Vivimos una democracia simulada

En muchas ocasiones, del análisis de cómo funciona nuestro estado, no es difícil concluir que nuestra democracia no es tal. Son muchos los aspectos que la asimilan más a un régimen impuesto, que a la expresión del deseo o designios ciudadanos. Si queremos que se produzcan cambios que la mejoren, no cabe duda de que la responsabilidad de hacerlo va a recaer sobre la izquierda, puesto que a la derecha política ya le va bien con la actual estructura de nuestra democracia.

Los socialistas, desde el inicio de la transición española, hemos defendido la necesidad de más democracia y mayor participación ciudadana, y por ello debemos ser los impulsores de la revisión de esas viejas estructuras desde las que se ejerce el poder político. Hacerlo implica la puesta en valor de los principios que siempre hemos defendido: igualdad, decisión popular mediante la participación de los ciudadanos en las grandes decisiones, transparencia en la gestión y acceso ciudadano a la información.

Es posible fomentar la participación en democracia a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero desde la izquierda debemos ser conscientes de que ello implica nuevas fórmulas diferentes a las de los partidos políticos o a los movimientos sindicales, de lo contrario va a ser difícil recuperar la con fianza en las formas de acción política.

De todas las cosas que merecen la pena cuestionarse sobre el actual modelo de estructura del estado español, la más llamativa es sin duda, por su importancia y relevancia en esa estructura, y porque su elección no es democrática, es  la Jefatura del Estado, y ese debate debería abrirse sin ningún tipo de miedos ni recelos. Si se quiere plantear un Estado moderno, la figura del Jefe del Estado no puede quedar al margen de esos cambios y de la elección democrática.

Ya sé que muchos pensaran que hay otras cosas más urgentes de abordar que esta cuestión, pero si se quiere plantear una modificación del actual modelo, este asunto no puede quedar para el final, y menos para los socialistas, que siempre nos hemos proclamado republicanos, y que aceptamos la monarquía como una solución al momento que vivía nuestro país a la muerte del dictador. De no hacerlo, pronunciamientos de democracia, igualdad y libertad de pensamiento, quedan reducidos a eso, meras manifestaciones sin contenido real.

No es un planteamiento para mañana, pero mientras esa cuestión se resuelve, la actual Jefatura ejercida desde la Casa Real, debería estar regulada mediante unas normas que  apruebe el Parlamento, y que contemplen sus funciones, su organización, sus presupuestos de ingresos y gastos, etc. En los últimos años estamos asistiendo a un deterioro de la imagen del a Jefatura del Estado, que ningún país democrático permitiría a su presidencia estatal, porque perjudican la imagen exterior de nuestro país. El gobierno actual, empeñado en la promoción de la Marca España, parece ignorar que la Jefatura del Estado es uno de los elementos más importantes de esa Marca.

Si nuestro Estado es una democracia, deberíamos sin temor, plantear un referéndum en el que los ciudadanos pudieran opinar sobre su deseo de continuar como monarquía o como república. La derecha se opone frontalmente a este planteamiento, pero los socialistas si somos tales, debemos plantear las actuaciones que puedan propiciar  la implantación de la República como forma de Estado.

Este planteamiento que hago a la Jefatura del Estado, debe ser aplicable a todas las estructuras estatales que no cumplan los criterios de elección directa por la ciudadanía. Cuando se cuestionan estructuras como el Senado, las Diputaciones y otras, la consulta a los ciudadanos solventa las dudas del legislador, y es a los ciudadanos a quienes nos corresponde expresar nuestra voluntad.

En un democracia, el poder debe ser ejercido desde órganos democráticos elegidos por los ciudadanos, o estaremos en una democracia que no es tal.

 

¿El problema es Gibraltar?

