Usar a los menores migrantes como moneda de cambio no es socialismo

En un movimiento que por un lado cimienta aún más la brecha con el Gobierno central y por otro despoja al ejecutivo castellanomanchego de su perfil progresista y socialista, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula la situación y el posible traslado de menores extranjeros no acompañados.

La justificación oficial esgrime una supuesta aprobación “sin diálogo” y “sin financiación”, alegando que las comunidades autónomas deberán atender, en nuestro caso, a más de 500 menores adicionales sin recibir “ni un euro”, lo que implicaría un coste anual que “supera” los 26 millones de euros solo para Bienestar Social. Fundamentan su recurso en un informe que habla de “flagrante quebranto del principio de coordinación” y posible “invasión de competencias exclusivas” autonómicas. Mientras aseguran que el recurso busca garantizar recursos para una atención digna, no evitar acoger a los menores.

Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad y despierta serias dudas sobre la veracidad de los argumentos oficiales. ¿Dónde quedan esos supuestos principios de coordinación y respeto a las competencias cuando el mismo Gobierno regional prioriza ayudas millonarias a iniciativas privadas, declarándolas de “interés singular”? ¿O cuando entrega 1100 hectáreas de monte público a bajo precio a una empresa privada y le prevé una subvención de 25 millones de euros? Parece que, en esos casos, la coordinación y la “invasión de competencias” no importan tanto, especialmente si hay 'empresas amigas' de por medio.

La negativa a acoger a 500 menores migrantes, bajo el pretexto de la falta de recursos, resulta indignante cuando la Comunidad Autónoma cuenta con la institución regional, cinco diputaciones provinciales y más de novecientos ayuntamientos que, si existiera la voluntad política, podrían garantizar una acogida digna. La postura no solo puede ser calificada como una flagrante falta de humanidad, sino que parece responder claramente a intereses políticos que alejan al gobierno regional de los valores progresistas y socialistas que tanto dicen defender.

Recordemos que cuando miles de ciudadanos ucranianos huían de la guerra, las mismas instituciones que ahora se niegan a acoger ofrecieron todo tipo de ayudas y facilidades. La única diferencia es que ahora se trata de menores africanos a los que se les niega lo básico. Además, la afirmación de que no habrá financiación extra ha sido contradicha por noticias que hablan de aportaciones adicionales, lo que genera más dudas sobre la transparencia de esta decisión. Lejos de responder a una genuina falta de principios progresistas, todo apunta a 'excusas nobles' para justificar decisiones de dudosa ética o interés público, revelando una hipocresía que duele.

El recurso al Constitucional no cambia la realidad: las autonomías recurrentes no quedan eximidas de acoger a los menores que colapsan Canarias y Ceuta y se encuentran en una situación límite. Es una ley y deben cumplirla.

Esta decisión, sumada a desencuentros anteriores, como la oposición a triplicar la inversión en vivienda, demuestra que el Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de defender los derechos de los más vulnerables y trabajar coordinadamente, sigue ahondando en sus diferencias políticas con el gobierno central, a costa de poner en riesgo la atención digna que requieren estos menores. La coherencia y la solidaridad, pilares del socialismo, parecen haberse perdido por el camino.

 

La Ley de Amnistía

No hay medio de comunicación que hoy no aporte alguna opinión sobre la Ley de Amnistía y el aval del Tribunal Constitucional. Lógicamente todos con su sesgo ideológico, respetable en la medida en que sea respetuoso, lo que no es en todos los casos.

La reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha marcado un antes y un después en la política española, especialmente en lo que respecta a la pacificación y normalización institucional en Cataluña. La norma, refrendada tanto por el Parlamento como por el Tribunal Constitucional, por mucho que sus detractores lo nieguen, representa un ejercicio democrático y una apuesta decidida por la convivencia, frente a la estrategia de confrontación y bloqueo que ha caracterizado tradicionalmente a la derecha política en España.

Parece cómo si está Ley hubiese surgido de la nada o que alguien la llevaba escondida debajo del refajo. La Ley de Amnistía no responde únicamente a intereses partidistas, como insisten en afirmar sus detractores. Al contrario, es el resultado de un proceso político y jurídico que busca resolver una situación excepcional: la profunda fractura social y política vivida en Cataluña tras el Procés. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido ayer que la ley responde a “circunstancias excepcionales que el ordenamiento jurídico no puede resolver con los instrumentos ordinarios” y que la crisis constitucional generada por el desafío independentista supuso una amenaza real para la convivencia y la estabilidad política, no solo en Cataluña, sino en toda España. Eso en ningún momento se niega, aunque algunos editoriales lo dan por hecho antes de ser escritos.

La amnistía, lejos de ser una “autoamnistía” o un privilegio para unos pocos, ha sido debatida y aprobada por el Parlamento, donde los representantes actúan con libertad de mandato y en representación de todo el electorado. El Constitucional ha dejado claro que “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad criminal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía, propia de sistemas políticos autoritarios”.

Además, la ley no supone un retroceso en el Estado de derecho ni una injerencia en la independencia judicial. El tribunal ha sido rotundo: “No es posible siquiera apreciar en la ley de amnistía la finalidad de crítica o censura al Poder Judicial” y no existe ningún elemento que implique presión o influencia externa sobre los jueces.

En este Estado de derecho, el órgano encargado de determinar si una ley se ajusta a la Constitución es, precisamente, el Tribunal Constitucional. Este tribunal ha analizado el texto de la Ley de Amnistía, no las intenciones políticas de quienes la promovieron, y ha concluido que la norma tiene encaje en la Constitución. Su misión es juzgar la ley y su contenido, no los pactos políticos que hayan podido motivarla. Así, se garantiza que el debate democrático y la aprobación parlamentaria estén sujetos al control constitucional, y no a las presiones o intereses de partidos que, históricamente, han utilizado el recurso de inconstitucionalidad como arma política.

La oposición de la derecha, encabezada por el PP, a la Ley de Amnistía no es nueva ni responde a un análisis jurídico riguroso, sino a una estrategia política de confrontación. Ya en el pasado, que no se olvide, el PP recurrió el Estatuto de Autonomía de Cataluña pese a haber sido aprobado por una amplia mayoría parlamentaria y refrendado por la ciudadanía catalana, lo que desembocó en una sentencia que desautorizó el pacto entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum. Aquella decisión (los polvos) lejos de resolver el conflicto, lo agravó y alimentó el independentismo y la desafección en Cataluña (los lodos).

Hoy, la derecha vuelve a utilizar los mismos argumentos falaces y alarmistas, como el de la “autoamnistía” o la supuesta ilegalidad de la ley, incluso después de que el Tribunal Constitucional haya avalado su constitucionalidad. Esta actitud no busca el interés general ni la convivencia, sino perpetuar la crispación y obtener rédito electoral a costa de la estabilidad democrática.

Feijoo puede patalear todo lo que le apetezca, es libre de hacerlo, sus adláteres también. Pero eso no va a impedir que la Ley de Amnistía sea, ante todo, una herramienta de reconciliación y de superación de una etapa de enfrentamiento. Su aprobación y validación por el Tribunal Constitucional demuestran que las instituciones democráticas funcionan y que el camino del diálogo y la negociación es el único que garantiza la convivencia y el progreso. Frente a la política de “victorias absolutas” y exclusión que propone la derecha, la amnistía abre la puerta a una nueva etapa de estabilidad y respeto mutuo. La suerte está echada: la ley debe aplicarse, y la sociedad española tiene la oportunidad de avanzar hacia una democracia más madura e inclusiva.

Si no se hace así, respóndanse ustedes mismos las siguientes cuestiones:

Primera ¿Pueden los jueces del Tribunal Supremo saltarse la Leyes aprobadas por el Congreso? La respuesta es no, pero quieren hacerlo.

Segunda. Como servidores públicos los magistrados del Tribunal Supremo ¿Están sujetos al cumplimiento de las Leyes aprobadas por él Congreso de los Diputados? La respuesta es si, aunque parece que no. Si ellos están por encima del Parlamento, están vulnerando la Constitución.

Y un último aspecto. El legislador no se puede olvidar de que fueron millones de catalanes los que apoyaron aquel referéndum, y que la Ley de Amnistía hoy les está reconociendo su derecho cómo ciudadanos a manifestar libremente su opinión, que el PP recurrió porque no la respetó, cómo ha recurrido una ley aprobada por el Parlamento, porque tampoco respeta sus decisiones al no tener mayoría en el mismo.

Buen finde

YA HA DICHO FEIJOO QUE LE PARECE BIEN EL 5% DEL PIB PARA DEFENSA

El PP antepone sus intereses partidistas y los de las élites a los del país. El PP siempre está "en contra del Gobierno" y, por tanto, automáticamente a favor de cualquier actor externo (en este caso, Trump), aunque eso perjudique a España. El PP sigue actuando por revancha, de buscar la caída del gobierno a cualquier precio, y de no tener una postura propia salvo la oposición sistemática.

