España contempla dos casos judiciales de gran relevancia. Estalló el caso Cerdán, en el que el exsecretario de Organización del PSOE dimitió tras un informe de la UCO que lo vinculaba con Koldo García y José Luis Ábalos, y el presunto cobro de comisiones ilegales. Y cuando aún estaba en llamas el noticiero, aparece de golpe el caso Cristóbal Montoro, en el que el exministro de Hacienda ha sido imputado por presuntamente liderar una organización dedicada a manipular leyes a cambio de beneficios económicos.
Quiero llamar la atención sobre la diferencia de trato judicial entre ambos casos, porque el de Cerdán avanzó rápidamente con detenciones y registros domiciliarios, mientras que el de Montoro estuvo años inactivo y sin esas medidas.
En ambos hay una pieza común, el papel de Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de perfil conservador y con trayectoria familiar vinculada a la fiscalía. Bajo el mandato de Rafael Catalá como ministro de Justicia, Luzón accedió al cargo de Fiscal Jefe y gestionó casos mediáticos relacionados con la corrupción dentro del Partido Popular, como Gürtel, Púnica y Lezo.
La pregunta es si debemos estar tranquilos ante su actuación, su imparcialidad y si existen garantías de que la actuación de la Justicia en España sea la más correcta y transparente con tantas coincidencias.
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