“Guerra en Irán: la derecha española a su servicio y contra nuestra soberanía”

Hace frio esta mañana en Albacete. Cielo gris y algo de viento. Leo los digitales. Se empeñan en hablar del asunto transmitiendo que la guerra de Irán es algo lejano, una cuestión de geopolítica y “orden internacional”. Pero notos se muestran preocupados porque se nota en la cartera y en la manguera de la gasolinera. Pero piden que nos coloquemos del lado de nuestros “aliados”. Aliado” es quien se une a otro para lograr un objetivo común o defender intereses compartidos. Pero ¿debemos unirnos incluso si el objetivo es erróneo?

Pensemos. Cada dólar que sube el barril de petróleo es una transferencia silenciosa de riqueza desde Europa hacia los países productores, incluida la potencia que ha decidido incendiar el avispero. Mientras nosotros ponemos las colas en las estaciones de servicio y ellos cobran la factura. Esa sangría encarece el transporte, alimenta la inflación y agrava el desequilibrio comercial europeo, mientras nuestras economías quedan atrapadas en una montaña rusa de precios que no controlamos. ¿Ese es el objetivo de nuestros aliados? Porque si es ese, yo no quiero estos aliados.

El asunto de fondo es el petróleo. Hoy el petróleo no es solo una mercancía, porque lo han convertido en una relación de poder. Nadie puede negar hoy el hecho de que mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, que en nuestro país no tenemos, cada crisis en Oriente Medio se convierte en un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La guerra no son solo bombas y misiles, la guerra de Irán también se libra en el recibo de la luz, en la cesta de la compra y en el margen de maniobra de los gobiernos europeos. O reducimos esa dependencia del petróleo, o aceptamos que nuestra política económica se decida entre oleoductos y en el cierre de un estrecho.

Frente a eso, lo positivo es que España demuestra que la transición energética no es un capricho de ecologista, sino la política de Estado más sensata que se puede plantear. Cerca del 60% de nuestra electricidad procede ya de fuentes renovables y el precio mayorista es en torno a un 32% más bajo que la media europea. Menos petróleo significará menos dependencia exterior, menos vulnerabilidad ante guerras como la que ahora vivimos y más soberanía para decidir nuestro modelo económico. Las energías limpias no solo ayudan a proteger el clima, sino que refuerzan nuestra independencia y nuestra capacidad de resistir los vaivenes del mercado de los combustibles fósiles.

Ante este escenario, la postura de la derecha española es mucho más que un error: es una autentica irresponsabilidad patriótica. PP y Vox se envuelven en la bandera mientras defienden políticas energéticas alineadas con el trumpismo, que solo benefician a las grandes petroleras y a Estados Unidos, y nos mantienen encadenados al mismo modelo que nos hace rehenes de sus conflictos. Proponer, una vez más, rebajas generalizadas de impuestos a los combustibles puede resultar hoy lo más popular, pero es una medida regresiva que solo subvenciona la dependencia energética y que retrasa la única salida que hoy es racional: consumir menos petróleo y acelerar las renovables.

Para colmo, todo esto nos lo aliñan con una frivolización constante del conflicto y de sus efectos. Las redes hierven de memes sobre llenar el depósito y colas en las gasolineras, mientras la derecha banaliza la agenda verde y ridiculiza cualquier intento serio de transición. Es una mezcla de sarcasmo y negacionismo climático que no es nada inocente: responde a los discursos conservadores, muchos de ellos generosamente financiados por las industrias más contaminantes.

La pregunta, entonces, es sencilla: ¿a qué país sirve esta derecha nuestra que, en plena guerra del petróleo, se opone a reforzar nuestras renovables y a reducir nuestra dependencia exterior? Parece que a sus votantes les cuesta entender que defender un modelo que transfiere riqueza y poder hacia los productores de petróleo, mientras se sabotea la única vía para ganar soberanía energética, no es patriotismo. Es, precisamente, todo lo contrario.

El recauddor Sánchez

El PP ha denunciado estos días, por voz del genial gallego y la nueva sabionda de la derecha sra. Muñoz, que “la mitad de lo que pagamos en combustible son impuestos que Sánchez recauda”. La frase suena potente, pedagógica, incluso indignante. Pero oculta un pequeño secreto contable: que buena parte de esa supuesta recaudación “de Sánchez” termina en las arcas de las comunidades autónomas, once de las cuales están gobernadas por el propio PP. Para que todos lo entendamos: Sánchez cobra, pero los populares gastan. El combustible, al parecer, no solo mueve coches: también impulsa la máquina del cinismo político, cuando los impuestos se convierten en munición electoral. Lo relevante no es quién recauda, sino a quién conviene culpar.

Si uno aplicara la misma lógica con rigor, tendríamos a Feijóo acusando a Ayuso, Moreno Bonilla o Guardiola de ser cómplices activos en el saqueo al automovilista medio. Pero claro, la verdad y la coherencia tributaria no da rendimiento en votos. Mucho más rentable es presentar al Gobierno central como un recaudador que se dedica a vaciar bolsillos mientras las autonomías populares, por arte de magia, quedan libres de toda responsabilidad presupuestaria.

 En realidad, el PP no nos plantea un debate fiscal, esto es un número de ilusionismo político: convertir impuestos compartidos en armas partidistas. El problema al PP depende de que el público no mire demasiado de cerca y se de cuenta de que le mienten.

¿Tiene futuro Europa?

Muchos tertulianos lo ponen en duda, pero la respuesta honesta, sin arrimar el ascua a la sardina del medio del tertuliano de turno, debe ser más matizada: Europa puede tener futuro, pero hoy no está garantizado. Depende de cómo sepamos gestionar una década llena de problemas a la vez: guerras, problemas sociales, económicos, ecológicos y políticos.

Entramos en 2026 con una economía que crece poco, una población que envejece y muchos países muy endeudados. Al mismo tiempo, tenemos que cambiar nuestro modelo hacia energías más limpias y más tecnología. La política tampoco ayuda: los parlamentos están muy fragmentados y crecen partidos ultraderechistas y populistas que hacen más difícil llegar a acuerdos. La guerra de Ucrania y la tensión entre grandes potencias han obligado a la Unión Europea a dejar de ser ingenua. Europa se ve obligada a pensar en su propia defensa, en su seguridad y en no depender tanto de otros en energía, tecnología o materias primas. Ucrania se ha convertido en una prueba más clara de hasta dónde llega la palabra dada por Europa.

Los riesgos son serios. Si se refuerza una alianza de gobiernos poco comprometidos con la democracia dentro de la UE, pueden bloquear decisiones clave como ampliaciones, apoyo a Ucrania, Pacto Verde o una mayor coordinación económica. Al mismo tiempo, muchos jóvenes viven con frustración por los salarios, la vivienda y la falta de oportunidades, y en muchos territorios hay un sentimiento de abandono. Ese caldo de cultivo alimenta el voto contra “Bruselas”.

Sin embargo, Europa no parte de cero. Sigue siendo un enorme mercado, con reglas comunes y una gran capacidad para fijar normas que influyen en todo el mundo: en clima, datos, inteligencia artificial o sostenibilidad. La transición verde y una nueva industria menos contaminante pueden ser una oportunidad para crear empleo, atraer talento y ganar autonomía energética.

La verdadera pregunta no debe ser solo si Europa tiene futuro, sino qué Europa queremos y podemos construir con las limitaciones actuales. El proyecto europeo será viable si al menos un grupo de países se toma en serio avanzar en defensa, seguridad económica y protección del estado del bienestar, incluso aunque otros se queden atrás. El futuro de Europa no está escrito: depende, en buena medida, de lo que hagamos en esta década.

Porque, al fin y al cabo, Europa solo tendrá futuro si los europeos somos capaces de creer en ella y de trabajar juntos para construirla: a grandes males, grandes remedios.

¿habrán llegado bien?

El lector sigue creyendo que compra periódicos, cuando en realidad compra, a plazos, la narrativa que otros han encargado. Por eso conviene recordar el viejo aviso de: antes de saber qué dice la prensa, procure saber quién paga la tinta… y, si puedes, pregúntate también por qué te sale tan barato creerla.

En ocasiones me pongo melancólico por toda la gente que he mandado a la mierda, y me pregunto ¿habrán llegado bien?

NO SE ME HA OLVIDADO QUE HOY ES 11 M

Aznar es el raro caso de político que, veinte años después de Irak, no solo no se arrepiente, sino que presume de la foto de las Azores como si fuera un máster en geopolítica. Mientras Bush y Blair han reconocido errores, él sigue instalado en el “no cambio ni una coma”, como si las armas de destrucción masiva hubieran aparecido en una mudanza y nadie nos lo hubiera contado.

La soberbia no es que se equivocara: es convertir el error en medalla, exigir respeto por una decisión que nos dejó muertos, mentiras y un país incendiado… pero eso sí, con lo que considera “prestigio internacional”. Ahora, con la guerra de Irán, vuelve el viejo reflejo: España “debería estar con sus aliados”. Traducción: que otros pongan los muertos y nosotros la obediencia atlántica, otra vez y sin preguntas incómodas.

La España del “No a la guerra” aprendió la lección en 2003. Aznar, no. Por eso su altivez ya no es solo un rasgo de carácter: es una amenaza recurrente, un eco de las Azores que siempre vuelve cuando huele a guerra.

El 11M como fango político

La verdad incómoda no es la que nos quiere vender Mayor Oreja, sino la incapacidad del PP para romper con dos décadas de sospechas insinuadas, silencios cómplices y guerras ajenas.

Veintidós años después de la matanza de Atocha, Jaime Mayor Oreja (un ultra en muchos aspectos) decide presentar su libro el mismo día en que las víctimas recuerdan a sus muertos. No es una casualidad editorial sino un gesto político calculado, que vuelve a colocar el atentado en el terreno de la sospecha: “el 11M se hizo para cambiar la dirección política de España”. Lo repite como quien enuncia una teoría matemática o científica, sin aportar una sola prueba de lo que afirma, envolviendo la insinuación en la coartada moral de una “verdad incómoda”. Es el viejo truco del conspiracionismo de los que se creen elegantes: no se niega la autoría yihadista fijada por los tribunales, pero se sugiere una mano invisible que habría orientado el crimen hacia un resultado político concreto.

