No sabemos qué es peor: sí que en el PP no sepan qué hacer con Juan Carlos I o que, tengan una brillante idea. La última de Feijóo ha sido convertir la desclasificación de 153 documentos del 23F en una jugada de billar a tres bandas: castigar al Gobierno, exhibirse como el gran defensor de la monarquía y reclamar el regreso definitivo del rey emérito. El resultado conseguido fue el contrario: un desmentido de la Casa del Rey que le deja en evidencia.
Alberto se cree el paladín de la corona y pidió que Juan Carlos volviera “para quedarse” y señaló a Sánchez como responsable de que siga en su residencia de lujo en Emiratos. El mensaje que quiere lanzar es que el héroe del 23F, ha salido reforzado por los papeles desclasificados, y que estaría sufriendo una especie de destierro político promovido por el Gobierno. Es el monarquismo tardío en su versión más torticera, buscando convertir la intervención del rey la noche del golpe en un salvoconducto vitalicio frente a cualquier reproche, ya sea moral, político o fiscal.
Sin embargo, en Zarzuela ya no compran esa versión nostálgica: “Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera”, siempre que, para “salvaguardar su imagen y reputación” y la de “la Corona como institución”, recupere su residencia fiscal en España. Nunca ha habido veto de Moncloa, nunca esto ha sido un destierro, no ha existido una conjura socialista bolivariana. Lo que no hay duda es de que existe una fortuna en el extranjero, que el emérito ha hecho regularizaciones a la carrera y que tiene un problema con Hacienda que el PP pretende ocultar bajo su “gran papel” en la Transición.
Durante años, el juancarlismo ha sido el pegamento sentimental del régimen del 78: la foto de Tejero en el Congreso, el rey como salvador de la democracia y una narrativa que convertía el 23F en un certificado que le legitimaba para todo. Pero los hechos posteriores han ido destrozando ese mito, empezando por la destrucción de archivos del franquismo que ordenó Martín Villa, las sombras en torno a la caída de Suárez, las amistades peligrosas del emérito y, finalmente, la fortuna opaca y las regularizaciones fiscales. Que en 2026, Feijoo quiera apelar al “héroe del 23F” para no hablar de millones que tiene en Suiza no se sabe si suena más a coartada que a cinismo de un desmemoriado consciente.
La maniobra de Feijóo tiene, además, un problema institucional, puesto que al exigir que el Gobierno se pronuncie a favor del regreso del emérito, coloca al Ejecutivo en la posición de aparentar que puede ordenar, sugerir o influir sobre una decisión que la propia Casa del Rey define como una decisión personal de Juan Carlos. El partido que se proclama garante de la monarquía empuja así al jefe del Estado al barro de la política de trincheras que practica el PP mientras dice querer evitarlo.
A ello hay que sumar el relato de una parte de la derecha mediática que insiste en el supuesto “destierro” del emérito, ignorando tanto los comunicados de Zarzuela como el hecho elemental de que “puede regresar cuando él quiera”. Con ese negacionismo la derecha no protege a la Corona, la convierte en un juego propio de niños, puesto que al hacerlo lo que nos está diciendo es que el rey firma todo lo que le dicta el Gobierno. Dicho más claro, que la institución no es capaz ni de gestionar su propio pasado.
La paradoja final es tan contundente que no se sabe si reír o ahogarse en lágrimas: el PP se reivindica como el partido de la monarquía mientras actúa como su principal riesgo. Defender el regreso de Juan Carlos sin exigirle transparencia fiscal no es lealtad institucional don Alberto, es defender la impunidad. Si la Corona quiere sobrevivir a la crisis que supone la situación de Juan Carlos I necesita más ejemplaridad y más democracia adulta, lo que es tan simple cómo poner en práctica que ningún rey puede estar por encima de las reglas.
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