Las promesas incumplidas con Hellín

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. 

SOMBRA AQUÍ Y SOMBRA ALLÁ, VACUNATE, VACUNATE

La decisión de la administración Trump de disminuir las vacunas en E.E. U.U. representa una grave regresión en el control de enfermedades transmisibles y un atentado contra los principios más elementales de la medicina basada en evidencia.

Dividir una vacuna combinada como la Triple Vírica: sarampión, paperas y rubéola,  en tres dosis independientes e imponer visitas médicas separadas es generar barreras y adherencia. Esto amplía el periodo en el que un lactante permanece expuesto al virus sin la protección adecuada. A mayor número de consultas requeridas, menor es la tasa de vacunaciones completadas. A ello se añade que exigir vacunas individuales que actualmente no cuentan con autorización de la FDA ni producción en EE. UU. deja a miles de niños desprotegidos. 

La marginación y posterior destitución de los comités científicos asesores de los CDC e instituciones científicas para imponer decisiones por decreto político marca un aviso a navegantes, puesto que la política de inmunización debe responder a la vigilancia epidemiológica y no a narrativas pseudocientíficas. Al degradar vacunas esenciales (como hepatitis A y B, rotavirus, gripe o COVID-19) a la categoría de "decisión clínica compartida", la administración lo que consigue es facilitar que los seguros médicos dejen de garantizar su gratuidad universal. Esto tendrá un impacto económico sobre las familias de menores recursos, y así las brechas de equidad en salud infantil aumentaran, con niños ricos sanos y niños pobres en riesgo.

Tomen nota sus admiradores y votantes de sus homólogos en nuestro país, porque esto es la que les espera, salvo que tengan el bolsillo lleno.

menores en Ceuta

 Lunes de mañana y la situación de los menores en Ceuta continúa siendo dramática. Esto no es una crisis migratoria puntual, sino el síntoma de un fallo estructural en el modelo de corresponsabilidad autonómica, la infrafinanciación de los servicios públicos y una política fronteriza europea que prioriza la contención sobre el interés del menor.

El modelo anterior basado en la voluntariedad de las Comunidades Autónomas había generado un bloqueo político y aboca a territorios limítrofes como Ceuta o Canarias a una presión asimétrica insostenible. Desde que ese acogimiento es obligatorio, el problema está en que es recurrible, y por lo tanto vuelve a estar supeditada su aplicación urgente a la voluntad política de la CA que no lo impide pero lo dilata. Si se ha establecido ya un criterio de redistribución obligatoria, equitativa y vinculante según población, renta y capacidad asistencial de cada CA, lo que se debe hacer es aplicar un cumplimiento inmediato. La protección de la infancia es una competencia de Estado que no puede quedar a merced del cálculo electoral o la insolidaridad de gobiernos autonómicos conservadores.

La saturación provoca condiciones de hacinamiento, externalizaciones a entidades privadas que precarizan la atención y retrasos en los expedientes de tutela. No vale solo con visitas y promesas. Es urgente una financiación estatal urgente para la creación de centros de acogida de gestión 100% pública y dimensión reducida. Debe garantizarse ratios adecuadas de educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores culturales que aseguren la escolarización inmediata, la regularización documental rápida y el acompañamiento al cumplir la mayoría de edad.

Pero lo grave de fondo sigue siendo la externalización de fronteras convierte a la infancia en un instrumento de presión geopolítica por parte del régimen marroquí, mientras la UE delega en la frontera sur su responsabilidad en materia de asilo y refugio. Se deben exigir fondos europeos vinculados a la garantía de derechos y no a la seguridad fronteriza, articulando vías legales y seguras. 

En el plano bilateral, la política exterior debe supeditar los acuerdos con Rabat al estricto cumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño de la ONU, evitando que el chantaje migratorio debilite los compromisos en derechos humanos.

Pero hay muchos interesados en un solo enfoque. La respuesta pública no pasa por militarizar la frontera ni recortar garantías procesales. Lo urgente ahora es desplegar la capacidad redistributiva del Estado social y asumir la acogida como una obligación legal e irreductible.

No es de recibo que no se hayan habilitado varias oficinas provisionales de filiación con personal desplazado expresamente para solventar ese problema, porque mientras no sepamos ni cuantos menores exactamente son solicitantes de asilo, ni cuantos migrantes hay en las calles de Ceuta. La imagen que dan las filas de menores, esperando alrededor de la Jefatura de Policia de Ceuta, es de fracaso del Estado, y esto me resulta  inconcebible. De lo de la UE mejor ni hablamos.

Recordó lo sucedido en el bar.

