Castilla-La Mancha

El 31 de mayo es el Día de Castilla-La Mancha, pero para muchos ciudadanos esta fecha no se trata de un simple festivo regional o de una fiesta de folclore. Se trata de una oportunidad para reconocer y reafirmar algo mucho más sustancial: la lucha por la democracia, el autogobierno útil y la igualdad en el territorio.

Castilla-La Mancha es una región joven, nacida en la transición democrática. El 31 de mayo de 1983 se constituyeron las primeras Cortes regionales elegidas por los ciudadanos. Ese hecho no es anecdótico: es la materialización de la soberanía popular. Para quienes siempre hemos defendido que el poder debe residir en la gente, este es el primer motivo para celebrar: la autonomía es el resultado de un proceso democrático, no de una imposición histórica ni de una victoria militar.

La verdadera pregunta es: ¿para qué sirve la autonomía? La respuesta es clara: para poder decidir políticas públicas con criterios de justicia social. Sanidad, educación, dependencia, empleo, vivienda, cultura: todas estas son competencias que se gestionan desde la comunidad. Si la autonomía permite diseñar un sistema de dependencia más robusto, una educación más igualitaria o una sanidad de calidad, entonces la región tiene un valor real. Celebrar el Día de Castilla-La Mancha tiene sentido cuando se entiende como una herramienta para mejorar la vida de las personas, no como un ejercicio de orgullo nacionalista vacío.

La izquierda histórica ha sido crítica con los centralismos, tanto el centralismo madrileño como cualquier otro que concentrar poder lejos de la gente. La autonomía regional es una forma de descentralizar el poder, de repartirlo, de reconocer que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de quienes las viven. Castilla-La Mancha, con sus cinco provincias, su diversidad territorial y su historia común, puede ser un laboratorio de cómo organizar el poder de forma más democrática y menos jerárquica.

Debemos celebrar una identidad que no sea excluyente. Castilla-La Mancha no es una identidad que se construya contra nadie, sino una identidad que se hace desde la historia compartida, la cultura popular, la diversidad de provincias y la convivencia. Celebremos una región que no necesita de discursos de odio o de exclusión para existir. celebremos una identidad abierta, que convive con la identidad española y con la europea, sin que sean contradictorias.

Lo que se celebramos hoy no es un mito fundacional ni una leyenda. Es un proceso real: la aprobación del estatuto de autonomía, la elección de las primeras Cortes, la creación de instituciones propias. Es la memoria de un proceso democrático que permitió que una región se diera su propia organización política. Esta memoria es relevante porque conecta con la lucha por la democracia, por los derechos y por la participación ciudadana.

Celebrar el Día de Castilla-La Mancha no es una contradicción. Es celebrar el autogobierno cuando sirve para mejorar la vida de las personas, es celebrar la descentralización cuando reparte poder, es celebrar una identidad cuando es abierta y plural. Lo que no tiene sentido es celebrar lo vacío: el folclore sin contenido, el orgullo regional sin políticas públicas, la identidad sin igualdad. Se debe celebrar Castilla-La Mancha, pero con una condición: que sea una celebración crítica, útil y comprometida con la justicia social. Celebremos la autonomía que aproxima el poder a la gente, la región que se organiza para mejorar la vida de las personas y la identidad que no necesita de enemigos para existir. Ver menos

La parálisis de Feijóo es la prueba de su debilidad

Cada día nos despertamos con un nuevo sobresalto. Ayer, minutos antes de la sesión de control al Gobierno, el medio El Confidencial publicó un titular de gran impacto afirmando que la UCO estaba registrando la sede del PSOE en Ferraz por una trama de "financiación ilegal". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó de inmediato esta información para atacar con dureza al Gobierno, calificándolo como "el más sucio de la democracia" y presionando a sus socios (PNV y Junts) de cara a una posible moción de censura.

La realidad del registro es que la Guardia Civil acudió a Ferraz con un requerimiento judicial, pero no por financiación ilegal ni cajas B. Lo que realmente investiga el juez Pedraz es una presunta trama para "desestabilizar procedimientos judiciales" que afectan al PSOE. Se sospecha que el partido pudo haber financiado las maniobras de una exconcejala (Leire Díez) contra fiscales y mandos policiales, un asunto sobre el que el PSOE y Santos Cerdán habrían mentido. En cualquier caso, un asunto grave, que debe aclararse.

Pero lo que no parece de recibo es que el líder de la oposición se permita esos patinazos. En mi pueblo dirían que Feijoo está “ansiao”, pero no presenta una moción de censura, sabiendo que Sánchez no va a convocar elecciones hasta que no haya una sentencia que le retire el apoyo de los socios de einvestidura. El dilema de Alberto Núñez Feijóo con la moción de censura es uno de los tableros de ajedrez más complejos de la política española actual. La fachada pública de la oposición es de máxima urgencia, pero en los despachos el freno de mano está echado. ¿Por qué? Aquí confluyen varias razones que explican este inmovilismo aparente.

Presentar una moción de censura en España no es solo votar "no" al presidente actual; es una moción constructiva. Obliga al candidato a subir a la tribuna del Congreso y exponer un programa completo de Gobierno para el país. Si Feijóo da ese paso, se enfrenta a una trampa mortal, que intentaré explicar. 

Primera razón para no presentarla es que para amarrar los votos que le faltan, tendría que presentar una agenda económica y social. Si esa agenda se escora a la derecha para complacer a Vox, asustaría definitivamente al electorado de centro y moderado que necesita para ganar unas elecciones generales. Pero al no presentarla, Feijóo puede seguir haciendo oposición "en negativo" (desgastando al Gobierno con la corrupción o la amnistía) sin necesidad de desgastarse él mismo revelando qué haría exactamente con las pensiones, los impuestos o el modelo territorial. Presentar un programa que huela a coalición con Vox "le haría verse el plumero" mucho antes de que se abran las urnas, dándole alas a la izquierda para reactivar el discurso del "miedo a la ultraderecha".

La segunda razón es que desde el entorno de Feijóo se defiende una estrategia puramente pragmática. Presentar una moción sabiendo que la vas a perder es, en el manual político, un error de primero de carrera. Si el PP presenta la moción y Junts, el PNV y el resto del bloque de investidura votan en contra, Pedro Sánchez saldría del Congreso ratificado por la mayoría absoluta de la cámara. Feijóo ha repetido que una moción fallida solo serviría para "validar" o "blanquear" los escándalos del Gobierno. En lugar de debilitar a Sánchez, una votación perdida reagruparía a un bloque de investidura que hoy está notablemente fragmentado y lleno de reproches mutuos.

Para que la moción prospere, el PP necesita llegar a la cifra mágica de 176 diputados. La realidad matemática es implacable: las cuentas no salen sin meter en la misma ecuación a Vox y a Junts (o PNV). A nivel de programa, el PP podría pactar cosas con el PNV o Junts (en materia fiscal o económica son partidos conservadores), pero la presencia de Vox en el bloque de la derecha hace que los nacionalistas vascos y catalanes sospechen de cualquier movimiento. Feijóo ha sugerido alguna vez una "moción instrumental" (cuyo único punto programático fuera convocar elecciones de inmediato), pero ni Junts ni el PNV parecen dispuestos a firmar nada al lado de Santiago Abascal, ya que sus propios electorados no se lo perdonarían.

Feijóo prefiere que el Gobierno se desgaste por su propio peso y por el goteo judicial. Presentar la moción le obligaría a retratarse con un programa (donde tu argumento cobra todo el sentido) y, además, correría el riesgo de perder la votación, cohesionando a sus rivales justo cuando están más divididos. Pero con esos cálculos en Génova 13, no deberían estar utilizando los argumentos de situación muy grave, España se cae, etc, porque son en realidad una hipérbole que viene a mostrarnos el ansia de poder que hay en el PP. 

Desde el punto de vista del PSOE, si Feijóo diera el paso, obligaría a partidos que están muy distanciados o enfadados con el Gobierno (como Junts, Podemos o el PNV) a votar juntos de nuevo para frenar al PP. La izquierda leería una moción de Feijóo como un "regalo político" que les permitiría escenificar una nueva mayoría de investidura y salir con un balón de oxígeno para el resto de la legislatura.

Para la izquierda, la parálisis de Feijóo es la prueba de su debilidad ideológica. Lo ven como un líder atrapado: incapaz de armar una alternativa atractiva para el centro y los nacionalistas periféricos, dependiente del ala más dura de su partido y de Vox, y condenado a basar toda su estrategia en esperar un colapso judicial del Gobierno que no termina de materializarse en las urnas. 

 

El desgaste permanente: del “Váyase, señor González” al “el que pueda hacer, que haga”.

Luis María Ansón dijo en 1998 que, para terminar con Felipe González, “se rozó la estabilidad del propio Estado”, aunque luego matizó que no hubo una conspiración como tal y habló de una “operación de acoso y derribo”. La frase se publicó en una entrevista de Tiempo y fue recogida por varios medios; una versión anterior incluso la formulaba como “Fue necesario poner en riesgo el Estado para acabar con González”. En resumen, era una forma de decir: “vamos a minar su autoridad hasta hacerlo caer”. La expresión es polémica porque sugiere una intención deliberada de derribo, aunque quienes la usaron después insistieron en que hablaban de presión política intensa más que de una conspiración formal ¿hoy podríamos llamar a esto un golpe blando?

Es que hay frases que no solo retratan una época: la dejan marcada para siempre. “Váyase, señor González” fue una de ellas. Aznar no lanzó solo un reproche parlamentario; levantó una forma de hacer política que consistía en algo bastante más áspero: convertir al adversario en un problema moral, empujarlo al abismo de la deslegitimación y presentar su permanencia en el poder como una anomalía que había que corregir cuanto antes.

Aquello no fue un simple choque entre Gobierno y oposición. Fue la aplicación de un método. La política española descubrió entonces que no basta con disputar ideas o escaños; también se puede intentar expulsar al otro del territorio de lo aceptable. González quedó en el centro de una ofensiva que mezcló desgaste, escándalos, ruido mediático y una creciente voluntad de abatir al personaje antes que discutir al presidente. Ver hoy a González como uno más de los aplicadores de ese método es nauseabundo.

