¡Qué más da el resultado!

Hay errores de imprenta que son anecdóticos, pero hay otros que funcionan como un escáner al revelar, en una milésima de segundo, la patología que no conocíamos del paciente. Lo ocurrido en la redacción de El Mundo con el artículo prefabricado de Arcadi Espada pertenece a este segundo grupo. 

El texto ya estaba redactado, perfectamente pulido y guardado a la espera del desenlace. Bastó un fallo de redacción, para que el agorero profesional nos regalase, antes de tiempo, su epitafio particular sobre la Selección y sobre el país. El asunto no es la torpeza del error al publicarlo antes de tiempo, sino la ideología que existe en sus párrafos. Lo que Arcadi Espada firmó no era una crónica deportiva ni un análisis táctico; era un ejercicio puro de hegemonía cultural y resentimiento ultraderechista.

Espada, que en su particular periplo ideológico partió del antifranquismo, hizo escala en el socialismo y en Ciudadanos, y parece haber encontrado su Ítaca definitiva en la orilla del nacionalismo ultra. Es el representante de esa clase de intelectualidad que ha hecho de la amargura su método de análisis. Para esa visión, el resultado es lo de menos; lo único urgente es encajar la realidad dentro de su dogma de decadencia nacional.

El texto describe con precisión quirúrgica los tres grandes fantasmas de la derecha cultural. En primer lugar, el odio visceral hacia la España plural y diversa. A Arcadi le molesta la sonrisa de una Selección mestiza, joven y desenfadada, encarnada en figuras como Lamine Yamal o Nico Willians. Necesita catalogar esa diversidad como «mestizaje sin fusión» o «postureo de la España trans». Es incapaz de digerir que la identidad de un país no sea un bloque de granito homogéneo y disciplinado, sino un tejido vivo, cambiante y mestizo. Para el reaccionario, la alegría colectiva es una falta de respeto; por eso escribe, con la solemnidad de un censor en blanco y negro, que los equipos serios no sonríen mientras suena el himno.

En segundo lugar, el desprecio por el trabajo en equipo y la solidaridad. Al atacar la célebre frase de Di Stéfano ”Ningún jugador es tan bueno como somos todos juntos”, Espada traslada la ética del neoliberalismo más salvaje al terreno del fútbol. En su visión del cosmos, el grupo es un lastre que asfixia al genio individual; la búsqueda de la igualdad no es cohesión, sino nivelar, pero hacia abajo. Es la vieja obsesión elitista: aborrecer lo colectivo para justificar el privilegio individual. Para la izquierda, la comunidad potencia al talento; para el escorado a la extrema derecha, el grupo es una prisión.

Y, en tercer lugar, lo más revelador de todo es su necesidad del fracaso ajeno. El artículo de Espada demuestra hasta qué punto la derecha mediática necesita la derrota de la sociedad contemporánea para tener razón. Tenían la saliva preparada para escupir sobre la España moderna, igualitaria y diversa. Estaban ansiosos por culpar al «clima moral», a la juventud de TikTok y a las políticas públicas de un tropiezo deportivo, porque su proyecto político vive de la nostalgia y del rencor.

No estábamos ante un análisis de noventa minutos de fútbol. Estábamos ante el deseo no disimulado de ver caer a un país que ya no se parece a sus prejuicios. Arcadi Espada y la trinchera mediática que representa no estaban esperando que rodase el balón: estaban deseando la derrota de una España que sonríe, que coopera y que se abraza en su diversidad. El error técnico nos dejó las risas; el texto, la radiografía de un proyecto político alimentado de amargura. Ver menos

El misterioso caso del eclipse de la Operación Kitchen en los medios

El juicio sobre la operación Kitchen entra en su recta final. Sucedió en 2013, se abre la causa en 2018, se cierra la instrucción en 2021 y se juzga ahora, trece años después. Pero al parecer existe una regla no escrita en el periodismo de masas contemporáneo: el impacto de un escándalo político no lo mide la gravedad objetiva del delito, sino el número de decibelios con el que las grandes portadas y tertulias deciden amplificarlo. 

