La corrupción política en España

La corrupción política en España se reproduce por el débil sistema de controles y transparencia, por la existencia de unas puertas giratorias mal reguladas, por la opacidad en la financiación de los partidos y por la falta de protección a los denunciantes. A continuación, abordo este tema cómo revisión de la situación que vivimos estos días respecto a la corrupción. Se que a algunos os parecerá extensa la exposición, pero el tema es complejo y abordarlo requiere tiempo para el diagnóstico y la adopción de una serie de medidas cuya proposición no es sencilla para tratar de que estas sean eficaces.

A raíz de todo lo que se nos ha venido encima en los últimos meses relacionado con la corrupción en las altas esferas del país, la primera sensación que lo conocido hasta ahora me produce es que por muy alabada que hagan nuestra transición, seguimos en un sistema con atavismos heredados del franquismo que en unos casos la transición a adaptado y perpetuado, y en otros la transición por ellos nunca se produjo. Lo queramos ver o decidamos meter la cabeza bajo el ala, estamos con una democracia donde muchos de sus problemas estructurales favorecen la corrupción en el sistema político. Los grandes escándalos de corrupción en España no se deben solo a comportamientos individuales, sino que responden a problemas estructurales del sistema político y administrativo.

Empecemos hablando de las puertas giratorias y de la captura de reguladores. Que altos funcionarios y políticos, al finalizar su mandato, pasen a ocupar cargos en empresas privadas que previamente regulaban, manteniendo redes de influencia que permiten legislar “a la carta” para intereses particulares, no es de recibo, y lo estamos viendo ahora con la “trama Montoro”. La falta de regulación del lobby y la ausencia de controles estrictos sobre compatibilidades hacen inapreciable la frontera entre lo público y lo privado.

Luego tenemos la falta de separación efectiva de poderes y controles insuficientes, insuficiente independencia y falta de contrapesos efectivos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que incentiva la impunidad y dificulta la rendición de cuentas. Los partidos tienden a blindarse cuando están en el poder, alimentando redes de clientelismo y dificultando el acceso a la verdad, tanto para la judicatura como para la ciudadanía.

En nuestro país la transparencia es muy débil y el acceso a la información limitado, teniendo cómo consecuencia la opacidad tanto en el proceso legislativo, como en la adjudicación de contratos públicos, donde a menudo la sociedad civil carece de herramientas para controlar y denunciar irregularidades. Por muy bonito que nos lo pinten, los portales de transparencia y otros mecanismos no permiten un escrutinio ciudadano eficaz sobre si existen vínculos entre que se beneficia y quien toma  decisiones sensibles.

Y otro aspecto que parece que nadie está dispuesto a abordar es solucionar de una vez por todas las deficiencias en la protección de denunciantes y cómo agilizar la persecución judicial. Una justicia tardía no es justicia, muy al contrario, se convierte en un arma arrojadiza en el juego político. Nadie denuncia porque existe miedo a las represalias e incluso a ser tú a quien se sancione por  denunciar la corrupción, e incluso hasta los mecanismos legales pueden ser usados para intimidar a los denunciantes, y sé de qué hablo. Los procedimientos judiciales suelen ser lentos y la cooperación entre Fiscalía y jueces está a menudo sometida a interferencias políticas, desde quien actúa en una determinada dirección a quien mira para otro lado, o dilata en el tiempo el asunto.

Y cómo no, también hay que dar su parte en la importancia del problema a la financiación opaca de partidos políticos. Y no todo se limita a prácticas inadecuadas en la financiación de partidos, sino a la existencia para ello de fundaciones que dificultan la trazabilidad del dinero y pueden servir para encubrir comisiones o pactos ilegítimos.

Hasta aquí he intentado hacer la fotografía, pero creo que no debemos quedarnos en señalar solo el pecado, sino que el pecador debe cumplir su penitencia, y se deben adoptar medidas para que no vuelva a reincidir. Y eso pasa por reformas estructurales: agencias independientes, leyes de transparencia y que regulen los lobbies efectivas, protección real del denunciante, fortalecimiento del sistema judicial y cultura cívica activa y vigilante.

Las reformas que necesitamos son posiblemente casi para un reseteo de todo el sistema, y deben orientarse a la regeneración institucional y al refuerzo de mecanismos de control y transparencia. Entre las medidas prioritarias, creo que deberíamos destacar el refuerzo  de los controles y la separación de poderes, y no es disparatado plantear un organismo o agencia independiente que vele por la integridad de lo público, con capacidad para investigar, prevenir y sancionar la corrupción, con garantías de independencia y recursos propios. Existen personas y entidades en nuestro país con la suficiente solvencia profesional e independencia acreditada que en este sentido considero desaprovechadas. Su función podría contemplar que pudiese impulsar delimitar las zonas donde exista riesgo para la integridad y la realización de auditorías sistemáticas en todas las áreas sensibles del sector público.

Nada funcionará sin el fortalecimiento de la transparencia de todas las instituciones, y digo todas, no solo del Estado, sino todas las que perciban fondos públicos procedentes de nuestros impuestos. Para ello puede que se a necesario abordar la reforma y ampliación de la Ley de Transparencia, para que permita el acceso a la información sobre contratos, subvenciones y reuniones con grupos de interés, de una manera ágil, y que esa transparencia sea obligatoria para todos los organismos. Y si se quiere profundizar aún más en este aspecto, no estaría de más la publicación comprensible de todas las relaciones y encuentros con lobbies y empresas que puedan tenerse desde las instituciones.

Y muy importante es abordar de una vez la regulación y control de los lobbies y de las puertas giratorias. Aprobar una ley que defina y regule los llamados Grupos de Interés que les obligue a la inscripción en un registro público, a la publicación de agendas y huella legislativa de esos lobbies, y plantear el  reforzamiento de la incompatibilidad durante periodos de carencia tras dejar cargos públicos, con una tabla de sanciones severas para los conflictos de interés y la contratación pública con empresas vinculadas a ex altos cargos.

Mejorar la protección del denunciante y la agilidad judicial es otro aspecto que se antoja fundamental, para lo que se deben elaborar y aplicar normativas para la protección real de los denunciantes, garantizando su anonimato, el apoyo legal si lo requieren, y la ausencia de represalias. La creación de juzgados especializados y dotar a la Fiscalía Anticorrupción de mayores recursos y autonomía para investigar y sancionar, no parece algo que pueda aplazarse.

Ya citado antes, el blindaje de la financiación política es básico, para lo que se pueden implantar auditorías externas e independientes para los partidos políticos y fundaciones; obligar a publicar las donaciones y contratos recibidos, reduciendo el umbral de confidencialidad que hoy existe, así como limitar la financiación privada y establecer sanciones ejemplares por vulnerar los límites legales.

En realidad, todo lo anterior es plantear un cambio en el marco legislativo, pero eso siempre será poco si paralelamente no se impulsa una cultura anticorrupción y de control ciudadano sobre lo público. Educar en ética pública y cultura cívica desde la escuela, fomentar la participación ciudadana en la supervisión y denuncia de irregularidades, serían medidas plausibles, así como fomentar la colaboración de la sociedad civil mediante mecanismos de auditoría ciudadana a través de unos  consejos de vigilancia participativa.