El PP apoya la exigencia de Trump de aumentar el gasto militar al 5% del PIB, y que, de gobernar, aceptaría sin rechistar esa imposición, recortando derechos sociales para financiarlo. La sumisión del PP (y de Vox) a los intereses estadounidenses y de las élites económicas, incluso aunque eso implique recortes sociales y perjuicio para la mayoría, es evidente. La posición de estos partidos es fruto de la hipocresía y de la falta de patriotismo real, usando la bandera y el discurso nacionalista solo como fachada. Recordemos a Montoro "Que caiga España que ya la levantaremos nosotros" ejemplo de la actitud destructiva del PP en la oposición.

Debería preocuparnos por la falta de debate sobre la pertenencia a la OTAN y el uso de bases militares en España. De no realizarse veremos pronto petición de un nuevo referéndum sobre la OTAN, o sobre si el gasto militar se puede imponer sin consultar a la ciudadanía. Por mucho que se empeñen algunos en sus comentarios en redes, el acuerdo firmado no es vinculante y, en la práctica, muchos países europeos no podrán cumplir con el 5%.

El Gobierno debería aprovechar la postura del PP para desgastarlo políticamente, mostrando su sumisión a intereses extranjeros actuando también contra los intereses de sus votantes. El PP carece de una política propia y actúa por intereses partidistas y de las élites, y está más cercano a los intereses extranjeros que a los de la ciudadanía española. Defender a España es criticar la imposición de aumentar el gasto militar por parte de la OTAN y Trump.

LA AMNISTÍA ES CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular y ha avalado la ley de amnistía relacionada con el Procés. La decisión se ha tomado con seis votos a favor de los magistrados progresistas y cuatro en contra de los conservadores. El tribunal considera que la ley es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no constituye un indulto general. Aunque el tribunal señala algunas objeciones menores, principalmente sobre la posibilidad de perdonar delitos cometidos después de noviembre de 2023, da luz verde al grueso de la ley, que ya ha beneficiado a más de 300 personas implicadas en causas judiciales del Procés.

Primero vimos a jueces y políticos que impulsaron condenas por rebelión y sedición en relación con actos considerados simbólicos, hoy siguen sin callar. Les importa un bledo lo que diga el Constitucional y tampoco que estos delitos no sean reconocidos por tribunales europeos que califican la acusación de exagerada e interesada. La ley de amnistía fue y es necesaria, no solo por la cuestión legal, sino por la normalización política en Cataluña, que es beneficiosa para la sociedad salvo para el PP, se permitió perseguir a líderes independentistas por interés político. Finalmente ha prevalecido la sensatez con la aprobación de la amnistía, a pesar de la oposición de sectores conservadores tanto en la judicatura como en la política.

El resultado de la votación en el Constitucional demuestra la connivencia entre el PP y ciertos jueces, y que estos insistan en acusaciones de malversación, mientras se acusa a otros de corrupción impune. La obsesión de algunos políticos es el poder y el enriquecimiento personal, que se lamentan de que desde el final de la dictadura no puedan gobernar ni beneficiarse sin pasar por las urnas. La reacción de sectores conservadores es la previsible, anticipando discursos alarmistas sobre la ley de amnistía y su impacto en la seguridad ciudadana. En política hay algo que se llama “los tiempos”, porque lo que antes era imposible puede hacerse realidad por necesidad u oportunidad. Hay un tufo irrespirable a hipocresía de quienes solo consideran democrática la justicia cuando la controlan, y se flagelan cuando se avanza hacia una democracia más inclusiva.

En cualquier caso, se acusa a los que creemos que en la judicatura hay jueces que se preocupan más por su ideología que por la justicia, de que criticamos a toda la justicia. Sin embargo cuando los tribunales les rechazan sus recursos, entonces es que los jueces están politizados, pero eso no es un ataque a la judicatura, eso es su derecho a la libertad de opinión.

LA CUMBRE QUE NO ENCUMBRA

Terminó la cumbre de la OTAN. Todos pondrán el 5% menos España. Trump se cabrea tanto con nuestro país, que nos amenaza con una negociación comercial en la que vamos a pagar el doble por no admitir pagar el 5% en defensa. Se olvida que su negociación comercial es con toda la UE no individualmente con España, pero igual no lo sabe.

Mientras, el pelota de Rutte, secretario general de la OTAN, practica el servilismo con Trump. Esta es su forma de liderar la OTAN, y asume sin rechistar la exigencia del 5% del gasto en defensa desde que regresó Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, este caballero con un salario de más de 30.000 euros mes, no ha dejado de dar muestras de vasallaje al presidente de EE.UU. en todo momento, y también hoy durante la cumbre de la OTAN en La Haya. Rutte siempre ha representado la lucha del norte más rico de la UE contra el sur menos rico.

En España, tenemos a Feijoo que queriendo llamar mentiroso y trilero a Sánchez acaba llamando mentiroso a Trump, porque solo si Trump miente, Feijoo puede estar acusando con razón a Sánchez. Pero es lo mismo, lo importante es que Sánchez es culpable de que amanezca y anochezca, no solo en España, también en el mundo entero y parte del extranjero. 

Y luego está Trump, su comportamiento, su falta de respeto a nuestro país,  con los aplausos de Feijoo y Abascal que se convierten en los lameculos mayores de Trump en el reino. Cómo en todo lo que afecta a España, da igual lo que haga el gobierno, para PP y Vox es desastroso y para Podemos mentira, porque para ellos la firma del acuerdo ya es un compromiso vinculante que España no podrá eludir. La realidad es que unos acusan a Sánchez de mentir al pueblo español y de rendirse ante Trump, mientras otros lo defienden, diciendo que ha resistido la presión y ha logrado una posición de fuerza en la cumbre, evitando comprometerse al 5% real.

En cualquier caso, lo de Trump es para hacérselo mirar porque cambia de opinión constantemente y usa la OTAN como un instrumento de los intereses estadounidenses, especialmente para beneficiar a la industria armamentística de EE.UU. Está convirtiendo a la OTAN en solo un apéndice de EE.UU. 

La pregunta es cómo tratarían los medios la negociación dde España liderada por Feijoo, que por cierto aún no ha dicho cuál es la postura de su partido en este asunto, seguramente tampoco lo hubiese admitido porque no es de recibo que sus asesores no le hayan informado por el impacto que tendría destinar el 5% del PIB a defensa, considerando que sería a costa del estado del bienestar, sanidad, educación y otros servicios sociales. Aunque igual su justificación para quitar todos los servicios públicos podría ser esta.

No parece discutible que el aumento del gasto militar favorece a EE.UU. y a sus empresas armamentísticas, y el acuerdo de la cumbre es una transferencia de riqueza europea hacia la economía estadounidense. Cómo tampoco parece discutible que la izquierda ha entrado en el juego de la derecha discutiendo porcentajes, en vez de mantener una postura de rechazo total a la OTAN. Esperemos que si ahora Trump quiere sacarnos el doble, empecemos por acabar con sus bases en nuestro país porque ¿alguien conoce quien es el enemigo para la OTAN? ¿cuál es el sentido de la OTAN en la actualidad? Siempre que se obedece ciegamente a las grandes potencias, los paralelismos históricos terminaron en situaciones peligrosas del pasado.

El papel de España en la OTAN, la presión de EE.UU. y la figura de Trump, solo sirve para aumentar el escepticismo sobre el cumplimiento real del acuerdo, aumenta la preocupación por el gasto militar y su impacto social, y contribuye a que aumente la polarización que vivimos en España. Para unos Sánchez resiste presiones, para otros claudica y engaña. Pero a la vez supone mayor desconfianza hacia la OTAN y aumenta la demanda de una mayor autonomía europea en defensa.

Feijoo dice "predemocracia" para referirse al franquismo

Que  Feijoo utilice el término "predemocracia" para referirse al franquismo, además de mostrarse cómo un ignorante de la historia reciente resulta  ofensiva la comparación. Aquello fue una dictadura, llamarlo "predemocracia", es una manipulación del lenguaje. Feijóo utiliza eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre.

Por qué no se deja ya de tonterías Feijóo y nos explica su programa de gobierno en vez de llevar desde que llegó solo criticando al gobierno actual. ¿Qué piensa hacer Feijóo? congelar o bajar el salario mínimo, pensiones y desmantelar la reforma laboral. No lo plantea porque no tiene proyecto propio. Solo le conocemos su falta de ideas y su actitud. Y lo peor que le sucede, no poder renegar de los orígenes del PP, pero corre el riesgo de ser "engullido" por la herencia franquista del partido. 

