Adios a un 2013 nefasto

Oír el pasado viernes a Rajoy tras el Consejo de Ministros, dibujándonos una España en marcha y que ya está saliendo de la crisis, resulta patético, porque eso solo lo perciben los españoles con grandes cuentas corrientes que han incrementado sus ingresos, y desde luego no el ciudadano normal y corriente, cada día con mayores problemas para llegar a fin de cada día que ya ni siquiera a fin de mes. Si, patético, porque un gobernante que cada vez que le ha apretado el zapato de la corrupción en su partido, ha optado por esconderse de la prensa detrás de un televisor de plasma, podía haber seguido fiel a ese su modelo de cobarde, en lugar de salir a mentirnos importándole un bledo  desprestigiar con ello la democracia.

Y es que si no dar la cara desprestigia, mentir lo hace aún más. Daña más la apariencia de democracia que su falta, porque la mentira en sus discursos es la demostración del desprecio sistemático a todos los ciudadanos, esos que con su voto e impuestos unos, y otros solo con lo segundo, le mantenemos en la Moncloa para que sea el presidente de todos, no solo de la clase privilegiada de este país como si de una república bananera se tratase, y el fuese el dictador de pacotilla que la intenta dirigir.

No es fácil ser breve a la hora de resumir el año que termina. Una calificación como resumen: un año nefasto para los ciudadanos. Por mucho esfuerzo que el presidente haga para tratar de convencernos de que este 2013, ha sido un buen año gracias a las reformas que según él permitirán afrontar un 2014 mejor, no creo que exista un solo español (salvo los que viven ciegos en el fanatismo pepero) capaz de creérselo. Las profecías son propias de iluminados y no de estadistas, y Rajoy ni es lo uno, y ha demostrado que tampoco lo otro, por mucho esfuerzo que ponga en exteriorizarlo, y ni él se cree lo que nos dice.

Con la justificación de la herencia recibida (ya son dos años con la misma escusa), la obra pública ha continuado en una vía de parálisis e impase, y nuestras grandes constructoras, como nuestros investigadores, tienen más trabajo en el exterior que en nuestro país. En Galicia como antes fue el Prestige y sus hilillos, ahora ha sido el accidente del AVE en Santiago la punta del iceberg a una mala gestión de las infraestructuras, ahora enturbiando el modelo ferroviario de la alta velocidad. La solución para tapar la mala gestión: culpar al conductor del tren, culpar a la herencia recibida y no admitir que los recortes afectan a la gestión de las infraestructuras. La red de autovías estatales también sin avances en dos años y deteriorándose, y nuestro I+D+I en sus horas más bajas invitando a la fuga de cerebros.

La reforma laboral que se hacía para crear empleo, solo ha servido para abaratar los despidos, precisamente lo que específicamente el gobierno rechazaba pretender con su aplicación. La realidad es que seguimos en seis millones de desempleados, y la bajada de ese número es debida a la gente que ha emigrado (nacionales y extranjeros), y a quienes (cansados de no encontrar ofertas de empleo) han desistido de continuar inscritos en las listas del paro, pero en ningún caso a el resultado de un estímulo a la creación de empleo. A final de este año se ha decidido la congelación del salario mínimo, lo que nos sitúa a la cabeza de los países europeos con un salario mínimo más miserable. Y el remate, en estos días se ha aprobado que, si por trabajar se enferma, el control de la baja laboral se hará por las mutuas patronales y no por el médico de cabecera.

A la reducción drástica de los derechos de los trabajadores de esta reforma, y para acompañarla había que adoctrinar a los españolitos y españolitas, y nada mejor que hacerlo desde la educación primaria. Así la reforma educativa tan protestada por padres, alumnos y profesores se ha aprobado contra viento y marea, porque es la pieza imprescindible para que los contenidos de la reforma laboral sean tragables por cualquier joven que se incorpore al mercado de trabajo.

En el dos mil doce se acometía la reforma sanitaria sin ninguna negociación, mediante un decreto ley, el 16/12, que dentro de un tutus revolutum abordaba cambiar situaciones laborales, sacar medicamentos del sistema público de salud, y auspiciaba las privatizaciones de hospitales y de la asistencia sanitaria general, a la vez que permitía excluir de esa asistencia a los colectivos mas desprotegidos. Pese a ser del año pasado, ha sido en dos mil trece cuando se han visto sus perniciosos efectos sobre la salud de la ciudadanía y del sistema sanitario español que ha pasado de la vanguardia mundial a un puesto de mediocre.

Con un componente que afecta al sistema sanitario, pero sobre todo como un recorte de derechos, a final de año se ha incorporado a la serie de dislates de este gobierno la Ley del aborto, que nos traslada a las épocas del franquismo más rancio, recortando los derechos de la mujer a decidir sobre su derecho a la maternidad, y con la cara dura de cemento y el cinismo eclesiástico que le es propio, su promotor dice que es la más progresista de las leyes europeas que hay sobre esta regulación. Eso sí, es la única promesa electoral del PP que ha cumplido en dos años.

