GESTIÓN DEFICIENTE, AUNQUE NO GUSTE

En el análisis de la situación en Ceuta existe un fallo estructural del Estado social y de derecho. La sensación de abandono que experimenta la ciudadanía ceutí y la evidente crisis de liderazgo político están ahí.  Estado no solo es el Gobierno central, también lo son la UE, las CCAA, y el propio gobierno de la ciudad autónoma. Lo fácil es culpar al gobierno, y mucho más cuando su gestión no ha sido lo correcta que los acontecimientos están demandando. Pero dicho lo anterior, no se puede dejar al margen la falta de colaboración, o mejor dicho la constante obstrucción de la derecha y el silencio de los demás partidos de la oposición, de las CCAA que han impedido poder dar respuestas rápidas a la situación de los menores, de la propia ciudad y su gobierno, y de una UE que más que ayudar está a la suya con una política migratoria cada vez más derechizada.   

La frontera debe entenderse no como una simple línea defensiva, sino como el espacio donde el Estado demuestra qué tipo de modelo representa. Cuando la respuesta a una crisis migratoria y diplomática en Ceuta se limita a la gestión de contención sin un despliegue de políticas públicas estructurales (en vivienda, empleo, inclusión y servicios públicos), el ciudadano lo que percibe es que el Estado no ejerce sus funciones de protección social. 

El "abandono" no es solo un déficit de efectivos, sino el reflejo de una visión centralista de la política que trata a los territorios periféricos e insulares como espacios de gestión de contingencias y no como comunidades ciudadanas con pleno derecho al bienestar y la seguridad integral.

La falta de liderazgo político se aprecia en la preferencia por la táctica coyuntural sobre la estrategia de largo plazo, no vale esconder la cabeza ni delegar todo a la inercia. Cuando la respuesta del Ejecutivo central se percibe distante o a la defensiva ante las tensiones territoriales y sociales de Ceuta, se genera un vacío contra el que no valen parches coyunturales. Esta falta de iniciativa destruye la confianza institucional. 

El mayor error del gobierno ha sido dejar que del malestar social se haya apropiado la extrema derecha. Cuando el Estado no da certidumbre social, la inseguridad real y la vulnerabilidad se capitaliza por discursos xenófobos y ultranacionalistas. El impacto de la crisis en los ceutíes exige la presencia del Estado para evitar el odio ideológico.

La vulnerabilidad de Ceuta aumenta por la dependencia excesiva de la relación bilateral con Marruecos. Hemos subordinado la estabilidad de la frontera sur a los acuerdos migratorios, y hemos sido incapaces de exigir corresponsabilidad a la UE para articular una política exterior firme y soberana fundada en el derecho internacional y la solidaridad europea.

Si la izquierda no encabeza la exigencia de una presencia estatal fuerte, transformadora e integradora en Ceuta, la desafección democrática terminará por consolidarse y se convertirá en una situación insoluble. Democracia no puede ser igual a inseguridad, ni un país puede funcionar sin la solidaridad de todos.

EL PAPEL DE MARRUECOS

En un intento de análisis sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta, lo primero que debemos señalar es que desborda los discursos de la política tradicional. Ese papel se articula en torno a tres aspectos fundamentales: el de la frontera, la subordinación exterior de España y la deshumanización de los procesos migratorios.

El régimen marroquí es una autocracia que utiliza la frontera de Ceuta no como un problema de gestión policial, sino como un instrumento de presión política. La apertura deliberada o la relajación de la vigilancia fronteriza responde a una táctica de guerra híbrida o "chantaje geopolítico". El objetivo de Rabat es doblegar la posición exterior de España y de la UE sobre asuntos clave, como la soberanía sobre el Sáhara Occidental, la delimitación de aguas territoriales y la financiación con fondos europeos. Marruecos utiliza la vulnerabilidad de sus propios ciudadanos como mercancía de negociación diplomática. 

La gran contradicción del Estado español y de la Unión Europea radica en delegar su política migratoria en una dictadura o monarquía absoluta. Europa paga a Marruecos millones de euros para ejercer de "gendarme" con el uso de la fuerza en la frontera. Esta dependencia estructural otorga a Rabat un poder enorme: cuando España o la UE cuestionan al régimen marroquí, ya sea en materia de derechos humanos o tras resoluciones del TJUE sobre el Sáhara, Marruecos responde aflojando el control en la valla. La crisis de Ceuta es el síntoma directo del fracaso del modelo de externalización de fronteras. Marruecos mantiene una narrativa oficial sobre Ceuta y Melilla como territorios "ocupados" o "no independizados". La presión fronteriza constante busca desgastar institucional y económicamente a las ciudades autónomas para minar la soberanía de España a largo plazo, sustituyendo la confrontación militar por un desgaste demográfico y diplomático progresivo. 

Pero en este análisis hay que señalar la complacencia de la socialdemocracia europea. El cambio de postura sobre el Sáhara Occidental adoptado por el gobierno es la prueba definitiva de cómo la presión marroquí en Ceuta termina doblegando el Derecho Internacional. Lejos de resolver el conflicto, la concesión a Rabat valida su estrategia de presión permanente. 

A nivel interno, la crisis refleja la tremenda desigualdad del sistema socioeconómico marroquí, que canaliza el descontento de su propia juventud (desempleada, empobrecida y sin libertades) hacia la frontera. Marruecos externaliza sus tensiones de clase ofreciendo a miles de jóvenes el cruce a Ceuta como única salida vital, expulsando a su población sobrante mientras la extrema derecha europea aprovecha la crisis para promover discursos racistas y xenófobos en el norte. 

Por lo tanto, en la crisis de Ceuta, Marruecos ejerce un doble papel: chantaje geopolítico sobre el flanco sur europeo y válvula de escape de sus propios fracasos económicos y democráticos internos. La respuesta no pasa por un rearme nacionalista, sino por romper la dependencia geopolítica con Rabat, defender la autodeterminación del pueblo saharaui y cambiar de raíz las políticas migratorias coloniales que prefieren pagar a regímenes autocráticos antes que garantizar los derechos humanos. 

En respuesta al doctor Feijoo, que no es epidemiólogo porque no quiere

Desde una perspectiva estrictamente epidemiológica y de salud pública, decretar un «confinamiento» territorial, bien comunitario o poblacional, en Ceuta para controlar enfermedades como la sarna o la tuberculosis carece de rigor científico y resulta metodológicamente inadecuada.

A lo que este nuevo licenciado expresa le responde la epidemiologia.  

La Sarna (Sarcoptes scabiei): Se transmite exclusivamente por contacto directo, estrecho y prolongado piel con piel o a través de fómites (ropa de cama y vestimenta contaminada). No se transmite por vía aérea ni por estar en las mismas calles o espacios abiertos. El aislamiento de una población completa no aporta beneficio en el control; la intervención eficaz requiere el diagnóstico temprano, el tratamiento simultáneo con escabicidas de las personas afectadas y sus contactos estrechos, y la higienización del vestuario y ropa de cama.

Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis): Es una enfermedad bacteriana de transmisión aérea que requiere, por lo general, una exposición continuada en espacios cerrados y mal ventilados. El confinamiento generalizado de personas no contagiadas con individuos potencialmente bacilíferos en espacios cerrados o hacinados incrementaría de forma drástica la tasa de ataque y el riesgo de transmisión. El control epidémico de la tuberculosis se basa en el cribado sintomático, la prueba de la tuberculina/IGRA, el aislamiento respiratorio individual de casos activos bacilíferos y el tratamiento farmacológico prolongado de observación directa (DOTS).

La presencia de brotes infectocontagiosos en contextos de crisis humanitarias no obedece a la naturaleza intrínseca de la población afectada, sino a las condiciones ambientales y los determinantes sociales de la salud: hacinamiento, falta de acceso a agua potable, saneamiento deficiente e imposibilidad de mantener la higiene personal. Restringir la movilidad o recluir a poblaciones vulnerables en entornos de insalubridad potencia las dinámicas de transmisión de gastroenteritis, dermatosis y patógenos respiratorios. La prioridad de salud pública es la provisión inmediata de albergue salubre, agua potable, saneamiento básico y acceso a servicios sanitarios de atención primaria.

La matización feijoodiana de limitar el confinamiento a "portadores de enfermedades infectocontagiosas" confunde el concepto epidemiológico de aislamiento individual o cuarentena de contactos con el de confinamiento. El aislamiento se aplica a casos clínicos confirmados o bacilíferos en entornos sanitarios o residenciales adecuados durante su periodo de transmisibilidad. El confinamiento poblacional se reserva para emergencias sanitarias por patógenos de transmisión comunitaria descontrolada y alta transmisibilidad respiratoria sin tratamiento o vacuna disponible.

Aplicar medidas restrictivas de movilidad masiva o colectiva ante casos puntuales de sarna o tuberculosis resulta contraproducente, estigmatiza a la población afectada, desvía recursos críticos de las intervenciones diagnósticas e higiénicas efectivas y genera barreras para que los sintomáticos acudan al sistema de salud por temor a represalias.

Alguna pregunta ¿El confinamiento lo propone para antes o después de enviar al rey? ¿Por qué no tomamos las mismas precauciones con los 100 millones de turistas que vienen, y por ejemplo, hacemos una prueba con los que vienen en un crucero de lujo?

Parece que Feijoo está empeñado en demostrar que la peor enfermedad que puede sufrir España en un tonto en su presidencia. 

Hasta el gorro del discurso xenófobo

El lenguaje nunca es neutro. La elección de los conceptos y metáforas utilizados en público determina los límites de lo moralmente aceptable y de lo que es o no democrático. Cuando la extrema derecha utiliza términos vinculados a la "caza" para referirse a la población migrante o emplea metáforas de "limpieza de calles" asimilando a los seres humanos con basura, no son meros excesos verbales ni anécdotas retóricas, sino ante una estrategia política deliberada de deshumanización.

Convertir al diferente en un "objeto a perseguir" o en "basura a erradicar" cumple una función: despojar a las personas de sus derechos fundamentales para justificar la violencia institucional o social contra ellas. La metáfora "limpiar los barrios" desde el aparato punitivo del Estado deforma el cometido de los servicios públicos, e instrumentaliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad en un Estado democrático de derecho existen para garantizar el cumplimiento de la legalidad constitucional y la protección de los derechos humanos, jamás para operar como perseguidores de los colectivos vulnerables o las minorías.

Esta deriva en la que andan el discurso de derecha y ultraderecha no puede desvincularse de una crisis de la educación tanto ética como social, y del modelo socioeconómico actual. Es paradójico que se desplace la responsabilidad de la degradación de los servicios públicos o la falta de cohesión en nuestros barrios hacia las poblaciones más desfavorecidas, en lugar de señalar a los recortes en inversión social, a la precariedad laboral o al deterioro de la atención comunitaria. La estrategia es muy clara: provocar una pugna entre los últimos y los penúltimos, y con ello sustituir la solidaridad entre los que menos tienen, por racismo y una solución burda y solo punitiva.

