Ayuso ha sido muy crítica con Sánchez por el uso de residencias del Estado, como los palacios y fincas de Patrimonio Nacional, para el descanso del presidente y su familia. Ha acusado repetidamente a Sánchez de “vivir con cuatro palacios” y disfrutar de privilegios a costa del erario público, señalando el uso de lugares como el Palacio de Las Marismillas o Quintos de Mora para sus vacaciones.
Sin embargo, ahora Ayuso ha protagonizado una polémica similar tras enterarnos que ella misma y su familia utilizaron un chalé con piscina en la sierra madrileña, propiedad de la Comunidad de Madrid y adquirido con fondos públicos (4,3 millones de euros), como residencia de fin de semana. Aunque el gobierno regional justifica que la finca fue comprada para anexar terrenos al Parque Nacional de Guadarrama y alega que el uso de la presidenta fue austero y excepcional, no deja de ser una contradicción entre sus críticas a Sánchez y su propio comportamiento
Ayuso ha pedido en sus intervenciones que los altos cargos no hagan uso privado del patrimonio público, reclamando transparencia y aforo limitado a las residencias estatales por parte del Gobierno central. Sin embargo, ni existe una regulación clara que prohíba a los presidentes autonómicos aprovechar bienes públicos para estancias privadas, ni Ayuso ha evitado esta práctica en el caso del chalé de Rascafría, lo que ha motivado propuestas legislativas para restringir estos usos desde partidos de la oposición madrileña.
Además, ante la controversia, Ayuso defendió que pagó sus propios gastos y comparó su estancia en el chalé regional con “llevarse el táper” de casa, lamentando que se pretendiera equiparar eso con “cuatro palacios, séquitos y falta de transparencia” atribuida a Sánchez. Suena a ridículo.
Aunque no tan mediático como el tema del chalé, en el caso del Valle de Cuelgamuros, Ayuso ha exigido al Gobierno de Sánchez legalidad y respeto competencial sobre patrimonio nacional, mientras abogados y colectivos asociativos han criticado a su gobierno por no ejercer competencias para protegerlo como Bien de Interés Cultural, quedando así expuesta la inconsistencia en la gestión autonómica del patrimonio respecto a las propias críticas de la presidenta.
Ayuso ha caído en la contradicción de exigir por un lado moderación y transparencia en el uso de residencias públicas, mientras que ella misma hace uso de, y justifica, bienes similares para su disfrute privado o familiar. “Por la boca muere el pez”, "En boca cerrada no entran moscas", "El pez que busca anzuelo, busca su duelo", "Quien mucho habla, mucho yerra”, "Habla poco, escucha más, y no errarás", "La palabra que sale de la boca, nunca torna". Ayuso no ha debido leerse el refranero.
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