Un sistema de sanidad pública fuerte y universal no es un lujo ideológico, sino la única forma racional, justa y económicamente inteligente de organizar el derecho a la salud en una sociedad avanzada. Desmantelarlo y sustituirlo por la ley del “sálvese quien pueda” significa, literalmente, convertir la enfermedad de una persona en la ruina de toda una familia.
El horizonte hacia el que se nos empuja cuando se reduce al mínimo la sanidad pública: que “la sanidad se la pagará el que pueda” y “si no tienes medios, pues a sufrir y pedir ayuda”. Esa lógica transforma la salud en una ruleta, muchas veces “ruleta rusa”: o tienes dinero, o la propia enfermedad se convierte en condena económica y vital. La evidencia internacional es clara: los sistemas nacionales de salud universales obtienen mejores resultados en salud, son globalmente más eficientes y generan menos desigualdades que los sistemas basados en seguros privados o pago directo.
La idea de “yo no tengo por qué pagar la sanidad de mi vecino” ignora una realidad elemental: cualquiera puede enfermar mañana, y el único seguro realmente sólido es el que construyen millones de personas financiando juntas un sistema público.
Allí donde se rompe ese pacto, un tratamiento oncológico, un ingreso prolongado en UCI o una cirugía compleja pueden llevar a la bancarrota a hogares de economía media, como se ha documentado ampliamente en países con financiación predominantemente privada.
En España, incluso con un sistema mayoritariamente público, el aumento del peso del gasto directo de las familias ya está ampliando las brechas de acceso: el gasto privado de los hogares en salud ha crecido un 50% desde 2003, y los hogares ricos gastan hasta ocho veces más en servicios médicos privados que los pobres. Esto sucede porque esos hogares si pueden permitírselo, pero la inmensa mayoría no.
El discurso de que “no nos podemos permitir la sanidad pública” es directamente falso: el gasto sanitario público actúa como un potente dinamizador de la economía, aumenta la productividad y se asocia a mayor crecimiento de la renta por trabajador a largo plazo. Estudios sobre el sistema sanitario español muestran que aumentar de forma permanente la inversión en sanidad puede elevar el PIB de manera sostenida, con crecimientos adicionales y efectos multiplicadores en empleo y actividad empresarial. Lejos de ser un agujero, la sanidad pública es una infraestructura productiva: mejora el capital humano, reduce el absentismo, facilita la inserción laboral y corrige desigualdades territoriales y sociales.
La estulticia de quienes son incapaces de relacionar causas y efectos: igual que un bosque arde si no se cuida en invierno, un sistema público se degrada si se desfinancia y se trocea en beneficio de intereses privados. La literatura comparada no encuentra evidencia sólida de que la gestión privada o público‑privada de los servicios sanitarios sea más eficaz o eficiente que la gestión pública directa; en muchos casos, los hospitales públicos igualan o superan en eficiencia a los privados. Reducir el peso de la sanidad pública en favor de la privada incrementa las desigualdades sociales y geográficas, dificulta el control de la calidad asistencial y prioriza los casos más rentables sobre los más graves o complejos.
Un sistema de sanidad pública universal y de calidad no solo cura enfermedades: actúa como vector de cohesión social y de confianza en las instituciones, especialmente en crisis como la pandemia de COVID‑19. Sociedades que aceptan convertir urgencias, ambulancias o tratamientos básicos en mercancías pagadas en la puerta, están renunciando de facto a la igualdad y a la dignidad de sus ciudadanos. Cada país tiene a los gobernantes que se merece, según su sacrosanto voto. Defender la sanidad pública es precisamente tomarse en serio ese voto: elegir entre un modelo de ruleta rusa y negocio, y otro de derecho garantizado, seguridad colectiva y verdadera civilización.
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