Si
algo ha demostrado la actual crisis, es que los seres humanos estamos en manos
de cuatro desalmados dueños de las grandes corporaciones financieras.
Así lo demuestran hechos como que un
banco ponga en el mercado hipotecas basura, y pueda poner en crisis a todo el
sistema bancario; o que una agencia
de calificación decida, por su propio interés, disminuir el valor de la deuda
de un país, lo que trasforma sus bonos país en basura; o que una señora decida en Alemania que a mí
me bajen el sueldo, cuando ni me conoce, y con
esa decisión convierte mi trabajo en basura.
El
poder de los estados es cada vez menor, y eso nos deja a los
ciudadanos en manos de esas grandes corporaciones mundiales que hacen y
deshacen a su antojo. Cuando uno se
pregunta si es posible crear sistemas o mecanismos que escapen a su control,
la respuesta siempre es negativa, porque es
imposible regular a quienes son los que designan a quienes deben actuar de
reguladores. Una agencia de calificación dice que el bono país de España,
se acerca al bono basura, pero no nos dicen
que esas agencias están pagadas precisamente por quienes ponen en riesgo a
nuestro estado.
Otro ejemplo lo expuso en
una reciente charla en Albacete el economista
Arcadi Oliveres. Comentaba como los
responsables de la mayoría de bancos centrales y del BCE provenían de la misma
empresa, Goldman Sachs, una de las que necesitaría ser regulada, y que gozan de
la tranquilidad que da el hecho de que si no lo hacen bien, no deban preocuparse
porque esa misma empresa volverá a ofrecerles empleo en otra de sus filiales.
De esto saben bastante Papademos, Draghi, Monti o Rato.
Que las transacciones
financieras no paguen impuestos, que no exista una regulación férrea del sistema
bancario, que se permita a los bancos hacer cualquier operación, o que siga
aumentando el poder de los lobbies financieros, demuestran a todas luces la necesidad de rescatar la dimensión pública
del estado, como única defensa de los individuos frente al sistema. Pero
para que ese papel del estado sea
eficaz, los políticos que gobiernen ese estado deben ser elegidos por personas
de verdad y no por personas jurídicas como está ocurriendo, aunque creamos ser
nosotros quienes los elegimos.
Una
ley de financiación de los partidos
políticos que responda a esta realidad en nombre de los ciudadanos,
es el único instrumento capaz de regular imponiendo
la financiación exclusivamente pública de las campañas electorales y prohibiendo
las donaciones privadas para ese fin, y que nos garantice que quienes elegimos representan realmente nuestros intereses
y no los de quienes les financian. Si se continúa con el sistema actual, solo va a persistir la corrupción y la defensa
de intereses en ocasiones inconfesables, por parte de algunos partidos políticos.
De esta realidad, no podemos sustraer el papel que desempeñan
las empresas de medios de comunicación, convertidas en una maquina de manipular
informaciones, e instaurar hábitos de
consumo y estilos de vida, que nos llevan a tener las necesidades que sus
clientes y dueños quieren, y no las que la lógica debería dictarnos.
Permanecer
impasibles ante el fenómeno del hambre en el mundo, la falta de acceso a la
educación o a la atención sanitaria de millones de seres humanos,
mientras nos convierten a los moradores de los llamados países ricos en
consumidores de todo lo promocionable, debería
estar prohibido, sino queremos sentirnos parte de una humanidad que en su
conjunto nada entre la abundancia de alimentos y la miseria ética.
En cualquier caso, cada uno de nosotros deberíamos empezar a
tomar conciencia de hacia dónde caminamos, y a sentir vergüenza de ver como de la
basura que arrojamos a contenedores millones de seres humanos privilegiados, es
donde otros muchos millones de seres humanos encuentran su sustento de cada
día.
No sé si al levantarnos mañana,
lo haremos con el convencimiento de ser privilegiados, pero si no es así, al menos estaremos todos de acuerdo en que a
tanta desigualdad, no hay derecho.
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