Feijóo es hoy populismo y solo busca la polarización, y lo que está provocando es hartazgo y desprecio hacia su figura y a su discurso repetitivo.

El 5% del PIB para la OTAN

Además de España, varios países miembros de la OTAN han mostrado reticencias o dificultades para comprometerse con el objetivo de elevar el gasto militar al 5% del PIB. Aunque España ha sido el país que más abiertamente y de forma oficial ha rechazado este compromiso, existen señales de que otros aliados como Italia, Reino Unido, Canadá y Bélgica también tienen reservas o dificultades para pactar el nuevo umbral de gasto, aunque ninguno de ellos lo ha manifestado con la misma contundencia que el Gobierno español.

En la actualidad, ningún país de la OTAN alcanza el 5% de gasto militar sobre el PIB, y solo unos pocos, como Polonia (4,12%), Estonia (3,43%), Estados Unidos (3,38%), Letonia (3,15%) y Grecia (3,08%), se acercan a ese porcentaje. La propuesta del 5% ha recibido un “amplio apoyo” según el secretario general Mark Rutte, pero la realidad es que muchos países consideran que el salto del 2% al 5% representa un esfuerzo mayúsculo y, aunque no han rechazado públicamente el objetivo, tampoco han mostrado intención de asumirlo en el corto plazo.

En resumen, España ha liderado la oposición explícita al 5%, mientras que otros países como Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Reino Unido, Canadá y Bélgica han dado señales de dificultad o falta de entusiasmo, aunque sin posicionamientos tan claros o públicos como el español.

EL MACHOTE DEL JUEZ PEINADO

Primero pide al Supremo que impute a Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Pero no se queda ahí, sino que afirma que ante las “evasivas” del ministro “sólo cabría haber acordado” un registro en la Moncloa para incautarse de la documentación sobre la asistente, aunque admite que es una medida “contraria al principio de proporcionalidad” y plantea que la lleve a cabo el alto tribunal.

Pocas dudas pueden quedar de que el juez Peinado actúa de forma parcial, extravagante e incluso puede que prevaricadora. Su supuesta vinculación con la derecha política (especialmente el PP y Vox) hace cuestionable su integridad. Su instrucción del caso contra Begoña Gómez es una persecución política y una maniobra para dañar al Gobierno por tierra mar y aire.

Pero, sobre todo, lo llamativo es que pueda seguir actuando sin que nadie le llame al orden. Eso está generando un sentimiento de desconfianza hacia el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que su silencio convierte en instrumentos políticos más que en garantes de la justicia, porque permiten que continúe con la “caza” de miembros del Gobierno.

Lamentable la politización de la justicia y la pérdida de prestigio de las instituciones judiciales, lo que está generando una profunda desafección ciudadana y descrédito institucional. Los jueces deberían responder por los costes de instrucciones infundadas y alguien debería tomar medidas para controlar los excesos judiciales. 

Indignación, ironía y hartazgo. Parcialidad, corrupción, nepotismo. Y sobre todo un doble rasero, en una persecución al gobierno de manera obsesiva y sin base legal sólida. Una actuación que debería avergonzar a la  judicatura y que está dañando gravemente la imagen de la justicia española, tanto dentro como fuera del país.

Esta situación empieza a pedir a gritos una movilización ciudadana, protestas y reformas más profundas en el acceso y funcionamiento de la carrera judicial, porque podría ser necesaria una evaluación psicológica previa de los aspirantes, y que los jueces rindan cuentas por sus actuaciones, porque están generando un sentimiento de impotencia ante lo que es un deterioro democrático.

No es coincidencia que se intente imputar al ministro de justicia cuando los jueces se declaran en huelga. Nada sucede por casualidad

Democracia y corrupción: una defensa firme del sistema y una exigencia de regeneración

La democracia, ese sistema imperfecto pero imprescindible, atraviesa hoy una de sus pruebas más difíciles en España. Las recientes revelaciones sobre corrupción han sacudido los cimientos de la confianza ciudadana y han puesto al descubierto una crisis profunda que ningún demócrata puede ignorar. La indignación es legítima y necesaria: la corrupción no es un mal menor, sino una traición directa a la ciudadanía y a los principios que sostienen nuestras instituciones.

Las instituciones democráticas existen para mejorar la vida de la gente, no para servir de trampolín al enriquecimiento personal ni al disfrute de privilegios por parte de unos pocos. Cuando la corrupción se instala en el corazón del sistema, lo pervierte y lo debilita, alejando a la sociedad de la justicia y el bien común. La dimisión inmediata de responsables implicados, como Santos Cerdán, es solo un primer paso. Hace falta mucho más: transparencia total, contundencia ante cualquier señal de corrupción y un compromiso inquebrantable con el servicio público.

No podemos permitir que el frenesí mediático y la polarización en redes sociales dicten sentencias sin ecuanimidad ni respeto por la presunción de inocencia. La condena a la corrupción debe ser firme, pero también justa y reflexiva, escuchando las explicaciones legítimas de los responsables y las decisiones de la justicia. El populismo del “cuanto peor, mejor” solo alimenta la desconfianza y la crispación, sin aportar soluciones reales para fortalecer la democracia.

Resulta especialmente grave que quienes han protagonizado numerosos escándalos de corrupción pretendan ahora erigirse en jueces de la ética pública. La oposición tiene la obligación de ejercer una crítica constructiva y pensar en el bien del país, no limitarse a explotar políticamente cada caso para alcanzar el poder a cualquier precio.

La regeneración democrática no es una opción, es una urgencia. La respuesta de los líderes debe estar a la altura de la indignación ciudadana y del daño causado. Solo así podremos restaurar la confianza y demostrar que la democracia es capaz de corregirse, depurarse y salir fortalecida de sus crisis. Porque, frente a la corrupción, la mejor defensa de la democracia es más democracia: más transparencia, más justicia y más compromiso con el bien común.

La corrupción es una herida abierta en el corazón de nuestra democracia que exige una respuesta inquebrantable. Ya no es suficiente la indignación ni el perdón; se impone una regeneración profunda y transversal, liderada por una ciudadanía vigilante y sin sectarismos, que anteponga la ética a la ideología. Es el momento de transformar las palabras en hechos, las promesas en reformas estructurales, y la indignación en un impulso colectivo para blindar nuestras instituciones y asegurar que la política sirva, sin excepciones, al bienestar de todos. Solo así se construirá un muro infranqueable contra la corrupción y se devolverá la credibilidad a un sistema que la sociedad clama por recuperar.

QUE DICE TRUMP QUE LO HACE POR UN BIEN SUPERIOR: LA PAZ. ASÍ QUE TODO EL MUNDO TRANQUILO QUE LO HA DICHO UN GENIO DE LOS CUARTOS

El cierre del estrecho de Ormuz tendría consecuencias económicas globales severas, principalmente por su papel crítico en el comercio energético mundial. Se desencadenaría una tormenta económica global con inflación, escasez energética y ajustes monetarios, siendo Asia y Europa los más expuestos. La magnitud dependería de la duración del bloqueo, pero incluso una interrupción breve provocaría alzas inmediatas en los precios del crudo y efectos dominó en toda la economía.

Los impactos fundamentales serían:

- Aumento inmediato del 30% al 100%: El precio del barril, actualmente en 75 $ USD, podría escalar a 97.5–$150 $ USD en el corto plazo. En escenarios extremos, alcanzaría 200 $ USD. Esto sucedería porque supondría la interrupción del 20% del suministro global de crudo (20 millones de barriles diarios) y una reducción de exportaciones desde Arabia Saudí (40% del flujo), Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Tendríamos una inflación generalizada:

- Aumento en precios de combustibles, transporte y electricidad.

- Encarecimiento de bienes de consumo, especialmente en industrias cómo papel, electrónica, metales.

Cambios en la Política monetaria:

- Posible subida de tipos de interés por parte de bancos centrales para contener la inflación, afectando hipotecas y créditos.

Pero sobre todo afectaría a los Mercados energéticos:

- Disrupción del 30% del gas natural licuado (GNL) global, con impacto en precios de energía en Europa y Asia.

Este impacto sería diferente por regiones:

- Asia: Sufriría el mayor golpe por su dependencia del petróleo del Golfo (China importa el 83% del crudo que transita por Ormuz).

- Europa: Aunque no depende directamente del crudo iraní, enfrentaría alzas en energía y combustibles.

- España: Esperaría subidas en gasolina, diésel y facturas eléctricas, con presión inflacionaria en sectores industriales.

Además, existe un riesgo de que provocara una crisis sistémica

- Interrupción de cadenas de suministro: Corporaciones globales podrían detener operaciones por desabastecimiento energético.

