sábado, 23 de mayo de 2026

El laberinto de Zapatero y García Page.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo, es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa. 

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario, ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las "viejas glorias" como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.  

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está  dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: "Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea." Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir. 

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida, obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir, entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: Alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.


 

A vueltas con la qué está cayendo

 Portales como Vozpópuli y otros medios, apuntan a que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaría acelerando preparativos para un posible proceso penal contra Zapatero, relacionándole con redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles, y alegando presuntos pagos y operaciones financieras con dinero de PDVSA.

Voces políticas y periodísticas en España y EE.UU. hablan de que la administración Trump podría recurrir a sanciones, revocación de visado y, en última instancia, a una orden internacional de arresto si Zapatero no coopera, aunque eso todavía no se ha materializado en un caso público cerrado.
No hay una prueba pública y concluyente de que Trump encienda una investigación exclusivamente a través de Delcy Rodríguez; lo que sí hay son informaciones que sitúan a Zapatero en el radar judicial de EE.UU. y que subrayan que la Casa Blanca podría obrar con independencia del chavismo tradicional, aunque las presiones directas e indirectas sobre actores como Delcy Rodríguez formen parte de la estrategia política y mediática.
Pocos dudamos de la existencia en España de una asimetría judicial. La rapidez e intensidad con la que se investiga o imputa a figuras de la izquierda con la supuesta impunidad o lentitud con la que se tratan los casos de corrupción vinculados a la derecha (PP, a Aznar o a Rajoy).
Este caso de Zapatero tiene como precedente la reciente situación del Fiscal General del Estado. El camino para condenar o imputar sin pruebas concluyentes ya se abrió con ese proceso, lo que genera temor a que cualquier cargo de izquierdas pueda ser investigado.
Merece un reproche el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su pasividad. No tomó medidas contundentes en el pasado, como la reforma del poder judicial o la derogación total de la "Ley Mordaza", lo que ha terminado por "envalentonar" a los sectores judiciales y policiales más conservadores.
El asunto es grave y no debe despacharse como un mero trámite rutinario. Es lícito y necesario exigir transparencia para aclarar el destino de los fondos públicos, independientemente de las siglas políticas.
Pero la hipérbole del PP y sus secuaces, dando por condenado al expresidente sin conocer aún el auto completo y sin existir condena es impropio de un partido de Estado y propio de barra de bar.
Por último, que el PP haya anunciado con antelación esta investigación a Zapatero, debería ser motivo suficiente para que el poder judicial investigara quien o quienes son los que filtran al PP las resoluciones judiciales antes de que se produzcan, por ya son varios los casos en los que ese adelanto de la información se ha producido.

Intentando aclarar lo que hasta hoy sabemos sobre la investigación a Zapatero


 Vaya por delante que no soy jurista, y defiendo siempre "que quién la haya hecho que la pague". Pero dicho lo anterior, no se puede olvidar: primero, lo que significa presunción de inocencia y segundo, que no es el imputado quien debe demostrar su inocencia sino la acusación su culpabilidad.

Pero lo que está documentado en lo disponible, es un relato periodístico del propio auto y de autos previos/relacionados, pero no el texto íntegro del resolución.  Sabemos que varias imputaciones parecen apoyarse en inferencias amplias, en indicios indirectos y en supuestas conexiones personales más que en actos concretos individualizados y acreditados.

Atribuir a una persona ser el jefe de una organización criminal exige algo más que ser alguien con notoriedad, con contactos o por su capacidad de interlocución; hacen falta actos de dirección, coordinación o dominio concretos para afirmar esa jefatura. El punto débil, por lo que se ha publicado, es que el salto desde “tiene contactos” a “lidera una trama” parece, en gran medida, deducciones del instructor.

Si el auto usa un conjunto amplio de relaciones, operaciones y entornos empresariales para ir buscando qué pudo ser delictivo, se está convirtiendo el proceso penal en una expedición de pesca. La propia jurisprudencia previa sobre querellas contra Zapatero había rechazado ese tipo de construcciones por falta de hechos concretos y por basarse en conjeturas o recortes de prensa. Ahora parece que eso si es posible hacerlo.

Acusaciones como “tráfico de influencias”, “organización criminal” o “blanqueo” no se sostienen solo con sospechas generales; se necesitan hechos concretos, fechas, nombres de quienes intervienen, actos de influencia y relación causal con una resolución concreta. En lo publicado, el foco se pone en la supuesta capacidad de acceso del expresidente, pero no en actos concretos y descritos.

Transferencias a familiares, cancelaciones de préstamos o adquisiciones patrimoniales pueden ser relevantes, pero por sí solas no prueban un delito, para hacerlo se debe disponer de una trazabilidad sólida que demuestre que ha existido una ventaja ilícita concreta. Se puede estar confundiendo un indicio financiero con la demostración del origen delictivo del dinero. Cuando un auto presenta a una persona como “vértice”, “líder” o “centro neurálgico” de una trama, esas calificaciones tienen fuerza retórica, pero deben esta basadas en hechos contrastables, porque si no, se corre el riesgo de anticipar una conclusión antes de exponer los indicios en los que se soporten. 

Según lo publicado, en el auto aparece la citación de Zapatero como investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental; la referencia al rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros; y la mención a supuestas redes de intermediación y contactos con autoridades en España y Venezuela. Pero también está documentado que en resoluciones anteriores sobre querellas contra Zapatero la Audiencia Nacional consideró insuficientes las acusaciones basadas en suposiciones, deducciones infundadas o falta de dato objetivo, lo que hace que con las pruebas se deba ser especialmente exigente.

Una imputación seria puede fundarse en indicios, pero no en acumulación de sospechas. Si el auto no separa con nitidez qué hechos son propios del expresidente, cuáles son actos de terceros y cuáles son meras relaciones personales o políticas, la solidez de estas acusaciones es muy cuestionable. Con lo que está públicamente documentado, el paso desde el contexto, contactos y operaciones societarias hacia la imputación penal directa de Zapatero no está documentado.

Repito, NO SOY JURISTA. Ver menos

 

La información disponible hoy muestra tres líneas distintas:

 En el sistema procesal español, la imputación entra en juego cuando el juez, una vez valorados indicios racionales, decide que una persona puede ser responsable de un delito y le reconoce la condición de “investigado” o “imputado”, con sus derechos (letrado, confesión o no, etc.).  

En muchos casos, el juez cita previamente a la persona para tomarle declaración como investigado y, tras ello, formaliza la imputación o bien archiva la pieza; pero en otros supuestos, el juez puede ya considerar suficientes los indicios y acordar la imputación sin haberle oído antes, siempre que medie una motivación razonada. 

La pregunta es si en decidir una vía y otra influye la militancia política en la derecha o en la izquierda.

Pero no seáis malpensados y deis por hecho que la imputación de Zapatero en este momento es porque los audios que se están escuchando hoy en el juicio de la Kitchen, que prueban sin atisbo de duda que Rajoy era el cabecilla de las cloacas, desmontan la estrategia pepera para asaltar la Moncloa.

sobre Zapatero, hay una querella ampliada por Hazte Oír y también diligencias abiertas por la Audiencia Nacional, pero eso son investigaciones, no una condena. 

Sobre Rajoy, sí hay cobertura de prensa sobre su relación con la justicia y sobre asuntos vinculados a corrupción y a la “Operación Cataluña”, pero no puedo afirmar que “la justicia no sepa quién es M. Rajoy” porque eso sería una acusación sin base verificable. 

Sobre Aznar y el 11-M, existe un debate político e histórico muy cargado: hubo una comisión parlamentaria que vinculó la gestión del Gobierno con la guerra de Irak, y también voces actuales que sostienen que la guerra de Irak tuvo un papel decisivo en el clima que rodeó el 11-M

Lo que indigna no es solo la lentitud de la justicia, sino su aparente capacidad para mirar con lupa a unos y con niebla a otros. España no puede seguir funcionando con una vara distinta para cada poder, cada sigla y cada apellido. 

Si hubo responsabilidad en Zapatero, Rajoy o Aznar, que se pruebe con hechos; pero si el sistema solo actúa a medias, entonces el problema no es un caso concreto: es la credibilidad misma de la justicia 

Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

 El código postal del riñón: La voluntad política frente a la estadística

“Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética”

— Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

Antonio  González Cabrera

Antonio González Cabrera


Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.



Andalucía a primera vista.


El PSOE resiste mejor de lo que parecía, pero ya no actúa como partido hegemónico.

A su izquierda, la fragmentación y la competencia interna han reducido mucho la capacidad de movilización. Eso deja un espacio progresista más pequeño, menos cohesionado y con poca capacidad de disputar la agenda al centro-derecha.

La clave política es que el PP, pese a perder la mayoría absoluta,  ha sabido presentarse como opción de estabilidad y moderación, captando incluso parte del voto útil, mientras la izquierda ha quedado asociada a división y desgaste. 

En términos estratégicos, Andalucía confirma que sin unidad, perfil social claro y arraigo territorial, la izquierda lo tiene muy difícil para volver a competir por el gobierno.

Las elecciones andaluzas suponen una advertencia clara para el conjunto del mapa político y, especialmente, para Castilla-La Mancha. La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular rompe el relato de hegemonía conservadora y demuestra que el ciclo de concentración del voto en la derecha tiene límites claros. Ni siquiera en escenarios favorables el electorado está dispuesto a otorgar cheques en blanco, lo que abre un nuevo tiempo de mayor competencia y disputa política.

En paralelo, se confirma una tendencia de fondo: el espacio a la izquierda del PSOE no solo resiste, sino que se ensancha. A pesar de las dificultades y la fragmentación, existe una base social que demanda políticas más ambiciosas y que no se siente plenamente representada por el socialismo tradicional. Este crecimiento convive, además, con el avance de fuerzas regionalistas que están sabiendo canalizar el descontento y las demandas territoriales, consolidándose como actores cada vez más decisivos.

En este contexto, Sumar demuestra capacidad de resistencia y de arraigo, manteniendo su representación en condiciones adversas. No es un dato menor: indica que hay un electorado que sigue apostando por una alternativa progresista transformadora, incluso en escenarios de alta presión política y mediática.