Lo de Gibraltar está empezando a irse de las manos al gobierno. Lo que en principio se montó como una cortina de humo para tapar las vergüenzas de un gobierno del PP gurteliano y abarcenado, está empezando a ser un verdadero incendio que pone en riesgo la convivencia pacífica de la zona más al sur de la vieja Europa, no solo de España. Realizo esta puntualización porque no parece de recibo la forma y la deriva en la que ha entrado el conflicto, un asunto entre dos países miembros de la UE y a los que les unen más cosas de las que les separan. ¿No han podido sentarse a hablar antes de disparar? Ya sé que es difícil sentarse a hablar, si una de las partes sigue pensando desde los rescoldos del franquismo, y sigue viendo a Gran Bretaña como la pérfida Albión, a la vez que hipócritamente presume de qué ha aumentado nuestro turismo exterior, curiosamente gracias a nuestro mayor cliente turístico, Gran Bretaña. Son los mismos, presumen de esto y a la vez les ven como enemigos.

La Comisión Europea ha pedido que las autoridades españolas "respeten el derecho de la Unión Europea" argumentando que cobrar una tasa por cruzar la frontera sería "ilegal". Está claro que "cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera  sería ilegal". La iniciativa española de cobro perjudica más a los españoles que al gobierno gibraltareño, pero no es menos cierto que habría que recordarle a la UE que este problema existe desde hace siglos y hasta ahora se ha lavado las manos o lo ha ignorado.

Aunque la provocación de arrojar bloques de hormigón por parte del gobierno de la roca a la bahía es el detonante del actual enfrentamiento, esto viene de mucho más lejos, y la llegada de Picardo al gobierno en Gibraltar ya apuntaba en esa dirección de conflictos. Sin embargo hay algunos otros aspectos curiosos que voy a tratar de exponer.

El primero de ellos es quien es nuestro ministro de exteriores. García Margallo llega a ese cargo a propuesta de quien fue responsable de esa cartera en el anterior gobierno del PP, el señor Federico Trillo, el que enterró a los militares del Yak 42 de corre prisas, el que invadió Perejil para mayor gloria de la patria, el que aparece como cobrador de sobresueldos, el que hoy curiosamente ejerce de embajador español en Gran Bretaña. Demasiadas coincidencias para no pensar que convertir esto en un problema ahora es una coincidencia, y que con este maestro y valedor, al señor Margallo habrá que recordar aquello de los polvos que trajeron estos lodos. ¿Alguien puede afirmar que en la actitud del PP en este asunto no hay intereses inconfesables?

En cualquier caso, hay que reconocerle a los estrategas del PP que han conseguido lo que pretendían, que no era otra cosa sino crear un enemigo exterior para unirnos a los españoles frente a las “injerencias externas” (frase a la que el franquismo recurría con mucha frecuencia). Y es raro no escuchar a la derecha exigir el cumplimiento de la obligación de la oposición de apoyar al gobierno frente a la agresión exterior.  Hasta algunos votantes de izquierda han caído en la trampa de pensar que, actué bien o mal el gobierno, la oposición debe darle un apoyo sin fisuras, atavismos del franquismo. 

Habría que recordarles el apoyo que ellos prestaron al gobierno de Zapatero en situaciones internacionales parecidas, que no iguales porque nunca el anterior gobierno nos metió en líos como este. Hay que apoyar los aciertos, no los errores, y la forma del gobierno de enfocar este problema es un error. Porque si se analiza la actitud del gobierno, hay que afirmar que este no es el ministro de asuntos exteriores de España, sino el del PP, puesto que ni consulta, y mucho menos consensúa ningún posicionamiento exterior de España. Hace lo que su partido le dicta, no lo que acuerda el Parlamento.

Par nuestra desgracia, no nos quitamos las herencias franquistas ni con piedra pómez. Es innegable que este es un Gobierno que tiene rasgos de neo fascismo europeo similar al de grupos austriacos, franceses o alemanes en sus planteamientos católicos integristas, homofobas, xenófobos, y otras muchas fobias. Y no lo digo sin apoyarlo en hechos: ahí están las actuaciones de los responsables de sus Nuevas Generaciones, ahí está el trato a los inmigrantes en los servicios sanitarios, ahí está el aumento del presupuesto de Defensa mientras recortan en dependencia, o la última subvención para rehabilitar el Valle de los Caídos mientras siguen las fosas comunes en las cunetas.

