Es una investigación judicial que ha llevado a la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a otros 27 altos cargos y funcionarios, por presuntamente crear una red de influencias destinada a beneficiar a empresas del sector gasista y energético mediante reformas legislativas aprobadas durante su mandato. El epicentro de la trama es el despacho de asesoría Equipo Económico, fundado por Montoro, al que se habrían canalizado importantes pagos procedentes de empresas beneficiadas por estos cambios normativos.
La causa arrancó tras una denuncia anónima en 2017 y la localización de correos electrónicos comprometedores durante una diligencia judicial. La investigación ha permanecido en secreto durante siete años.
El modus operandi era: Empresas gasísticas contrataban los servicios del despacho Equipo Económico. Dicho despacho actuaba como nexo para canalizar pagos significativos a cambio de lograr reformas legales que favorecieran sus intereses en la normativa fiscal, energética y de contratación pública. Parte de los textos legislativos eran proporcionados o redactados directamente por empleados de estas empresas y posteriormente implementados desde el Ministerio de Hacienda.
Además de Montoro, hay otros ex altos cargos del Ministerio de Hacienda (como secretarios de Estado y directores generales de Tributos) investigados por facilitar estos beneficios a cambio de contraprestaciones económicas. Funcionarios todavía activos, como Óscar del Amo, han sido cesados tras conocerse su imputación.
El juez atribuye a los imputados la posible comisión de los siguientes delitos: Cohecho (soborno), Fraude contra la administración pública, Prevaricación, Tráfico de influencias, Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, Corrupción en los negocios, Falsedad documental.
Entre las empresas señaladas figuran grandes compañías del sector del gas y la energía como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Carburos Metálicos, agrupadas en asociaciones industriales que habrían influido directamente en la redacción de leyes que les beneficiaron fiscalmente.
El caso ha sacudido al Partido Popular, forzando la baja de Montoro como afiliado y la destitución de algunos funcionarios imputados. El avance de la causa ha reabierto el debate político y mediático sobre la corrupción sistémica y las puertas giratorias entre la política y el sector privado en España.
Por mucho que el PP quiera mirar para otro lado, el caso Montoro representa una de las mayores investigaciones recientes por corrupción institucional en España, al implicar posibles amaños legislativos orientados a beneficiar a empresas privadas mediante el uso de altos cargos públicos y despachos profesionales ligados al poder político.
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