EL MOSQUITA MUERTA

Como puede alguien cambiar un relato de manera tan radical en tan poco tiempo, es un secreto a voces. O mentía antes, o miente ahora, pero no es posible que las dos veces diga la verdad siendo lo dicho antes lo contrario de lo que ahora dice. Es la mima maniobra que vimos con Mazón en la DANA. En medio de los relatos en ambos casos, solo está la estrategia de su partido. De abuelito respetado a cordero degollado. 

El choque de relatos entre La Moncloa y la Ciudad Autónoma de Ceuta a cuenta de las llamadas telefónicas previas a la crisis migratoria de julio trasciende el simple cruce de registros de llamadas. Lo que presenciamos no es una divergencia logística ni un malentendido de cobertura; es la puesta en escena de una estrategia calculada por parte de la derecha para erosionar la legitimidad institucional del Gobierno central instrumentalizando la frontera sur.

Desde una perspectiva analítica, la insistencia del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en denunciar un supuesto desamparo o «invasión» no atendida encaja de lleno en el marco del populismo punitivo y la política del agravio regionalista. Al difundir el relato de las «ocho llamadas perdidas» ignoradas deliberadamente, el Gobierno del Partido Popular en Ceuta no solo intenta desviar la atención de sus propias deficiencias estructurales en materia de gestión de acogida e inclusión, sino que alimenta el discurso de la amenaza inminente para agitar el electorado y complacer la agenda de la extrema derecha, de la que depende crecientemente su gobernabilidad local.

El desglose detallado presentado por Presidencia del Gobierno desarticula con datos este marco narrativo: nueve comunicaciones atendidas diligentemente entre el 27 y el 30 de julio, interlocución constante entre gabinetes y la interlocución directa entre presidentes. La realidad que revelan los datos es la de una administración central respondiendo dentro de los cauces institucionales ordinarios a una problemática de competencia compartida.

El problema radica en que, en la era de la polarización, la verdad procedimental rara vez compite en igualdad de condiciones con la hiperbolización de la crisis. Convertir cuatro llamadas perdidas en el espacio de un solo minuto —sin mensaje de voz, SMS o vía alternativa— en un abandono de Estado demuestra la preferencia por la escenificación sobre la lealtad institucional. 

La frontera sur de Europa no requiere de maniobras de agitación comunicativa para erosionar la cohesión estatal, sino de una política pública madura, solidaria entre comunidades y despojada de partidismo defensivo. 

No solo Felipe lleva mal el cumplir años. 

Junts y la vivienda: ¿la clase pesa más que la nación?

Hay momentos en política en los que el humo se disipa de golpe. Ocurre cada vez que la materia presupuestaria o la regulación de mercados entra en el Congreso de los Diputados. La votación del decreto de vivienda ha actuado como un reactivo: ante la regulación del precio de los alquileres y el freno a la especulación, la llamada «mayoría plurinacional» no se fractura por razones territoriales, sino por estrictas razones de clase.

Una vez conocido que apoyaran ellos decretos de vivienda de forma unánime por el resto de las fuerzas soberanistas e independentistas, las medidas en materia habitacional han recibido el respaldo de quienes entienden que el derecho al techo es lo que sostiene  cualquier soberanía social. En el extremo opuesto, la consecuencia de negarse de Junts per Catalunya a sumar sus votos al bloque de la investidura vuelve a situar a la formación en la trinchera parlamentaria que las derechas estatales del PP y Vox.

El movimiento de la formación post convergente no es ninguna sorpresa, sino el afloramiento de su ideología. Tras la retórica del conflicto competencial y el argumento de la invasión de atribuciones a la Generalitat (habitual pantalla de las patronales inmobiliarias), late la defensa sin matices del statu quo rentista. Junts opera en las Cortes no como el representante de la totalidad de la nación catalana, sino como el brazo político del sindicato de propietarios y de las rentas altas urbanas.

Esta posición coloca al partido de Carles Puigdemont en una encerrona estratégica. Por un lado, evidencia que su concepto de gobernabilidad consiste en utilizar los derechos sociales de las clases trabajadoras como mercancía de cambio para exigir contraprestaciones en otros frentes. Por el otro, desconecta a la formación de las necesidades acuciantes de una juventud catalana asfixiada por la crisis del alquiler, demostrando que para la derecha soberanista la «patria» acaba justo donde empiezan los beneficios del mercado inmobiliario.