En esa escena, lo más elocuente no son las palabras de Mayor Oreja, sino el silencio a su lado. José María Aznar y Isabel Díaz Ayuso escuchan sin despeinarse, prestan su presencia como aval simbólico y, a cambio, se ahorran el coste de pronunciarse. Es el mismo Aznar del trio de las Azores que en 2003 garantizaba en televisión que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva, que invertir la carga de la prueba era una injusticia y que estaba diciendo la verdad. Dos décadas más tarde, con Irak devastado y sin rastro de aquellas armas, la única verdad incómoda es la suya, que se empeñó en diseñar una política exterior que nos colocó en primera línea de riesgo y una gestión informativa del 11M que intentó mantener vivo el fantasma de ETA hasta que los hechos lo hicieron imposible.

Ayuso, desde Nueva York, completa el cuadro con un calco casi literal del discurso de entonces: “no conozco a nadie que quiera una guerra, no nos gusta a nadie y nos duele a todos”. A Aznar también le dolía, pero justificaba que “está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales”. Hoy el escenario geopolítico es otro, el enemigo se llama Irán y no Saddam Hussein, pero la música es idéntica: todos desean la paz, nadie quiere la guerra, y sin embargo el alineamiento automático con “el presidente yanqui de turno” sigue siendo la brújula moral de su partido. Lo inquietante no es la coherencia, sino su incapacidad para aprender algo después de dos guerras y un atentado devastador.

El relato que propone Mayor Oreja invierte la carga de la responsabilidad. La “manipulación extrema de los hechos” ya no sería la del Gobierno que se aferró a ETA contra la evidencia, sino la de una oposición y unos medios que habrían forzado una lectura “islamista” para castigar la foto de las Azores. Convertir en sospechosa la explicación que coincide con varias sentencias firmes es una manera muy eficaz de blanquear los errores propios y de mantener abierta, hasta el fin de los tiempos, una cuenta pendiente con la realidad. La consecuencia es que el 11M deja de ser una tragedia con responsables penales identificados para volver a ser un mito disponible, manipulable, utilizable, maleable a conveniencia.

En el fondo, lo que estos señoros escenifican en ese acto no es el coraje de quien cuenta “su” verdad, sino la resistencia de una parte del PP a enfrentarse a la suya. La de un Gobierno que se equivocó de guerra, que se equivocó en la gestión de un atentado y que, veinte años después, prefiere sugerir sombras antes que admitir que no todo fue una conjura ajena. Las víctimas del 11M no necesitan teorías conspirativas que les expliquen por qué murieron; necesitan que la política deje de utilizar su memoria como campo de batalla simbólico. 

Lo verdaderamente indecente no es que haya una verdad incómoda, sino que, a estas alturas, algunos sigan chapoteando en el fango, cómo disfrutan haciendo los cerdos, por puro interés partidista. Mejor me marcho a caminar que es mucho más sano y no me provoca nauseas.

Que se pare el mundo que me quiero bajar

La inestabilidad política y la inseguridad han entrado en nuestras casas sin que casi nos enterásemos. Ha bastado con que alguien mencionara “Irán” en voz alta.  Desde entonces, las noticias se suceden como ráfagas de ametralladora: un millar de objetivos bombardeados, misiles en el Golfo, el petróleo rozando cifras que recuerdan otros desastres, y el presidente de Estados Unidos levantando el tono como quien juega a la ruleta rusa con la economía mundial.  En los rótulos de los informativos  hablan de escenarios, de “ventanas de oportunidad”, de “efecto dominó”, pero en los pasillos de los supermercados lo que se escucha son otras palabras: hipoteca, gasolina, incertidumbre.

En España, mientras tanto, la derecha ha decidido que esta guerra le sirve como espejo y como arma.  El Gobierno repite que “no queremos guerra”, que España no está ni quiere estar en ella, evocando el viejo fantasma de Irak como aviso y como vacuna, pero el PP y Vox responden con un alineamiento reflejo con Trump y Netanyahu, como si la prudencia diplomática fuera una forma de traición.  Cada declaración del Ejecutivo se convierte en una acusación: o estás con “las democracias liberales” o estás del lado de los ayatolás, de Hamás, de los hutíes, de todo lo que resulte útil para pintar un enemigo interno. Cuanto cinismo con el ciudadano, por poner el voto delante del bienestar.

Así, consiguen que la inestabilidad deje de ser geopolítica y se transforme en algo doméstico, en ruido calculado, en siembra de sospechas, en un patriotismo de plató con banderita en la pulsera, en un amor a España que se practica mejor cuanto peor duerme la gente.  La inseguridad ya no es solo miedo a una guerra lejana, sino la sensación de que, aunque las bombas caen lejos, la polarización nos cae aquí mismo, en nuestro Parlamento, sobre los acuerdos europeos, sobre el derecho internacional, sobre las próximas elecciones. 

Afuera silban los misiles; dentro, la derecha sopla sobre las rescoldos y las brasas convencida de que, si todo arde un poco más, el humo acabará dibujando su bandera. Que se pare el mundo que me quiero bajar.

Feijóo ante un mundo sin reglas: la derecha española se pliega al trumpismo europeo

Mientras Trump dinamita la legalidad internacional y Von der Leyen arrastra a la UE hacia unas relaciones entre países sin reglas, Feijóo ha elegido alinearse con ellos. El PP renuncia a defender los intereses y la soberanía jurídica de España para presentarse como socio dócil del nuevo poder atlantista, incluso cuando eso implica aceptar amenazas, aranceles y violaciones del derecho internacional contra su propio país.

Feijóo ha encontrado por fin su lugar en la historia del PP. No como el moderado que prometía recomponer los puentes del centroderecha, sino como el dirigente que ha arrodillado a su partido ante un Trump que dinamita la legalidad internacional mientras Von der Leyen le sostiene la mecha. El PP, que podía haber sido freno conservador europeo a esa deriva autoritaria y unilateral, ha optado por ser su sucursal peninsular, dispuesto a sacrificar principios, reputación exterior e incluso intereses económicos de España con tal de alinearse con el nuevo mundo sin reglas diseñado desde Washington y Bruselas.

El cinismo de Feijóo es doble. En España se envuelve en la bandera, se presenta como garante de la “seriedad” institucional y acusa al Gobierno de romper consensos y “debilitar la posición de España en el mundo”. En Europa, en cambio, respalda sin matices a la presidenta de la Comisión que ha certificado de facto la defunción del sistema internacional basado en reglas, fundamento de la acción exterior de la UE. El mismo dirigente que denuncia la supuesta irresponsabilidad del Ejecutivo guarda silencio cuando Trump amenaza con aranceles o adopta medidas unilaterales que golpean a sectores estratégicos de la economía española. No es incoherencia, es una jerarquía de lealtades, primero el bloque ideológico, muy después el país.

La derecha española siempre ha tenido en su historia una relación complicada con el derecho internacional, pero esto es un salto cualitativo. La presidenta de la Comisión quiere arrastrar a Europa a un mundo sin reglas, al estilo de Trump y Putin, donde el reparto de zonas de influencia sustituye a la legalidad, el secuestro de mandatarios y los bombardeos sin mandato de la ONU se normalizan como herramientas políticas y el multilateralismo se queda en retórica. Frente a este desplazamiento, España, Francia e Italia han defendido la legalidad internacional y se han posicionado contra la guerra con Irán; sin embargo, el PP no hace suya esa defensa y se sitúa más cerca de la lógica de poder que del respeto a los tratados.

Feijóo llegó a la dirección del PP vendiéndose como gestor prudente, heredero de una tradición gallega de sensatez. La práctica es una mezcla de cobardía y oportunismo. Cobardía, porque renuncia a formular una posición soberana de país cuando Trump señala a España como objetivo económico o político, y prefiere usar esa amenaza como munición contra el Gobierno. Oportunismo, porque intuye que el viento sopla hacia un orden de bloques duros y concluye que lo rentable es ponerse del lado del matón antes que defender un sistema de normas que exige coherencia, límites y, a veces, decir “no” al aliado poderoso.

Feijóo podría haber elegido otro papel para sí mismo y para su partido. Podría haber sido el líder conservador que, desde el respeto a la tradición atlantista, marcara líneas rojas claras: ni aranceles a España, ni ataques a la ONU, ni bombardeos sin mandato, vengan de quien vengan. Podría haber recordado a Von der Leyen que el poder de la UE reside en su capacidad para obligar a los grandes a respetar las reglas, no en su empeño por imitarlos en el desprecio a la ley cuando conviene. Podría haber reclamado para España un lugar propio y digno en la defensa de un orden internacional que tanto costó construir tras la barbarie del siglo XX.

Ha elegido lo contrario. Ha optado por ser la voz dócil de un proyecto que rebaja a España de sujeto a objeto en la escena internacional y que convierte a la derecha española en comparsa entusiasta de un mundo sin reglas donde países como el nuestro solo pueden aspirar a adaptarse a las decisiones ajenas. Cuando dentro de unos años alguien tenga que explicar cómo Europa pasó de defender el derecho internacional a celebrar al dirigente que se lo saltaba, será difícil omitir el nombre de Feijóo entre los responsables políticos que, pudiendo haber dicho “hasta aquí”, prefirieron mirar hacia otro lado.

Relaciones pintorescas

Desayuno y antes de salir a caminar bajo la lluvia, algunos textos de la prensa digital con sus claros posicionamientos a las ordenes de sus amos, hacen pensar. 

Donald Trump tiene una concepción de las relaciones internacionales, cómo poco pintoresca.  Es un líder que no busca aliados en pie de igualdad, sino países subordinados a sus intereses. No quiere aliados, quiere vasallos. Tiene una visión autoritaria y unilateral del poder, en la que las alianzas tradicionales con Europa o la OTAN se transforman en relaciones de dependencia política y económica. Incluso socios históricos y estratégicos no se libran de su actitud hostil o displicente, lo que refleja una ruptura con el multilateralismo clásico de la política exterior estadounidense. 