Hoy, con Pedro Sánchez, la escena ha cambiado de decorado, pero no de fondo. Ya no hace falta un gran gesto parlamentario para señalar al presidente como un obstáculo. Basta con una maquinaria continua de sospecha, una lluvia incesante de descalificaciones, la repetición hasta el agotamiento de que todo cuanto hace es calculado, torcido o ilegítimo. El método es más sofisticado, pero su intención es la misma: que el Gobierno gobierne a la defensiva, que el presidente viva cercado y que hacer política se convierta en una forma de sitio.

Aznar, con su “Váyase, señor González”, resumía una etapa en la que la oposición aún necesitaba una frase para fijar el golpe. Hoy eso ya no hace falta. El golpe es permanente. Se administra por entregas, en tertulias, titulares, redes, filtraciones y campañas donde cada episodio se presenta como definitivo. La política se ha vuelto un ruido, mejor dicho, un zumbido constante, una erosión sin descanso, una respiración artificial de la indignación.

Y en ese clima encaja también la nueva consigna, “el que pueda hacer, que haga”, que parece escrita para esta época de activismo feroz y de la paciencia escasa de un PP de Feijoo que parece sufrir un retortijón causado por toda la derecha que solo se le aliviará sentándose en la Moncloa. Es la lógica de quien asume que el poder no se disputa con serenidad sino con todo lo disponible; de quien entiende que la política, despojada ya de formas, se parece más a una carrera de resistencia que a un ejercicio de construcción. Pero esa energía, tan celebrada por algunos, tiene un precio muy alto: degrada el espacio público y convierte la acción en puro nervio.

La diferencia entre los años de González y los de Sánchez no está solo en el tono. Está en la velocidad y en la permanente disponibilidad del escándalo. Antes el desgaste necesitaba tiempo. Ahora el tiempo ya no hace falta: basta la secuencia infinita de impactos. Antes el derribo se pensaba como una operación excepcional. Hoy se ha normalizado como método de gobierno de la oposición. Y cuando la excepción se hace rutina, la política deja de ser una disputa democrática para convertirse en una industria del agotamiento.

El problema es que esa industria corrompe a todos. Al Gobierno, porque le obliga a encerrarse en sí mismo. A la oposición, porque la empuja a vivir de la demolición. Y a los ciudadanos, porque les enseña que la política no sirve para solucionar sus problemas y ordenar los conflictos, sino para avivarlo hasta que ya no quede nada en pie. Entonces, sí, queda la victoria. Pero es una victoria pobre, donde lo único que queda para compartir es la ruina.

Ese es el verdadero hilo que une el “Váyase, señor González” con la España de Sánchez: la tentación recurrente de no discutir al adversario, sino empujarlo fuera del escenario. Y cuando una democracia acepta eso como normal, ya no está discutiendo con dureza, sino que aprende a convivir con el derribo y su auto demolición. 

Un funambulista en Toledo o cuando la hipocresía cotiza al alza

Hay personajes en la política española que han hecho del equilibrismo una profesión y del cinismo político su seña de identidad. Emiliano García-Page es, sin duda, el alumno aventajado de esta disciplina. Su última ocurrencia hoy (otra más en su interminable catálogo de deslealtades a los suyos) ha sido pedir elecciones anticipadas. Un brindis al sol, una gesticulación de cara a la galería de un hombre que, en realidad, tiembla ante la sola idea de que las urnas se abran cuando toca. Teme las elecciones en su fecha; las ve demasiado pegadas a las autonómicas y pánico le da perder el sillón.

Porque no nos engañemos: la gran prioridad de Page no es Castilla-La Mancha, ni el bienestar de sus ciudadanos, ni las siglas del partido que le da de comer. Su única y obsesiva prioridad es ver caer a Pedro Sánchez de mala manera, aunque para ello tenga que incendiar su propia casa. A Page se la suda por completo que el Partido Popular llegue a la Moncloa de la mano de Vox. Le da idénticamente igual el retroceso social que eso suponga, siempre y cuando sacie su sed de venganza interna. Su lealtad empieza y termina en sí mismo; el PSOE le importa un pepino y por eso no le tiembla el pulso a la hora de ejercer de Judas cada vez que le ponen un micrófono delante.

Para mantener su feudo, el presidente castellanomanchego ha decidido mimetizarse con el adversario. Hace política de derechas, regala titulares de derechas y se fotografía sonriente en aquelarres con presidentes autonómicos de derechas con el único fin de erosionar al Gobierno central. Sabe perfectamente que en Castilla-La Mancha gana gracias al trasvase de votos del PP; solo hay que cruzar los datos de las elecciones generales con las autonómicas para entender el burdo truco de magia.

Lo que Page calla con amnesia deliberada es su propio pasado. Olvida que fue el primero en pactar con Podemos para poder amarrar la Junta de Comunidades, tras haberlo negado mil veces e insultado a la formación morada de forma sistemática. Una vez que usó sus votos para coronarse, los ninguneó y los desechó. Ese es el verdadero Page: el que demoniza los pactos ajenos mientras esconde bajo la alfombra los suyos propios.

Mientras él se dedica a pontificar en tertulias y a jugar a ser el guardián de las esencias patrias, Castilla-La Mancha hace aguas por todos lados. La región languidece en una parálisis absoluta, carente de cualquier tipo de iniciativa o proyecto de futuro. Su única política real consiste en sujetar los baches con parches invisibles, apuntalar el edificio para que no se note que se está cayendo a pedazos y aguantar el tirón justo hasta las próximas elecciones.

El problema de Page es el pánico al destierro. No se ha bajado de un coche oficial desde hace demasiados años, y la idea de volver a la llanura de los mortales, despojado de los privilegios del poder, es su peor pesadilla. Si de verdad se cree el poseedor de la "única verdad" y el salvador del socialismo, lo tiene muy fácil: que deje el partido. O mejor aún, que promueva un congreso extraordinario en el PSOE para medir, de una vez por todas de cara y sin emboscadas mediáticas, con qué apoyos reales cuenta entre sus compañeros de filas.

Pero no lo hará. Es mucho más cómodo seguir cobrando del carné socialista mientras se le hace el trabajo sucio a la oposición desde el confort de Fuensalida. Seguirá siendo el barón díscolo, el crítico de salón, el hombre que vende a los suyos por un titular mientras su comunidad se hunde en la desidia. Al final, la historia no recordará a Page como un estadista, sino como un oportunista aferrado al coche oficial.

Entre el shock y la ofensiva política

La noticia ha caído como un misil en el tablero político, dejando a las filas de la izquierda en un estado de estupefacción difícil de disimular. El auto judicial que señala al expresidente Zapatero por presunta corrupción abre un escenario tan inédito como perturbador. Ante la gravedad de las acusaciones, la primera reacción colectiva oscila entre el desconcierto y la cautela; apelar a la presunción de inocencia no es ya un formalismo legal, sino un clavo ardiendo al que agarrarse mientras se espera desesperadamente que el expresidente pueda defenderse públicamente y desmontar lo que muchos se resisten a creer.

Sin embargo, para entender el calado de este movimiento es imposible aislarlo del contexto en el que se produce. No estamos ante un hecho aislado, sino ante lo que parece el enésimo capítulo de una ofensiva judicial impregnada de una evidente ideología reaccionaria, una deriva que juristas de la talla del magistrado Martín Pallín llevan tiempo denunciando con lucidez meridiana. Es el síntoma de una justicia que, con demasiada frecuencia, parece inclinar su balanza según el carné político del investigado.

El doble rasero es tan flagrante que resulta una obscenidad. Asistimos a una velocidad de crucero y a un despliegue de filtraciones masivas cuando se trata de hostigar a figuras de la izquierda o a los entornos de la Moncloa (desde Podemos y Mónica Oltra hasta los casos más recientes). En contraste, esa misma maquinaria judicial parece adormecerse, perder el rastro o decretar el archivo exprés cuando los papeles apuntan a las siglas "M. Rajoy", a los contratos del aznarismo, o a los desmanes de la derecha madrileña.

Para colmo de sospechas, el origen de la información que activa este tsunami contra Zapatero no es doméstico: proviene directamente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). No es ningún secreto el profundo malestar que la política internacional de Pedro Sánchez, especialmente su firme postura ante la barbarie en Gaza, genera en ciertos sectores de la administración norteamericana y en el trumpismo emergente. Utilizar informes kilométricos cocinados al otro lado del Atlántico para dinamitar la estabilidad política española es una jugada maestra que la oposición doméstica no ha tardado en aprovechar.

El Partido Popular y Vox, incapaces de construir una alternativa constructiva o de articular mayorías parlamentarias reales, han encontrado en esta "brutalidad judicial" su mejor bombona de oxígeno. No les importa el rigor ni la verdad material; les basta la espectacularidad del fango para intentar desgastar al Gobierno por asfixia.

Se retrasa la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio. Nos encontramos, por tanto, en un compás de espera dramático. Mientras los datos se aclaran, queda una certeza incómoda: cuando la judicatura se convierte en el principal actor de la oposición y las garantías democráticas se supeditan a una agenda política, lo que se tambalea no es solo un Gobierno o un partido, sino la credibilidad misma del sistema. Cabe esperar, por el bien de todos, que la verdad penal termine imponiéndose a la cacería política. 

El indecente negocio de las agendas presidenciales

La Moncloa parece no ser solo la residencia del presidente del Gobierno; para algunos, parece haberse convertido en la mejor oficina de captación de clientes de su vida. La imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, aún no demostrada, no es un hecho aislado ni una simple tormenta judicial. Es la enésima bofetada de realidad que destapa una verdad incómoda: en España, haber dirigido los destinos de la nación es el salvoconducto perfecto para hacerse millonario en el sector privado vendiendo influencias a precio de oro.

El ciudadano de a pie asiste estupefacto a un agravio comparativo flagrante. El estatuto actual de los expresidentes que no es otra cosa que un blindaje legal redactado en los años 80 y 90 a la medida del bipartidismo, garantiza un retiro de auténtico lujo con dinero público. Casi 80.000 euros de sueldo vitalicio, secretarios con sueldos del máximo nivel administrativo puestos a dedo, oficinas pagadas, coches oficiales, chóferes, escoltas y viajes gratis en transportes del Estado. Nos dicen que es para "preservar la dignidad del cargo". Sin embargo, resulta obsceno que los mismos que reciben este generoso escudo pagado por los contribuyentes no tengan el menor reparo ético en compatibilizarlo con el lobbismo más descarado.

