El PP ha elaborado un decálogo para su negociación con Vox. El decálogo es un documento “único, vinculante y de aplicación en toda España” para todos los pactos con Vox, lo que convierte la alianza con la extrema derecha en arquitectura estable de poder y no en una solución táctica coyuntural. Las claves formales son “unidad nacional”, “marco constitucional”, respeto a las instituciones y coherencia programática del PP, subrayando que solo se podrá “ampliar” su programa, nunca contradecirlo; es decir, Vox puede tensionar hacia la derecha, pero nunca moderar ni matizar posiciones. Se exige a Vox el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura, lo que convierte a estos pactos en coaliciones de facto, con estabilidad garantizada para un proyecto común de derechización institucional.
Es una deriva evidente hacia la extrema derecha su contenido. El bloque material del decálogo prioriza rebajas fiscales, desregulación, alivio de trabas al sector primario, política energética “eficiente”, construcción de vivienda, lucha contra la okupación, más control migratorio, impulso a la natalidad, lucha contra el “adoctrinamiento” en las aulas y “cultura del esfuerzo”, todo ello enmarcado en el lenguaje y las obsesiones de la agenda cultural de la derecha radical. La referencia a “distinguir entre personas necesitadas y aprovechadas” y a no “perpetuar un sistema de subsidios” refleja la convergencia con la retórica punitiva de Vox sobre el Estado social y las prestaciones, donde el foco se desplaza del derecho a la sospecha sobre el beneficiario.
La insistencia en el “no adoctrinamiento” y la recuperación de la “cultura del esfuerzo” en la escuela remite al marco discursivo que cuestiona políticas de igualdad, educación afectivo-sexual o memoria democrática, abriendo la puerta a revisar programas y recursos que Vox ha señalado sistemáticamente como “chiringuitos ideológicos”. Aunque el texto incluye la “condena de toda violencia, incluida la machista”, lo hace acompañándolo de la idea de eliminar partidas “inútiles o contradictorias”, lo que encaja con la práctica de Vox allá donde gobierna: mantener la etiqueta general contra la violencia, pero vaciar o reconvertir políticas específicas de género.
El paso clave no es solo el contenido programático, sino la decisión de Génova de pilotar y unificar todos los acuerdos con Vox, lo que asume como política nacional lo que antes se presentaba como excepción autonómica o municipal. Este decálogo llega tras un proceso en el que el PP ha pasado de prometer que no gobernaría con la extrema derecha a “normalizar” y “priorizar” esos acuerdos, especialmente tras las elecciones en Extremadura, donde la dirección ya interpretó el resultado como aval a un “Gobierno de derechas” explícitamente compartido con Vox. La renuncia explícita a buscar la abstención del PSOE y la concentración de la estrategia de poder en el bloque PP‑Vox reconfigura al PP como partido que ya no aspira a ser bisagra de consenso constitucional, sino eje de un bloque conservador radicalizado.
El PP integra así estructuralmente el marco ideológico de la extrema derecha en áreas sensibles (inmigración, políticas sociales, educación, seguridad, memoria), desplazando el centro de gravedad del sistema político hacia posiciones más excluyentes y identitarias. La guía vinculante reduce los márgenes de los “barones” moderados y homogeneiza el partido en torno a una línea dura, lo que debilita las resistencias internas a la ultra derechización y convierte cualquier futura ruptura con Vox en mucho más costosa. En la práctica, este decálogo es la acta notarial de un nuevo PP: menos partido “de Estado” y más partido de bloque, cuya supervivencia institucional pasa por compartir poder, agenda y léxico con la extrema derecha que decía querer frenar.
Pero esta guía también se puede interpretar como un “fraude constitucional” porque nacionaliza las negociaciones autonómicas y desplaza el debate desde los problemas específicos de cada territorio (sanidad, educación, dependencia, infraestructuras) hacia una lógica de bloque estatal PP‑Vox, vaciando de contenido ciudadano la política regional. El PP actúa “a rebufo” de Vox, que seguiría marcando la agenda y condicionando la estrategia popular, mientras que el propio diseño del documento, lleno de generalidades y sin menciones concretas a las necesidades de cada comunidad, refuerza esa nacionalización y aleja la discusión de la gestión del gasto público autonómico, que supone dos tercios del total.
El objetivo del PP es escenificar control de Génova sobre los barones frente a Vox, evitando episodios como el de María Guardiola en Extremadura y tratando de impedir que las direcciones autonómicas se desmarquen de la línea dura fijada por la cúpula nacional en futuras negociaciones. Pero el texto es la constatación de un giro estratégico: Feijóo asume que, si quiere gobernar, debe verbalizar sin ambages que pactará con la ultraderecha, normalizando esos acuerdos en todo el territorio. Ya no valen las caretas, que el carnaval ya ha pasado.
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