Y luego está el colega que se ha echado. Netanyahu el único “aliado” real de Trump, un dirigente que encarna, la impunidad y la brutalidad bélica. Asistimos a  la afinidad entre líderes con estilos autoritarios y desprecio por el derecho internacional. Y estos señores son los responsables de que el mundo pueda saltar por los aires.

Llueve y nieva en Albacete. Al final, entre el café, la lluvia y la nieve, queda una certeza incómoda: no estamos ante una mala racha de la historia, sino ante un proyecto consciente de degradación democrática que avanza mientras muchos miran hacia otro lado. Y quizá por eso conviene recordar, antes de que sea demasiado tarde, que ninguna nevada blanquea la responsabilidad de quienes hoy aplauden a estos aprendices de señor feudal, porque también ellos quedarán escritos, con nombres y apellidos, en la página de los que eligieron el miedo y el dinero frente a la dignidad humana.

ofensiva de Alemania, Von der Leyen y el resto de derechas europeas contra el ‘no a la guerra’ de Sánchez no es solo un ataque político: es una amenaza directa contra nuestro derecho a no morir en sus guerras y a no empobrecernos para financiar su negocio armamentístico. La diferencia es brutal: a ellos les llenan los bolsillos por empujar a Europa al rearme y la escalada, mientras a nosotros solo nos reservan el papel de carne de cañón y pagadores de la factura.

La guerra de Irán: por qué la desescalada es la única opción racional para la mayoría

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una tragedia humanitaria ni un nuevo episodio de inestabilidad en Oriente Próximo, sino, sobre todo, un gigantesco shock económico que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿para quién se hace la política de seguridad en el siglo XXI? ¿Para los ciudadanos o para una minoría que se enriquece con cada escalada?

Para intentar dar una respuesta hay que colocarse frente al mapa. El estrecho de Ormuz, hoy convertido en epicentro del conflicto, es mucho más que una franja de mar en el Golfo Pérsico, puesto que por ahí transita en torno al 20% del petróleo mundial y una parte clave del comercio de gas y productos químicos indispensables para la industria y la agricultura de todo el planeta. Cerrar, restringir o simplemente amenazar ese paso, estamos viendo que equivale a poner la pistola en la sien de la economía mundial.

En cuestión de días, el barril de crudo ha saltado muy por encima de los tres dígitos y los mercados ya están descontando escenarios que van desde la recesión global hasta una nueva ola de inflación. Cada dólar en que se incrementa el precio del barril se traduce en carburantes más caros, en recibos de calefacción más difíciles de pagar, en alimentos que suben de precio porque los fertilizantes y su transporte se encarecen. Para el ciudadano medio europeo, latinoamericano o asiático, la guerra en Irán se ha convertido en un impuesto a pagar sin rechistar sobre la vida cotidiana.

Y, sin embargo, la respuesta dominante de las potencias no está siendo apostar por la desescalada en el conflicto, sino por todo lo contrario: refuerzo del escudo nuclear, despliegue de portaaviones y fragatas, envío de tropas para “garantizar la libertad de navegación”, militarización del Mediterráneo oriental y del propio estrecho de Ormuz. Todo ello nos lo presentan como un sacrificio inevitable para defender nuestra seguridad y estabilizar los precios. Si uno mira los datos con calma, el argumento se desmorona por sí solo.

Un negocio redondo para unos pocos

Cada escalón más en la tensión militar se traduce en más volatilidad y en nuevos repuntes de los precios de la energía. Los seguros marítimos se han disparado, las navieras no van a perder un euro y repercuten el coste en sus tarifas, los gobiernos anuncian compras extraordinarias de armamento y de gas “alternativo” a precios más altos. El resultado es el de siempre en estos casos, un círculo vicioso: la guerra que supuestamente se hace para abaratar la energía es, en realidad, el principal motor del encarecimiento de la energía. ¿Por qué, entonces, insistir en esa vía? Porque la guerra, además de un desastre social, es un modelo de negocio. 

Los sectores que ganan con el conflicto están muy bien identificados: Las grandes petroleras y los grandes compradores y vendedores de activos financieros para ganar dinero con las subidas y bajadas de precio de las materias primas, que ven cómo sus márgenes crecen con cada subida del precio del crudo y del gas; las empresas de armamento y tecnología militar, para las que cada misil lanzado, cada escudo antimisiles desplegado y cada barco enviado a la zona es un contrato más pagado con dinero público; los fondos de inversión que aprovechan la volatilidad para especular con futuros de energía y con acciones de sectores “refugio” como son defensa y combustibles fósiles.

Mientras las bolsas globales sufren, las acciones de gigantes de la defensa y de algunas petroleras se comportan como auténticos ganadores de la guerra. Y mientras los gobiernos advierten a sus ciudadanos del “esfuerzo que todos debemos hacer”, esos mismos gobiernos sellan contratos de miles de millones que consolidan la posición de estos oligopolios durante décadas.

Pero siempre que un lado gana, hay un lado perdedor, y aquí la lista también está igual de clara: los hogares que ven cómo su salario no les llega a fin de mes, las pymes que no pueden soportar el incremento de costes energéticos, los estados que desvían recursos de la sanidad, la educación o la transición ecológica para sostener el gasto militar. Es una transferencia de renta desde la mayoría social hacia una minoría perfectamente localizada.

La irracionalidad económica de la escalada

Desde una óptica estrictamente económica y sin adjetivos políticos, la escalada es una estrategia difícilmente justificable. El cierre total o parcial de Ormuz, aunque sea durante unas pocas semanas, tiene un impacto en todo el sistema económico: encarece la energía, aumenta la inflación, obliga a los bancos centrales a endurecer sus condiciones financieras y es un estrangulamiento para  las inversiones productivas. El riesgo de todo esto induzca a una recesión no es una hipótesis teórica, sino un escenario que ya están manejando los principales organismos internacionales.

Algunos ya argumentan que no hacer nada también tiene un coste, o que dejar a Irán “controlar” el estrecho es una cesión inaceptable, lo que puede ser una opinión compartida. Pero ese razonamiento parte del falso dilema entre la humillación y la guerra total. Hay un espacio amplio para la política y la diplomacia que hoy se está despreciando deliberadamente. La receta militar no resuelve el problema de fondo, muy al contrario, lo agrava. La destrucción de infraestructuras, los ataques cruzados a petroleros, el riesgo de extensión a otros escenarios (del Mediterráneo oriental al mar Rojo, y no está tan lejano nuestro  Levante) introduce nuevas fuentes de inestabilidad. A corto plazo, va a generar beneficios extraordinarios para quienes venden armas o energía cara; a medio y largo plazo, dejará una deuda pública elevada, el capital físico (conjunto de bienes materiales y duraderos que se usan para producir otros bienes y servicios) destruido y nuestras sociedades más vulnerables.

La desescalada como política económica de sentido común

Frente a este escenario, hablar de desescalada no es un gesto de ingenuidad pacifista, sino una opción de racionalidad económica básica. Preguntémonos ¿Qué implicaría, en la práctica? En primer lugar, un alto el fuego inmediato y el fin de los bombardeos masivos, acompañado de compromisos verificables por parte de Irán de no bloquear el estrecho y de no atacar el tráfico comercial. En segundo lugar, un marco multilateral, bajo paraguas de Naciones Unidas y de los actores regionales, para garantizar la seguridad de la navegación en Ormuz: no como protectorado de una sola potencia, sino como un bien público global gestionado con reglas claras.

En paralelo, resulta indispensable retomar un marco de negociación nuclear y de seguridad regional que reduzca los incentivos de Teherán a utilizar el “arma del estrecho de Ormuz” como palanca política. Es posible y deseable: ya existió un acuerdo, el JCPOA (el pacto que limitaba el programa nuclear iraní, sometido a inspecciones internacionales, a cambio de aliviar la asfixia económica de las sanciones), que fue dinamitado políticamente, no por fracasos técnicos. Reconstruir ese espacio exigiría renuncias de todas las partes, pero el dividendo económico que supondría para la ciudadanía global sería inmenso.

Por último, aprovechemos un problema para mejorar. La crisis actual debería servir de catalizador para acelerar la transición energética, sobre todo en Europa. Cada euro invertido en reducir la dependencia de los hidrocarburos del Golfo es un euro invertido en soberanía económica y en resiliencia social. Seguir atados a las circunstancias geopolíticas que rodean un puñado de pasos o zonas estrechas clave para el transporte mundial, defendidos a golpe de fragata y misil, esa si es una verdadera utopía irresponsable.

Una lección incómoda

Para ir terminando este análisis. La guerra en Irán nos está dando una lección muy  incómoda, la de como la arquitectura actual de la seguridad internacional está diseñada para proteger la seguridad de las élites (sus rutas, sus beneficios, su capacidad de decisión) más que para la seguridad material de la mayoría. Cuando los líderes hablan de “defender nuestros intereses”, se refieren a los suyos, y pocas veces a la capacidad de los hogares para pagar la luz o llenar la nevera. Apostar por la desescalada no significa negar la complejidad del conflicto ni idealizar a ninguno de los actores implicados. Significa asumir que la verdadera línea divisoria no pasa entre países “amigos” y “enemigos”, sino entre quienes ganan dinero con cada escalada y quienes pagan la factura con su nivel de vida.

Si algo ha demostrado la historia reciente, es que los conflictos en torno a la energía siempre acaban socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Romper ese patrón exige cambiar las prioridades: menos geopolítica de “agallas o  testosterona”, más política económica pensada para quienes no nos sentamos en los consejos de administración, ni tenemos un teléfono rojo en la mesa.

La desescalada es, hoy lunes nueve de marzo de 2026 estas, mucho más que una opción moralmente deseable. Es la única salida económicamente sensata para las mayorías de todos los países del planeta.

