El problema de los
desahucios ha irrumpido con fuerza en nuestra vida cotidiana. Rara es quien no
conoce el caso de un amigo, familiar o conocido, afectado por una situación que puede llevarle a perder su hogar, los
ahorros del pasado y las esperanzas de tener un futuro.
La
causa de esta situación no solo es la falta de pago de la
hipoteca leonina suscrita en tiempos de bonanza y de burbuja inmobiliaria, ni
solo la falta de cálculo para comprar en proporción al salario que se percibía.
El mal de fondo está, está en que en
nuestro país la vivienda no está concebida como lo que constitucionalmente es,
un derecho de las personas, sino como un objeto de especulación para que
unos pocos se hayan enriquecido.
Cambiar
esa concepción pasa necesariamente por la eliminación de una serie de legislaciones
y normativas que permiten esa especulación. Desde acabar con la especulación
existente con la recalificación del suelo que ha sido la fuente de grandes
beneficios para propietarios y especuladores, a modificar e incluso anular unas hipotecas con condiciones abusivas
para los ciudadanos, e incluso obligar a
los bancos a hacer frente ellos y no los ciudadanos, al riesgo de sus operaciones de préstamo. Si esto no se hace, toda la carga tendrán que
soportarla los ciudadanos que un día creyeron lo que el director de su banco o
caja les contaba, o dicho de otra manera, unos ciudadanos engañados.
Pero no parece que hayamos aprendido nada de lo acontecido. Hace solo
una semana se ha aprobado por el Consejo de Ministros la Reforma de la Administración Local, y ni una línea aborda esta
cuestión, pese a que el legislador debe ser consciente de que si se quiere evitar la corrupción
inmobiliaria, no basta con ordenar que el déficit de la Corporación municipal
sea cero, sino que ha de dotarse a los
Ayuntamientos de recursos suficientes para evitar esa tentación con el
suelo.
Tampoco se ha plasmado ni una sola línea sobre el uso del agua,
de la energía, de materiales de construcción apropiados, en definitiva de lo
que conocemos como urbanismo y
arquitectura sostenibles en esa reforma, con lo que seguimos quedándonos en manos
del promotor de turno. Si alguien conoce un caso de corrupción en el que no
aparezca la figura de un promotor, que se lo haga mirar.
Por mucho que para todo lo
que quiera hacer España, le pidamos opinión a la señora Merkel, para convertir la vivienda en un derecho de
los ciudadanos, la solución no nos vendrá de ella y su política de austeridad
para con los demás. Después de ver como con el rescate de Portugal y sobre
todo de Grecia, lo que se ha hecho es
conceder privilegios a la banca alemana, y en menor medida a la francesa, para que
puedan recuperarse de sus inversiones fallidas en lugar de hacerles que asuman sus errores. Los únicos
que estamos obligados a asumirlos somos
los ciudadanos, que para eso ya nos han
repetido hasta la saciedad don Mariano y sus ministros económicos, que la culpa es nuestra porque hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades. Al parecer para el PP, tener derecho a
una vivienda esta solo entre las posibilidades no de quien puede ser despedido
de la noche a la mañana, sino de quienes
si en un momento tuvieron dificultades económicas, aparecía un sobre y automáticamente
nivelaban su situación.
Los más beneficiados por la crisis son los que
la provocaron, y este gobierno está empeñado en mantenerles sus privilegios. Hacerle frente a esta situación donde
la banca tiene la sartén por el mango, solo
es posible desde un movimiento colectivo, desde una gran movilización ciudadana,
que debería empezar por superar la división existente entre las fuerzas
progresistas. Nadie tiene la patente
de no errar nunca, y errores se habrán cometido, por unos o por otros. Pero si no es unidos, esta será una batalla
perdida.
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