Cuando se rasca en las cifras del sector privado, la "dignidad del cargo" se traduce en un negocio astronómico. La opulencia de los consejos de administración y los contratos de asesoría dibuja un mapa de enriquecimiento que sonroja a cualquiera. 

Empecemos por Felipe González no se queda atrás en el arte de rentabilizar el pasado. Cobró 126.000 euros anuales brutos durante años como consejero de Gas Natural Fenosa hasta que la presión pública le obligó a dejarlo en 2015. Lejos de retirarse a su paga del Estado, volvió a la carga fichando como consejero en Boluda Towage, la filial de remolcadores del multimillonario Vicente Boluda. González ostenta además el récord de ser el primer expresidente en acumular más de 2 millones de euros únicamente procedentes de la asignación vitalicia del Estado que él mismo legisló en 1992.

José María Aznar quien ha convertido su salida de la política en una multinacional de la influencia. Como consejero independiente de News Corp (el gigantesco conglomerado mediático del magnate Rupert Murdoch), ha acumulado más de 4 millones de euros desde su fichaje en 2006, registrando picos anuales que superan los 341.000 dólares. A esto se le suma un sueldo estimado en 200.000 euros anuales como asesor de Endesa, esa eléctrica privatizada, casualmente, bajo su propio mandato (algo no investigable), además de sus lucrativos vínculos con firmas como la tabaquera Philip Morris o el mega-bufete Latham & Watkins.

M. Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad a su plaza en Santa Pola (Alicante), pero después de pasó a la mejor de Madrid, y quizás de España, ganando lo que no está en los papeles.

No sé cómo lo veréis los lectores, pero me parece que es una desfachatez democrática cobrar una pensión vitalicia del Estado mientras se utiliza el prestigio y los secretos de ese mismo Estado para engordar cuentas corrientes privadas.

O se le mete mano a este despropósito legislativo o lo que surgirá con los siguientes expresidentes será similar a lo relatado. Se necesita más que una propuesta política, una exigencia de higiene básica. La iniciativa la ha tomado Sumar donde pensamos que no se puede tolerar ni un minuto más que un expresidente comercie con la agenda de contactos que construyó mientras le pagábamos el sueldo. Si deciden convertirse en comisionistas o conseguidores de las multinacionales, que tengan la decencia de renunciar, desde el primer minuto, a cada euro, coche y secretario que les pagamos los ciudadanos.

En 2004 se creó la vía del Consejo de Estado: un retiro institucional digno, con un sueldo de 100.000 euros anuales, pero estrictamente incompatible con el sector privado. Que figuras como Aznar o González le dieran la espalda a este órgano consultivo para priorizar los cheques de las energéticas y los magnates extranjeros retrata a la perfección dónde reside su lealtad al Estado.

El verdadero termómetro de este despropósito está en el profundo hastío de los ciudadanos. Mientras el trabajador medio pelea por subidas salariales miserables, asiste con impotencia a un estatuto que blinda privilegios obscenos, como colocar a dedo a personal con el máximo nivel funcionarial. Incluso la aparente ejemplaridad del regreso de Mariano Rajoy queda bajo sospecha al haber obtenido un traslado exprés a la plaza más lucrativa de Madrid. Al final, la calle lo tiene claro: hay una oligarquía económica dispuesta a pagar lo que sea por comprar la agenda de un expresidente para seguir engordando sus cuentas.

Por supuesto, que el debate no es ajeno a la guerra de trincheras. Existen serias advertencias sobre el peligro de que la derecha instrumentalice judicialmente el caso de Zapatero para desestabilizar a la izquierda. Sin embargo, más allá de los recelos sobre el uso partidista de los tribunales o las viejas rencillas internas del socialismo, la conclusión de los ciudadanos no cambia: sea legal o no, esta falta de límites es éticamente insostenible. La reforma ya no es una opción de partido, sino la única vía para evitar que el prestigio del Estado siga en venta.

La alta política no puede seguir siendo una inversión a plazo fijo para forrarse en diferido. Regular y prohibir las actividades de lobby de nuestros exlíderes no es revanchismo; es defender la dignidad de las instituciones frente a quienes confunden el honor de haber servido a su país con una vulgar agencia de intermediación lucrativa. Ya basta de financiar los despachos de los mercaderes de la Moncloa.

La ofensiva judicial y las deudas pendientes de la izquierda en España

El análisis de la coyuntura política española actual exige un ejercicio de lucidez que evite caer en el reduccionismo o en la simple ingenuidad. Frente al actual escenario político-judicial, es obligatorio aplicar una máxima: que los árboles de las causas particulares no nos impidan ver el bosque del diseño estructural. 

Asistimos a un panorama donde las actuaciones judiciales parecen seguir un patrón sistemático establecido, un engranaje donde las piezas van cayendo de forma milimétrica. Ayer fue el acoso a la militancia de base, luego los entornos familiares, hoy es la imputación de Zapatero, y mañana el objetivo será Sánchez, Rufián o cualquiera que ose alterar el statu quo. Estamos ante una ofensiva de corte institucional, un sutil "golpe de Estado" operado desde determinados sectores de la judicatura y las cloacas policiales que, emulando la tristemente célebre consigna derechista del “¡Palante!”, busca subvertir los resultados de las urnas por la vía del desgaste asimétrico.

Con independencia a que puedan existir motivos para la investigación, este despliegue extiende una alfombra de dudas legítimas sobre la neutralidad de los tiempos del aparato judicial. No es casualidad que los mismos sectores mediáticos y tribunales que hoy muestran una celeridad quirúrgica para imputar, bloquear cuentas y airear indicios contra figuras del espectro progresista, mantengan adormecidos o directamente desactiven con paciencia y malas artes los casos más flagrantes de la derecha nacional. Mientras el juicio de la trama Kitchen sufre oportunas desconexiones o el novio de la presidenta madrileña ve cómo sus causas se dilatan sin prisa alguna, la maquinaria se vuelca en sobredimensionar la facturación de una pyme de marketing de las hijas de Zapatero o en calificar de "estructura criminal" lo que en la derecha tradicional siempre se ha catalogado y protegido bajo el eufemismo de "lobby licito". 

Difícil en esta trama asimétrica resulta calificar, el hecho de que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid puede jactarse de poseer información privilegiada bajo secreto de sumario mientras el ex fiscal general del Estado es perseguido penalmente por desmentir un bulo de la derecha. Existe, a todas luces, una quiebra en la credibilidad de la justicia española: el "Partido Judicial", ese poder que no se presenta a las elecciones pero que actúa como una tasca de tercera desde instituciones secuestradas como el Senado, ha decidido jugar abiertamente a la política.

"Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista..." El famoso poema del pastor Martin Niemöller resuena hoy con una fuerza devastadora en las filas de la socialdemocracia española. El gran pecado original del PSOE ha sido su tremenda tibieza ideológica, su ingenuidad juvenil o, peor aún, su dejadez egoísta. Durante siete años, el aparato del PSOE miró hacia otro lado, cuando no participó activamente, en las campañas de deshumanización judicial y mediática contra Podemos o contra las fuerzas independentistas. El partido dinástico y sistémico creyó que sus siglas y su sumisión a los pactos de la Transición lo hacían inmune al lodo. 

Validaron el relato de las cloacas sobre la financiación de Venezuela cuando afectaba a su izquierda; aplaudieron los vetos del PP a jueces progresistas e íntegros como Garzón o de Prada; y pactaron la renovación de órganos judiciales aceptando las reglas de juego de la derecha. Hoy, que la pinza judicial-mediática se cierra sobre ellos, descubren con zozobra que para el fascismo sociológico no hay matices: ahora el PSOE es el enemigo que batir. De aquellos polvos, estos lodos, y el PSOE está tomando hoy una cucharadita de su propia inacción; descubren tarde que la guerra sucia no respeta códigos de caballerosidad.

Frente a esta crisis de régimen, la izquierda española se fragmenta en dos respuestas psicológicas y operativas bien diferenciadas dentro de la esfera pública: mientras unos plantea como diagnostico que nos llega la pérdida de derechos sociales si gobierna la coalición PP-Vox y que existe un temor a un retroceso "hacia la Edad Media ideológica"; otros solo ven la desmitificación de Zapatero y Sánchez como "faros" éticos, y muestran su lógico rechazo a los negocios y asesorías internacionales tras dejar la Moncloa.

También se diverge en las propuestas para hacer frente a lo que está ocurriendo. Unos abogan por salir a las calles en defensa de la democracia o por crear plataformas ciudadanas, sindicatos de izquierda o recurrir al crowdfunding para denunciar judicialmente al PP; mientras otros proponen un llamado a votar ideas y no a líderes. Esa diferencia en diagnóstico y acciones los lleva a distintas conclusiones: los primeros afirman "Estamos perdiendo la guerra frente a un enemigo más fuerte y malvado; España se convertirá en una dictadura disfrazada". Mientras otros concluyen "No olvidamos el artículo 135 ni las contrarreformas económicas. Quien se acuesta con el capitalismo de influencia, amanece manchado".

Y por si éramos pocos, parió la abuela, porque no podemos aislar esta ofensiva judicial de los hilos invisibles de la geopolítica. La irrupción de informes de agencias estadounidenses desclasificados convenientemente tras los cambios de administración en Washington, sumado a los gestos públicos del embajador norteamericano recibiendo al líder de Vox, Santiago Abascal, evidencian que el pulgar de los poderes fácticos globales se ha inclinado hacia abajo. No es una casualidad; es una operación de manual.

Ante este panorama, la respuesta de la izquierda alternativa al PSOE no puede ser ni el repliegue melancólico ni la violencia callejera que algunos, desde la frustración de la edad o el odio ultra, amenazan con resucitar. Nuestra única fuerza real y democrática radica en el voto consciente y la reflexión profunda. No se trata de blindar a líderes que, al fin y al cabo, resultan ser piezas intercambiables de ese tablero de por sí corrupto. Lo que verdaderamente importa (el trabajo digno, la sanidad pública, el acceso a la vivienda y la educación) es lo que está en juego de cara a las próximas elecciones de 2027. La única acción posible es defender las ideas. 

Si la izquierda no es capaz de articular una plataforma ciudadana sólida, cohesionada y desprovista de mitomanías personales para frenar este golpe de Estado blando, el retroceso en derechos sociales no tendrá precedentes. Incluso el crecimiento económico actual se privatizará para que ese 3% realmente se gobierne desde los Consejos de Administración, mientras que la clase trabajadora tendrá que dar las gracias si tiene un techo donde dormir y comida que llevarse a la boca. 

