Volvemos a tropezar con la misma piedra de la división. La izquierda posee un talento quirúrgico para convertir la suma en resta. El reciente y frustrado intento de configurar un espacio unitario total que integrase a la práctica totalidad de las fuerzas progresistas, federalistas y ecologistas bajo una misma hoja de ruta ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, se ha logrado un hito de gran calado al aglutinar a más de una decena de siglas de ámbito estatal y territorial (como Sumar, IU, Más Madrid, los Comunes, Compromís o CHA) y cerrar un pacto estratégico con el PSOE para presentar listas únicas al Senado que frene la mayoría absoluta del PP. Por otro lado, la exclusión final de Podemos y su estrategia de concurrencia separada, o integrada en formaciones soberanistas como ERC en Cataluña, abre un escenario de extrema complejidad para el electorado progresista.
Desde una izquierda que quiere ser transformadora, no podemos mirar hacia otro lado ante este panorama. Nos encontramos ante un fracaso colectivo en la gestión de la pluralidad que trasciende las meras siglas y golpea directamente la línea de flotación de la ilusión militante.
Para el votante de izquierdas, este desenlace genera una disonancia emocional insoportable. Por un lado, la consolidación del bloque del Frente Amplio y su alianza táctica para la Cámara Alta demuestran madurez institucional y la comprensión de que, frente a la amenaza reaccionaria, la coordinación es una obligación democrática. Sin embargo, ver que los aparatos políticos son incapaces de tejer acuerdos en los grandes centros urbanos, allí donde precisamente se ventilan los escaños decisivos, devuelve a la ciudadanía la peor pesadilla de las facturas orgánicas y los vetos cruzados.
Cualquier votante de izquierdas no busca una uniformidad ideológica estricta; entiende y valora la diversidad de sensibilidades que componen el espacio progresista. Lo que no comprende, ni tolera, es que se antepongan los intereses de partido o las tácticas de supervivencia orgánica a las urgencias sociales de la clase trabajadora. Eso es lo que ha sucedido. La ruptura no es solo un problema estético o discursivo; es una amenaza material en escaños. En un sistema electoral como el español, caracterizado por circunscripciones donde la ley D'Hondt castiga severamente la fragmentación, ir separados en plazas clave como Madrid o Barcelona no es un ejercicio de audacia, sino un riesgo suicida.
Los precedentes están ahí: en 2023, la horquilla de votos que decidió el último escaño en provincias decisivas se midió por un puñado papeletas. Fragmentar el voto a la izquierda del PSOE en los grandes núcleos urbanos equivale a regalar diputados a la derecha por la vía de los restos. La división penaliza el rendimiento electoral y debilita la capacidad de influencia real en las instituciones.
Ante este tablero, el peso de la responsabilidad recae, una vez más, sobre los hombros del elector. A falta de la altura de miras que las direcciones políticas no han sabido demostrar en su totalidad, los votantes se verán impelidos a ejercer un ejercicio de pragmatismo defensivo. Muchos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre no desde la euforia movilizadora, sino desde la trinchera del voto útil y la conciencia de lo que está en juego.
Ocurra lo que tenga que pasar el 29 N, la izquierda necesita con urgencia una profunda catarsis tras este proceso. Es imperativo superar el narcisismo de las pequeñas diferencias y entender que la hegemonía no se conquista desde la atalaya de la pureza sectaria, sino desde la capacidad de seducir a la mayoría social. Hasta que los partidos a la izquierda del socialismo institucional comprendan que la unidad no es un lema de campaña, sino una condición de supervivencia política, el votante seguirá cargando sobre sus espaldas el peso de enmendar los errores de sus dirigentes.
