El PSOE presenta un documento programático de 500 medidas bajo el lema Proteger, transformar, avanzar que funciona tanto como balance de dos legislaturas de gobierno como de hoja de ruta para una eventual continuidad. A diferencia de los programas elaborados desde la oposición o desde espacios políticos situados más a su izquierda, el texto socialista exhibe la arquitectura propia de un partido que aspira a gestionar la estabilidad institucional mientras intenta dar respuesta a las principales grietas sociales del país: el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la modernización de las infraestructuras.
El núcleo de la propuesta responde a lo que se define como una socialdemocracia regulatoria. En lugar de plantear rupturas estructurales sobre el régimen de propiedad o nacionalizaciones directas, el PSOE apuesta por corregir los fallos del mercado mediante la intervención fiscal y normativa. El ejemplo más evidente es su estrategia en materia de vivienda: aunque asume el objetivo de destinar el 1 % del PIB a vivienda social permanente a través de la empresa pública Casa 47, fía el control de la especulación a la prórroga de los límites al alquiler, el mantenimiento de la suspensión de desahucios hasta 2030 y un nuevo impuesto progresivo sobre fondos buitre y grandes tenedores con inmuebles vacíos o turísticos.
Esta misma lógica de gradualismo reformista recorre el resto del articulado. En el ámbito laboral y de protección social, el partido incorpora la reducción de la jornada legal a 37,5 horas semanales, una prestación estatal por crianza, la gratuidad de la primera matrícula universitaria para quienes aprueben a la primera y la consolidación de la revalorización de las pensiones con el IPC. A ello suma una agenda de ampliación de derechos civiles —como la ley contra la violencia vicaria, la abolición de la prostitución mediante la penalización del proxenetismo o el reconocimiento de las uniones de amistad— y una actualización de su política de regulación tecnológica frente a la inteligencia artificial y los denominados «tecnooligarcas».
Sin embargo, una lectura detenida del programa revela tres tensiones relevantes de cara a la próxima legislatura. La primera es la dependencia de la coyuntura y la acumulación de agenda pendiente. El documento reacciona con rapidez a crisis inmediatas —como refleja el plan de 19.000 millones de euros para el mantenimiento ferroviario tras los siniestros de 2026—, pero al mismo tiempo recupera numerosas reformas que decayeron en mandatos anteriores por falta de mayorías, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Industria.
La segunda tensión radica en la distancia entre la ambición simbólica de ciertas medidas y su viabilidad parlamentaria. Propuestas como el blindaje constitucional del derecho al aborto y de las pensiones envían un mensaje claro de movilización al electorado progresista, pero su materialización exige mayorías cualificadas de tres quintos en las Cortes que resultan inviables sin el concurso de la oposición conservadora. De igual modo, el nuevo modelo de financiación autonómica —dotado con casi 21.000 millones adicionales— y la condonación de más de 83.000 millones de deuda autonómica afrontan complejas resistencias territoriales.
Por último, el texto ilustra la disputa estratégica dentro del espacio progresista. En cuestiones como la inversión en vivienda, el embargo de armas a Israel o el rechazo al objetivo del 5 % de gasto militar en la OTAN, el PSOE converge con las demandas de sus socios a la izquierda. No obstante, marca fronteras nítidas en la moderación de la jornada laboral, el mantenimiento del marco de pensiones de 2021-2023 y una política migratoria que combina la regularización con el control fronterizo en origen.
En suma, el programa del PSOE para el 29N refleja el dilema clásico de la socialdemocracia contemporánea en el gobierno: cómo sostener una agenda de ampliación de derechos y cohesión social sin alterar los equilibrios macroeconómicos ni desbordar los márgenes que impone una aritmética parlamentaria fragmentada.