Un país los jueces nunca se equivocan. Cuando insultan, no insultan; cuando señalan, no señalan; cuando llaman “puta histérica” a una ministra o “loca peligrosa” a una ex, en realidad están participando en el rico debate público como “ciudadanos particulares”. Ese país, por desgracia, se parece mucho al nuestro.
Porque aquí hemos descubierto una categoría maravillosa: el juez de Schrödinger.
Dentro del juzgado, poder del Estado, toga, vidas y haciendas en sus manos. Fuera del juzgado, cuenta de X, tertulia o conferencia, se convierte de pronto en un señor cualquiera que pasaba por allí, al que no se le puede pedir responsabilidad, ni respeto, ni mucho menos consecuencias. Dan charlas porque son “dos ciudadanos ejemplares y no jueces”. Ver para creer.
La trampa es transparente, pero funciona. Si un concejal de pueblo, una profesora de instituto o un médico de centro de salud soltara la mitad de lo que sueltan algunos jueces sobre mujeres, políticas o migrantes, pronto estaría afrontando un expediente, una bronca o una demanda. Si lo dice un magistrado, de pronto todo son matices: libertad de expresión, vida privada, contexto, interpretación extensiva, corpus doctrinal, amparo constitucional. El resultado es sencillo: ellos pueden equivocarse todo lo que quieran, siempre habrá un recurso, una doctrina, una excusa. Tú no.
No es un accidente, es un sistema. Llevamos años comprobando que el principal déficit democrático de este país no está en el Congreso ni en La Moncloa, sino en cómo funciona la justicia. Lo dicen miles de personas anónimas que nunca saldrán en los periódicos: hay una brecha enorme entre lo que considera aceptable el Consejo General del Poder Judicial y lo que considera aceptable cualquier ciudadano mínimamente decente. Lo que para la mayoría es intolerable (insultar desde una posición de autoridad, humillar públicamente, degradar a medio país), para muchos órganos judiciales cabe dentro del margen de tolerancia corporativa.
Se nos ha vendido durante décadas que a los jueces hay que protegerlos de las presiones políticas. De tanto protegerlos, se han vuelto invulnerables. Se les exige memoria, pero no experiencia vital; conocimientos técnicos, pero no sensatez; independencia, pero no imparcialidad. Y así, cuando “meten la pata”, no pasa nada. Ni expediente serio, ni sanción ejemplar, ni reproche público más allá de un par de días de ruido mediático y una oleada de comentarios indignados que se perderán en la hemeroteca digital.
La paradoja es cruel: quienes tienen en sus manos frenar el odio, el acoso, o la violencia psicológica, a veces practican ellos mismos versiones de lo que luego deberían condenar. Cuando un juez se permite el lujo de insultar a una representante política o a una activista feminista, manda un mensaje claro: hay gente que puede degradarte gratis. Si no se sancionan estos atentados a la dignidad de las personas perpetrados por figuras de autoridad, luego no podremos quejarnos porque se multipliquen los casos de acoso en colegios, trabajos y familias. La pedagogía del ejemplo también funciona al revés.
No es que falten mecanismos de control, es que están diseñados para no usarse demasiado. Es evidente que los jueces no pueden juzgar los delitos de los jueces, al menos no cuando forman parte del mismo ecosistema corporativo que tiende a cerrar filas. Quien se atreve a imaginar otra cosa propone casi ciencia ficción: un tribunal donde participen otros poderes del Estado, juristas no jueces, sin cupos corporativos, con mandato claro de vigilar a “sus señorías” cuando se desmadran.
Algo parecido a un Constitucional, pero sin el blindaje de los de siempre. Una instancia donde “meter la pata” tenga un coste real, y no un simple rapapolvo en voz baja.
Mientras tanto, la ciudadanía se divide entre la rabia y la resignación. Hay quien pide una “purga democrática” en profundidad, que saque de la carrera a quienes confunden juzgar con ajustar cuentas ideológicas. Hay quien se limita a constatar que el poder judicial está “podrido”, heredero de un franquismo que nunca se terminó de desalojar de los despachos. Y hay quien, sencillamente, deja de creer en la institución. Cuando un órgano corrige con imparcialidad los malos actos de los suyos, la gente confía; cuando mira hacia otro lado, se desacredita para todos.
El argumento favorito para frenar cualquier crítica es el de siempre: cuidado con atacar la independencia judicial. Como si pedir responsabilidad fuera lo mismo que pedir sumisión. Como si exigir que un magistrado no insulte, no humille y no siembre odio fuese una injerencia política, y no una mínima norma de convivencia.
La independencia se ha convertido en su coartada: independencia para decir lo que sea, para hacer lo que sea, para no responder ante nadie. Sobre todo, independencia para no parecerse al resto de los mortales, esos que sí pagan sus errores.
Un lector se preguntaba estos días si alguien de verdad cree que Florentino Pérez podría llamar “bazofia” a su propio club desde su cuenta oficial y pretender que hablaba “como ciudadano particular”. La comparación es buena: sabemos distinguir perfectamente cuándo alguien habla desde su poder, aunque lo haga en vaqueros y en redes sociales. Con los jueces hacemos como que no lo vemos.
Fingimos que la toga es un disfraz que se deja en el perchero a la salida, cuando en realidad la autoridad va pegada a la piel, y cualquier palabra que pronuncien pesa más que la de la mayoría.
La buena noticia (si es que hay alguna), es que nada de esto es inevitable. El acceso a la judicatura, la formación, las asociaciones corporativas, los órganos de gobierno, los mecanismos disciplinarios: todo eso son decisiones políticas, no plagas de la biblia. Se puede seleccionar a jueces y fiscales con más experiencia vital, más sensatez. Se pueden diseñar controles externos, se pueden limitar las puertas giratorias entre toga y tertulia, se puede dejar claro que la libertad de expresión no es sinónimo de licencia para el odio, y menos aun cuando hablas desde un estrado.
Hasta que eso pase, seguiremos con la misma escena: Un juez “mete la pata”, los titulares arden, los comentarios hierven, los colegios profesionales carraspean, las asociaciones se pronuncian sin pronunciarse. Luego llega el parte oficial: hablaba a título particular, no se aprecia infracción, se archiva el asunto. Y aquí no ha pasado nada. O, mejor dicho: aquí ha pasado de todo, pero los únicos que lo pagan no son precisamente quienes llevan toga.
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