En definitiva, ante la encrucijada entre garantizar el acceso a la vivienda o blindar el negocio de unos pocos, Junts ha dejado claro dónde están sus lealtades. Al final, la brecha socioeconómica siempre terminará imponiéndose a la épica de sus siglas.

Por qué la última reforma de la vivienda se queda a mitad de camino

La vivienda se ha consolidado en España no como la garantía constitucional que promete el artículo 47, sino como un activo financiero volcado en la extracción de rentas. Frente a esta brecha social, la reciente aprobación del Real Decreto-ley 26/2026 y su paquete normativo complementario ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja disputa política: ¿basta con amortiguar los golpes del mercado o es momento de intervenir en su estructura?

Si analizamos las medidas aprobadas, el diagnóstico inicial resulta inequívoco. Hay victorias innegables que responden a años de empuje de la sociedad civil organizada y la izquierda parlamentaria. Blindar la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 recupera un suelo mínimo de dignidad pública. Asimismo, cerrar las vías de escape normativo, equiparando el alquiler por habitaciones y de temporada a la Ley de Arrendamientos Urbanos, corta de raíz el fraude mediante el cual muchos grandes tenedores esquivaban los topes de precios. Restringir las compras masivas a precio de saldo por parte de fondos oportunistas y desincentivar la turistificación salvaje introduciendo el IVA a los pisos turísticos los considero pasos en la dirección correcta.

Sin embargo, el entusiasmo debe dar paso al rigor. La arquitectura de estos decretos adolece de los sesgos habituales del reformismo socialdemócrata: prefiere recurrir a la caja pública antes que disputarle el poder al rentismo.

El principal problema de concepto que yo veo, radica en articular la política de vivienda a través de bonificaciones e incentivos fiscales. Cuando el Estado subvenciona el IRPF a los propietarios que deciden no subir los precios, lo que hace en la práctica es transferir recursos de todos los ciudadanos para complementar las rentas del capital inmobiliario. Se amortigua el coste para el inquilino a expensas del presupuesto público, manteniendo intacta la lógica del beneficio rentista en lugar de fijar por decreto precios máximos vinculantes y justos.

De igual forma, implementar mecanismos de crédito como la línea de préstamos a tipo cero para la compra de primera vivienda reproduce una inercia peligrosa: responder a un problema de acceso inyectando liquidez individual en un mercado tensionado. Sin un control riguroso sobre los precios de venta, este tipo de avales públicos corre el riesgo de ser absorbido de inmediato por los vendedores, alimentando la espiral inflacionista y perpetuando la cultura de la hipoteca como la  única salida.

Los decretos aprobados ayer funcionan como un escudo de contención indispensable para detener hemorragias urgentes que hoy se sufren (frenar desahucios e impedir fraudes masivos). Pero un escudo no es una estrategia de transformación para erradicar un problema. Mientras las instituciones sigan priorizando la conciliación con el mercado mediante incentivos, en lugar de desarrollar un parque masivo de vivienda pública no enajenable y limitar directamente la especulación, la vivienda seguirá siendo un privilegio financiero gestionado con dinero público, en vez de un derecho que se conquiste para siempre.

La urgencia de desmercantilizar el derecho a la vivienda

El debate sobre la vivienda en España suele desviarse rápidamente hacia la empatía hacia el pequeño propietario que teme el impago o la regulación. Sin embargo, abordar el problema residencial desde la visión del rentista individual enmascara la verdadera raíz sociopolítica del conflicto: como se ha transformado estructuralmente lo que es un derecho fundamental, en un activo financiero que genera redito privado.

Es innegable que existe una distinción operativa entre un fondo de inversión multinacional y un particular que alquila una segunda residencia. No obstante, centrar el análisis en la desprotección del pequeño tenedor parece hacer olvidar que la función social de la propiedad reconocida en el marco constitucional debe prevalecer sobre la rentabilidad individual. Cuando el 70% del salario de un joven o la mayor parte de una pensión contributiva se destina a pagar un techo para habitar, no estamos ante un desajuste entre oferta y demanda, sino ante una transferencia de renta desde las clases trabajadoras y precarizadas hacia las rentistas.