- Volatilidad financiera: Mercados bursátiles reaccionarían con caídas ante la incertidumbre.

Pero sobre todo debemos estar tranquilos porque Trump ha atacado Irán para conseguir la paz.

Blanco y en botella.

¿Por qué tanta prisa en la derecha por llegar al poder estatal sin esperar a que toquen elecciones?

 En la derecha: El PP tiene prisa porque le llegan sus juicios y se pueden ver ante la opinión pública en unos meses peor que Koldo y la compaña. Vox tiene prisa porque no quiere que la situación se prolongue y termine con una mayoría del PP en la que no los necesite. Los medios de comunicación, afines a la derecha, sueñan con una mayor tajada económica con la derecha en el poder. Los jueces quieren evitar que se ponga en marcha la reforma del acceso a la carrera judicial y que puedan ser imputados por la justicia europea. Los obispos ya no le preocupan los fieles de izquierda, tienen tan pocos fieles que de izquierda son mínimos y se deben a quienes les han prometido mantener la casilla en la declaración de hacienda e incluso engordarla.

En la izquierda:  Muchos ex jefes en del PSOE atacan a Sánchez porque quieren elecciones, quitarle de en medio y recuperar poder en ese partido. Podemos quiere dar el sorpasso a Sumar y cuanto antes caiga el actual gobierno cree más posible que, si la derecha no llega al poder, de cualquier posibilidad de gobierno desde la izquierda tener la llave.  Del resto de fuerzas que permitieron la investidura del actual gobierno ninguno quiere que caiga, ni Junts mientras no tenga garantizada su amnistía.

Blanco y en botella. Son la leche.

ar, expresidente del Gobierno y líder permanente del Partido Popular

Aznar, expresidente del Gobierno y líder permanente del Partido Popular mientras no se demuestre lo contrario, ha acusado públicamente al actual presidente de ser capaz de manipular elecciones generales, afirmando que “la delincuencia” y “los bajos fondos” gobiernan España y que Sánchez representa un “peligro democrático”. Aznar vincula estos comentarios a los recientes escándalos de corrupción en el PSOE, y sugiere que existe un patrón de conducta. Además, advierte que la responsabilidad política ha desaparecido en España y que el Gobierno socialista estaría dispuesto a pagar cualquier precio para mantenerse en el poder.

Todo vale para deslegitimar al gobierno. Pero debemos recordar que el voto por correo en España cuenta con múltiples mecanismos de seguridad y está regulado por la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG), que establece un proceso detallado y varias fases de control, incluyendo la identificación obligatoria del votante con DNI, pasaporte o permiso de conducir en todas las etapas del proceso. A pesar de estas garantías, existen casos investigados de posibles fraudes y manipulaciones que siempre son resueltos por la Junta Electoral o por un juzgado.

El sistema exige la identificación personal del elector en todas las fases del proceso, incluyendo la entrega final del voto en Correos, tras una reciente instrucción de la Junta Electoral Central para corregir una fisura que permitía irregularidades en la fase de depósito del voto. Los sobres y documentos electorales cuentan con códigos de identificación únicos que pueden ser anulados si se detectan irregularidades. Correos custodia los votos hasta su entrega a la mesa electoral el día de las elecciones, donde se cuentan junto con los votos presenciales.

Las autoridades han reforzado los controles, especialmente en la identificación en todas las fases, pero los casos investigados indican que, en la práctica, nunca puede ser ni generalizada ni sencilla de ejecutar debido a los mecanismos de seguridad existentes. Pero da igual que eso sea así, todo les vale.

Quién paga manda

Informativo Tele5. “Koldo se ha negado a declarar dentro de su estrategia de defensa” el mismo medio no hace tanto “González Amador se acoge a su derecho a no declarar”. Luego dicen “El PP ha solicitado el ingreso en prisión de Ábalos, pero el juez sorprendentemente no lo ha admitido por considerar que no hay riesgo de fuga”.

Está mañana sacan a M. Rajoy en el programa de AR y la presentadora comenta muy extrañada “Ha afirmado que Sánchez debe convocar elecciones inmediatamente” . Igual esperaba que dijese lo contrario. 

Una cosa es informar y otra manipular como se informa. Quién paga manda.

EL MUNDO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO.

Hoy nos ha tocado despertarnos con un ambiente de gran preocupación, indignación y pesimismo ante la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. Muy criticable  tanto Donald Trump como sus aliados europeos, especialmente los gobiernos de derecha y la ultraderecha. No veo por qué debemos implicarnos en un capricho de un megalómano cómo Trump, ni por qué ha de hacerlo Europa en este conflicto. Este posicionamiento, para muchos españoles, nos genera una profunda desconfianza hacia la OTAN, Estados Unidos e Israel, y nos provoca una sensación de impotencia, de miedo a todo pueda acabar en una guerra mundial. Es frustrante la falta de alternativas políticas y la debilidad de los gobiernos europeos.

Trump es un peligro para la humanidad, un psicópata, narcisista y genocida, que actúa por intereses personales y económicos, arrastrando al mundo a una guerra sin sentido. Los responsables primeros son sus votantes, pero también quienes apoyan a la ultraderecha en Europa provocando un auge de las políticas belicistas y autoritarias. Demasiada hipocresía de quienes se autodenominan defensores de la democracia y la libertad mientras apoyan acciones militares y gobiernos autoritarios. Se han empeñado en convencernos de que no es descabellado pensar en exigir la salida de España de la OTAN. Pero podría empezarse por no permitir el uso en esta guerra de  las bases estadounidenses, porque no lo hacen cómo una  alianza defensiva sino ofensiva y mafiosa.

Lo sucedido apoya la postura del gobierno español de negarse a una subida del gasto en defensa, y el papel de los partidos mayoritarios españoles, si piensan en nuestra seguridad, no puede ser votar a favor del aumento del gasto militar, ni  permitir el uso de bases españolas para operaciones estadounidenses, convirtiéndonos en objetivos militares de los países que ataquen. Si España termina involucrada en una guerra por decisiones ajenas, se acabará cuestionando nuestra soberanía nacional.

No hay que ser analista político para darnos cuenta de que EE. UU. e Israel son los principales generadores de inestabilidad y violencia global, actuando por sus intereses económicos (petróleo, industria armamentística) y geoestratégicos. Las organizaciones internacionales tienen una doble vara de medir respecto a los programas nucleares de Irán e Israel y la manipulación mediática para justificar la guerra. Por si no quiere decirlo nadie, con esta forma de actuar debemos prepararnos para un aumento del terrorismo internacional como respuesta a las agresiones occidentales. ¿se nos ha olvidado la historia.

Resulta lamentable la falta de liderazgo y la fragmentación política europea, así como la incapacidad de sus gobiernos para oponerse a las presiones de EE. UU. La UE es sumisa y desunida, incapaz de defender sus propios intereses o de ofrecer una alternativa a la escalada bélica. Se palpa miedo en mucha gente a una guerra mundial, porque el mundo parece resignado ante la falta de alternativas políticas y es frustrante la inutilidad de las protestas. Se está manipulando la opinión pública y eso hace imposible influir en las decisiones que afectan al futuro de la humanidad.

Nada nuevo bajo el sol, una prueba más de que la ultraderecha, en este caso la trumpista, es un peligro para la humanidad. El mundo futuro va a ser peor que cualquier distopía imaginada. La ley internacional ha muerto, el gangsterismo sionista, Israel y EEUU, han dicho que la única ley que vale es la de la fuerza. El verdadero enemigo de la paz mundial es Israel. Estamos en manos de un individuo que está loco y es un peligro para el mundo. Hoy es más plausible que ayer el NO de nuestro gobierno al 5% del PIB para gastos de 'defensa' de la OTAN. Pero no debemos quedarnos ahí, hay que intentar convencer a los socios europeos para no ser aliados de EEUU en una OTAN que este señor ha convertido en un instrumento a su exclusivo servicio.  Mejor crear una organización europea de defensa común.

Esto está sirviendo para demostrar que la sociedad española es crítica y está alarmada ante la deriva militarista y autoritaria de la política internacional en 2025, con una fuerte desconfianza hacia Trump, la ultraderecha, EE. UU., Israel y la OTAN. Nos toca exigir mayor soberanía y neutralidad para España y Europa, y es lamentable la impotencia ciudadana ante unos acontecimientos que perciben fuera de su control y con consecuencias potencialmente catastróficas. Nuestro papel se reduce a ir a votar el día que nos dicen que hay que hacerlo.

