El pasado viernes el Consejo de Ministros aplazó de nuevo la aprobación de
la reforma de la Ley de Régimen Local. El pretendido pacto PP-PSOE en esta
materia se ha evaporado y son muchos los alcaldes del PP que no ven claro lo
que la reforma aborda.
Para entender que habría que reformar, hacer una revisión de la situación
municipal en España con carácter general, nos apunta algunas cuestiones claras.
Los municipios están
en un momento crítico ante la carencia de recursos suficientes para hacer
frente a las obligaciones que han tenido que asumir para mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos. Dar solución a sus problemas requiere un verdadero
Pacto de Estado, para colocarlos en el lugar que les corresponde en una
Europa del siglo XXI.
Pero si la reforma les afecta a ellos, son los municipios quienes deben
ser protagonistas activos de los cambios que se vayan a proponerse y, para
ello, deben dotarse de instrumentos de información que les permitan debatir y
negociar en condiciones de igualdad y transparencia con las demás instancias
del Estado. Esto no está ocurriendo con esta reforma.
Todos los municipios están de acuerdo en que es necesario y urgente
garantizar y asegurar a corto plazo, la financiación de las actividades y
servicios no obligatorios dirigidos hacia las personas, especialmente los de
carácter social, que sólo puede lograrse con un compromiso entre todas las
Administraciones responsables. Aquí es el Estado quien decide en solitario.
El borrador que el gobierno propone, plantea tres objetivos que en
principio se podrían compartir como son
racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, clarificar
las competencias municipales para evitar duplicidades, y un su control
financiero y presupuestario más riguroso. Pero para ello el borrador habla
de coordinación, de eficiencia y
equilibrio financiero, pero sobre todo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, pero siempre dejando clara una cosa: aquí manda papá estado
Si se ve la propuesta, incluso recoge específicamente que el Estado podrá
interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, por vulneración de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conforme
a lo dispuesto en la Disposición adicional 3ª.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril.” Si no me obedeces saco el palo.
La pregunta surge
sola ¿donde se queda en esta reforma la
autonomía municipal? Y la respuesta que se desprende del borrador es que se
va por las cañerías de desagüe. Y es así porque se consagra la intervención de
los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes por las diputaciones
provinciales que se quedan con los servicios pero que no le arrebatan la
titularidad de la competencia municipal. Aquí también lo rechaza PSOE y PP.
Lo citado son cuestiones por acción, pero también hay omisiones. Por
ejemplo ni se menciona la llamada deuda histórica contraída por la
financiación de actividades y servicios no obligatorios que se ha asumido en
años pasados y que ahora esas administraciones que omitieron su cumplimiento,
la regional y la estatal, deberían compensar en primer lugar antes de aplicar
este corsé que recoge la reforma.
El borrador contempla la posibilidad a los
Ayuntamientos de compensar deudas de otras Administraciones Públicas: Estado,
Comunidades Autónomas, Seguridad Social, Universidades y otros organismos y
entes públicos, pero lo hace de una manera tan generalista que no queda
garantizado el sistema contable que lo permita.
Tampoco se aborda un
tema fundamental como es la tributación municipal al Estado. No parece de
recibo que la iglesia católica pueda aplicarse exenciones y sin embargo los
municipios no están exentos del IVA.
Desconozco lo que resultará al final, pero esta reforma que se anuncia
sigue reflejando un aspecto que se arrastra desde la transición en nuestro país:
la falta de respeto de las demás administraciones para con los Ayuntamientos,
que solo se convierten en la administración más cercana al ciudadano cuando
estamos en campaña electora, para el resto del tiempo continuar siendo el
hermano pobre de la administración, al que por pobre, ni se le escucha.
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