Propuestas como los modelos de intermediación pública representan pasos interesantes, pero resultan insuficientes si el Estado asume todos los riesgos para que el sector privado conserve unas rentabilidades garantizadas. La verdadera estabilidad habitacional exige medidas estructurales y valientes. Vayan solo tres:

Garantía contractual y control de precios: Los contratos de larga duración o indefinidos junto a la limitación de precios no son arbitrariedades, sino la base mínima de certidumbre vital para evitar el desahucio silencioso que provocan las subidas abusivas al finalizar cada contrato.

Erradicación de la especulación y del alquiler turístico: La vivienda residencial no puede competir con la rentabilidad del turismo ni con la acumulación corporativa. La prohibición de la compra especulativa por parte de personas jurídicas y la reconversión del suelo turístico a residencial son prioridades urgentes.

Parque público blindado e inalienable: La creación de un gran parque público de alquiler que no pueda ser privatizado por futuros gobiernos es la única garantía a largo plazo para estructurar un mercado accesible y neutralizar la brecha habitacional generacional.

El Estado no puede limitarse a actuar como asegurador de los riesgos del arrendador. La vivienda es la infraestructura básica sobre la que se construye una sociedad, la autonomía juvenil y la dignidad en la vejez; desmercantilizarla es una condición indispensable para la cohesión social.

La violencia impune y el silencio de Defensa

Lo ocurrido hace apenas tres días en Ceuta que ha sido difundido en vídeos que documentan golpes y agresiones de miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes ya reducidos, representa un cruce de líneas rojas intolerable en un Estado de derecho. No es una cuestión sobre gestión migratoria o capacidad de recepción, sino que estamos ante la vulneración flagrante de derechos humanos fundamentales por parte de quienes ostentan el monopolio de la fuerza.

La militarización de la gestión fronteriza entraña un riesgo, atribuir funciones de control y orden público a efectivos militares sin la formación, la naturaleza policial ni el marco legal adecuado para el trato con civiles vulnerables genera inevitablemente espacios de opacidad y desproporción. Las personas interceptadas en la frontera son titulares de derechos, independientemente de su situación administrativa o del contexto de tensión que se viva en la zona. La fuerza pública no puede transformarse en un instrumento de castigo ni en un desahogo.

Casi tan grave como la violencia en sí es la postura inicial del Ministerio de Defensa. El perfil bajo, la ambigüedad en las explicaciones y el intento de aplazar responsabilidades al amparo del "contexto" o la tensión fronteriza terminan por legitimar un clima de impunidad. Un Ejecutivo progresista no puede ponerse de perfil cuando la violencia la ejercen agentes de su propia administración. La tibieza institucional no solo revictimiza a los agredidos, sino que alimenta el discurso de la extrema derecha, que normaliza la deshumanización de las personas migrantes.

Y que nadie se confunda. Si algún militar es agredido, que el agresor sea detenido, juzgado y expulsado. Pero eso no está reñido con exigir la apertura inmediata de investigaciones judiciales, la depuración de responsabilidades disciplinarias y penales, y la desmilitarización del control migratorio en Ceuta y Melilla no es una postura ideológica radical: es el mínimo ético y democrático exigible para evitar que la frontera sur de España siga convirtiéndose en una zona de excepción normativa.

La doble vara de medir del monopolio de la fuerza

La violencia institucional rara vez es neutra. Las diferentes imágenes que hemos visto de actuaciones policiales revelan un fenómeno estructural recurrente: el uso asimétrico y sesgado de la coerción que ejerce la policía según el signo ideológico de las protestas y de quienes sufren la agresión. 

Cuando el aparato represivo interviene ante colectivos pacificos que defienden derechos sociales, como la lucha contra un desahucio, la fuerza tiende a aplicarse de forma desproporcionada. En cambio, ante agresiones o intentos de linchamiento dirigidos hacia militantes progresistas, activistas u ONG, se evidencia una pasividad o condescendencia alarmante. Esta selectividad demuestra que las fuerzas de seguridad no actúan como meros árbitros neutrales, sino como las garantes de las dinámicas de poder dominantes. 