Al menos admitamos que resulta curioso el contraste. Cuando la corrupción afecta a un individuo que estafa comisiones o se enriquece de forma miserable, los titulares hierven durante semanas. Sin embargo, cuando lo que se corrompe no es un presupuesto público, sino la propia estructura del Estado de derecho, la intensidad informativa experimenta una mutación fascinante: el estruendo mediático se convierte en un susurro. 

La Operación Kitchen representa, sin matices, el mayor atropello institucional de la historia democrática reciente en España. No hablamos de intermediarios que solo piensan en su bolsillo ni de políticos deshonestos llevándose una tajada de dinero público; hablamos del uso de la Policía Nacional, de los servicios de inteligencia, del Ministerio del Interior y de los fondos reservados de todos los ciudadanos para espiar, robar pruebas judiciales y blindar la impunidad de un partido en el poder. Curiosamente, el partido de Feijoo que ahora ve delito hasta en el cambio de la marca del papel higiénico de Sánchez.

Frente a un ataque directo a los cimientos de la democracia, la reacción del sistema mediático dominante ha ofrecido una lección magistral de asimetría y arquitectura de la agenda pública. Estamos asistiendo a una anestesia del lenguaje, puesto que mientras que otros casos son calificados en televisión con adjetivos incendiarios y tratados como verdaderas crisis de régimen, la Kitchen tiende a ser encapsulada bajo un lenguaje judicial aséptico, relegándola a las páginas de tribunales en lugar de abrir informativos día tras día.

En este caso vemos que es la famosa teoría de las "manzanas podridas", una narrativa imperante que ha buscado incansablemente aislar el problema en comisarios oscuros o mandos policiales concretos, sin hacer la pregunta fundamental: ¿quién dio la orden desde la cima política para poner el Estado al servicio de las siglas de un partido? Contrasta excesivamente como los escándalos de enriquecimiento personal permanecen meses como monopolio televisivo con un tono de indignación moral constante, mientras que la utilización espuria del aparato policial para tapar la caja B sufre un goteo informativo difuso y disperso, diseñado para normalizar el escándalo y anestesiar a la opinión pública.

Tratar las tramas de la cloaca del Estado como si fuesen un litigio administrativo ordinario no es neutralidad; es una toma de posicionamiento. Cuando el periodismo renuncia a señalar con la misma vehemencia el secuestro de las instituciones públicas que el robo económico, desprotege a la sociedad ante los abusos del poder. La democracia no solo se quiebra cuando se roba dinero público; se quiebra, de forma mucho más peligrosa, cuando se corrompen las reglas del juego ante la mirada tibia de los focos mediáticos. En el primer caso se cuestiona la honestidad de un político, en el segundo se  aniquila la neutralidad de las instituciones sobre las que se sostiene la democracia. 

¿Por qué nunca falta dinero para la corona, pero sí para tu pensión?

Hay preguntas que no buscan respuestas, sino encender una luz en la oscuridad. ¿Has oído alguna vez que la financiación del ejército, la monarquía o la Iglesia esté en peligro? no son meros eslóganes; son una radiografía perfecta de las prioridades del poder.

Llevamos décadas sometidos a una pedagogía del miedo fiscal. Nos han repetido hasta la saciedad, como una verdad incontestable, que los recursos son finitos, que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» y que la sostenibilidad de la sanidad pública, la educación universal y las pensiones está en un alambre permanente. Nos acostumbran a titulares sombríos sobre el «colapso» de la Seguridad Social o la necesidad inexorable de recortar la atención primaria.