DA IGUAL MENTIR QUE EXAGERAR

De entrada, conviene señalar que existe una notable diferencia entre llevarse un registro de los mensajes o el disco duro de un ordenador y entrar en cada despacho de la sede de un partido político y no dejar mesa ni armario por examinar. Primero la prensa afín al PP tituló “La UCO "registra" la sede de Ferraz”.  Luego debieron pensar “se nos ve el plumero” y titularon “La UCO había entrado en Ferraz”. Es igual, la penitencia de los telediarios no se la quitó nadie a ese partido. En el PP se quedaron con la primera y empezaron las celebraciones y algaradas. El día anterior OK Diario tituló: “Destrucción de pruebas en Ferraz?” El PP se le unió a su batalla por el relato: “No os esforcéis en destruir pruebas. Vuestro final es inevitable", aunque luego resultó merchandising del Orgullo 2025. Después muchos se extrañan de que siempre sea el mismo método: un medio publica algo faso, el PP lo convierte en cierto, y luego se demuestra falso, pero no se corrige. ¡Que democráticos y neutrales son los medios de nuestro país abonados a las subvenciones de las instituciones del PP! Se llena de estiércol el paisaje y la casa huele a estiércol. No es necesario inventar nada, la mierda son Koldo, ¨Ábalos y Cerdán, no hace falta que se inventen nada, pero lo hacen porque viven en la hipérbole permanente, saben que tienes diarrea, pero dicen que es colera.

Según Feijoo no se ha visto nada parecido desde la vuelta de la democracia, cincuenta años. Se ha olvidado del registro en la sede del PP en la calle Génova en 2013, y no sólo para recoger los emails. Pero tiene memoria selectiva ¿dimitió Rajoy por ese registro? Más hipérbole, porque van hiperventilando por no llegar a la Moncloa. Inestimable la ayuda de las fuerzas vivas: el obispo, el juez, el guardia civil, el médico, que él ya se siente  alcalde. No les basta con decir que nos preguntemos si España es gobernable en esta situación, son capaces de derribarnos la casa con sus máquinas, para convencernos, sin demostrarlo, que Sánchez es el causante del terremoto. Poco importa si Acciona tiene ocho trabajadores procesados en el caso Aquamed y la empresa aparece en casi todos los casos de corrupción de los cincuenta años en los que Feijoo no ha visto nada igual.

Continúan elevando la intensidad del diapasón, y ayer se produjo una segunda filtración de datos personales en una cuenta de Telegram de ultraderecha, los datos circulan en un chat de Alvise Pérez, acompañados de contenidos xenófobos, y sexuales manipulados. Se acompaña de los datos de usuarios y contraseñas de 300 afiliados del PSOE. La Audiencia Nacional debe actuar. Don Feijoo

Don Feijoo debería pensar que está llevando la situación a un extremo que puede acabar volviéndose contra él. Están exagerando tanto la situación que recuerda al trabajador ve que porque su compañero llega tarde un par de días, exagera la situación y le cuenta al jefe que llega tarde todos los días y de paso le añade que se va antes de hora. El jefe decide investigar y revisar las cámaras de seguridad y los registros de entrada y salida, y al hacerlo, descubre que era cierto que llegó tarde dos veces solo y que lo hizo por motivos justificados, que el denunciante ha exagerado la situación, y además, se da cuenta de que él también ha llegado tarde en varias ocasiones y no había dicho nada. A partir de ese día, el jefe pierde confianza en el denunciante por mentir y exagerar. El jefe de los  trabajadores Feijoo y Ábascal  somos los ciudadanos. Que huele a mierda el caso del PSOE, si, que lo están sacando de quicio de manera interesada la derecha y sus medios, también. Lo más vomitivo a mi entender, de este caso del PSOE es cómo se habla en los audios de las mujeres. Curiosamente ninguno de los dos ni esos medios, en modo hipérbole, pide la expulsión inmediata de todos los puteros de todos los partidos. Me considero con derecho a preguntarme ¿no lo harán por temor a quedarse solos?

Las mentiras duelen, las exageraciones también, porque son mentiras. ¿Tanto les cuesta esperar a que el juez diga que hay de verdad y que no? 

Buen domingo

La gran mentira de la ocupación

“De ser vista en el pasado como un problema ligado a la exclusión social y la pobreza, reflejo del 'barraquismo' como respuesta a la falta de vivienda digna, hoy se percibe como una amenaza criminal sobredimensionada”

La percepción pública sobre la ocupación de viviendas en España ha sufrido una profunda transformación. De ser vista en el pasado como un problema ligado a la exclusión social y la pobreza, reflejo del “barraquismo” como respuesta a la falta de vivienda digna, hoy se percibe como una amenaza criminal sobredimensionada en el imaginario colectivo. Esta distorsión está alimentada por narrativas mediáticas y políticas que capitalizan el miedo social.

Sin embargo, la realidad ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Los datos muestran que solo una ínfima parte de las viviendas están ilegalmente ocupadas (un 0,057% en 2023). Esto significa que afecta a menos de 6 por cada 10.000 habitantes. En contraste, encuestas recientes revelan que más de la mitad de los españoles cree que la ocupación afecta a uno de cada dos ciudadanos, una percepción que es 893 veces mayor que la realidad. Esta enorme brecha evidencia el impacto del discurso del miedo y la desinformación.

La ocupación en cifras reales

En 2024, las denuncias por ocupación ilegal repuntaron un 7,4%, sumando 16.426 casos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Este fenómeno afecta aproximadamente al 0,06% del parque inmobiliario nacional, que cuenta con unos 27 millones de viviendas. La inmensa mayoría de los casos (alrededor del 93-95%) corresponden a la usurpación de viviendas vacías. Solo entre el 5% y el 7% afectan a viviendas habitadas o segundas residencias (allanamiento de morada).

Tras un pico en 2021 (17.274 denuncias), las cifras bajaron en 2022 y 2023, para volver a subir en 2024. El plazo medio para obtener una sentencia de desalojo en vía civil ronda los 12 meses, pudiendo acercarse a los dos años en algunas comunidades autónomas. Cataluña concentra el mayor número de denuncias, con 7.009 en 2024 (el 42% del total nacional), seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).

Castilla-La Mancha: una realidad menos alarmante de lo percibido

En Castilla-La Mancha, la preocupación por la vivienda es alta, especialmente entre jóvenes y familias vulnerables, pero la percepción de la ocupación también es errónea, como en el resto de España. Los datos de la región muestran una situación contenida en comparación con las comunidades más afectadas, aunque presenta una tasa de ocupación ilegal comparable a la media nacional (alrededor del 0,06%).

En 2021, se registraron 753 ocupaciones en la región. En 2022, la tendencia fue a la baja, con 458 ocupaciones de enero a julio, un 7,29% menos que en el mismo periodo de 2021. Las provincias más afectadas son Toledo (con más de la mitad de los casos regionales), seguida de Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca. La mayoría de las ocupaciones en Castilla-La Mancha afectan a viviendas vacías, propiedad de bancos o fondos de inversión: hasta un 90% según informes policiales regionales. Aunque la provincia de Toledo presenta cifras similares a otras zonas con incidencia, se concentra principalmente en viviendas vacías de grandes tenedores. La tendencia reciente en la región apunta a una cierta estabilización o descenso, a diferencia del repunte nacional de 2024.

Respuesta legal en Castilla-La Mancha

Ante la creciente preocupación, Castilla-La Mancha fue pionera en España al aprobar una ley específica contra la ocupación ilegal en diciembre de 2020. Esta normativa buscaba dotar a los municipios más afectados de herramientas legales para una actuación más rápida. Contempla la posibilidad de que los juzgados decreten el desalojo inmediato en un plazo máximo de 48 horas desde la denuncia. Busca agilizar procedimientos que antes podían demorarse meses o años. Agrava las penas si hay violencia o intimidación. Introduce agravantes para las mafias organizadas. Permite que la policía denuncie directamente con el atestado, sin esperar la denuncia formal del propietario. Prevé atenuantes para casos de vulnerabilidad social.

La raíz del problema: el incumplimiento del derecho a la vivienda

A pesar de las medidas legales contra la ocupación, el fenómeno solo puede tener solución con el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda digna y adecuada reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española. Este artículo impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer normas para hacerlo efectivo, regulando el suelo para impedir la especulación. Sin embargo, este derecho no es considerado un derecho fundamental, sino un “principio rector de la política social y económica”. Esto implica que su garantía depende de la acción legislativa y de políticas públicas, y no es directamente exigible ante los tribunales como los derechos fundamentales.

Por ello, hacer efectivo el derecho a la vivienda debe ser un objetivo prioritario de la política pública. Se necesita desarrollo legislativo y acción de las administraciones competentes. En este contexto, una ley contra la ocupación, aunque útil, se queda en un instrumento secundario para quien necesita un techo. La especulación inmobiliaria y la falta de acceso a la vivienda son señalados como el verdadero problema de fondo. Abordar estas cuestiones, como regular la vivienda protegida para que nunca deje de serlo y no permitir su uso turístico, son pasos necesarios. La peor decisión en política es la que no se toma.

