamiento, falta de acceso a agua potable, saneamiento deficiente e imposibilidad de mantener la higiene personal. Restringir la movilidad o recluir a poblaciones vulnerables en entornos de insalubridad potencia las dinámicas de transmisión de gastroenteritis, dermatosis y patógenos respiratorios. La prioridad de salud pública es la provisión inmediata de albergue salubre, agua potable, saneamiento básico y acceso a servicios sanitarios de atención primaria.

La matización feijoodiana de limitar el confinamiento a "portadores de enfermedades infectocontagiosas" confunde el concepto epidemiológico de aislamiento individual o cuarentena de contactos con el de confinamiento. El aislamiento se aplica a casos clínicos confirmados o bacilíferos en entornos sanitarios o residenciales adecuados durante su periodo de transmisibilidad. El confinamiento poblacional se reserva para emergencias sanitarias por patógenos de transmisión comunitaria descontrolada y alta transmisibilidad respiratoria sin tratamiento o vacuna disponible.

Aplicar medidas restrictivas de movilidad masiva o colectiva ante casos puntuales de sarna o tuberculosis resulta contraproducente, estigmatiza a la población afectada, desvía recursos críticos de las intervenciones diagnósticas e higiénicas efectivas y genera barreras para que los sintomáticos acudan al sistema de salud por temor a represalias.

Alguna pregunta ¿El confinamiento lo propone para antes o después de enviar al rey? ¿Por qué no tomamos las mismas precauciones con los 100 millones de turistas que vienen, y por ejemplo, hacemos una prueba con los que vienen en un crucero de lujo?

Parece que Feijoo está empeñado en demostrar que la peor enfermedad que puede sufrir España en un tonto en su presidencia. 

Hasta el gorro del discurso xenófobo

El lenguaje nunca es neutro. La elección de los conceptos y metáforas utilizados en público determina los límites de lo moralmente aceptable y de lo que es o no democrático. Cuando la extrema derecha utiliza términos vinculados a la "caza" para referirse a la población migrante o emplea metáforas de "limpieza de calles" asimilando a los seres humanos con basura, no son meros excesos verbales ni anécdotas retóricas, sino ante una estrategia política deliberada de deshumanización.

Convertir al diferente en un "objeto a perseguir" o en "basura a erradicar" cumple una función: despojar a las personas de sus derechos fundamentales para justificar la violencia institucional o social contra ellas. La metáfora "limpiar los barrios" desde el aparato punitivo del Estado deforma el cometido de los servicios públicos, e instrumentaliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad en un Estado democrático de derecho existen para garantizar el cumplimiento de la legalidad constitucional y la protección de los derechos humanos, jamás para operar como perseguidores de los colectivos vulnerables o las minorías.

Esta deriva en la que andan el discurso de derecha y ultraderecha no puede desvincularse de una crisis de la educación tanto ética como social, y del modelo socioeconómico actual. Es paradójico que se desplace la responsabilidad de la degradación de los servicios públicos o la falta de cohesión en nuestros barrios hacia las poblaciones más desfavorecidas, en lugar de señalar a los recortes en inversión social, a la precariedad laboral o al deterioro de la atención comunitaria. La estrategia es muy clara: provocar una pugna entre los últimos y los penúltimos, y con ello sustituir la solidaridad entre los que menos tienen, por racismo y una solución burda y solo punitiva.

El peligro real para las democracias contemporáneas no reside en la presencia de discursos de apología de la violencia o tomarse la justicia por su mano; radica en la progresiva asimilación y normalización de estas ideas como aceptables. La pérdida de empatía y de principios de humanidad amenazan con devolvernos a dinámicas autoritarias donde prevalecen el señalamiento, la segregación y el odio.

Frente al avance de la brutalidad en los discursos y del populismo punitivo, la ciudadanía comprometida debe mantenerse firme. Para garantizar que nuestras ciudades sean seguras, dignas y habitables no hay que recortar derechos ni expulsar vecinos; solo es necesario mejorar los servicios públicos, garantizar los derechos humanos universales y defender una convivencia donde la dignidad humana no dependa del origen ni del color de piel. 

