Señora Navarro Cañete, cuando una representante pública del Partido Popular insulta al presidente del Gobierno en un acto democrático, no hiere solo a una persona, sino a la propia dignidad institucional que usted juró respetar. El insulto es el refugio de quien carece de razones y la negación más explícita de la política como servicio público.
Quien se sienta en una corporación municipal tiene la obligación de dar ejemplo de respeto, no de agitar el odio que tantos años nos costó desterrar de la vida pública. No hay discrepancia ideológica que justifique la grosería ni la agresión verbal. La crítica política debe sostenerse en argumentos, no en exabruptos.
Por eso, su comportamiento exige algo más que disculpas: necesita una reflexión profunda del Partido Popular sobre qué valores está transmitiendo cuando ampara o silencia este tipo de actos. Porque, como en la vida, no todo vale en política
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