La política de izquierdas vive atrapada en una paradoja recurrente: confundir la pureza del instrumento con la eficacia del resultado. Ante el bloqueo de decretos sociales, la tentación de convocar una huelga general surge como una respuesta casi de experimento de Pavlov en el repertorio de la protesta.
Una huelga general es la paralización masiva y coordinada del trabajo usada como la máxima herramienta de presión y autodefensa de la clase trabajadora. Se convoca principalmente contra el gobierno y el Estado para frenar recortes, reformas laborales regresivas o privatizaciones; contra la patronal y el gran capital para combatir la precarización, la pérdida de poder adquisitivo y el reparto desigual de la riqueza; contra el sistema económico para visibilizar que, sin el trabajo productivo y reproductivo, la sociedad y el capital no pueden funcionar.
Sin embargo, cuando el presidente del Gobierno ya ha disuelto las Cortes, convocado elecciones y expresado su compromiso de tramitar esos mismos decretos en la Diputación Permanente del Congreso, solo quedaría como motivo para la convocatoria que esta se realice contra el sistema económico en general. Pero si Creo que no es el momento de una huelga general, será un arma de doble filo si son las derechas quienes capitalizan la huelga, este mecanismo de la huelga deja de ser un motor de avance para convertirse en una bomba de racimo en la propia trinchera de la izquierda.
En la práctica la huelga general no es una performance ni un desahogo moral; es un acto de fuerza con un objetivo legislativo o de correlación de poderes concreto. Exigir la aprobación de decretos a un Parlamento disuelto es un brindis al sol. Cuando no hay margen de maniobra parlamentaria inmediata, la presión sindical pierde su anclaje táctico y se queda en un gesto. Otra cosa es si los decretos no se aprueban en la Diputación Permanente o alguno de sus miembros plantea rechazarlos.
El verdadero riesgo de una Huelga General, sin embargo, no es la ineficacia, sino la transferencia de iniciativa estratégica al adversario. En vísperas electorales, una huelga contra un Gobierno que intenta mantener vivas las medidas sociales desplaza el eje del debate: de la colisión entre el bloque de derechos y el bloque de recortes, se pasa al choque entre el «caos laboral» y la «gobernabilidad». La derecha mediática y política no necesitará construir argumentos si la izquierda le sirve en bandeja de plata la imagen de una sociedad bloqueada e hiperregulada. Para el electorado indeciso, el mensaje no será la defensa para alcanzar unas conquistas obreras, sino la irresponsabilidad de quien desestabiliza el país justo antes de votar. Piénsenlo y verán que mi teoría no es descabellada.
No se trata de defender la pasividad ni de firmar cheques en blanco al Ejecutivo saliente. Se trata de entender en qué tablero nos estamos jugando la partida. La energía y el descontento popular no deben diluirse en una huelga desprovista de objeto legislativo, sino canalizarse en movilizaciones sectoriales, campañas pedagógicas sobre el impacto de lo que se pierde si la derecha llega al poder y una exigencia de compromiso a las candidaturas que se califiquen de progresistas.
La huelga general es el arma más contundente de la clase trabajadora. Guardarla en la recámara para plantar cara a un eventual Ejecutivo de derechas o para exigir el cumplimiento estricto del programa en la próxima legislatura no es resignación; es inteligencia táctica. Utilizarla ahora sería dispararnos en el propio pie mientras la derecha contempla la escena con su papeleta en la mano.
Creo que los sindicatos de clase han hecho bien con no fijar una fecha para su celebración, al fin y al cabo, en política, marcar los tiempos tiene más importancia de la que muchas veces le atribuimos.
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