En España se calcula que entre unas 390.000 y 500.000 personas viven en situación administrativa irregular, muchas de ellas ya trabajando en agricultura, construcción, hostelería y cuidados, pero en negro y sin derechos.
Mientras no tienen papeles, es más fácil pagarles por debajo de convenio, no darles de alta en la Seguridad Social y amenazarles con despidos o denuncias si reclaman algo. Sindicatos y ONG llevan años denunciando que esta vulnerabilidad no es un “fallo del sistema” sino una característica buscada por quienes se benefician de esa economía sumergida.
La derecha y, sobre todo, la extrema derecha justifican su rechazo a la regularización con el “efecto llamada”, el miedo a que haya más llegadas, o el supuesto coste para el Estado, pero rara vez hablan del corte de suministro de mano de obra explotable que eso supondría. Dirigentes de la ultraderecha han sido señalados explícitamente por aprovechar trabajo de personas migrantes en el campo y en el hogar, al tiempo que se oponen a que esas mismas personas tengan derechos plenos; por ese doble rasero se puede afirmar que “prefieren esclavos, es más barato”.
La regularización desenmascara el conflicto de intereses que hay detrás del discurso “humanitario” o “de orden” de la derecha, porque no se trata solo de fronteras o identidad nacional, sino del mantenimiento de un modelo productivo que necesita personas sin papeles para seguir siendo rentable.�
Aprobar la regularización deja de ser una cuestión de compasión y pasa a ser una disputa centrada en qué tipo de mercado laboral y de sociedad queremos.
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