Por mucho que se empeñen en convencernos de que el enemigo de España es Gibraltar o Gran Bretaña, la cruda realidad es que nuestro mayor enemigo es un gobierno que entiende la democracia resumida al depositar el voto el día de las elecciones, que se permite mentir en sede parlamentaria sin ningún rubor, que lleva más de veinte años concurriendo a las elecciones democráticas con recursos extra procedentes de turbios orígenes, o que premia a sus cargos con sobres. Gibraltar no es el problema, son ustedes, los que hoy gobiernan España. 

La necesidad de reformar la Constitución

Este mes de agosto está siendo utilizado por el gobierno como un periodo que le permite no solo desviar la atención contra su gran problema interno, la corrupción evidenciada por los casos Gurtel y Bárcenas, sino nebulosa que hace que pasen casi desapercibidas determinadas decisiones impopulares como la subida de la luz, la materialización de las privatizaciones del sistema sanitario, o la restauración del monumento fascista del Valle de los caídos.

Las quejas de muchos respecto a cualquiera de esas actuaciones, ya difícilmente calan en una ciudadanía, cansada de ver cómo han resultado estériles sus reivindicaciones de dos años en demanda de cambios de la política gubernamental, y que en este mes anda empeñada en intentar olvidar las penurias que a cada casa han traído el desempleo o los recortes. Están silenciados por esta injusta política que ha pisoteado derechos laborales y los servicios que mejoraban la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. Los oídos sordos del gobierno a sus demandas, la pasividad del conjunto de la oposición, y la sensación de que la corrupción impregna todo  les han llevado a la desafección con sus representantes políticos y las instituciones.

Cuando se hace un repaso de esas políticas de marcha atrás en derechos sociales en los últimos años, la conclusión más compartida por muchos es que el modelo de democracia que tenemos es en gran medida el que permite que el protagonismo ciudadano se encuentre en un segundo plano, no hemos puesto a la economía al servicio de los ciudadanos, sino a estos al servicio de aquella.

Por lo tanto, intentar recuperar ese retroceso parece inútil si se mantiene el sistema actual, puesto que nada impide que mañana, con una justificación similar a lo que es ahora la crisis económica, un gobierno pueda encontrar un nuevo motivo para mayores recortes en derechos. Estamos pues, ante la necesidad de modificar el marco que delimita las reglas de juego de nuestra democracia, la Constitución Española, y con ello adaptarla a la sociedad del siglo XXI, para impedir que esto pueda volver a producirse.

Esa modificación no puede limitarse a algunos aspectos muy concretos, sino que debe ser amplia y abarcar una nueva manera de sentir como nuestro el estado, y a la vez recoger las exigencias de mas democracia y mayor participación ciudadana. Pero incorporar esos aspectos no debe ser solo fruto de unas cuantas mentes privilegiadas, sino el fruto de una amplia participación de los españoles a través de sus aportaciones que es la única forma de que se recupere la confianza entre ciudadanía, representación política e instituciones.

Aunque muchos se empeñan en no asumirlo, y ver la Constitución del 78 como algo intocable, ya pasaron los años de la transición desde la dictadura al modelo democrático actual, y los frenos y prudencias de entonces en su redacción, deben quedar aparcados, para permitirnos ser más progresistas en una nueva concepción de nuestra democracia.

Nadie pone en duda que hoy la sociedad española está mucho mejor articulada y es capaz de definir lo que quiere tanto política como socioeconómicamente. No es discutible que se necesita avanzar en un sistema que pueda garantizar no solo la convivencia entre los ciudadanos, sino que además debe permitir recuperar la confianza entre esos ciudadanos en las instituciones y en sus representantes políticos. O se realiza esa modernización, o asumimos que este país con el actual sistema no tiene posibilidades de coger el tren del progreso social, y el del progreso económico siempre lo cogen pocos y siempre los mismos.

Si el gran discurso del PP para llegar al gobierno estuvo basado en el concepto de “confianza”, ese mismo concepto debería serle válido para aplicarlo a la sociedad española, y confiar en que esa sociedad está preparada para modernizar nuestra estructura democrática y para ejercer una participación activa en ese nuevo diseño.