El médico que no sabía quién manda

El señor Feijóo ha decidido escribirnos a los sanitarios. Qué detalle. Años gobernando comunidades y ahora se acuerda de nosotros, como quien manda un mensaje de cumpleaños a su primo al que lleva una década sin llamar.

En su carta nos cuenta que la sanidad está mal (gracias por avisarnos) y que la culpa la tiene el Gobierno central. Él, que gobierna en once comunidades autónomas con competencias sanitarias plenas, debe de pensar que el concepto de  “autonomía” es el de una palabra decorativa, o quizá un pecado.

Resulta enternecedor cómo olvida que son sus gobiernos los que deciden plantillas, presupuestos y conciertos con clínicas privadas. O cómo se le escapa que mientras pide más dinero para la sanidad, baja los impuestos, ese truco tan nuestro de cerrar el grifo y luego quejarse de que no sale agua.

Y todavía más enternecedor es ver cómo habla de fortalecer la sanidad pública después de trece años presidiendo Galicia, donde las protestas por los recortes aún resuenan en los pasillos de los centros de salud gallegos. La nostalgia de sus propias políticas debe de ser fuerte.

Pero no seamos injustos. Feijóo tiene razón en algo: la sanidad necesita atención urgente. Sobrecarga, precariedad, privatización, listas de espera… Un cuadro grave. Y como buen médico en campaña, ya ha recetado su tratamiento: una carta, con mucha firma y poca autocrítica.

Si de verdad quisiera curar el sistema, bastaría con mirar los presupuestos de sus gobiernos. Aunque claro, eso implicaría reconocer quién tiene el bisturí en la mano. Y en política, el primer paso para no arreglar nada es fingir que el enfermo no lo tengo yo, lo tiene otro.

Que tiemble el Estado.

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles: no porque la furia sea novedad, sino porque al fin se ve. La rabia siempre estuvo allí, debajo de los manteles planchados, detrás de las ventanas cerradas, en los huesos rotos que los partes médicos llamaban “accidente doméstico”. Lo que tiembla hoy no es la tierra: es el silencio que se agrieta.

A cada minuto, de cada semana, un reloj invisible marca el rapto de una amiga, el apagón de una hermana. Los informativos cuentan muertos como quien cuenta monedas, pero no dicen los nombres, no dicen las risas, no dicen los sueños que quedaron colgados en una percha, junto al vestido que no alcanzó a usarse. Hay cuerpos destrozados que el sistema administra como trámite, numerados en carpetas, archivados en metálicas gavetas sin sol. Hay madres que aprendieron geografía siguiendo fosas, que miden el país en kilómetros de búsqueda y litros de lágrimas. Los desaparecidos no desaparecen: los esconde el Estado, se los traga la costumbre.

En las avenidas, hoy las mujeres caminan juntas. Reforma ya no es solo una calle: es una garganta larguísima hecha de pancartas, consignas y pasos. Madrid suena a tambor y a consigna adolescente, Albacete se levanta con voces bajo la lluvia, España cava con las manos de las madres que ya no creen en promesas ni en peritajes. El mapa se dibuja desde abajo: un país de madres que escarban la tierra como si arrancaran raíces de la impunidad. Cada ciudad es una herida abierta; cada marcha, una costura imperfecta que intenta cerrarla. Cantamos sin miedo, dicen.

Pero el miedo no se va: se sienta en el borde de la cama, fuma a escondidas en el baño, mira el reloj cuando tarda una hija en volver. Lo que se rompe no es el miedo, sino su mandato. Ahora el miedo ya no ordena callar, ahora el miedo marcha también, temblando entre las piernas, pero marchando, agarrado del brazo de la rabia y de la ternura. En las plazas, el miedo aprende a cantar: “Nos queremos vivas”, y en ese coro se descubre menos solo. “Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo”, repite una chica con las manos manchadas de pintura morada.

La acusarán de violenta, de histérica, de loca, como si no fuera violencia el expediente extraviado, la denuncia archivada, la patrulla que nunca llega.

Se rompen vidrios que nunca protegieron a nadie, se incendian puertas que nunca se abrieron para escuchar. La ciudad, acostumbrada a la obediencia, se asusta de sus hijas cuando ven que ya no bajan la mirada. La escoba de la historia barrerá los vidrios; a las asesinadas no las devuelve nadie.

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

8 M en España hoy.

En España, al feminismo lo han convertido en una frontera política. El 8 de marzo ya no es solo una fecha, sino el escaparate de tres proyectos de sociedad.

Para Vox, el feminismo no es un movimiento social, sino una “ideología radical”, “supremacista”, incluso una “gran farsa”. El 8M se presenta como un día “pensado por y para la extrema izquierda”, capturado por élites que viven del “negocio de género” y de los “chiringuitos”. En su relato, no hay patriarcado ni desigualdad estructural, sino excesos feministas que “criminalizan al hombre” y ponen en riesgo la familia tradicional. Sociológicamente, Vox ofrece un refugio identitario a quienes sienten que las conquistas feministas amenazan su posición. Reemplaza a la mujer como sujeto de discriminación por el hombre como víctima simbólica, y convierte el feminismo en un signo de decadencia cultural más que en una respuesta a un problema real.

El PP ha entendido que declararse contra la igualdad de las mujeres es suicida, pero tampoco se siente cómodo en el marco del feminismo de izquierdas. Su fórmula consiste en hablar de “igualdad entre hombres y mujeres” y repetir que esta causa “no es patrimonio de nadie”. Participa en actos del 8M, defiende la lucha contra la violencia de género y la conciliación, pero evita conceptos como patriarcado o feminismo interseccional. Lo que propone es un feminismo liberal,  institucional: corregir brechas salariales, mejorar permisos y reforzar la respuesta frente a la violencia, sin cuestionar en serio el modelo económico ni la organización social de los cuidados. La desigualdad existe, pero se trata como un desajuste técnico, no como un conflicto de poder. El PP busca así ocupar el espacio del “sentido común”: cierto consenso en la igualdad, desconfianza hacia el “exceso ideológico”.

En la izquierda, el feminismo se ha convertido en identidad. El PSOE reivindica décadas de leyes de igualdad y se presenta como el gran motor de los avances, mientras que las fuerzas a su izquierda compiten por mostrarse más coherentes con la calle y con el movimiento feminista. La paradoja es que el 8M ha mostrado también sus fracturas: discrepancias sobre la ley del “solo sí es sí”, la prostitución o los derechos trans han terminado en choques públicos y manifestaciones divididas. La izquierda defiende un feminismo que entiende la desigualdad como estructura: género, clase, origen y orientación sexual se cruzan y generan jerarquías. De ahí parten las políticas de permisos, las leyes de igualdad y las medidas contra la violencia machista. Pero la pugna entre un feminismo más clásico, centrado en la categoría “mujer”, y otro más interseccional y que hace que una parte de la ciudadanía perciba el debate como lejano, demasiado técnico o enredado en guerras internas.

Resumido al máximo, llegamos al 8 M con este tablero: para Vox, el problema no es el machismo, sino el feminismo; para el PP, la desigualdad es un desajuste corregible sin cambiar demasiado el sistema; para la izquierda, el feminismo es una herramienta central de democratización, aunque a menudo se pierda en sus propias trincheras. Mientras tanto, desde un análisis más frio que el de los altavoces partidistas mediáticos, muchas mujeres viven la desigualdad en silencio, con contratos precarios, dobles jornadas, miedos y renuncias cotidianas que no caben en esos eslóganes. Quizás la pregunta clave de este 8M no sea quién se queda con la palabra feminismo, sino ¿quién está dispuesto a escuchar y a transformar esas vidas concretas, más allá de la batalla de los relatos?

Trump, guerra y mentiras: así convierte el PP en un mitin de odio su acto del 8M

El PP ha celebrado un acto en el Congreso con motivo del 8M. No fue un acto feminista, sino una operación de propaganda cuidadosamente empaquetada. No se convocó para hablar ni de brecha salarial, ni de violencias, ni de cuidados o de derechos concretos de las mujeres, sino para legitimar una guerra sin mandato internacional, rehabilitar a Trump y utilizar el sufrimiento de las mujeres iraníes como munición política contra el Gobierno de España. Lo que debería haber sido una jornada institucional de consenso mínimo se transformó en un mitin en el que se acusó al presidente de estar “del lado de los asesinos” por negarse a ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La operación es tan transparente que ofende. El PP se apropia de la causa iraní y la encarna en la figura de Masih Alinejad para presentar el “no a la guerra” como complicidad con los verdugos. Álvarez de Toledo habla de “apaciguamiento” y “cobardía”, mientras Alinejad eleva a categoría de “liderazgo” los ataques ordenados por Donald Trump, como si la única forma de apoyar a las mujeres iraníes fuera aplaudir los bombardeos. En ese marco no hay espacio ni para el derecho internacional, ni para las sanciones, ni para la presión diplomática sostenida o para el apoyo real a la sociedad civil iraní. Solo queda la vieja lógica de: o estás con los misiles, o estás con los ayatolás.

Frente a esa caricatura moral, la posición del Gobierno español se intenta presentar como un capricho ideológico, cuando en realidad descansa sobre una línea roja jurídica y política: esa guerra no está amparada ni por la Carta de Naciones Unidas ni por los acuerdos que regulan el uso de Rota y Morón. Después de Irak 2003, negarse a poner territorio, logística y bases al servicio de una ofensiva sin cobertura legal no es cobardía, es la mínima coherencia con la lección aprendida a sangre y fuego. Se le puede reprochar al Ejecutivo falta de ambición diplomática, falta de apoyo más visible a las disidencias iraníes, pero convertir esa negativa en “estar al lado de los asesinos” es propaganda en estado puro.