Te has preguntado ¿por qué en esta narrativa, la escasez siempre es selectiva? Jamás escucharás a un tertuliano o a un ministro alertar de que la partida presupuestaria de la Casa Real no va a llegar a fin de mes. Tampoco escucharás que no se pueden abonar los salarios de diputados y senadores. Ni verás portadas alarmistas sobre la inviabilidad financiera de los conciertos con la Iglesia Católica. Mucho menos de la urgencia de recortar en gasto militar para "salvaguardar las cuentas del Estado". Para la reproducción del aparato de coerción, el boato institucional y los privilegios históricos, el grifo presupuestario no solo no se cierra, sino que se abre con generosidad blindada contra cualquier situación de escasez.

Esto no es un accidente ni una mala gestión puntual, es una decisión de clase. El Estado nunca es un ente neutro que reparte equitativamente los recursos; es el reflejo de una correlación de fuerzas. Cuando el discurso dominante insiste en que las pensiones o los servicios públicos son insostenibles mientras se transfieren miles de millones a la industria de la defensa o se perdonan impuestos a las grandes fortunas, se está enviando un mensaje claro: las necesidades de la mayoría social son prescindibles; las estructuras de poder, no.

La prioridad de un sistema que antepone el capital y la conservación del statu quo nunca serás tú, ni tu abuela esperando ocho meses para una operación de cadera, ni tu hijo en un aula saturada, o que te reconozcan la dependencia un año después de presentarla. Tu bienestar es tratado como un "coste" negociable, mientras que el gasto en instituciones anacrónicas o en la maquinaria bélica se fiscaliza como una "obligación sagrada" de Estado.

El verdadero debate fiscal no va de números, sino de poder. No es un problema de falta de dinero, sino de redistribución y de voluntad política. Exigir que los servicios que sostienen la vida estén tan blindados como los presupuestos de la Corona o de la Defensa no es una utopía: es el mínimo democrático para garantizar que las personas, y no las élites, sean, por una vez, la prioridad.

Y este escenario, que ya es alarmante, amenaza con volverse insostenible si la derecha y la ultraderecha ocupan las instituciones. Lejos de corregir esta asimetría, su agenda política pasa por acelerar el desmantelamiento de lo común: convertir derechos fundamentales en negocios lucrativos para unos pocos mientras agitan banderas y multiplican el gasto en seguridad, defensa y privilegios estamentales. Con la derecha y ultraderecha en el poder, la tijera sobre el estado de bienestar no solo no se detendrá, sino que se convertirá en doctrina, profundizando la desigualdad y dejando meridianamente claro que, bajo su modelo de sociedad, la mayoría trabajadora no es, ni será jamás, la prioridad. 

Y tú, que estás convencido de que quieren llegar al poder para que vivas mejor, deberías hacértelo mirar.

El «caso Zapatero»

En esos entes mitológicos llamados «Estados de derecho», la presunción de inocencia es un pilar sagrado e inquebrantable. En España eso solo es una enternecedora teoría, porque la praxis nos demuestra a diario que dicho pilar tiene la asombrosa propiedad de la hiperelásticidad y está lleno de comodidades cuando acoge a las élites conservadoras, pero es implacable, rígido y afilado cuando se trata de la izquierda. El fascinante revuelo en torno al denominado «caso Zapatero» es tan solo el último espectáculo de esta ya cansina función. 

Para comprender el nivel de sofisticación alcanzado, basta con ver cómo se aplican los dogmas. Resulta que José María Aznar se dejó un pequeño matiz en el tintero cuando convocó al combate contra la izquierda por tierra, mar y aire. Lo que en realidad quería decir era: «El que pueda hacer que haga, y será bien recibido en el reino de Iker Jiménez». Porque, ¡para qué perder el tiempo con un juicio cuando ya tenemos la sentencia redactada por el tribunal de la tertulia mediática! Zapatero ya está condenado. Faltaría más. Ya lo he dicho antes, en este entrañable país, la presunción de inocencia es una delicatesen reservada exclusivamente para la frutera y sus familiares; la izquierda, en cambio, debe demostrar no solo que es impoluta, sino que sus antepasados del Neolítico tampoco cometieron faltas administrativas. La más mínima sospecha basta para un dictamen condenatorio. 