Pese a lo anterior, no sería raro que este planteamiento encuentre el rechazo en un PP al que últimamente vemos, sobre todo sus generaciones nuevas, mas por la simbología franquista que por aportar para construir entre todos un nuevo marco de convivencia. Pero lo que no puede ser de recibo es que desde el PSOE en particular, y desde la izquierda en general, no se asuma esta necesidad de un nuevo modelo de democracia con mayor participación política y con una nueva manera de entender el ejercicio de la política.

Para quienes nos sentimos parte de la izquierda democrática española, este debe ser un reto, y debemos ser capaces de asumir nuestra responsabilidad y de liderar esa profundización en el sistema democrático, que contemple una reforma de la Constitución. La Constitución del 78 fue un acierto en ese año, pero hay ha envejecido como todos nosotros y necesita modernizarse.

¿Dónde está el umbral de aguante de la sociedad española?

Por mucho que los marhuendas de turno, y los numerosos lacayos del poder (ayer con el PSOE, hoy con el PP, y mañana con quien toque),  se empeñen en vendernos que la comparecencia de Rajoy en el Senado el primero de agosto fue un éxito clamoroso que transmitió confianza a los mercados y a la economía, no es menos cierto que cuarenta y ocho horas después el FMI y la CE estaban proponiendo nuevas medidas de ajuste a nuestro país, y como siempre no aumentando la recaudación impositiva a las grandes fortunas, sino rebajando un diez por ciento los salarios. Aunque lógicamente los empresarios aplauden con las orejas, y el gobierno lo comparte, ambos ponen sus barbas a remojar sabedores de que aceptar esa propuesta supone la ruptura social y la salida del PP del gobierno, por mucha mayoría que tuviese hace dos años.

Una reducción salarial del diez por ciento sería el disparo que pondría al país en pie de guerra, no solo a la izquierda, sino sobre todo a la derecha, porque les estarían tocando lo que para el capitalismo y los capitalistas es más sagrado que la eucaristía: el bolsillo. Por eso desde el gobierno se han descolgado rápidamente de ese convoy y los empresarios no han manifestado la euforia que en el fondo les provoca la medida, y aunque con seguridad ambos comparten la propuesta de sus correligionarios  Lagarde y Rhen .

Si eso se hace, los sindicatos no podrían permanecer callados por más tiempo, y la oposición tendría que radicalizar posicionamientos parlamentarios o sus bases les abandonarían definitivamente. Aquí viene bien recordar el ejemplo de lo ocurrido con los griegos y sus partidos.

Los empresarios saben que es preferible conformarse con todo lo que ya han obtenido en recortes de derechos laborales, porque un nuevo paso hacia conseguir recuperar la esclavitud, es la mecha que enciende la pólvora. Antes tenían que respetar las leyes y derechos sociales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, aunque ganaban menos dinero de lo que ganarían en las condiciones actuales si se llega a iniciar la recuperación, saben que pueden perder esas ganancias por los conflictos sociales.

La pregunta que deberíamos hacernos es si se necesita la adopción de esa medida de recorte salarial para averiguar donde está situado el umbral de aguante de la ciudadanía española.

Nos gobiernan los herederos de un franquismo donde los obreros éramos el último eslabón de una cadena, y así nos siguen viendo, y solo con una respuesta capaz de parar el país pueden verle las orejas al lobo. Pero los obreros también venimos de un régimen franquista que enseñaba que el patrón siempre tenía razón. La combinación de ambas percepciones es lo único que puede explicar que no haya una ruptura social pese a los recortes ya aplicados.

SI la oposición en su conjunto no es capaz de encabezar esa reivindicación, deberían empezar a dejar su sitio a nuevos dirigentes, porque por mucho que lo vendan como una mejora, la reducción temporal del desempleo es eso, temporal, y cuando llegue el invierno, el frio volverá a apretar los zapatos a más de seis millones de personas por tercer año consecutivo.

Pensando con frialdad, tres años es demasiado tiempo para seguir confiando en que la gente conservará la paciencia.

El marido de la peinetera o la pareja de Cospedal

Quien primero se hizo eco de la investigación de la fiscalía fue el diario El Mundo, el mismo que en los últimos meses arremete contra Rajoy por los papeles de Bárcenas, y por eso habrá que entender esta publicación, como una pieza más del enfrentamiento de PP contra PP que las reiteradas publicaciones de este diario reflejan.