A esto se suma la deshumanización sistemática hacia las personas más vulnerables, como las personas migrantes. Las vejaciones relatadas en Ceuta y la falta de asunción de responsabilidades por parte de las instituciones gubernamentales y mandos militares, reflejan una impunidad profundamente arraigada. 

Cuando el monopolio de la violencia se ejerce deliberadamente a ciegas, hacia los abusos de la extrema derecha, y con contundencia contra los movimientos populares, la democracia se queda vacía de contenido real. 

El ministerio del interior y la dirección general de la policía deberían buscar una verdadera regeneración democrática para poner fin al sesgo ideológico en las fuerzas del orden y garantizar que la ley no sirva para la impunidad coercitiva. 

El capital les pesa más que el Evangelio

El drama del desahucio de Maricarmen de la que fue su casa durante más de siete décadas en Madrid, y la tragedia humanitaria en la frontera de Ceuta han sacado a la luz las vergüenzas de la jerarquía católica en España. 

Mientras los movimientos sociales, sindicatos de inquilinas, la Hermandad Obrera de Acción Católica , Cruz Roja y cristianos de base hacían frente a la violencia policial y la codicia de un fondo buitre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha optado por ser la “mudita” de esta lamentable situación. 

Su silencio no es fruto de la distracción, sino de su cálculo político, de su frialdad.  La Iglesia es una institución de matriz absolutista y dinámicas corporativas, y eso hace que su jerarquía acue con la lógica implacable de, antes que nada, preservar  sus privilegios materiales y políticos.

La hipocresía se ha convertido en parte de su estructura. No me dirán ustedes que no es profundamente contradictorio que, mientras el Vaticano califica de "crisis humanitaria" la situación en la frontera sur y apela de manera insistente a la defensa de los derechos sagrados a "tierra, techo y trabajo", los prelados españoles se muestren con un perfil plano y temeroso. Resulta sangrante ver cómo una institución que ejerce como una verdadera potencia en el mercado inmobiliario y que ha sido beneficiada por inercias históricas y marcos legales como el de las inmatriculaciones, hoy le da la espalda de forma metódica a la vulnerabilidad. 

Las excusas salidas de los pasillos eclesiásticos en los que aluden a un letargo por el viaje papal o a la prudencia ante un posible cambio de gobierno, revelan la verdadera naturaleza de su posicionamiento. No se trata de neutralidad ni de distancia evangélica; es mero oportunismo táctico. La cúpula episcopal prefiere evitar cualquier conflicto con las dinámicas del capital financiero y los fondos buitre, no solo porque comparte con la derecha socioeconómica la defensa  férrea  del modelo de propiedad privada especulativa (son un fondo buitre más), sino porque teme las represalias del bloque reaccionario si decide respaldar los mínimos éticos de la vivienda pública y el bienestar social. Además de interesados, cobardes.

El miedo de la jerarquía eclesiástica al señalamiento de la extrema derecha, que ya acusó a los sectores católicos comprometidos de confeccionar "un Evangelio a la imagen del PSOE" por el mero hecho de defender a una anciana desahuciada,  demuestra hasta qué punto los obispos han supeditado su función pastoral a las dinámicas de la lucha partidista. Prefieren mantener intacto su entramado institucional, sus exenciones fiscales y sus conciertos antes que incomodar a los sectores financieros que convierten los barrios en activos especulativos. 

Esta actitud contrasta drásticamente con la contundencia que la misma Conferencia Episcopal exhibe cuando se trata de movilizarse o presionar en cuestiones normativas de derechos civiles, feminismo o diversidad sexual. En esos frentes no dudan en alzar la voz; sin embargo, ante la expulsión violenta del hogar de personas vulnerables, la crueldad del mercado del suelo o la flagrante vulneración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, prefieren agachar la cabeza. 

La lección que nos deja este episodio es clara. Mientras las comunidades cristianas de base y las parroquias de barrio luchan codo a codo la comunidad, la alta jerarquía episcopal actúa como un actor político conservador dedicado a velar por sus propios intereses de clase. Sus solemnes risitas institucionales y sus ostentosas cruces en el pecho contrastan con el abandono de los más golpeados por la crisis de la vivienda. 

Una vez más, cuando hay que elegir entre la justicia social y el poder económico, la cúpula eclesiástica siempre elige el capital.