Por supuesto, si Zapatero es culpable, que lo pague, faltaría más. Pero no deja de ser enternecedor observar esta sistemática doble vara de medir. Mientras sobre la más mínima sombra progresista se edifican catedrales judiciales y macrocausas de máxima audiencia, los escándalos que salpican al núcleo duro de la derecha duermen plácidamente en el limbo del olvido institucional y mediático. Y aquí seguimos los ingenuos, lanzando la pregunta al aire: «¿Y de M. Rajoy aún no se sabe nada?». La investigación científica avanza rápido, pero el misterio del señor "M." sigue desafiando a la física moderna. 

El trasfondo procesal de esta causa contra el expresidente es una auténtica obra de arte del equilibrismo. Basado no en la vulgar y aburrida solidez de las pruebas, sino en el noble arte de la filtración por goteo y el desgaste político, el sumario arranca con unos cimientos de plastilina. Las propias investigaciones, en un alarde de sinceridad, «no saben si se convirtió en alguna gestión directa y admiten que no tienen una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate». Pero ¿a quién le importan los hechos cuando el juicio paralelo ya ha dictado sentencia firme?

Seguimos sin noticias del auto enviado a Estados Unidos sobre si hubo o no intervención de un juez en el clonado del teléfono. Si no la hubo, mucha gente de derecha y ultraderecha y muchos periodistas se habrán quedado colgados de la brocha, aunque no importa ya, puesto que el verdadero objetivo, la vivisección de Zapatero, se habrá cumplido y ya asistimos a la entronización de las filtraciones judiciales. 

Si te molestas en buscar el significado del concepto “rigor jurídico” comprobarás que este caso roza el absurdo. Sin pruebas de tráfico de influencias, uno se ve obligado a preguntar candorosamente: Me puede explicar alguien, por favor, ¿dónde exactamente estaría el delito en que Zapatero hubiera asesorado a una empresa para que otra consiguiera una ayuda pública y cobrado por ello si no se demuestra que haya ejercido influencia sobre ningún cargo público? Por lo que ha salido hasta ahora, parece que se le acusa de hacer el trabajo por el que le contrataron y pagaron. 

Por ese mismo concepto, es de suponer, que todos los porteros de inmuebles en Madrid y otras ciudades, a los que se les promete que cobrarán una comisión  por informar a las inmobiliarias de fallecimiento de propietarios, o de casas en venta, también deberían ser procesados si la casa se vende. ¡Qué aberración, cobrar por trabajar! Si existiera algún descuido fiscal, la solución parece obvia para cualquier mortal: Una cosa está clara, si Zapatero o los porteros eludieron impuestos que los paguen. Esto sería cuestión de la Agencia Tributaria, que es en realidad a quien compete, por defraudación. No por mediación. 

Pero claro, la política de altos vuelos exige un teatro más majestuoso que el de un expediente en Hacienda. La ingeniería procesal y los pactos de despacho se han convertido en la herramienta estrella para desestabilizar al Gobierno de coalición. El sublime mensaje del Tribunal Supremo eximiendo de la cárcel a Aldama, premiando con ternura la figura del corruptor, ha sido recibido con aplausos por el resto de implicados. Tras el vergonzoso espectáculo ofrecido por Aldama y su aún más estrambótica condena, el guion estaba escrito: ofrecer la cabeza de Zapatero a cambio de la salvación, favoreciendo, de paso, la estrategia de acoso y derribo al gobierno por parte del PP. Que el mapa político esté repleto de oportunistas no es novedad; lo fascinante es con qué soltura se ejecuta la maniobra. 