El peligro real para las democracias contemporáneas no reside en la presencia de discursos de apología de la violencia o tomarse la justicia por su mano; radica en la progresiva asimilación y normalización de estas ideas como aceptables. La pérdida de empatía y de principios de humanidad amenazan con devolvernos a dinámicas autoritarias donde prevalecen el señalamiento, la segregación y el odio.

Frente al avance de la brutalidad en los discursos y del populismo punitivo, la ciudadanía comprometida debe mantenerse firme. Para garantizar que nuestras ciudades sean seguras, dignas y habitables no hay que recortar derechos ni expulsar vecinos; solo es necesario mejorar los servicios públicos, garantizar los derechos humanos universales y defender una convivencia donde la dignidad humana no dependa del origen ni del color de piel. 

PERIODISMO DE HOJALATA

El periodismo, siempre se entendió como el contrapeso del poder y el espacio para el debate informado. España atraviesa hoy una crisis estructural provocada por su instrumentalización ideológica. No asistimos a un debate de ideas ni a la legítima discrepancia política sino a una estrategia coordinada de desinformación donde la verdad ha dejado de ser parte de la ética para verse como un daño colateral.

La manipulación mediática no siempre necesita inventar ficciones absolutas, le basta con descontextualizar o ejercer un sesgo de encuadre en la noticia. Asistimos a narrativas basadas en verdades a medias que han sido diseñadas para generar indignación y visceralidad antes de que se puedan contrastar los hechos. 

Es habitual observar portadas y tertulias centradas en la apertura de diligencias o la admisión a trámite de querellas presentadas por organizaciones afines, elevándolas a la categoría de condenas firmes. Cuando esas causas son sistemáticamente archivadas por falta de indicios, la rectificación no existe. El objetivo no es informar sobre el proceso judicial, sino fijar un relato de sospecha permanente.

Ocurre recurrentemente con la presentación de indicadores socioeconómicos. Un avance en las cifras de empleo o el crecimiento del PIB se desarmoniza mediante la hipérbole sobre un dato parcial o alterando el marco comparativo, transformando datos objetivos de avance en escenarios de catástrofe inminente.

La difusión constante de bulos sobre la vida personal o las decisiones institucionales de los dirigentes de la izquierda busca erosionar la legitimidad de las instituciones representativas. He podido comprobar en este muro, como unas fotografías de Aznar de vacaciones en la Mareta han provocado tal avalancha de ataques ultras que me he pasado medio día bloqueando a sus autores. El objetivo de la mayoría no era otro que equiparar la gestión pública con la corrupción moral, fomentando ese cinismo social del "todos son iguales", terreno donde la extrema derecha disfruta como un cerdo en un charco en verano. 

Esta dinámica no es casual ni por descuido, sino que responde a una lógica de rentabilidad. En primer lugar, económica, puesto que el sensacionalismo y la indignación generan audiencias y cuotas de pantalla, y la polarización es un modelo de negocio rentable en la era de la atención fragmentada. En segundo lugar, la rentabilidad política, puesto que en un clima de crispación e inhabitabilidad social se desgastan los apoyos de la izquierda, adormeciendo a los votantes desencantados y movilizando a los sectores más reaccionarios bajo el mensaje de una "emergencia nacional".

Cuando la información es tóxica, el debate sobre lo concreto (la sanidad pública, la vivienda, los salarios o los derechos laborales) queda desplazado por choques de identidad y pánicos culturales artificiales.

Esta mañana mi reflexión va sobre esta situación. Frente a la trinchera mediática, la respuesta no puede ser la resignación ni el quedarse en casa. Defender la democracia exige blindar el derecho a una información veraz, con transparencia en la financiación de los medios, conocer quiénes son los apoyos de proyectos periodísticos dependientes para optar por los independientes, y el ejercicio activo del pensamiento crítico por parte de los ciudadanos. 

Sin una información rigurosa, la convivencia se degrada y el debate político se reduce a una guerra de desgaste.

BUen sábado.

El virus de la estigmatización

Las calles y fronteras de Ceuta se han convertido en el espejo donde se reflejan las costuras de un sistema que prefiere culpar a las víctimas antes que asumir sus responsabilidades. Frente al goteo incesante de discursos alarmistas que buscan vincular la inmigración con una supuesta "crisis de salud pública", la evidencia científica y el análisis político,  nos dicen algo muy distinto a lo que podemos encontrar en las redes sociales: no estamos ante un peligro de enfermedades importadas, sino ante una crisis humanitaria provocada por la falta de recursos básicos, el hacinamiento y la infravivienda. 

Las personas que arriesgan su vida para cruzar la frontera suelen llegar con cuadros de deshidratación, malnutrición, traumatismos físicos o estrés postraumático. Ninguna de estas situaciones es una enfermedad transmisible. Si posteriormente aparecen casos de sarna o problemas gastrointestinales, la causa no se encuentra en sus países de origen, sino en la insalubridad y la desprotección que experimentan a su llegada. De hecho, los datos desmienten la existencia de un riesgo real para la población general o de un colapso del sistema hospitalario atribuible al colectivo migrante. Son datos de hoy: la abrumadora mayoría de los ingresados son residentes locales, y los casos de afecciones como la tuberculosis o la sarna que causaron alarma estos pasados días, se corresponden con brotes aislados o de origen institucional ajeno a los recién llegados. 

Asistimos a una instrumentalización de la enfermedad,  una herramienta clásica para construir al "enemigo externo" y justificar la exclusión históricamente. Demasiados indocumentados en salud publica dedicados a situar el foco en el origen geográfico en lugar de en la falta de higiene y condiciones dignas. Con ello, no solo alimentan el racismo, sino que perjudican gravemente el bienestar colectivo. Cuando la derecha utiliza la estigmatización como baza electoral, genera un clima de miedo que aparta a las personas vulnerables del sistema sanitario, dificultando la detección precoz y mermando la eficacia de la salud pública universal. Y eso no es algo nuevo inventado ahora en Ceuta, sino una norma de comportamiento conocida desde hace siglos.

Señor Feijoo, no actúe como un indocumentado, que ayer incluso demostró serlo. Garantizar la salud y la dignidad no es una concesión opcional, sino una obligación ética y a la que nos obliga esa Constitución que no se quita de la boca cuando le interesa. La solución a la situación que existe hoy en Ceuta pasa por abandonar la trinchera del odio y adoptar una política pública articulada en torno a los derechos humanos. No quiero ni imaginarme que esto hubiese sucedido con usted, Tellado, Bendodo, Muñoz o Gamarra al frente del país.

 Si tanto le preocupa la salud de los ceutíes, empiece por exigir que se garantice  agua, alimento, un techo digno, apoyo psicológico y atención médica integral, atendiendo prioritariamente a la infancia y a las mujeres embarazadas, esos colectivos para los que solo entiende la expulsión. Esa es la única respuesta verdaderamente eficaz y justa. La salud pública, para ser eficaz, no tiene pasaporte ni entiende de fronteras. Infórmese antes de decir vaguedades.

PONGAMOS QUE HABLO DE POR AHÍ

Había una vez, en la muy ilustre y refinada Ciudad de los Balcones con maceta medioambiental, una princesa de la política llamada Mofletitos. 

Mofletitos era feliz, vestía trajes de colores pastel y vivía en la cima del mundo: un ático altísimo, comodísimo y repleto de plantas, propiedad de su apuesto novio, el Conde Don Fraude.

Un día, los inspectores del Rey del Tesoro llamaron a la puerta con una lupa gigante, y descubrieron que el Conde Don Fraude tenía la fea costumbre de "olvidar" pagar los impuestos del reino.

Los Grandes Sabios del Partido de Mofletitos se tiraron de los pelos y le dieron un ultimatum: "¡No puedes vivir con un deudor de la hacienda ajena! Te arrastrará la mala prensa y perderás tu corona dorada".

Con una lágrima de compromiso y mucha resignación, Mofletitos le dijo al Conde: "Amor mío, la imagen pública nos separa". El Conde, desolado, puso su casa en venta.

Pero Mofletitos no estaba dispuesta a descender al suelo como el resto de los mortales. Rápidamente pidió un favor a la Gran Institución: "Necesito un nuevo palacio en las alturas, justo enfrente de la casa de mi mamá, para no sentirme solita". Los consejeros del partido le guiñaron el ojo y dijeron: "Hecho".

Intentaron regalarle un nuevo ático por la puerta trasera, pero los pajaritos del bosque (que tenían carné de periodistas) los pillaron con las manos en la masa y los papeles sin firmar. 

El partido, preso del pánico, le gritó: "¡Nada de ático junto al de mamá! ¡Que pongan ese piso en venta inmediatamente antes de que el pueblo nos tire tomates!".

Y así fue como la pobre Mofletitos se quedó sin el amor del Conde, sin el ático del Conde, y sin el ático regalado por los Reyes Magos de la Institución.

Para evitar que la carroza se convirtiera del todo en calabaza, a la princesa no le quedó más remedio que bajar de las nubes, hacer la mudanza con sus propias manos y alquilarse un modesto pisito de dos habitaciones en Vallecas o Usera, donde esperamos que aprenda, por fin, aunque muchos lo dudan, lo que cuesta el metro cuadrado cuando no te lo paga el Reino.

Y colorín colorado, aunque parezca imposible, este cuento no ha acabado

Vivas y Feijoo

 Tras escuchar al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y después a Feijoo, cada vez tengo más claro que lo que menos importa es Ceuta, y lo que más les interesa es el relato partidista. El primero pide todo lo que se puede pedir, el segundo reprocha todo lo que se debe reprochar. Nadie ha dicho que todo esté bajo control, pero, al parecer, toda la izquierda lo está diciendo. 

Feijoo anuncia que ha denunciado ante el Supremo a los ministros por no comparecer en el Senado, volviendo a judicializar todo. Luego, ya lleva en campaña tres años y pico, se dedica a pedir el voto porque si él es presidente, todo se solventa en un minuto, y para ello ha dado lectura a una carta a los reyes magos. Pero, después del regalo a los oídos ceutíes, la gran solución que Feijoo plantea es la devolución de todos, grandes y pequeños, y omite que LO QUE PLANTEA SU PP EN CEUTA ES ILEGAL.

Está claro el trasfondo de su mensaje: quieren que tengamos miedo y que respondamos desde las tripas y no desde la cabeza. No quieren que respondamos desde el derecho y el comportamiento humanitario. Nada de solidaridad, todo se debe solucionar solo con mano dura. 