Me refiero a la noticia de que la fiscalía ha decidido mirar el forro de los bolsillos del marido de la reina de la peineta y a la sazón Presidenta manchega. No causa sorpresa porque hace tiempo que pienso que a ella y a él se les ha visto el plumero. Quienes como ellos tienen la proa de su barco puesta solo hacia el único objetivo de amasar dinero (ahí están los datos de ingresos de una y otro), solo pueden ser calificados como adictos, porque el dinero es una adicción. El fiscal lo que hace es ponerle tratamiento a esa adicción por ahora a Lopez del Hierro, de su esposa ya veremos, aunque siempre podrá copiar de su amiga Ana Mato y decir que ella no sabía nada.

Esta pareja son de los que públicamente dicen que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y esto viene a demostrar que lo ocurrido es que esta gentuza nos estaba robando por encima de nuestras posibilidades, mientras nos convencían de que sin ellos, España no era España.

Lo que si me está llamando la atención, es que ante esta iniciativa de la fiscalía, la nueva Carmen Polo de la Mancha (por lo de la mantilla), no este ya en las primeras páginas de  los otros medios afines para justificarlo, diciendo que se trata de una campaña de acoso y derribo contra ella y su consorte, y que todo es mentira, o que está preparando una querella contra el periódico, contra el fiscal, y contra todo bicho que se menee. Si aún no lo ha hecho, creo que la prensa del corazón debería ponerlos como matrimonio ejemplar que cumple aquello tan español de que “dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición”.

Aunque la publicación de El Mundo parece descubrir ahora la pólvora, si se acude a las hemerotecas, nos daremos cuenta de que lo de este señor no es nuevo, y ya viene de lejos. Hace años que se le adjudican corruptelas y tráficos de influencia, el más sonado cuando le sentaron en el Consejo de Administración de Red Eléctrica en España. Puede que hasta hoy solo conozcamos la punta del iceberg, y una mañana nos despertemos con el bloque de hielo al descubierto.

Esta señora Presidenta, ni diferida ni simulada, que por toser los demás encuentra motivo suficiente para pedirles la dimisión, no sé cómo no ha presentado ya la suya. Aunque seguramente ella lo vea como una corruptela simulada y en diferido, y no le dé la menor importancia.

En esta pareja tan importante, además confluye el hecho de que son militantes del PP, ese partido cuyos dirigentes encuentran como una gran propuesta para la recuperación de la economía española, la que formula el FMI de bajar un diez por ciento los salarios para mejorar la competitividad. Tal vez una contrapropuesta que cabría hacerles, es  que reduzcan en un diez por ciento el número de corruptos que tienen en sus filas, y puede que el país mejore su competitividad.

Mientras tanto, cada vez somos más los españoles que estamos convencidos de que quienes nos gobiernan son unos verdaderos chorizos. Demuestren que nos equivocamos.

 

La revolución aplazada

Siempre entendí, que ser progresista significa pelear día a día porque los ideales de libertad, igualdad y fraternidad estén presentes en todas y cada una de las actividades de la sociedad y de nuestra vida. Pero cada día podemos comprobar como hay quien a través de los medios de comunicación y en actos públicos,  está intentando cambiar el concepto de progresismo por un mensaje en el que progresismo es sinónimo de progreso, y este lo explican cómo reformas que no tienen  en cuenta los principios citados, sino criterios economicistas y privatizadores, usando la excusa de la lucha contra la crisis sistémica que padecemos, y la necesidad de crecimiento económico.

Hace unos días, escribía en este blog sobre las carencias de nuestra democracia. Carencias que, en gran medida, son debidas a un sistema ya obsoleto que nos dimos en la transición, y a los oídos sordos que ese sistema y sus gobiernos, han hecho de las reivindicaciones ciudadanas. Cuando en 2011 mucha gente joven se lanzó a la calle hastiada de esa sordera gubernamental ante la demanda de cambios y modernización necesarios en nuestro sistema político, se encendió una luz de esperanza de mejora. Pero ni el  gobierno de entonces, ni las reformas abordadas por el actual, han intentado responderlas. Parecen ciegos, y obcecados en no ver que la democracia española está hoy alejada de los ciudadanos, que estos la perciben como sumisa a los intereses de la banca y del gran capital, que la ciudadanía quiere un parlamento que realmente represente la pluralidad social que existe y sus formas de interpretar la política, que la gente desea un modelo de democracia en el que los partidos no tengan la importancia que tenían en otros tiempos, o que la calle prefiere políticos vocacionales y cercanos, a profesionales de la política.