Desde Castilla-La Mancha, estas elecciones obligan a una lectura sin complacencias. El tablero político se está moviendo, el electorado es cada vez más exigente y fragmentado, y ya no basta con apelar a inercias pasadas. Quien no entienda que el espacio progresista es hoy más plural, más competitivo y más exigente, corre el riesgo de quedarse atrás

Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

 Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

Las campañas electorales suelen llenarse de eslóganes pegadizos, pero cuando derecha y extrema derecha aterrizan en el debate político andaluz, sus estrategias van un paso más allá. Lo hemos visto en los  debates televisados: usan una receta basada en respuestas simples para problemas que, en una tierra tan compleja y rica como Andalucía, son profundamente estructurales.

El peligro de discursos del tipo "no pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada" es que intentan anestesiar el espíritu crítico de una comunidad que históricamente ha conquistado sus derechos a base de moverse, alzar la voz y exigir su lugar. Cambiar el debate analítico por el dogma simplista no soluciona el desempleo juvenil, ni mejora la sanidad pública, ni la educación, ni resuelve la escasez de agua en el campo; solo camufla la falta de un proyecto real bajo una capa de falsa seguridad.

Por otro lado, vivimos tiempos en los que existe un riesgo alarmante de romanticismo histórico. Cuando se vacía de contenido la memoria y se apela a la nostalgia de un pasado supuestamente "ordenado y sencillo", se está construyendo una trampa para las generaciones más jóvenes. El franquismo no fue un parque temático de orden y paz social; fue una época de censura, a la que siguió un post franquismo de exilio forzado para miles de andaluces que tuvimos que dejar nuestra tierra para buscarnos la vida, y de un centralismo que ahogaba la identidad y la autonomía de Andalucía.

Votar en Andalucía exige mirar de frente la realidad, no comprar espejismos del pasado ni propuestas de una estabilidad basada en no hacer nada para no molestar al votante como proclama el candidato actual presidente, convencido de que no haciendo nada no se cometen errores. Quien promete un orden sencillo a cambio de silenciar la diversidad, de recortar libertades, de negar los avances sociales, o de gobernar con sonrisas, no busca proteger a los andaluces: busca que sean ciudadanos sumisos. 

La verdadera fortaleza de Andalucía siempre ha residido en su capacidad para avanzar sin tutelas, con memoria y con la libertad de pensar por sí misma. 

Antes de depositar tu papeleta, conviene que recuerdes que la complejidad de la democracia siempre será preferible al silencio de quienes añoran el control.

Te deseo una buena reflexión.

La política rural europea: No es eficiencia administrativa sino ceguera urbana.


Hace unos días hemos asistido a la conmemoración del Día de Europa. Revisar la hemeroteca sobre esa fecha, es una manera de comprobar que es un acto que suele llenarse de discursos sobre la cohesión, la solidaridad y esa "unión de intereses" que soñó Robert Schuman. Sin embargo, tras los muros de cristal de Bruselas, se está gestando una traición a la Europa de los ciudadanos. El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 no es solo un documento presupuestario; es el certificado de defunción de la inteligencia territorial especialmente de los territorios rurales si nadie lo detiene.

Bajo el atractivo paraguas de la "simplificación", la Comisión Europea pretende centralizar la gestión de los fondos a través de los llamados NRP Plans (Planes de Asociación Nacionales). La intención declarada es la eficiencia, emulando el modelo de los fondos NextGenerationEU, pero no nos engañemos: lo que para un burócrata en una capital es un "hito de cumplimiento", para un habitante de la Sierra de Alcaraz , Segura, o Manchuela esto acaba siendo una barrera infranqueable.

Durante más de treinta años, el método LEADER ha sido el único pulmón de democracia participativa en el medio rural. Ha permitido que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) españoles decidan su propio destino de abajo hacia arriba. En regiones como Castilla La Mancha esto se ha traducido en miles de empleos y en el sostenimiento de proyectos que van desde la biotecnología aplicada al campo, hasta la internacionalización de la artesanía local.

Pero detrás de ese éxito de LEADER no está solo el frío ingreso de una subvención, sino unos equipos técnicos que han sabido acercar la administración a los ciudadanos de los territorios rurales. Esos profesionales que no han actuado solo como  simples administrativos, sino que han sido verdaderos dinamizadores, facilitadores o traductores para interpretar los complicados reglamentos europeos y  han acompañado a los emprendedores para enfrentarse a la brecha digital. 

Al centralizar la gestión en Madrid o Bruselas, la Comisión está diciendo que este capital humano ya lo consideran prescindible, lo que viene a sumarse a la ya asunción por las CCAA de la mayoría de las funciones y gestión de esos fondos. Consciente o inconscientemente se está despidiendo a los únicos embajadores reales que tiene la Unión Europea sobre el terreno.

El nuevo modelo que se pretende implantar es el de "pago por desempeño", algo que seguro que funciona bien  para  digitalizar una Consejería o construir una carretera, pero no solo carece de validez para el desarrollo rural, sino que es letal para esta política. La resiliencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social no se pueden medir con los mismos indicadores y criterios que se hace con la ejecución de una obra civil.

Hay un riesgo real de agrarizar absolutamente todos estos fondos, al haberse  fusionado  los de cohesión y los de agricultura en un "megafondo" centralizado. El desarrollo rural dejará de ser una política territorial para convertirse en un micro  apéndice de la ayuda a la renta agraria. Haciendo esto se está ignorando que un pueblo para permanecer vivo necesita mucho más que agricultura: necesita servicios, turismo, cultura y, sobre todo, algo que hasta los alcaldes deberían salir a reclamar: autonomía.

Llegados a este punto, hace falta que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Esto es un proceso de centralización, una  deriva recentralizadora, que se disfraza como un intento de optimizar los recursos públicos. Pero no se engañen, si quisieran eficiencia, reforzarían los costes simplificados y eliminarían la asfixia burocrática que ya sufren los Grupos de Desarrollo Rural, pero manteniendo su autonomía.

La realidad es mucho más cruel y decepcionante: en Bruselas simplemente no tienen ni idea de cómo funciona la vida en los territorios rurales. Confunden la cercanía con ineficiencia y la participación ciudadana con ruido administrativo. Creen que el medio rural se puede gestionar mediante hojas de cálculo y reformas macroeconómicas pactadas en despachos donde nunca se ha pisado el barro de las zonas rurales. 

La Unión Europea está alejando el poder de decisión de los pueblos, y con ello no solo está perdiendo su eficiencia; está perdiendo su alma. La defensa de los territorios rurales no se negocia, y si lo hacen, es porque no se han dado cuenta en los despachos de la capital europea, que si el futuro de Europa no es rural, sencillamente no es futuro. 

MALA GENTE


Visto desde fuera, estoy convencido de que consume más neuronas explicarse por qué la consejera afirma que la ministra “se licuaba mirando al médico de la OMS”, que entender el brote de hantavirus. 

Lo que parece claro es que cuando una mujer ocupa un cargo serio, siempre hay quien encuentra un modo de rebajarla a líquido.  Mucho más penoso cuando además es otra mujer la que lo hace.

El machismo ya no pega bofetadas, se conforma con decir que una ministra se funde ante un hombre y luego se asombra de que alguien le diga “machito”. 

No es que Ayuso se ponga una vez más a la defensiva, es que su entorno político se coloca, sin miedo, justo en el instante donde el discurso se vuelve pegajoso: el lugar exacto donde la crítica política se transforma en picardía barata y el discurso de poder se siente cómodo con un mal chiste sobre un adversario.

Para actuar así hay algo imprecindible: ser mala gente.

miércoles, 13 de mayo de 2026

OPINAR SIN INFORMARSE A FONDO

Hay un fenómeno muy visible y bastante preocupante porque afecta directamente a la calidad democrática. Es como la expansión de las redes sociales ha reducido enormemente los costes de opinar, y eso es positivo, pero también ha debilitado la necesidad de informarse con rigor antes de hacerlo.

Hoy mucha gente construye sus opiniones a partir de titulares, memes, vídeos cortos o mensajes virales que apelan más a las emociones que al análisis. Esto encaja bien con la lógica de priorizar el contenido que genera reacción inmediata (indignación, miedo, euforia) frente al que exige reflexión. 

El problema no es solo la desinformación en sí, sino que se normaliza opinar con seguridad sobre cuestiones complejas sin haber contrastado fuentes ni entendido el contexto. Esto no es únicamente responsabilidad individual. Y el resultado es una esfera pública más fragmentada, donde el debate se degrada y las decisiones colectivas se apoyan en percepciones distorsionadas. El derecho a opinar no puede convertirse en una coartada para vaciar de contenido el debate democrático.

Un ejemplo claro sería cuando se difunden bulos sobre políticas públicas (como ayudas sociales o migración) que generan indignación inmediata, pero que al verificarse resultan ser falsos o manipulados. Aun así, el impacto emocional ya ha condicionado la opinión de miles de personas. No se trata de “la gente no sabe”, sino de reforzar la educación crítica y mediática, de defender medios públicos y periodismo de calidad, de exigir transparencia a las plataformas digitales, y de  fomentar una cultura política donde informarse sea parte del compromiso ciudadano.

Sin una ciudadanía informada, la democracia se vuelve mucho más manipulable. 

Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

“Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras”

A uno, que ya tiene una edad en el cuerpo, le ha dado por investigar el asunto de la diálisis en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Tras indagar en los mentideros locales, he logrado contactar con un miembro de la asociación ADERHE (Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz). El buen hombre, que prefiere mantenerse en ese anonimato tan propio de quien teme que su franqueza le acarree más males que sus dolencias, me confiesa que se sienten ignorados. Me habla a título personal, claro está, como si la enfermedad fuera un asunto privado y no un problema colectivo.

Digo yo que la salud pública no debería medirse con un cuentakilómetros, sino con los derechos de los ciudadanos en la mano. Sin embargo, en la comarca de Hellín han decidido que la geografía sea el destino. Mientras las instituciones en Toledo aprueban mociones por unanimidad, con ese entusiasmo parlamentario que tan bien queda en las actas, la realidad en el hospital sigue empantanada en informes de idoneidad.

Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras que parecen diseñadas por alguien con mucha afición a las curvas de montaña. El objetivo: llegar a Albacete o, si no a Murcia. Si se compara esto con Ciudad Real, que tiene tres unidades, la gente se enfada, porque piensan que alguien ha decidido abonarlos a la escasez.

Luego, parece una broma que el 21 de enero de 2026 se vuelva a confirmar por unanimidad en la Diputación Provincial la creación de este centro de diálisis para los vecinos de la región, pero luego tampoco ese acuerdo se haya transformado en resultados. También los pacientes renales de la región representados por ALCER y ADERHE tuvieron una reunión el 27 de enero en Albacete con delegados provinciales.

El consejero de Sanidad acudió a Hellín unos días más tarde, el 2 de febrero, pero en lugar de quedar con la asociación, hizo una declaración en televisión Hellín, en la que alega que la no apertura se debe a la “seguridad clínica” y a la ausencia de especialistas y a la vez sostiene que no hay evidencia científica para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Mientras para otra especialidad, Urología, sí se piensa en que los pacientes no tengan que desplazarse para recibir tratamiento, demostrando que el bienestar del paciente no tiene por qué ser estadísticamente relevante.

Desde el Servicio de Nefrología de Albacete se defiende el trabajo realizado, negando cualquier discriminación y achacando las carencias a la falta crónica de profesionales en el sector. Es comprensible la indignación de los sanitarios que asumen sobrecargas de trabajo, pero su “mano tendida” no alivia el cansancio crónico del paciente que llega a su consulta tras dos horas de viaje.

La cuestión no es solo de inversión o de obra, puesto que el propio consejero reconoce que eso no sería problema, sino de prioridades asistenciales. Si el Hospital de Hellín tiene capacidad técnica y humana, como defienden algunos sectores políticos, y existe un mandato parlamentario claro, la demora deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una falta de equidad sanitaria.

La salud de los ciudadanos de Hellín y de las Sierras de Segura y Alcaraz no puede ser moneda de cambio en un debate de cifras y ratios de eficiencia. Cuando los pacientes recurren al Defensor del Pueblo o a la Alta Inspección Sanitaria del Estado, es porque el sistema regional les ha fallado en su promesa de proximidad.

El “calvario caro y doloroso” de pacientes que recorren 150 kilómetros tres veces por semana para una diálisis

Equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y Hellín necesita, por dignidad y por supervivencia, que la hemodiálisis deje de ser una promesa en un diario oficial y se convierta en una realidad en su hospital. No se trata de colores políticos; se trata de vidas humanas que no pueden seguir esperando. Voluntad política y seguridad técnica no pueden jugar al escondite, y el sentido común debería imponerse a la burocracia.

La solvencia política de Feijóo

La solvencia política de Feijóo es, como mínimo, discutible. Muestra una falta de coherencia ética que atraviesa toda su trayectoria. 

Hoy sorprende con la exigencia de dimisión del ministro del Interior de inmediato, apenas ocurrida la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico.  Sin ninguna información aun de lo ocurrido.

Es su forma de hacer política, basada en la explotación inmediata del dolor con fines partidistas es vomitiva.

Es una reacción oportunista que resulta especialmente problemática viniendo de quien arrastra antecedentes que debilitan su autoridad moral en esta materia. Su pasado en Galicia, marcado por episodios que lo vincularon indirectamente con entornos del narcotráfico, sigue siendo un elemento relevante para evaluar la credibilidad de sus posicionamientos actuales.

El problema no es únicamente Feijóo, sino un estilo de oposición que prioriza el desgaste del adversario incluso en contextos trágicos. 

Igual no se da cuenta de que esta lógica suya degrada el debate público, vacía de contenido la responsabilidad política y erosiona la confianza en las instituciones.

Solo hace oposición cuando se calla.

Ayuso exploradora


Fue a triunfar y el viaje se convirtió en un fracaso político. ¿Por qué ? fácil. 

Primero por su ignorancia en cuestiones básicas, lo que la ha convertido en una apestada en México, hasta para la derecha mexicana. Ni los partidos más reaccionarios de aquel país han querido salir con ella en las fotos, porque ninguno es defensor de Hernán Cortés. 

Nadie le aplaude por llamar “malinches” a las mujeres mexicanas.

La Malinche real, no la que se ha inventado su amigo Nacho, fue una indígena que le regalaron como esclava sexual a Hernán Cortés, con quien tuvo un hijo y era la interprete del conquistador para el que hizo de traductora, y la consideran los mexicanos una traidora. Pero Malinche traicionó a su pueblo para sobrevivir. 

Pero IDA ha actuado igual al viajar a México para traicionar la historia, y para hacer campaña. La diferencia de Malinche con la de las cervecitas es, que Malinche no tenía elección, o traición o muerte, mientras que la madrileña lo ha hecho sola y exclusivamente para provocar. 

De vuelta para Chamberí abochornada, aunque ahora contará que ha regresado al atico para salvar a España del hantavirus.

SANTIAGO TRES EN UNO. LA PRIORIDAD NACIONAL LO ARREGLA TODO

 Oír a la derecha tratando de convertir un problema de salud pública internacional en parte de su discurso contra el gobierno legítimo de este país, solo se lo puede tomar uno con la mayor de las ironías, si no quiere vomitar cada vez que abren la boca los portavoces y demás hierbas de sus partidos. Ahí va mi ironía.

En el Reino de la Bandera Siempre Ondeante, los valientes caballeros de Vox patrullaban las calles con su capa verde fosforito, atentos a cualquier amenaza contra el pueblo. Nada escapaba a su mirada.

Una mañana, llegó la noticia: un gran crucero navegaba con un misterioso mal traído por un ratón rabilargo. “¡Ajá!”, exclamaron los caballeros al unísono. “Esto solo puede ser obra del malvado Sánchez, Señor del Falcon Volador y Protector de los Secretos Inconfesables”.

Convocaron a la prensa y relataron con gran seriedad y ayudándose de mapas dibujados con rotulador, que el malvado Sánchez había surcado los cielos en su Falcon presidencial hasta la lejana Patagonia. Allí, tras una épica persecución, capturó a un ratón sospechoso de estar enfermo, y lo convenció de que para curarse la única solución era subir a un crucero y estornudar estratégicamente.

“Todo para que no se hable de su terrible y misteriosa corrupción”, susurraban los caballeros, mientras asentían con gravedad.

Pero la cosa no acababa ahí. El malvado Sánchez, siempre un paso por delante, habría comprado al capitán del barco con un saco de monedas invisibles, obligándolo a desviar la ruta hacia Cabo Verde, donde cuenta la leyenda, que los hospitales eran tan escasos como la coherencia. Finalmente, el barco, en su confusión, terminó rumbo a Tenerife, porque la bruja Mónica García, aliada de Sánchez con un conjuro había poseído al GPS del barco.

“¡Tranquilos!”, dijo Santiago y cierra España (que pa eso es mía) a lomos de su corcel proclamó: “Nosotros tenemos la solución definitiva, infalible e incuestionable”.

El pueblo contuvo la respiración.

“¡Propondremos hundir el barco y acabar con el problema de raíz!”. 

Alguien pregunto: ¿Pero entonces trataremos a todos los pasajeros igual? 

Y Santiago respondió. “De eso nada, nosotros siempre aplicaremos la “prioridad nacional” , primero ahogaremos a los españoles., luego a los extranjeros ricos, y por último a los negros y demás razas de mal vivir." 

Y todos los presentes aplaudieron a su líder con entusiasmo, por haber cerrado España, como su propio nombre indica.

Y colorín colorado, problema solucionado.

Enfermos renales de Hellín: un calvario sobre ruedas


“Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando”

— El “calvario caro y doloroso” de pacientes que recorren 150 kilómetros tres veces por semana para una diálisis

Hay ocasiones en las que la vida, en un alarde de falta de imaginación decide plagiarse. Uno cree haber zanjado un asunto, haber puesto el sello de 'resuelto', y el destino persistente nos devuelve el problema corregido y aumentado.

Todo comenzó, con un familiar madrileño al que la salud, caprichosa y poco sutil, le obsequió primero con una tumoración y, acto seguido, con una enfermedad rara que le han obligado a requerir de hemodiálisis. El conflicto que me planteó entonces consistía en la imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones tras dos años de hospitales, porque necesitaba localizar un hospital donde conectarse la máquina. Se buscó, se halló y dimos el asunto por liquidado.

Pero hace escasas fechas, y tras una entrevista que me realizaron en este mismo diario con motivo de la aparición de un libro, se puso en contacto conmigo, a través de esos canales modernos que llamamos redes sociales, un ciudadano de la comarca de Hellín. Un hombre amable en su mensaje, que me transmitió su gratitud por mis intervenciones en Radio Hellín sobre asuntos de salud, y que tras confesar que había adquirido y leído mi libro, a su “me ha gustado el libro”, le añadió un reproche: echaba de menos que no hubiese dedicado un capítulo a los pacientes que, en el medio rural, se ven obligados a viajar para realizarse hemodiálisis, haciendo referencia especial a la situación de los que residen en su área sanitaria. Ante esa omisión real, le di la razón tras disculparme, prometerle interesarme por el tema y redactar un artículo de opinión. Y a esa tarea voy.

La realidad que me he encontrado resulta grave y a alguno le parecerá que hiela la sangre: los pacientes del área sanitaria de Hellín se ven obligados a un peregrinaje forzoso hasta Albacete tres veces por semana, para recibir el tratamiento imprescindible para mantenerse en este mundo. Esa comarca, al igual que otras zonas con orografía pintoresca, pero incomoda por su geografía compleja. Es un territorio de baja densidad demográfica y una dispersión de la población que parece diseñada para poner a prueba la paciencia, con unas comunicaciones que invitan más al misticismo que al desplazamiento ágil. En las sierras del Segura y Alcaraz, esta peculiaridad se traduce en trayectos que consumen casi dos horas para la ida y dos para el regreso. El cómputo final es una cifra que marea a cualquiera: los más sufridos ciudadanos acumulan la friolera de 800 kilómetros semanales para acceder a una asistencia médica que les es, literalmente, vital. Bien podríamos calificar su vida cómo una hazaña de heroísmo cotidiano.

Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo

Para no pecar de entrometido, algo que no deseo, he buscado datos que arrojen algo de luz sobre esta situación. Los resultados, siempre sujetos a que alguien disponga de otros y decida enmendarme la plana, indican que son aproximadamente treinta y cinco los ciudadanos del área de Hellín que se ven obligados a este trasiego incesante hacia la capital provincial. Es curioso comprobar, que la provincia de Albacete cuenta con un único centro de diálisis para atender a esa población dispersa. Este ascetismo sanitario contrasta con lo que ocurre en otras provincias de la región, como Ciudad Real o Toledo, donde, sin entrar en los motivo, han tenido a bien distribuir estas instalaciones en diversas localizaciones. Uno no puede evitar preguntarse qué pecado habrán cometido los riñones de los ciudadanos rurales albaceteños para merecer tal centralismo, mientras sus convecinos disfrutan de una geografía de tratamiento más cercana de sus casas.

Hurgando en la hemeroteca, para comprobar si uno llega tarde a un incendio ya sofocado, descubro que la cuestión no ha pasado desapercibida para la prensa nacional. Me consta un reportaje con un título tan gráfico como desalentador: 'El calvario de la diálisis en la España rural', publicado por el diario El Mundo en el año 2023 y, para mayor abundamiento de su veracidad, recibió el premio de la Sociedad Española de Nefrología en 2024. En ese trabajo, se da voz a pacientes, dos son del área de Hellín, y relatan, cómo se ven obligados a devorar cientos de kilómetros cada semana por el noble capricho de seguir con vida. Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo.

No quisiera finalizar este alegato, sin mencionar que la Asociación Nacional para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER, lleva desde 2019 predicando en el desierto sobre esta desigualdad territorial de los pacientes en nuestro país. La asociación viene insistiendo sobre las dificultades de acceso a los tratamientos sustitutivos, defendiendo esa idea, tan lógica como aparentemente difícil de ejecutar, de acercar la diálisis a las zonas rurales y dispersas. Quien desee profundizar en esta realidad puede consultar el siguiente enlace. En él se documenta que, a pesar de los años transcurridos y de las advertencias lanzadas, la distancia entre el paciente y su tratamiento sigue estando ahí. Habrá que confiar en que, algún día, la eficiencia administrativa se ponga a la altura de sus necesidades, porque muchos no pueden permitirse esperar más.

No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros

Para continuar componiendo este cuadro conviene recordar que, en noviembre de 2024, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad estudiar la creación de un centro de diálisis en Hellín. Fue uno de esos momentos mágicos en los que los próceres de nuestra región se ponen de acuerdo, aunque parece que el acuerdo ha sido la antesala de la parálisis. Ha transcurrido ya más de un año desde aquel compromiso y, no se han producido avances que puedan considerarse concretos, ni se han establecido plazos que se hayan hecho públicos. Al parecer, entre el 'estudio' de la necesidad y la colocación de la primera piedra media un abismo que ni la más noble de las unanimidades ha logrado sortear hasta la fecha. Seguiremos, pues, a la espera de que se pase de la teoría a la práctica, antes de que los kilómetros acaben por agotar la paciencia de los pacientes (pacientes).

Los afectados, no han optado por el silencio y la resignación. De su justa indignación nació ADERHE (la Asociación de Enfermos Renales de la comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz), un nombre cuya extensión parece querer hacer justicia a las distancias que sus miembros se ven obligados a recorrer. Desde esta agrupación se han impulsado movilizaciones, recolectas de firmas y toda clase de actuaciones ante las más altas instancias, incluyendo al Defensor del Pueblo y la Alta Inspección Sanitaria, instituciones que, se supone, velan por nosotros. Todo este despliegue de energía y papeleo no tiene más fin que el de ver, por fin, implantado ese servicio de diálisis en Hellín.

Y para terminar de dibujar este paisaje, me topo con una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso en abril de 2025. El objetivo, tan loable como de nombre farragoso, es impulsar la diálisis domiciliaria y garantizar eso que llaman equidad territorial. Se trata, en esencia, de admitir que el verdadero drama está en una falta de medios que condena a media España a un nomadismo sanitario demasiado cruel. Y mientras los diputados lo debaten, multitud de pacientes inician sus viajes de madrugada desde aldeas y pueblos lejanos, con el vaivén de las ambulancias, por carreteras interminables y someterse al rigor del tratamiento, para no regresar a sus hogares hasta la noche. Si a este trajín le añadimos que la mayoría de estos viajeros peinan canas, o presentan una fragilidad clínica, el cuadro resultante es de una injusticia que clama al cielo, o al menos, a la cordura de quienes gestionan nuestros impuestos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos Eduardo Galeano

El propósito de este artículo no es otro que romper una lanza en favor de la equidad territorial. Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando. No pongo en duda que existirán razones de peso, sesudos motivos presupuestarios o logísticos (que pienso analizar), para explicar por qué esa promesa sigue suspendida en el aire. No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros. Porque de poco sirve querer llenar los pueblos de gente si antes no somos capaces de asegurarles que sus riñones no les costarán la salud en la carretera.

No puedo creerme que, para nuestros representantes electos, los ciudadanos rurales seamos Los Nadies, a los que Eduardo Galeano refleja en su poema del mismo título, cuando afirma: “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos”.

Estoy seguro de que nuestra región le pondrá solución a esta situación más pronto que tarde porque es de justicia.

España: prestigio fuera, sabotaje dentro

España atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático. Mientras el gobierno recibe reconocimiento internacional por su defensa del derecho internacional, cómo hemos visto especialmente en conflictos como Gaza y en su posicionamiento en el tablero global, dentro del país una parte significativa de la derecha no solo discrepa, sino que actúa activamente para erosionar esa posición, incluso a costa de debilitar la imagen exterior de España. Son los patriotas de pacotilla de las banderas ya no solo en pulseras y balcones, sino hasta en cada uno de los fideos de la sopa.

No estamos ante una oposición exigente ni ante un debate político saludable. Lo que se ha instalado es un sabotaje sistemático. Da igual el contenido de las decisiones, el contexto internacional o el respaldo exterior: si la iniciativa proviene del gobierno, debe ser desacreditada. Para ello se recurre a la tergiversación, al bulo, la deslegitimación personal y la construcción constante de un clima de sospecha. El objetivo no es corregir errores, sino invalidar cualquier gestión.

Lo más preocupante es que esta dinámica no se limita al terreno político, sino que se extiende a instituciones que deberían mantenerse al margen de la confrontación partidista, especialmente el poder judicial. La percepción de que en España se aplica una doble vara de medir se ha ido consolidando: contundencia selectiva, indulgencia interesada y tiempos judiciales que parecen acompasarse con el calendario político más que con los principios de imparcialidad. No se trata únicamente de casos concretos, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana. Cuando determinados actores son sometidos a una presión judicial intensa y otros, en situaciones comparables, transitan con menor exposición o consecuencias, el mensaje es claro y profundamente corrosivo: la justicia no actúa igual para todos.

En este contexto, la actitud de la derecha adquiere una dimensión aún más grave. No solo alimenta la polarización, sino que legitima e impulsa la judicialización de la política como herramienta de desgaste. Se sustituye así la confrontación democrática en las urnas por una estrategia de presión mediática e institucional orientada a deslegitimar al adversario. El contraste con la percepción exterior es difícil de ignorar. Fuera de España, se observa a un gobierno que, con sus aciertos y errores, mantiene una línea coherente en la defensa de principios internacionales en un contexto complejo. Dentro, sin embargo, esa misma posición es recibida con una negación constante que bloquea cualquier posibilidad de consenso mínimo.


El resultado es una democracia más frágil, más tensionada y menos fiable. Porque ningún país puede aspirar a tener una voz sólida en el mundo si en su interior se instala la idea de que las reglas del juego dependen de quién las interprete o de a quién afecten. España no tiene hoy un problema de reconocimiento exterior. Tiene un problema más profundo: la erosión interna de sus propios consensos democráticos. Y mientras una parte de su sistema político siga operando bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”, ese prestigio internacional convivirá con un deterioro institucional que, más pronto que tarde, acabará pasando factura.

REFLEXIÓN PARA DIRIGENTES DE IZQUIERDA

Existe una contradicción real en el hecho de que los trabajadores apoyen opciones políticas que van en contra de las conquistas laborales de las que cada uno de ellos se beneficia. Pero calificarlo como “traición” o responder con el “insulto”, es querer simplificar demasiado el problema. El voto de la clase trabajadora no responde solo a intereses económicos, porque  también lo hace a factores culturales, identitarios y de desafección política. 

La cuestión de fondo no es descalificar a quien vota así, sino entender por qué ocurre y por qué parte de la izquierda ha dejado de ser percibida por los trabajadores como su referencia natural. O diagnosticamos bien la causa, o no se le pondrá el tratamiento el correcto que cure esa contradicción en la que los trabajadores transitan. 

España: prestigio fuera, sabotaje dentro

España atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático. Mientras el gobierno recibe reconocimiento internacional por su defensa del derecho internacional, cómo hemos visto especialmente en conflictos como Gaza y en su posicionamiento en el tablero global, dentro del país una parte significativa de la derecha no solo discrepa, sino que actúa activamente para erosionar esa posición, incluso a costa de debilitar la imagen exterior de España. Son los patriotas de pacotilla de las banderas ya no solo en pulseras y balcones, sino hasta en cada uno de los fideos de la sopa.

No estamos ante una oposición exigente ni ante un debate político saludable. Lo que se ha instalado es un sabotaje sistemático. Da igual el contenido de las decisiones, el contexto internacional o el respaldo exterior: si la iniciativa proviene del gobierno, debe ser desacreditada. Para ello se recurre a la tergiversación, al bulo, la deslegitimación personal y la construcción constante de un clima de sospecha. El objetivo no es corregir errores, sino invalidar cualquier gestión.