Este mismo ministro ha sido el impulsor de la ley de tasas judiciales a finales de 2012, y que en este año han servido para impedir el acceso a la justicia a quienes medio carecen de recursos económicos, es decir al ciudadano medio que es el que ve vulnerados sus derechos, sin posibilidad de defensa jurídica por el alto coste de los trámites judiciales.

Tampoco se han librado las pensiones, pese a decir que eran intocables, pero con una maniobra de prestidigitación, anuncian una consolidación de una subida en época de vacas flacas pero que no obliga a incrementarla en época de vacas gordas. La consecuencia, esa pensión que estaba en 2013 permitiendo a los padres jubilados, hacer frente a los mínimos vitales de los hijos en situación de desempleo, queda de esta manera congelada desde enero (porque una subida de algo más de un euro mensual, no deja de ser una congelación encubierta). Veremos en 2014 si esto no desata una revuelta social, al estar garantizadas para este año la subida de alimentos, ropa, agua, luz, gas, etc. Junto a la congelación salarial

La ley de dependencia que nació sin dotación suficiente por el anterior gobierno, ha pasado con este directamente a carecer de dotación. Se vuelve al modelo de la caridad cristiana con el pobre y el desvalido. Rara es la agrupación de Nuevas Generaciones del PP que no ha puesto en marcha una iniciativa de recogida de alimentos o de juguetes en estas fechas, sin olvidar que detrás de esa dadiva está un posible votante a sus intereses partidistas. Esta no es una competencia que el estado privatiza, sencillamente renuncia a ella dejándola en manos de la Iglesia y las ONG´s, pero si puede conseguirse un voto, no dudan en transformar a sus cachorros en ONG. Puede que en la próxima Navidad, retorne aquel consejo gubernamental de sentar un mendigo a tu mesa, como en la dictadura franquista.

También nuestra defensa y nuestras relaciones exteriores han vivido etapas intensas. El gran empeño en vender la marca España como sinónimo de calidad, se ha visto truncado por una imagen de corrupción, de país en regresión de derechos ciudadanos y de atisbos de brotes procedentes de nuestras rancias raíces fascistas. Si en la época aznariana era Perejil, este año fue Gibraltar. Y si todos los años hemos dedicado más dinero a la defensa que al empleo, este año también lo hemos hecho, pero con el presupuesto ministerial repartido entre los demás ministerios de tal manera que ese incremento no sea evidente a simple vista.

Tampoco el ministerio de industria ha estado ausente de los trabajos para avanzar hacia un modelo neoliberal. Un ministro que no controla su departamento, que ha visto desde la expropiación de Repsol (vendida como un ataque de los marxistas argentinos a la patria hispana), a la última tragicomedia de las subastas eléctricas (te subo un once, pero luego subo un tres, y todos contentos con tener una subida de nueve puntos menos de lo previsto). Siempre a mano la tan socorrida herencia recibida para justificar cualquier fracaso, y además presumir con la frase “el gobierno tiene que gobernar y hemos hecho frente a los intereses de las empresas en favor de los ciudadanos”.

Y como no detenerse en la labor de un ministerio del interior empeñado en los recortes de derechos ciudadanos, en las leyes mordaza o en hacer guardianes del orden público a los vigilantes jurados de los establecimientos privados. Es el ministerio encargado de mostrar el desprecio sistemático al principio de que la democracia es el gobierno del pueblo. Este ministro demuestra que ante sus convicciones ultra católicas y reaccionarias, la democracia es una palabra vacía de contenido. Su última ley, la de seguridad privada es otra privatización más de lo público, que seguramente tenga en el horizonte la privatización de los establecimientos penitenciaria.

Y por último, el repaso a la labor de los ministerios de economía y de hacienda. Con un pijo y un déspota al frente de ellos respectivamente, son la muestra de lo que es esta derecha gobernante, son los encargados de poner a los ciudadanos al servicio de la economía, en lugar de la economía a nuestro servicio. Con sus reformas auspiciadas con el dato de que estaba bajando la prima de riesgo española, se han dedicado a traspasar los euros recortados en los servicios a las arcas de los bancos de quienes les propusieron para ser ministros, o sea, de sus amigos. Han realizado una reforma del sistema bancario que se inició con la promesa de que todo lo que se diera a los bancos lo devolverían y ahora ni se enrojecen para decirnos que lo pagaremos nosotros los españoles, todos y cada uno de nosotros. Son quienes han permitido el reparto de lo que era patrimonio de todos los ciudadanos entre los saqueadores de guante blanco, sin ningún tipo de escrúpulo ni reparo por su parte.

