He elaborado este informe para intentar aclarar lo que hay detrás de esta noticia
A principios de este diciembre, El País publicó audios de una reunión privada del grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (un hospital de titularidad pública en concesión a privados desde 2011). En esa grabación, el CEO de Ribera daba instrucciones claras a sus mandos: aumentar las listas de espera, rechazar pacientes y procedimientos no rentables, y reducir intervenciones complejas para ganar "cuatro o cinco millones" en beneficios extra.
El modelo de concesión administrativa que utiliza la Comunidad de Madrid mantiene la financiación y titularidad públicas, pero cede la prestación del servicio a empresas privadas (Ribera Salud, Grupo Quirón, etc.) durante periodos de 15-20 años.
Los datos no engañan. El Grupo Quirón ha recibido 5.000 millones de euros en financiación pública en los últimos años, mientras que el presupuesto total de Sanidad de Madrid es de apenas 10.000 millones. Existe un flujo incesante de pacientes de la sanidad pública a la privada y de dinero público hacia empresas privadas, según las propias memorias presupuestarias de la Comunidad de Madrid. El "filón" no está en la sanidad privada per se, sino en la gestión de la sanidad pública: acceso garantizado a fondos públicos con márgenes de ganancia controlados.
Los audios de Ribera Salud dejan clara la lógica operativa: los pacientes son vistos como clientes a seleccionar, no como ciudadanos con derechos. El CEO ordena expresamente: Rechazar procedimientos no rentables; Aumentar listas de espera (lo que le permite cobrar menos por urgencias); Reducir intervenciones complejas (quirúrgicas, oncológicas) que tienen menor margen; Priorizar solo los tratamientos que generan beneficio.
¿Y si te opones? Despedidos los responsables que se opusieron a hacerlo. En una muestra del control autoritario, la empresa despidió a la dirección médica del hospital cuando se opuso a frenar intervenciones y descartar procesos no rentables. Esto evidencia que cuando la razón médica choca con la razón contable, la empresa elige ganar dinero.
Tras la filtración, el CEO de Ribera presentó su dimisión, pero la empresa intentó argumentar que se trataba de una reunión "privada" y que las declaraciones podrían haber sido "alteradas" o "malinterpretadas". Una defensa que es un reconocimiento de culpabilidad.
El Silencio Cómplice de la Consejería de Madrid. La Consejería de Sanidad madrileña afirmó que no ha detectado "ningún incumplimiento" de Ribera Salud respecto a las obligaciones del contrato de concesión. Esta respuesta es devastadora: o bien el contrato permite explícitamente rechazar pacientes para ganar dinero, o bien la administración mira hacia otro lado.
La ministra lo ha denominado explícitamente "corrupción institucional" a este modelo, señalando que requiere connivencia de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad, y ha apuntado además que la consejera de Sanidad de Madrid proviene del Grupo Quirón, lo que subraya el conflicto de intereses estructural.
Pero no solo pasa en Torrejón. Los datos presupuestarios confirman que: Hay un drenaje continuo de recursos públicos hacia empresas privadas; Se produce una selección de pacientes según rentabilidad: los casos complejos se derivan a la sanidad pública, los rentables quedan en manos privadas; Este es el modelo sistemático en Madrid: parasitación público-privada disfrazada de "colaboración".
Consecuencias para los pacientes. El objetivo explícito de rechazar pacientes es alargar las listas de espera en la sanidad pública y privada, maximizando la presión sobre el sistema y justificando nuevas concesiones. Esto genera: Pacientes esperando meses para operaciones; Cirugías retrasadas por razones de rentabilidad, no médicas; Selección implícita: solo acceso rápido si puedes pagar o si tu caso es suficientemente lucrativo.
Y a esto hay que sumar la falta de transparencia. Ayuso ha defendido públicamente que las concesiones privadas funcionan bien, pero no disponemos de información independiente sobre morbimortalidad, calidad de atención o resultados clínicos comparados con hospitales públicos gestionados directamente. Si no hay información fehaciente, se puede afirmar lo que se quiera.
El caso Torrejón no es una excepción ni un "malentendido". Es la lógica del modelo de gestión público-privado de la sanidad madrileña funcionando exactamente como está diseñado: transferir fondos públicos a empresas privadas que seleccionan pacientes según rentabilidad, no según necesidad.
La ausencia de reacción del Gobierno de Ayuso y la afirmación de que no hay incumplimientos sugieren que este comportamiento es conocido, tolerado y, en cierta medida, contractualmente permitido. Eso es el verdadero escándalo: no un acto aislado de un CEO, sino un sistema estructuralmente corrupto que ha convertido un derecho fundamental (la salud) en un negocio.
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