Preocupante asimetría en la actuación de Interior y de las Fuerzas de Seguridad

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Los recientes disturbios en Torre Pacheco han estado marcados por episodios de violencia racial, discursos de odio y presencia de grupos ultras y xenófobos, incluyendo una llamada explícita en redes a la "cacería" de personas migrantes. A pesar de las advertencias previas, periodistas cubriendo los sucesos han sido objeto de insultos, acoso y graves dificultades para ejercer su labor informativa, en un clima de notable hostilidad. Las fuerzas de seguridad han desplegado en la zona más de 130 antidisturbios, logrando varias detenciones relacionadas con los altercados, incluyendo líderes de movimientos de odio y autores de asaltos violentos a comercios.

El Ministerio se ha limitado a reforzar dispositivos policiales y al arresto de responsables directos de las agresiones, pero su respuesta ha sido tardía o insuficiente según la opinión de colectivos sociales, partidos de izquierda y hasta el propio ayuntamiento. Hemos asistido a la "inacción" y en ocasiones a la falta de contundencia ante la extrema derecha, lo que hace inevitable que muchos ciudadanos consideren que existe incluso connivencia policial con comandos neonazis desplazados a la zona, lo que en nada mejora la imagen de nuestras fuerzas de seguridad.

Aunque ha habido condenas a los ataques contra informadores y declaraciones de principio en defensa de la libertad de prensa, en la práctica el dispositivo de protección a reporteros durante estas coberturas ha sido escaso, con continuos episodios de hostigamiento sin que las fuerzas del orden hayan intervenido activamente en su defensa.

Esto ocurre porque los ciudadanos vemos el contraste entre cómo se ha actuado en Torre Pacheco o en las manifestaciones frente a Ferraz, con la actuación ante movilizaciones de izquierdas. La actuación frente a manifestaciones de signo progresista, movimientos sociales, antifascistas o de colectivos vecinales ha sido históricamente mucho más inmediata y contundente, recurriéndose pronto a tácticas de dispersión, detenciones masivas y despliegue preventivo de antidisturbios. En casos de desorden público en protestas de izquierda, las fuerzas de seguridad suelen ser proactivas, realizando identificaciones, cargas e incluso infiltraciones policiales sistemáticas en estos grupos, como reconoció el propio Ministerio del Interior ante el Congreso.

Se percibe un doble rasero en la respuesta del Estado: ante la violencia o altercados promovidos desde la ultraderecha o grupos nacionalistas, la intervención tiende a ser menos expeditiva y más garantista; mientras que con colectivos de izquierdas la reacción es rápida y dura, incluso en protestas pacíficas o ante meros riesgos de altercado. La actuación en Torre Pacheco muestra una preocupante falta de previsión y contundencia ante amenazas ultra, aun cuando existía indudable riesgo para la convivencia y la seguridad. La exposición y desprotección de periodistas sugiere que la defensa de derechos fundamentales no ha sido prioritaria ante estas movilizaciones reaccionarias.

La diferente vara de medir —según la ideología dominante en la protesta— erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de los cuerpos del Estado y abre la puerta a la peligrosa naturalización de la violencia ultra. No es toda la responsabilidad de Marlasca, seguro que los mandos intermedios de las Fuerzas de Seguridad tienen mucho que decir, pero los hechos de Torre Pacheco ponen en evidencia una preocupante asimetría en la actuación del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad, con una actitud tímida ante la extrema derecha y un perfil mucho más duro frente a la movilización de izquierdas, lo que debe ser objeto de examen democrático y revisión urgente.