Ese vivir de espalda a la calle, les ha hecho decirnos que la respuesta a estas demandas solo es una, y que la única alternativa a la situación que vivimos es seguir haciendo lo que nos marca la troika, es decir, lo que exige e impone desde Bruselas o Washington el poder económico.

No es hora de interpretar que quienes pedimos esos cambios le estamos reprochando falta de legitimidad en el proceso de transición vivido desde la muerte del dictador, pero si afirmamos que es hora de revisar una estructura del estado que fue válida para ese momento, pero que se resquebraja ante las nuevas demandas sociales. La principal de esas demandas creo que es conseguir el final de los privilegios de unos pocos frente al desamparo que ejerce el estado ante quienes carecen de recursos para vivir fuera de los umbrales de la pobreza. La demanda es, en resumen, que se modifiquen las reglas de juego porque estas ya no nos sirven: ni dan más libertad, ni garantizan la igualdad, y la fraternidad se fue por el sumidero.

Quienes nos sentimos progresistas, nos quejamos de que ante los abusos del sistema, sin embargo los españoles permanecemos pasivos y resignados, y eso es cierto. Pero una mañana nos despertaremos y sin saber porque ha de ser ese día, los ciudadanos pasaremos a la ofensiva y el sistema tratará de disfrazarse como el garante de la paz ciudadana y contrarrestarla, pero no le valdrá, será tarde.

Aunque muchos se empeñan por intereses electorales, en afirmar que PSOE y PP son lo mismo, han de admitir que mientras en el PP no hay signos de rebelión contra el sistema, en el PSOE sí. Aunque aún en minoría entre su dirección, pero avanzando entre sus afiliados, si ha prendido ese espíritu revolucionario que se necesita, y muchos pensamos que ha llegado la hora de pasar de solo resistirnos, a plantear alternativas y luchar por ellas. Ya sé que muchos prefieren ser humillados y permanecer callados por temor a significarse frente a las direcciones, porque algunos vinculan su rebelión a que les suponga su miseria personal. Pero eso ha ocurrido siempre y quienes más sumisos se mostraron en principio, más agresivos actuaron una vez prendida la mecha.

Hoy me levante y escribí esta entrada, convencido de que el caso Gurtel,la trama Bárcenas, los ERE, el caso Palau,o el desfile de cargos camino de la cárcel en Mallorca, etc. ( y es grande el etc.), están acercando cada día un poco más, el momento en que una mayoría decida no dejar para mañana la revolución que todos sabemos necesaria, y que hasta ahora, cada mañana que nos levantamos, aplazamos para el día siguiente. Esa mañana no habrá aplazamientos.

Caminos rurales sin mantener o cortados por particulares

Aficionado a la práctica del senderismo y el footing, hace ya días que junto a un amigo nos encontramos con un hecho que a ambos nos resulta indignante: el trato al que están sometidos muchos de los caminos públicos que tenemos a lo largo y ancho de Castilla La Mancha y en concreto de la provincia de Albacete, y que pese a que siguen siendo de dominio público, por el abandono de la administración en muchos casos, o por la usurpación de los propietarios colindantes, nos hemos encontrado con que nos tenemos que dar la vuelta porque el camino por el que vamos se hace intransitable, o peor, lo tienen cortado por una cadena o sencillamente vallado.

Aunque hay legislación, aunque poca, para controlar la gestión y uso de estas vías públicas, una cosa es la teoría, y otra la práctica, y el descontrol en la gestión de los caminos impide transitar por muchos de ellos.