Parece que, ante este alud de ataques frontales a la ciudadanía, lo lógico sería que esa ciudadanía se mostrase indignada y se manifestase en la calle. Lo ha hecho, más de lo que nos han contado, pero no en la medida que un ataque tan brutal precisa para ser parado. Una explicación a esto: son tantos los frentes que nos han abierto, que el que más y el que menos podemos sentirnos agobiados o abrumados por esta avalancha.

La realidad, a nuestro pesar, es que el rodillo del capitalismo ha seguido avanzando en 2013 contra viento y marea, y en paralelo, los que dirigen el cotarro siguen dedicándose al expolio de todo lo conquistado con mucho esfuerzo (incluida la vivienda familiar, mediante los desahucios por el impago al que sus propias leyes y recortes nos obligan). Después del expolio vemos el reparto descarado del botín conquistado entre ellos, en sobres o en B.

Mi padre me decía que las guerras las provocaban las empresas de fabricación de armamento para así poder limpiar sus stocks de armas. Ahora no solo le creo, sino que estoy convencido que esta crisis es una jugada similar: esta crisis la han creado unos pocos para ponerse las botas con cargo a todos los demás.

El gobierno que hoy tenemos es solamente el representante de los creadores de esta crisis y actúa como gestor de su estrategia, le pese a quien le pese.

El discurso del Rey

No me refiero a la fantástica película, sino a la tradicional intervención del jefe del Estado la víspera de navidad. Desconozco lo sucedido ayer en cada hogar, pero en mi casa, del discurso del rey nadie ha estado pendiente. Es más, en casa ni tan siquiera estaba puesta la televisión mientras se emitía. La realidad es que por mucho empeño que pongan los medios en destacar los contenido de este mensaje, a los ciudadanos de a pie, este tradicional discurso, cada vez interesa menos.

Hoy en los medios si he podido ver algunos contenidos: que en esta España cabemos todos, que asume las exigencias de dar ejemplo que la sociedad le exige, que para hacer frente al problema de la independencia de Cataluña hay que recurrir a la generosidad, y una obviedad como que para salir de la crisis hay que acabar con el paro.

Lo primero que se me ocurre como valoración del discurso, es lo fácil que debe resultar pedir esfuerzos a los demás, cuando esto se hace desde una situación de solvencia económica, sin posibilidad de que te lleven ante un tribunal, y sobre todo desde la jefatura de un estado. Así es capaz de dar consejos cualquiera, pero darlos en esa posición no deja de ser cuanto menos, chocante.

Por mucho empeño que pongan en hacernos ver a la Casa Real como preocupada por nuestros problemas, basta un vistazo a los medios escritos para apreciar que deben dedicar su tiempo a hacer frente a sus propios problemas (una hija en vías de imputación, un yerno procesado, un pasado de Letizia que choca con sus creencias que defienden, o las cacerías del propio monarca). Suficientes motivos para estar preocupados.

Sobre el asunto de Cataluña, más le valdría actuar discretamente, que hablar. Lograr acuerdos con los partidos catalanes mientras esté el PP en el gobierno del estado no es factible, y todos sabemos que esta asunto tiene una duración a medio plazo, que habrá que esperar a una composición más moderada del Congreso de los diputados para intentar llegar a acuerdos razonables. Si tanto le respeta el PP, debería utilizar esa ascendencia para hacerles ser generosos como nos pide a los españoles en general.

Sobre la situación del país, estoy convencido de que no se arregla, no porque no exista solución, sino porque esa solución pasa por reconocer  que es el sistema esta corrupto, y en esa situación, este mensaje  es más de lo mismo, es decir continuismo. Mientras no se reconozca el problema para poder solucionarlo, estaremos alimentando la corrupción, que es lo que por desgracia abunda.

Sobre la justicia. Es difícil que alguien que dice que todos somos iguales ante la ley y después se conocen las trabas que encuentran quienes intentan esclarecer asuntos que directamente le afectan a él y su familia, pueda tener ante la mayoría de los ciudadanos la credibilidad necesaria para que una palabra suya oriente un cambio de rumbo.

Todo el mundo tiene derecho a rectificar, y si quiere puede recuperar credibilidad convocando a todos los partidos políticos para un gran acuerdo por la igualdad entre ricos y pobres, reduciendo los gastos de la Casa Real a la mitad, haciendo pública la contabilidad de su familia, o pidiendo la actuación de oficio de la justicia contra la corrupción.

Tal vez con una iniciativa de este tipo, retrasase que cada día aumente el número de españoles convencidos de que ha llegado el momento de recuperar la república.

Felicitación 2014

Felicitación 2014

La Reforma Local que llega

Según el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas para 2014, la reforma Local prevé que supondrá un ahorro de 8.024 millones de euros para el período 2104-2019, y que en 2015 sería la mayor y ascendería a 5.127 millones de euros.

