En Alicante, estamos asistiendo a lo que es la política de vivienda del PP. Si fuese una novela veríamos cómo el mayordomo no solo es el asesino, sino también el heredero universal del muerto y el encargado de tasar la herencia. Digo esto, porque si uno mira el caso de las VPO, tiene la sospecha de que aquí todos los papeles principales los interpretan cargos públicos, familiares bien situados y funcionarios con buen olfato inmobiliario.
Todo arranca con una promoción de viviendas protegidas que, según las normas, debería servir para que gente con sueldos modestos pudiera vivir un poco mejor, pero no para que la concejalía de Urbanismo, la familia de una directora general y un arquitecto municipal amplíen su pequeño parque particular de viviendas cómo inversiones. No contentos con intervenir en el expediente, algunos de ellos acaban comprando pisos, como si el procedimiento administrativo estuviera destinado a justificar su oportunismo de negocio, y solo cuando el público se entera y se monta ruido llegan las dimisiones. Da la impresión de que más por vergüenza ajena que por convicción propia.
El decorado de esta gran trama teatral tampoco desmerece: el Ayuntamiento vende una parcela pública en una zona codiciada de Alicante a una cooperativa por 6,6 millones y, milagrosamente, allí brotan VPO a unos 200.000 euros, por debajo del mercado y con el beneficio de la calificación de la protección oficial. Con esta combinación, la operación logra un doble milagro inmobiliario: se viste de política social mientras a la vez produce un apreciable incremento patrimonial para quienes pueden entrar por la puerta correcta, que coincide con la del despacho adecuado.
Para que el truco funcione correctamente, conviene no complicarse con demasiados controles, y ahí el PP demuestra su vocación reformista incontestable, y primero se suprime la obligación de estar inscrito en el registro autonómico de demandantes para acceder a VPO privadas; segundo, desaparece la declaración responsable; y tercero, se borra el rastro de las promociones privadas del registro de viviendas protegidas. El resultado es un sistema menos transparente, mucho más opaco y mucho más cómodo para que la vivienda social pueda acabar, sin tanto papeleo inútil, en manos de personas no vulnerables.
Mientras tanto, la Sindicatura de Comptes, se empeña en recordar que el registro de demandantes debería servir como filtro, que no puede estar desconectado del inventario de vivienda pública y que quizá no es lo ideal ignorar los tiempos de tramitación o la información básica sobre el parque de VPO. Lo llama “riesgo significativo”, que es la forma educada de decir que, así resulta mucho más fácil que las viviendas acaben donde no deben, mientras decenas de miles de solicitantes hacen cola.
El telón de fondo es una emergencia habitacional de libro: 76.475 demandantes de vivienda protegida en 2025, 24.011 solo en la provincia de Alicante, una demanda que se ha multiplicado por seis en tres años. En medio de este panorama, una promoción sobre suelo público termina parcialmente en manos de cargos del PP y funcionarios municipales, como si la vulnerabilidad fuese un concepto flexible.
Cuando el escándalo estalla, la administración corre a anunciar remedios o poner tiritas en la herida: el visado de requisitos ya no lo hará un solo funcionario, sino un órgano colegiado, y se promete una plataforma digital del Plan Vive con información detallada y criterios objetivos. La moraleja del caso es demoledora: si estas medidas llegan después, es porque antes el diseño del sistema permitía lo que ha ocurrido; la reforma no niega el problema, más bien lo certifica.
Vista desde lejos, la política de vivienda del PP en Alicante no parece un error aislado, sino una forma de entender lo público: la VPO como escenario ideal para que el discurso social conviva armoniosamente con el aprovechamiento privado. Se desactivan controles en nombre de la agilización, se gestiona en penumbra y, cuando la realidad asoma, se reacciona con solemnidad anunciando una reforma. Es como si considerásemos que el incendio es una oportunidad magnífica para estrenar los extintores.
Pues a los que en redes afirman que con el cambio de gobierno a PP-Vox se solventará el tema de la vivienda en España, no les vendrá mal enterarse de cómo lo van a solventar. Para muestra un botón. Parecen empeñados en hacer menos mala la política de vivienda que propone aquí Page.
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