Y como en toda buena comedia de enredo, no podía faltar el entramado empresarial y judicial. Por un lado, tenemos a los astutos intermediarios: los tales julios que aparecen como unos delincuentes de libro. ¿Por qué untó la empresa al supuesto intermediario y este a su vez, supuestamente, a Zapatero? Todo esto huele a una aldamanada que acabará con Zapatero en el trullo gracias a "sus amigos venezolanos. 

Pero, por otro lado, brilla la inmaculada equidistancia de la propia judicatura. Teniendo en cuenta que está en medio el exjuez García Castellón, amigo íntimo del presidente de Plus Ultra y que utiliza la sede de la compañía como su despacho, a cualquier mente malpensada le daría por inquirir: ¿Han solicitado los teléfonos móviles y correos del exjuez García Castellón para investigar su labor de mediación con PLUS ULTRA? ¿No deberían solicitarle todas sus comunicaciones de los últimos años por estar implicado en el caso? Ya sé que solo es una ocurrencia mía, eso de investigar a los investigadores, suena a película ...

En conclusión, este edificante «caso Zapatero» regala a la izquierda dos lecciones magistrales. La primera, un sabio y milenario principio de prudencia política: Quien con empresarios se acuesta, imputado se levanta. La segunda, una constatación de la salud de nuestras instituciones: cuando los poderes mediáticos y las togas sincronizan sus agendas, la presunción de inocencia deja de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio VIP de la derecha, aplicable solo a la frutera y a sus familiares. 

Ah, por cierto, para que no se nos olvide entre tanto ruido: ¿de M. Rajoy aún no  sabemos nada?

El refugio del gozo colectivo

Un éxito futbolístico no transforma las relaciones de empresa y trabajadores, ni soluciona las contradicciones estructurales de un país. Sin embargo, reducir la celebración de una victoria mundialista a mero «opio del pueblo» es pasar por alto la dimensión afectiva de las clases populares. El triunfo de la selección española en la Copa del Mundo no debe leerse desde el patriotismo excluyente ni desde la retórica institucional que busca capitalizar el éxito ajeno. Su verdadero valor político reside en lo cotidiano, y se resume en una cita de Juanjo Sánchez que leí esta mañana: es «una enorme excusa para poder ser feliz con mucha otra gente, a la vez. Un éxito donde no cabe ni la envidia».

En tiempos marcados por la atomización social, la precarización y el aislamiento digital, encontrar motivos para una celebración colectiva es un acto de resistencia emocional. El espacio público, habitualmente mercantilizado o fragmentado por la crispación política, se convierte de pronto en un lugar de encuentro donde desconocidos comparten un abrazo. Es la democratización de la alegría y la plaza pública vuelve a ser de los ciudadanos. Es una victoria que se vive de forma horizontal, sin jerarquías ni distinciones socioeconómicas en la celebración. La felicidad compartida no pertenece a los palcos ni a las élites económicas, sino a la gente común que encuentra en el juego una especie de pausa que ayuda a llevar todo algo mejor. 

Pero esta victoria también ofrece un relato sobre la identidad del territorio. Frente a visiones homogéneas o nostálgicas de la nación, el colectivo que representa este éxito refleja una España diversa, mestiza y plurinacional. Un equipo donde conviven orígenes, lenguas y realidades distintas demuestra que la pertenencia no se impone: se construye mediante la cooperación y el esfuerzo compartido.

No hay nada alienante en disfrutar de la belleza del juego ni en celebrar juntos. Reconocer en el otro a un igual, aunque sea al calor de un gol, nos recuerda lo valioso de la cohesión social. La tarea del pensamiento crítico no es fiscalizar la alegría del pueblo, sino entender que el deseo de estar juntos y ser felices sin rencor es, en sí mismo, la semilla de cualquier transformación política. 

El retorno del palio

Domingo 19 de julio, el día después a que Feijoo afirmase que hoy todo el PP será de un único equipo, como si los demás solo fuésemos con Cabo Verde. 