Lo más preocupante es que esta dinámica no se limita al terreno político, sino que se extiende a instituciones que deberían mantenerse al margen de la confrontación partidista, especialmente el poder judicial. La percepción de que en España se aplica una doble vara de medir se ha ido consolidando: contundencia selectiva, indulgencia interesada y tiempos judiciales que parecen acompasarse con el calendario político más que con los principios de imparcialidad. No se trata únicamente de casos concretos, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana. Cuando determinados actores son sometidos a una presión judicial intensa y otros, en situaciones comparables, transitan con menor exposición o consecuencias, el mensaje es claro y profundamente corrosivo: la justicia no actúa igual para todos.

En este contexto, la actitud de la derecha adquiere una dimensión aún más grave. No solo alimenta la polarización, sino que legitima e impulsa la judicialización de la política como herramienta de desgaste. Se sustituye así la confrontación democrática en las urnas por una estrategia de presión mediática e institucional orientada a deslegitimar al adversario. El contraste con la percepción exterior es difícil de ignorar. Fuera de España, se observa a un gobierno que, con sus aciertos y errores, mantiene una línea coherente en la defensa de principios internacionales en un contexto complejo. Dentro, sin embargo, esa misma posición es recibida con una negación constante que bloquea cualquier posibilidad de consenso mínimo.

El resultado es una democracia más frágil, más tensionada y menos fiable. Porque ningún país puede aspirar a tener una voz sólida en el mundo si en su interior se instala la idea de que las reglas del juego dependen de quién las interprete o de a quién afecten. España no tiene hoy un problema de reconocimiento exterior. Tiene un problema más profundo: la erosión interna de sus propios consensos democráticos. Y mientras una parte de su sistema político siga operando bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”, ese prestigio internacional convivirá con un deterioro institucional que, más pronto que tarde, acabará pasando factura.

Da vergüenza ver como la justicia tiene diferentes varas de medir.

Ver a una jueza haciendo de abogada defensora del PP en la Kitchen, me hace pensar que los acusados, pese a todas las pruebas, podrían haberse ahorrado contratar abogados. 

Todo lo contrario que en el juicio contra el Fiscal general, donde frente a las declaraciones de periodistas que como testigos exoneraban de culpa al Fiscal General del Estado, las deducciones de la UCO sobre "el dominio del hecho" en lo de la filtración del novio de Ayuso, fue tenida muy en cuenta por Arrieta, Marchena y compañía para condenarlo. 

Ahora, en el caso mascarillas, el mismísimo jefe de la UCO que entonces, sitúa a Aldama como el número 1 de la trama, pero la palabra (sin pruebas) de este acusado sirve para evitar que entre en la cárcel. 

En este caso mascarillas lo único que está claro (porque él mismo lo ha admitido) es que Aldama se llevó 3,7 millones de euros en la operación. Pero visto el juicio y la actitud del fiscal, a Aldama la sentencia le sale a devolver, veremos si no hay que indemnizarlo por el mes que estuvo detenido. 

Las mascarillas aquí eran a 2 euros y las que compró el hermano de Ayuso a 6 euros, pero esa compra era correcta. 

Señores y señoras del CGPJ han conseguido ustedes, con su silencio complice, que nadie crea en la justicia en España, ni siquiera los que son favorecidos por ella.

¿Este fiscal es el representante que defiende al Estado contra el delincuente Aldama, o es su abogado defensor? 

¿Han pensado estos jueces a que altura están dejando a la justicia? Lo dicho, una vergüenza.

EL PROTEGIDO DE LA PROTEGIDA

En los vericuetos de la política española, donde la realidad es un sainete de mal gusto, Vito Quiles ha emergido como un titiritero de pacotilla que mueve los hilos del PP con la gracia de un monaguillo borracho con la patena en la mano. No es un fichaje oficial, no; eso sería demasiado directo para estos tiempos de tanta  ambigüedad. Más bien, Quiles ha tejido una telaraña con acercamientos sucesivos al PP, como el enésimo que ahora alimenta rumores de que pronto lucirá la gaviota en el ojal, según dice. Por no hablar de sus devaneos con el ala madrileña de Ayuso, donde se le ha visto como un ultra al servicio de la presidenta, compartiendo sketches y bufidos en la sede del partido junto a Alfonso Serrano e Ismael López, diputados que posan en escenas propias de Camera Café con la naturalidad de quien reparte caramelos, aunque esté asistiendo a un entierro.

Pero vayamos a lo que hoy parece ser lo único que interesa: los dineros. Dicen que la pista del dinero siempre aclara el panorama como un rayo en una noche de tormenta. Resulta que gobiernos del PP, desde el de Ayuso en Madrid hasta el de Feijóo en Galicia, le han soltado 680.000 euros de dinero público al canal EDA TV de Javier Negre, donde Quiles pontifica a diestro y siniestro, catapultando su carrera con cargo a los impuestos de los sufridos contribuyentes. ¡Cuánta generosidad! Y mientras, en el cierre de campaña del PP en Aragón con Azcón, ahí estaba Quiles, incorporado al sarao como un convidado de piedra, aunque en realidad era el alma de la fiesta, y eso ha propiciado titulares en El País y otros medios, sobre si el PP ya lo ha fichado de facto.

El colmo, sin embargo, nos llega  con ese último vídeo incendiario contra Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez y la prensa entera, grabado nada menos que en el despacho de Alma Alfonso, diputada del PP por Valencia en el Congreso, que cedió su madriguera, que es donde se resguardan las ratas, con la discreción de un elefante en una cristalería. ¡Cazado in flagrante! Y no es un caso aislado: vídeos en YouTube como “¡CAZADOS! La verdad sobre el acoso de Vito Quiles y el plan oculto del PP” o “URGENTE: VITO QUILES INCITA CONTRA LA IZQUIERDA Y LO PILLAN CON SENADORES DEL PP.  TELLADO LO PROTEGE” lo muestran codeándose con senadores populares justo antes de que Begoña Gómez sufra el acoso que todos conocemos, mientras Sarah Santaolalla condena en RTVE los ataques del PP en Cuatro. 

En fin, señores, aunque muchos no lo quieran ver por su ceguera partidista, esto no es una conspiración de novela barata, sino el reflejo de un PP que coquetea con ultras como Quiles para ensuciar a la izquierda mientras niega con la boca pequeña cualquier connivencia. Pero lo que no parece llamar la atención es quien paga:  el contribuyente. 

Me huele a que, cómo a veces ocurre en este país, lo que hoy es rumor, mañana es un cargo público. Al tiempo.  

Repugnancia

Como ciudadano, me repugna este acoso intolerable contra Begoña Gómez, una mujer que no merece ser acosada ni agredida verbalmente en un espacio privado solo por su relación familiar con el presidente. Ninguna mujer merece ser agredida, y mucho menos por el cargo o la profesión de su marido. 

Este incidente es una muestra más de la conducta cobarde y machista reflejo del poso de la ultraderecha, y lo mínimo es que haya denunciado a Vito Quiles para que la Justicia actúe con firmeza.

No vale continuar tolerando estos hechos, porque cualquier día tú o tu pareja puedes ser la víctima de estos intolerantes por razón de sexo, religión, raza o ideología. La ciudadanía debe rechazar enérgicamente estas prácticas, denunciándolas siempre que las presencien y apoyando a las víctimas sin ambigüedades. 

Fomentar la tolerancia cero contra estas actitudes implica educar en valores igualitarios, boicotear discursos de odio en redes y presionar a partidos que blanqueen a agitadores ultras, priorizando el respeto y la convivencia por encima de estas provocaciones baratas. 

Solo así podemos blindar nuestra democracia frente a la intolerancia. 

Opereta feijoodiana: El Parlamento convertido en una tasca provinciana

Uno no sabe si estamos ya en una democracia parlamentaria o vivimos en un sainete de postguerra donde los personajes han olvidado el guion y han decidido improvisar su propia caída en desgracia. Veamos el guion.

Sale el señor Aldama al estrado, disfrazado de astuto guarda secretos que, según él, podrían hacer temblar los cimientos de la patria. Se pone ante el micrófono y suelta una sarta de elucubraciones que, en cualquier otro país, harían que el juez pidiera un café para esperar a que el testigo recupere la cordura, pero cómo ese juez no es la jueza de la kitchen, no le dice eso de “limítese a responder a lo que le han preguntado”. Pero aquí, no. Aquí el estrado es un púlpito y el testimonio es una verdad revelada que hay que recibir de rodillas dando gracias al testigo por soltarse la lengua. Hasta ahí la escena judicial.

Y entonces aparece don Feijóo, con gesto compungido y con esa solemnidad del funcionario que acaba de descubrir un desfalco en la caja chica de la delegación de Hacienda, y nos dice, con esa seriedad innata que le caracteriza, que hay que creerle al hombre. Si se mira con ojos de ciudadano al que el casero le va a subir el alquiler el mes que viene, uno puede encontrar hasta cierta ternura, algo casi entrañable, viendo a todo un jefe de la oposición agarrarse a las palabras de un presunto delincuente como quien se agarra a un clavo ardiendo en mitad de una tormenta. Esta es la parte de drama que tiene el sainete.

Pero, de pronto el genio gallego piensa que va más gente al cine que al teatro, y reescribe el guion. Feijoo, maestro por la ciencia infusa, es capaz de convertir la política de Estado, en una partida de mus jugada en la trastienda de un bar de provincias: si el otro no envida, es porque el otro es culpable; y si se queja, es porque el envite le ha dado donde más le duele. Así que haga lo que haga, o diga lo que diga, a él le da lo mismo. Lo fascinante de este sainete no es que Aldama mienta o diga la verdad, que, en el fondo, es un detalle técnico que a nadie parece importarle realmente, sino la fe ciega con la que nos invita a comulgar. Nos pide creernos que la alta política es poco menos que una reunión de villanos de opereta, donde los presidentes se codean con empresarios de dudosa reputación para repartirse el botín entre cafés y secretitos. Es una visión tan cinematográfica, tan falta de matices y tan llena de ese costumbrismo negro de los carcamales, que uno casi espera que, al final del acta judicial, aparezca el supercomisario Villarejo para decirnos que todo ha sido un malentendido provocado por una mala digestión de la comilona post mitinera de anoche. Mientras tanto, los ciudadanos asistimos mirándonos los unos a los otros, con la misma estupefacción que siente el que ha pagado una entrada para ver un drama de Shakespeare y se encuentra, en cambio, con una función de títeres. 