La balsa de piedra de Saramago está a la deriva, y solo la organización popular podrá evitar que naufrague de nuevo en las orillas de los vencedores de 1936.

El laberinto de Zapatero y García Page.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo, es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa. 

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario, ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las "viejas glorias" como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.  

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está  dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: "Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea." Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir. 

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida, obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir, entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: Alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.

 

A vueltas con la qué está cayendo

 Portales como Vozpópuli y otros medios, apuntan a que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaría acelerando preparativos para un posible proceso penal contra Zapatero, relacionándole con redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles, y alegando presuntos pagos y operaciones financieras con dinero de PDVSA.

Voces políticas y periodísticas en España y EE.UU. hablan de que la administración Trump podría recurrir a sanciones, revocación de visado y, en última instancia, a una orden internacional de arresto si Zapatero no coopera, aunque eso todavía no se ha materializado en un caso público cerrado.

No hay una prueba pública y concluyente de que Trump encienda una investigación exclusivamente a través de Delcy Rodríguez; lo que sí hay son informaciones que sitúan a Zapatero en el radar judicial de EE.UU. y que subrayan que la Casa Blanca podría obrar con independencia del chavismo tradicional, aunque las presiones directas e indirectas sobre actores como Delcy Rodríguez formen parte de la estrategia política y mediática.

Pocos dudamos de la existencia en España de una asimetría judicial. La rapidez e intensidad con la que se investiga o imputa a figuras de la izquierda con la supuesta impunidad o lentitud con la que se tratan los casos de corrupción vinculados a la derecha (PP, a Aznar o a Rajoy).

Este caso de Zapatero tiene como precedente la reciente situación del Fiscal General del Estado. El camino para condenar o imputar sin pruebas concluyentes ya se abrió con ese proceso, lo que genera temor a que cualquier cargo de izquierdas pueda ser investigado.

Merece un reproche el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su pasividad. No tomó medidas contundentes en el pasado, como la reforma del poder judicial o la derogación total de la "Ley Mordaza", lo que ha terminado por "envalentonar" a los sectores judiciales y policiales más conservadores.

El asunto es grave y no debe despacharse como un mero trámite rutinario. Es lícito y necesario exigir transparencia para aclarar el destino de los fondos públicos, independientemente de las siglas políticas.

Pero la hipérbole del PP y sus secuaces, dando por condenado al expresidente sin conocer aún el auto completo y sin existir condena es impropio de un partido de Estado y propio de barra de bar.

Por último, que el PP haya anunciado con antelación esta investigación a Zapatero, debería ser motivo suficiente para que el poder judicial investigara quien o quienes son los que filtran al PP las resoluciones judiciales antes de que se produzcan, por ya son varios los casos en los que ese adelanto de la información se ha producido.

Intentando aclarar lo que hasta hoy sabemos sobre la investigación a Zapatero

 Vaya por delante que no soy jurista, y defiendo siempre "que quién la haya hecho que la pague". Pero dicho lo anterior, no se puede olvidar: primero, lo que significa presunción de inocencia y segundo, que no es el imputado quien debe demostrar su inocencia sino la acusación su culpabilidad.

Pero lo que está documentado en lo disponible, es un relato periodístico del propio auto y de autos previos/relacionados, pero no el texto íntegro del resolución.  Sabemos que varias imputaciones parecen apoyarse en inferencias amplias, en indicios indirectos y en supuestas conexiones personales más que en actos concretos individualizados y acreditados.

Atribuir a una persona ser el jefe de una organización criminal exige algo más que ser alguien con notoriedad, con contactos o por su capacidad de interlocución; hacen falta actos de dirección, coordinación o dominio concretos para afirmar esa jefatura. El punto débil, por lo que se ha publicado, es que el salto desde “tiene contactos” a “lidera una trama” parece, en gran medida, deducciones del instructor.

Si el auto usa un conjunto amplio de relaciones, operaciones y entornos empresariales para ir buscando qué pudo ser delictivo, se está convirtiendo el proceso penal en una expedición de pesca. La propia jurisprudencia previa sobre querellas contra Zapatero había rechazado ese tipo de construcciones por falta de hechos concretos y por basarse en conjeturas o recortes de prensa. Ahora parece que eso si es posible hacerlo.

Acusaciones como “tráfico de influencias”, “organización criminal” o “blanqueo” no se sostienen solo con sospechas generales; se necesitan hechos concretos, fechas, nombres de quienes intervienen, actos de influencia y relación causal con una resolución concreta. En lo publicado, el foco se pone en la supuesta capacidad de acceso del expresidente, pero no en actos concretos y descritos.

Transferencias a familiares, cancelaciones de préstamos o adquisiciones patrimoniales pueden ser relevantes, pero por sí solas no prueban un delito, para hacerlo se debe disponer de una trazabilidad sólida que demuestre que ha existido una ventaja ilícita concreta. Se puede estar confundiendo un indicio financiero con la demostración del origen delictivo del dinero. Cuando un auto presenta a una persona como “vértice”, “líder” o “centro neurálgico” de una trama, esas calificaciones tienen fuerza retórica, pero deben esta basadas en hechos contrastables, porque si no, se corre el riesgo de anticipar una conclusión antes de exponer los indicios en los que se soporten. 

Según lo publicado, en el auto aparece la citación de Zapatero como investigado por presuntos delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental; la referencia al rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros; y la mención a supuestas redes de intermediación y contactos con autoridades en España y Venezuela. Pero también está documentado que en resoluciones anteriores sobre querellas contra Zapatero la Audiencia Nacional consideró insuficientes las acusaciones basadas en suposiciones, deducciones infundadas o falta de dato objetivo, lo que hace que con las pruebas se deba ser especialmente exigente.

Una imputación seria puede fundarse en indicios, pero no en acumulación de sospechas. Si el auto no separa con nitidez qué hechos son propios del expresidente, cuáles son actos de terceros y cuáles son meras relaciones personales o políticas, la solidez de estas acusaciones es muy cuestionable. Con lo que está públicamente documentado, el paso desde el contexto, contactos y operaciones societarias hacia la imputación penal directa de Zapatero no está documentado.

Repito, NO SOY JURISTA. Ver menos

 

La información disponible hoy muestra tres líneas distintas:

 En el sistema procesal español, la imputación entra en juego cuando el juez, una vez valorados indicios racionales, decide que una persona puede ser responsable de un delito y le reconoce la condición de “investigado” o “imputado”, con sus derechos (letrado, confesión o no, etc.).  

En muchos casos, el juez cita previamente a la persona para tomarle declaración como investigado y, tras ello, formaliza la imputación o bien archiva la pieza; pero en otros supuestos, el juez puede ya considerar suficientes los indicios y acordar la imputación sin haberle oído antes, siempre que medie una motivación razonada. 

La pregunta es si en decidir una vía y otra influye la militancia política en la derecha o en la izquierda.

Pero no seáis malpensados y deis por hecho que la imputación de Zapatero en este momento es porque los audios que se están escuchando hoy en el juicio de la Kitchen, que prueban sin atisbo de duda que Rajoy era el cabecilla de las cloacas, desmontan la estrategia pepera para asaltar la Moncloa.

sobre Zapatero, hay una querella ampliada por Hazte Oír y también diligencias abiertas por la Audiencia Nacional, pero eso son investigaciones, no una condena. 

Sobre Rajoy, sí hay cobertura de prensa sobre su relación con la justicia y sobre asuntos vinculados a corrupción y a la “Operación Cataluña”, pero no puedo afirmar que “la justicia no sepa quién es M. Rajoy” porque eso sería una acusación sin base verificable. 

Sobre Aznar y el 11-M, existe un debate político e histórico muy cargado: hubo una comisión parlamentaria que vinculó la gestión del Gobierno con la guerra de Irak, y también voces actuales que sostienen que la guerra de Irak tuvo un papel decisivo en el clima que rodeó el 11-M

Lo que indigna no es solo la lentitud de la justicia, sino su aparente capacidad para mirar con lupa a unos y con niebla a otros. España no puede seguir funcionando con una vara distinta para cada poder, cada sigla y cada apellido. 

Si hubo responsabilidad en Zapatero, Rajoy o Aznar, que se pruebe con hechos; pero si el sistema solo actúa a medias, entonces el problema no es un caso concreto: es la credibilidad misma de la justicia 

Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

 El código postal del riñón: La voluntad política frente a la estadística

“Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética”

— Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

Antonio  González Cabrera

Antonio González Cabrera

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

Andalucía a primera vista.

El PSOE resiste mejor de lo que parecía, pero ya no actúa como partido hegemónico.

A su izquierda, la fragmentación y la competencia interna han reducido mucho la capacidad de movilización. Eso deja un espacio progresista más pequeño, menos cohesionado y con poca capacidad de disputar la agenda al centro-derecha.

La clave política es que el PP, pese a perder la mayoría absoluta,  ha sabido presentarse como opción de estabilidad y moderación, captando incluso parte del voto útil, mientras la izquierda ha quedado asociada a división y desgaste. 

En términos estratégicos, Andalucía confirma que sin unidad, perfil social claro y arraigo territorial, la izquierda lo tiene muy difícil para volver a competir por el gobierno.

Las elecciones andaluzas suponen una advertencia clara para el conjunto del mapa político y, especialmente, para Castilla-La Mancha. La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular rompe el relato de hegemonía conservadora y demuestra que el ciclo de concentración del voto en la derecha tiene límites claros. Ni siquiera en escenarios favorables el electorado está dispuesto a otorgar cheques en blanco, lo que abre un nuevo tiempo de mayor competencia y disputa política.

En paralelo, se confirma una tendencia de fondo: el espacio a la izquierda del PSOE no solo resiste, sino que se ensancha. A pesar de las dificultades y la fragmentación, existe una base social que demanda políticas más ambiciosas y que no se siente plenamente representada por el socialismo tradicional. Este crecimiento convive, además, con el avance de fuerzas regionalistas que están sabiendo canalizar el descontento y las demandas territoriales, consolidándose como actores cada vez más decisivos.

En este contexto, Sumar demuestra capacidad de resistencia y de arraigo, manteniendo su representación en condiciones adversas. No es un dato menor: indica que hay un electorado que sigue apostando por una alternativa progresista transformadora, incluso en escenarios de alta presión política y mediática.