ASÍ ESTÁ EL PATIO

El Gobierno de coalición atraviesa su momento más crítico debido a un escándalo de corrupción que involucra a altos cargos del partido y amenaza la estabilidad de la legislatura. La situación se ha agravado tras la imputación de dos secretarios de organización del PSOE, entre ellos Cerdán, y la aparición de audios grabados por Koldo García, ex asesor de Ábalos, que podrían implicar a más políticos y funcionarios.

En lo Jurídico

Las pruebas contra Cerdán incluyen audios donde se le escucha repartiendo comisiones y un documento privado que lo vincula con la propiedad de la empresa Servinabar 2000, utilizada para el reparto de mordidas provenientes de contratos públicos, especialmente con la empresa Acciona. Además de Cerdán, están implicados el exministro Ábalos, varios empresarios, y altos cargos del Ministerio de Transportes, como Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. El caso se originó con la investigación a Koldo García por contratos de mascarillas y ha ido creciendo hasta afectar a la cúpula del PSOE y al propio Gobierno. El Tribunal Supremo ha ordenado investigar a fondo el patrimonio y las comunicaciones de los implicados, pero ha evitado, por ahora, registrar la sede central del PSOE, limitándose a clonar los correos electrónicos de los principales investigados. El juez instructor no está alineado claramente con ningún bloque político y ha pedido cautela en las actuaciones judiciales.

En lo político 

El escándalo ha provocado pánico en el PSOE y preocupación entre sus socios de coalición, que exigen explicaciones y medidas contundentes contra la corrupción, pero evitan fijar líneas rojas claras mientras esperan nuevas revelaciones. Algunos partidos, como Sumar y ERC, advierten que podrían retirar su apoyo si surgen pruebas concluyentes de corrupción sistémica, lo que pondría en riesgo la continuidad del Gobierno. La presión interna y externa aumenta, con la oposición exigiendo responsabilidades y los socios temiendo un adelanto electoral que podría beneficiar a la derecha. El futuro del Gobierno depende de la evolución de la investigación y de si aparecen pruebas directas que impliquen a Pedro Sánchez o a otros ministros.

Las posibles situaciones inminentes 

Entre las opciones que se barajan están una cuestión de confianza, una crisis de Gobierno o incluso la dimisión de Sánchez, aunque ninguna es inminente mientras no haya pruebas definitivas. El PSOE intenta resistir, reforzando su agenda social y esperando que el tiempo y el verano reduzcan la presión mediática y política.

Vayamos hacia donde vayamos, no lo sabemos, lo cierto y verdad es que el caso Koldo ha desatado una grave crisis de confianza en el Gobierno y el PSOE, con investigaciones abiertas, posibles nuevas implicaciones y un clima de incertidumbre que amenaza la estabilidad de la legislatura. Todo dependerá de las próximas revelaciones judiciales y de la reacción de los partidos que sostienen al Ejecutivo. 

Toca esperar, aunque en la derecha están desesperados por tocar pelo antes de que les toquen los palos judiciales que les esperan a corto plazo.

Buen sábado

(Y 3) TRAS OBISPOS Y JUECES, APARTAROS QUE LLEGA PAGE

La Credibilidad del PSOE: El diagnóstico de García-Page y la cruda realidad de las redes sociales 

Tras una semana de silencio, Page ha regresado a la esfera pública con duras críticas hacia la dirección del PSOE, sentenciando que el partido atraviesa el momento “más grave de credibilidad” en toda su historia reciente. En una entrevista en la cadena COPE, el presidente de Castilla-La Mancha afirmó que “muy poca gente” cree en la actual dirección del partido. Para el presidente, el origen de esta crisis se remonta a la carta de abril de 2024 de Pedro Sánchez y los subsiguientes cinco días de reflexión. Interpreta esa misiva como propia de un Sánchez “calculador” tratando de evitar una situación más difícil, lo que ha derivado en una tremenda "bunkerización" de la dirección. Hoy el "búnker," según Page, ya es una "tumba," donde respira gracias al oxígeno que solo le proporcionan los socios del gobierno, que son solo "accionistas". Lamenta que estemos ante una estrategia de "aislamiento". Page advierte que luchará por mantener viva la "memoria" de un PSOE, cuya única figura "absolutamente trascendental" es Felipe González. 

Analiza la situación política actual, e insiste en que Pedro Sánchez ha sumido al partido en "un laberinto sin salida," en el que "no hay salida digna". No ve a Sánchez en condiciones de ser candidato," que "si convoca elecciones, barre la extrema derecha", y que "depende de la extrema derecha independentista". Por esos motivos Sánchez, según Page, no ha convocado ya elecciones. 

Porque, el retorno de García-Page a la palestra, con sus incisivas reflexiones sobre la credibilidad del PSOE, ha recibido una oleada de comentarios, que al leerlos, uno no puede evitar una sensación de asombro ante la "calidez" y "unanimidad" con la que sus "compañeros" de partido, y algunos que otros que no lo son, han acogido sus palabras. La definición de "es el momento más grave de credibilidad" es un concepto elástico. Mientras para Page la carta de Sánchez es el inicio de la debacle, una plétora de voces —probablemente dotadas de una "memoria más que prodigiosa"— recuerdan "amablemente" que hubo "momentos peores." Fueron los pequeños incidentes del pasado del socialismo, por algunos convenientemente olvidados, pero que incluyen los GAL, la cal viva, los casos Filesa, Roldán, Juan Guerra, los fondos reservados, o incluso el cambio del marxismo por el neoliberalismo en el 82. Para muchos militantes socialistas de entonces la credibilidad del partido se deterioró bastante antes, y de formas, un poco más "viscerales".

Y luego está su "férrea" lealtad, para la que los mejores consejos que encontramos es el de un cambio de siglas, sugiriéndole que, dada su "inquebrantable" línea ideológica, su lugar natural bien podría estar en el PP o en VOX, por no abundar en los comentarios de quienes le  califican de "Judas", "caballo de Troya", "topo", o incluso de ser un "fachilla crónico" que no atacaba a Sánchez cuando gobernaba con PODEMOS. 

Y por si no se ha dado cuenta, la elección de la radio de los obispos, la  COPE para sus declaraciones, por supuesto, parece una "sutil" pista de su verdadera brújula política. Ya nos decían los abuelos aquello de "Dime con quién andas...".

Y hablando de referentes, la "genial" idea de Page de ensalzar a Felipe González como la figura trascendental del PSOE ha sido celebrada por muchos con vítores... de puro sarcasmo. Parece que la "admiración" de Page por González es tan "compartida" como su visión de la credibilidad del partido. Y tampoco faltan en las redes las muestras de "afecto" hacia la figura de Page, que no escasean. Le dedican epítetos tan "cariñosos" como "payaso", "imbécil", "tonto útil", "cobarde", "ignorante", "ramplón intelectual", "cacique", o simplemente un "don nadie" fuera de Castilla-La Mancha. Incluso se le acusa de "trepar" y "chupar del bote" durante toda su carrera política, y se le "anima" a ser coherente y "dimitir" o ser "puesto de patitas en la calle". Porque, como bien se le recuerda, "Roma no paga traidores".

En resumen, la "luminosa" perspectiva de García-Page sobre la situación del PSOE parece ser un "faro de discordia" que ilumina más las "sombras" de su propia posición y de la historia del partido, que un camino de consenso.

Desconozco quienes ejercen ahora la asesoría del presifdente regional, pero en un análisis simplista, quienes votan al PP o Vox en Castilla La Mancha van a seguir haciéndolo a pesar de sus declaraciones; quienes votaban la visión del socialismo de Page seguirán votando a Page; pero de quienes votaron a Page por ir en las listas con el logo del PSOE, un porcentaje elevado afirma que no volverá a votarle; quienes en la izquierda nunca le votaron, ahora lo harán menos aún. Que los asesores hagan cuentas.

(2) TRAS EL OBISPO, UNA DE JUECES

¡Atención, ciudadanos! Preparen sus togas, o al menos sus palomitas, porque la Justicia española vuelve a brindarnos un espectáculo digno de la mejor tragicomedia. Nuestras veneradas Asociaciones judiciales de corte "conservador" nos obsequian con una nueva huelga de tres días, un "paro histórico" –el sexto de la democracia, para ser exactos–, todo sea por esa tan cacareada "independencia judicial". Pero ¿es realmente la independencia lo que está en juego, o más bien la comodidad de unos pocos? Permítanme desgranar las "razonables" objeciones de Sus Señorías.