Ha tenido una rápida tramitación parlamentaria y el proyecto de ley de la administración local ya se encuentra en el Senado, desde donde pasará de nuevo al Congreso para que las enmiendas aprobadas aquí sean ratificadas. Después de eso, será publicada en el BOE antes de finalizar 2013, y la Ley entrará en vigor.

Parece que nos hemos olvidado que los más perjudicados somos los ciudadanos, y que somos nosotros quienes debemos responder a esta reforma que no nos lleva a una mejor democracia, sino a una estructura más vertical de la administración, y es contraria a la descentralización del Estado por la que tanto se luchó en la transición.

Y es que del análisis del texto y de sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, esta reforma dibuja en el horizonte de nuestras entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y entes relacionados o equivalentes), que quieran o no, para ellas comienza la hora del cambio, y que algunos de los efectos de la reforma no tardaran en ser visibles, y por ello, que las competencias autonómicas tampoco quedan al margen de este proceso.

Ya se anuncian recursos de inconstitucionalidad, pero mientras se resuelven, lo importante será su aplicación en función del tipo de entidad, aunque son  comunes para todas las administraciones dos aspectos: ajuste institucional, y equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Siendo el ajuste presupuestario el que condiciona al institucional.

La mayoría que tiene el PP en el Senado hará que se incorporen las enmiendas que su grupo ha presentado en esta fase de la tramitación, y lo grave es que algunas de ellas cambian el texto ya aprobado en el Congreso con el consenso de algún que otro grupo político.

De estas nuevas enmiendas, la más llamativa es que, pese a haberse corregido en el Congreso por posible inconstitucionalidad, de nuevo con su incorporación, el PP hace que resurja la concepción inicial de que los municipios sólo pueden ejercer aquellas competencias propias fijadas en la Ley de Bases de Régimen Local, lo que deja a las CCAA en un segundo plano y vulnera claramente el contenido de todos los Estatutos de Autonomía, al quitarles competencias y arrogárselas el Estado.

Lo más conocido por los ciudadanos del texto, es que la reforma modifica el artículo 26.2 LBRL, y con ello refuerza el papel de las Diputaciones provinciales sin tener en cuenta la opinión o los acuerdos municipales al respecto, y permitiendo que el ministerio decida la fórmula de gestión que el considere sin escuchar a los afectados, por lo que es contraria a lo que en su informe decía el Consejo de Estado que debía hacerse.

Otra curiosidad menos conocida, es que modifica el régimen de habilitados nacionales, y con ello permite que la gestión de tributos pueda hacerse por órganos ajenos a intervención y tesorería. La duda es clara ¿piensan privatizar esa gestión? Esto resulta especialmente llamativo en tiempos en que el control sobre los recursos públicos está en cuestión por los ciudadanos, y con esto se permite un menor control.

Pero sin duda lo que más extraña, es que el texto que saldrá del Senado, permite aplazar algunas decisiones que inicialmente estaba previsto que entraran en vigor al día siguiente de su aprobación, y es en esa aplicación en la que se basaba el ahorro que parecía ser el objetivo de la reforma. Este aplazamiento retrasa el desmantelamiento de entidades dedicadas a gestionar el abastecimiento y depuración de aguas, la recogida y tratamiento de RSU, o las de transporte público de viajeros. Pero curiosamente, no se retrasa su desmantelamiento por escuchar a los alcaldes y alcaldesas, sino por las presiones de las empresas que hoy prestan esos servicios por contrato.

Por último, también se aplazan también transferencias de competencias que no se efectuarían hasta que no se apruebe la financiación autonómica y local, (lo que resulta motivado por presiones de distinto signo). Parece claro que los aplazamientos obedecen a la estrategia política frente a esas presiones, por el temor del gobierno a la repercusión que la reforma pueda tener de cara a las elecciones locales y generales del 2015, lo que deja claro que dependiendo del resultado electoral, así será el alcance real de esta reforma local.

Pero, es evidente que los aplazamientos suponen un nuevo incumplimiento del gobierno en materia política con repercusión económica, porque si se aplaza la reforma o no se aplica de inmediato, no puede documentarse el ahorro que reflejan en el Plan Presupuestario 2014 prometido a Bruselas, y que solo sería aplicable en 2016. Parece que no les preocupa la imagen de la “marca España” en la UE, que empezaran a pensar que baila la yenka.

Parece que no hay duda, de que cada vez que se incorpora una nueva modificación, el proyecto de reforma se empeora y se está convirtiendo en un despropósito. Pero lo que es innegable, es que la mayoría de los ayuntamientos perderá su capacidad de actuar.

