martes, 26 de febrero de 2013

La vivienda es un derecho de la persona, no un objeto de especulación


El problema de los desahucios ha irrumpido con fuerza en nuestra vida cotidiana. Rara es quien no conoce el caso de un amigo, familiar o conocido, afectado por una situación que puede llevarle a perder su hogar, los ahorros del pasado y las esperanzas de tener un futuro.
La causa de esta situación no solo es la falta de pago de la hipoteca leonina suscrita en tiempos de bonanza y de burbuja inmobiliaria, ni solo la falta de cálculo para comprar en proporción al salario que se percibía. El mal de fondo está, está en que en nuestro país la vivienda no está concebida como lo que constitucionalmente es, un derecho de las personas, sino como un objeto de especulación para que unos pocos se hayan enriquecido.

Cambiar esa concepción pasa necesariamente por la eliminación de una serie de legislaciones y normativas que permiten esa especulación. Desde acabar con la especulación existente con  la recalificación del suelo que ha sido la fuente de grandes beneficios para propietarios y especuladores, a modificar e incluso anular unas hipotecas con condiciones abusivas para los ciudadanos, e incluso obligar a los bancos a hacer frente ellos y no los ciudadanos, al riesgo de sus operaciones de préstamo. Si esto no se hace, toda la carga tendrán que soportarla los ciudadanos que un día creyeron lo que el director de su banco o caja les contaba, o dicho de otra manera, unos ciudadanos engañados.
Pero no parece que hayamos aprendido nada de lo acontecido. Hace solo una semana se ha aprobado por el Consejo de Ministros la Reforma de la Administración Local, y ni una línea aborda esta cuestión, pese a que el legislador debe ser consciente de que si se quiere evitar la corrupción inmobiliaria, no basta con ordenar que el déficit de la Corporación municipal sea cero, sino que ha de dotarse a los Ayuntamientos de recursos suficientes para evitar esa tentación con el suelo.

Tampoco se ha plasmado ni una sola línea sobre el uso del agua, de la energía, de materiales de construcción apropiados, en definitiva de lo que conocemos como urbanismo y arquitectura sostenibles en esa reforma, con lo que seguimos quedándonos en manos del promotor de turno. Si alguien conoce un caso de corrupción en el que no aparezca la figura de un promotor, que se lo haga mirar.
Por mucho que para todo lo que quiera hacer España, le pidamos opinión a la señora Merkel, para convertir la vivienda en un derecho de los ciudadanos, la solución no nos vendrá de ella y su política de austeridad para con los demás. Después de ver como con el rescate de Portugal y sobre todo de Grecia, lo que se ha hecho es conceder privilegios a la banca alemana, y en menor medida a la francesa, para que puedan recuperarse de sus inversiones fallidas en lugar de hacerles que asuman sus errores. Los únicos que estamos obligados a asumirlos somos los ciudadanos, que para eso ya nos han repetido hasta la saciedad don Mariano y sus ministros económicos, que la culpa es nuestra porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Al parecer para el PP, tener derecho a una vivienda esta solo entre las posibilidades no de quien puede ser despedido de la noche a la mañana, sino  de quienes si en un momento tuvieron dificultades económicas, aparecía un sobre y automáticamente nivelaban su situación.

 Los más beneficiados por la crisis son los que la provocaron, y este gobierno está empeñado en mantenerles sus privilegios. Hacerle frente a esta situación donde la banca tiene la sartén por el mango, solo es posible desde un movimiento colectivo, desde una gran movilización ciudadana, que debería empezar por superar la división existente entre las fuerzas progresistas.  Nadie tiene la patente de no errar nunca, y errores se habrán cometido, por unos o por otros. Pero si no es unidos, esta será una batalla perdida.
 

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