Trocear el decreto tiene lógica táctica para salvar las pensiones en un contexto de mayoría conservadora, pero es una cesión en la que se asume como “normal” que la derecha pueda vetar la protección mínima frente a desahucios y cortes de suministros. No había medidas nuevas, solo eran prorrogas.
El Gobierno ha partido el antiguo decreto ómnibus en dos: uno con revalorización de pensiones y otro con la moratoria de desahucios y resto del escudo social. La motivación inmediata es clara: garantizar la subida de las pensiones tras el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts, que tumbaron a la vez pensiones, ingreso mínimo vital y prohibición de desahucios a familias vulnerables. Es una jugada defensiva: prioriza proteger a los pensionistas hoy, pero al precio de fragmentar el bloque de derechos sociales que se había construido como paquete coherente tras la pandemia. Al trocear ahora, el Gobierno refuerza el marco de la derecha: que pensiones y escudo social “no deben mezclarse” y que la protección frente a desahucios es un añadido sospechoso que hay que revisar al margen.
La retórica del PP de acusar al Gobierno de “usar a los pensionistas como rehenes” es especialmente cínica: fueron ellos quienes bloquearon la convalidación del decreto que garantizaba tanto la subida de pensiones como la protección frente a desahucios. La crítica a la postura de la derecha puede articularse en tres aspectos:
Derechos: al tumbar el decreto conjunto, la derecha asumió como daño colateral aceptable que decayeran la protección frente a los desahucios, la prohibición de cortes de suministros básicos y mejoras del ingreso mínimo, para marcar posición ideológica contra el “escudo social”.
Coherencia: es incoherente decir que se está a favor de las pensiones y de “los vulnerables” y, cuando se les ofrece un paquete que incluye pensiones y protección social, votar no y forzar un troceo que ya el año anterior sirvió para luego votar a favor de una versión recortada.
Estratégico: PP y Vox usan la exigencia de separar decretos como herramienta de bloqueo selectivo: blanquear su apoyo a pensiones mientras erosionan silenciosamente el escudo social, presentando cualquier moratoria antidesahucios como “premio a la okupación”.
Cuando las medidas fueron juntas, la derecha eligió tumbar pensiones y escudo social a la vez para forzar un troceo que le permite salvar la cara ante los pensionistas y, al mismo tiempo, ir desmontando pieza a pieza la red mínima de protección frente a la pobreza y la vivienda.
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