Desde Castilla-La Mancha, estas elecciones obligan a una lectura sin complacencias. El tablero político se está moviendo, el electorado es cada vez más exigente y fragmentado, y ya no basta con apelar a inercias pasadas. Quien no entienda que el espacio progresista es hoy más plural, más competitivo y más exigente, corre el riesgo de quedarse atrás

Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

 Andalucía y el espejismo de las soluciones sencillas: Una reflexión ante las urnas.

Las campañas electorales suelen llenarse de eslóganes pegadizos, pero cuando derecha y extrema derecha aterrizan en el debate político andaluz, sus estrategias van un paso más allá. Lo hemos visto en los  debates televisados: usan una receta basada en respuestas simples para problemas que, en una tierra tan compleja y rica como Andalucía, son profundamente estructurales.

El peligro de discursos del tipo "no pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada" es que intentan anestesiar el espíritu crítico de una comunidad que históricamente ha conquistado sus derechos a base de moverse, alzar la voz y exigir su lugar. Cambiar el debate analítico por el dogma simplista no soluciona el desempleo juvenil, ni mejora la sanidad pública, ni la educación, ni resuelve la escasez de agua en el campo; solo camufla la falta de un proyecto real bajo una capa de falsa seguridad.

Por otro lado, vivimos tiempos en los que existe un riesgo alarmante de romanticismo histórico. Cuando se vacía de contenido la memoria y se apela a la nostalgia de un pasado supuestamente "ordenado y sencillo", se está construyendo una trampa para las generaciones más jóvenes. El franquismo no fue un parque temático de orden y paz social; fue una época de censura, a la que siguió un post franquismo de exilio forzado para miles de andaluces que tuvimos que dejar nuestra tierra para buscarnos la vida, y de un centralismo que ahogaba la identidad y la autonomía de Andalucía.

Votar en Andalucía exige mirar de frente la realidad, no comprar espejismos del pasado ni propuestas de una estabilidad basada en no hacer nada para no molestar al votante como proclama el candidato actual presidente, convencido de que no haciendo nada no se cometen errores. Quien promete un orden sencillo a cambio de silenciar la diversidad, de recortar libertades, de negar los avances sociales, o de gobernar con sonrisas, no busca proteger a los andaluces: busca que sean ciudadanos sumisos. 

La verdadera fortaleza de Andalucía siempre ha residido en su capacidad para avanzar sin tutelas, con memoria y con la libertad de pensar por sí misma. 

Antes de depositar tu papeleta, conviene que recuerdes que la complejidad de la democracia siempre será preferible al silencio de quienes añoran el control.

Te deseo una buena reflexión.

La política rural europea: No es eficiencia administrativa sino ceguera urbana.

Hace unos días hemos asistido a la conmemoración del Día de Europa. Revisar la hemeroteca sobre esa fecha, es una manera de comprobar que es un acto que suele llenarse de discursos sobre la cohesión, la solidaridad y esa "unión de intereses" que soñó Robert Schuman. Sin embargo, tras los muros de cristal de Bruselas, se está gestando una traición a la Europa de los ciudadanos. El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 no es solo un documento presupuestario; es el certificado de defunción de la inteligencia territorial especialmente de los territorios rurales si nadie lo detiene.

Bajo el atractivo paraguas de la "simplificación", la Comisión Europea pretende centralizar la gestión de los fondos a través de los llamados NRP Plans (Planes de Asociación Nacionales). La intención declarada es la eficiencia, emulando el modelo de los fondos NextGenerationEU, pero no nos engañemos: lo que para un burócrata en una capital es un "hito de cumplimiento", para un habitante de la Sierra de Alcaraz , Segura, o Manchuela esto acaba siendo una barrera infranqueable.

Durante más de treinta años, el método LEADER ha sido el único pulmón de democracia participativa en el medio rural. Ha permitido que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) españoles decidan su propio destino de abajo hacia arriba. En regiones como Castilla La Mancha esto se ha traducido en miles de empleos y en el sostenimiento de proyectos que van desde la biotecnología aplicada al campo, hasta la internacionalización de la artesanía local.

Pero detrás de ese éxito de LEADER no está solo el frío ingreso de una subvención, sino unos equipos técnicos que han sabido acercar la administración a los ciudadanos de los territorios rurales. Esos profesionales que no han actuado solo como  simples administrativos, sino que han sido verdaderos dinamizadores, facilitadores o traductores para interpretar los complicados reglamentos europeos y  han acompañado a los emprendedores para enfrentarse a la brecha digital. 

Al centralizar la gestión en Madrid o Bruselas, la Comisión está diciendo que este capital humano ya lo consideran prescindible, lo que viene a sumarse a la ya asunción por las CCAA de la mayoría de las funciones y gestión de esos fondos. Consciente o inconscientemente se está despidiendo a los únicos embajadores reales que tiene la Unión Europea sobre el terreno.

El nuevo modelo que se pretende implantar es el de "pago por desempeño", algo que seguro que funciona bien  para  digitalizar una Consejería o construir una carretera, pero no solo carece de validez para el desarrollo rural, sino que es letal para esta política. La resiliencia comunitaria y el fortalecimiento del tejido social no se pueden medir con los mismos indicadores y criterios que se hace con la ejecución de una obra civil.

Hay un riesgo real de agrarizar absolutamente todos estos fondos, al haberse  fusionado  los de cohesión y los de agricultura en un "megafondo" centralizado. El desarrollo rural dejará de ser una política territorial para convertirse en un micro  apéndice de la ayuda a la renta agraria. Haciendo esto se está ignorando que un pueblo para permanecer vivo necesita mucho más que agricultura: necesita servicios, turismo, cultura y, sobre todo, algo que hasta los alcaldes deberían salir a reclamar: autonomía.

Llegados a este punto, hace falta que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Esto es un proceso de centralización, una  deriva recentralizadora, que se disfraza como un intento de optimizar los recursos públicos. Pero no se engañen, si quisieran eficiencia, reforzarían los costes simplificados y eliminarían la asfixia burocrática que ya sufren los Grupos de Desarrollo Rural, pero manteniendo su autonomía.

La realidad es mucho más cruel y decepcionante: en Bruselas simplemente no tienen ni idea de cómo funciona la vida en los territorios rurales. Confunden la cercanía con ineficiencia y la participación ciudadana con ruido administrativo. Creen que el medio rural se puede gestionar mediante hojas de cálculo y reformas macroeconómicas pactadas en despachos donde nunca se ha pisado el barro de las zonas rurales. 

La Unión Europea está alejando el poder de decisión de los pueblos, y con ello no solo está perdiendo su eficiencia; está perdiendo su alma. La defensa de los territorios rurales no se negocia, y si lo hacen, es porque no se han dado cuenta en los despachos de la capital europea, que si el futuro de Europa no es rural, sencillamente no es futuro. 

MALA GENTE

Visto desde fuera, estoy convencido de que consume más neuronas explicarse por qué la consejera afirma que la ministra “se licuaba mirando al médico de la OMS”, que entender el brote de hantavirus. 

Lo que parece claro es que cuando una mujer ocupa un cargo serio, siempre hay quien encuentra un modo de rebajarla a líquido.  Mucho más penoso cuando además es otra mujer la que lo hace.

El machismo ya no pega bofetadas, se conforma con decir que una ministra se funde ante un hombre y luego se asombra de que alguien le diga “machito”. 

No es que Ayuso se ponga una vez más a la defensiva, es que su entorno político se coloca, sin miedo, justo en el instante donde el discurso se vuelve pegajoso: el lugar exacto donde la crítica política se transforma en picardía barata y el discurso de poder se siente cómodo con un mal chiste sobre un adversario.

Para actuar así hay algo imprecindible: ser mala gente.

OPINAR SIN INFORMARSE A FONDO

Hay un fenómeno muy visible y bastante preocupante porque afecta directamente a la calidad democrática. Es como la expansión de las redes sociales ha reducido enormemente los costes de opinar, y eso es positivo, pero también ha debilitado la necesidad de informarse con rigor antes de hacerlo.

Hoy mucha gente construye sus opiniones a partir de titulares, memes, vídeos cortos o mensajes virales que apelan más a las emociones que al análisis. Esto encaja bien con la lógica de priorizar el contenido que genera reacción inmediata (indignación, miedo, euforia) frente al que exige reflexión. 

El problema no es solo la desinformación en sí, sino que se normaliza opinar con seguridad sobre cuestiones complejas sin haber contrastado fuentes ni entendido el contexto. Esto no es únicamente responsabilidad individual. Y el resultado es una esfera pública más fragmentada, donde el debate se degrada y las decisiones colectivas se apoyan en percepciones distorsionadas. El derecho a opinar no puede convertirse en una coartada para vaciar de contenido el debate democrático.

Un ejemplo claro sería cuando se difunden bulos sobre políticas públicas (como ayudas sociales o migración) que generan indignación inmediata, pero que al verificarse resultan ser falsos o manipulados. Aun así, el impacto emocional ya ha condicionado la opinión de miles de personas. No se trata de “la gente no sabe”, sino de reforzar la educación crítica y mediática, de defender medios públicos y periodismo de calidad, de exigir transparencia a las plataformas digitales, y de  fomentar una cultura política donde informarse sea parte del compromiso ciudadano.

Sin una ciudadanía informada, la democracia se vuelve mucho más manipulable. 

Hellín: de riñones, distancias y entelequias administrativas

“Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras”

A uno, que ya tiene una edad en el cuerpo, le ha dado por investigar el asunto de la diálisis en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Tras indagar en los mentideros locales, he logrado contactar con un miembro de la asociación ADERHE (Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz). El buen hombre, que prefiere mantenerse en ese anonimato tan propio de quien teme que su franqueza le acarree más males que sus dolencias, me confiesa que se sienten ignorados. Me habla a título personal, claro está, como si la enfermedad fuera un asunto privado y no un problema colectivo.

Digo yo que la salud pública no debería medirse con un cuentakilómetros, sino con los derechos de los ciudadanos en la mano. Sin embargo, en la comarca de Hellín han decidido que la geografía sea el destino. Mientras las instituciones en Toledo aprueban mociones por unanimidad, con ese entusiasmo parlamentario que tan bien queda en las actas, la realidad en el hospital sigue empantanada en informes de idoneidad.

Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras que parecen diseñadas por alguien con mucha afición a las curvas de montaña. El objetivo: llegar a Albacete o, si no a Murcia. Si se compara esto con Ciudad Real, que tiene tres unidades, la gente se enfada, porque piensan que alguien ha decidido abonarlos a la escasez.

Luego, parece una broma que el 21 de enero de 2026 se vuelva a confirmar por unanimidad en la Diputación Provincial la creación de este centro de diálisis para los vecinos de la región, pero luego tampoco ese acuerdo se haya transformado en resultados. También los pacientes renales de la región representados por ALCER y ADERHE tuvieron una reunión el 27 de enero en Albacete con delegados provinciales.

El consejero de Sanidad acudió a Hellín unos días más tarde, el 2 de febrero, pero en lugar de quedar con la asociación, hizo una declaración en televisión Hellín, en la que alega que la no apertura se debe a la “seguridad clínica” y a la ausencia de especialistas y a la vez sostiene que no hay evidencia científica para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Mientras para otra especialidad, Urología, sí se piensa en que los pacientes no tengan que desplazarse para recibir tratamiento, demostrando que el bienestar del paciente no tiene por qué ser estadísticamente relevante.

Desde el Servicio de Nefrología de Albacete se defiende el trabajo realizado, negando cualquier discriminación y achacando las carencias a la falta crónica de profesionales en el sector. Es comprensible la indignación de los sanitarios que asumen sobrecargas de trabajo, pero su “mano tendida” no alivia el cansancio crónico del paciente que llega a su consulta tras dos horas de viaje.

La cuestión no es solo de inversión o de obra, puesto que el propio consejero reconoce que eso no sería problema, sino de prioridades asistenciales. Si el Hospital de Hellín tiene capacidad técnica y humana, como defienden algunos sectores políticos, y existe un mandato parlamentario claro, la demora deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una falta de equidad sanitaria.

La salud de los ciudadanos de Hellín y de las Sierras de Segura y Alcaraz no puede ser moneda de cambio en un debate de cifras y ratios de eficiencia. Cuando los pacientes recurren al Defensor del Pueblo o a la Alta Inspección Sanitaria del Estado, es porque el sistema regional les ha fallado en su promesa de proximidad.

El “calvario caro y doloroso” de pacientes que recorren 150 kilómetros tres veces por semana para una diálisis

Equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y Hellín necesita, por dignidad y por supervivencia, que la hemodiálisis deje de ser una promesa en un diario oficial y se convierta en una realidad en su hospital. No se trata de colores políticos; se trata de vidas humanas que no pueden seguir esperando. Voluntad política y seguridad técnica no pueden jugar al escondite, y el sentido común debería imponerse a la burocracia.

La solvencia política de Feijóo

La solvencia política de Feijóo es, como mínimo, discutible. Muestra una falta de coherencia ética que atraviesa toda su trayectoria. 

Hoy sorprende con la exigencia de dimisión del ministro del Interior de inmediato, apenas ocurrida la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico.  Sin ninguna información aun de lo ocurrido.

Es su forma de hacer política, basada en la explotación inmediata del dolor con fines partidistas es vomitiva.

Es una reacción oportunista que resulta especialmente problemática viniendo de quien arrastra antecedentes que debilitan su autoridad moral en esta materia. Su pasado en Galicia, marcado por episodios que lo vincularon indirectamente con entornos del narcotráfico, sigue siendo un elemento relevante para evaluar la credibilidad de sus posicionamientos actuales.

El problema no es únicamente Feijóo, sino un estilo de oposición que prioriza el desgaste del adversario incluso en contextos trágicos. 

Igual no se da cuenta de que esta lógica suya degrada el debate público, vacía de contenido la responsabilidad política y erosiona la confianza en las instituciones.

Solo hace oposición cuando se calla.

Ayuso exploradora

Fue a triunfar y el viaje se convirtió en un fracaso político. ¿Por qué ? fácil. 

Primero por su ignorancia en cuestiones básicas, lo que la ha convertido en una apestada en México, hasta para la derecha mexicana. Ni los partidos más reaccionarios de aquel país han querido salir con ella en las fotos, porque ninguno es defensor de Hernán Cortés. 

Nadie le aplaude por llamar “malinches” a las mujeres mexicanas.

La Malinche real, no la que se ha inventado su amigo Nacho, fue una indígena que le regalaron como esclava sexual a Hernán Cortés, con quien tuvo un hijo y era la interprete del conquistador para el que hizo de traductora, y la consideran los mexicanos una traidora. Pero Malinche traicionó a su pueblo para sobrevivir. 

Pero IDA ha actuado igual al viajar a México para traicionar la historia, y para hacer campaña. La diferencia de Malinche con la de las cervecitas es, que Malinche no tenía elección, o traición o muerte, mientras que la madrileña lo ha hecho sola y exclusivamente para provocar. 

De vuelta para Chamberí abochornada, aunque ahora contará que ha regresado al atico para salvar a España del hantavirus.

SANTIAGO TRES EN UNO. LA PRIORIDAD NACIONAL LO ARREGLA TODO

 Oír a la derecha tratando de convertir un problema de salud pública internacional en parte de su discurso contra el gobierno legítimo de este país, solo se lo puede tomar uno con la mayor de las ironías, si no quiere vomitar cada vez que abren la boca los portavoces y demás hierbas de sus partidos. Ahí va mi ironía.

En el Reino de la Bandera Siempre Ondeante, los valientes caballeros de Vox patrullaban las calles con su capa verde fosforito, atentos a cualquier amenaza contra el pueblo. Nada escapaba a su mirada.

Una mañana, llegó la noticia: un gran crucero navegaba con un misterioso mal traído por un ratón rabilargo. “¡Ajá!”, exclamaron los caballeros al unísono. “Esto solo puede ser obra del malvado Sánchez, Señor del Falcon Volador y Protector de los Secretos Inconfesables”.

Convocaron a la prensa y relataron con gran seriedad y ayudándose de mapas dibujados con rotulador, que el malvado Sánchez había surcado los cielos en su Falcon presidencial hasta la lejana Patagonia. Allí, tras una épica persecución, capturó a un ratón sospechoso de estar enfermo, y lo convenció de que para curarse la única solución era subir a un crucero y estornudar estratégicamente.

“Todo para que no se hable de su terrible y misteriosa corrupción”, susurraban los caballeros, mientras asentían con gravedad.

Pero la cosa no acababa ahí. El malvado Sánchez, siempre un paso por delante, habría comprado al capitán del barco con un saco de monedas invisibles, obligándolo a desviar la ruta hacia Cabo Verde, donde cuenta la leyenda, que los hospitales eran tan escasos como la coherencia. Finalmente, el barco, en su confusión, terminó rumbo a Tenerife, porque la bruja Mónica García, aliada de Sánchez con un conjuro había poseído al GPS del barco.

“¡Tranquilos!”, dijo Santiago y cierra España (que pa eso es mía) a lomos de su corcel proclamó: “Nosotros tenemos la solución definitiva, infalible e incuestionable”.

El pueblo contuvo la respiración.

“¡Propondremos hundir el barco y acabar con el problema de raíz!”. 

Alguien pregunto: ¿Pero entonces trataremos a todos los pasajeros igual? 

Y Santiago respondió. “De eso nada, nosotros siempre aplicaremos la “prioridad nacional” , primero ahogaremos a los españoles., luego a los extranjeros ricos, y por último a los negros y demás razas de mal vivir." 

Y todos los presentes aplaudieron a su líder con entusiasmo, por haber cerrado España, como su propio nombre indica.

Y colorín colorado, problema solucionado.

Enfermos renales de Hellín: un calvario sobre ruedas

“Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando”

— El “calvario caro y doloroso” de pacientes que recorren 150 kilómetros tres veces por semana para una diálisis

Hay ocasiones en las que la vida, en un alarde de falta de imaginación decide plagiarse. Uno cree haber zanjado un asunto, haber puesto el sello de 'resuelto', y el destino persistente nos devuelve el problema corregido y aumentado.

Todo comenzó, con un familiar madrileño al que la salud, caprichosa y poco sutil, le obsequió primero con una tumoración y, acto seguido, con una enfermedad rara que le han obligado a requerir de hemodiálisis. El conflicto que me planteó entonces consistía en la imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones tras dos años de hospitales, porque necesitaba localizar un hospital donde conectarse la máquina. Se buscó, se halló y dimos el asunto por liquidado.

Pero hace escasas fechas, y tras una entrevista que me realizaron en este mismo diario con motivo de la aparición de un libro, se puso en contacto conmigo, a través de esos canales modernos que llamamos redes sociales, un ciudadano de la comarca de Hellín. Un hombre amable en su mensaje, que me transmitió su gratitud por mis intervenciones en Radio Hellín sobre asuntos de salud, y que tras confesar que había adquirido y leído mi libro, a su “me ha gustado el libro”, le añadió un reproche: echaba de menos que no hubiese dedicado un capítulo a los pacientes que, en el medio rural, se ven obligados a viajar para realizarse hemodiálisis, haciendo referencia especial a la situación de los que residen en su área sanitaria. Ante esa omisión real, le di la razón tras disculparme, prometerle interesarme por el tema y redactar un artículo de opinión. Y a esa tarea voy.

La realidad que me he encontrado resulta grave y a alguno le parecerá que hiela la sangre: los pacientes del área sanitaria de Hellín se ven obligados a un peregrinaje forzoso hasta Albacete tres veces por semana, para recibir el tratamiento imprescindible para mantenerse en este mundo. Esa comarca, al igual que otras zonas con orografía pintoresca, pero incomoda por su geografía compleja. Es un territorio de baja densidad demográfica y una dispersión de la población que parece diseñada para poner a prueba la paciencia, con unas comunicaciones que invitan más al misticismo que al desplazamiento ágil. En las sierras del Segura y Alcaraz, esta peculiaridad se traduce en trayectos que consumen casi dos horas para la ida y dos para el regreso. El cómputo final es una cifra que marea a cualquiera: los más sufridos ciudadanos acumulan la friolera de 800 kilómetros semanales para acceder a una asistencia médica que les es, literalmente, vital. Bien podríamos calificar su vida cómo una hazaña de heroísmo cotidiano.

Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo

Para no pecar de entrometido, algo que no deseo, he buscado datos que arrojen algo de luz sobre esta situación. Los resultados, siempre sujetos a que alguien disponga de otros y decida enmendarme la plana, indican que son aproximadamente treinta y cinco los ciudadanos del área de Hellín que se ven obligados a este trasiego incesante hacia la capital provincial. Es curioso comprobar, que la provincia de Albacete cuenta con un único centro de diálisis para atender a esa población dispersa. Este ascetismo sanitario contrasta con lo que ocurre en otras provincias de la región, como Ciudad Real o Toledo, donde, sin entrar en los motivo, han tenido a bien distribuir estas instalaciones en diversas localizaciones. Uno no puede evitar preguntarse qué pecado habrán cometido los riñones de los ciudadanos rurales albaceteños para merecer tal centralismo, mientras sus convecinos disfrutan de una geografía de tratamiento más cercana de sus casas.

Hurgando en la hemeroteca, para comprobar si uno llega tarde a un incendio ya sofocado, descubro que la cuestión no ha pasado desapercibida para la prensa nacional. Me consta un reportaje con un título tan gráfico como desalentador: 'El calvario de la diálisis en la España rural', publicado por el diario El Mundo en el año 2023 y, para mayor abundamiento de su veracidad, recibió el premio de la Sociedad Española de Nefrología en 2024. En ese trabajo, se da voz a pacientes, dos son del área de Hellín, y relatan, cómo se ven obligados a devorar cientos de kilómetros cada semana por el noble capricho de seguir con vida. Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo.

No quisiera finalizar este alegato, sin mencionar que la Asociación Nacional para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER, lleva desde 2019 predicando en el desierto sobre esta desigualdad territorial de los pacientes en nuestro país. La asociación viene insistiendo sobre las dificultades de acceso a los tratamientos sustitutivos, defendiendo esa idea, tan lógica como aparentemente difícil de ejecutar, de acercar la diálisis a las zonas rurales y dispersas. Quien desee profundizar en esta realidad puede consultar el siguiente enlace. En él se documenta que, a pesar de los años transcurridos y de las advertencias lanzadas, la distancia entre el paciente y su tratamiento sigue estando ahí. Habrá que confiar en que, algún día, la eficiencia administrativa se ponga a la altura de sus necesidades, porque muchos no pueden permitirse esperar más.

No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros

Para continuar componiendo este cuadro conviene recordar que, en noviembre de 2024, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad estudiar la creación de un centro de diálisis en Hellín. Fue uno de esos momentos mágicos en los que los próceres de nuestra región se ponen de acuerdo, aunque parece que el acuerdo ha sido la antesala de la parálisis. Ha transcurrido ya más de un año desde aquel compromiso y, no se han producido avances que puedan considerarse concretos, ni se han establecido plazos que se hayan hecho públicos. Al parecer, entre el 'estudio' de la necesidad y la colocación de la primera piedra media un abismo que ni la más noble de las unanimidades ha logrado sortear hasta la fecha. Seguiremos, pues, a la espera de que se pase de la teoría a la práctica, antes de que los kilómetros acaben por agotar la paciencia de los pacientes (pacientes).

Los afectados, no han optado por el silencio y la resignación. De su justa indignación nació ADERHE (la Asociación de Enfermos Renales de la comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz), un nombre cuya extensión parece querer hacer justicia a las distancias que sus miembros se ven obligados a recorrer. Desde esta agrupación se han impulsado movilizaciones, recolectas de firmas y toda clase de actuaciones ante las más altas instancias, incluyendo al Defensor del Pueblo y la Alta Inspección Sanitaria, instituciones que, se supone, velan por nosotros. Todo este despliegue de energía y papeleo no tiene más fin que el de ver, por fin, implantado ese servicio de diálisis en Hellín.

Y para terminar de dibujar este paisaje, me topo con una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso en abril de 2025. El objetivo, tan loable como de nombre farragoso, es impulsar la diálisis domiciliaria y garantizar eso que llaman equidad territorial. Se trata, en esencia, de admitir que el verdadero drama está en una falta de medios que condena a media España a un nomadismo sanitario demasiado cruel. Y mientras los diputados lo debaten, multitud de pacientes inician sus viajes de madrugada desde aldeas y pueblos lejanos, con el vaivén de las ambulancias, por carreteras interminables y someterse al rigor del tratamiento, para no regresar a sus hogares hasta la noche. Si a este trajín le añadimos que la mayoría de estos viajeros peinan canas, o presentan una fragilidad clínica, el cuadro resultante es de una injusticia que clama al cielo, o al menos, a la cordura de quienes gestionan nuestros impuestos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos Eduardo Galeano

El propósito de este artículo no es otro que romper una lanza en favor de la equidad territorial. Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando. No pongo en duda que existirán razones de peso, sesudos motivos presupuestarios o logísticos (que pienso analizar), para explicar por qué esa promesa sigue suspendida en el aire. No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros. Porque de poco sirve querer llenar los pueblos de gente si antes no somos capaces de asegurarles que sus riñones no les costarán la salud en la carretera.

No puedo creerme que, para nuestros representantes electos, los ciudadanos rurales seamos Los Nadies, a los que Eduardo Galeano refleja en su poema del mismo título, cuando afirma: “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos”.

Estoy seguro de que nuestra región le pondrá solución a esta situación más pronto que tarde porque es de justicia.

España: prestigio fuera, sabotaje dentro

España atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático. Mientras el gobierno recibe reconocimiento internacional por su defensa del derecho internacional, cómo hemos visto especialmente en conflictos como Gaza y en su posicionamiento en el tablero global, dentro del país una parte significativa de la derecha no solo discrepa, sino que actúa activamente para erosionar esa posición, incluso a costa de debilitar la imagen exterior de España. Son los patriotas de pacotilla de las banderas ya no solo en pulseras y balcones, sino hasta en cada uno de los fideos de la sopa.

No estamos ante una oposición exigente ni ante un debate político saludable. Lo que se ha instalado es un sabotaje sistemático. Da igual el contenido de las decisiones, el contexto internacional o el respaldo exterior: si la iniciativa proviene del gobierno, debe ser desacreditada. Para ello se recurre a la tergiversación, al bulo, la deslegitimación personal y la construcción constante de un clima de sospecha. El objetivo no es corregir errores, sino invalidar cualquier gestión.

Lo más preocupante es que esta dinámica no se limita al terreno político, sino que se extiende a instituciones que deberían mantenerse al margen de la confrontación partidista, especialmente el poder judicial. La percepción de que en España se aplica una doble vara de medir se ha ido consolidando: contundencia selectiva, indulgencia interesada y tiempos judiciales que parecen acompasarse con el calendario político más que con los principios de imparcialidad. No se trata únicamente de casos concretos, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana. Cuando determinados actores son sometidos a una presión judicial intensa y otros, en situaciones comparables, transitan con menor exposición o consecuencias, el mensaje es claro y profundamente corrosivo: la justicia no actúa igual para todos.

En este contexto, la actitud de la derecha adquiere una dimensión aún más grave. No solo alimenta la polarización, sino que legitima e impulsa la judicialización de la política como herramienta de desgaste. Se sustituye así la confrontación democrática en las urnas por una estrategia de presión mediática e institucional orientada a deslegitimar al adversario. El contraste con la percepción exterior es difícil de ignorar. Fuera de España, se observa a un gobierno que, con sus aciertos y errores, mantiene una línea coherente en la defensa de principios internacionales en un contexto complejo. Dentro, sin embargo, esa misma posición es recibida con una negación constante que bloquea cualquier posibilidad de consenso mínimo.

El resultado es una democracia más frágil, más tensionada y menos fiable. Porque ningún país puede aspirar a tener una voz sólida en el mundo si en su interior se instala la idea de que las reglas del juego dependen de quién las interprete o de a quién afecten. España no tiene hoy un problema de reconocimiento exterior. Tiene un problema más profundo: la erosión interna de sus propios consensos democráticos. Y mientras una parte de su sistema político siga operando bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”, ese prestigio internacional convivirá con un deterioro institucional que, más pronto que tarde, acabará pasando factura.

REFLEXIÓN PARA DIRIGENTES DE IZQUIERDA

Existe una contradicción real en el hecho de que los trabajadores apoyen opciones políticas que van en contra de las conquistas laborales de las que cada uno de ellos se beneficia. Pero calificarlo como “traición” o responder con el “insulto”, es querer simplificar demasiado el problema. El voto de la clase trabajadora no responde solo a intereses económicos, porque  también lo hace a factores culturales, identitarios y de desafección política. 

La cuestión de fondo no es descalificar a quien vota así, sino entender por qué ocurre y por qué parte de la izquierda ha dejado de ser percibida por los trabajadores como su referencia natural. O diagnosticamos bien la causa, o no se le pondrá el tratamiento el correcto que cure esa contradicción en la que los trabajadores transitan. 

España: prestigio fuera, sabotaje dentro

España atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático. Mientras el gobierno recibe reconocimiento internacional por su defensa del derecho internacional, cómo hemos visto especialmente en conflictos como Gaza y en su posicionamiento en el tablero global, dentro del país una parte significativa de la derecha no solo discrepa, sino que actúa activamente para erosionar esa posición, incluso a costa de debilitar la imagen exterior de España. Son los patriotas de pacotilla de las banderas ya no solo en pulseras y balcones, sino hasta en cada uno de los fideos de la sopa.

No estamos ante una oposición exigente ni ante un debate político saludable. Lo que se ha instalado es un sabotaje sistemático. Da igual el contenido de las decisiones, el contexto internacional o el respaldo exterior: si la iniciativa proviene del gobierno, debe ser desacreditada. Para ello se recurre a la tergiversación, al bulo, la deslegitimación personal y la construcción constante de un clima de sospecha. El objetivo no es corregir errores, sino invalidar cualquier gestión.

Lo más preocupante es que esta dinámica no se limita al terreno político, sino que se extiende a instituciones que deberían mantenerse al margen de la confrontación partidista, especialmente el poder judicial. La percepción de que en España se aplica una doble vara de medir se ha ido consolidando: contundencia selectiva, indulgencia interesada y tiempos judiciales que parecen acompasarse con el calendario político más que con los principios de imparcialidad. No se trata únicamente de casos concretos, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana. Cuando determinados actores son sometidos a una presión judicial intensa y otros, en situaciones comparables, transitan con menor exposición o consecuencias, el mensaje es claro y profundamente corrosivo: la justicia no actúa igual para todos.