 Recordó lo sucedido en el bar. Fue una discusión entre blancos, él no tenía derecho a discutir nada. No eran extrañas, en aquellos años, al contrario, las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes. No resultaba fácil entenderlos. Debía limitarse a escuchar y callar.

Los blancos eran quienes creaban las reglas, y ellos, los de piel más oscura, lo sabían.  Esas normas las cambiaban cada día, a cada momento según su interés. Eso las hacía inestables, circunstanciales según sus necesidades. Pero los blancos del pueblo no admitían ser racistas, aunque todos sentían odio por el de diferente color.  Siempre afirmaban no odiar a la gente de color, pero tampoco querían que se mezclasen con ellos. De día no les importaba el color de su piel mientras trabajaban sus tierras. Solo molestaban cuando aparecían en el pueblo de noche, en cualquier bar, o paseando por sus calles. Entonces a los blancos les estorbaban porque les hacían sentirse inseguros. Pero nadie admitía ser racista, porque ellos mismos se avergonzaban de su intolerancia

Al caer la tarde, la sombra del reloj de la torre cruzaba la calle, y el policía local se le acercó. No levantó su voz, sabedor de que no era necesario que lo hiciera. Solo le recordó que la luz del sol empezaba a desaparecer  y que las norma decían que no debían estar por las calles cuando oscureciera. Nadie había escrito esas normas, pero todos las conocían.  El odio no necesitaba de violencia, y su intolerancia la disfrazaban de prudencia, de seguridad.

Empezó a abandonar el pueblo hacia su casa en el campo, mientras las mismas caras de quienes durante el día le habían pedido ayuda para las tareas agrícolas o con sus ganados, le invitaban a aceptar que la noche lo borrase del mapa. La oscuridad no cambia a las personas, pero le quita las máscaras. 

Pasión de buitres, que no de gavilanes.

El fenómeno de la polarización destructiva en España debe estudiarse porque ha alcanzado el carácter de síntoma de una crisis de legitimidad del sistema democrático. Y es que, en la España actual , este fenómeno es mucho más específico y visceral: el «antisanchismo». Es un síntoma y, a la vez, una cortina de humo de la extrema derecha y la derecha tradicional. No estamos ante un debate ideológico entre dos modelos de país, ni ante una crítica racional a las políticas públicas,  sino  ante una fijación irracional que ha articulado como estrategia la derecha política y mediática.

Como nos muestra el clima político reciente, el odio hacia el presidente del Gobierno trasciende las barreras sociológicas tradicionales. Ya no se limita a las élites económicas o a los foros conservadores habituales; la derecha mediática ha conseguido que  penetre transversalmente en la sociedad a través de la desinformación de masas y las dinámicas de odio en redes sociales y grupos de mensajería digital. Es revelador comprobar que, en el fondo de esta irritación, con frecuencia, los detractores de Sánchez no articulan un argumento basado en datos, sino que recurren a una espiral de insultos y consignas prefabricadas.

Este odio desmedido a la figura de Pedro Sánchez cumple una función ideológica muy clara: actúa como una cobertura socialmente aceptable para un nacionalismo español excluyente. Odiar directamente la pluralidad o mostrar una animadversión identitaria hacia Cataluña, sus instituciones y su ciudadanía, sitúa a estos actores políticos en las márgenes del supremacismo centralista. Se intenta lograr con ello, encubrir ese supremacismo bajo el disfraz del rechazo a Sánchez, a la Ley de Amnistía o a los acuerdos de gobernabilidad. Todo eso permite a la derecha auto conferirse un halo de «patriotismo constitucional» que es totalmente ficticio.

A esta batalla cultural no es ajena la instrumentalización de las instituciones del Estado. La derecha no duda en utilizar la geopolítica y las zonas de vulnerabilidad, como ahora hace con Ceuta y Melilla, como ariete de desgaste político, ignorando las complejas implicaciones internacionales en un contexto donde el alineamiento de potencias como EE. UU. exige cautela y responsabilidad de Estado al gobierno lo ejerza cualquier partido. 

En este escenario, hasta la propia Casa Real se queda atrapada entre el cálculo institucional y la falta de empatía social. Mientras la derecha nos dibuja una imagen bucólica de la Corona, los ciudadanos echamos en falta un compromiso real y visible con las realidades más sangrantes de nuestro territorio, como ahora la situación de los menores migrantes hacinados y desatendidos. Una monarquía que se dice moderna debería estar a la altura de los colectivos y jóvenes solidarios que sí pisan el terreno y enfrentan la injusticia social.

Por último, tampoco en esto podemos obviar la resistencia corporativa de sectores del poder judicial que, acostumbrados a actuar como correctores del poder legislativo, ven con recelo que la soberanía popular expresada en el Parlamento los corrija o redirija sus dinámicas, propias del pasado, a través de medidas de gracia como la Ley de Amnistía.

