La derecha política y mediática en España tiende a considerar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como si fueran auténticas sentencias condenatorias ya firmes , cuando en realidad solo constituyen documentos policiales de investigación sujetos a posterior valoración judicial. Esta actitud demuestra un tratamiento tendencioso y precipitado del proceso penal, ignorando la diferencia fundamental entre una investigación policial y una condena judicial firme, que solo puede emitir un juez y siempre tras agotar las garantías procesales.
La utilización del informe de la UCO como arma política es evidente en la cobertura de escándalos recientes: ante la aparición de un informe con “consistentes indicios” de delito contra figuras del gobierno o de la izquierda en general, diversos actores de la derecha dan por hecho la culpabilidad, magnificando su contenido en medios y en su discurso público, hasta el punto de que vemos como algunos sectores conocieron esos informes antes de su publicación oficial. Se ha llegado a hablar de “demoledores informes” que “señalan” delitos y desencadenan campañas mediáticas en las que el matiz entre indicio de delito y condena judicial se diluyen interesadamente. El procedimiento habitual que siguen es muy fácil: primero es la filtración o acceso a un informe policial, luego realizan la amplificación mediática, y luego hacen una presentación pública de los “señalados” poco menos que como delincuentes convictos.
Este modo de proceder revela una ignorancia finida, o, peor aún, una instrumentalización deliberada de las garantías que tenemos por vivir en un Estado de derecho. Para mostrar un botón: el informe de la UCO que implica, a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García señalan “indicios” de delito, pero remite la responsabilidad última al juez, quien debe valorar pruebas, escuchar alegatos y dictar sentencia. Transformar el informe policial en sentencia pública es una estrategia de desgaste político, no una búsqueda rigurosa de la verdad judicial.
Paradójicamente a esa forma de actuar con la izquierda, la propia derecha mediática ha criticado la validez de informes de la Guardia Civil cuando afecta a sus figuras afines, descalificándolos o tildando de “motivos políticos” sus conclusiones. Por tanto, su respeto por el informe policial como “verdad judicial” es más bien selectivo y oportunista: vale cuando incrimina al adversario, pero se contempla con lupa cuando apunta a los propios.
Un factor agravante es que muchos medios afines presentan la apertura de una investigación o la mera inclusión en un informe como sinónimo de culpabilidad, torciendo el principio de presunción de inocencia. En la cultura política española esto no es nuevo, se les nota de que ideología son herederos y seguidores: ya durante el régimen franquista, la instrucción policial y las sentencias en consejos de guerra iban de la mano y eran ejecutadas sin apenas intermediación judicial real. La inquietante reminiscencia es que, en pleno siglo XXI, ciertas inercias autoritarias persisten: para una parte del espectro político, los informes policiales tienen valor de sentencia y la opinión pública se maneja como un tribunal sumarísimo.
En realidad, lo que demuestra es una concepción alarmantemente simple y extraprocesal de la justicia. Don Feijoo, don Tellado y la compañera han sustituido el Estado de derecho por el Estado del indicio, pero solo cuando les conviene políticamente. ¿Para qué jueces, para qué garantías, para qué prudencia, si el titular “la UCO acusa” basta para condenar en la plaza pública? Ese atajo no es justicia ni información: es propaganda y el linchamiento moderno, que ya no solo hacen con la migración, ahora ya es válido paar todo el que no sea de su cuerda.
Buen jueves.
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