PERIODISMO DE HOJALATA

El periodismo, siempre se entendió como el contrapeso del poder y el espacio para el debate informado. España atraviesa hoy una crisis estructural provocada por su instrumentalización ideológica. No asistimos a un debate de ideas ni a la legítima discrepancia política sino a una estrategia coordinada de desinformación donde la verdad ha dejado de ser parte de la ética para verse como un daño colateral.

La manipulación mediática no siempre necesita inventar ficciones absolutas, le basta con descontextualizar o ejercer un sesgo de encuadre en la noticia. Asistimos a narrativas basadas en verdades a medias que han sido diseñadas para generar indignación y visceralidad antes de que se puedan contrastar los hechos. 

Es habitual observar portadas y tertulias centradas en la apertura de diligencias o la admisión a trámite de querellas presentadas por organizaciones afines, elevándolas a la categoría de condenas firmes. Cuando esas causas son sistemáticamente archivadas por falta de indicios, la rectificación no existe. El objetivo no es informar sobre el proceso judicial, sino fijar un relato de sospecha permanente.

Ocurre recurrentemente con la presentación de indicadores socioeconómicos. Un avance en las cifras de empleo o el crecimiento del PIB se desarmoniza mediante la hipérbole sobre un dato parcial o alterando el marco comparativo, transformando datos objetivos de avance en escenarios de catástrofe inminente.

La difusión constante de bulos sobre la vida personal o las decisiones institucionales de los dirigentes de la izquierda busca erosionar la legitimidad de las instituciones representativas. He podido comprobar en este muro, como unas fotografías de Aznar de vacaciones en la Mareta han provocado tal avalancha de ataques ultras que me he pasado medio día bloqueando a sus autores. El objetivo de la mayoría no era otro que equiparar la gestión pública con la corrupción moral, fomentando ese cinismo social del "todos son iguales", terreno donde la extrema derecha disfruta como un cerdo en un charco en verano. 

Esta dinámica no es casual ni por descuido, sino que responde a una lógica de rentabilidad. En primer lugar, económica, puesto que el sensacionalismo y la indignación generan audiencias y cuotas de pantalla, y la polarización es un modelo de negocio rentable en la era de la atención fragmentada. En segundo lugar, la rentabilidad política, puesto que en un clima de crispación e inhabitabilidad social se desgastan los apoyos de la izquierda, adormeciendo a los votantes desencantados y movilizando a los sectores más reaccionarios bajo el mensaje de una "emergencia nacional".

Cuando la información es tóxica, el debate sobre lo concreto (la sanidad pública, la vivienda, los salarios o los derechos laborales) queda desplazado por choques de identidad y pánicos culturales artificiales.

Esta mañana mi reflexión va sobre esta situación. Frente a la trinchera mediática, la respuesta no puede ser la resignación ni el quedarse en casa. Defender la democracia exige blindar el derecho a una información veraz, con transparencia en la financiación de los medios, conocer quiénes son los apoyos de proyectos periodísticos dependientes para optar por los independientes, y el ejercicio activo del pensamiento crítico por parte de los ciudadanos. 

Sin una información rigurosa, la convivencia se degrada y el debate político se reduce a una guerra de desgaste.

BUen sábado.

El virus de la estigmatización

Las calles y fronteras de Ceuta se han convertido en el espejo donde se reflejan las costuras de un sistema que prefiere culpar a las víctimas antes que asumir sus responsabilidades. Frente al goteo incesante de discursos alarmistas que buscan vincular la inmigración con una supuesta "crisis de salud pública", la evidencia científica y el análisis político,  nos dicen algo muy distinto a lo que podemos encontrar en las redes sociales: no estamos ante un peligro de enfermedades importadas, sino ante una crisis humanitaria provocada por la falta de recursos básicos, el hacinamiento y la infravivienda. 

Las personas que arriesgan su vida para cruzar la frontera suelen llegar con cuadros de deshidratación, malnutrición, traumatismos físicos o estrés postraumático. Ninguna de estas situaciones es una enfermedad transmisible. Si posteriormente aparecen casos de sarna o problemas gastrointestinales, la causa no se encuentra en sus países de origen, sino en la insalubridad y la desprotección que experimentan a su llegada. De hecho, los datos desmienten la existencia de un riesgo real para la población general o de un colapso del sistema hospitalario atribuible al colectivo migrante. Son datos de hoy: la abrumadora mayoría de los ingresados son residentes locales, y los casos de afecciones como la tuberculosis o la sarna que causaron alarma estos pasados días, se corresponden con brotes aislados o de origen institucional ajeno a los recién llegados. 