En realidad, lo que Feijoo y sus tellados pretenden es hacernos viajar al pasado, porque solo unos antiguos, con mente antigua, pueden imaginar como fructífera aquella época convencidos de que cualquier tiempo pasado fue mejor. También lo piensan los ignorantes que han mutado el “que viene el coco”, por “el coco ya está aquí”.

No deja de ser curioso cómo se empeñan en asustar a niños y mayores, con los fantasmas del pasado. Cada vez que la derecha patria se pone estupenda y saca a pasear las esencias de la sacristía y del alcalde bajo palio, el personal progresista nos echamos las manos a la cabeza temiendo el regreso inmediato de la cartilla de racionamiento, el NO-DO y las señoras con mantilla obligatoria en los oficios de Jueves Santo. 

Pero, calma, señores. Eso no va a pasar, porque el capitalismo globalizado, que es el verdadero director de orquesta de nuestro tiempo, no permitiría semejante anacronismo; entre otras cosas, porque el aislamiento autosuficiente es malísimo para lo único que les importa: las acciones del Ibex 35 y el turismo de sol y playa. Ténganlo claro: no volverá 1940, básicamente porque la laca y el incienso ya no cotizan igual en bolsa que entonces.

Lo que se nos viene encima es algo mucho más sutil y, bastante más jodido y fastidioso: una democracia iliberal de corte estrictamente casticista. Un invento modernísimo que consiste en mantener las urnas relucientes, para que nadie pueda decir que somos unos bárbaros, mientras, por la puerta de atrás, nos van dejando sin derechos civiles. Es el triunfo de la forma sobre el fondo. No preocuparos que podremos votar cada cuatro años, faltaría más, pero entre votación y votación se desaconsejará vivamente el uso de la inteligencia crítica, esa molesta costumbre de algunos de hacerse preguntas. El pensamiento será único o no será, y el disidente no irá a la cárcel, que eso queda feo ante la Unión Europea, sino al rincón del ostracismo o al banquillo del lawfare, que es la forma elegante con la que hemos bautizado al garrotazo judicial de toda la vida.

El algoritmo que deberemos seguir es simple y genial, y consiste en sacralizar la desigualdad social de siempre, pero para que no se note mucho, antes la pasearan bajo el palio de un patriotismo de pulserita, pandereta y ginebra premium. Porque admitámoslo, ese es un tipo de patriotismo que ha logrado convencer a los cachorros de las buenas familias, y a no pocos desheredados, de que ir a los toros y llenar las iglesias es el sumun de la rebeldía juvenil. 

Las nuevas generaciones, con honrosas excepciones, han pasado de nuestra transgresión contracultural a una adaptación casposa de lo transgresor con filtros de Instagram. Piensa lo que ves, y te convencerás de que no es discutible que hoy se premia la mediocridad risueña y se persigue al intelectual, al cómico y al vecino que ose recordar cualquier perversión de las muchas que quieren reescribir del pasado. 

Decía García Lorca, pocos días antes de que la barbarie real lo sepultara, que había que dejar las azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para defender a los que recogen las azucenas. Hoy ese fango ya no viene en forma de botas militares, sino de desafección, de aburrimiento y de esa peligrosa tentación de quedarse en casa rumiando el rencor mientras los de siempre se reparten los entrantes, el plato principal y el postre. 

Estamos ante el costumbrismo reaccionario pero de diseño, frente al que no queda más remedio que sacudirse la pereza. El único antídoto real contra el veneno de este regreso al pasado, que ya se puede adquirir hasta en el hipermercado o en tu plataforma comercial favorita, sigue siendo el mismo de siempre: un poco de memoria, mucha movilización ideológica y el ejercicio testarudo, casi militante, del voto. 