El segundo eje del acto es aún más inquietante, porque es el secuestro del propio feminismo. Feijóo y los suyos se declaran portavoces del “feminismo de verdad” frente al supuesto “feminismo de salón” de los lazos morados y de las movilizaciones del 8M en España. Para apuntalar ese relato, contraponen las mujeres colgadas de grúas en Teherán a las mujeres que aquí llenan las calles para denunciar violencia machista, precariedad y brecha salarial, como si estas últimas fueran privilegiadas caprichosas que juegan a la revolución simbólica mientras otras se juegan la vida. El mensaje implícito es brutal: solo son feministas auténticas aquellas cuya tragedia sirve para justificar la agenda militar de Occidente; las demás son solo decorado.

La hipocresía alcanza niveles de caricatura cuando el referente de ese “feminismo de verdad” resulta ser Donald Trump. No se trata de un aliado incómodo en un tablero hoy complejo, sino de un dirigente que ha restaurado políticas antiabortistas entre las más restrictivas, ha retirado fondos a organizaciones de salud reproductiva y ha impulsado una ofensiva global contra el derecho al aborto que golpea sobre todo a las mujeres pobres, migrantes y racializadas. Presentar ese historial como compatible con la defensa de las mujeres iraníes no es un simple error de juicio: implica vaciar el feminismo de todo contenido material. Ya no hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de autonomía económica, de libertad y seguridad; hablamos solo de una etiqueta utilizable cuando toca golpear a la izquierda.

En paralelo, el PP mantiene y reivindica pactos con una extrema derecha que niega la violencia de género, demoniza la educación sexual, se opone a la igualdad LGTBI y ha convertido la “ideología de género” en su gran enemigo cultural. En nombre de un supuesto “borrado de las mujeres”, se ataca la ley trans y se alimenta una guerra interna dentro del propio feminismo, mientras se abrazan sin pudor actores internacionales que sueñan con devolver a las mujeres al hogar, al silencio y a la tutela religiosa. El doble rasero es tan evidente que solo puede sostenerse con ruido mediático y moralina patriótica.

Lo que vimos en la Sala Constitucional del Congreso no fue un homenaje al coraje de las mujeres de Irán, sino un episodio más de la guerra cultural de una derecha que ha decidido que todo puede ser un instrumento: los cuerpos, las guerras, los derechos humanos y también el 8 de marzo. El mensaje de fondo es sencillo y peligroso: solo es feminismo el que bendice la agenda militar de Washington, solo es paz la que se impone a golpes, solo es patriotismo el que se arrodilla ante Trump y llama traidor a quien se atreve a decirle no. 

Frente a esa impostura de la derecha, defender el “no a la guerra” y un feminismo que mire a Teherán sin dejar de mirar a Madrid, no es tibieza ni ingenuidad, es higiene democrática.

Para que quede claro clarinete.

La crisis de la guerra no golpea a todos por igual. Lo pasan peor los hogares con menos ingresos, las viviendas mal aisladas que necesitan más calefacción o aire acondicionado, quienes dependen del coche a diario y las familias con hipoteca variable.  La aguantan mejor quienes tienen más renta, casas eficientes y deuda controlada o a tipo fijo. Mientras tanto, algunas grandes empresas energéticas pueden ver crecer sus beneficios gracias a estos mismos precios altos.

Ante este panorama, la política pública no puede limitarse a observar cómo suben los termómetros del mercado. Hace falta proteger a los más vulnerables con ayudas específicas, evitar cortes a quienes no pueden pagar, impulsar de verdad la rehabilitación energética de viviendas y reforzar el transporte público allí donde el coche es hoy casi obligatorio. No se trata solo de explicar que la guerra en Irán afecta a nuestros bolsillos, sino de decidir cuánta protección queremos ofrecer a los hogares frente a una inestabilidad que, por desgracia, volverá a repetirse.

Y no son responsabilidad de nuestro gobierno estas subidas, sino de quien ha iniciado esta guerra y de quienes aquí le apoyan. Lo que sí es responsabilidad de  nuestro gobierno es poner en marcha ese escudo de protección social a quienes más lo necesitan. 

Trump: el precio de aplaudir al pirómano

Nos hemos acostumbrado a vivir en una paradoja. De un lado, protestamos por la gasolina, el gas natural y la electricidad, pero al mismo tiempo, de otro, una parte nada desdeñable de la opinión pública ve normal respaldar a quien ha convertido la energía y el comercio en armas políticas de presión global. Nos indignan las facturas, pero no parece indignarnos igual la vulneración del derecho internacional que alimenta esa inestabilidad que luego pagamos en la gasolinera y en el recibo de la luz.

Porque la guerra no es un fenómeno abstracto que ocurre “allí lejos”; pasa también por el surtidor y por el contador eléctrico. El encarecimiento de la energía no es una maldición bíblica caída del cielo, sino la consecuencia de decisiones políticas muy concretas: sanciones, bloqueos, reordenación de mercados, dependencia de determinados proveedores y, ahora, amenazas comerciales que se utilizan como palanca en negociaciones geopolíticas. Quien apoya a líderes que hacen de la guerra una herramienta y del comercio un castigo no puede luego sorprenderse cuando los costes de esa estrategia llegan a su bolsillo.

La figura de Trump es paradigmática. No solo por su desprecio explícito al multilateralismo y a las instituciones internacionales, sino por su disposición a usar aranceles y cierres comerciales, impulsivos y calculados a la vez, siempre buscando titulares y réditos internos a costa de terceros países. Cuando Trump amenaza con un cierre comercial o con aranceles desproporcionados a productos españoles, no está teniendo un arrebato temperamental, está utilizando deliberadamente nuestra dependencia exportadora como medio de presión. El mensaje es claro: o aceptáis mi juego, o castigo a vuestros agricultores, a vuestra industria, a vuestros trabajadores.

Lo sorprendente es la ligereza con la que parte de la conversación pública en España compra el marco que se le ofrece desde determinados medios: “Nos va a subir el aceite de oliva”, “el vino se va a poner por las nubes”, “el consumidor español será el gran perjudicado”. Siempre es igual, se construye así un relato de miedo inmediato al precio del supermercado, mientras se borra deliberadamente la pregunta de fondo: ¿quién ha provocado esta situación y con qué visión del mundo? Se nos invita a fijarnos en la etiqueta del precio, pero no en la firma que hay detrás de las políticas que lo encarecen. 

Lo irónico es que, desde un punto de vista básico de la economía, el discurso mediático no se sostiene. Si se restringen gravemente las exportaciones de aceite y vino a Estados Unidos, lo lógico sería que parte de ese producto quedara disponible en el mercado interno o tuviera que buscar otros destinos. Mayor oferta aquí suele significar menos alza sobre los precios y no más. Otra cosa es que entren en juego otros factores como los costes de producción, malas cosechas, desviar exportaciones a otros países, y lo más habitual, estrategias de los grandes grupos comercializadores. La idea de que “menos exportación es igual a subida del precio en el súper” es, como mínimo, discutible.

¿Por qué, entonces, se insiste tanto en ese relato? Porque es mucho más eficaz generar un miedo inmediato y concreto “mañana pagas más por la botella” que explicar la complejidad de las cadenas de valor globales, las tensiones geopolíticas y la fragilidad de un modelo de economía de mercado que ha entregado sectores enteros a la volatilidad de los mercados internacionales. El alarmismo selectivo es una herramienta política, porque sirve para desviar la culpa, para construir enemigos cómodos (la “Unión Europea blanda”, el “gobierno que no planta cara”, los “ecologistas que encarecen la energía”) mientras esos que crean las alarmas blanquean al actor que ha desencadenado la tensión arancelaria.

Mientras tanto, en la conversación política se produce un malabarismo que daría risa si no fuese tan trágico: se alienta el apoyo a Trump y a sus clones europeos en nombre de la “defensa de Occidente”, y al mismo tiempo que se denuncia que “nos castigan” con aranceles o que “la guerra nos sale cara”. Es como votar al pirómano y, cuando empieza a arder tu casa, echar la culpa a los bomberos por el precio del agua. No faltan tertulianos que, en la misma frase, ensalzan el “puño de hierro” frente a Irán y se quejan del coste del gas, sin conectar ambos hechos. Se ha naturalizado la esquizofrenia económica, y una mucho peor, la moral.

Conviene decirlo claro: no es neutral apoyar a quien dinamita el derecho internacional, desprecia a los aliados cuando le conviene y utiliza la interdependencia económica como arma de chantaje. No es un juego que se agota en el espectáculo televisivo porque tiene consecuencias. Cada bombardeo, cada sanción, cada amenaza arancelaria acaba reflejándose en el precio de los fertilizantes, del gasóleo agrícola, del transporte y, al final, en lo que pagamos por un litro de aceite o una botella de vino. Pretender que se puede separar el “espectáculo” de la política real es infantilizar a los electores.

¿Hay alarmismo injustificado? Claro que sí, pero es un alarmismo selectivo. Se exagera el impacto inmediato sobre el consumidor para generar miedo, mientras se minimiza la gravedad de apoyar a un líder que vulnera todas las normas del derecho internacional y desprecia cualquier lógica de cooperación. Sobredimensionan el posible encarecimiento del supermercado y se silencia el deterioro estructural de nuestro modelo de desarrollo rural y energético. Se nos dice: “lo importante es que hoy pagues un poco menos”, omitiendo que el camino elegido nos lleva a pagar mucho más, en dinero, en derechos y en autonomía.

El gesto más subversivo hoy es recordar la relación causa-efecto: si apoyas a quien convierte la guerra y el comercio en armas, asumirás sus consecuencias en tu vida cotidiana. Si quieres energía estable y un campo que viva de su trabajo en condiciones dignas, el camino no pasa por aplaudir a quien está dispuesto a sacrificar todo eso en su estrategia electoral. La coherencia, en estos tiempos, es revolucionaria, y lo coherente hoy es la postura de nuestro gobierno.

Patriotismo de saldo y guerras ajenas

Hay días en los que una nación se asoma al abismo de la Historia, y otros en los que le basta con asomarse a una rueda de prensa en Madrid. En los primeros se deciden guerras, alianzas y tratados; en los segundos, se reparten consignas y ocurrencias, aderezadas con algún adjetivo que haría enrojecer a un profesor de bachillerato. Cuando el patriotismo se reduce a obediencia comercial, el amor a la patria se parece sospechosamente al cariño que se profesa a una tarjeta de crédito.