Asistimos a una instrumentalización de la enfermedad,  una herramienta clásica para construir al "enemigo externo" y justificar la exclusión históricamente. Demasiados indocumentados en salud publica dedicados a situar el foco en el origen geográfico en lugar de en la falta de higiene y condiciones dignas. Con ello, no solo alimentan el racismo, sino que perjudican gravemente el bienestar colectivo. Cuando la derecha utiliza la estigmatización como baza electoral, genera un clima de miedo que aparta a las personas vulnerables del sistema sanitario, dificultando la detección precoz y mermando la eficacia de la salud pública universal. Y eso no es algo nuevo inventado ahora en Ceuta, sino una norma de comportamiento conocida desde hace siglos.

Señor Feijoo, no actúe como un indocumentado, que ayer incluso demostró serlo. Garantizar la salud y la dignidad no es una concesión opcional, sino una obligación ética y a la que nos obliga esa Constitución que no se quita de la boca cuando le interesa. La solución a la situación que existe hoy en Ceuta pasa por abandonar la trinchera del odio y adoptar una política pública articulada en torno a los derechos humanos. No quiero ni imaginarme que esto hubiese sucedido con usted, Tellado, Bendodo, Muñoz o Gamarra al frente del país.

 Si tanto le preocupa la salud de los ceutíes, empiece por exigir que se garantice  agua, alimento, un techo digno, apoyo psicológico y atención médica integral, atendiendo prioritariamente a la infancia y a las mujeres embarazadas, esos colectivos para los que solo entiende la expulsión. Esa es la única respuesta verdaderamente eficaz y justa. La salud pública, para ser eficaz, no tiene pasaporte ni entiende de fronteras. Infórmese antes de decir vaguedades.

PONGAMOS QUE HABLO DE POR AHÍ

Había una vez, en la muy ilustre y refinada Ciudad de los Balcones con maceta medioambiental, una princesa de la política llamada Mofletitos. 

Mofletitos era feliz, vestía trajes de colores pastel y vivía en la cima del mundo: un ático altísimo, comodísimo y repleto de plantas, propiedad de su apuesto novio, el Conde Don Fraude.

Un día, los inspectores del Rey del Tesoro llamaron a la puerta con una lupa gigante, y descubrieron que el Conde Don Fraude tenía la fea costumbre de "olvidar" pagar los impuestos del reino.

Los Grandes Sabios del Partido de Mofletitos se tiraron de los pelos y le dieron un ultimatum: "¡No puedes vivir con un deudor de la hacienda ajena! Te arrastrará la mala prensa y perderás tu corona dorada".

Con una lágrima de compromiso y mucha resignación, Mofletitos le dijo al Conde: "Amor mío, la imagen pública nos separa". El Conde, desolado, puso su casa en venta.

Pero Mofletitos no estaba dispuesta a descender al suelo como el resto de los mortales. Rápidamente pidió un favor a la Gran Institución: "Necesito un nuevo palacio en las alturas, justo enfrente de la casa de mi mamá, para no sentirme solita". Los consejeros del partido le guiñaron el ojo y dijeron: "Hecho".

Intentaron regalarle un nuevo ático por la puerta trasera, pero los pajaritos del bosque (que tenían carné de periodistas) los pillaron con las manos en la masa y los papeles sin firmar. 

El partido, preso del pánico, le gritó: "¡Nada de ático junto al de mamá! ¡Que pongan ese piso en venta inmediatamente antes de que el pueblo nos tire tomates!".

Y así fue como la pobre Mofletitos se quedó sin el amor del Conde, sin el ático del Conde, y sin el ático regalado por los Reyes Magos de la Institución.

Para evitar que la carroza se convirtiera del todo en calabaza, a la princesa no le quedó más remedio que bajar de las nubes, hacer la mudanza con sus propias manos y alquilarse un modesto pisito de dos habitaciones en Vallecas o Usera, donde esperamos que aprenda, por fin, aunque muchos lo dudan, lo que cuesta el metro cuadrado cuando no te lo paga el Reino.

Y colorín colorado, aunque parezca imposible, este cuento no ha acabado