sábado, 23 de mayo de 2026

El laberinto de Zapatero y García Page.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo, es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa. 

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario, ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las "viejas glorias" como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.  

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está  dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: "Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea." Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir. 

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida, obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir, entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: Alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.


 

A vueltas con la qué está cayendo

 Portales como Vozpópuli y otros medios, apuntan a que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaría acelerando preparativos para un posible proceso penal contra Zapatero, relacionándole con redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles, y alegando presuntos pagos y operaciones financieras con dinero de PDVSA.

Voces políticas y periodísticas en España y EE.UU. hablan de que la administración Trump podría recurrir a sanciones, revocación de visado y, en última instancia, a una orden internacional de arresto si Zapatero no coopera, aunque eso todavía no se ha materializado en un caso público cerrado.
No hay una prueba pública y concluyente de que Trump encienda una investigación exclusivamente a través de Delcy Rodríguez; lo que sí hay son informaciones que sitúan a Zapatero en el radar judicial de EE.UU. y que subrayan que la Casa Blanca podría obrar con independencia del chavismo tradicional, aunque las presiones directas e indirectas sobre actores como Delcy Rodríguez formen parte de la estrategia política y mediática.
Pocos dudamos de la existencia en España de una asimetría judicial. La rapidez e intensidad con la que se investiga o imputa a figuras de la izquierda con la supuesta impunidad o lentitud con la que se tratan los casos de corrupción vinculados a la derecha (PP, a Aznar o a Rajoy).
Este caso de Zapatero tiene como precedente la reciente situación del Fiscal General del Estado. El camino para condenar o imputar sin pruebas concluyentes ya se abrió con ese proceso, lo que genera temor a que cualquier cargo de izquierdas pueda ser investigado.
Merece un reproche el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su pasividad. No tomó medidas contundentes en el pasado, como la reforma del poder judicial o la derogación total de la "Ley Mordaza", lo que ha terminado por "envalentonar" a los sectores judiciales y policiales más conservadores.
El asunto es grave y no debe despacharse como un mero trámite rutinario. Es lícito y necesario exigir transparencia para aclarar el destino de los fondos públicos, independientemente de las siglas políticas.
Pero la hipérbole del PP y sus secuaces, dando por condenado al expresidente sin conocer aún el auto completo y sin existir condena es impropio de un partido de Estado y propio de barra de bar.
Por último, que el PP haya anunciado con antelación esta investigación a Zapatero, debería ser motivo suficiente para que el poder judicial investigara quien o quienes son los que filtran al PP las resoluciones judiciales antes de que se produzcan, por ya son varios los casos en los que ese adelanto de la información se ha producido.

Intentando aclarar lo que hasta hoy sabemos sobre la investigación a Zapatero


 Vaya por delante que no soy jurista, y defiendo siempre "que quién la haya hecho que la pague". Pero dicho lo anterior, no se puede olvidar: primero, lo que significa presunción de inocencia y segundo, que no es el imputado quien debe demostrar su inocencia sino la acusación su culpabilidad.

Pero lo que está documentado en lo disponible, es un relato periodístico del propio auto y de autos previos/relacionados, pero no el texto íntegro del resolución.  Sabemos que varias imputaciones parecen apoyarse en inferencias amplias, en indicios indirectos y en supuestas conexiones personales más que en actos concretos individualizados y acreditados.

Atribuir a una persona ser el jefe de una organización criminal exige algo más que ser alguien con notoriedad, con contactos o por su capacidad de interlocución; hacen falta actos de dirección, coordinación o dominio concretos para afirmar esa jefatura. El punto débil, por lo que se ha publicado, es que el salto desde “tiene contactos” a “lidera una trama” parece, en gran medida, deducciones del instructor.

Si el auto usa un conjunto amplio de relaciones, operaciones y entornos empresariales para ir buscando qué pudo ser delictivo, se está convirtiendo el proceso penal en una expedición de pesca. La propia jurisprudencia previa sobre querellas contra Zapatero había rechazado ese tipo de construcciones por falta de hechos concretos y por basarse en conjeturas o recortes de prensa. Ahora parece que eso si es posible hacerlo.