El problema de convertir el Parlamento en una oficina de denuncias sin pruebas es que, cuando de verdad tengamos algo importante que investigar, ya no quedará nadie en la platea que se crea nada de la función. Pero eso, claro, parece ser un riesgo que el señor Feijóo está dispuesto a correr, siempre que el telón caiga sobre el señor Sánchez, aunque sea sobre los escombros de la propia dignidad institucional, que a él no le preocupa ni le ha preocupado nunca, de lo que nos da pruebas a diario. Hoy lo ha hecho de nuevo.

EL PARTIDO CON SENTIDO DE ESTADO O QUE LO QUIERE TENER

Ha decaído el decreto de prorroga de los alquileres. Las repercusiones más negativas para los ciudadanos (voten lo que voten), son una mayor incertidumbre jurídica para quienes ya habían pedido la prórroga, un posible aumento de litigios entre caseros e inquilinos, y mucha más presión sobre la oferta de alquiler en un mercado ya de por sí tensionado. 

A partir de mañana, algunos propietarios podrán decidir no renovar, no alquilar o incluso sacar menos viviendas al mercado por la inseguridad regulatoria, lo que perjudica a quienes buscan casa. Otras consecuencias serán las subidas de precio y una menor capacidad de negociación. Sin la prórroga y el límite asociado, los inquilinos pierden una herramienta para contener el coste en contratos que vencen en 2026 y 2027. 

Todo apunta a que la caída de la medida puede empeorar el acceso al alquiler, especialmente en ciudades grandes y zonas tensionadas. Pero hay partidos a los que anteponen sus intereses partidistas ante los de todos los españoles que no son propietarios de una casa y deben vivir en alquiler, son millones de personas.

Aunque el debate sea político, el impacto más duro recaerá en quienes tienen el contrato a punto de vencer, quienes necesitan mudarse con rapidez, y quienes ya están en mercados con muy poca oferta. También afectará indirectamente a propietarios pequeños, porque la inseguridad y los pleitos tampoco les benefician.

Qué tranquilidad da saber que, mientras los alquileres aprietan como nunca, hay quien decide que ya era hora de quitar una de las pocas prórrogas que daban algo de aire a la gente que vive de alquiler. Supongo que la prioridad de quienes han votado en contra no son esas gentes que dedican a alquiler más de la mitad de su sueldo, sino los grandes fondos propietarios  y tenedores de viviendas. 

Ahora que venga Feijoo y nos hable de que su partido tiene “sentido de Estado” como ha quedado demostrado al votar contra una medida que protegía a quienes van justos cada mes… y luego, si quiere, que salga en la televisión a hablarnos  de estabilidad y responsabilidad con toda la calma y la cara dura del mundo.

Pero oye, seguro que en el próximo discurso alguien encuentra la forma de explicar cómo esto, en realidad, ayuda a la gente, sobre todo a la que vive y paga un alquiler, y encima los vota.

¡País de genios el nuestro! Cuando os suban el alquiler pensad quien es responsable de que eso suceda, aunque imagino que, como del intento de trumpicidio, será Pedro Sánchez.

El enigma de la prioridad nacional y otros entuertos manchegos

“Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita”

Se nos anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora o el bálsamo de Fierabrás, un nuevo concepto al que han bautizado con el rimbombante nombre de “prioridad nacional”. Don Núñez, en un ejercicio de equilibrismo político digno de las mejores temporadas en las carpas de 'le Cirque du Soleil', parece dispuesto a comprar la mercancía que le ofrece el partido de las camisas tiesas e impasibles ademanes recuerdo del ayer.

Un pacto que consiste en que, para gobernar Castilla-La Mancha, habrá que pasar por el aro de que esos derechos, que hasta ahora creíamos inherentes a la condición de seres humanos o, al menos, al honestos contribuyentes, tengan una ventanilla preferente según el lugar donde la madre de uno tuvo a bien parirlo.

Desde el punto de vista del sentido común, que debe ser ese pariente pobre al que los lideres políticos rara vez invitan a sus cenas de gala, no me dirán que el asunto no tiene miga. Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra, de horizontes tan anchos como sus necesidades, se sustenta sobre una economía que no entiende de escudos heráldicos ni de heráldica en general. En el campo, por ejemplo, donde el ajo, la oliva y la uva no se recogen solos por mucho que uno silbe el himno nacional, la “prioridad” es obligatoriamente una entelequia. Si Don Núñez decide que el trabajador que llega de lejos dispuesto a doblar el lomo debe vivir en la indigencia administrativa, lo que estará firmando no es la salvación de la patria hispana y su 'amadisma' Castilla-La Mancha, sino el certificado de defunción de nuestras cooperativas. El campo se quedará solo, pero eso sí, será muy y mucho español.

A este dislate económico se le suma el drama de la despoblación, eso que muchos llaman 'la España vaciada', aunque me suena más real llamarlo 'los pueblos que languidecen'. En nuestra región, el cierre de una escuela es una verdadera tragedia griega que no necesita ni los tres actos preceptivos. Y resulta que esas escuelas, a menudo, se mantienen abiertas por los hijos de quienes Vox querría ver en el furgón de cola de los beneficios sociales. Expulsar a estas familias mediante la asfixia asistencial es, en pura matemática, una forma muy elaborada de suicidio demográfico. Es decir que quieres salvar la casa, y para ello propones ,cómo primera medida, quemar las vigas que la sostienen.

No hay que olvidar el lío que puede caerles encima a los juzgados. Porque a nadie se le escapa que estas ocurrencias normativas tienen menos recorrido de los aviones de papel en mitad de una ventisca. Ya se lo vaticino, se redactarán leyes, se publicarán boletines y, acto seguido, caerá sobre ellas un chaparrón de recursos constitucionales que dejará a la Administración en estado de parálisis contemplativa. Veremos a la Junta gastando el dinero de la caja de todos, entre abogados y pleitos perdidos, todo por satisfacer un capricho semántico de algún ocurrente miembro del partido de quienes añoran un orden que, a ver si se enteran, nunca existió.

Y luego está la seguridad, ese espantapájaros que a cada minuto agitan con tanto entusiasmo. Pretender que una sociedad resulta más segura, creando una subclase de ciudadanos parias sin acceso a vivienda ni protección, es no haber entendido nada de la naturaleza humana. La marginalidad, señores y señoras promotores, (y para que lo entiendan también quienes hacen cálculos electorales y los escuchan), no se cura con banderas, se cura con pan y con un techo. Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita.

Don Núñez dice que este es “el camino”. Pero servidor, que ha visto pasar muchos caminos y todavía más caminantes, sospecha que este no lleva a la prosperidad de nuestra tierra, sino a un laberinto sin salida. En Castilla-La Mancha, o nos salvamos con el sentido común de la mano, o acabaremos perdidos en la llanura, discutiendo sobre el linaje de los que se queden a apagar las luces de un pueblo que se muere.

Y cuando ante las palabras de Don Núñez, esperaba que Don Page le diera una respuesta de calado, entre otros, con los anteriores argumentos, me encuentro que se limita a afirma que lo que busca Vox con la “prioridad nacional” es “que en España se odie al diferente”. Digo yo, que para ese viaje no necesita alforjas, ni conductor del coche oficial.

Entrega de diplomas del Máster

Se ha llevado a cabo la solemne entrega de diplomas del Máster en Cinismo Ilustrado, impartido por la preclara Cátedra de Génova 13. Bajo su estricto numerus clausus, esta formación no busca la exclusión caprichosa, sino la excelencia artesanal. El objetivo docente es nítido: garantizar que cada alumno reciba una dedicación personalizada para que su capacidad de distorsionar la realidad supere cualquier expectativa. Como bien se sabe, "la verdad es una cosa terrible y hermosa, y por lo tanto debe ser tratada con extremo cuidado", o mejor aún, debe ser ignorada con elegancia profesional.

En la presente edición, el claustro ha mostrado su asombro ante un grupo de alumnos que no solo ha alcanzado el sobresaliente, sino que ha rozado la perfección mística. La pericia demostrada en los Trabajos de Fin de Máster (TFM) confirma que el nivel de cinismo alcanzado no es ya una aptitud, sino un estado de gracia. Al fin y al cabo,  cómo afirmó la directora de ceremonias en el acto "el cinismo es el arte de ver las cosas como realmente son y no como deberían ser... para luego negarlas todas".

El profesorado, un auténtico Dream Team de la objetividad creativa, ha contado con líderes de opinión de la talla de Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Jiménez Losantos, Paco Marhuenda, Ketty Garat o Nacho Abad. Profesionales, todos ellos, cuya trayectoria demuestra que "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad cómoda". También ha contado con colaboraciones especiales por parte de prestigiosos juristas como Garcia Castellón, Peinado o Palacios.

Los Trabajos destacados son una oda a la amnesia selectiva, y en el acto se rindió tributo a las obras maestras que, por su audacia, merecieron una mención especial del Tribunal calificador:

Mariano Rajoy: Galardonado por su TFM titulado “Mi declaración en el juicio del caso Kitchen: una demostración de cinismo y desmemoria”. Rajoy alcanzó cumbres literarias al negar evidencias con una impasibilidad casi budista. Destacan capítulos como “El PP nunca se financió con sobresaltos de empresarios desinteresados” o el ya icónico “Bárcenas era ese señor que pasaba por allí y del que yo no sabía ni el nombre”. Su conclusión es una joya de la lírica política: "Todo es falso, salvo alguna cosa que también es mentira".