A esto hay que añadirle que no todos los dirigentes del partido Popular comparten su contenido, y algunos se oponen a su aplicación, como ocurre en Galicia. Hace unos días, en la tierra de Fraga y Rajoy, pero sobre todo de Feijoo, nos anunciaban  la modificación de su ley autonómica, está claro que no por obsoleta, sino para poder con ello, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa estatal que no le terminan de convencer, como es el caso de las diputaciones, para las que prevé acotar su papel.

Desde la oposición se anuncia un gran acuerdo para que tras el cambio de gobierno del Estado, esta reforma se derogue. Esto ya se ha dicho para la Reforma educativa y otras. Pero aquí, sería importante que los socialistas no nos limitáramos solo a decir NO a las propuestas del PP, sino que pongamos sobre la mesa planteamientos claros, fruto de nuestra experiencia de gestión municipal en muchos años de democracia, y que algunos están contenidos de las propuestas presentadas en la Conferencia Política de noviembre, porque parecen aparcados pese al poco tiempo transcurrido.

Es el momento decir a la opinión pública que los socialistas defendemos unos municipios que han de converger con los municipios del resto de los países europeos, y por ello que reivindicamos el papel municipal como motor de la movilización ciudadana para mejorar la calidad de vida y los niveles de bienestar de nuestros ciudadanos.

Y con esa convergencia no hablamos solo de indicadores económicos sino también en bienestar, lo que nos permitirá, que la gran mayoría de nuestros municipios de pequeña entidad poblacional e inmersos en el medio rural, puedan plantearse la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos, porque si no es así no quedaran pueblos, sino solo ciudades.

Debemos decir, que para los socialistas, los ayuntamientos son la administración pública más cercana a los ciudadanos, pero además creérnoslo, por lo que queremos que los ayuntamientos asuman un papel de primer nivel en el diseño, ejecución, gestión y evaluación de las políticas que se implementen en nuestros municipios, en lugar de dejar todo en manos de papá Estado decida nuestro futuro.

Esta reforma, los socialistas no podemos permitir que coarte la libertad de asociación para la defensa de los intereses del municipio, ni nuestra participación activa en la configuración territorial necesaria para activar modelos territoriales eficientes para el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.

Los socialistas debemos hacer de los Ayuntamientos los actores principales de cualquier estrategia de articulación local, porque reivindicamos el derecho de nuestras sociedades a construir nuestras propias ventajas comparativas, que sirvan de bases para abordar el futuro.

Los Ayuntamientos como administración local deben ser parte activa en el diseño de un desarrollo territorial inteligente, sostenible e integrador que otorgue la capacidad de decisión a los ciudadanos. Es innegable la necesidad de apoyo de las demás administraciones, como también lo es la necesidad de un equilibrio más justo del gasto público invertido, y que se realicen actuaciones públicas que apoyen y dinamicen la actividad de todos los territorios a fin de garantizar la cohesión de todo el territorio del Estado.

Garantizar la igualdad de oportunidades y la solidaridad social es la forma de garantizar altos niveles de calidad de vida y la construcción de capital social en los territorios. El acceso al empleo, la integración social, la educación y las competencias profesionales, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos, la lucha contra el cambio climático, etc., pasan por la mejora de la calidad en las administraciones públicas locales y de los servicios básicos que desde estas se prestan.

Como se señala por el propio gobierno del Estado, mejorar esa calidad de las administraciones no es el objetivo de la reforma local que se aprobará en unos días, como queda claro, su objetivo solo es un recorte más a lo público, atisbándose la privatización de muchos servicios hoy públicos.

Los socialistas debemos dejar claro ante los ciudadanos en su conjunto, que no solo decimos no a esta propuesta de Reforma, sino que sabemos plantear y que tenemos, una alternativa y que estas cuestiones forman parte de nuestro modelo de administración local. Que en esto tampoco PP y PSOE somos iguales.

Nueva Ley de Seguridad Privada. Otra parte del programa B del PP.

Cuando ganó las elecciones de 2011, el PP no solo tenía una contabilidad B. También se presentó con un programa A, pero la realidad es que a la hora de gobernar está aplicando el programa B, (el de los recortes económicos y de derechos ciudadanos). Como la contabilidad B, este programa B, solo lo conocían ellos, de lo contrario no hubiesen alcanzado el gobierno, por muy ciega que se haya mostrado la clase trabajadora de nuestro país, apoyándoles con el “a ver que hacen estos” que les otorgó la mayoría absoluta que les permite sacarse la versión B y desmentir a cualquiera que cite su contabilidad.

Este PP que se llena la boca con la necesidad de “simplificar el Estado”, en realidad lo que están haciendo es privatizarlo, puesto que lo que pasa a manos privadas las competencias públicas, pero pagando su implementación privada con fondos públicos. El colegio público pasa a concertado, pero sigue recibiendo fondos públicos. La sanidad publica pasa al hospital privado, pero pagado con fondos públicos. Las pensiones públicas hacen necesarios los planes de pensiones privados, lo que se estimula con fondos públicos. Y ahora la policía y la seguridad pasan a privadas pero con ayudas públicas. Resumido, esto es hacer lo mismo que se hacía, pero llenando los bolsillos a unos pocos, y mejor si son amigos.

