Los profesionales de la salud vuelven a salir a la calle este sábado para protestar en contra de la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio. En la pelea por el nuevo Estatuto Marco todos dicen defender la sanidad pública, pero el gran ausente sigue siendo el paciente.
La escena está ocupada por siglas: CESM, SMA, AMYTS, Metges de Catalunya, SME y O’MEGA frente a UGT, CCOO, CSIF y SATSE-FSES. Unos reclaman un Estatuto propio del médico y denuncian un texto “contra el médico”; otros presumen de haber mejorado “más de un 70%” el Estatuto vigente para el conjunto del personal.
Lo que se discute, en realidad, es el reparto de poder dentro del sistema: clasificación profesional, grados de carrera, guardias de 24 horas, incompatibilidades, movilidad forzosa, capacidad de influencia sobre el Ministerio. Todo en clave interna, de corporación frente a sindicatos generalistas. El paciente queda reducido a paisaje: no se habla de qué significa esta reforma para las listas de espera, para la continuidad asistencial o para el consultorio de un pueblo que encadena sustitutos.
Aunque los sindicatos médicos convocantes no estén orgánicamente ligados a partidos, su cultura corporativa y su discurso los sitúan cerca de posiciones de derecha y en confrontación habitual con gobiernos del PSOE. Reclaman la dimisión de la ministra y usan marcos retóricos que encajan con la crítica conservadora al peso de UGT y CCOO en la negociación pública. En cambio, UGT y CCOO mantienen una histórica afinidad con gobiernos de izquierdas, y SATSE y CSIF se suman ahora como socios necesarios del pacto que el Ministerio necesita para sacar adelante la reforma.
El resultado es un eje político claro: un bloque firmante alineado con la estrategia del Gobierno y un bloque médico convocante más próximo al discurso de la oposición, que presenta el Estatuto como ideológicamente sesgado y exige la caída de la ministra. En el fondo, hoy no se está dirimiendo sólo un articulado técnico, sino qué modelo de poder profesional habrá en la sanidad pública: Si prevalece el acuerdo Ministerio–UGT–CCOO–CSIF–SATSE, el médico queda como un colectivo fuerte, pero integrado en un marco común del SNS, con mejoras graduales negociables territorio a territorio; Si los sindicatos médicos consiguen hacer descarrilar el Estatuto o forzar un texto muy distinto, estaríamos ante una recentralización simbólica del poder médico mediante un estatuto propio, con impacto en jornada, guardias, carrera y, en la práctica, en la gobernanza de los servicios de salud. La polarización lo inunda todo.
Suceda una cosa u otra, el resultado es un Estatuto planteado como acuerdo entre quienes trabajan en la sanidad y quienes la gobiernan, pero no necesariamente entre quienes la necesitan. Mientras el conflicto se mida sólo en términos de agravios profesionales y equilibrios sindicales, la sanidad pública seguirá discutiendo sobre sí misma sin hacerse la única pregunta que importa: qué cambia para el ciudadano que cruza la puerta de un centro de salud o de un hospital.
No me van a encontrar ahí.
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