Frente a la trampa de la crispación y el odio irracional que es alimentada por la derecha, la izquierda debe ofrecer pedagogía democrática, un análisis riguroso de todo y políticas que busquen la profundización en los derechos sociales y la pluralidad plurinacional. 

Desmontar el «antisanchismo» no es defender pasivamente a una persona o a un partido, sino defender el espacio de la política racional, la democracia y la transformación social frente al empuje reaccionario.

El Efecto Llamada de los bulos de la derecha

El concepto clásico de "efecto llamada" se relaciona con las políticas de acogida y los derechos sociales. Sin embargo, la evidencia demuestra que el factor de mayor atracción es la desinformación construida por la derecha y ultraderecha. 

PP y Vox les han creado una expectativa irreal a los migrantes al propagar el bulo de que en España existen "paguitas" inmediatas, Sanidad ilimitada, etc. Todo sin ningún requisito y les anuncian regularizaciones automáticas. Piénsalo y verás, que para quien busca desesperadamente salir de la miseria o la persecución, alcanzar la opulencia que le anuncian las derechas que se van a encontrar, sí que actúa en ellos como un reclamo mucho más potente que cualquier ley de extranjería por muy generosa que sea, que no es el caso de la española. 

Pero esa falsedad, en realidad, no va dirigida solo a los migrantes, sino que busca provocar internamente un conflicto de clase, puesto que en lugar de señalar como causas de la desigualdad que sufrimos los españoles, la acumulación de riqueza en unos pocos o la falta de vivienda en la mayoría, inventándose un "privilegio de los migrantes" lo que consiguen es enfrentar al penúltimo (el español pobre) contra el último (el migrante sin nada) y así rentabilizar electoralmente el miedo del primero.

Que no nos engañen. La derecha necesita que el flujo migratorio continúe alimentando el conflicto social para poder sostener su agenda autoritaria. Sus bulos no solo deshumanizan a quienes llegan, sino que sabotean cualquier intento de gestionar las fronteras desde la justicia social, los derechos humanos y la realidad objetiva, y de paso, que les voten quienes sufren la desigualdad. No es un invento nuevo, antes ya lo lograron Hitler y Mussolini.

Señor Bendodo,

 Señor Bendodo,

Resulta verdaderamente sonrojante verle aparecer en rueda de prensa, recién llegado de la playa y ostentando un moreno envidiable, para dar lecciones sobre quién tiene derecho a descansar y quién no. Estoy seguro de que, si usted se presenta a un campeonato de políticos zafios amateurs, no lo admiten por profesional. Su interpretación matutina, a medio camino entre el cinismo enfermizo y la caricatura del reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, roza el esperpento. 

Hay que tener la cara de cemento armado para señalar con el dedo la desconexión ajena mientras se habla con la arena de la playa aún entre los dedos. Usted, junto a Tellado, actúan como los altavoces más estridente de un partido que carece por completo de moral para hablar de vacaciones, responsabilidad o ética. La memoria de este país no es tan corta como ustedes presuponen, y voy a permitirme refrescársela.

Mientras usted pontifica sobre estética política, olvida como veraneaba el presidente de su partido, en la cubierta de un yate con un amigote. Una convivencia vergonzosa que se realizaba mientras, en esos mismos momentos, la droga destruía a miles de familias trabajadoras. O debe haber olvidado cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicaba los recortes más salvajes a la educación y la sanidad pública y dejaba a las familias en la calle, mientras sus dirigentes no dudaban en tomarse vacaciones en Doñana o escaparse a la Eurocopa en medio del rescate a la banca. O a la señora Botella en un balneario/spa de lujo, veinticuatro horas después de que  mientras cinco chicas morían en el Madrid Arena.

Haga su oposición con asuntos serios de verdad, y deje el verdulerismo que está mayor para eso. El PP, su partido, quiere hoy convertir en arte de oposición, la doctrina de "vacaciones para los míos, traición a la patria para los demás". Privilegios para la clase alta que ustedes defienden, y fiscalización desquiciada para cualquier oponente político.

Señor Bendodo, deje de hacer el ridículo disfrazándose de fiscal de la moralidad pública mientras ostenta el tono tostado del sol estival. Su discurso no es fiscalización: es una pataleta vacía, sin ningún nivel político, una farsa veraniega más de las mucha que le hemos visto,  y una muestra absoluta de impotencia política. Antes de volver a ponerse ante una cámara para intentar dar grandes titulares, aplíquese un poco de rigor, mire hacia su propia casa y respete la inteligencia de los ciudadanos. ¿Ha oído usted hablar de algún ático?