Por mucho que la disfracen en sus medios afines, esta ley no es más que la mercantilización de otro derecho ciudadano como es el de la seguridad. Es la expresión moderna del “todo por la patria” por el “todo por el bolsillo”. La seguridad privada es un negocio que hoy mueve por encima de los tres mil quinientos millones de euros y que en la mayoría de las grandes empresas del sector hay un apellido como denominador común: Oreja ¿os suena?

Como su mayoría parlamentaria solo atiende a la estrategia del rodillo, esta ley acabará aplicándose, y supone que cualquier vigilante de un centro comercial, nos podrá cachear y detener. Por eso, quienes comparten la idea de esta privatización, pensando en ellos mismos, deberían exigirle a Mariano y su cuadrilla, que antes de que entre en vigor deberían diseñar una formación similar a la de las Fuerzas de Seguridad del Estado y exigirles los mismos requisitos a los vigilantes que a sus miembros. Quienes no compartimos esta privatización, ya estamos tardando en lanzarnos a la calle para impedir su promulgación.

Unos y otros, partidarios o no, conocemos situaciones relacionadas con la seguridad privada, en los que se ha demostrado la existencia de incidentes y algunos abusos de autoridad. Si no hay una formación adecuada, no pasaran muchos días sin asistir a los primeros abusos, o a que a alguien se le escape una bala por error, y por desgracia se aloje en el entrecejo de algún paseante que no leyó el letrero de “no pasar”

Cuando uno se intenta documentar respecto al porque se promulga esta Ley, siempre se acaba en un hecho irrefutable: las compañías de Seguridad quieren aumentar su negocio. Y no todo en la vida puede ser el dinero, porque tengo serias dudas de que sea constitucional crear un cuerpo parapolicial, pero como la Constitución parece estar para saltársela a la torera, puede que no les preocupen los paramilitares, puesto que no hace ni sesenta años que eran algo normal en la época franquista.

Tanto están cambiando las cosas que puede que mañana el teléfono contra la violencia de género no se atienda desde una comisaria, sino desde Eulen, Prosegur, Esabe o cualquier otra empresa grande del sector.

Hace unos días en una entrada a este blog, me preguntaba si estarían pensando también en privatizar las cárceles. Hoy la pregunta que me surge va en la misma línea: ¿para cuándo los jueces privados?

Prepararse para las primarias

Por mucho que algunos insistan en su empeño de convencer a la opinión pública de que PP y PSOE son lo mismo, no lo consiguen porque los ciudadanos saben que en políticas sociales la diferencia es abismal y esa diferencia se incrementa día a día. Donde las diferencias, hasta ahora, han sido menos perceptibles, es en materia económica, pero esas diferencias existen y son constatables, aunque hay quien no quiere verlas.

Pero el gran problema del socialismo hoy para volver al gobierno no está solo en que se nos considere iguales al PP, sino que a eso se añade el hecho de que la gente no se fía que podamos cumplir un programa que recoja las premisas y pautas fijadas en la reciente Conferencia Política si se retorna al gobierno. Nadie puede negar que esas dudas hayan encontrado motivación en algunas actuaciones específicas y en algunas políticas practicadas no hace tanto tiempo.

Hace unos días el Observatorio de la Cadena Ser publicaba un estudio y una de sus conclusiones era que más de la mitad del electorado estaba convencida que el PSOE defendía más a las elites sociales que a la clase trabajadora, lo que también se jalea interesadamente con aquello de que el PSOE ha perdido la O de su acrónimo. Esta percepción unida  a la duda en la aplicación del programa una vez alcanzado el poder, hace que ambas sean un lastre del que resulta difícil desprenderse.

Podemos encontrar justificaciones para razonar esa falta de cumplimiento, que puede que estén en las consecuencias de la globalización económica, o en la interrelación con el resto de países de nuestro entorno europeo o en el excesivo poder ejercido por los grandes poderes económicos mundiales. Hace unos días exponía que aún siendo difícil luchar contra estos tres aspectos, la ciudadanía lo percibe mas como falta de valentía para esa lucha, que como una falta de capacidad para intentarlo. La ciudadanía castiga más la apariencia de valor careciendo de él, que su falta real.

Pero sin duda la tercera pata del banco que nos falta, es la necesidad de que quienes representen al socialismo sean personas capaces de transmitir al electorado no solo lo acordado sino el cómo conseguir hacerlo realidad. Eso no será posible tampoco sin la valentía citada. El valor de saltar al ruedo y decir que pese al coste personal y a que se conocen las dificultades que habrá en el camino, uno está dispuesto a hacerlo a cualquier coste. Es el precio a pagar por obtener el reconocimiento del liderazgo interno, y lo que es más importante, por recuperar la confianza de la opinión publica.