El presidente del Gobierno ha tenido la descortesía de recordar algo elemental: bombardear países no suele traer nada bueno y el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos. Y, por si fuera poco, ha añadido que España no está obligada a prestar sus bases militares cada vez que a Donald Trump se le antoja una guerra como quien se antoja un postre. Ante semejante despropósito de autonomía, ciertos despachos de la Puerta del Sol han activado el protocolo habitual: el problema nunca es la guerra, siempre es Sánchez.

Según la derecha patriótica de guardia, el “señor del ‘no a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro’ va a arruinar a España”. El lector desprevenido podría imaginar que el presidente ha decidido bombardear Teruel o sitiar Cuenca, pero lo único que ha hecho es negarse a que España sea cómplice “de algo malo para el mundo” y plantar cara a las amenazas de represalias comerciales. Ha elegido el incómodo papel de aliado díscolo frente al mucho más cómodo rol de vasallo dócil, y eso, para quienes han convertido la palabra “patria” en un complemento multiusos, es imperdonable.

La paradoja es que muchos de quienes hoy denuncian la “guerra entre españoles” llevan años viviendo políticamente de cultivar un conflicto civil permanente, una guerra fría castiza en la que, de lunes a viernes, se insulta a medio país y, los domingos, se llevan flores a la bandera. Mientras tanto, el muro que de verdad cuenta es bastante sencillo: de un lado, el derecho internacional y el “no a la guerra”; del otro, la obediencia a Trump presentada como sentido de Estado.

Porque, parece que, sin pretenderlo, la crisis abierta por las amenazas de Trump a España ha roto el monopolio de la bandera por parte de la derecha y ha abierto a la izquierda la opción de un patriotismo ligado a la paz y a la legalidad internacional. La posición del Gobierno español de no ceder las bases de Rota y Morón para una intervención en Irán, exigir respeto a los tratados y oponerse a la guerra, es coherente con la línea europea de las últimas décadas y más sensata que seguir a Washington en otra aventura bélica en Oriente Medio.

PP y Vox actuan como satélites del movimiento MAGA, priorizando el alineamiento con Trump y luego, si sobra, ya pensaran en España, y todo por odio a Sánchez antes que por amor a la propia España. La contradicción de quienes decían llorar por la legalidad internacional y ahora reprochan al Gobierno que arriesgue la relación con Estados Unidos precisamente por defender esos principios jurídicos.

Frente al patriotismo casposo de la derecha, la izquierda plantea un patriotismo plural, democrático y empático, compatible con el “no a la guerra” y con la igualdad soberana entre Estados. Aviso a navegantes: Canadá, demostró que la equidistancia entre Trump y su propio país, le costó las elecciones a un candidato  ¿podría ocurrir eso en España? Puede que lo de hoy en la derecha sea nerviosismo.

No puedo callarme

Hoy el día amanece con un experimento sociológico y televisivo a cielo abierto: no me refiero a turistas atrapados, sino a personas que se fueron a Dubái huyendo de Hacienda exigen ahora a gritos en redes sociales que el Estado español vaya a rescatarles. De pronto, la patria que “solo sabe robar impuestos” se convierte en la madre protectora a la que se le suplica una plaza en el avión. El mismo Estado que ayer era un lastre opresor hoy es una aseguradora de lujo, pagada, eso sí, por las cuotas de los demás.

Es una escena perfecta para entender cómo funciona la pedagogía del privilegio: los beneficios son siempre privados, las pérdidas siempre públicas. Cuando las cosas van bien, la bandera es la del mérito individual, el “yo me lo he currado” y “que cada uno se pague lo suyo”. Cuando empiezan a silbar los misiles y cierran aeropuertos, entonces la bandera cambia: “somos españoles, tenemos derechos, que nos saquen de aquí”. No hay mejor metáfora de la doble moral fiscal que esa cola imaginaria ante la embajada, ordenada por tramos de IRPF.

Porque, al final, lo que se discute no es si el Estado debe proteger a sus ciudadanos (claro que debe hacerlo), sino qué modelo de ciudadanía hemos aceptado como normal. Una ciudadanía low cost, que solo se activa cuando hay que recibir, jamás cuando toca contribuir. Si algo deja claro este amanecer con quejas en los programas de TV matutinos desde Dubái es que el problema no son los impuestos, sino la escandalosa costumbre de algunos de querer vivir en sociedad como si fueran turistas: disfrutando de todos los servicios, pero dejando siempre la cuenta a nombre de los demás.

La matanza del 3 de marzo del 76 en Vitoria.

Hay fechas en nuestra historia que dejan al desnudo al régimen franquista mejor que cualquier discurso. Hacía unos meses de la muerte del dictador, pero aún vivía la dictadura. Tal día como ayer, 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, es una de esas fechas. La ciudad en huelga, miles de trabajadores organizados en asambleas, una iglesia llena y un Estado que respondió con gases, pelotas de goma y balas reales. Cinco obreros asesinados, más de cien heridos. Eso es pasado, pero no lo es que cincuenta años después, todavía hay quien nos habla de Transición “modélica”, y nadie lo hace de la impunidad de culpables. 

Lo que ocurrió en la parroquia de San Francisco de Asís no fue un accidente ni un “exceso” policial, sino una operación planificada para romper un ejemplo que estaba dando una clase trabajadora que se había dotado de sus propias herramientas de democracia (huelga general, comisiones representativas, asambleas masivas) y que empezaba a ser considerada peligrosa por poner en cuestión no solo los salarios y los convenios, sino quién mandaba realmente en las fábricas y en las calles. Vitoria era la demostración práctica de que la ruptura democrática podía venir desde abajo y la respuesta del franquismo tardío fue la decisión de disparar.

Conviene no perder de vista el escenario que vivíamos esos días: Franco llevaba poco muerto, el rey Juan Carlos I encabezaba un Estado que seguía siendo franquista en su aparato policial, militar, judicial y económico, y el Gobierno de Arias Navarro, con Fraga al frente de la represión, intentaba vender una “reforma” pero sin tocar los pilares del régimen. Frente a ese guion, los trabajadores de Vitoria ensayaban otra clase de  transición, la organizada en comités, en asambleas abarrotadas, con reivindicaciones que iban de los salarios a la amnistía, a la reducción de jornada y al derecho efectivo a huelga.

Por eso me duele tanto el relato posterior. Porque la historia oficial nos habla de la Transición cómo un paso suave del franquismo a la democracia gracias a la responsabilidad de las élites, mientras deja en los márgenes del relato a quienes paralizaron ciudades enteras con huelgas, desde el cinturón industrial de Madrid hasta Euskadi. Lo sucedido en Vitoria desmiente ese mito al mostrar que la Transición fue también un conflicto abierto entre un pueblo trabajador que empujaba hacia la ruptura y unos poderes que aceptaron ceder libertades a cambio de conservar su núcleo de poder.

Pero la matanza no frenó la movilización, al contrario, la huelga general del 8 de marzo en Euskadi y Navarra, con cientos de miles de trabajadores parados, dejó claro que al miedo se le había puesto límite, y convirtió los sucesos de Vitoria en uno de los golpes que aceleraron la caída de Arias Navarro y que empujaron al sistema hacia Suárez  y con él vino la legalización de partidos, los pactos con las direcciones de la oposición, la amnistía a los presos políticos. Pero también blindar la impunidad de los crímenes de Estado. Vitoria fue el arranque del motor, pero luego los frutos se administraron desde arriba, no desde las asambleas.  

Claro que la memoria de Vitoria molesta al relato dominante, porque no puede borrarse de la historia. No son grandes figuras políticas ni personajes institucionales, ni lideres de partidos, solo son obreros de la metalurgia, transportistas, profesorado, jóvenes venidos de otros pueblos de España que encuentran en la ciudad una cultura política de asamblea y solidaridad. No se movían al dictado de las direcciones sindicales, desbordadas y temerosas de un conflicto que no controlaban, sino desde comisiones elegidas en los centros de trabajo.

Era autoorganización obrera, algo que hoy suena casi a exótico, un concepto que es el gran ausente del sindicalismo actual, más centrado en la negociación institucional que en la construcción de poder en los centros de trabajo. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos riders con trabajos precarios, sanitarios reventados de turnos, alquileres imposibles que convierten a miles de trabajadores en pobres con contrato, vemos como la lección de Vitoria se vuelve contemporánea, porque sin organización desde abajo, sin asambleas, sin conflicto, los derechos nunca llegan.

No se trata de que idealicemos el pasado, sino de aprender de él. Aquellas asambleas fueron capaces de unir demandas económicas con demandas políticas en una misma reivindicación. Hoy, muchas de las luchas más avanzadas (por el clima, por el feminismo, por la vivienda) están intentando lo mismo que entonces, vincular las condiciones de vida y la democratización real de la sociedad. Volver a recordar los sucesos de Vitoria es preguntarnos qué pasaría si hoy volviéramos a esas reivindicaciones en los tajos, en los hospitales, en las plataformas logísticas, en los call centers donde se precariza el trabajo y con él la vida.

Cincuenta años después, ningún responsable político ni policial ha sido condenado por aquellos asesinatos del 3 de marzo. Las causas se archivaron, la justicia española ha bloqueado incluso los intentos de investigar desde otros países, y solo ahora el Estado ha reconocido formalmente la iglesia de aquellos acontecimientos como Lugar de Memoria Democrática. Es un gesto, pero insuficiente porque no puede haber democracia plena sin verdad, justicia y sin reparación para las víctimas de la violencia del Estado.

Esa impunidad no es algo del pasado, sino parte de la misma lógica que hoy dificulta la depuración de responsabilidades en casos de violencia policial, que pone trabas a la investigación de torturas en comisarías durante décadas, que convierte en excepcional cualquier condena a algunos agentes del Estado por vulneración de los derechos humanos. Si se miran con honestidad los sucesos de Vitoria, no se puede seguir sosteniendo que aquí todo se arregló “ejemplarmente”.