Inadmisibilidad de las "devoluciones en caliente" o rechazos en frontera 

Aunque ahora parece ser que para la derecha todo vale, el régimen de rechazo en frontera está formalmente acotado por la jurisprudencia constitucional y comunitaria a supuestos muy restrictivos de cruce masivo sobre elementos físicos de contención. Aplicar este mecanismo a menores no acompañados resulta jurídicamente inviable y nulo de pleno derecho al colisionar frontalmente con el régimen protector absoluto de la infancia nacional e internacional.

MAYORES

Artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados: Prohíbe de forma absoluta la expulsión o devolución de una persona hacia fronteras donde su vida o libertad peligre.

Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Es una norma de ius cogens que no admite excepciones, ni siquiera en situaciones de emergencia fronteriza.

Artículo 4 del Protocolo nº 4 al CEDH y Artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE): Imponen la obligación ineludible de realizar un examen individualizado de cada persona antes de ser apartada del territorio nacional. 

Artículo 13 del CEDH y Artículo 47 de la CDFUE: Exigen un recurso efectivo que permita impugnar la expulsión con efecto suspensivo de manera previa a la ejecución del rechazo.

Artículo 10.2 Constitución Española (CE): Obliga a interpretar los derechos constitucionales conforme a los tratados internacionales ratificados por España (Ginebra, CEDH, CDN).

Artículo 24 CE (Tutela Judicial Efectiva): Incompatible con la ejecución sumaria y sin asistencia letrada o de intérprete de un acto administrativo de rechazo.

Derecho de Extranjería (LO 4/2000 - LOEX): Disposición Adicional 10ª de la LOEX (introducida por la LO 4/2015): Introduce el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, pero exige explícitamente que la actuación respete "la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Régimen de Menores No Acompañados: Inadmisibilidad Absoluta

En el caso de menores de edad, las "devoluciones en caliente" o sumarias son ilegales bajo cualquier supuesto. El ordenamiento jurídico establece una protección cualificada:

Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): Exige una ponderación prioritaria e individualizada del interés del menor en cualquier decisión que le afecte.

Dictámenes del Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas: Ha condenado formalmente a España por el rechazo en frontera de menores sin procedimiento previo, declarándolo incompatible con la CDN.

Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor: Inscribe al menor no acompañado bajo la tutela del Estado de forma automática al detectar su presencia en territorio español.

Artículo 35 de la LOEX y Real Decreto 1155/2011 (Reglamento de Extranjería): Exigen un procedimiento administrativo riguroso previo a cualquier repatriación que incluya:1 Identificación y determinación fehaciente de la edad.; 2 Intervención obligatoria del Ministerio Fiscal; 3 Asistencia letrada e intérprete para el menor; 4 Traspaso a la entidad de protección de menores autonómica; 5 Expediente de repatriación individualizado con audiencia formal al menor.

JURISPRUDENCIA CLAVE

Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 172/2020): Declaró constitucional la Disposición Adicional 10ª de la LOEX únicamente si se interpreta de forma conforme a la Constitución y Tratados: el rechazo requiere control individualizado, asistencia letrada/intérprete, respeto al non-refoulement y especial protección a colectivos vulnerables (menores).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, STS 814/2026): Reitera la ilegalidad de las devoluciones sumarias cuando no concurren garantías procedimentales básicas. 

Jurisprudencia sobre la repatriación de Ceuta (STS 2024): El Tribunal Supremo concluyó que cualquier entrega sumaria o colectiva de menores sin cumplir el procedimiento del art. 35 LOEX supone una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE).

Entre la negligencia institucional y la siembra del odio

La gestión de las crisis migratorias y de las emergencias humanitarias en nuestro país no solo está sacando a la luz la falta de capacidad operativa de determinados ejecutivos locales y autonómicos, sino también una preocupante derivación ideológica. Lo que estamos presenciando en la gestión institucional refleja una constante: decisiones centradas en el cálculo político individual antes que en los derechos humanos y el bienestar colectivo.

El gobierno de Ceuta había negado desde el principio que se instalarán campos donde se podía ayudar a los inmigrantes, hacen lo mismo que en la DANA, no les importa nada ni nadie nada más que ellos y los suyos, están sembrado odio contra en distinto y esto va a tener consecuencias muy graves que nos puede llevar a un retroceso como en la dictadura.

Esta actitud negligente y el rechazo a habilitar soluciones asistenciales inmediatas se traducen en un boicot institucional flagrante a la colaboración entre administraciones: “La semana pasada hubo una reunión al más alto nivel entre las dos administraciones en la que se pactó que se dedicarían 16.000 metros cuadrados del Puerto a instalar un emplazamiento que saque de las calles de la ciudad a miles de migrantes. Se llegaron a contratar parte de esos trabajos y, cuando llegó la hora, el presidente de la Autoridad Portuaria (que depende de la ciudad autónoma) denegó el permiso”, relata otra fuente del Ejecutivo que forma parte de los equipos ministeriales al frente del dispositivo. Y no es así solo en el caso del Puerto. No se puede quejar de la falta de diligencia para atender y dar solución a lo de los inmigrantes y a su vez poner todo tipo de pegas sobre la ubicación de los lugares para atenderlos.

Esta parálisis calculada responde a un modelo de gobernanza territorial insolidario e irresponsable que antepone el enfrentamiento partidista a la resolución efectiva de los problemas. Podemos alucinar con los presidentes/tas autonómicas, auténticos  reyes de taifas a los que cuando les toca gestionar un conflicto prefieren que lo haga el gobierno y además exigiendo, insultando y poniéndose estupendos como ahora el señor de Ceuta. 

Garantizar la atención humanitaria, el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad de las personas no es opcional. Obstruir la creación de espacios de acogida mientras se culpa al gobierno central perpetúa la precariedad en las calles y fomenta discursos de odio que erosionan la convivencia democrática. Frente al autoritarismo y la insolidaridad, la respuesta debe ser más cooperación, más recursos públicos y una defensa firme de los derechos de todas las personas. La solución de externalizar fronteras puede valerles a quienes no tienen fronteras, pero no a toda la UE.

La postura del Gobierno de Ceuta no solo evidencia una alarmante falta de altura de Estado, sino una deslealtad institucional flagrante que roza la negligencia deliberada. Prometer acuerdos en reuniones de alto nivel para habilitar espacios de acogida y dar marcha atrás en el último minuto —usando a la Autoridad Portuaria como ariete de bloqueo— demuestra que su prioridad no es resolver la emergencia humanitaria en sus calles, sino alimentar un cálculo político destructivo. La constante volatilidad en sus decisiones, sumada al boicot sistemático a la cooperación entre administraciones, expone una gestión insolidaria que prefiere la confrontación, las trabas administrativas y el conflicto antes que asumir las competencias que le corresponden. 

Ceuta

La Cadena SER emitió este martes un reportaje en el que tres migrantes que cruzaron la frontera ceutí el pasado 30 de julio contaban cómo vivían en un pequeño trastero por el que pagaban 500 euros por poder dormir allí de lunes a viernes. No eran las únicos, una vecina del edificio calculaba que podría haber entorno a un millar alojados en esas mismas condiciones. Un negocio que nace del miedo de estas personas a ser descubiertas y devueltas a sus países. El gobierno de la ciudad autónoma anunció que "sancionará" a aquellos que utilicen sus viviendas para alojar a migrantes de forma ilegal.

Tras la publicación de ese reportaje el propietario de ese trastero echó a la calle a esas personas. Uno de ellos, de 27 años y originario de Tetuán, ha pasado la noche al raso, entre arbustos que rodean la explanada donde se levanta uno de los campamentos que ha instalado el Gobierno. Los vecinos del edificio dieron la voz de alarma y el propietario no tardó en tomar medidas y echarles del trastero: "No les ha gustado que dijera con exactitud el precio", cuenta este joven, pintor de profesión, que quiere ganarse la vida trabajando en España.

Ni siquiera les han devuelto el dinero que pagaron por esta semana. Es consciente de que se estaban aprovechando de ellos y dice que no echa de menos ese trastero donde orinaban en una botella y no tenían ducha para asearse.

MIGRANTES EN TRASTEROS

 Cuando el Estado externaliza o abandona su responsabilidad de garantizar derechos humanos básicos como la vivienda digna y el asilo, no se genera un vacío, sino un mercado desregulado de explotación. La extrema derecha presenta la migración como una "amenaza a la seguridad" para así deshumanizar a los migrantes; esa misma deshumanización es la que valida moralmente a rentistas locales para extraer plusvalías obscenas de la desesperación ajena.

Ceuta se puede convertir así en un micro-laboratorio del orden global actual: fronteras militarizadas para contener el libre tránsito de personas pobres, pero total libertad para que el capital local extorsione a quienes han quedado desprovistos de ciudadanía y derechos. No se trata solo de la codicia individual de unos cuantos propietarios de trasteros, sino de la violencia estructural de un sistema que antepone la propiedad y la ganancia a la dignidad y la vida. 

insulto a la inteligencia

 Es un insulto a la inteligencia pública plantear la crisis en Ceuta como un problema de "si el presidente está o no en la playa". Es una narrativa reaccionaria que no busca aportar soluciones, solo busca el espectáculo en las declaraciones, desviar la atención de las causas profundas que hay detrás de la situación en Ceuta y rentabilizar electoralmente el dolor y la desesperación humana.

La derecha pretende vender la idea de que un Estado democrático depende del cuerpo presente de un presidente para funcionar. Las instituciones, los ministerios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los equipos de emergencia operan bajo protocolos consolidados, no bajo el mando de un presidente feudal firmando decretos desde una tumbona o desde un despacho, que es como ellos conciben un gobierno.

Exigir que el presidente "haga algo" en Ceuta de forma inmediata suele ser un eufemismo para exigir medidas represivas, militarización o actuaciones de cara a la galería. La gestión seria de fronteras y de derechos humanos no se resuelve con fotos de urgencia ni con demagogia barata ante un micrófono.

Quienes hoy se rasgan las vestiduras por la inacción del Gobierno son los mismos que recortaron los servicios sociales, los mismos que bloquean la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto solidario de menores no acompañados entre comunidades autónomas, y los mismos que apoyan la austeridad que asfixia a las regiones periféricas.

La crisis de Ceuta no se genera en agosto, sino que es el resultado de décadas de políticas migratorias europeas fracasadas, basadas en pagar a regímenes autoritarios para que hagan de gendarmes, mientras se ignoran las desigualdades estructurales entre el Norte y el Sur.

Reducir la complejidad de la frontera sur, la geopolítica con Marruecos y los derechos humanos a un titular sensacionalista sobre las vacaciones de un jefe de Ejecutivo no es hacer oposición, es hacer antipolítica barata diseñada para alimentar el racismo institucional y la bronca mediática.

Claro que igual me equivoco, y lo que nos quieren decir es que cuando Feijoo sea presidente no se tomará vacaciones. Aunque para las idioteces que dice cada vez que abre la boca, mejor que se quede de vacaciones doce meses al año.

Presupuesto existe, voluntad parece que no

Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial. 

Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.

Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente, sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política. 

Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos. El otro lugar donde consultar es en el Portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas. Hay tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.

Si acudimos a la fuente oficial, los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disponibles en el enlace https://intervencion.castillalamancha.es/sites/default/files/Ejecucion%20Presupuestaria%20Julio_2026.pdf En la página 300 observamos un patrón recurrente. Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.

Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de "prudencia fiscal" ni de "eficiencia administrativa". Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial. 

Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.

El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud. 

Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.

La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.

La estrategia del fango: mercantilizar derechos humanos

Cuando los proyectos conservadores no son una alternativa sólida, siempre recurren al populismo de la impugnación. La estrategia consiste en convertir los dramas humanitarios en alarmismo social, sustituyendo la gestión rigurosa por un deliberado clima de pánico. La reciente crisis en Ceuta y el posterior despliegue discursivo del PP es una radiografía impecable de esta manera de hacer política.

Frente a una realidad migratoria que demanda responsabilidad de Estado y un  cumplimiento estricto del derecho internacional, los portavoces conservadores de los Santos, Tellado o Alma Ezcurra han apostado por la sustitución sistemática del análisis institucional por el uso de conceptos como «invasión» u «ocupación» buscando alterar la percepción pública mediante marcos conceptuales más propios de la extrema derecha que de un partido de derecha europea.

En su forma de actuar destacan tres mecanismos que erosionan la democracia: la desinformación deliberada y posverdad, contraviniendo los datos oficiales sobre la saturación hospitalaria o la seguridad ciudadana, desacreditadas por las propias instancias judiciales e institucionales, y a la vez, reactivando teorías de la conspiración sin sustento real para dinamitar la credibilidad de las instituciones públicas; la incongruencia competencial e insolidaridad territorial: Mientras el discurso oficial de la derecha exige firmeza al Gobierno central, las administraciones autonómicas lideradas por el PP eluden sus obligaciones legales en materia de acogida de menores no acompañados, buscando con ello una parálisis calculada en la corresponsabilidad territorial; la mercantilización de la agenda exterior, obviando los marcos de la diplomacia bilateral y del derecho internacional para buscar el rédito electoralista a corto plazo, copiando la dinámica de bloques reaccionarios internacionales aunque sea en detrimento del consenso institucional europeo.

Hay un desgaste profundo de la izquierda respecto al debate público. El recurso continuado a la hipérbole y el bulo no solo devalúa la deliberación democrática, sino que incentiva el desencanto ciudadano. Cuando la oposición renuncia al rigor para abrazar la táctica del fango, la democracia pierde porque ya no delibera.

La preservación del Estado social y democrático de derecho exige desmantelar esta marcha atrás. Gobernar no puede supeditarse a fabricar enemigos internos o externos, sino a la defensa absoluta de los derechos humanos y la lealtad institucional. Puede que tarde tiempo en ocurrir, pero esta actitud acabará pasando factura a la derecha. 

El misterioso enigma de la frontera con Marruecos

Hay acontecimientos en la historia de los países que reclaman la presencia de un comisario de policía (mejor miope) o de un cuñao, con tendencias a la fabulación, para ser comprendidos en su justa dimensión. La crisis de Ceuta, ese lugar de moda donde Europa empieza o se acaba según desde qué lado de la valla se mire, pertenece a esa distinguida categoría de comedia o drama diplomáticos que terminarán figurando en los libros de texto junto a las guerras del siglo XIX, aunque con bastante menos elegancia. 

El ciudadano biempensante, acostumbrado a que las catástrofes le lleguen a través de la caja tonta o televisión, y entre un anuncio de detergente y la previsión meteorológica, contempló la marejada humana sobre el espigón de Tarajal, unos  como un incidente más del destino otros como un descuido de las fuerzas del orden. 

Sin embargo, a poco que uno revisa los medios expertos en política internacional (materia que consiste en decir una cosa, pensar la contraria y hacer una tercera completamente absurda), a nadie se le debería escapar que aquí hay asuntos de mayor envergadura. Ahora anuncian un nuevo intento de llegada masiva para el sábado, mientras Marruecos y España refuerzan la frontera con medios y agentes. Veremos lo que acontece.

En algunos medios serios, se dice que los servicios de inteligencia de China afirman que en la frontera no solo soplaba el viento del Magreb. Asoman por allí las sombras del Mossad y de la CIA, organizaciones que hoy son, o debieran ser,  demonios familiares o la nueva Santa Inquisición contemporánea. Todo ello, por supuesto, en armonía y concordancia con los afanes del reino de Marruecos, que ha descubierto que la geopolítica moderna consiste en convertir la desesperación ajena en una herramienta de negociación económica. 

Desde una perspectiva que intente conservar la dignidad y cierta empatía por el género humano, virtud bastante escasa entre los ministros de exteriores, el asunto no es solo una anécdota fronteriza, sino un ensayo general de esa maniobra que los expertos han dado en llamar "guerra híbrida". Consiste el truco en utilizar a unos cuantos miles de infelices como si fueran peones de ajedrez, con la diferencia de que a los peones no se les exige luego que pidan asilo en la comisaría.

Que Washington y Tel Aviv contemplen las maniobras de nuestro @vecino del sur con benevolencia no debería extrañar a nadie que haya seguido con atención los Acuerdos de Abraham, ese apretón de manos donde la diplomacia estadounidense reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio de que Rabat mirase hacia otra parte en los asuntos del Próximo Oriente. Es el viejo arte del: yo te doy tu desierto, tú me guardas el patio trasero y, de paso, le enseñamos los dientes a la vieja Europa, que siempre anda despistada entre declaraciones de bienintencionada neutralidad.

Entretanto, Pekín observa el espectáculo con la tranquilidad de quien vende los prismáticos a los dos bandos. Al filtrar estas informaciones, los analistas del gigante asiático no pretenden salvaguardar la tranquilidad de los ceutíes, sino recordar al personal que el imperio americano anda necesitado de apoyos regionales y que la célebre "legalidad internacional" dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio. 

Así están las cosas. España, país dado a la improvisación y al heroísmo de última hora, descubre de pronto que es el escenario donde las grandes potencias miden sus fuerzas. Lo que no ha cambiado es que en la orilla del Mediterráneo la historia la siguen padeciendo los mismos de siempre: los que no tienen pasaporte, los que no leen los informes de inteligencia y los que solo buscan un lugar donde ganarse la vida. 

Esta situación no debe ser conocida en el PP, que culpa de todo a Sánchez. Ahora descubren la pólvora, y, en lugar de plantear la aplicación de medidas restrictivas o procedimientos de emergencia en situaciones de crisis en las fronteras, directamente solicitan que España suspenda el derecho de asilo de manera unilateral y generalizada, lo que el Gobierno no puede hacer ni según la legislación nacional ni según el derecho internacional y comunitario. Su único objetivo es desgastar al Gobierno, nunca ha sido atender al pueblo ceutí.

Por muy interna que quiera hacerse la lectura de lo sucedido, la crisis de Ceuta no es un hecho aislado, sino la manifestación local de un gran tablero de ajedrez geopolítico. Marruecos actúa como un sub-imperio regional respaldado por los intereses estratégicos de EE. UU. e Israel, instrumentalizando a la población migrante para erosionar la soberanía española e imponer su agenda en el Sahara Occidental. Aunque todo sea culpa de Sánchez, la irrupción de informes chinos evidencia cómo España y sus fronteras se han convertido en un terreno disputado en la nueva Guerra Fría multipolar. Aunque Feijoo no sea el presidente porque no quiere.

La guerra jurídica desmantela la democracia en España

La democracia muere cuando las reglas del juego dejan de ser neutrales y se convierten en el arma defensiva de quienes temen perder el poder. En la España actual, esa erosión no llega mediante tanques ni golpes de Estado al uso; llega con togas, puñetas y autos judiciales dictados en momentos sospechosamente coincidentes. Asistimos a la sustitución de la soberanía popular por el derecho penal: la judicialización de la política se ha consolidado como el mecanismo predilecto de la derecha social, mediática y política para maniatar cualquier intento progresista.

Cuando los conservadores no pueden ganar el debate de las ideas ni lograr mayorías parlamentarias estables, vemos como trasladan el centro de gravedad del Congreso de los Diputados hacia Plaza de Castilla o el Tribunal Supremo. El resultado es nefasto para las instituciones, pero devastador para la ciudadanía.

El esquema es predecible y funciona como una cadena de montaje perfectamente engrasada: portada en un periódico para crear sombra de sospecha; acusación popular (Manos Limpias o Hazte Oír); Apertura de diligencias tras apoyo mediático prolongado; desgaste reputacional mediante la pena de telediario; archivo de la causa años después tras varios recursos, cuando el daño es ya irreversible.

La perversión de la acusación popular es central en todo este engranaje. Se pensó para democratizar la justicia, pero hoy se utiliza de forma espuria por pseudo sindicatos o plataformas ultraderechistas para interponer querellas masivas en base a meros recortes de prensa, informaciones no contrastadas o directamente bulos. El objetivo real no es lograr una condena firme, técnicamente saben que la causa terminará en la nada, sino lograr el titular, la citación como "imputado" y la consiguiente muerte civil y política del objetivo.

Para que se entienda que no sufro una paranoia izquierdista, sino ante una manera de funcionamiento estructural, basta repasar la hemeroteca reciente. Empezando por el 'caso Neurona' y las decenas de causas contra Podemos prácticamente la totalidad de ellas terminaron archivadas tras años de estigmatización pública. El objetivo político, sin embargo, se cumplió: erosionar electoralmente a la formación y desmovilizar a su base electoral.

No menos llamativo es el de Victoria Rosell el caso de la magistrada y exdiputada que tuvo que dimitir tras una querella urdida con la connivencia del juez Alba, por el que Rosell fue apartada de la carrera política sobre la base de una auténtica fabricación de pruebas desde el propio aparato judicial. O el de Mónica Oltra imputada siendo vicepresidenta valenciana que provocó su dimisión forzada y supuso un golpe demoledor para el gobierno de progreso en la Comunidad Valenciana. Dos años después, la justicia archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito, pero el mapa político regional ya había cambiado de manos.

No se ha limitado solo a la izquierda del PSOE, sino que ahora lo vemos con el presidente del Gobierno, con querellas presentadas contra su entorno personal, Begoña Gómez, basándose en filtraciones periodísticas y titulares desmentidos, pero han mostrado cómo la acusación popular puede ser utilizada para condicionar directamente la gobernabilidad del Estado y tentar a la parálisis del Ejecutivo. Podría ser más extensa la lista de casos. 

Pero más allá de los nombres propios, las víctimas verdaderas de este secuestro judicial de la política son las clases trabajadoras y la mayoría social. Un gobierno amedrentado por la amenaza constante de la querella penal es un gobierno que se lo piensa dos veces antes de topar el precio del alquiler, subir impuestos a la banca o abordar la transición ecológica. Es el efecto desaliento que encoge la ambición de las políticas públicas.