El mecanismo de primarias aprobado significa que van a cambiar todos los cálculos existentes, puesto que cambia el electorado. No decidirán las direcciones  del partido sino los votantes que decidan participar, militantes o no. Quienes quieran liderar cualquier ámbito, ya deberían estar dando a conocer sus ideas y proyectos, aunque la fecha se fije más adelante.

Pero no es una cuestión de personalismos. No se podrá acometer esto solo, sino con un equipo preparado y comprometido, porque si importante será la cabeza visible, tan importante como eso será a la vez demostrar que no se está en un proyecto personalista, sino en un proyecto colectivo. Será el adiós del candidato al uso, para dar paso al candidato capaz de huir de las frases hechas, de las consignas  y de los tópicos, para hablar con la claridad que un país serio y una ciudadanía formada necesita.

Será el momento de hacer verdad la frase de “el voto no se pide, se merece”. Este partido ha estado muchos años utilizando lo que un amigo llama los “mirlos blancos” que salían de la nada como los mas validos, para si no ganaban la contienda electoral, desaparecer de la primera línea en poco tiempo. No es un momento para esos elegidos por unos, sino el momento del elegido elegida por todos y todas.

Con un proyecto diferente al PP, con un discurso creíble y creído de defensa de las clases trabajadoras, y unos candidatos preparados y lejos del modelo tradicional, ese retorno al ejercicio del gobierno parece más cercano. Sin embargo no se puede olvidar que quien quiera dar el paso adelante no puede esperar hasta la fecha de las primarias, o quien espere llegará tarde.

¿Alguien está dispuesto a dar el paso? Se le espera.

Rajoy quiere resucitar el Tribunal de Orden Publico

En el facebook de Facundo Cabral, argentino admirado por mí, y a quien una noche conocí en un teatro en la ciudad de San Salvador, cuelga de su muro unos versos suyos que dicen así: “La libertad es una vieja que conocí en la bohemia, al lado de mucha gente y sin que nadie la viera. Me dijo: tengo tres hijos, uno está crucificado, el otro se ha vuelto loco y el tercero no ha llegado". Viene a colación con la situación que puede crear en nuestro país el proyecto de Ley de Seguridad ciudadana que el PP plantea aprobar, y que deja la libertad en un derecho recortado o para privilegiados.

Quienes empezamos a pintar canas, cada día tenemos la percepción de que la libertad en España camina hacia atrás, gracias a un gobierno que está convirtiendo la democracia que nos dimos en una democracia cangrejera. Hoy, treinta y ocho aniversario de la muerte del dictador, el presidente Rajoy ha afirmado que con esa reforma que irá pronto al Consejo de Ministros pretende "garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos". Una cosa es ser un cínico, y otra cosa es propiciar el retorno del más rancio franquismo que corre por las venas de su partido. Eso es filo fascismo, y es lo que se está pretendiendo.

Muchos de nosotros conocimos una instancia del franquismo que se denomino el Tribunal de orden Publico, cuya función era la de reprimir las conductas consideradas como delitos políticos. Entonces, en 1963, surgió tras el fusilamiento de Julian Grimau, (pese a que las pruebas presentadas en su juicio fueron cuestionadas dentro y fuera de España, y a que le sometieron a torturas para obtener su confesión) para que no hubiera más julianes. Ahora surge tras las mareas, los escraches, y las actitudes no sumisas de muchos ciudadanos, para que estas desaparezcan.

Los que tienen menos años, pueden no saber que ese tribunal perseguía los mismos “delitos” que ahora pretende perseguir esta ley y que transcribo literalmente: aquellos que van contra el jefe del Estado, las Cortes, el Consejo de Ministros y forma de Gobierno; con ocasión del ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las leyes; la rebelión y la sedición; los desórdenes públicos; la propaganda ilegal; las detenciones ilegales siempre que obedecieran a un móvil político o social; la sustracción de menores; el allanamiento de morada; las amenazas y coacciones; y el descubrimiento y revelación de secretos. Su ámbito de actuación era la totalidad del territorio nacional, como la ley de ahora, y duró para nuestra vergüenza hasta 1977, dos años después de muerto el dictador.

Por mucho que se pretenda disfrazar como una norma que busca regular la convivencia, se mire como se mire, es una mordaza a todo ciudadano que no piense como quien nos gobierna, y se atreva a demostrar esa desavenencia. Lo que pretende es convertir a los ciudadanos que protestan o muestran su desacuerdo en individuos peligrosos, casi terroristas en muchos casos, y en individuos antisociales en la mayoría.