Por eso es tan importante que, en este 50 aniversario, se enlacen los funerales de entonces con las luchas de hoy. No es nostalgia sino una reivindicación de memoria frente al olvido institucional, una forma de recordar que la democracia se defiende en la calle tanto como en las instituciones, y es una invitación a seguir peleando por salarios dignos, por servicios públicos, por el derecho a la vivienda, por el cuidado del clima. Es una forma de reconocimiento a esos cinco trabajadores asesinados.

Los sucesos de Vitoria no son solo pasado, sino preguntas incómodas que todos debemos hacernos ¿quién paga el precio de cada conquista social?, ¿qué hacemos con esa deuda?, ¿vamos a permitir que la palabra “modélica” siga tapando los disparos mientras se precariza la vida de otra generación de trabajadores? Responder a esas preguntas no es nostalgia, sino una tarea urgente.

De Irak a Irán

En 2003, el Gobierno de Aznar decidió alinearse con la invasión de Irak impulsada por Bush y Blair, sin aval claro del Consejo de Seguridad de la ONU y contra una mayoría social abrumadora en España. España se implicó primero en el apoyo diplomático y luego en la ocupación, bajo el pretexto de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Aquella intervención fue considerada por numerosos juristas y organismos como contraria al derecho internacional, precisamente por la ausencia de una autorización específica del Consejo de Seguridad. Hoy, cuando Trump lanza un ataque sobre Irán sin mandato de la ONU y amenazando con “cortar todo el comercio” con un aliado, la pregunta es si España debe repetir el automatismo atlantista o defender el marco legal que dice respetar.

Los atentados del 11‑M no pueden explicarse solo por Irak, pero la propia investigación judicial y los testimonios de los autores materiales mostraron que el apoyo de España a la guerra fue utilizado como argumento y motivación para el ataque. Informes y análisis posteriores han subrayado que la decisión de Aznar de sumarse a la guerra incrementó la exposición de España al terrorismo yihadista, algo que la opinión pública comprendió con claridad. Años después, una amplia mayoría de españoles seguía convencida de que el 11‑M no se habría producido de la misma forma si España no hubiera respaldado la invasión de Irak. Ese recuerdo convierte en especialmente temerario que el PP vuelva a plantear la política exterior como una cuestión de “estar con la libertad frente a los tiranos”, sin ponderar el impacto real en la seguridad de la ciudadanía.

Cuando Feijóo descalifica al Gobierno por no alinearse sin matices con un ataque de EEUU e Israel sobre Irán, está repitiendo la misma lógica que llevó a Aznar a la foto de las Azores: sacrificamos autonomía, derecho internacional y prudencia estratégica a cambio de un supuesto prestigio ante Washington. Presentar como irresponsable la negativa a implicarse en una operación de dudosa legalidad, mientras se normaliza que el presidente de EEUU amenace a un aliado con sanciones comerciales por no sumarse a su guerra, es invertir por completo la escala de lo que es realmente imprudente. Lo temerario no es que España mantenga una posición prudente y respetuosa con la ONU, sino que se pliegue a un dirigente que ya está vulnerando el derecho internacional y está dispuesto a castigar económicamente a quien no le acompañe.

La experiencia de Irak demuestra que intervenir al margen o en el límite del derecho internacional puede salir infinitamente más caro que soportar el enfado pasajero de un presidente estadounidense. Entonces, el “estatus” internacional que Aznar perseguía se tradujo en aislamiento diplomático, rechazo social masivo y una tragedia terrorista que marcó a toda una generación. Hoy, la disyuntiva no es entre “libertad” y “tiranos”, como repite Feijóo, sino entre una política exterior responsable, anclada en la legalidad y la prudencia, y una política exterior imprudente que ya demostró en Irak cuáles pueden ser sus consecuencias para la seguridad en nuestras calles.

Después del ruido

El cielo ardía con un resplandor enfermo, como si la tarde sangrara sobre las ruinas. Paloma observó el horizonte desde el viejo espigón y pensó que la humanidad finalmente había cumplido su promesa: destruirlo todo con dulzura, sin mirar atrás. Nadie parecía haber hecho nada verdaderamente importante para detener la ola que los devoraba, como si pensar y hacer el bien hubiera resultado un lujo imposible.

Él llegó tarde, cubierto de polvo y con una flor marchita entre los dedos. “Aún hay belleza”, murmuró, ofreciéndosela. Paloma sonrió con una tristeza que dolía. Miraron el mar, que rugía como un animal viejo, devorando la última luz. En ese instante, se abrazaron con una ternura que desafiaba la razón. No quedaba nada, salvo ese gesto. Ni gobiernos, ni ciudades, ni promesas de redención. Solo la pura insistencia de amar cuando ya no hay futuro.

Bajo el reflejo terminal del mundo, comprendieron que quizás ese fuera el sentido perdido: no evitar lo peor, sino amarse dentro de él.

Una guerra al revés: quién pone las bombas y quién es el terrorista

La derecha y sus medios afines han conseguido que miremos al mundo del revés y, lo peor, es que casi nos están acostumbrando a ello. Nos repiten para que no se nos olvide, quiénes son “los buenos”, quiénes “defienden la democracia”, o quiénes solo se “protegen” con sus bombardeos preventivos. Y mientras, las cifras de muertos se van amontonando cómo daños colaterales en los márgenes de la realidad de la pantalla, con un pequeño matiz: casi todos esos muertos tienen la piel más oscura y si me apuran, el pasaporte equivocado.

Netanyahu, presentado durante años como “socio fiable” y defensor de la única democracia de Oriente Próximo, hoy encajaría mejor en los viejos relatos religiosos como un destructor de mundos, que en el álbum de familia de las democracias liberales. Trump y sus imitadores europeos, siempre tan preocupados por la civilización occidental, que comparten un rasgo con él cómo es su desprecio por las vidas que no entran en su comunidad moral. No son errores, no son excesos: es una jerarquía sobre el valor de las vidas perfectamente asumida por la derecha.

Han convertido la palabra “terrorista” en uno de los instrumentos más eficaces para establecer esa jerarquía. Los estados militarmente más poderosos bombardean, invaden, ocupan y se reservan el derecho a hacerlo tantas veces como quieran y cuando les dé la gana. A eso lo llaman doctrina de seguridad, ataque preventivo, defensa de fronteras. Los que responden desde el otro lado, como pueden y con lo que tienen, se han convertido de inmediato en terroristas. La violencia vertical de los poderosos se llama orden; la violencia de los que están abajo, barbarie. El mismo misil cambia de nombre según quién lo lance.

Todo esto sería grotesco si no fuera tan trágico. Porque los mismos que van a misa diaria y se declaran provida en sus discursos parlamentarios, los que se indignan ante la sola palabra aborto, cierran filas después ante miles de niñas y niños destrozados bajo bombas inteligentes. No les tiemblan las piernas ante los hospitales reventados por bombas, pero sí se manifiestan ante una clínica de planificación familiar. Son tan cínicos, que se confiesan buenos cristianos mientras aplauden el castigo colectivo, la venganza infinita, el ojo por toda la cara, la Furia Épica. El sermón de la Montaña lo reducen a un sermón de su pantagruélica sobremesa, de mucho golpe de pecho, pero pocas bienaventuranzas.

En la Europa a la que pertenecemos, el reflejo de esa hipocresía tampoco es precisamente edificante. Han convertido la complicidad en rutina diplomática. Se reciben con honores a dirigentes que acumulan muertos en sus fronteras; se firman contratos, se estrechan manos, se brinda por la estabilidad. Quien se atreve a recordarnos que, quizá haya algo de genocida en ese socio estratégico es acusado de irresponsable, extremista, antisemita o aliado del caos. Y luego nos preguntamos por qué los discursos de odio encuentran el terreno abonado también aquí.

La coartada preferida por la derecha sigue siendo la de siempre: no va de sangre, va de libertad, de seguridad, de valores. Pero bajo esas capas de eufemismo se percibe con bastante claridad la vieja realidad de su ideología: esto va del dominio de la gente blanca sobre los pueblos que no lo son. Va de quién decide qué gobierno es legítimo o qué resistencia es aceptable. Va de quién reparte los carnés de civilización y quién se queda siempre al otro lado de la valla, del muro o del mar. O dicho más crudamente, qué víctimas merecen portada y cuáles no.

El resultado de todo esto no es solo la devastación material de un país, sino también una devastación moral que nos alcanza de lleno. Cada bomba que justificamos abre una grieta más en esa ficción de “comunidad internacional” y “valores occidentales” que nos repiten para intentar que durmamos mejor. Cada vez que nos tragamos, muchos ciudadanos sin siquiera masticar el relato de los ataques preventivos, cada vez que aceptamos que unos muertos valen menos que otros, estamos sembrando lo que luego llamaremos con sorpresa: nuevos fanatismos, más odio. No hace falta ser ni genio ni profeta para saber, que de esta contabilidad desigual que hacen solo saldrán más atentados, más guerras, más miedo.

Quizá el primer gesto de higiene democrática de los ciudadanos honestos sea dejar de repetir ese lenguaje con el que nos venden este mundo al revés. Llamar a las cosas por su nombre: supremacistas a los supremacistas, genocidio al genocidio, hipocresía a la hipocresía. Recuperar palabras como democracia, paz o derechos humanos para que no sean la coartada de los que bombardean, sino la exigencia de los que son bombardeados.

Y, sobre todo, empezar a contar todos los muertos (incluidas las más de 150 niñas iranies, aunque Esperanza Aguirre diga que su muerte es un bulo), también a los que no se parecen a nosotros, también los que caen lejos de nuestro país. Nos guste o no, todos los muertos de una guerra que los europeos justifiquemos son parte de nuestra propia biografía, por permitir estos actos delictivos de Israel y EEUU. La historia nos enseña que pasarán una factura a Europa, y que no se va a solucionar con el rearme nuclear, esa última ocurrencia de Macron.