Al fin y al cabo, si no votamos nosotros, tengan por seguro que ellos irán a las urnas como lo llevan haciendo toda esta democracia, con el traje de los domingos. Y si no pueden acudir, siempre habrá una monjita caritativa que empujará la silla de ruedas y le dará el sobre con la papeleta en mano para que no tenga que esforzarse.

Buen domingo y que ganemos el mundial, que con esta derecha el cielo ya lo tenemos garantizado. Estamos a punto de que hasta nos lo escrituren.  

Opinar desde la izquierda es un deporte de riesgo

La pregunta no es nueva, ¿Por qué todos los denunciados son personas con ideas progresistas? Si alguien conoce a algún tuitero o "tertuliano" que, por más ideas de odio que transmita o amenace de muerte a otros, haya sido llamado a declarar o se haya admitido a trámite una denuncia en su contra.

Uno intenta siempre hacer el análisis desde la lógica y huir de la víscera, pero cuando los datos, las notificaciones judiciales y el goteo constante de citaciones apuntan siempre en la misma dirección, ser objetivo obliga a señalar el elefante en la habitación: el debate público y el aparato judicial no son campos de juego neutrales.

Existe una asimetría flagrante en el castigo de la disidencia política. Mientras el activismo de izquierdas, el humor satírico y la crítica punzante a las instituciones (como la monarquía o la Iglesia) se persiguen como si hubiese vuelto la Inquisición o nunca se hubiese ido, un celo inquisitorial disfrazado de tipos penales ambiguos ("delitos de odio", "injurias a la Corona"), la extrema derecha goza de barra libre, una impunidad casi constitucional. ¿Por qué ocurre esto? porque la ley penal tiende a proteger el statu quo.

Cuando un tuitero o un tertuliano de derechas vierte discursos de odio contra inmigrantes, personas trans o militantes de izquierda, no está desafiando las estructuras de poder; las está apuntalando. Su violencia verbal es funcional al sistema porque desvía la atención de las élites hacia los eslabones más débiles de la sociedad. Por eso, para gran parte de la judicatura (que comparte un sesgo sociológico marcadamente conservador), esas salvajadas se amparan bajo el sagrado manto de la "libertad de expresión". Son leídas como meros excesos verbales o provocaciones aceptables en democracia.

En cambio, cuando la crítica viene desde el progresismo y cuestiona los pilares del régimen como la precariedad laboral, la corrupción institucional, el racismo sistémico, deja de ser vista como "opinión" y pasa a ser catalogada como una "amenaza al orden público". La maquinaria legal se activa entonces no para hacer justicia, sino para ejercer un efecto disuasorio: el llamado efecto desaliento. El objetivo no es solo condenar a un activista o a un cómico en concreto; es enviar un mensaje de advertencia a toda la base social: "Cuidado con lo que dices, porque el siguiente puedes ser tú".

Estamos contemplando una perversión absoluta del concepto original de los "delitos de odio", que nacieron para proteger a minorías vulnerables y colectivos históricamente oprimidos. Hoy, mediante una pirueta jurídica, absolutamente perversa, vemos cómo se utilizan para proteger a instituciones poderosas (cuerpos policiales, monarquías, partidos hegemónicos) frente a la crítica ciudadana.

La admisión a trámite sistemática de querellas ultra contra creadores de contenido o analistas de izquierdas, contrapuesta al archivo inmediato de las amenazas de muerte reales sufridas por militantes progresistas, demuestra que sufrimos una justicia de dos velocidades. Una que es quirúrgica y punitiva contra los avances sociales, y otra que es ciega, sorda y muda ante el fascismo cotidiano de los platós de televisión y las redes.

Se está minando la libertad de expresión, pero la de un solo lado del espectro político. Eso no es aplicar la ley; es utilizar el derecho penal como un arma de guerra política (lawfare). Y una democracia que solo permite ladrar a los perros del sistema mientras amordaza a quienes proponen transformarlo, empieza a parecerse a cualquier cosa menos a una democracia real.