El PP no ha tenido suficiente con desmantelar el estado del bienestar en tan solo dos años de gobierno, sino que si esta ley llega a aprobarse en los términos que se han dado a conocer por el Ministerio del Interior, supone el desmantelamiento también del estado de derecho y con él de nuestra democracia. El único derecho que tendrá el ciudadano será la obligación de obedecer, igual que en la dictadura.

Que el franquismo está volviendo, no solo es por esa iniciativa de ley de seguridad, porque también  lo vemos en cómo hacen ostentación de la bandera del aguilucho en las NNGG del PP, o en el mantenimiento del Valle de Los Caídos como símbolo franquista, o los nombres franquistas mantenidos en muchas calles, o las víctimas del franquismo en las cunetas, o la vuelta de la religión católica en la escuela, etc. Pero no se pararan aquí, me temo que seguirá adelante esta marcha atrás en derechos democráticos, porque ya han anunciado la reforma de la ley del aborto, tienen prevista la reforma del código penal para aprobar la cadena perpetua en respuesta a la sentencia europea contra la doctrina Parot, y que nadie se extrañe si luego convierten las cárceles en campos de concentración, y así hacen su revival histórico completo culminado con la canonización del bajito de El Ferrol.

Asistimos a todo ello con la bendición de la iglesia anclada, como el PP, en un pensamiento propio de esos años del franquismo como se ha demostrado en la reciente conferencia episcopal. Y aunque algunos conservamos la memoria, mientras las izquierdas seguimos tirándonos los trastos a la cabeza, y la derecha moderada y democrática continúa callada.

Quizás vaya siendo hora de que los ciudadanos nos demos cuenta de  que la forma de garantizar la libertad y la convivencia pasa no por la aprobación de esta ley, sino de de una que persiga a los gobernantes y a sus instrumentos policiales que se atrevan a pisotear los principios democráticos como se está haciendo. Unos por acción y otros por omisión, tenemos lo que nos merecemos.

 

Hay otras soluciones, no solo los ERE.

Cuando todos creíamos que un ERE era algo que resultaba inevitable en España por la crisis económica, mire usted por dónde con la huelga de las basuras en Madrid, de pronto nos damos cuenta que el despido o la rebaja salarial drástica no es la única solución a estos conflictos, como hasta ahora se nos ha hecho ver por el gobierno del PP y por la CEOE. Sin duda los representantes sindicales merecen ser felicitados.

Que la señora alcaldesa de Madrid no ha sabido gestionar esta crisis, cada vez es menos cuestionable para los madrileños, inclusive para sus correligionarios de partido. Pese a que, en una primera fase,  ha querido ganar tiempo para que los trabajadores se aburrieran, y luego ha intentado que los ciudadanos cargaran contra los trabajadores, no lo ha conseguido. Pero lo mas vomitivo ha sido el final, en el que ha tratado colgarse la medalla del acuerdo alcanzado y de paso poner flores en una Reforma Laboral. Es esa Reforma la que está detrás del origen del problema, y no detrás de su solución como pretende vendernos ella y su partido..

Y es nauseabundo, porque si como Botella dice, se hubiera resuelto gracias a la Reforma laboral, no tendría ninguna explicación que la solución, no hubiese llegado antes que la huelga, y este país en general y su capital en particular, se hubiesen ahorrado un conflicto que ha transmitido en el exterior una imagen que pueden merecerla sus gobernantes, pero no el pueblo español.

Esta situación vivida durante diez días, es una muestra de la política a la que las empresas (con el beneplácito del gobierno del PP), están sometiendo al conjunto de  los trabajadores, consistente en tensar la cuerda al límite, sabedores de que si se rompe lo hará por el punto más débil, y que no es otro, que el del obrero cuya familia depende del mísero salario que le pagan.

Sin embargo, aunque con los empleados de la limpieza parece que han pinchado en hueso en esta ocasión, no es menos cierto que han logrado una rebaja salarial, aunque disfrazada. Seguramente, y en pocos meses veremos si es así, les esperaran sorpresas por parte de las empresas que no renunciaran a buscar formulas para aminorar sus plantillas, porque se mire como se mire, tanto las empresas como el Ayuntamiento siguen teniendo la sartén por el mango.

El remate final de la jugada por doña Ana Botella, ha sido pedir la regulación del derecho de huelga para evitar de nuevo esta situación. Pero eso sí, que esa regulación se realice por el parlamento donde el PP tiene mayoría. Si esta señora realmente representase a los ciudadanos en su conjunto, y no a los intereses de las empresas que sostienen a su partido, no pediría su regulación al gobierno, sino que pediría al gobierno a que instara a organizaciones empresariales y sindicatos a alcanzar un acuerdo en esta materia. O sea, lo mismo que ha hecho ahora en la solución del conflicto de las basuras, es decir, nada.