CASO FISCAL GENERAL: El Estado de Derecho debe resistir a que la política usurpe los tribunales.
Hay líneas rojas en democracia que deberían ser infranqueables incluso para quienes hacen del ruido y la sospecha su forma de hacer política. El proceso contra el fiscal general, lejos de asentarse sobre hechos, se edifica sobre arenas movedizas: no hay pruebas, apenas hay indicios, y lo poco que emerge en el juicio desmorona las tesis acusatorias.
La reciente declaración del fiscal Salto, reconociendo que él mismo pudo informar a sus superiores mucho antes de que el asunto llegara oficialmente al fiscal general, dinamita cualquier relato de filtraciones maliciosas desde la cúspide del Ministerio Público.
Este esperpento, que llega a juicio sin que los periodistas involucrados refrenden bajo juramento su supuesta información exclusiva, revela que este procedimiento no es justicia, es escarmiento preventivo, advertencia para quienes ocupen cargos públicos sin comulgar con determinadas ruedas de molino.
De ahí la importancia de que el fiscal general resista. Su permanencia es un muro de contención frente al uso de la denuncia falsa como herramienta para descabezar instituciones incómodas. Si se deja arrastrar por el ruido y la presión, la puerta quedará abierta para que la mentira sustituya a la verdad y la acusación suplante a la prueba.
No hay redención posible para quienes cruzan estos límites, salvo el descrédito. Pero la responsabilidad, ahora, no es solo del acusado, sino del propio Estado de Derecho, que debe demostrar que aún es capaz de resistir cuando la política quiere usurpar los tribunales. Mientras no lo logren condenar, y no podrán, porque no hay base para ello, todavía queda esperanza para la decencia institucional.
JP Guillén
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