Mientras las tertulias de televisión y los debates parlamentarios se convierten en monográficos sobre fases de instrucción y citaciones en los juzgados, hacen invisibles  las urgencias cotidianas, como el colapso de la sanidad pública, la precariedad laboral o el encarecimiento de la vida. Cuando la gente comprueba que las decisiones tomadas en las urnas pueden ser corregidas o bloqueadas por un poder que no ha sido electo, incluso atrincherados en órganos con mandatos caducados como ocurrió durante años en el CGPJ, la consecuencia inevitable es la desafección, el cinismo y el avance de la anti política. 

Si con todo lo anterior no nos damos cuenta de que la judicialización de la política es el antídoto de las élites contra la democracia. La izquierda no puede limitarse a denunciar el problema cuando le afecta en primera persona, sino que debe liderar una profunda democratización del Poder Judicial, que debe incluir la restricción del uso abusivo de la acusación popular y blindar la soberanía parlamentaria frente a quienes pretenden gobernar el país desde los tribunales.

El mito del «idiota» y los reaccionarios.

Es un consuelo pensar que el avance de las agendas reaccionarias, pueda ser resultado del azar, de la mera ignorancia o de una acumulación fortuita de decisiones erróneas. Es difícil pensar, que en este planeta quepa un idiota más de esos que arrojan las piedras sobre su propio tejado. Parecen demasiados, pero nunca se sabe, puesto que, en esta era digital, hasta podemos aspirar a ver tres eclipses en tres años. 

Pensarlo resulta tentador, pero como análisis político de lo que acontece es profundamente insuficiente y peligroso. Lo que a menudo etiquetamos como estupidez o irracionalidad no es más que la fachada pública de un proyecto de poder sumamente coherente, diseñado para reordenar el mapa geoestratégico global en favor del gran capital.

Debemos entender, que la irrupción y consolidación de la ultraderecha no es un fenómeno folclórico, sino la herramienta política ideal para una fase específica del capitalismo. Cuando las crisis estructurales (ecológicas, económicas y de legitimidad de las instituciones) amenazan sus ganancias, el poder corporativo y tecnológico siempre busca y encuentra vías de escape. La ultraderecha ofrece exactamente el marco institucional necesario para esa transición: la desarticulación del tejido comunitario, la erosión sistémica de los derechos sociales y laborales, y la neutralización de la protesta mediante la polarización cultural.

Este fenómeno se manifiesta con especial crudeza en la digitalización y la inteligencia artificial que no están funcionando como herramientas de democratización, sino como mecanismos de concentración de poder. Bajo la cobertura ideológica del libre mercado y la desregulación, unas cuantas corporaciones transnacionales operan con una soberanía superior a la de muchos Estados, moldeando la opinión pública y asegurando la infraestructura clave del siglo XXI.

A eso se añade la alianza de esa ultraderecha con los discursos antiecologistas lo que no es una postura ideológica inocente, sino una garantía de libertad total para la depredación del planeta. Reducir los estándares ambientales permite abaratar los costes de extracción de recursos estratégicos en un contexto de escasez global, privatizando los beneficios y socializando el colapso ecológico entre las mayorías sociales.

Atribuir este escenario a la incompetencia o a la "idiotez" política es caer en la trampa de la misma propaganda que se pretende combatir. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante su funcionamiento optimizado. La verdadera batalla política no se da entre la sensatez y la tontería, sino entre quienes buscan defender los bienes comunes y la dignidad social, y quienes utilizan este repliegue neofascista como blindaje para la acumulación de poder geoestratégico. 

CEUTA EN LAS REDES Y MEDIOS

No es discutible que, para cualquier ceutí, la sensación en las calles estos días es de una incertidumbre y una desazón asfixiantes. No se trata de odio ni de discursos abstractos; se trata de salir a trabajar, de pasear con la familia o de intentar hacer vida normal sintiendo que la tranquilidad de tu propia casa se tambalea por momentos.

Ver la frontera bajo una presión constante y las calles desbordadas genera una sensación de desamparo absoluto. Sienten que Ceuta vuelve a ser el tablero donde otros juegan sus bazas políticas, mientras ellos ponen la inquietud, el miedo a la inestabilidad y el desgaste diario. 

La gente de Ceuta no pide milagros, solo la seguridad básica de saber que sus instituciones protegen la convivencia y el futuro de una ciudad que ya soporta demasiada tensión sobre sus espaldas.

Pero expuesto lo anterior, los ceutíes harían bien en analizar como se les está instrumentalizando contra el Gobierno de España. Lo digo porque he recogido de las redes sociales y medios, algunas informaciones que parten de ciudadanos de Ceuta o reproducen ellos procedentes de otros, que, como poco, deberían hacerles pensar en si la visión que se está transmitiendo al resto de España de ellos es real o está manipulada. Os expongo a continuación varias de esas cuestiones.

1 lo dicen “auténticos genios” del periodismo.

Atreverse a afirmar que los servicios de inteligencia debían saber lo que iba a ocurrir en Ceuta, es, como poco, ignorar cómo funcionan todos los servicios de inteligencia frente a fenómenos virales. Los servicios de inteligencia de todos los países interceptan estructuras organizadas. Si una convocatoria masiva se propaga de forma descentralizada por redes sociales o por bulos, fijar el minuto exacto del asalto es sumamente complejo. La inteligencia transfronteriza opera por reciprocidad. Si el país de origen decide no compartir datos operativos o mirar hacia otro lado, solo se trabaja con indicios, no con predicciones exactas. 

Reducir un complejo pulso geopolítico a un fallo de negligencia de nuestros servicios de inteligencia es caer en una conspiranoia simplista. Es fácil caer en ese error, y más si se vive en una situación como la de la ciudad de Ceuta.

2 ahora Vivas es un presidente ideal.

Que ahora el PP nos presente a Juan Jesús Vivas como un «santo varón» imperturbable es someternos a pura amnesia mediática. Este señor tan respetable, lleva al frente de Ceuta desde 2001, y el archivo de diferentes querellas judiciales no borra un historial salpicado por el clientelismo y la falta de control. En el Caso Emvicesa, la mayor trama de corrupción juzgada en Ceuta, donde altos cargos nombrados por sus gobiern os terminaron procesados por cobrar mordidas para adjudicar VPO, el hecho de que él solo declarase como testigo no lo exime de su evidente negligencia política al supervisar a su directiva. Hoy, interesadamente, todos los medios afines a la derecha mediática parecen olvidar que su mandato acumula repetidas denuncias por adjudicaciones a dedo, fraccionamiento de contratos y concesiones opacas. Que este señor haya sorteado varias condenas penales individuales, no justifica que se le quiera blanquear como a un gestor modélico cuando los ceutíes conocen que la corrupción y las irregularidades han crecido durante dos décadas bajo su mandato.

3 los ceutíes sin poder bañarse en sus playas.

Esta es otra manipulación flagrante y que desinforma. La Playa del Trampolín no es una zona turística ni accesible de arena, sino un tramo rocoso que personas en situación de vulnerabilidad usan como refugio temporal. Las verdaderas playas de baño de los ceutíes como El Chorrillo, La Ribera, Benítez, San Amaro, La Almadraba y Calamocarro, siguen siendo los espacios habituales de ocio diario y no están bloqueadas. Usar la presencia de refugiados en una zona rocosa para inventar que «impiden el disfrute de todas las playas» solo demuestra las ganas de crispación de algunos y la ignorancia de la geografía local de otros.

4 el desabastecimiento de Ceuta.

Otra manipulación es la del "desabastecimiento" en Ceuta, de la que se dice es culpable el Gobierno, mientras se exime de cualquier análisis a la dinámica del mercado. Es una estrategia de manipulación que no por ridícula deja de ser deshonesta. Explotar imágenes de estanterías vacías puntual o temporalmente para generar alarma social y así dirigir la bronca política hacia la administración general es demagogia pura. Si en un momento dado faltan productos en un establecimiento, esto  responde a un pico extraordinario de demanda local o a retrasos logísticos y decisiones operativas de las propias cadenas de distribución privadas, cuyo suministro marítimo regular no ha sido cortado. Pretender que el Gobierno controle también la reposición de cada supermercado o que existe una escasez estructural orquestada por Sánchez es ignorar deliberadamente el funcionamiento del comercio y la logística básica.

No se busca informar ni aportar soluciones a un problema que es real, sino distorsionar la realidad, instrumentalizar una cuestión  logística o de consumo para con ello azuzar el miedo y utilizar la rabia de los ciudadanos como arma partidista en redes.

5 la Sanidad de Ceuta en una situación limite.

Las informaciones contradictorias sobre la sanidad en Ceuta reflejan dos caras de la misma realidad asistencial. Mientras el Sindicato Médico denuncia picos de colapso y urgencias desbordadas por la crisis migratoria de la última semana, los números no lo acreditan así. Este tipo de picos de tensión no difieren de las saturaciones puntuales que sufren habitualmente los servicios de urgencias en los hospitales de la península durante olas de gripe o picos asistenciales, aunque ahora sea por una causa diferente.

Mientras los profesionales en primera línea acusan el agotamiento del personal, que es cierto y generalizable en toda la primera linea asistencial, los datos del INGESA confirman que la capacidad hospitalaria general no se ha visto comprometida, manteniendo cerca del 50 % de las camas libres y sin necesidad de activar módulos de emergencia extraordinarios.

La lectura global indica que la llegada masiva de migrantes de la pasada semana efectivamente tensionó y desbordó el dispositivo de atención primaria y urgencias de forma provisional, pero la infraestructura hospitalaria de la ciudad cuenta con margen de camas suficiente para garantizar la asistencia. Se han visto imágenes de mayor problema de desbordamiento en urgencias estos días en hospitales madrileños, por ejemplo.

6 el ahora bondadoso rey de Marruecos.

Hace unos días era el culpable e impursor de la "invasión". Hoy vemos como se compadece por ceutíes al monarca marroquí y se excusa su régimen, lo que resulta de un cinismo y un analfabetismo político sonrojantes. Pretender que miles de personas se lanzan al mar por «sorpresa» en un régimen autocrático y ultracontrolado es de una ingenuidad pasmosa; Marruecos usa la migración como herramienta de presión política a su conveniencia. Preocuparse por la «mala imagen» o el «enfado» del rey en el día de su fiesta, mientras se ignora la miseria y la falta de libertades que obligan a sus ciudadanos a jugarse la vida a nado es de una hipocresía grotesca. Quien disculpa al sátrapa justifica el mismo chantaje que condena a Ceuta a una inestabilidad permanente.

7 y Sánchez de vacaciones.