¡La inaceptable democracia en el acceso a la judicatura! Es el primer punto de discordia, y quizás el más enternecedor, es la propuesta gubernamental de conceder BECAS DE ESTUDIO a los opositores a juez o fiscal. ¡Piense usted, querido lector! ¿Cómo se atreve el gobierno progresista a proponer que cualquier ciudadano, incluso aquellos sin un linaje acaudalado o una cuenta bancaria abultada, pueda aspirar a la toga? ¡La idea de que la capacidad económica no sea un filtro de entrada es, sencillamente, ofensiva para el elitismo judicial que tan bien nos ha servido! Que se preparen los futuros juristas con lo puesto, ¿o acaso es que la escasez no agudiza el ingenio?

¡El escándalo de los Jueces "Sustitutos"! Luego tenemos el drama, que digo drama, dramón de los JUECES SUSTITUTOS y MAGISTRADOS SUPLENTES, esas pobres almas que, para horror de algunos, podrían acceder a la carrera judicial mediante un concurso-oposición. Lo que omiten los huelguistas, con una delicadeza digna de mejor causa, es que a estos profesionales no los nombra el Gobierno, ¡sino el mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)! Y, para rematar la faena, son los únicos que pueden ser cesados, careciendo de esa "inamovilidad" tan preciada. Quien los puede cesar, además, ¡es el propio Poder Judicial! ¿Atentar contra su independencia? No, si acaso, darles la estabilidad de la que carecen por diseño del propio sistema judicial. ¡El horror! Que la estabilidad no arruine el precario equilibrio del poder.

¡Adiós al "Preparador" de Confianza (y quizás "en B")! Porque, por si fuera poco, el malvado gobierno propone un "CENTRO PÚBLICO DE PREPARACIÓN DE OPOSITORES". ¿Se imaginan la desfachatez? Eliminar la necesidad de contratar a un "preparador" privado, generalmente jueces y fiscales de carrera, que, previo "abono mensual de una retribución (en algunos casos, en 'B')", facilitan apuntes y escuchan el "cante" de los temas. ¡La privatización de la preparación, esa dulce tradición, se ve amenazada! Es evidente que una formación estandarizada y pública es una afrenta directa al "conocimiento oculto" y al "secreto" del éxito en la oposición. ¿Qué será lo próximo? ¿Que la justicia sea transparente?

¡La Absurda Idea de un Examen Escrito! Pero la joya de la corona, el colmo de la insolencia gubernamental es la propuesta de introducir una PRUEBA ESCRITA EN LA OPOSICIÓN A JUEZ O FISCAL. ¡Un examen escrito! ¿Para qué, si lo importante es la memoria pura y dura? Según los ilustres huelguistas, ser juez o fiscal es una cuestión "estrictamente memorística". ¡Repetir como un "papagayo" un tema en catorce minutos, sin importar si se comprende o no, es el verdadero arte de la judicatura! ¿Para qué la reflexión, el análisis, la capacidad de argumentación escrita, si se puede recitar el programa como si de un mantra se tratase? La Justicia, después de todo, es un eco, no una voz propia.

¡Una huelga "a coste cero": un paraíso legal propio! Y para añadir un toque de genialidad a esta farsa, resulta que la huelga es "a coste cero". Mientras el común de los mortales ve su salario descontado por cada día de paro, nuestros "intocables" jueces y fiscales parecen estar por encima de tales nimiedades. ¡El ministerio de Justicia intentó descontarles el salario en 2018, pero la Audiencia Nacional, en un giro magistral, falló que el Ministerio no era "competente" para hacerlo! Y, para deleite de los huelguistas, el CGPJ, que sí tendría competencias en otras retribuciones, se limita a informar de quiénes han secundado la huelga, pero "no adopta acuerdo alguno" sobre las nóminas, ¡porque "no tiene competencia en materia salarial"! Es decir, la huelga está en un "limbo legal", un "paraíso resquicio" donde ellos mismos fijan los servicios mínimos y no pierden un euro. ¡Qué maravilla ser "garantes de la justicia" y, al mismo tiempo, operar cómodamente fuera de la legalidad que se aplica al resto!

En definitiva, que mientras se clama por la "independencia judicial" y la "separación de poderes", los motivos de esta huelga parecen apuntar más bien a la defensa de privilegios, la endogamia y la resistencia a cualquier atisbo de democratización o modernización en el acceso y funcionamiento de la Justicia. ¿Será que la verdadera independencia que defienden es la de no tener que rendir cuentas económicas por sus paros, ni la de permitir que cualquier ciudadano, por mérito y capacidad, acceda a sus filas?

La ciudadanía, atónita, observa cómo quienes deben impartir justicia se envuelven en una cruzada que, para muchos, huele más a defensa corporativa que a principios democráticos. Si estos son. Y mientras el ciudadano calla, que ya tiene bastante con tener que quejarse del gobierno.

(1) CON LA IGLESIA HEMOS TOPAO

La Conferencia Episcopal se lanza a la arena política: Argüello pide elecciones anticipadas y agita la controversia del Valle de Cuelgamuros.

La casi tradicional no injerencia (pública) de la Iglesia católica en la conformación del Gobierno español ha sido bruscamente interrumpida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. El muy ilustre ha solicitado la convocatoria de elecciones anticipadas, rompiendo así una tradición no escrita en las relaciones Iglesia-Estado, pero aprovecha el escándalo del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán” para meter aún más presión a la caldera. 

En sus declaraciones, realizadas en una entrevista al diario ABC, Argüello respondió con un rotundo "sí" a la pregunta directa sobre la necesidad de adelantar los comicios, argumentando que la situación actual en España es alarmante sobre el respeto a las reglas del juego. Estas afirmaciones marcan la primera ocasión en democracia en la que un presidente de los obispos exige elecciones al presidente del Gobierno en ejercicio.

Argüello no solo ha generado revuelo por su postura, sino también por el contexto, porque sus palabras se produjeron la víspera de un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, y Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo vinculado a la ultraderecha, durante la presentación de un libro en la Fundación Pablo VI. En este evento, el arzobispo adoptó la retórica de la ultraderecha católica, abogando por una "batalla espiritual" para que los creyentes participen en la "batalla cultural". Su progresivo acercamiento a estas tesis se ha consolidado a través de su rol como profesor en el ISEEP, un centro de pensamiento  de Vox dirigido por Quintana Paz.

Argüello también ha calificado de "irrelevantes políticamente" las disculpas ofrecidas por el presidente del Gobierno, ante el escándalo que ha salpicado a dos exsecretarios de organización del PSOE, y ha subrayado la necesidad de buscar "salidas a lo que parece claro que es una situación de bloqueo institucional, parlamentario y en el propio poder ejecutivo", sugiriendo que la "salida más evidente" en democracia es "dar voz a los propios ciudadanos".

La ola de reacciones a esas declaraciones del presidente de la CEE, no se ha hecho esperar. Argüello ha cruzado una línea roja y sus palabras son claramente una extralimitación que agudiza el rechazo de gran parte de la sociedad española a una iglesia politizada cómo la que Argüello representa. Una iglesia con dos varas de medir  porque Argüello se siente capacitado para exigir dimisiones y elecciones anticipadas, mientras no tolera ninguna injerencia en la doctrina de la Iglesia.

La minoría aperturista de la Conferencia Episcopal teme que la Comisión Permanente de la Conferencia emita una declaración oficial en la misma línea, lo que podría generar reacciones del Ejecutivo, que cómo poco, ya debería estar planteando la revisión de beneficios fiscales, el no ser transigente en el asunto de  Cuelgamuros o revisar el porqué de mantener la financiación de la iglesia. Las declaraciones de Argüello, marcan  una clara tendencia política idéntica a los deseos del Partido Popular y la extrema derecha, lo que contrasta  con el silencio y la tibieza de esa iglesia ante situaciones que afectan a sus miembros o atentan contra principios como el respeto a la mujer o la lucha contra la homofobia, la pederastia en su seno, por no traer a la memoria su apoyo a la dictadura franquista.

