Algunos argentinos residentes en España hablan de las bondades para su país que son resultado de la política de Milei. Pocos han decidido retornar a su país pese a esas logros que afirman. Pero hay otros asuntos en cuyo análisis es imposible encontrar aspectos positivos, quizás es que los desconocen o no le otorgan la importancia que tienen para los ciudadanos de a pie.
Lo cierto es que en Argentina las estadísticas hablan un idioma que, si se escucha, cualquiera entiende: cuando sube la mortalidad infantil, algo muy serio se ha roto mucho antes que los números. Por primera vez en unos veinte años, esa curva que venía bajando casi en silencio empezó a subir, justo cuando el Estado decidió retirarse del mapa sanitario y tratar la salud pública como un gasto prescindible y no como la línea roja que separa la vida de la muerte en los primeros meses de existencia.
Durante dos décadas, Argentina fue limando, décima a décima, la mortalidad infantil hasta llevarla a mínimos históricos, un esfuerzo materializado en controles prenatales, redes de neonatología, programas perinatales, y trabajo territorial con las comunidades más pobres. No eran grandes gestos de marketing político, sino la suma paciente de decisiones técnicas y presupuesto estable. Allí donde el Estado llegaba con vacunas, leche, controles y camas de UCI neonatal, la mortalidad bajaba; donde no llegaba, la biología no perdonaba.
La novedad de estos últimos meses no es solo que la tasa haya aumentado, sino que lo haga en el contexto de un programa político que reivindica el “sálvese quien pueda” como doctrina económica y moral. No es un accidente estadístico, es un síntoma. Cuando el gobierno convierte el ajuste en un fin en sí mismo, los bebés empiezan a pagar la factura antes que nadie. No votan, no hacen huelga, no paran carreteras. Simplemente dejan de sobrevivir su primer año de vida.
Los recortes no se limitan a un aspecto, van más allá y se concretan en el desguace de programas que estaban diseñados, precisamente, para hacer la diferencia entre la vida y la muerte entre los más frágiles. El programa de Sueño Seguro, que entregaba cunas para reducir el riesgo de muerte súbita en contextos precarios, se ha reducido o directamente paralizado en muchos territorios. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que organizaba la detección temprana y la derivación para cirugía de bebés con malformaciones cardíacas, ha sido vaciado hasta quedar casi en figura decorativa. Lo mismo ocurre con estrategias contra el embarazo adolescente no deseado, como el plan ENIA, desmantelado pese a haber demostrado que prevenir embarazos no es una cuestión de moralina, sino de oportunidades y derechos.
Hay una lógica que se repite: todo lo que exige presencia activa del Estado, coordinación entre niveles de gobierno, trabajo social y sanitario de proximidad, se considera “gasto”. Frente a esa lógica, la mortalidad infantil no tarda en verse afectada. Si se recortan equipos, se despide personal, se frenan compras de suministros críticos, se ralentizan derivaciones y se abandonan campañas de prevención, el resultado no puede ser otro que menos bebés con vida en el segundo cumpleaños. La estadística solo certifica lo que las familias de las villas, de los barrios pobres urbanos y de los pueblos del interior ven antes que nadie.
El discurso oficial promete que, donde se retira el Estado, florecerá la libertad de elegir: elegir médicos, clínicas, seguros, servicios “eficientes”. Pero la biografía de un recién nacido pobre no se parece a ese catálogo estatal de opciones. La madre que camina kilómetros porque su centro de salud se quedó sin personal, la ambulancia que no llega porque ya no está o porque no tiene combustible, la ecografía que se pospone, la cama de neonatología que no existe en el hospital de referencia. Ése es el verdadero “mercado” que se encuentran quienes dependen del sistema público.
La mortalidad infantil es desigual, al concentrarse en las provincias más pobres, en los barrios donde el agua potable sigue siendo un lujo y la vivienda una precariedad permanente. Cuando el Estado se desentiende de coordinar, financiar y sostener una red mínima de garantías, lo que se consolida no es un país más eficiente, sino un mapa de supervivencia por código postal. El ajuste sanitario es, en la práctica, un nuevo mecanismo de selección social: sobreviven más los que pueden pagar un sanatorio, una cesárea programada, un neonatólogo privado; se mueren antes los que dependen de una guardia saturada y de un hospital público en fase de desguace.
A menudo se presenta la mortalidad infantil como un dato frío en un cuadro estadístico: 8, 8,5 por mil, una décima arriba o abajo. Pero detrás de cada decimal hay decenas de historias familiares truncadas y un mensaje político claro: este país ha decidido, de hecho, cuánta vida infantil está dispuesto a sacrificar para cuadrar sus cuentas. Cuando después de veinte años de descenso la curva se da vuelta justo en el momento en que se recortan presupuestos, se cierran programas y se precariza al personal sanitario, ya no estamos ante una coincidencia trágica, sino ante una coincidencia incómoda.
Lo que no aparece en los titulares de la prensa (el consultorio que cierra, la enfermera despedida, el área de vacunas no dotada) reaparece condensado en los indicadores sanitarios que pasan a ser una forma de denuncia. Cada aumento en la mortalidad infantil es una acusación contra quienes reducen el Estado a algo que les estorba y que consideran la política social como un privilegio injustificado. Así, lo que llaman “desregulación”, “orden fiscal” o “libertad de mercado” se traduce, en la incubadora que falta, en menos respiradores y en menos manos para sostener la vida que acaba de empezar.
Toda reforma económica tiene consecuencias, pero hay fronteras que una sociedad mínimamente decente no debería cruzar: que los bebés vuelvan a morir más que antes. El Estado puede discutir cómo se organiza, como gestiona, qué grado de descentralización y de participación privada permite. Lo que no puede hacer, es retirarse justo de donde su ausencia se mide en nacimientos, en semanas de gestación, en saturación de oxígeno. Milei está eludiendo esa responsabilidad histórica.
La mortalidad infantil que crece no es un “daño colateral” del ajuste, es su rostro más brutal. En Argentina se ha cruzado una línea. La pregunta, ahora, es cuánto tardará la sociedad en entender que la discusión no va de números rojos o verdes en el presupuesto, sino de algo tan elemental como cuántos de sus hijos tendrán derecho a poder crecer.
Al final, lo que está pasando en Argentina no es un exotismo latinoamericano, sino un espejo incómodo para los partidarios de las políticas de Milei. Igual esto debería leerse desde España en una sola frase: cuando aceptas sin ruido que se recorten, troceen y privaticen tus servicios públicos, no estás discutiendo de gestión o de ideologías, estás decidiendo, quién llegará vivo a su primer año y quién no. Por muchas medallas que le otorguen a Milei esto cuestiona su ideologia.
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