En 1911 se publicó la Ley de Caminos Vecinales, pero a partir de 1925 los caminos vecinales pasaron a ser competencia de las Diputaciones que estaban obligadas a comunicar los núcleos de más de setenta y cinco habitantes y luego pasaron a ser las actuales carreteras provinciales y locales. El resto de caminos pasó a ser de titularidad municipal y unos ayuntamientos se preocuparon del mantenimiento de sus caminos, y otros se olvidaron de ellos.

En San Pedro, donde resido y trabajo, recientemente ha surgido una polémica importante por una solicitud de cerramiento de caminos públicos, que ha contado con el informe favorable del Ayuntamiento. Sin embargo ya hay caminos públicos en el término en los que una valla impide el transito libre de las personas. Y sin tener que irnos lejos de nuestro termino municipal, la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, que sigue el recorrido del antiguo ferrocarril Baeza-Utiel, sufre una desviación en los términos de Balazote y Alcaraz para bordear unas fincas en lugar de atravesarlas como hacía el trazado del antiguo ferrocarril. Esto son muestras de la relajación de la Administración en la defensa de lo público.

En apoyo de esa asociación que reivindica la titularidad pública de los caminos, realizo este artículo sobre esta problemática, y en la que a continuación me permito hacer una serie de puntualizaciones:

-       El IGN (Instituto Geográfico Nacional) tiene colgada en internet mucha cartografía de esos caminos en formato PDF.

-       Se puede solicitar cartografía por correo electrónico a la Comunidad Europea y según me dijeron, envían gratuitamente un DVD con esa cartografía.

-       La Cartografía Histórica nos puede servir para demostrar la propiedad pública y el trazado de una vía. Esta opción es muy interesante.

Normas jurídicas que afectan a la defensa de los caminos públicos

Como decía antes, las leyes existentes son buenas, pero fallan en la aplicación, y los litigios por usurpación de caminos públicos duran años.

El Artículo 348 del Código Civil regula el derecho a la Propiedad Privada.

El Artículo 455 del Código Penal dice que si por ejemplo cortamos un camino con una malla, podemos ser sancionados por una "realización arbitraria del propio derecho”.

El Artículo 242 del Código Penal, apartado 2 establece la sanción por el delito de Usurpación. No obstante este artículo se usa poco en las denuncias por cerramiento de caminos ya que normalmente se recurre a la Vía Administrativa, antes que a la Penal, reclamando a la Junta de Comunidades para que haga valer sus derechos sobre el patrimonio público y sus obligaciones de salvaguarda.

En los conflictos sobre el terreno por cerramiento de caminos públicos, conviene acudir al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil) para que realice un atestado.

La Ley de Bases de Régimen Local contempla la obligación de los ayuntamientos de tener inventarios de sus caminos públicos, y de actualizarlos anualmente. Los ayuntamientos deben hacerlo para no perder su patrimonio y para fomentar el turismo rural, entre otras razones. Si alguien ocupa esos caminos, la obligación del ayuntamiento es restituirlos para disfrute público.

IMPORTANTE: Si un propietario cierra un camino público, el ayuntamiento tiene 1 año para atender alguna denuncia que solicite la reapertura del camino. Si transcurre ese año, el ayuntamiento ya no podrá actuar de oficio.

Resumen:  para salvaguardar los caminos públicos hay que seguir estas pautas:

1.- Hay que obligar a los ayuntamientos a tener un inventario de caminos públicos actualizado anualmente. Si no lo hacen, tenemos 3 vías:

a) Recurso contencioso-administrativo por Inactividad, cuando el ayuntamiento ha sido advertido de esa obligación y transcurre el período de Silencio Administrativo sin hacer nada.

b) Denunciar por lo Penal al ayuntamiento por Prevaricación por Omisión. Es más contundente que la opción a).

c) Llegar a un consenso con la administración autónoma para que financie al ayuntamiento en la creación del inventario. Sería la "vía política".

2.- Cuando se tenga ese inventario, los caminos deben ser inscritos en el Registro de la Propiedad como bienes demaniales, para lo cual los caminos inventariados deben estar deslindados. El deslinde (individualización del inmueble) es el título de propiedad que legitima la inscripción en el Registro.

