La investigación dirigida por el magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración de información sobre la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso empieza a ponerse en duda. Según el juez, el fiscal general habría filtrado a los medios la información sobre la confesión de Amador, porque la Fiscalía habría enviado el correo con la confesión a la Moncloa, y de ahí al PSOE de Madrid y a un medio digital. Pero ahora resulta que se han descubierto dos documentos distintos con la misma confesión, un correo electrónico enviado por Amador a Fiscalía y el otro una carta con el mismo contenido, pero diferente formato.
Esta revelación complica la versión del juez Hurtado porque multiplica los posibles filtradores del documento y cuestiona que la Fiscalía entregara directamente el correo al Ejecutivo. Los hechos son que Pilar Sánchez Acera, ex asesora de la Moncloa, confirmó que envió la confesión de Amador a Juan Lobato, pero en formato carta, no correo electrónico; que el fiscal Julián Salto declaró que varias personas tenían acceso al correo de Amador en la Fiscalía. Esto apoya la versión del fiscal general y la fiscal jefa de Madrid sobre múltiples posibles filtradores, a la vez que cuestiona la teoría de Hurtado sobre la filtración exclusiva por parte de la Fiscalía y que sugiere que Moncloa y Fiscalía manejaban la misma información en formatos distintos, lo que podría indicar fuentes diferentes. Estos hallazgos ponen en duda el relato del juez Hurtado y complican su investigación.
Personalmente considero indignantes y vergonzosa la actuación del juez Hurtado y cómo ha manejado este caso, para empezar porque invita a cualquiera que lea los documentos a cuestionar su imparcialidad y profesionalidad como juez. Pero es más pregúntense si esto es así ¿estamos ante un caso de prevaricación y de un juez con una agenda política? Es evidente que el juez está ignorando deliberadamente evidencias que no apoyan su tesis, y por lo tanto hace que se ponga en cuestión la calidad y objetividad de la justicia en España.
Si se ven en conjunto todos los acontecimientos de estos últimos años relacionados con nuestro sistema judicial poco se puede dudar de que existe una supuesta herencia franquista. Es cuestionable cómo ciertos jueces llegan a altos cargos como el Tribunal Supremo. Y luego esta el asunto del tiempo y dinero público invertido en este caso y en otros similares. Todo apunta a una posible manipulación política del caso.
Si esto es así, lo mínimo que debería hacer el CGPJ es investigar y adoptar medidas para impedir que esto se repita. Si esto no hace evidente que tenemos necesidad de una reforma del sistema judicial, pocos casos lo ponen más a la luz.
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