Acusaciones como “tráfico de influencias”, “organización criminal” o “blanqueo” no se sostienen solo con sospechas generales; se necesitan hechos concretos, fechas, nombres de quienes intervienen, actos de influencia y relación causal con una resolución concreta. En lo publicado, el foco se pone en la supuesta capacidad de acceso del expresidente, pero no en actos concretos y descritos.

Transferencias a familiares, cancelaciones de préstamos o adquisiciones patrimoniales pueden ser relevantes, pero por sí solas no prueban un delito, para hacerlo se debe disponer de una trazabilidad sólida que demuestre que ha existido una ventaja ilícita concreta. Se puede estar confundiendo un indicio financiero con la demostración del origen delictivo del dinero. Cuando un auto presenta a una persona como “vértice”, “líder” o “centro neurálgico” de una trama, esas calificaciones tienen fuerza retórica, pero deben esta basadas en hechos contrastables, porque si no, se corre el riesgo de anticipar una conclusión antes de exponer los indicios en los que se soporten. 

Según lo publicado, en el auto aparece la citación de Zapatero como investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental; la referencia al rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros; y la mención a supuestas redes de intermediación y contactos con autoridades en España y Venezuela. Pero también está documentado que en resoluciones anteriores sobre querellas contra Zapatero la Audiencia Nacional consideró insuficientes las acusaciones basadas en suposiciones, deducciones infundadas o falta de dato objetivo, lo que hace que con las pruebas se deba ser especialmente exigente.

Una imputación seria puede fundarse en indicios, pero no en acumulación de sospechas. Si el auto no separa con nitidez qué hechos son propios del expresidente, cuáles son actos de terceros y cuáles son meras relaciones personales o políticas, la solidez de estas acusaciones es muy cuestionable. Con lo que está públicamente documentado, el paso desde el contexto, contactos y operaciones societarias hacia la imputación penal directa de Zapatero no está documentado.

Repito, NO SOY JURISTA. Ver menos

 

La información disponible hoy muestra tres líneas distintas:

 En el sistema procesal español, la imputación entra en juego cuando el juez, una vez valorados indicios racionales, decide que una persona puede ser responsable de un delito y le reconoce la condición de “investigado” o “imputado”, con sus derechos (letrado, confesión o no, etc.).  

En muchos casos, el juez cita previamente a la persona para tomarle declaración como investigado y, tras ello, formaliza la imputación o bien archiva la pieza; pero en otros supuestos, el juez puede ya considerar suficientes los indicios y acordar la imputación sin haberle oído antes, siempre que medie una motivación razonada. 

La pregunta es si en decidir una vía y otra influye la militancia política en la derecha o en la izquierda.

Pero no seáis malpensados y deis por hecho que la imputación de Zapatero en este momento es porque los audios que se están escuchando hoy en el juicio de la Kitchen, que prueban sin atisbo de duda que Rajoy era el cabecilla de las cloacas, desmontan la estrategia pepera para asaltar la Moncloa.

sobre Zapatero, hay una querella ampliada por Hazte Oír y también diligencias abiertas por la Audiencia Nacional, pero eso son investigaciones, no una condena. 

Sobre Rajoy, sí hay cobertura de prensa sobre su relación con la justicia y sobre asuntos vinculados a corrupción y a la “Operación Cataluña”, pero no puedo afirmar que “la justicia no sepa quién es M. Rajoy” porque eso sería una acusación sin base verificable. 

Sobre Aznar y el 11-M, existe un debate político e histórico muy cargado: hubo una comisión parlamentaria que vinculó la gestión del Gobierno con la guerra de Irak, y también voces actuales que sostienen que la guerra de Irak tuvo un papel decisivo en el clima que rodeó el 11-M

Lo que indigna no es solo la lentitud de la justicia, sino su aparente capacidad para mirar con lupa a unos y con niebla a otros. España no puede seguir funcionando con una vara distinta para cada poder, cada sigla y cada apellido. 

Si hubo responsabilidad en Zapatero, Rajoy o Aznar, que se pruebe con hechos; pero si el sistema solo actúa a medias, entonces el problema no es un caso concreto: es la credibilidad misma de la justicia 

Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

 El código postal del riñón: La voluntad política frente a la estadística

“Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética”

— Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

Antonio  González Cabrera

Antonio González Cabrera


Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.



Andalucía a primera vista.


El PSOE resiste mejor de lo que parecía, pero ya no actúa como partido hegemónico.

