Es una misma lógica: cuando el modelo de gestión pone por delante el ahorro y el beneficio, la respuesta sanitaria deja de guiarse por la necesidad clínica y pasa a seleccionar a quién se atiende según su “rentabilidad”. En Madrid, eso ha significado primero dejar morir a miles de mayores sin trasladarlos al hospital y, ahora, diseñar hospitales públicos de gestión privada que rechazan pacientes complejos porque “gastan demasiado”.
El Hospital Universitario de Torrejón es un hospital público con gestión privada mediante concesión, cuya empresa gestora cobra un canon per cápita: cada euro que no se gasta en el paciente aumenta el margen de la empresa. En audios atribuidos al CEO de Ribera Salud, este insta a “desandar el camino” de reducción de listas, aumentar la demora y rechazar procesos “no rentables” para mejorar el EBITDA (el beneficio operativo de una empresa antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en varios millones, lo que en la práctica significa filtrar y evitar pacientes y procedimientos de alto coste.
En las residencias se seleccionó a quién no se trasladaba al hospital en función de edad, dependencia y deterioro, no del beneficio clínico esperable, con un sesgo claro contra los más frágiles. En Torrejón, el incentivo contractual per cápita y las instrucciones internas empujan a seleccionar pacientes según gasto previsto (procedimientos caros, pacientes complejos, fármacos costosos), desplazando la prioridad desde la necesidad sanitaria hacia la contención de costes y la mejora del beneficio privado.
Ambos episodios ocurren bajo un mismo gobierno autonómico y un mismo marco ideológico que ha expandido la gestión privada de centros públicos, con contratos largos, poco transparentes y un fuerte desequilibrio entre el poder de la Administración y el de las concesionarias. La casi ausencia de consecuencias políticas y penales durante años (protocolos que afloran en los juzgados al borde de la prescripción, directivos que se defienden alegando “audios editados” mientras siguen vigentes los mismos incentivos contractuales) configura una auténtica “arquitectura de la impunidad” donde el mensaje implícito es que, si la rentabilidad mejora, las vulneraciones de derechos se toleran.
En 2020 el racionamiento fue brutal y explícito: se prohibió de facto el acceso hospitalario de miles de mayores por ser viejos, dependientes y “poco recuperables”. Hoy el racionamiento es más técnico y encubierto: se desplazan listas de espera, se rechazan procesos y se configuran contratos que premian no gastar en los pacientes que más lo necesitan, todo ello en hospitales que siguen llamándose “públicos”. El resultado es el mismo hilo ético: un sistema que, en lugar de proteger más a quien más riesgo tiene, coloca a los pacientes frágiles y caros en la diana de los recortes y convierte la desigualdad sanitaria en un efecto colateral aceptable del negocio.
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