3.- El tercer paso del ayuntamiento debe ser la creación de una ordenanza que reglamente la utilización de esos bienes públicos.

4.- Las asociaciones interesadas en los caminos deberían conseguir que la Junta les dé audiencia como partes interesadas en la realización de inventarios, modificación de trazados, deslindes, etc. Para esto, la Junta debe promulgar una ley que lo otorgue, como ha hecho por ejemplo con las asociaciones de consumidores.

Bibliografía imprescindible en temas jurídicos de caminos:

- "Régimen jurídico de los caminos y derecho de acceso al medio natural", de Juli Ponce Solé. Ed. Prames (Zaragoza) Marcial Proms. Es el libro de referencia en este tema. Se puede encontrar en Facultades de Derecho, departamento de Derecho Administrativo.

- "Régimen jurídico en las servidumbres", de Miguel Angel del Arco, Ed. Comares.

Si Rajoy sigue, y 8 de 10 ciudadanos no le creen ¿es esto democracia?

Penoso. Así podría resumirse con un solo calificativo, lo que ayer pudimos contemplar quienes esperábamos la denominada “más importante comparecencia de un Presidente de Gobierno en los últimos años”. Los portavoces de los grupos de la oposición, hicieron su labor y Rajoy la suya, pero si alguien recuerda dentro de unos días algo más que el “fin de la cita”, que levante la mano. Y que un acto tan importante se reduzca a una frase que suena a chiste de humorista televisivo…amén.

Ese calificativo no está en función de la mayor o menor calidad de las intervenciones, sino de la sensación de decepción de un pueblo que esperaba la verdad, y que se siente defraudado con su democracia. No es lo que digan, es el formato que se aplica para decirlo. Lo que piensen en la sede de Génova me importa un bledo, lo que se palpa en la calle, como socialista, me da pánico: esta democracia ayer, defraudó a quien la vive.

Siempre he creído que la manera de luchar contra una interpretación mediocre de la democracia es con más democracia, y eso solo será posible si a la democracia representativa se la complementa con mecanismos que la hagan más participativa.

En estos tiempos en los que está de moda hablar de alianzas entre la izquierda para afrontar los próximos procesos electorales, creo que sería mucho más positivo plantearnos unir fuerzas entre la izquierda para  cambiar el modelo institucional que nos dimos con la Constitución.

La necesidad de revisar las estructuras e instituciones del Estado desde las que se ejerce el poder, cada vez parece más imprescindible si queremos incorporar valores irrenunciables de la izquierda como la igualdad, la participación, la transparencia en las cuentas y en la actuación desde lo público. Dice el aforismo que la información es poder, y si en una democracia el poder recae en el pueblo, para que eso sea así, cualquier asunto relacionado con lo público, la información debe estar siempre y en cada momento a disposición del pueblo si este lo solicita.

Y apelo a esa gran alianza de la izquierda para este fin, porque es a la izquierda a quienes nos corresponde ser protagonistas e impulsores de esa profundización en la participación y la transparencia. El PP se limitara a sus estructuras caducas con sesgo franquista desde las que el ordeno y mando les vale. A la izquierda no, y las nuevas tecnologías y las redes sociales representan un instrumento de primer orden para facilitar todos los cauces de participación posibles, porque solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones.

Reformar las instituciones del Estado para que los ciudadanos nos sintamos representados en ellas, y articular fórmulas que permitan la consulta directa a la ciudadanía en las grandes decisiones, será la única manera de lucha contra la desafección ciudadana de sus representantes políticos, y de una valoración ciudadana de muchas instituciones que va del “no sirve para mucho”, hasta el “no sirve para nada”.

Con un modelo participativo y de voto ciudadano, el sainete de ayer no se hubiese mantenido por una mayoría absoluta otorgada para gobernar, no para proteger a una panda de corruptos. Y el resultado hoy seria penoso para los corruptos, y de aire fresco por las ventanas abiertas de las instituciones, para todos los ciudadanos. Si las encuestas de hoy dicen que solo dos de cada diez se creyeron al Presidente, significa que los ocho que no lo creímos no pintamos nada. Y a eso, no puede llamársele democracia real, porque lo que tenemos es un sucedáneo.