María Dolores de Cospedal: Quien demostró un aprovechamiento académico excepcional al negar, con una sonrisa imperturbable, conversaciones grabadas por el ínclito Villarejo. Su trabajo brilla en apartados como “La policía del PP: un mito de ciencia ficción” y alcanza el clímax en su capítulo final, adecuadamente titulado “Todo fue legal, aunque no lo pareciera”. Cospedal encarna la máxima de que "la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud".

Susana Díaz: Recibió una mención especial del tribunal por su obra “No lo he podido ver: sufrí más de lo que la anatomía humana permite”. En este tratado, la autora describe cómo una experta en el noble arte del "navajazo bajo la mesa" puede transmutarse en una desvalida ancianita a la que le roban el bolso en la parada del bus. El tribunal elogió su capacidad para derramar lágrimas de cocodrilo mientras sostenía el mechero frente al incendio, demostrando que "el mundo es un escenario, y los peores actores son los que más cobran". Este trabajo contó con la coautoría con García Page, quien aportó la nota de color sobre cómo mantener la coherencia… siempre y cuando no interfiera con la conveniencia.

Mención especial Cum Laude mereció el TFM presentado por don Juan Carlos El Emérito titulado "Con este gobierno, las cosas deben de ser muy difíciles para mi hijo", un maravillosos trabajo que incluso ha sido publicado en el diario francés Le Figaro. En sus apartados "El actual Gobierno es el responsable de mi salida del país", "No tengo ni patrimonio ni fortuna", "Siempre he tributado en España" "Nadie me paga mi vida de lujo ni sus viajes". Sin embargo los miembros del profesorado han querido destacar su apartado “Apreciaba su inteligencia y su sentido común, nunca dejé que nadie le criticara delante de mí” en el que ensalza la labor del dictador Franco.

La afirmación "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados"  fue la frase con la que la directora del Máster, Isabel Díaz Ayuso, puso su broche personal al acto, y cerró su intervención afirmando algo impensable “esta Cátedra, al menos, se hace con un diploma colgado en la pared”. Ver menos

 

Portugal: cuando los claveles dijeron no

El 25 de abril de 1974, Portugal descubrió que la gente también se cansa de vivir bajo el miedo. Durante décadas, la dictadura les había enseñado a callar, a obedecer, a aceptar. Pero aquel día, algo tan simple y desarmado cómo un clavel rojo en la boca de un fusil rompió con esas  costumbres.

No fue una revolución de gritos ni de sangre. Fue una desobediencia compartida por todo un pueblo. Los soldados dejaron de ser instrumentos al servicio del tirano y el pueblo dejó de ser solo un espectador. Y en ese cruce de actitudes, tan frágil e improbable, el poder empezó a resquebrajarse.

Hoy, cuando la política está llena de ruido, de polarización y de enemigos, conviene recordar y conmemorar aquella lección silenciosa y maravillosa por humana: que a veces el gesto más radical no es disparar, sino negarse a hacerlo.

Portugal cambió de régimen, pero sobre todo cambió la forma de imaginar cómo podía producirse el cambio.

Una amable reprimenda a mis queridos guardianes de la esencia hispana

Buenos días tengan ustedes, respetables caballeros y damas que han decidido consagrar parte de sus horas al noble ejercicio de la indignación patriótica. Voy a referirme a su malestar por la regularización de esos individuos que llevan años conviviendo con nosotros, trabajando en silencio y, para su desgracia, compartiendo nuestro mismo aire sin el preceptivo permiso administrativo.

Podría uno perderse en el farragoso diccionario de las ideologías y calificarles de supremacistas, segregacionistas o xenófobos; epítetos todos ellos de gran sonoridad, pero que son rebuscados, teniendo en nuestro diccionario ante la sencillez de un término más castizo: racistas. No se me llamen a engaño, pues la verdad, por mucho que se perfume el termino, suele tener siempre el mismo aroma pestilente.

Resulta ciertamente pintoresco que les produzcan a ustedes urticaria, esas colas que los noticiarios se empeñan en mostrarnos, y que en ellas, vean ustedes, que hay personas que simplemente aspiran a la extravagante meta de trabajar con derechos, evitando así ser explotadas con la impunidad que el sistema hoy tan generosamente permite.

Desean, fíjense qué barbaridad, acceder a la sanidad, a la educación y a las ayudas sociales. Servicios que, dicho sea de paso, ellos mismos ayudan a sufragar con el sudor de su frente y con el IVA de los garbanzos que consumen. Porque resulta, y aquí viene el dato científico, que ellos también pagan, del mismo modo que lo hace cualquier vecino de bien cómo ustedes.

Sin embargo, no he percibido yo en ustedes la misma indignación al contemplar a estos sujetos bajo el sol inclemente de nuestros campos, doblando el espinazo para que no nos falten ajos, cebollas o fresas. No los veo a ustedes, mesarse las barbas al verlos sudar como pollos en los invernaderos, ni cuando sacan a pasear a sus mascotas para que puedan ustedes seguir disfrutando de las sábanas un ratito más.

Tampoco parece molestarles su presencia cuando pasean y cuidan a sus ancianos progenitores, tarea que, sospecho, no figura entre sus aficiones favoritas; ni cuando les sirven la cañita en la terraza o el menú del día con una sonrisa; ni incluso cuando los que tienen carrera universitaria, con bata blanca y estetoscopio, les recetan el fármaco necesario para sus dolencias.

Pero el colmo del ingenio humano llega cuando se permiten ustedes negar la mayor. Afirman con rotundidad que ¡España no es una nación racista!, y lo hacen justo antes de proferir insultos de corte zoológico contra el futbolista de color del equipo de futbol rival del suyo. Y todo ello, mientras ignoran en un alarde de ceguera voluntaria, que su propio equipo, el que luce los colores de su corazón, no cuenta en su alineación con un solo individuo nacido en los límites del territorio de nuestra patria. 

Que lucido es Cervantes en el Quijote: “Cosas veredes, amigo Sancho, en este nuestro bendito y contradictorio país”.

Feliz día del libro tengan todos, y aprovechen que la lectura es un buen tratamiento contra el racismo. 

La vivienda como campo de batalla de la soberanía popular

Desde una óptica de izquierdas transformadora, el escenario que se nos plantea trasciende la mera gestión administrativa, y lo que nos muestra es una radiografía de la tensión entre el capital rentista y el derecho a la existencia.
Lealtad de clase sobre el sentido de Estado.- La negativa del Grupo Popular a siquiera sentarse a negociar revela una vez más, su continuada estrategia de "bloqueo sistémico". Al rechazar una medida que cuenta con el apoyo del 65% de sus propios votantes, el PP demuestra que su brújula política no apunta hacia el bienestar de sus bases sociales (clases medias y trabajadoras que también alquilan), sino hacia la protección de los intereses de los grandes tenedores y fondos de inversión. Es la priorización del beneficio inmobiliario por encima de la estabilidad económica del consumo doméstico.
Geopolítica como excusa vs. Realidad.- Mientras que las derechas suelen utilizar los conflictos internacionales (como la guerra de Irán) para justificar recortes o políticas de austeridad, la izquierda debemos leer este RDL como un ejercicio de soberanía social. Si el Estado no interviene el mercado, en momentos de excepcionalidad bélica provocada por el amigo Trump, la libertad del ciudadano se reduce a la "libertad de ser desahuciado". La inflación de los alquileres funciona aquí como un impuesto privado transferido de las familias a los propietarios; frenarlo es una medida de redistribución de la riqueza.
Un conflicto transversal.- El dato del Ateneo del Dato es demoledor para el relato de los conservadores de nuestro país. La vivienda ha dejado de ser un eje entre "izquierda-derecha" para convertirse en un eje de "arriba-abajo". Cuando un tercio de los votantes del PP se plantea cambiar su voto, estamos ante una ruptura del bloque de identidad partidista frente a la necesidad material. La vivienda es hoy el principal factor de empobrecimiento de la clase trabajadora española, y cualquier partido que ignore el "ahorro de 2.000 euros" que representa para las familias, está operando de espaldas a la calle.
No hago este comentario cómo un deseo de informar, sino como una advertencia electoral. Si la derecha decide tumbar este decreto, no estará castigando al Gobierno, estará castigando directamente los bolsillos de 2,5 millones de personas. La izquierda tiene aquí la oportunidad de mostrar el sentido común que necesita la época que nos ha tocado vivir: no hay democracia real si el poder reside en el mercado.

La clase política debe retratarse y decidir dónde y cómo vive la gente. Y la gente no olvidar luego cuando haya que votar, quien actuó pensando en ella, y quien lo hizo pensando en los grandes fondos y grandes tenedores a quienes tristemente representa la cúpula de la derecha española. 

Carta a quien corresponda


“Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres (....) Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres (...) Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez”

Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres. Es un lugar de Castilla-La Mancha que, teóricamente, no olvida a quienes han puesto su talento, su trabajo o su ejemplo al servicio de la comunidad. Lo hemos visto estos últimos días, en que instituciones, asociaciones y colectivos se han unido con presteza para reconocer a personas que han marcado su historia: desde el periodista Pedro Piqueras, homenajeado con la Medalla de Oro de la Provincia, al cuchillero Amós Núñez, figura central de la tradición y del Museo Municipal de la Cuchillería, o al dirigente sindical Juan Antonio Mata, cuya memoria ha sido honrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cada uno de esos actos, Albacete repite el mismo gesto: mira atrás, pone nombre y rostro a sus referentes y los devuelve con orgullo al centro de la memoria colectiva. Son formas de decir que, en esta ciudad, quienes dedican su vida entera a su oficio y a su provincia siempre encontrarán un lugar en el corazón de los albaceteños. O al menos, así debería ser si no mediara la arbitrariedad o el olvido selectivo de quienes hoy ostentan la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres. Existe una ausencia que grita por sí sola; un vacío en el reconocimiento público que raya en la ingratitud institucional. Permítanme citar a alguien cuyos méritos son tan vastos que el silencio oficial sobre su figura resulta ya, a todas luces, impresentable. Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez.