La postura española frente al ataque a Irán.

Aunque pueda parecer difícil de creer el hecho de que Francia, Alemania y el Reino Unido se hayan posicionado junto a EE UU e Israel y en contra de Irán, lo cierto es que no es un “apoyo” solo por convicción jurídica, sino más bien por una combinación de alineamiento geopolítico con Washington y Tel Aviv, por cálculo de seguridad y para la construcción de un relato hacia su propia opinión pública.

Los tres son pilares del eje transatlántico y de la OTAN; perciben su credibilidad como aliados ligada a no romper públicamente con Washington e Israel, incluso cuando la base legal del uso de la fuerza es discutible. En el contexto de la guerra en Ucrania y la dependencia de la disuasión norteamericana frente a Rusia, sus gobiernos evitan aparecer como actores que “debilitan” al socio estadounidense cuestionando frontalmente la operación.

Desde hace años, París, Berlín y Londres presentan a Irán como actor desestabilizador (programa nuclear, misiles, apoyo a milicias y envío de drones a Rusia), lo que facilita justificar un alineamiento político con medidas de fuerza contra Teherán, aunque no participen militarmente por ahora. En su narrativa, los ataques se insertan en una lógica de “contención” y de evitar que Irán alcance capacidad nuclear militar, lo que desplaza a un segundo plano la discusión sobre la legalidad estricta de la operación bajo la Carta de la ONU.

El “apoyo” europeo es sobre todo discursivo: condena de Irán, reafirmación del “derecho a defenderse” de Israel y EEUU, y coordinación cercana, combinados con la insistencia en que no han participado en los bombardeos. Esta ambigüedad sirve para tres cosas: mantener la solidaridad con el aliado, minimizar riesgos de represalias directas contra intereses europeos y conservar un cierto margen para mediación diplomática.

Los gobiernos perciben a Irán como fuente de riesgos internos (terrorismo, ciberataques, redes de influencia, tensión en comunidades de la diáspora) y externos (ataques a tropas, embajadas, tráfico marítimo), lo que les lleva a priorizar la lógica de “contener a Irán” sobre la defensa coherente del principio de no uso de la fuerza. En la ecuación política doméstica, el coste de aparecer “débiles” frente a Irán o desleales con EEUU e Israel se valora como mayor que el coste de erosionar el discurso sobre derecho internacional, que suele quedar más difuminado para la opinión pública general que para las élites jurídicas.

En términos de derecho internacional, incluso líderes europeos han reconocido explícitamente que determinadas oleadas de ataques carecen de base legal clara, mientras, en paralelo, otros socios dentro de la UE y de la OTAN los aplauden o los consideran compatibles con la “autodefensa”. Esta disparidad evidencia un patrón estructural: el derecho internacional se interpreta de forma expansiva para los aliados estratégicos y de forma restrictiva para los adversarios, lo que se señala como “ataque ilegal” se acepta políticamente porque sirve a intereses percibidos como superiores (seguridad, contención de Irán, cohesión occidental), aun a costa de vaciar de contenido la norma.

El gobierno español se ha colocado claramente en una posición disonante respecto al eje París‑Berlín‑Londres, combinando condena política de los ataques de EEUU e Israel con una apelación explícita al respeto del derecho internacional y a la desescalada. España ha calificado la operación como “acción militar unilateral”, sin cobertura de la Carta de la ONU ni del derecho internacional, y han rechazado que sea una vía legítima para gestionar la crisis con Irán. A la vez, el Gobierno condena también las actuaciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, intentando mantener un perfil “equidistante” en términos normativos (rechazo de la violación de derechos y de la escalada militar venga de quien venga).

Frente al atlantismo disciplinado de Francia, Alemania y Reino Unido, España se proyecta como voz “garantista” dentro de la UE, poniendo el acento en legalidad internacional, multilateralismo y diplomacia, lo que refuerza un rol de disidencia controlada dentro del bloque occidental. Esta posición alimenta una narrativa de coherencia (mismo discurso que en Gaza y Ucrania: defensa del derecho internacional y rechazo de la guerra como herramienta política), pero a la vez aumenta la fricción con Israel y con la Casa Blanca, que ya ha derivado en acusaciones israelíes de que España “se alinea con los tiranos del mundo”.

Desde la lógica de la política exterior, España asume costes en términos de tensión diplomática con Israel y de menor alineamiento visible con EEUU, a cambio de ganar reputación como actor normativo y de diferenciarse dentro de la UE, algo coherente con la evolución reciente de su política hacia Palestina y Gaza. En términos de derecho internacional y del marco que un ataque ilegal y de vulneración de la Carta, la posición española es una de las pocas dentro de la UE que verbaliza abiertamente esa ilegitimidad jurídica de la operación, aunque sin traducirla en medidas materiales (sanciones, suspensión de cooperación militar, etc.), por lo que sigue moviéndose en el terreno de la condena política y simbólica

PAÍS DE LOCOS, CON DEMOCRACIA DE MENTIRIJILLA

En España, lo más sorprendente no es que tengamos sol, costa y selección de fútbol competitiva, sino que nuestras instituciones lleven décadas especializándose en el arte de funcionar al revés de como deberían hacerlo según la Constitución. Sobre el papel disfrutamos de una escrupulosa separación de poderes, pero en la práctica, el sistema se parece más a una merienda en la que jueces, obispos, banqueros y ministros comparten mantel, sobremesa y, llegado el caso, hasta el mismo abogado de cabecera. Democracia de mentirijilla.

La judicatura, que debería ser el árbitro imparcial en este partido, ha desarrollado una puntería política digna de estudio, porque siempre suele errar el tiro cuando enfila a las élites conservadoras, mientras afina la puntería cuando se trata de dirigentes de izquierdas.  No es necesario que nos imaginemos salas judiciales empapeladas con portadas de prensa afines; basta con observar los resultados: unos salen de los tribunales con la reputación reforzada, mientras otros entran en los juzgados como quien accede a un laberinto procesal sin conocer si hay salida.

En este reparto de papeles, las figuras del PP, tienen un protagonismo peculiar. Ejemplos de ello son Montoro que no es solo un exministro, sino un personaje digno de novela: un  contable discreto que al final, resulta ser el dueño de la editorial, del edificio y, si se descuida, de la calle entera.  Una Ayuso y su pareja, que funcionarían bien como pareja de una comedia en la que ella actúa como presidenta eternamente indignada y él es un ejemplo de “ascensor social” que pasa de dependiente de grandes almacenes a figura destacada del sector sanitario privado cómo quien cambia de compañía telefónica.  Y un Aznar que deambula por la escena como un villano empeñado en pulir su propio mito, indiferente a pequeñas incidencias como la guerra de Irak o la caja B del partido, episodios que en su biografía casi no ocupan espacio.

Pero lo más llamativo de estos protagonistas no es solo su historial, sino la calidad de su impunidad. Mientras el ciudadano de a pie precisa para poder dormir cada noche de infusiones para conciliar el sueño, estas élites conservadoras duermen a pierna suelta con la tranquilidad de quien sabe que, pase lo que pase, siempre habrá un juez comprensivo, un tertuliano generoso que lo defenderá y un prelado disponible para recordar que lo importante es la estabilidad.

Al otro lado de la cama, la izquierda y su periferia sociológica soportan un insomnio con mucho menos glamur.  No porque acumulen más culpas, sino porque soportan más querellas, más campañas anónimas y más portadas alarmistas. Sus noches están llenas de acusaciones de financiación ilegal, cuentas en paraísos exóticos y conspiraciones varias, casi siempre sostenidas por rumores y recortes de prensa, que rara vez prosperan procesalmente, pero que bastan para mantenerlos en vela durante varias legislaturas.

Mientras tanto, aunque no se admita, la España institucional huele a rancio.  Los obispos continúan mandando cartas pastorales, los guardias civiles siguen desfilando, los jueces lucen sus puñetas con una dignidad que ya quisieran muchos influencers, y una parte del periodismo continúa hurgando en el fondo de reptiles.  A su alrededor, políticos de siempre, banqueros de siempre y aristócratas de siempre se reúnen en las mismas mesas de siempre, donde se decide, con buen humor y copa en mano, quién será investigado y quién merece una comprensión casi pastoral.

Sobre este decorado, las encuestas de intención de voto añaden una distopía: el probable triunfo del tándem PP‑Vox se anuncia como una revolución conservadora que amenaza con colapsar aún más la sanidad, deteriorar la educación pública y convertir la exaltación nacionalista y la formación del espíritu nacional en asignatura obligatoria cada semana.  Lo estamos viendo donde gobiernan, los hospitales siguen abiertos, aunque atascados; las escuelas continúan, aunque con telarañas; y las plazas se llenan de actos patrióticos que mezclan mitin, romería y un karaoke de los Meconios. No faltarán himnos, banderas ni un repertorio inagotable de agravios históricos cuidadosamente seleccionados para justificar cada recorte con toda la épica posible.

Ante este panorama, el ciudadano de a pie hace lo que mejor sabe hacer: adaptarse.  Desde los que compran melatonina para poder dormir ante esa España que se acerca, a los que apagan la televisión a la hora del parte, y los temerarios acostumbrados a leer el BOE como si fuera una novela de intriga, buscando entre órdenes y decretos la próxima jugada del poder.  

Lo inquietante de esta novela que los poderes facticos nos están escribiendo es que, el argumento se complica y ya no sabemos quién es el detective, quién el villano y quién la víctima. Lo único que es seguro es quién puede dormir a pierna suelta y quién, antes de acostarse, mira por la ventana por si la justicia, los vecinos o la prensa han decidido convertir su vida en el siguiente capítulo de esta interminable comedia. 

Y todo eso acontece mientras quienes más necesitan los servicios públicos, votan ciegamente a quienes les privaran de ellos. País de locos.

Carrera profesional en Castilla-La Mancha: hipocresía política convertida en riesgo sanitario.

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales. La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de “privilegio” corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional. 

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región. 

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía. Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica. Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un “extra” en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud. Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.