Al número dos de la Policía lo llaman “jefe operativo”, pero en la práctica es el hombre que manda sobre miles de agentes, sus destinos y sus expedientes. Ha dimitido después de que un juzgado admitiera a trámite una querella por agresión sexual con penetración contra una subordinada, en su vivienda oficial, en un contexto de jerarquía y asimetría de poder que deja claro de qué lado se inclinaba la balanza. Hablamos de aislamiento, superioridad física y de rango, negativa expresa, tocamientos y penetración no consentida, crisis de ansiedad y una posterior campaña de acoso y manipulación psicológica. No es una escena de ficción, sino un patrón demasiado conocido de violencia sexual.
En cuanto salta la noticia, el PP se lanza a la carrera de siempre: ruedas de prensa, exigencias de explicaciones a Marlaska, acusaciones de “blindar a un posible violador” y un relato en el que el caso deja de ser el drama concreto de una víctima para convertirse en prueba de una supuesta cadena de abusos del Gobierno contra las mujeres. El entusiasmo tiene explicación: ¿qué mejor regalo que un presunto violador a las puertas del despacho del ministro al que llevas años retratando como enemigo de las víctimas? Conviene recordar de qué PP hablamos: el que ha recortado o vaciado políticas de igualdad, el que se alinea con Vox en el pánico moral contra el feminismo, el que ridiculiza las luchas de las mujeres como “lobbies subvencionados” y combate la ley del “solo sí es sí” sin ofrecer otra protección que el eslogan de “más penas, menos chiringuitos”, mientras deja intactos los privilegios masculinos que permiten a un jefe sentirse intocable en su piso oficial.
La doble vara de medir es descarada. Cuando los presuntos agresores son propios, se invoca la prudencia, la presunción de inocencia, la necesidad de no hacer “juicios paralelos” ni usar el dolor ajeno políticamente. Cuando son ajenos, la prudencia desaparece: se habla sin matices de “violadores”, se exigen dimisiones en cadena y se extiende el caso como mancha de aceite hasta convertirlo en prueba irrefutable de la “degeneración moral” del adversario. La justicia deja de ser un juez que instruye una causa para convertirse en una tertulia que dicta sentencia cada mañana.
Mientras tanto, en el mismo edificio donde se señalan culpables y se reclaman responsabilidades, Vox lleva al Pleno una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, envuelta en la retórica de la “protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana”. PP y Vox sitúan así el debate sobre la violencia contra las mujeres en una clave culturalista e islamófoba: el problema serían las prendas de las mujeres musulmanas, el “multiculturalismo” y una inmigración que “no respeta nuestras normas”, presentada como amenaza para las españolas. Y mientras se finge liberar a las mujeres de fuera prohibiendo su ropa, se sigue mirando hacia otro lado ante la violencia y el acoso que sufren muchas mujeres dentro de las propias instituciones del Estado, a veces de manos de quienes llevan uniforme.
Los medios conservadores y de la derecha dura ayudan a hilvanar la historia con la precisión que da la práctica. Subrayan, una y otra vez, que el investigado es “hombre de máxima confianza de Marlaska”. Lo que interesa no es el abuso de poder en sí, sino el apellido político que se le puede colgar. El caso se encaja así en un relato ya prefabricado: el “Gobierno que protege violadores”, el ministro que los “blinda”, el Ejecutivo que “abandona a las víctimas”. De nuevo, la violencia sexual como materia prima para un guion partidista: la víctima, un personaje secundario; la estructura policial, un decorado; el Estado, un simple escenario donde lo único que importa es quién gana el siguiente asalto.
En paralelo, casi siempre en letra pequeña, se minimiza el análisis estructural: se menciona de pasada la jerarquía, se diluyen los protocolos de acoso, se obvian los mecanismos de control y la cultura interna del cuerpo. No hay tiempo en el informativo para explicar cómo se denuncia a un superior, qué riesgos laborales y personales asume quien se atreve, qué ocurre con su carrera profesional. No interesa preguntar cuántas veces se ha archivado, minimizado o ridiculizado una denuncia similar antes de llegar a un juzgado. Lo importante es el titular que ata la imagen del ministro a la palabra “violador”. Lo demás, ya tal.
Ese encuadre tiene una ventaja adicional: explota el morbo de la presunta violación sin tocar las condiciones materiales que la hacen posible. Se puede repetir, durante días, cada detalle escabroso, cada fragmento de la noche, cada mensaje posterior, pero siempre evitando hacerse la pregunta incómoda: ¿qué tiene que pasar dentro de un cuerpo policial para que un jefe se sienta tan seguro, tan impune, como para convertir su piso oficial en escenario de una agresión a una subordinada? Y otra más: ¿cuántos sabían, sospechaban o habían escuchado algo antes de que apareciera la querella?
En todo este entramado, además de la denuncia ya presentada por la afectada, hay al menos cuatro manipulaciones que merecen ser denunciadas ante la opinión pública, si es que todavía nos queda algún resto de pudor colectivo.
Primera: se convierte una agresión sexual en arma partidista, usando el dolor de una mujer para atacar a Gobierno y partidos, hablando de justicia mientras en realidad se busca rédito mediático y político. Segunda: se blanquea el patriarcado propio desviando el foco al burka y al niqab, presentando a las mujeres musulmanas como símbolo extremo de opresión para minimizar el machismo doméstico y ocultar la violencia “de aquí”. Tercera: se usa el feminismo como coartada retórica; quienes lo han ridiculizado se disfrazan de defensores de la libertad femenina y promueven prohibiciones de vestimentas en nombre de la “dignidad”, vaciando la igualdad de contenido. Y cuarta: se silencia que la Policía es un espacio de riesgo para sus propias agentes, se ignoran las denuncias de agresión y acoso internos y se reduce todo a “manzanas podridas”, evitando debatir sobre poder, mandos y protección de las denunciantes.
Al final, de eso va esta historia: de quién se sienta seguro, quién tiene miedo, quién manda sobre el cuerpo de quién. El número dos de la Policía podría llegar a demostrar su inocencia ante un tribunal; la subordinada que le denuncia podría ver reconocida judicialmente la agresión que describe. Entre tanto, lo único seguro es el espectáculo: partidos que convierten la violencia sexual en munición, medios que la transforman en serie diaria, tertulias que se reparten los papeles de fiscales y defensores.
Lo que no veremos, salvo gran sorpresa, es a esos mismos partidos y medios preguntarse qué hay que cambiar para que ninguna mujer, con o sin uniforme, con o sin velo, tenga que elegir entre callar y arriesgarlo todo. Ese día, si llega, se notará porque el debate no irá sobre burkas, ni sobre ministros, ni sobre “manzanas podridas”, sino sobre algo mucho más prosaico y menos rentable: el poder, quién lo tiene y qué hacemos cuando lo utiliza para violar.
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