Si en lugar de una carta abierta en este medio regional, yo hubiera propuesto una recogida de firmas, las rúbricas se contarían por miles, evidenciando que la ciudadanía tiene mucha más memoria y altura de miras que sus instituciones. Hablamos de quien fue alcalde de Alcaraz (1987-1999), presidente de la Diputación Provincial durante 16 años ininterrumpidos (desde 1979 hasta 1995), diputado regional y director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Su legado no es una cuestión de opinión, sino de hechos palpables que hoy disfrutamos y que hacen aún más sangrante la pasividad de los actuales responsables:

• Creación de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) en 1979, blindando la seguridad de nuestras zonas rurales.

• Urbanización del Campus Universitario de la UCLM, una apuesta decidida por la educación superior que cambió el futuro de la provincia.

• Fundación del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) en 1982, modernizando el sector primario mediante la investigación.

• Impulso de los Planes Provinciales de Cooperación, llevando agua y carreteras a los ayuntamientos más pequeños y olvidados.

• Creación del Servicio de Publicaciones (1989), del Servicio Provincial de Recaudación y del Servicio Provincial de Informática, dotando a la provincia de una estructura administrativa moderna.

• La cesión al INSALUD del edificio del Hospital Provincial por la simbólica cifra de una peseta al año, un gesto de visión política que permitió el nacimiento del actual Hospital General Universitario.

• Puesta en marcha del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, siendo pionero en la gestión mancomunada de residuos, una visión de sostenibilidad décadas antes de que se convirtiera en norma. Y a eso añadir los consorcios de Servicios Sociales, Consumo o Cultural Albacete.

• Adquisición y rehabilitación del Chalet de Fontecha, rescatando para el patrimonio público y para la sede de la Cámara de Comercio uno de los edificios más emblemáticos de la capital, evitando su deterioro o desaparición.

• Creación del Circuito de Velocidad de Albacete, impulsando una infraestructura que durante años fue el principal motor de promoción turística e internacional de la provincia, situándonos en el mapa del motor mundial.

• Liderazgo en la creación de la Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM) en sus primeras etapas de expansión provincial, consolidando un foro imprescindible para la defensa de nuestro sector agrario.

• Fomento de la red de Bibliotecas Municipales y Centros Culturales en toda la provincia, garantizando que el acceso al saber no fuera un privilegio de la capital, sino un derecho de cada vecino de la Sierra de Alcaraz o de la Mancha.

Este listado podría continuar, porque su acción no solo fue administrativa, sino estratégica. Por eso tampoco se entiende que esta iniciativa no haya salido del responsable provincial del PSOE, partido en el que milita desde 1977.

No es necesario añadir nada más. Resulta incomprensible, cuando no directamente vergonzoso, que, con este currículo de servicio público, que constituye la base misma de la infraestructura moderna de Albacete, las instituciones que él mismo ayudó a levantar o el partido al que ha servido, miren hoy hacia otro lado.

La gratitud no debería ser una cuestión de color político ni de conveniencia temporal, sino un deber de justicia elemental. Ignorar este legado no solo empequeñece a quienes tienen el poder de remediarlo, sino que proyecta una imagen de mezquindad institucional que nuestra provincia no merece.

Es hora de que las instituciones estén a la altura de su historia y de los hombres que, como Juan Francisco Fernández Jiménez, la construyeron cuando todo estaba por hacer. El silencio, a estas alturas, ya solo puede interpretarse como una falta de respeto a nuestra propia identidad.


 

Extremadura: cuando el ansia de poder devora los principios

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la palabra dada en política aún conservaba un rastro de honorabilidad. Sin embargo, el reciente acuerdo de Gobierno en Extremadura entre el Partido Popular y Vox (un documento de 61 puntos que supura ideología de trinchera) ha certificado el acta de defunción del centro político tal como lo conocíamos. Lo que estamos presenciando bajo la presidencia de María Guardiola no es una coalición de gestión, sino una claudicación moral en toda regla: el PP ha decidido que el Palacio de las Cigüeñas bien vale una capitulación ante la ultraderecha.

El giro es tan drástico que hasta marea. Aquella Guardiola que prometía no gobernar con quienes "deshumanizan a los inmigrantes" es hoy la misma que firma un compromiso para negarse a aceptar la redistribución de menores no acompañados. Estamos ante una ausencia de principios que produce terror. No es solo un cambio de opinión, sino la demolición de un perfil moderado para abrazar tesis que, hasta hace poco, el propio PP tildaba de radicales.

El acuerdo no se queda en la superficie. Al adoptar conceptos como la "prioridad nacional", el PP se desliza peligrosamente hacia un terreno donde los derechos dejan de ser universales para convertirse en privilegios basados en el origen. Estamos asistiendo a la "ayusización" de la política extremeña, pero llevada al extremo en una competición por ver quién es más contundente, incluso si eso implica bordear la legalidad, cómo aquí en mi opinión se consuma y sabios tiene la ley.

Las voces críticas, desde el sociólogo coinciden en el diagnóstico: el PP ha "vendido su alma". Al aceptar la retórica de Vox sobre el control del padrón y el rechazo frontal a la acogida, los populares han dejado de ser un dique de contención para convertirse en la correa de transmisión de la agenda ultra., normalizando la ideología de la extrema derecha, ya no les preocupa evitar que entren en las instituciones, sino que asumen  aplicar sus políticas con una bendición institucional.

Quizás lo más cínico de este giro es que gran parte de lo firmado es, en la práctica, papel mojado. Muchas de las medidas sobre inmigración invaden competencias estatales o chocan con tratados internacionales. Sin embargo, el PP las firma. Lo hace para saciar el hambre de visibilidad de sus socios y para proyectar una imagen de "mano dura" que contente a su ala más conservadora. Es el triunfo de los gestos sobre lo que conocemos cómo responsabilidad de Estado.

Incluso dentro de las filas populares, el pacto ha levantado ampollas. Cuando figuras como Isabel Díaz Ayuso tienen que salir a matizar que "no se puede dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", queda claro que el acuerdo de Extremadura ha ido tan lejos que ha fracturado la propia coherencia de su partido.

Llegar al poder a cualquier precio tiene un coste que no aparece en los presupuestos autonómicos, pero se llama pérdida de la integridad. Al abandonar el centro y comprar el discurso de la exclusión, el PP de Extremadura ha ganado una presidencia, pero ha perdido la capacidad de presentarse como una alternativa moderada y sensata.

Cuando una derecha democrática se mimetiza con la extrema derecha para gobernar, el ciudadano termina por no distinguir el original de la copia. Y en ese borrado de fronteras, es la democracia la que sale perdiendo. El centro ya ha quedado vacío, y el PP, en su huida hacia el poder, parece haber olvidado que aquí no hay camino de vuelta.

Antes el PP era el partido del “todo por la pasta”, ahora son el de “Todo por el poder”, sabedores de que la pasta no anda lejos del poder. 

NO HAY SOLO UN BULO QUE RECTIFICAR

Después del bulo Motos-Onega, ambos han salido a retractarse de sus mentiras (eso sí, cada uno a su manera). Lo importante de este caso es que ahora cada vez menos españoles pensaran que todo lo que estos genios de la comunicación les cuentan es verdad, y en ello incluyo a los Ana Rosa, Susana Griso, Nacho Abad o Iker Jiménez, que bien harían informando en lugar de versionar sus verdades. Por no mencionar a otras calcomanías patrias, algunas de ellas con pulpito radiofónico que no precisan ser citados 

Pero no pensemos que la manipulación informativa se limita a las televisiones o las radios, porque va mucho más allá. Hay una manipulación de los medios escritos, en papel o digitales, mucho más sibilina, consistente en algo tan simple cómo “de esto hay que hablar y aquello no existe” Porque n me dirán que no es llamativo que el ruido del caso de Begoña Gómez y del juez Peinado creado en base a recortes de prensa de medios alineados con el PP; del caso Mascarillas con Koldo y Ábalos, que te digan saquen a diario los ERE de Andalucía de lo que hace años, y sin embargo se diga que de la Kitchen no hay responsabilidades en el PP porque es un caso de hace años. Estaremos de acuerdo en que para gustos los colores.

Si uno hace un pequeño ejercicio sobre los casos que duermen el sueño de los justos porque nadie habla de ellos, pero que siguen en fase de instrucción, hay piezas separadas pendientes, recursos aún sin resolver o juicios ya señalados, pero no concluidos, el asunto es para cuestionar a los medios informativos mucho más seriamente que al manipulador de El Hormiguero. Miren una relación breve:  Gürtel: sigue teniendo piezas y derivadas pendientes; asuntos vinculados a la caja B del PP por resolver en instancias judiciales; Púnica con varias piezas siguen abiertas; Lezo: mantiene piezas con ex responsables investigados por la gestión de Canal Isabel II; lo de Cristóbal Montoro, un caso a ritmo de paso de caracol; el inacabable caso de Carlos Mazón que ya no parece ser nada; el novio de España que se lleva por delante a un fiscal y tiene dándose la gran vida al acusado; y, cómo no, la Kitchen la gran causa relacionada con el uso de fondos reservados. Podría seguir con los casos  Erial, Taula, Auditorio, Guarderías, Elecnor y algunas otras piezas ligadas a contratos públicos y financiación irregular.

Mientras hay silencio sobre estos caso, vemos que se habla de financiación irregular, de nepotismo, y otras lindezas con toda la ligereza del mundo sin prueba que respalden esos relatos. Pero he pensado que hay una frase de la justicia que dice que, para perseguir la corrupción, lo que se debe hacer es seguir la pista del dinero, y me he permitido hacer este cuadro para ilustrar al respecto sobre los dos grandes partidos. Mirar el cuadro al pie.

Vistas las cifras, solo hay una  conclusión posible: nos cuentan lo que quieren que veamos, y solo nos enseñan la patita por debajo de la puerta de lo que a los dueños de esos medios les parece que debemos conocer. A veces uno piensa si en esos medios hay periodistas o mercenarios. Y claro, hay de todo cómo en todas las profesiones. 

Creer es gratis, pensar es necesario. Y yo diría aún más ,como Hernández y Fernández, hoy es imprescindible antes de creer nada de lo que te cuentan los medios. De las redes ya mejor no hablamos

El laberinto de Zapatero y García Page.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del e...