Los recientes acontecimientos de los masteres que no precisaban ni
asistir a clase, ni demostrar lo aprendido para obtener el título; o el
conocer sentencias que archivan delitos por prescripción (con lo que
están afirmando que algo no funcionó, y que alguien no estuvó atento
cuando el delito se cometía), ha tenido su gota para colmar el vaso, en
la reciente sentencia del TS sobre quien debe hacer frente a los gastos
hipotecarios. Toda esa sucesión de hechos ha permitido quitarle la
careta a los denominados poderes facticos, que se han mostrado como "la
mano de la derecha gobernante entonces", o ahora como "el cambio de
criterio de un TS hipotecado", lo que nos sugiere que estamos ante un
sometimiento de los poderes del Estado al capital.
Lo ocurrido
apunta a que no existe independencia judicial, puesto que nada obliga a
la judicatura a pronunciarse sobre la repercusión que en lo
socioeconómico puedan tener sus sentencias, sino que su obligación es
hacer que la ley se cumpla. Eso sí, salvo que pretenda una injerencia en
las competencias del Ejecutivo, lo cual sería a todas luces, impropio
del poder judicial y cercano a caer en la prevaricación.
La
decisión de paralizar los efectos de la sentencia en menos de 24 horas,
nos da una idea de como la banca siempre tiene alguien pendiente de
velar por sus intereses. Esa misma banca, a la que rescatamos con
nuestros bolsillos sin un retorno de lo que aportamos. Esa a la que el
anterior gobierno de M. Rajoy (ese señor que dice sin ruborizarse, que
él está a favor de los banqueros, aunque todo el mundo los critique) les
permitió tapar las consecuencias de una mala praxis bancaria, basada en
la propia incompetencia y en su avaricia, y para ello les regaló 67.000
millones de euros. Y esa misma banca a la que el TS tiene más en temor a
poder irritarla con sus decisiones, que por velar en la aplicación de
nuestra legislación, con independencia a que le moleste o no a la banca.
Como en anteriores ocasiones, acabaran siendo los tribunales europeos
los que nos digan como se cumple la ley, tal y como ocurrió con las
clausulas suelo. Pero mientras eso sucede, lo que parece evidente es
que los enmascarados han perdido con esto su antifaz, y hemos podido
comprobar que de Robin Hood los banqueros, no tienen nada de nada, y que
lo de robar para entregarlo a los pobres, no va con ellos, y que solo
ocurre en las peliculas.
Es el momento de poner las cosas en su
sitio, y eso significa dotarnos de gobernantes capaces de no someterse
al vasallaje que quiere imponerles el capital, aún disfrazado de
justicia, porque eso no es impartir justicia. Pronto tendremos la
oportunidad de decidir que dirigentes nos damos en las urnas, si
elegimos a quienes representan y defienden nuestros derechos, o a
quienes se someten al poder del dinero. Y lo más triste es que de esos
nos los podemos encontrar en todos los partidos.