A su izquierda, la fragmentación y la competencia interna han reducido mucho la capacidad de movilización. Eso deja un espacio progresista más pequeño, menos cohesionado y con poca capacidad de disputar la agenda al centro-derecha.

La clave política es que el PP, pese a perder la mayoría absoluta,  ha sabido presentarse como opción de estabilidad y moderación, captando incluso parte del voto útil, mientras la izquierda ha quedado asociada a división y desgaste. 

En términos estratégicos, Andalucía confirma que sin unidad, perfil social claro y arraigo territorial, la izquierda lo tiene muy difícil para volver a competir por el gobierno.

Las elecciones andaluzas suponen una advertencia clara para el conjunto del mapa político y, especialmente, para Castilla-La Mancha. La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular rompe el relato de hegemonía conservadora y demuestra que el ciclo de concentración del voto en la derecha tiene límites claros. Ni siquiera en escenarios favorables el electorado está dispuesto a otorgar cheques en blanco, lo que abre un nuevo tiempo de mayor competencia y disputa política.

En paralelo, se confirma una tendencia de fondo: el espacio a la izquierda del PSOE no solo resiste, sino que se ensancha. A pesar de las dificultades y la fragmentación, existe una base social que demanda políticas más ambiciosas y que no se siente plenamente representada por el socialismo tradicional. Este crecimiento convive, además, con el avance de fuerzas regionalistas que están sabiendo canalizar el descontento y las demandas territoriales, consolidándose como actores cada vez más decisivos.

En este contexto, Sumar demuestra capacidad de resistencia y de arraigo, manteniendo su representación en condiciones adversas. No es un dato menor: indica que hay un electorado que sigue apostando por una alternativa progresista transformadora, incluso en escenarios de alta presión política y mediática.

Desde Castilla-La Mancha, estas elecciones obligan a una lectura sin complacencias. El tablero político se está moviendo, el electorado es cada vez más exigente y fragmentado, y ya no basta con apelar a inercias pasadas. Quien no entienda que el espacio progresista es hoy más plural, más competitivo y más exigente, corre el riesgo de quedarse atrás

Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

 Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

Las campañas electorales suelen llenarse de eslóganes pegadizos, pero cuando derecha y extrema derecha aterrizan en el debate político andaluz, sus estrategias van un paso más allá. Lo hemos visto en los  debates televisados: usan una receta basada en respuestas simples para problemas que, en una tierra tan compleja y rica como Andalucía, son profundamente estructurales.

El peligro de discursos del tipo "no pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada" es que intentan anestesiar el espíritu crítico de una comunidad que históricamente ha conquistado sus derechos a base de moverse, alzar la voz y exigir su lugar. Cambiar el debate analítico por el dogma simplista no soluciona el desempleo juvenil, ni mejora la sanidad pública, ni la educación, ni resuelve la escasez de agua en el campo; solo camufla la falta de un proyecto real bajo una capa de falsa seguridad.

Por otro lado, vivimos tiempos en los que existe un riesgo alarmante de romanticismo histórico. Cuando se vacía de contenido la memoria y se apela a la nostalgia de un pasado supuestamente "ordenado y sencillo", se está construyendo una trampa para las generaciones más jóvenes. El franquismo no fue un parque temático de orden y paz social; fue una época de censura, a la que siguió un post franquismo de exilio forzado para miles de andaluces que tuvimos que dejar nuestra tierra para buscarnos la vida, y de un centralismo que ahogaba la identidad y la autonomía de Andalucía.

Votar en Andalucía exige mirar de frente la realidad, no comprar espejismos del pasado ni propuestas de una estabilidad basada en no hacer nada para no molestar al votante como proclama el candidato actual presidente, convencido de que no haciendo nada no se cometen errores. Quien promete un orden sencillo a cambio de silenciar la diversidad, de recortar libertades, de negar los avances sociales, o de gobernar con sonrisas, no busca proteger a los andaluces: busca que sean ciudadanos sumisos. 

La verdadera fortaleza de Andalucía siempre ha residido en su capacidad para avanzar sin tutelas, con memoria y con la libertad de pensar por sí misma. 

Antes de depositar tu papeleta, conviene que recuerdes que la complejidad de la democracia siempre será preferible al silencio de quienes añoran el control.

Te deseo una buena reflexión.

El laberinto de Zapatero y García Page.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del e...