Esto es una ofensiva coordinada de la cúpula del PP sobre las vacaciones de Sánchez durante la crisis en Ceuta. Es una estrategia clásica de desgaste hiperpresidencialista, y un intento de reducir el complejo funcionamiento del Estado a la presencia física de una sola persona. Ocultan deliberadamente la acción presencial y técnica de los ministros sobre el terreno para imponer un relato donde la ausencia del presidente en un plató o rueda de prensa se equipara falsamente a un "vacío de poder" o dejadez de funciones. Ha ido de visita el presidente y estos días más ministros que nunca han estado en Ceuta. Pero si no van los ministros mal, y si van, no sirve que lo hagan porque no hacen nada. Y si va el Presidente entonces lo primero es recordar la supuesta profesión de su madre a voz en grito.

El despliegue escalonado de portavoces del PP (desde la escala autonómica con Ayuso, hasta el aparato de Génova con Feijoo, Bendodo y Tellado) responde a una táctica de conseguir una saturación mediática en agosto, un periodo de menor actividad parlamentaria ordinaria, y que la derecha aprovecha la sobreexposición mediática de lo ocurrido en Ceuta para convertir un asunto de política exterior, seguridad e inclusión humanitaria en un ataque a la reputación personal, contra el presidente. 

Con ello, el objeto de debate deja de ser cómo articular una respuesta migratoria coordinada con la Unión Europea y las comunidades autónomas, o exponer soluciones alternativas a la situación, para centrarse en la estampa moralista del dirigente "en la playa". La insistencia en que el presidente debe "salir de la tumbona" descalifica los cauces de critica institucional ordinarios y promueve un concepto ya obsoleto de liderazgo caudillista, donde solo existe gestión si hay sobreactuación o escenografía presencial. Buscan el titular sobre la complejidad técnica y la corresponsabilidad territorial que exige la gestión de la crisis en Ceuta.

No creo necesarios más ejemplos. Al final todo se resume en que España con Sánchez no funciona; el presidente del PP de la ciudad es un modelo de honestidad; el malvado Sánchez impide el baño en las playas ceutíes; el gobierno no repone los supermercados para matarlos de hambre mientras Mercadona o Carrefour no tienen ninguna responsabilidad de la situación; la única sanidad saturada es la ceutí porque depende del Ministerio mientras que las de las CCAA funciona a la perfeción; el rey de Marruecos esta apesadumbrado con lo ocurrido y el culpable es Sánchez; y Sánchez está de vacaciones en lugar de estar limpiando las playas y expulsando físicamente en la frontera a los que aún no se han ido. 

Quienes piensen que todo es culpa de Sánchez, hoy están de enhorabuena. No necesitan ver el eclipse con gafas, ya que es imposible que se queden ciegos quienes ya lo están. 

Los que no lo estáis tened cuidado y proteger vuestra vista, que un eclipse total puede ser muy perjudicial para la retina si no tomáis las medidas adecuadas.  

Las promesas incumplidas con Hellín

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. 

SOMBRA AQUÍ Y SOMBRA ALLÁ, VACUNATE, VACUNATE

La decisión de la administración Trump de disminuir las vacunas en E.E. U.U. representa una grave regresión en el control de enfermedades transmisibles y un atentado contra los principios más elementales de la medicina basada en evidencia.

Dividir una vacuna combinada como la Triple Vírica: sarampión, paperas y rubéola,  en tres dosis independientes e imponer visitas médicas separadas es generar barreras y adherencia. Esto amplía el periodo en el que un lactante permanece expuesto al virus sin la protección adecuada. A mayor número de consultas requeridas, menor es la tasa de vacunaciones completadas. A ello se añade que exigir vacunas individuales que actualmente no cuentan con autorización de la FDA ni producción en EE. UU. deja a miles de niños desprotegidos. 

La marginación y posterior destitución de los comités científicos asesores de los CDC e instituciones científicas para imponer decisiones por decreto político marca un aviso a navegantes, puesto que la política de inmunización debe responder a la vigilancia epidemiológica y no a narrativas pseudocientíficas. Al degradar vacunas esenciales (como hepatitis A y B, rotavirus, gripe o COVID-19) a la categoría de "decisión clínica compartida", la administración lo que consigue es facilitar que los seguros médicos dejen de garantizar su gratuidad universal. Esto tendrá un impacto económico sobre las familias de menores recursos, y así las brechas de equidad en salud infantil aumentaran, con niños ricos sanos y niños pobres en riesgo.

Tomen nota sus admiradores y votantes de sus homólogos en nuestro país, porque esto es la que les espera, salvo que tengan el bolsillo lleno.

menores en Ceuta

 Lunes de mañana y la situación de los menores en Ceuta continúa siendo dramática. Esto no es una crisis migratoria puntual, sino el síntoma de un fallo estructural en el modelo de corresponsabilidad autonómica, la infrafinanciación de los servicios públicos y una política fronteriza europea que prioriza la contención sobre el interés del menor.

El modelo anterior basado en la voluntariedad de las Comunidades Autónomas había generado un bloqueo político y aboca a territorios limítrofes como Ceuta o Canarias a una presión asimétrica insostenible. Desde que ese acogimiento es obligatorio, el problema está en que es recurrible, y por lo tanto vuelve a estar supeditada su aplicación urgente a la voluntad política de la CA que no lo impide pero lo dilata. Si se ha establecido ya un criterio de redistribución obligatoria, equitativa y vinculante según población, renta y capacidad asistencial de cada CA, lo que se debe hacer es aplicar un cumplimiento inmediato. La protección de la infancia es una competencia de Estado que no puede quedar a merced del cálculo electoral o la insolidaridad de gobiernos autonómicos conservadores.

La saturación provoca condiciones de hacinamiento, externalizaciones a entidades privadas que precarizan la atención y retrasos en los expedientes de tutela. No vale solo con visitas y promesas. Es urgente una financiación estatal urgente para la creación de centros de acogida de gestión 100% pública y dimensión reducida. Debe garantizarse ratios adecuadas de educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores culturales que aseguren la escolarización inmediata, la regularización documental rápida y el acompañamiento al cumplir la mayoría de edad.

Pero lo grave de fondo sigue siendo la externalización de fronteras convierte a la infancia en un instrumento de presión geopolítica por parte del régimen marroquí, mientras la UE delega en la frontera sur su responsabilidad en materia de asilo y refugio. Se deben exigir fondos europeos vinculados a la garantía de derechos y no a la seguridad fronteriza, articulando vías legales y seguras. 

En el plano bilateral, la política exterior debe supeditar los acuerdos con Rabat al estricto cumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño de la ONU, evitando que el chantaje migratorio debilite los compromisos en derechos humanos.

Pero hay muchos interesados en un solo enfoque. La respuesta pública no pasa por militarizar la frontera ni recortar garantías procesales. Lo urgente ahora es desplegar la capacidad redistributiva del Estado social y asumir la acogida como una obligación legal e irreductible.

No es de recibo que no se hayan habilitado varias oficinas provisionales de filiación con personal desplazado expresamente para solventar ese problema, porque mientras no sepamos ni cuantos menores exactamente son solicitantes de asilo, ni cuantos migrantes hay en las calles de Ceuta. La imagen que dan las filas de menores, esperando alrededor de la Jefatura de Policia de Ceuta, es de fracaso del Estado, y esto me resulta  inconcebible. De lo de la UE mejor ni hablamos.

Recordó lo sucedido en el bar.

 Recordó lo sucedido en el bar. Fue una discusión entre blancos, él no tenía derecho a discutir nada. No eran extrañas, en aquellos años, al contrario, las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes. No resultaba fácil entenderlos. Debía limitarse a escuchar y callar.

Los blancos eran quienes creaban las reglas, y ellos, los de piel más oscura, lo sabían.  Esas normas las cambiaban cada día, a cada momento según su interés. Eso las hacía inestables, circunstanciales según sus necesidades. Pero los blancos del pueblo no admitían ser racistas, aunque todos sentían odio por el de diferente color.  Siempre afirmaban no odiar a la gente de color, pero tampoco querían que se mezclasen con ellos. De día no les importaba el color de su piel mientras trabajaban sus tierras. Solo molestaban cuando aparecían en el pueblo de noche, en cualquier bar, o paseando por sus calles. Entonces a los blancos les estorbaban porque les hacían sentirse inseguros. Pero nadie admitía ser racista, porque ellos mismos se avergonzaban de su intolerancia

Al caer la tarde, la sombra del reloj de la torre cruzaba la calle, y el policía local se le acercó. No levantó su voz, sabedor de que no era necesario que lo hiciera. Solo le recordó que la luz del sol empezaba a desaparecer  y que las norma decían que no debían estar por las calles cuando oscureciera. Nadie había escrito esas normas, pero todos las conocían.  El odio no necesitaba de violencia, y su intolerancia la disfrazaban de prudencia, de seguridad.

Empezó a abandonar el pueblo hacia su casa en el campo, mientras las mismas caras de quienes durante el día le habían pedido ayuda para las tareas agrícolas o con sus ganados, le invitaban a aceptar que la noche lo borrase del mapa. La oscuridad no cambia a las personas, pero le quita las máscaras. 

Pasión de buitres, que no de gavilanes.

El fenómeno de la polarización destructiva en España debe estudiarse porque ha alcanzado el carácter de síntoma de una crisis de legitimidad del sistema democrático. Y es que, en la España actual , este fenómeno es mucho más específico y visceral: el «antisanchismo». Es un síntoma y, a la vez, una cortina de humo de la extrema derecha y la derecha tradicional. No estamos ante un debate ideológico entre dos modelos de país, ni ante una crítica racional a las políticas públicas,  sino  ante una fijación irracional que ha articulado como estrategia la derecha política y mediática.

Como nos muestra el clima político reciente, el odio hacia el presidente del Gobierno trasciende las barreras sociológicas tradicionales. Ya no se limita a las élites económicas o a los foros conservadores habituales; la derecha mediática ha conseguido que  penetre transversalmente en la sociedad a través de la desinformación de masas y las dinámicas de odio en redes sociales y grupos de mensajería digital. Es revelador comprobar que, en el fondo de esta irritación, con frecuencia, los detractores de Sánchez no articulan un argumento basado en datos, sino que recurren a una espiral de insultos y consignas prefabricadas.

Este odio desmedido a la figura de Pedro Sánchez cumple una función ideológica muy clara: actúa como una cobertura socialmente aceptable para un nacionalismo español excluyente. Odiar directamente la pluralidad o mostrar una animadversión identitaria hacia Cataluña, sus instituciones y su ciudadanía, sitúa a estos actores políticos en las márgenes del supremacismo centralista. Se intenta lograr con ello, encubrir ese supremacismo bajo el disfraz del rechazo a Sánchez, a la Ley de Amnistía o a los acuerdos de gobernabilidad. Todo eso permite a la derecha auto conferirse un halo de «patriotismo constitucional» que es totalmente ficticio.

