En la España de 2017 el paciente con Diabetes Mellitus está sufriendo una discriminación injustificada e injustificable cuando intenta acceder a un empleo en el sector público. Aunque para muchas personas esta situación es desconocida, lo cierto es que en determinadas ofertas de empleo público se recogen unas restricciones, en el apartado de motivos de exclusión por enfermedad que han quedado hoy absolutamente anticuadas y fuera de lo que es la realidad del paciente que presenta diabetes en el siglo XXI.
Esas exclusiones son claramente una discriminación hacia el colectivo de pacientes con diabetes, y son hoy contrarias a informes tanto jurídicos como científicos. Por esa razón, FEDE (Federación Española de Diabetes) presentó ante el Defensor del Pueblo una solicitud en la que se pedía realizar una serie de actuaciones que la eviten. La solicitud ha sido admitida a trámite y se encuentra en estudio por este órgano.La diabetes es una enfermedad crónica que sufre casi un catorce por ciento de la población, aunque un seis por ciento de ellos no lo sepa. Su tratamiento tradicional ha sido la dieta, el ejercicio físico y algún que otro fármaco más o menos efectivo para su control. A lo largo de los últimos años, hemos asistido a un avance farmacológico exponencial, que nos ha permitido conseguir tratamientos para su control, disponiendo hoy de un verdadero arsenal terapéutico con el que se consigue evitar o minimizar el riesgo de que estos pacientes sufran una disminución brusca de sus niveles de glucosa en sangre, que conocemos con el nombre de hipoglucemias, y por tanto el riesgo de afectar a su actividad laboral se ha reducido en gran medida.
Si a esa seguridad farmacológica le unimos la disponibilidad de instrumentos para el autocontrol del paciente de uso sencillo, estos pacientes son trabajadores que pueden adaptar su tratamiento a su ritmo de trabajo evitando esas bajadas de sus cifras de glucosa en sangre. Ambos elementos permiten afirmar que hoy día, el paciente con diabetes no tiene por qué ser sometido a exámenes médicos extraordinarios, sino a los mismos que el resto de aspirantes a una plaza de empleo, siendo el profesional médico quien debe dictaminar si puede realizar la actividad que ese empleo requiere, y no ser ya una barrera para acceder el hecho de tener diagnosticada una diabetes. Es necesario individualizar la situación de cada paciente, porque hay enfermos no enfermedades, y consecuentemente la enfermedad tiene impacto diferente según la persona.
Es hora de que este país nuestro, piense en hacerse adulto a la hora de abordar los temas relacionados con la salud, y dejar de calificarlos indiscriminadamente como obstáculos para acceder a un empleo. Nuestra Constitución garantiza el derecho a ser tratados en condiciones de igualdad a todas las personas, y ese principio es el que debe imperar a la hora de una selección de personal en cualquier sector laboral, y mucho más en el sector público. En una oferta de empleo los aspirantes deben ser elegidos según su cualificación para desarrollar la actividad objeto de la oferta, y presenta diabetes en ningún caso puede ser motivo de discriminación.
Que se haya admitida por el Defensor del Pueblo la solicitud de FEDE es un pequeño paso, pero hay que seguir avanzando, porque estar al día en cuestiones como esta, también debe ser parte de las políticas de igualdad con las que a nuestros gobernantes les gusta llenarse la boca.
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