En las últimas horas, España ha asistido a algo insólito: los móviles de millones de ciudadanos recibieron un mensaje político no de su Gobierno, sino de un empresario extranjero. Pável Dúrov, fundador de Telegram, que utilizando su propia plataforma acusa al Ejecutivo de España de imponer un “Estado de vigilancia”. Apenas un día antes, Elon Musk había tildado al presidente español de “traidor al pueblo” por las mismas medidas.
El episodio, más allá de lo mediático, es un espejo de los intereses que mueven hoy a los grandes gigantes tecnológicos cuando un Estado osa cuestionar su poder sin fronteras ni contrapesos. Tanto Dúrov como Musk representan una nueva aristocracia digital que, se ampara en el discurso libertario de la “libertad de expresión total”, para defender en realidad un modelo de negocio basado en la desregulación y la impunidad. Su oposición a las nuevas normas no obedece a una súbita preocupación por las libertades de los españoles (recordemos a Trump y las libertades de los venezolanos), sino al temor de perder control sobre los datos, los algoritmos y los beneficios que emanan de un internet sin ley. Que no pretendan ni logren engañarnos, porque lo que llaman “vigilancia estatal” no es más que el intento de los poderes públicos de poner límites a prácticas privadas que vulneran, día sí y día también, la integridad de los menores y el derecho a la información veraz.
El primer argumento de Dúrov es que la verificación de edad mediante DNI o biometría amenaza el anonimato y facilita la vigilancia masiva. La realidad, sin embargo, es que el Gobierno español, en el marco de un proyecto piloto europeo, está desarrollando una app capaz de comprobar la edad sin recopilar ni almacenar datos personales. Es decir, una medida tecnológica de privacidad avanzada, precisamente para que los adultos mantengan su anonimato. Al convertir esa iniciativa en una alerta “contra la libertad”, Dúrov falsea deliberadamente la información y alimenta la confusión social que tanto beneficia a las plataformas que viven del tráfico masivo e indiscriminado de usuarios, sean niños o adultos. ¿Qué han dicho a Francia o a Australia por adoptar la misma medida?
El segundo argumento, compartido por Musk, es que penalizar a los directivos de redes sociales por no retirar contenido ilegal provocará una “sobrecensura”, donde el miedo lleve a eliminar toda expresión crítica. Pero esta afirmación ignora un hecho básico: no se trata de perseguir opiniones, sino delitos. Lo quieren ver cómo conviene a sus intereses porque la norma no pide a las empresas que borren la disidencia o el periodismo, sino que asuman responsabilidades cuando facilitan, por acción o negligencia, la difusión sistemática de pornografía infantil, tráfico de drogas o desinformación masiva. Lo que se busca no es censurar, sino exigir que quienes controlan las plataformas actúen con el mismo sentido de responsabilidad que cualquier medio de comunicación o entidad con presencia pública en España. La diferencia entre una cosa y otra es abismal.
El tercer punto del ataque es el uso ideológico del término “Estado de vigilancia”. Curiosa acusación, viniendo de magnates que convierten en dinero cada clic, cada preferencia y cada conversación para vender publicidad o entrenar sistemas de inteligencia artificial. Telegram, que Dúrov presenta como un baluarte de privacidad, ha sido señalada por las autoridades europeas y la justicia francesa como refugio de redes criminales y canales de propaganda extremista. Y, según las propias filtraciones, el empresario no ha dudado en vender los datos de sus usuarios a la compañía de Musk. Los hechos retratan a estos supuestos defensores de la libertad digital como lo que son: intermediarios corporativos de la vigilancia privada y desregulada.
La respuesta del Gobierno, al margen de respuesta quijotesca, contiene un fondo necesario: el Estado democrático tiene la obligación de regular el espacio digital del mismo modo que regula el sanitario, el financiero o el alimentario. Porque proteger a los menores del contacto temprano con contenidos violentos, pornográficos o adictivos no es censura sino salud pública. Y porque asegurar que las redes rindan cuentas ante la ley no es control político, sino justicia a la impunidad digital.
Regular internet no significa silenciar la voz ciudadana, sino impedir que esa voz sea sustituida por el grito de unos pocos dueños del algoritmo. Ese es el verdadero sentido de la norma que el Gobierno impulsa: devolver a los usuarios especialmente a los más jóvenes, un entorno digital más seguro y ético. Si para lograrlo hay que soportar los ladridos de Musk y Dúrov, entonces, habrá que reconocer que España cabalga.
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