A esta batalla cultural no es ajena la instrumentalización de las instituciones del Estado. La derecha no duda en utilizar la geopolítica y las zonas de vulnerabilidad, como ahora hace con Ceuta y Melilla, como ariete de desgaste político, ignorando las complejas implicaciones internacionales en un contexto donde el alineamiento de potencias como EE. UU. exige cautela y responsabilidad de Estado al gobierno lo ejerza cualquier partido. 

En este escenario, hasta la propia Casa Real se queda atrapada entre el cálculo institucional y la falta de empatía social. Mientras la derecha nos dibuja una imagen bucólica de la Corona, los ciudadanos echamos en falta un compromiso real y visible con las realidades más sangrantes de nuestro territorio, como ahora la situación de los menores migrantes hacinados y desatendidos. Una monarquía que se dice moderna debería estar a la altura de los colectivos y jóvenes solidarios que sí pisan el terreno y enfrentan la injusticia social.

Por último, tampoco en esto podemos obviar la resistencia corporativa de sectores del poder judicial que, acostumbrados a actuar como correctores del poder legislativo, ven con recelo que la soberanía popular expresada en el Parlamento los corrija o redirija sus dinámicas, propias del pasado, a través de medidas de gracia como la Ley de Amnistía.

Frente a la trampa de la crispación y el odio irracional que es alimentada por la derecha, la izquierda debe ofrecer pedagogía democrática, un análisis riguroso de todo y políticas que busquen la profundización en los derechos sociales y la pluralidad plurinacional. 

Desmontar el «antisanchismo» no es defender pasivamente a una persona o a un partido, sino defender el espacio de la política racional, la democracia y la transformación social frente al empuje reaccionario.

El Efecto Llamada de los bulos de la derecha

El concepto clásico de "efecto llamada" se relaciona con las políticas de acogida y los derechos sociales. Sin embargo, la evidencia demuestra que el factor de mayor atracción es la desinformación construida por la derecha y ultraderecha. 

PP y Vox les han creado una expectativa irreal a los migrantes al propagar el bulo de que en España existen "paguitas" inmediatas, Sanidad ilimitada, etc. Todo sin ningún requisito y les anuncian regularizaciones automáticas. Piénsalo y verás, que para quien busca desesperadamente salir de la miseria o la persecución, alcanzar la opulencia que le anuncian las derechas que se van a encontrar, sí que actúa en ellos como un reclamo mucho más potente que cualquier ley de extranjería por muy generosa que sea, que no es el caso de la española. 

Pero esa falsedad, en realidad, no va dirigida solo a los migrantes, sino que busca provocar internamente un conflicto de clase, puesto que en lugar de señalar como causas de la desigualdad que sufrimos los españoles, la acumulación de riqueza en unos pocos o la falta de vivienda en la mayoría, inventándose un "privilegio de los migrantes" lo que consiguen es enfrentar al penúltimo (el español pobre) contra el último (el migrante sin nada) y así rentabilizar electoralmente el miedo del primero.

Que no nos engañen. La derecha necesita que el flujo migratorio continúe alimentando el conflicto social para poder sostener su agenda autoritaria. Sus bulos no solo deshumanizan a quienes llegan, sino que sabotean cualquier intento de gestionar las fronteras desde la justicia social, los derechos humanos y la realidad objetiva, y de paso, que les voten quienes sufren la desigualdad. No es un invento nuevo, antes ya lo lograron Hitler y Mussolini.

Señor Bendodo,

 Señor Bendodo,

Resulta verdaderamente sonrojante verle aparecer en rueda de prensa, recién llegado de la playa y ostentando un moreno envidiable, para dar lecciones sobre quién tiene derecho a descansar y quién no. Estoy seguro de que, si usted se presenta a un campeonato de políticos zafios amateurs, no lo admiten por profesional. Su interpretación matutina, a medio camino entre el cinismo enfermizo y la caricatura del reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, roza el esperpento. 

Hay que tener la cara de cemento armado para señalar con el dedo la desconexión ajena mientras se habla con la arena de la playa aún entre los dedos. Usted, junto a Tellado, actúan como los altavoces más estridente de un partido que carece por completo de moral para hablar de vacaciones, responsabilidad o ética. La memoria de este país no es tan corta como ustedes presuponen, y voy a permitirme refrescársela.

Mientras usted pontifica sobre estética política, olvida como veraneaba el presidente de su partido, en la cubierta de un yate con un amigote. Una convivencia vergonzosa que se realizaba mientras, en esos mismos momentos, la droga destruía a miles de familias trabajadoras. O debe haber olvidado cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicaba los recortes más salvajes a la educación y la sanidad pública y dejaba a las familias en la calle, mientras sus dirigentes no dudaban en tomarse vacaciones en Doñana o escaparse a la Eurocopa en medio del rescate a la banca. O a la señora Botella en un balneario/spa de lujo, veinticuatro horas después de que  mientras cinco chicas morían en el Madrid Arena.

Haga su oposición con asuntos serios de verdad, y deje el verdulerismo que está mayor para eso. El PP, su partido, quiere hoy convertir en arte de oposición, la doctrina de "vacaciones para los míos, traición a la patria para los demás". Privilegios para la clase alta que ustedes defienden, y fiscalización desquiciada para cualquier oponente político.

Señor Bendodo, deje de hacer el ridículo disfrazándose de fiscal de la moralidad pública mientras ostenta el tono tostado del sol estival. Su discurso no es fiscalización: es una pataleta vacía, sin ningún nivel político, una farsa veraniega más de las mucha que le hemos visto,  y una muestra absoluta de impotencia política. Antes de volver a ponerse ante una cámara para intentar dar grandes titulares, aplíquese un poco de rigor, mire hacia su propia casa y respete la inteligencia de los ciudadanos. ¿Ha oído usted hablar de algún ático? 

ASCO HACIA QUIENES LES LLAMAN MENAS

Los niños marroquíes fueron utilizados como armas por su país contra España. Ahora el PP vuelve a utilizarlos contra el Gobierno. La actitud del  PP respecto a los menores no acompañados en Ceuta es la evidencia de uno de los episodios más deplorables de claudicación ideológica y vulneración del marco de derechos en la historia democrática reciente de España. 

Ya se han quitado la careta. Lejos de actuar como una fuerza de centroderecha y un partido de Estado, la formación de Feijóo ha optado por subordinar la protección de la infancia vulnerable a sus cálculos de poder, y está cediendo ante el pánico moral e islamófobo articulado por Vox. PP y Vox son ya lo mismo.

Lo que se observa en Ceuta no es una discrepancia sobre gestión autonómica, sino una decisión consciente que asfixia a una ciudad autónoma con sus recursos sociales colapsados. Al atrincherarse en el veto a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y negarse a acoger cuotas obligatorias de menores en las comunidades que gobierna, el PP comete un ejercicio de profunda hipocresía, aunque se llenen la boca de Constitución. 

Mientras se llena la boca apelando a la unidad de España y a la lealtad autonómica, el PP convierte la cohesión territorial en papel mojado y abandona a los territorios frontera a su suerte despreciando el mandato del Art. 138.1 CE. Hoy son rehenes de la extrema derecha por temor a perder gobiernos autonómicos o votos por su flanco derecho, y la cúpula del PP ha entregado su agenda a la retórica de la "invasión", blanqueando tesis que consideran a niños no acompañados como una amenaza a la seguridad, y no los consideran ciudadanos con derechos.

Están cometiendo una flagrante vulneración del principio de protección, desde la perspectiva de los derechos de la Infancia. Se pongan como se pongan, la postura del PP es lisa y llanamente indefendible. La retención prolongada de estos jóvenes en Ceuta rompe el principio del Interés Superior del Menor. Utilizar la inacción administrativa o el bloqueo parlamentario para forzar situaciones insostenibles en los centros de acogida es una infracción sistemática de las obligaciones del Estado.

Hay que denunciar el filtro étnico-xenófobo que rige su estrategia política. La misma derecha que en 2022 aceleró la disponibilidad de recursos públicos para acoger solidariamente a miles de niños y familias que huían de Ucrania, hoy estigmatiza y llama a la insolidaridad si los menores vienen de Marruecos. El verdadero problema para el PP no son la capacidad de gasto o las competencias de las autonomías, sino el color de piel y la cultura de quienes solicitan amparo.

El PP ha abandonado la ética humanitaria y está demostrando una alarmante miopía de Estado al abrazar los postulados de Vox sobre los menores de Ceuta. Ya no preocupa en el PP que se esté erosionando la arquitectura del Estado social y de derecho, con lo que demuestra que para la derecha española la dignidad de un niño es perfectamente prescindible si con ello se obtienen réditos electorales. Actuando así, el PP ha dejado de ser un partido de centroderecha. 

Estructura de poder interna y externalización de fronteras.

Marruecos no se define como una democracia liberal, sino como un régimen autoritario o una autocracia. Es una estructura de red clientelar, institucional y oligárquica centrada en la figura del Rey.

En Marruecos existen elecciones y un parlamento formal, y el poder real reside en el Gabinete Real y las Fuerzas Armadas. Eso lleva a que las decisiones estratégicas de política exterior, defensa, gestión de recursos y soberanía están fuera del alcance del debate parlamentario. El régimen marroquí combina políticas económicas neoliberales con un monopolio dinástico de sectores clave como son la energía, la banca, telecomunicaciones, y minería a través de grandes holdings como. Esta estructura aumenta las desigualdades socioeconómicas que alimentan la emigración de su juventud.

Tampoco podemos olvidar como convirtieron la ocupación y reclamación sobre el Sáhara Occidental funciona en el principal asunto ideológico para cohesionar el régimen. Quien osa cuestionar la "marroquinidad" de ese  territorio ya sabe que va a afrontar la persecución política y encarcelamiento, como podemos ver que ocurre con los disidentes o periodistas independientes.

Por último, hay que señalar que la emigración, además de una consecuencia de la pobreza interna, la han convertido en una estrategia del régimen marroquí, puesto que la salida del país de población joven representa un alivio de la presión social interna que representa el inmenso desempleo juvenil de ese país, y estando fuera, encima, le genera divisas mediante las remesas que esos migrantes envían a sus familias desde otros países.

En este escenario, la pregunta es ¿Por qué España y la UE "maquillan" el papel de Marruecos en Ceuta y la frontera? Se puede culpar a las mafias y a quien se quiera, pero la condescendencia o la diplomacia de contención de la UE y de los sucesivos gobiernos españoles ante las acciones de Rabat responden a una relación de interdependencia a todas luces asimétricas. 

La UE ha subcontratado el control de la "Fortaleza Europa" a terceros países. Marruecos actúa como la "policía de frontera" de Europa a cambio de millones de euros en fondos de cooperación y asistencia militar. Relajar deliberadamente la vigilancia fronteriza permite a Marruecos forzar concesiones diplomáticas a España y la UE. Pero a pesar de todo, Marruecos es un socio prioritario para el intercambio de inteligencia en la lucha contra el yihadismo en el Sahel y el norte de África, por lo que romper lazos comprometería la seguridad nacional española y europea. También debe ponerse sobre la mesas que España es el primer socio comercial de Marruecos y que existen fuertes intereses de empresas multinacionales (agrícolas, pesqueras, manufactureras y de infraestructuras) que requieren para seguir trabajando una estabilidad bilateral.