En este contexto, la actitud de la derecha adquiere una dimensión aún más grave. No solo alimenta la polarización, sino que legitima e impulsa la judicialización de la política como herramienta de desgaste. Se sustituye así la confrontación democrática en las urnas por una estrategia de presión mediática e institucional orientada a deslegitimar al adversario. El contraste con la percepción exterior es difícil de ignorar. Fuera de España, se observa a un gobierno que, con sus aciertos y errores, mantiene una línea coherente en la defensa de principios internacionales en un contexto complejo. Dentro, sin embargo, esa misma posición es recibida con una negación constante que bloquea cualquier posibilidad de consenso mínimo.

El resultado es una democracia más frágil, más tensionada y menos fiable. Porque ningún país puede aspirar a tener una voz sólida en el mundo si en su interior se instala la idea de que las reglas del juego dependen de quién las interprete o de a quién afecten. España no tiene hoy un problema de reconocimiento exterior. Tiene un problema más profundo: la erosión interna de sus propios consensos democráticos. Y mientras una parte de su sistema político siga operando bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”, ese prestigio internacional convivirá con un deterioro institucional que, más pronto que tarde, acabará pasando factura.

Da vergüenza ver como la justicia tiene diferentes varas de medir.

Ver a una jueza haciendo de abogada defensora del PP en la Kitchen, me hace pensar que los acusados, pese a todas las pruebas, podrían haberse ahorrado contratar abogados. 

Todo lo contrario que en el juicio contra el Fiscal general, donde frente a las declaraciones de periodistas que como testigos exoneraban de culpa al Fiscal General del Estado, las deducciones de la UCO sobre "el dominio del hecho" en lo de la filtración del novio de Ayuso, fue tenida muy en cuenta por Arrieta, Marchena y compañía para condenarlo. 

Ahora, en el caso mascarillas, el mismísimo jefe de la UCO que entonces, sitúa a Aldama como el número 1 de la trama, pero la palabra (sin pruebas) de este acusado sirve para evitar que entre en la cárcel. 

En este caso mascarillas lo único que está claro (porque él mismo lo ha admitido) es que Aldama se llevó 3,7 millones de euros en la operación. Pero visto el juicio y la actitud del fiscal, a Aldama la sentencia le sale a devolver, veremos si no hay que indemnizarlo por el mes que estuvo detenido. 

Las mascarillas aquí eran a 2 euros y las que compró el hermano de Ayuso a 6 euros, pero esa compra era correcta. 

Señores y señoras del CGPJ han conseguido ustedes, con su silencio complice, que nadie crea en la justicia en España, ni siquiera los que son favorecidos por ella.

¿Este fiscal es el representante que defiende al Estado contra el delincuente Aldama, o es su abogado defensor? 

¿Han pensado estos jueces a que altura están dejando a la justicia? Lo dicho, una vergüenza.

EL PROTEGIDO DE LA PROTEGIDA

En los vericuetos de la política española, donde la realidad es un sainete de mal gusto, Vito Quiles ha emergido como un titiritero de pacotilla que mueve los hilos del PP con la gracia de un monaguillo borracho con la patena en la mano. No es un fichaje oficial, no; eso sería demasiado directo para estos tiempos de tanta  ambigüedad. Más bien, Quiles ha tejido una telaraña con acercamientos sucesivos al PP, como el enésimo que ahora alimenta rumores de que pronto lucirá la gaviota en el ojal, según dice. Por no hablar de sus devaneos con el ala madrileña de Ayuso, donde se le ha visto como un ultra al servicio de la presidenta, compartiendo sketches y bufidos en la sede del partido junto a Alfonso Serrano e Ismael López, diputados que posan en escenas propias de Camera Café con la naturalidad de quien reparte caramelos, aunque esté asistiendo a un entierro.

Pero vayamos a lo que hoy parece ser lo único que interesa: los dineros. Dicen que la pista del dinero siempre aclara el panorama como un rayo en una noche de tormenta. Resulta que gobiernos del PP, desde el de Ayuso en Madrid hasta el de Feijóo en Galicia, le han soltado 680.000 euros de dinero público al canal EDA TV de Javier Negre, donde Quiles pontifica a diestro y siniestro, catapultando su carrera con cargo a los impuestos de los sufridos contribuyentes. ¡Cuánta generosidad! Y mientras, en el cierre de campaña del PP en Aragón con Azcón, ahí estaba Quiles, incorporado al sarao como un convidado de piedra, aunque en realidad era el alma de la fiesta, y eso ha propiciado titulares en El País y otros medios, sobre si el PP ya lo ha fichado de facto.

El colmo, sin embargo, nos llega  con ese último vídeo incendiario contra Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez y la prensa entera, grabado nada menos que en el despacho de Alma Alfonso, diputada del PP por Valencia en el Congreso, que cedió su madriguera, que es donde se resguardan las ratas, con la discreción de un elefante en una cristalería. ¡Cazado in flagrante! Y no es un caso aislado: vídeos en YouTube como “¡CAZADOS! La verdad sobre el acoso de Vito Quiles y el plan oculto del PP” o “URGENTE: VITO QUILES INCITA CONTRA LA IZQUIERDA Y LO PILLAN CON SENADORES DEL PP.  TELLADO LO PROTEGE” lo muestran codeándose con senadores populares justo antes de que Begoña Gómez sufra el acoso que todos conocemos, mientras Sarah Santaolalla condena en RTVE los ataques del PP en Cuatro. 

En fin, señores, aunque muchos no lo quieran ver por su ceguera partidista, esto no es una conspiración de novela barata, sino el reflejo de un PP que coquetea con ultras como Quiles para ensuciar a la izquierda mientras niega con la boca pequeña cualquier connivencia. Pero lo que no parece llamar la atención es quien paga:  el contribuyente. 

Me huele a que, cómo a veces ocurre en este país, lo que hoy es rumor, mañana es un cargo público. Al tiempo.  

Repugnancia

Como ciudadano, me repugna este acoso intolerable contra Begoña Gómez, una mujer que no merece ser acosada ni agredida verbalmente en un espacio privado solo por su relación familiar con el presidente. Ninguna mujer merece ser agredida, y mucho menos por el cargo o la profesión de su marido. 

Este incidente es una muestra más de la conducta cobarde y machista reflejo del poso de la ultraderecha, y lo mínimo es que haya denunciado a Vito Quiles para que la Justicia actúe con firmeza.

No vale continuar tolerando estos hechos, porque cualquier día tú o tu pareja puedes ser la víctima de estos intolerantes por razón de sexo, religión, raza o ideología. La ciudadanía debe rechazar enérgicamente estas prácticas, denunciándolas siempre que las presencien y apoyando a las víctimas sin ambigüedades. 

Fomentar la tolerancia cero contra estas actitudes implica educar en valores igualitarios, boicotear discursos de odio en redes y presionar a partidos que blanqueen a agitadores ultras, priorizando el respeto y la convivencia por encima de estas provocaciones baratas. 

Solo así podemos blindar nuestra democracia frente a la intolerancia. 

Opereta feijoodiana: El Parlamento convertido en una tasca provinciana

Uno no sabe si estamos ya en una democracia parlamentaria o vivimos en un sainete de postguerra donde los personajes han olvidado el guion y han decidido improvisar su propia caída en desgracia. Veamos el guion.

Sale el señor Aldama al estrado, disfrazado de astuto guarda secretos que, según él, podrían hacer temblar los cimientos de la patria. Se pone ante el micrófono y suelta una sarta de elucubraciones que, en cualquier otro país, harían que el juez pidiera un café para esperar a que el testigo recupere la cordura, pero cómo ese juez no es la jueza de la kitchen, no le dice eso de “limítese a responder a lo que le han preguntado”. Pero aquí, no. Aquí el estrado es un púlpito y el testimonio es una verdad revelada que hay que recibir de rodillas dando gracias al testigo por soltarse la lengua. Hasta ahí la escena judicial.

Y entonces aparece don Feijóo, con gesto compungido y con esa solemnidad del funcionario que acaba de descubrir un desfalco en la caja chica de la delegación de Hacienda, y nos dice, con esa seriedad innata que le caracteriza, que hay que creerle al hombre. Si se mira con ojos de ciudadano al que el casero le va a subir el alquiler el mes que viene, uno puede encontrar hasta cierta ternura, algo casi entrañable, viendo a todo un jefe de la oposición agarrarse a las palabras de un presunto delincuente como quien se agarra a un clavo ardiendo en mitad de una tormenta. Esta es la parte de drama que tiene el sainete.

Pero, de pronto el genio gallego piensa que va más gente al cine que al teatro, y reescribe el guion. Feijoo, maestro por la ciencia infusa, es capaz de convertir la política de Estado, en una partida de mus jugada en la trastienda de un bar de provincias: si el otro no envida, es porque el otro es culpable; y si se queja, es porque el envite le ha dado donde más le duele. Así que haga lo que haga, o diga lo que diga, a él le da lo mismo. Lo fascinante de este sainete no es que Aldama mienta o diga la verdad, que, en el fondo, es un detalle técnico que a nadie parece importarle realmente, sino la fe ciega con la que nos invita a comulgar. Nos pide creernos que la alta política es poco menos que una reunión de villanos de opereta, donde los presidentes se codean con empresarios de dudosa reputación para repartirse el botín entre cafés y secretitos. Es una visión tan cinematográfica, tan falta de matices y tan llena de ese costumbrismo negro de los carcamales, que uno casi espera que, al final del acta judicial, aparezca el supercomisario Villarejo para decirnos que todo ha sido un malentendido provocado por una mala digestión de la comilona post mitinera de anoche. Mientras tanto, los ciudadanos asistimos mirándonos los unos a los otros, con la misma estupefacción que siente el que ha pagado una entrada para ver un drama de Shakespeare y se encuentra, en cambio, con una función de títeres. 

El problema de convertir el Parlamento en una oficina de denuncias sin pruebas es que, cuando de verdad tengamos algo importante que investigar, ya no quedará nadie en la platea que se crea nada de la función. Pero eso, claro, parece ser un riesgo que el señor Feijóo está dispuesto a correr, siempre que el telón caiga sobre el señor Sánchez, aunque sea sobre los escombros de la propia dignidad institucional, que a él no le preocupa ni le ha preocupado nunca, de lo que nos da pruebas a diario. Hoy lo ha hecho de nuevo.