La polémica con el Valle de Cuelgamuros, saldada con un acuerdo entre el gobierno y la iglesia para su transformación en un espacio de memoria democrática, manteniendo a los benedictinos y sin planes de derribar la enorme cruz que lo corona, parece reavivarse de nuevo porque sectores ultracatólicos y la extrema derecha continúan con el bulo de que el gobierno busca demoler la cruz. HazteOir ha lanzado una recogida de firmas, asegurando que la resignificación convertirá Cuelgamuros en un "museo de los horrores" que borrará su significado de oración, paz y unidad; Universitarios Católicos y Revuelta (organización surgida al amparo de Vox), han difundido mensajes y videos anticipando la demolición; Y Abogados Cristianos ha solicitado a la Audiencia Nacional que paralice la resignificación, acusando al Gobierno de ir contra "la cruz más grande de la cristiandad". Vox, a través de su portavoz José Antonio Fúster ha advirtido: "Que no toquen la cruz porque ese y no otro es el objetivo", y si eso es aún poco, el eurodiputado Jorge Buxadé define el mausoleo como una "maravillosa obra". Estos grupos ultraconservadores promueven un "relato idílico" del mausoleo, insistiendo en que "ya es un lugar de reconciliación entre españoles".  La verdad es que el Valle de Cuelgamuros fue concebido por Franco en 1940 como un homenaje a los "héroes y mártires de la Cruzada" y un "monumento de victoria" del franquismo en la Guerra Civil, construido en gran parte con mano de obra republicana del Sistema de Redención de Penas. Su inauguración, el 1 de abril de 1959, coincidió con el "Día de la Victoria" franquista, y el discurso inaugural de Franco hablaba de la "antiespaña vencida y derrotada". Toda una demostración de es cualquier cosa menos un lugar de reconciliación.

La inclusión de víctimas republicanas en las criptas fue, según los expertos, un "rapto" y un acto de "oportunismo político" para dar un aire inclusivo al Valle cuando el discurso de la victoria ya no era suficiente, pero nunca con intenciones de reconciliación. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido interpelada para que declare el Valle Bien de Interés Cultural (BIC) y así "protegerlo" del "odio secular de la izquierda".

La creciente intervención política del presidente de la CEE y la polarización en torno a temas como el Valle de Cuelgamuros reflejan una Iglesia española cada vez más posicionada en el debate político, lo que genera un amplio rechazo y que solo sirve para seguir profundizando las divisiones en la sociedad cuando ya existe un acuerdo gobierno-iglesia.

Siempre acaba hablando quien más motivos tiene para callar

Para que nos enteremos que siempre acaba hablando quien más motivos tiene para callar.

Miguel Tellado, la manota derecha de Feijóo y portavoz del PP en el Congreso, habría mantenido contactos con Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, desde 2020 hasta principios de 2025, según conversaciones y archivos recientemente analizados por la Guardia Civil.

Inicialmente, el contacto se produjo por la búsqueda de mascarillas para la Xunta de Galicia, a través de Jacobo Pombo, otro imputado del PP. Tras el cese de Ábalos como ministro, Tellado habría intentado reunirse con Koldo y el propio Ábalos para obtener información sensible sobre el PSOE, especialmente en Valencia y otras zonas clave para el Gobierno; Ábalos rechazó la invitación, pero finalmente Tellado logró reunirse con Koldo.

En torno a marzo de este año, el PP, a través de Tellado, le habría ofrecido a Koldo beneficios judiciales, libertad para su hermano y su ex mujer, y trabajo para todos ellos, a cambio de información y colaboración con el partido. Koldo, que hasta entonces negociaba también con el PSOE, dejó de buscar ese acuerdo y comenzó a grabar sus conversaciones con el PP, lo que, según fuentes judiciales, podría considerarse una “preconstitución de la prueba”.

Y como no puede ser de otra manera, el PP, por su parte, niega rotundamente que Tellado haya tenido relación alguna con Koldo.

Veremos en que acaba todo este circo.

El cancer de piel

El cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años. Sin embargo, también es el tumor más prevenible y, cuando se detecta y trata a tiempo, tiene buen pronóstico.

La prevención desde la infancia es fundamental para reducir la incidencia porque la piel tiene memoria y las agresiones por parte de las radiaciones solares a nuestras células de la piel se van acumulando a lo largo de la vida. Además, existe población de riesgo que debe optimizar la protección frente al sol, como los niños, deportistas, trabajadores expuestos a actividades al aire libre y personas con enfermedades o tratamientos que los hacen especialmente sensibles.

Entre las medidas de prevención y cuidado de la piel frente a las radiaciones del sol encontramos:

Protegerse del sol todos los días, no sólo en verano, incluido los días nublados.

Evitar, en la medida de lo posible, tomar el sol entre las horas de mayor intensidad (11:00 horas – 17:00 horas).

Ponerse a la sombra siempre que sea posible.

Proteger la piel y la cabeza con ropa adecuada y gorras o sombreros. Utilizar ropa que te cubra la mayor parte posible del cuerpo. Utilizar calzado, camisas o camisetas holgadas y de manga larga, pantalones y vestidos largos, de trama un poco gruesa (no fibras de poliéster) y no mojados, especialmente en los momentos de exposición más intensa.

Usar gafas de sol. Es conveniente que las gafas sean homologadas y tengan filtros para los rayos de luz y UV, ya que así se garantiza una protección óptima contra los dañinos rayos ultravioleta del sol.

Usa protector solar con un factor de protección solar (FPS) preferentemente de 50. Aplicarlo 30 minutos antes de exponerse al sol, y volver a aplicarlo cada dos horas como mínimo. Reducir el tiempo de aplicación con sudor o después de un baño.

No usar las cabinas bronceadoras

Conviene examinar la piel regularmente y vigilar posibles asimetrías, bordes irregulares, cambios de color o de tamaño.

Mantenernos hidratados.

Todas las reaccio

La clave

Para diseñar una estrategia efectiva contra esa combinación multifactorial de la que se nutren derecha y ultraderecha, desde los progresistas es necesario también combinar políticas transformadoras con una narrativa que contrarreste ese discurso excluyente. 

Los partidos progresistas deben abordar las causas estructurales del malestar social y ofrecer alternativas concretas, y así lo demuestran y evidencian algunas experiencias recientes en Europa y algunos análisis académicos de ese fenómeno.

Esa estrategia para contrarrestar debería tener cómo bases una serie de cuestiones que solo reseño sin profundizar. 

Unas políticas económicas redistributivas y de justicia social, que solo son posibles si se plantean reformas fiscales progresivas que graven a las grandes fortunas y persigan la evasión fiscal, pero destinando todos esos recursos a servicios públicos universales (sanidad, educación, vivienda). Tampoco es posible sin que se promuevan empleos dignos con salarios acordes al costo de vida, combatiendo la precariedad laboral que alimenta el descontento. Y por último desarrollando programas de transición ecológica justa que vinculen sostenibilidad ambiental con creación de empleo industrial y rural.

Un segundo pilar debe ser la reconstrucción de un tejido social y comunitario que hoy se ha quedado en el olvido. Para ello se deben fortalecer redes de economía social (cooperativas, bancos de tiempo) cómo elementos de fomento de la solidaridad frente al individualismo actual. La crear centros y puesta en marcha de actividades culturales comunitarias que promuevan la diversidad como valor, para contrarrestar las narrativas excluyentes de ese discurso de la derecha, acompañarlas del impulso a programas de educación crítica. Si la desinformación y la polarización de la sociedad se nutre de los medios digitales, se deben utilizar esos mismos medios para combatirla  desinformación y los algoritmos polarizadores.

La democracia por encima de las ideologías. Para ello no se pueden hacer concesiones ideológicas, sino establecer pactos antifascistas con fuerzas democráticas de centro y derecha moderada, manteniendo absoluta firmeza en los principios éticos: rechazar cualquier normalización de discursos xenófobos o negacionistas, incluso en negociaciones parlamentarias, y denunciando  sistemáticamente los vínculos de la ultraderecha con grupos violentos y financiamientos opacos.

Necesitamos una narrativa emocional, pero con bases materiales, que permita combinar la defensa de derechos sociales (sanidad pública, pensiones) con una retórica que apele a la dignidad colectiva, no solo a los datos económicos. Debemos recuperar símbolos patrios desde una perspectiva inclusiva, destacando contribuciones migrantes a la construcción nacional, y haciendo visibles historias de cooperación interclasista e intercultural en barrios y centros de trabajo.

Y las instituciones deben también ser protagonistas de una estrategia institucional preventiva, que puede ir desde la creación de observatorios independientes que monitoricen discursos de odio y propongan medidas legales contra su normalización, pasando por reformar leyes electorales para limitar la financiación de los de partidos con vínculos antidemocráticos, y terminando por fortalecer los sistemas de protección a víctimas de todo tipo de violencia, pero también de la ultraderechista, sufrida especialmente en los colectivos más vulnerables.

Para que esta estrategia sea posible se requiere superar contradicciones históricas de la izquierda: combinar radicalidad programática con pragmatismo táctico, unir luchas identitarias con reivindicaciones de clase, y construir mayorías sociales sin diluir principios. Hace poco leía sobre el caso de Finlandia que nos muestra que es posible ganar terreno a la ultraderecha mediante políticas verdes redistributivas y una defensa intransigente de derechos humanos.

La clave es demostrar que la justicia social y la diversidad no son excluyentes, sino pilares de una verdadera democracia.