Este análisis solo puede tener una conclusión: los gobiernos europeos encubren o matizan las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos, intentando al tolerarlas no desmantelar la arquitectura de control migratorio, ni asumir el coste político y humano de gestionar directamente sus fronteras bajo las leyes internacionales de asilo. En el fondo, como siempre, estamos hablando solo de dinero, y este modelo europeo ha convertido a países como Marruecos, Túnez, Libia o Mauritania en las zonas donde amortiguar legal y geográficamente la desigualdad, y así blindar el espacio Schengen.

Intentan que todo parezca un problema de incapacidad política del Gobierno español. Pero la realidad es que lo vivido estos días es consecuencia directa de esta política europea de degradación sistemática de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente las de origen subsahariano. 

En lo acontecido estos días en Ceuta, lo fácil es culpar al Gobierno español, que se puede afirmar sin miedo a equivocarnos, podría haber actuado de otra manera. Pero no nos engañemos, existe una hipocresía inherente a este modelo, puesto que mientras la UE proclama la defensa de los derechos humanos como pilar ideológico, está financiando la vulneración de esos mismos derechos a escasos kilómetros de su territorio. Europa ha decidido subcontratar el trabajo sucio, solo le preocupa mantener las manos limpias, y para ello no le preocupa perpetuar una relación de dependencia, una nueva forma de colonialismo, con el Norte de África, donde las vidas no importan porque se ven como moneda de cambio. Y España forma parte de esa UE.

Ya sabemos que para la derecha y ultraderecha hispanas, Sánchez es culpable hasta de la muerte de Manolete en Linares, pero se pongan como se pongan Feijoo y Abascal, este no es un asunto exclusivo del actual gobierno, porque tener que andarnos con paños calientes con el vecino del Sur, ha sido así desde antes de los años ochenta con todos los gobiernos españoles, incluidos en los tiempos de Paca la culona del Ferrol. ALgunos se han olvidado muy pronto de la marcha verde.

Es urgente informar mejor sobre la inmigración

Pocas cuestiones suscitan tantas pasiones con tan poco rigor en el debate público, como la inmigración. Entre las conversaciones de calle, las tertulias y los algoritmos de las redes sociales se ha construido una imagen del fenómeno migratorio que poco o nada tiene que ver con la realidad de las estadísticas oficiales. Existe una brecha profunda entre la percepción social y los datos objetivos, que no solo deforma la convivencia, sino que amenaza nuestra cohesión social.

Cuando se consulta a la ciudadanía sobre el peso demográfico de la inmigración en España, los estudios de percepción, como el informe Perils of Perception de Ipsos o los barómetros del CIS, nos revelan que la población calcula que entre el 25% y el 31% de los habitantes del país son inmigrantes. Sin embargo, los datos reales son de una población de nacionalidad extranjera en un 13,4% (alrededor de 6,5 millones de personas) y en un 19,6% a los nacidos en el extranjero, incluyendo a quienes ya se han nacionalizado. Que en la mente se duplique la cifra real no es un error de estimación sino la semilla del temor al cambio demográfico y del discurso del "desbordamiento".

Esta distopía se traslada directamente al mercado de trabajo. Se afirma que la población migrante constituye una carga económica o que presenta una baja integración laboral, pero nada más lejos de la realidad. La EPA señala que la tasa de actividad de las personas con nacionalidad extranjera se sitúa en torno al 69,4%, superando en 13 puntos la de la población de nacionalidad española que es del 56,4%. Se trata de una población más joven y en edad de trabajar. Hoy, los trabajadores extranjeros superan los 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social (el 14% del total de cotizantes), cifra que asciende al 23% de la población ocupada si contabilizamos a los nacidos en el extranjero. Lejos de restar, sostienen directamente el sistema público de pensiones y cubren sectores clave de la producción nacional.

Pero donde la brecha resulta más preocupante es en el terreno de las ayudas públicas, el terreno predilecto para los bulos y la desinformación. Entre el 80% y el 88% de los beneficiarios de ayudas públicas son ciudadanos españoles. En las prestaciones de desempleo, los extranjeros representan apenas el 11,9%; en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 17,5%; y en las rentas mínimas autonómicas, el 28,9%. Aunque la representación en estas últimas sea ligeramente superior a su peso demográfico, la inmensa mayoría de la red de protección social española está destinada, con rotundidad, a la población nacional.

¿Por qué existe, entonces, una diferencia tan marcada entre la cifra oficial y la percepción ciudadana? La respuesta está en el sistema informativo. Titulares sensacionalistas, manipulación política interesada y  contenidos virales no verificados en redes han sustituido al dato real. La desinformación opera sesgada. Un hecho aislado se eleva a categoría general, y la aportación diaria de millones de trabajadores pasa desapercibida.

Urge mejorar la calidad de la información. No se trata de idealizar la inmigración ni de negar las tensiones en gestión e integración en el proceso migratorio. Se trata de dar datos basados en la verdad. Tomar decisiones basándose en mitos va contra nuestros intereses económicos y erosiona la paz social. Exigir rigor a los medios de comunicación, transparencia y divulgación a las instituciones públicas, y responsabilidad a la clase política no es cuestión de ideología sino una necesidad democrática. Solo cuando la información objetiva supere a la percepción infundada podremos abordar el fenómeno migratorio con la madurez, la justicia y el pragmatismo que algo tan importante requiere.

Las trampas en el asunto de Ceuta

La frontera de Ceuta se ha convertido en el escenario predilecto para el miedo hispano y europeo. Cada vez que la tensión aumenta en la valla, la derecha y la extrema derecha de todo el continente despliegan su maquinaria para transformar lo que es un drama humano en un espectáculo de pánico moral. Os diré que incluso lo he notado en muchas conversaciones sobre este asunto con amigos. nada sospechosos de ultraderechistas, pero en los que ese discurso de inseguridad ha calado. Han conseguido que consolide en nuestra sociedad, una histeria xenófoba que agita el fantasma de la «invasión». 

Pero un análisis, con rigor, de esta situación obliga a señalar tanto la manipulación interesada de los discursos del odio,  como el callejón sin salida al que nos han conducido las políticas oficiales de Madrid y Bruselas. A algunos militantes del PSOE esta opinión les molestará, pero hay cosas que o se apoyan en la verdad, o no tienen remedio. 

Politización del miedo

El relato ultraderechista sobre Ceuta no busca resolver nada, solo pretende  rentabilizar la ansiedad social. En un momento en el que asistimos en nuestro país a una precarización de las condiciones de vida, a la erosión de los servicios públicos y a la desprotección económica de los más necesitados, la extrema derecha aplica su fórmula, vieja pero eficaz,  sustituir lo que es puramente un conflicto de clase por el conflicto identitario.

Se crean chivos expiatorios para ocultar las causas reales del malestar social, y en  lugar de debatir sobre fiscalidad justa o vivienda, se utiliza al migrante como una amenaza a nuestra existencia. Se habla en términos belicistas, y la frontera deja de ser un espacio de gestión legal para convertirse en un escenario de castigo, en el que la deshumanización del vulnerable la justifican en nombre de una supuesta «seguridad nacional». No nos dejemos engañar, porque esta estrategia no es más que un mecanismo de distracción que intenta fracturar la solidaridad entre los trabajadores, enfrentando al penúltimo contra el último.

Colapso del modelo migratorio europeo

Pero seamos claros, rechazar el discurso xenófobo de la extrema derecha no implica validar el actual modelo. Defender una postura progresista exige admitir una verdad bastante incómoda: el modelo migratorio de la Unión Europea ha fracasado rotundamente.

Europa ha optado por la vía de «externalizar fronteras» (algo parecido a externalizar la lavandería de los manteles por un restaurante). Con este enfoque que pretende convertir, a los países del norte de África o Turquía, en los guardianes de una «Europa Fortaleza». Esta forma de actuar, además de ser moralmente insostenible, es ineficaz. Al cerrar las vías legales y seguras para la migración, la UE no consigue frenar los flujos migratorios, solo incrementa la letalidad de las rutas, además de entregar el control de la movilidad a las redes de tráfico de personas. 

Piensa ideológicamente lo que quieras, pero no puedes negar que intentar contener la desesperación económica y social de todo un continente a base de muros de hormigón, concertinas y burocracia es de una ceguera política insostenible a largo plazo.

Vulnerables al chantaje de Rabat

El fracaso europeo se agrava sobre todo en el caso español. Tenemos una relación bilateral con Marruecos marcada por la asimetría y la debilidad diplomática. La política exterior española hacia nuestro vecino del sur ha caído en la trampa de la dependencia: se ha delegado el control fronterizo en un régimen autoritario que no duda en instrumentalizar a miles de seres humanos incluso menores, como moneda de cambio.

Cada vez que Rabat busca concesiones diplomáticas, apoyos en el expediente del Sáhara Occidental o más fondos europeos, afloja la vigilancia en la valla. Esto se ha convertido en un círculo vicioso en el que España cede, Marruecos exige y la frontera entre ambos se convierte en una herida abierta. Es la geopolítica del chantaje, y se admita o no, convierte la soberanía y los derechos humanos en rehenes de los intereses de la monarquía alauí.

Una alternativa real

No podemos permitir que el debate público esté entre el cinismo racista de la extrema derecha y el inmovilismo de una diplomacia europea que tolera que uno de sus socios sea extorsionado a cambio de una falsa sensación de control.

Superar esta crisis de Ceuta exige desmantelar la manipulación xenófoba, para lo que se debe explicar que la movilidad humana es el síntoma de la desigualdad global y el extraer los recursos de sus países, no una conspiración, que es lo que aquí ha sucedido; exige una refundación de la política migratoria europea en base a vías legales y seguras, al reparto corresponsable entre todos los Estados miembros y el respeto estricto a los Derechos Humanos; y exige redefinir la relación diplomática con Marruecos, y pasar de la sumisión y el chantaje a una cooperación entre iguales basada en el derecho internacional y la responsabilidad compartida.

Dejémonos de marear la perdiz. La frontera de Ceuta no se protegerá con más xenofobia, tampoco con parches diplomáticos sumisos, ni llenando la ciudad de militares y tanques. Solo se defenderá garantizando derechos, ejerciendo autonomía política y construyendo un modelo migratorio a la altura de los valores democráticos que Europa dice defender, aunque al parecer cuando ocurren casos concretos como este, se olvida de esos valores.

Hoy lo dice 'The Guardian' sobre Ceuta: "En lugar de señalar a España, los líderes europeos deberían mostrarle su solidaridad". Ver menos